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El Departamento de Estado de los Estados Unidos reimpuso una advertencia a su población para que se abstenga de viajar a México, mientras que la eliminó para otros países.

Publicó un aviso de nivel 4 para «no viajar» a México, citando el COVID-19.

« No viaje a México debido a COVID-19. Actúe con mayor cautela en México debido al crimen y el secuestro. Algunas áreas tienen mayor riesgo», se lee en el sitio web de la dependencia.

El Departamento anunció ayer que volvería a emitir avisos específicos por países. Eliminó su advertencia de salud global de «nivel 4» que instaba a la población a no viajar al extranjero.

«Hoy levantamos esa alerta global, pues algunos países tienen tasas de contagio relativamente bajas», indicó el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

Desde el 19 de marzo, el Departamento aconsejaba a los ciudadanos estadounidenses que evitaran todos los viajes al extranjero por la pandemia del coronavirus.

Desde hace años, México tenía un aviso de «nivel 2» que instaba a los viajeros a actuar con precaución, aunque algunos estados especialmente violentos tenían alertas de «no viajar» por la delincuencia, o la violencia por los enfrentamientos entre bandas criminales, y el riesgo de secuestro.

En su aviso, el Departamento de Estado dijo que los «viajeros a México podrían experimentar cierres de fronteras, cierres de aeropuertos, prohibiciones de viaje, cuarentenas, cierre de negocios y otras condiciones de emergencia dentro de México por el COVID-19».

Laudau precisó que el propio gobierno mexicano reconoce que las tasas de contagio siguen relativamente altas, y resaltó que incluso todo el país está en semáforo rojo o naranja.

«Por ahora entonces (como mucho del mundo) se queda a Nivel 4. La advertencia se revisará de manera contínua durante la pandemia», dijo el diplomático.

El presidente Donald Trump anunció este jueves que impondrá nuevamente aranceles de 10% al aluminio canadiense a partir del 16 de agosto, pues dijo, Canadá «se aprovecha» de Estados Unidos.

El republicano dijo que con la condición de que Canadá «no inundara» su país con sus exportaciones y no destruyera los empleos en el sector del aluminio, su gobierno decidió levantar los aranceles; pero acusó, «los productores canadienses de aluminio rompieron ese compromiso».

Trump anunció su decisión «que defiende a la industria estadounidense reimponiendo aranceles al aluminio de Canadá. Canadá se aprovecha de nosotros, como siempre», expresó.

Recordemos que el pasado primero de julio entró en vigor el TMEC, el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte que reemplazó al TLCAN.

Los aranceles, que entrarán en vigencia el 16 de agosto, son una respuesta a lo que Washington califica como una «disparada» en las importaciones de aluminio desde Canadá el año pasado, que «amenaza con perjudicar a la producción doméstica» de ese elemento.

Según el texto presidencial, las importaciones de aluminio canadiense entre junio de 2019 y mayo de 2020 aumentaron 87% con relación a los 12 meses anteriores.

«Decidí que las medidas acordadas con Canadá no son suficientemente eficaces para remediar la amenaza que las importaciones de aluminio desde Canadá suponen para nuestra seguridad nacional», escribió el mandatario.

A inicios de julio, el primer ministro canadiense Justin Trudeau comentó sobre los rumores que apuntaban a que Trump podría reimponer los derechos de aduana, asegurando que Estados Unidos no tiene la suficiente capacidad de producción de aluminio, y necesita el producto canadiense para sus industrias automotriz y de alta tecnología.

La Cámara Estadounidense de Comercio criticó esta decisión que considera aumentará los costos para los fabricantes locales. También señalo que la mayor parte de los productores estadounidenses de aluminio se oponen a la disposición, que generará medidas recíprocas contra las exportaciones de Estados Unidos.

Trudeau no viajó a Washington para celebrar la entrada en vigor del T-MEC con Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sí visitó La Casa Blanca el mes pasado.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mike Esper, señaló que las explosiones registradas ayer en el puerto de la capital de Líbano, Beirut, fueron probablemente «un accidente», esto después de que el presidente Donald Trump se refiriera a ellas como «un terrible ataque».

Esper indicó que Washington aún está recopilando información sobre lo sucedido, aunque precisó que se cree que «fue un accidente, como se ha informado».

«Estamos en contacto con el Gobierno de Líbano. Nos estamos posicionando para darles toda la asistencia que podamos. Ayuda humanitaria, suministros médicos, lo que sea, para ayudar al pueblo de Líbano», agregó el secretario de Defensa estadounidense.

Y es que Trump declaró que las explosiones «parecen ser un terrible ataque». «Me he reunido con algunos de nuestros mejores generales y parecen creer que esto no ha sido un tipo de explosión de una fábrica», explicó.

«Esto fue, parece ser que fue, según ellos, que saben más que yo,  pero parece que piensan que fue un ataque. Que fue una bomba de algún tipo», manifestó, sin dar más detalles y después de que las autoridades libanesas evitaran pronunciarse sobre las causas del incidente.

Las causas de las explosiones aún se desconocen, si bien los medios  locales han informado de que se produjeron en una zona donde hay almacenes con explosivos. En estos momentos, la principal hipótesis es que las 2,750 toneladas de nitrato de amonio acumuladas en uno de ellos estallaron por las precarias condiciones de seguridad en el lugar.

El director de Seguridad Nacional, Abbas Ibrahim, ha explicado que en el puerto se guardan los explosivos incautados por las autoridades portuarias de Beirut desde hace años, aunque ha insistido en esperar a las conclusiones de la investigación antes de adelantar causas.

Por otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha confirmado que al menos un ciudadano estadounidense murió a causa de la explosión.

En más temas relacionados con el presidente Donald Trump, trascendió esta tarde que Facebook eliminó un video publicado en la cuenta del mandatario, en la que afirmaba que los niños son «casi inmunes» a contraer Covid-19.

La red social indicó que dicha publicación violó las reglas de la compañía de redes sociales contra la difusión de información incorrecta sobre el coronavirus.

«Este video incluye afirmaciones falsas sobre que un grupo de personas es inmune al COVID-19, lo que es una violación a nuestras políticas sobre información incorrecta dañina relativa al COVID», dijo un portavoz de Facebook.

El portavoz dijo que es la primera vez que la red social ha eliminado una publicación de Trump por información incorrecta sobre el coronavirus.

ARTURO SARUKHÁN

EL UNIVERSAL

 

Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Sin perder tiempo alguno, los dirigentes nazis desarrollaron una actividad frenética para consolidar el poder. El 4 de febrero, un decreto para la protección del pueblo alemán restringió los derechos de la prensa y autorizó a la policía prohibir reuniones y manifestaciones. En los días posteriores, presionaron al presidente Hindenburg para que convocara elecciones anticipadas. Ya en plena campaña electoral, plagada de irregularidades y coacciones, la sede del parlamento, el Reichstag, fue destruida por las llamas la noche del 27 de febrero. Hitler, Goering y Goebbels no esperaron a las primeras indagaciones. Esa misma noche, delante del calcinado Reichstag, culparon a los comunistas. Más allá de si el izquierdista neerlandés Marinus van der Lubbe fue el autor en solitario o fue manipulado por los nazis para incendiar el parlamento alemán, el atentado fue el pretexto para suprimir derechos constitucionales, iniciar la persecución de miles de opositores e imponer un régimen totalitario. Un día más tarde, consiguieron que Hindenburg rubricara el decreto para la Protección del Pueblo y del Estado, que suspendía los derechos de reunión, la libertad de expresión y de prensa y otras garantías constitucionales. La democracia de la República de Weimar no sobrevivió ni un mes al nombramiento de Hitler como canciller y al nacimiento del régimen totalitario nazi.

No pretendo sugerir aquí que Donald Trump sea Hitler ni que Estados Unidos hoy es la Alemania de entre-guerras. Pero que la democracia estadounidense encara en la actual coyuntura la intentona por parte de Trump para replicar un nuevo episodio de “fuego en el Reichstag” es inescapable. Y me refiero particularmente a tres eventos en los últimos diez días que han encendido focos rojos parpadeantes. El primer aviso vino con su ignominiosa entrevista de hace dos domingos con Fox News en la cual armó, a pregunta expresa de Chris Wallace, que no sabía si aceptaría los resultados de la elección y que todas las encuestas, incluida la de Fox -que le son desfavorables- son “fake news”. El segundo foco rojo no se ha apagado desde la ópera bufa del desalojo de la Plaza Lafayette en Washington en los días posteriores al asesinato de George Floyd y a las convulsiones sociales que detonó este nuevo incidente de brutalidad policiaca contra afroamericanos. El despliegue de agentes federales (particularmente de ICE y la Patrulla
Fronteriza) en Portland y otras ciudades donde no han amainado las protestas, es el capitulo más reciente del teatro autoritario de Trump en el cual quiere poner en escena imágenes de disturbios en ciudades gobernadas por Demócratas y alimentar su narrativa de “nosotros vs ellos”, de polarización y descontrol social, y de suburbios -de blancos, claro está- (que son clave si pretende reelegirse) amenazados por hordas de manifestantes urbanos de color que solo él puede defender. Y el tercer foco se prendió la semana pasada con un tuit del presidente sugiriendo
-ante la posibilidad de que más estados opten por el uso del voto por correo postal para mitigar el impacto del COVID- aplazar la elección presidencial porque, según él, esa modalidad de voto abonará a un fraude electoral.

Todo este caos, cilindrado por la Casa Blanca, es táctico y mete de lleno a EEUU al mundo del performance autoritario, un prototipo que ha existido en otras latitudes pero que apenas ahora yergue la cabeza en una de las democracias más emblemáticas del mundo. En muchos sentidos las acciones de Trump en este año de disrupción profunda han sido la crónica de un tuit anunciado.

Habrá quienes insistan que todo esto de nuevo configura el juego de espejos y humo al cual es tan adepto Trump. No les falta razón. De entrada, es un hecho que el presidente no tiene atribuciones constitucionales o legales para aplazar una elección general. Y el que el tuit en cuestión se diese el mismo día en el que se divulgaba la peor caída del PIB estadounidense en décadas abona a esa lectura. Pero el tuit es más que un mero distractor. Trump ha pasado toda su gestión polarizando al país y socavando a la democracia estadounidense, alegando que las elecciones -tanto la del 2016 que perdió por más de 3 millones de votos populares como la intermedia de 2018, en la
que perdió el control de la Cámara de Representantes y muchas gubernaturas- son fraudulentas, atacando a los medios de comunicación y minando la credibilidad de las instituciones y procesos democráticos. Y el COVID y la economía le están pasando un factura onerosa en las encuestas a Trump. Cuando este presidente dice, no obstante del deslinde de este fin de semana por parte del jefe de gabinete de la Casa Blanca, que está considerando retrasar las elecciones, los estadounidenses -y el resto del mundo- deberían dejar de hacerse el tonto y prestar atención.

Trump no podrá detener unos comicios pero bien podría socavar la democracia. Simplemente flotando la posibilidad de posponer una elección presidencial, una idea hasta ahora anatema en Estados Unidos y que evoca a países autoritarios con Estados de derecho frágil, podría erosionar el ingrediente más importante en una democracia: la convicción de la mayoría de que el resultado de una elección, independientemente de sus defectos manifiestos, será fundamentalmente legal. Cualquier sistema constitucional se mantiene unido por un salto de fe. Lo que está haciendo el presidente es sembrar desconfianza sobre la legitimidad del mero hecho de llevar a cabo una elección. Y el caos en Portland y las declaraciones y tuits del presidente podrían ser la primera escaramuza en una colisión por venir aún más incendiaria.

En las postrimerías de la elección de 2016, le recalqué a muchos amigos, tanto Demócratas como Republicanos, que los estadounidenses habían olvidado las lecciones que nos deja la historia del siglo XX con respecto a lo que ocurre cuando una democracia elige a demagogos chovinistas y xenófobos. Hoy, con una elección que se le está escapando de las manos a Trump, lo que ocurra en el camino a los comicios en Estados Unidos -y durante y posteriormente a la jornada electoral- tendrá repercusiones no solo para ese país, sino para la democracia liberal en el resto del mundo. De aquí a noviembre, todos, sin excusas, tenemos que hacer lo que nos toca para garantizar la derrota de Trump -y la de sus sicofantes y facilitadores- en las urnas.

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden, no revelará esta semana el nombre de su compañera de fórmula, indicó un miembro de su equipo de campaña.

El mes pasado Biden dijo que quería hacer el anuncio en la primera semana de agosto pero eso no ocurrirá, dijo el informante.

De todas formas el nombre de su compañera debería ser divulgado antes de la convención demócrata que comenzará el 17 de agosto en Milwaukee, Winsconsin.

Desde marzo, Biden, exvicepresidente de Barack Obama, ha dicho que escogerá a una mujer para enfrentar al presidente republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

De ganar Biden, sería la primera estadounidense en ser vicepresidenta.

Los pronósticos proliferan en la medida en que Biden cumplirá 78 años en enero y si gana en noviembre, sería el presidente más viejo de la historia estadounidense.

Además, ya dio a entender que no ejercerá más que un mandato y su vicepresidenta podría ya ser vista como su reemplazo en las presidenciales de 2024.

La senadora Kamala Harris, de 55 años, es vista como una de las favoritas pero sus antecedentes como fiscal y sus críticas a Biden durante la primaria demócrata, le juegan en contra.

Otros nombres que se están manejando son: Susan Rice, ex consejera de Seguridad Nacional de Obama, las senadoras Elizabeth Warren y Tammy Duckworth, las representantes Karen Bass y Val Demings y las gobernadoras Gretchen Whitmer y Michelle Lujan Grisham.

Adicional, este martes se dio a conocer la agenda de Biden para la comunidad latina.

El equipo de campaña del virtual candidato presidencial indicó que Biden cree que la comunidad latina es parte central de la historia de los Estados Unidos.

«Como presidente, Joe Biden se asegurará de que todos seamos tratados con dignidad, sin importar la raza, género, orientación sexual, religión o discapacidad. Todos significan todos», se lee en el plan publicado.

Al afirmar que hoy en día, una cuarta parte de todos los niños en los Estados Unidos son latinos, «nuestro éxito colectivo depende del éxito de la comunidad latina».

Aseguraron que Biden está listo para que desde el primer día se implementen cambios necesarios para que la comunidad latina prospere.

Entre las propuestas que hizo están el expandir el acceso a una atención médica asequible y de calidad; asegurar que los latinos tengan una oportunidad justa de ser parte de la clase media; invertir en la educación desde el nacimiento hasta el 12vo grado; ampliar el acceso a la educación y capacitación de calidad y asequible después de la escuela secundaria; aprobar leyes sobre las armas que tengan sentido común; proteger a las comunidades de color de los impactos ambientales y garantizar que los contaminadores paguen, así como reducir los índices de encarcelamiento y que las diferentes comunidades sean más seguras. Entre sus propuestas sobresale el compromiso de reformar el sistema de inmigración.

«Podemos asegurar nuestras fronteras de una forma humana y establecer un conjunto racional de reglas para los que aspiran a ser inmigrantes. Biden priorizará una reforma integral de inmigración que finalmente le dará a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados un camino hacia la ciudadanía. Los DREAMers son estadounidenses, y el Congreso debe hacerlo oficial. El invertirá en tecnología  en los puertos de entrada y hará que el sistema de asilo sea más racional, contratando más jueces de inmigración y oficiales de asilo. Se asegurará de que aquellos que buscan refugio en los Estados Unidos sean tratados con dignidad y tengan la audiencia justa a la cual legalmente tienen derecho a recibir. Además, una Administración Biden revisará inmediatamente cada decisión de TPS tomada por la administración Trump y anulará  aquellas que no consideren adecuadamente la situación real sobre el terreno».

El presidente Donald Trump sugirió este jueves, por primera vez de manera abierta, retrasar la elección presidencial del 3 de noviembre, retomando sus acusaciones de que la votación por correo, que se prevé aumente por la pandemia de Covid-19, pueda dar pie a fraudes.

Sin embargo, las fechas de las elecciones están fijadas en la ley federal, y no pueden ser cambiadas por el presidente, ya que es una facultad exclusiva del Congreso.

Como se ha vuelto costumbre, el presidente Donald Trump utilizó su cuenta de Twitter para señalar que «con el Voto Universal por Correo (no el Voto en Ausencia, que es bueno), 2020 será la elección más IMPRECISA / FRAUDULENTA de la historia. Será una gran vergüenza para EUA. ¿Aplazar la elección hasta que la gente pueda votar de manera debida y con seguridad?»

Su mensaje llega en un día de malas noticias para su gobierno, especialmente en temas económicos: se informó que la economía se contrajo a un vertiginoso 32.9% anual en el trimestre abril-junio, la peor caída trimestral de la historia.

La pandemia de Covid-19 ha provocado cierres de empresas, decenas de millones de empleos perdidos y una tasa de desempleo de 14.7%.

De acuerdo a expertos en seguridad electoral, no hay pruebas de fraude electoral generalizado en la votación por correo, incluso en estados que votan exclusivamente mediante el servicio postal.

Cinco estados votan exclusivamente por correo y aseguran que tienen instaladas las salvaguardas necesarias para impedir que un «actor extranjero hostil» altere el sufragio. Los expertos han indicado que el fraude en todas sus formas es inusual.

Trump ha venido manejando el mismo discurso en contra de la votación por correo o en ausencia desde hace varias semanas. Ha dicho que la votación por vía remota es el «mayor riesgo» para su reelección. Su campaña y el Partido Republicano han intentado combatirla, aunque en otros tiempos les dio una ventaja significativa.

El magnate, en desventaja en las encuestas públicas y privadas, se negó hace algunas semanas en una entrevista a comprometerse a aceptar los resultados, una amenaza similar a la que hizo semanas antes de los comicios de 2016.

«Tengo que ver. Vea… tengo que ver», le dijo al periodista Chris Wallace durante una entrevista en «Fox News Sunday». «No voy a decir que sí’, no voy a decir que no’ y la vez pasada tampoco lo hice».

El mes pasado, Trump dijo en Arizona que «ésta será, en mi opinión, la elección más corrupta de la historia de nuestro país».

En abril, el presidente había descartado la perspectiva de tratar de cambiar la fecha. «Ni siquiera se me ocurrió cambiar la fecha de la elección», dijo. «¿Por qué habría de hacerlo? Tres de noviembre. Es un buen número. No, no veo la hora de que se haga esa elección». «No estoy pensando en eso», insistió. «En absoluto».

Los directivos de las cuatro grandes tecnológicas mundiales, Google, Amazon, Facebook y Apple, se enfrentan este miércoles a una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en la que se les cuestionará sobre si han acumulado demasiado poder y si su posición dominante no permite la libre competencia.

Sundar Pichai de Google, Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook y Tim Cook de Apple contestarán a preguntas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que ha investigado durante un año el impacto que tiene en la competencia el hecho de que estos cuatro gigantes tecnológicos dominen mercados como el de anuncios online, búsquedas, comercio electrónico, redes sociales, mensajería, hardware y software móvil.

Las cuatro empresas juntas ingresan anualmente unos 800,000 millones de dólares, casi tres veces el producto interior bruto (PIB) de Colombia, y tienen una capitalización bursátil de 4.7 billones de dólares, mayor que el tamaño de la economía alemana.

Amazon, por ejemplo, domina gran parte del comercio electrónico mundial, así como el importante sector de centros de datos y la nube con Amazon Web Services.

Google es la puerta de entrada a internet y es dueño del sistema operativo más usados en móviles; Facebook es el conglomerado por el que reciben información o comparte información gran parte de los habitantes del planeta, y Apple controla alrededor de una cuarta parte del mercado de «smartphones» y una décima parte del de computadoras.

Este será la audiencia más importante para el sector tecnológico desde que hace dos décadas el Gobierno estadounidense intentara limitar a Microsoft por su posición dominante, además de que recuerda cuando en los 90’s las grandes tabacaleras se sentaron para responder sobre la adicción al tabaco y la industria quedó reformada para
siempre.

Las preguntas de los congresistas podrían no solo enfocarse en libre competencia, sino también en prácticas laborales, privacidad, influencia electoral y desinformación, seguridad nacional y comercio internacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó su primera advertencia esta mañana, especialmente en el ámbito de las redes sociales, al ordenar a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el regulador de las telecomunicaciones, clarificar «si las plataformas de redes sociales pueden editorializar la expresión de los usuarios».

El Departamento de Comercio pidió a la FCC que examine si la «curación» de contenidos se hace de «buena fe» y pidió transparencia en las prácticas de moderación.

«El presidente seguirá luchando contra censura online de estadounidenses injusta, antiamericana y políticamente sesgada», señaló La Casa Blanca.

La audiencia, además de compleja (los cuatro CEOs se sentarán juntos), promete ser imprevisible y complicada para
congresistas que en el pasado han demostrado dificultades para comprender el trasfondo técnico de algunos de los servicios que proveen las «Big Tech» y que tienen ante ellos a las personas mejor conectadas y que más dinero invierten en influir en Washington.

El exvicepresidente de Estados Unidos, y virtual candidato demócrata a las elecciones presidenciales, Joe Biden ha indicado este martes que elegirá la próxima semana a su compañera de fórmula, con quien se enfrentará al actual mandatario, Donald Trump.

«Voy a realizar la elección en la primera semana de agosto», ha  señalado Biden, quien previamente había fijado el 1 de agosto como  fecha para anunciar su nominado. «Prometo que lo haré saber cuando lo haga», ha agregado, según ha informado el diario estadounidense The  Washington Post.

El aspirante a La Casa Blanca se comprometió durante las primarias de su partido a elegir a una mujer como candidata a la vicepresidencia.

Entre los nombres que figuran en todas las quinielas como potenciales candidatas a la vicepresidencia están tres de las rivales de Biden en el proceso de primarias demócratas: las senadoras Kamala Harris, Elizabeth Warren y Amy Kloubchar.

Los medios especulan, además, con las también senadoras Catherine Cortez Masto y Tammy Baldwin, así como con la exasesora de seguridad nacional Susan Rice, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms.

El gobierno de Estados Unidos rechazará todas las nuevas solicitudes de amparo en el programa migratorio para jóvenes indocumentados DACA y dará una extensión de solo un año a los ahora incluidos, informó este martes un funcionario de La Casa Blanca.

«El gobierno tiene dudas significativas acerca de la legalidad de DACA y toma en cuenta las consecuencias negativas que ha tenido», añadió el funcionario, que pidió no ser identificado.

Recordemos que a mediados de junio el Tribunal Supremo calificó como «caprichoso y arbitrario» el decreto del presidente Donald Trump de diciembre de 2017 en el que canceló el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado por decreto de su predecesor, Barack Obama, en 2012 y que amparó a cerca de 650,000 personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.

El fallo del Supremo dejó abierta la posibilidad de que el gobierno presentara de nuevo su posición sustentándola en
argumentos, algo que aún no ha hecho.

«Es importante tener claro que el tribunal no dictaminó que el programa de Obama era legal», dijo el funcionario consultado. «El tribunal solo indicó que el gobierno no había justificado de manera suficiente la cancelación del DACA. El tribunal estuvo de acuerdo en que el gobierno puede cancelarlo», agregó.

E indicó que ahora el gobierno de Trump ha emprendido una revisión nueva y completa del DACA, misma que requerirá tiempo.

Mientras esta revisión completa su curso, adelantó la fuente, el gobierno de Trump «rechazará todas las solicitudes nuevas» de amparo bajo el DACA y «adjudicará todas las solicitudes de renovación (del permiso) pero solo por un año, en lugar de dos años, como ocurría antes».

«Todas las solicitudes de permiso con antelación se rechazarán a menos que haya circunstancias extraordinarias», añadió, refiriéndose a las autorizaciones que los beneficiarios de DACA podían gestionar para viajar al exterior del país en instancias de alguna emergencia.

Un juez federal había dado este lunes de plazo al gobierno hasta el 11 de agosto para que informara acerca de qué medidas ha tomado para cumplir con el fallo del Supremo que mantuvo en vigencia el programa DACA.

La decisión del Tribunal Supremo obliga al gobierno a seguir tramitando las extensiones de los permisos y a aceptar las solicitudes de nuevos candidatos del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que regulariza, aunque de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que llegaron de la mano de sus padres, conocidos como «dreamers».

Los trámites pendientes incluyen a unos 650,000 beneficiarios del DACA que han de renovar los permisos y también a más de 300,000 nuevos solicitantes, entre los que se cuentan alrededor de 55,000 individuos que en los últimos tres años han cumplido la edad para acogerse al programa.

Moderna Inc informó este lunes que comenzó la última etapa de sus ensayos para encontrar una vacuna contra el Covid-19, el primero en esta fase que se realiza bajo el programa puesto en marcha por el gobierno de Estados Unidos para acelerar la búsqueda de un remedio frente al coronavirus.

La noticia del estudio, que probará la respuesta a la vacuna en 30,000 adultos que no tienen la enfermedad respiratoria, hacía subir las acciones de Moderna, con sede en Cambridge, Massachusetts, un 11%, hasta los 81,31 dólares, antes de la apertura del mercado.

El gobierno estadounidense está apoyando el proyecto de la vacuna de Moderna con casi mil millones de dólares y lo ha elegido como uno de los primeros en entrar en ensayos a gran escala en humanos.

Hay más de 150 candidatas a vacuna en diversas etapas de desarrollo, 23 de ellas en fase de ensayos con humanos en todo el mundo. Moderna y la británica AstraZeneca Plc lideran la carrera, ya que sus proyectos se encuentran en los estudios avanzados.

Aunque AstraZeneca dijo la semana pasada que aún sigue en camino de producir dosis para septiembre, se está centrando, al igual que otras farmacéuticas, en entregar una vacuna completamente probada para finales de año.

Moderna indicó que tiene previsto entregar alrededor de 500 millones de dosis al año, y posiblemente hasta mil millones de dosis al año desde 2021.

Por su parte Anthony Fauci, asesor médico de La Casa Blanca, declaró este lunes que las conclusiones sobre la efectividad de la primera vacuna estadounidense contra el Covid-19 podrían conocerse antes de las elecciones del 3 de noviembre.

«Es un récord mundial para nosotros el haber sido capaces de pasar de la secuenciación (del virus SARS-CoV-2) a la fase 3 de una vacuna en tan poco tiempo. No se había hecho nunca antes», explicó Fauci, quien aseguró que este proceso, que solo ha llevado unos 6 meses, no ha comprometido el rigor científico ni la seguridad de los ensayos.

Y es que las fechas de presentación de estos resultados son fundamentales, ya que si se producen en octubre podrían entrar de lleno en la recta final de la campaña para las elecciones del 3 de noviembre y dar a la Administración Trump argumentos a favor de la reelección del republicano, cuya respuesta a la pandemia ha sido muy criticada.

A las 6:45 de la mañana de hoy (hora local) una persona en Savannah, Georgia, fue la primera en recibir la vacuna de Moderna.

Un juez ordenó este lunes posponer tres meses una audiencia judicial en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, debido a los retrasos en logística y preparación a juicio que fiscales neoyorquinos y el abogado de Luna están experimentando por la pandemia del coronavirus.

La audiencia programada para este jueves en la corte del distrito este de Nueva York, en Estados Unidos, ocurrirá ahora en octubre, ordenó el juez Brian Cogan, después de que la fiscalía solicitara el aplazamiento.

García Luna está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

Además de la dificultad que tienen los fiscales de reunirse en la cárcel con posibles testigos para el juicio de Luna debido a la pandemia, la fiscalía asegura que aún está esperando respuesta de varios gobiernos, incluido el mexicano, en su pedido de que compartan pruebas sobre el exfuncionario mexicano.

El viernes pasado, la fiscalía envió más de 60,000 páginas en documentos considerados como pruebas para el futuro juicio. Los fiscales dijeron que esas pruebas contienen declaraciones de García Luna, documentos financieros, comunicaciones interceptadas y archivos de la policía mexicana.

Además los fiscales dijeron que es probable que en el juicio presenten pruebas sobre 43 kilos de cocaína confiscados en Brooklyn en el 2002, además de 20 kilos de cocaína confiscados en un barco en la costa de Panamá en el 2007. También planean presentar pruebas relacionadas con 22 kilos de cocaína y cuatro kilos de heroína confiscados en Nueva Jersey en el 2009.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 en la administración del expresidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cartel de Joaquín «El Chapo» Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.

García Luna, quien vivía en Miami, fue arrestado en diciembre de 2019.

Durante el juicio a «El Chapo» celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al exmiembro del Cartel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cartel Ismael «El Mayo» Zambada.

César De Castro, abogado de García Luna, ha dicho repetidamente que las acusaciones de Zambada fueron «absurdas» y que no existen pruebas de esas reuniones.

Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump dio positivo a Covid-19 y se encuentra aislado, informó este lunes La Casa Blanca.

Se trata del funcionario de más alto rango del gobierno estadounidense que se sepa haya dado positivo por el nuevo coronavirus.

«Tiene síntomas leves, se ha aislado a sí mismo y trabaja desde un lugar seguro» fuera de La Casa Blanca, se indicó que en un comunicado emitido por el gobierno.

No está claro cuándo O’Brien, uno de los asesores más cercanos a Trump, se reunió por última vez con el presidente, pero su última aparición pública juntos fue durante una visita el 10 de julio a Miami, en la sede del Comando Sur del Ejército.

«No hay riesgo de exposición al presidente o al vicepresidente (Mike Pence). El trabajo del Consejo de Seguridad Nacional se mantiene sin interrupción», aclaró la nota oficial.

O’Brien regresó recientemente de una gira europea en la que se reunió con funcionarios del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

Según la cadena de televisión CNN, que cita como fuente a una fuente familiar, O’Brien fue el último en la oficina el jueves pasado, cuando abandonó abruptamente La Casa Blanca.

O’Brien, un abogado mormón, sustituyó en septiembre del año pasado al polémico John Bolton, que había sido despedido por Trump.

Estados Unidos reportó 59,737 nuevos contagios de coronavirus ayer, con lo que la cifra total asciende a 4,238,500, mientras que el número de muertes casi alcanza las 147,000, lo que representa aproximadamente una quinta parte de las de todo el mundo.

ARTURO SARUKHÁN

EL UNIVERSAL

 

 

De tanto en tanto, un hackeo resulta tan disruptivo y sorprendente en su alcance y audacia que se convierte en un recordatorio oportuno de la precariedad de nuestra dependencia colectiva de sistemas tecnológicos y plataformas digitales. En ocasiones, la naturaleza particular del ciberataque también hace que se vuelva emblemático de los tiempos que vivimos. El hackeo a Sony en 2014 expuso secretos personales y comerciales profundamente incómodos y onerosos para la compañía japonesa. Las filtraciones de Wikileaks en 2010 o de Snowden en 2013 fueron un tsunami de información diplomática y de seguridad nacional sin precedente. El ataque al Comité Nacional Demócrata en 2016 y la publicación de correos electrónicos incidieron en el resultado de la elección presidencial estadounidense.

A esta lista quizá habrá que agregar ahora el hackeo de Twitter del miércoles pasado, un ataque inusitado y coordinado de ingeniería social –aunque poco sofisticado tecnológicamente- contra la privacidad, confianza y seguridad de las redes sociales. Con múltiples cuentas cayendo como chas de dominó, Twitter optó por la opción nuclear, impidiendo que todas las cuentas verificadas restableciéramos contraseñas o tuiteáramos, en algunos casos durante horas. El ataque, sin consecuencias graves por el momento, es relevante más por lo que podría implicar en un futuro que por el daño que parece haber infligido -por lo menos en términos de lo que se atisba ahora sobre la superficie- a sus víctimas. Los atacantes secuestraron cuentas de políticos, empresarios, celebridades y compañías estadounidenses -entre ellos Barack Obama, Joe Biden, Mike Bloomberg, Bill Gates, Elon Musk, Apple y Uber- con el propósito aparente de obtener pagos en criptomoneda. Aún hay muchas preguntas sin respuesta sobre el operativo,
pero ciertamente podría haber sido mucho peor: los atacantes controlaron las cuentas por solo un período breve y las ganancias de esta estafa sumaron poco más de $100,000 dólares, una cifra roñosa dado el asombroso éxito del ataque y el perfil de las cuentas atacadas.

Todo ello ha llevado a sospechar que el ciberataque encierra más de lo que aparenta. La pregunta obligada, dado que ninguna cuenta de las que fueron blanco del ciberataque fue de figuras Republicanas, empezando por la del propio Donald Trump, es si esto fue un embate político disfrazado, con motivos ulteriores y vinculados al proceso electoral presidencial estadounidense de este año. ¿Quizás los ciberdelincuentes usaron su acceso a las cuentas para
capturar mensajes directos e información personal y lo usarán para intentar chantajear o incluso llevar a cabo el tipo de filtraciones que siguieron al ataque a la campaña y partido Demócratas en 2016? Hasta que Twitter llegue al fondo del incidente, no hay forma de estar seguro.

Pero dado el papel que hoy juega esa galería de los espejos que son las redes sociales en nuestro discurso y vida públicas, así como la enorme influencia ahora conferida por la celebridad en Twitter, el ciberataque ya se ha convertido en un momento emblemático de la coyuntura social y política que vivimos. En el proceso, no solo ha subrayado la hiperdependencia del mundo a las redes de información que, por su propia naturaleza, se basan mayoritariamente en información no verificada. A medida que Estados Unidos entre a la recta final de una campaña electoral presidencial profundamente divisiva, es probable que veamos nuevamente procesos de polarización al interior de una sociedad altamente susceptible a la desinformación, con actores internos y externos aprovechando la tribalización estadounidense. Podría ser tentador pensar que los guardianes de las plataformas digitales más importantes han aprendido las lecciones de la campaña de 2016. Yo no estaría tan seguro: solo hay que ver a Facebook y cómo confronta la desinformación. Y en este entorno, ¿qué estragos podría causar información sustraída ahora de esas cuentas y divulgada de manera quirúrgica más adelante? Con un presidente que esencialmente tuitea en vez de gobernar -y que este fin de semana declaró que verá si en su momento acepta y reconoce o no el resultado de las elecciones en noviembre, ¿qué ocurrirá si su cuenta llega a ser controlada externamente? ¿O cuánto tiempo pasará antes de que el tuitero en jefe de la Casa Blanca, después de un tuit particularmente controversial, arme que su cuenta ha sido pirateada?

Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron este miércoles la firma de un acuerdo con el Departamento de Salud y de Defensa de Estados Unidos por 1,950 millones de dólares para asegurar cientos de millones de dosis de la vacuna del coronavirus para los estadounidenses.

Bajo el acuerdo, el Gobierno recibiría en primer lugar 100 millones de dosis de BNT162, el proyecto de vacuna en el que trabajan conjuntamente ambas compañías, una vez fuese aprobado por al Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos.

«Estamos honrados de ser parte de este esfuerzo para ofrecer a los estadounidenses acceso a protección de este virus letal», dijo Albert Bourla, presidente de Pfizer, en un comunicado.

Posteriormente, podría adquirir 500 millones de dosis más.

«Tomamos pronto la decisión de comenzar nuestro trabajo clínico y fabricando a gran escala a nuestro propio riesgo para asegurar que el producto estaría disponible de manera inmediata si nuestras pruebas clínicas son exitosas y se les otorga una Autorización de Uso de Emergencia», añadió.

Por su parte, el secretario estadounidense de Salud, Alex Azar, destacó que con este acuerdo «se amplían las probabilidades de que tendremos una vacuna segura y efectiva tan pronto como a final de año».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que la pandemia del coronavirus «empeorará» en el país e insistió a la ciudadanía en el uso de cubrebocas, algo a lo que se había resistido hasta ahora.

Las declaraciones del presidente Donald Trump señalando el peligro de la pandemia en México hay que tomarlas teniendo «en consideración que en Estados Unidos están por iniciar formalmente las elecciones», dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«En cualquier país del mundo, cuando hay elecciones, hay más declaraciones, más propaganda, más debate», aseguró el mandatario en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

Sus declaraciones sorprendieron a la opinión pública, pues a diferencia de su visita a La Casa Blanca, negando que hubiera problema por la contienda electoral en Estados Unidos, los nuevos dichos de Trump prefirió enmarcarlos en dicha situación.

Y es que este domingo, el presidente de Estados Unidos pidió que los medios de su país se centraran también en la evolución de la pandemia en México y Brasil, no solo en su país, que es el más golpeado por el coronavirus.

«¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México», señaló Trumo en una entrevista.

López Obrador recordó su reciente visita a Washington que dijo, sirvió para constatar que las relaciones entre los dos gobiernos «son muy buenas» y que no se trata de «vecinos distantes».

«Respeto el punto de vista del presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar como se dice coloquialmente», insistió.

Sobre la evolución de la pandemia en México, que hasta ahora ha dejado casi 345,000 contagios y roza los 40,000 decesos, López Obrador consideró estar enfrentándola «bien en lo que cabe».

«Se trata de una pandemia terrible, que está causando la pérdida de muchas vidas. Pero estamos haciendo todo lo que nos corresponde, estamos actuando con responsabilidad para salvar vidas», reflexionó.

López Obrador dijo que ni él ni sus funcionarios están «contentos, satisfechos» con la situación, pero que «a pesar de los pesares» van bien en la lucha contra esta enfermedad.

El gobernador Javier Corral informó este viernes que suman 11 carpetas de investigación para la solicitud de extradición de su antecesor, César Duarte, detenido hace una semana en Miami, Florida en Estados Unidos.

«Eso es algo que nosotros estamos trabajando con la Fiscalía General de la República (FGR). Eso es parte también de lo que vamos a hacer: agregar nuevas causas penales a ese proceso deextradición», afirmó Corral.

Duarte, acusado en México de malversación de fondos y conspiración agravada por presunto desvío de dinero y delitos electorales, permanece en el Centro de Detención Federal de Miami tras su arresto.

El exmandatario tendrá una audiencia el 24 de julio para abordar una posible libertad bajo fianza.

El gobierno de Chihuahua ha recuperado más de 446 millones de pesos «robados» en la pasada gestión estatal, de 2010 a 2016, aseguró Corral.

Corral aseguró que está en contacto con funcionarios del Departamento de Justicia Estados Unidos para la revisión del caso.

«Ofrecimos coadyuvancia, tanto a la FGR, que está al pendiente de los fiscales en el juicio, como también a las propias autoridades penales de Estados Unidos», expresó el mandatario de Chihuahua.

Según la demanda, desde junio de 2011 hasta noviembre de 2014 Chihuahua transfirió más de 6.4 millones de dólares a dos empresas en las que «Duarte era el accionista mayoritario».

Recordemos que a inicios de semana, se informó que César Duarte presentó un recurso de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión, detención provisional con fines de extradición y la petición formal de su entrega a autoridades mexicanas.

El expriísta presentó la demanda en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, el 9 de julio pasado, un día después de su detención.