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El canciller Marcelo Ebrard destacó este martes las «coincidencias» y la «buena reunión» que sostuvo con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que está de visita en el país.

«Buena reunión a partir de coincidencias en economía, frontera, migración y seguridad», manifestó Ebrard en sus redes sociales sin dar mayores detalles de la reunión.

El titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Washington llegó a nuestro país la tarde de ayer para una visita de dos días, donde se esperaba que abordara con autoridades de México temas como la reapertura de la frontera común, cerrada a viajes no esenciales desde el 21 marzo de 2020 por la pandemia.

Ebrard aseveró que «le compartió a Mayorkas el objetivo de acelerar vacunación en la frontera norte para alcanzar la normalidad lo más pronto posible (…) El secretario señaló que facilitar comercio, turismo y viajes es su prioridad. Coincidimos», aseguró el titular de la SRE.

La visita de Mayorkas, quien nació en La Habana, Cuba, también cobra relevancia por ser el primer viaje al extranjero que realiza al frente del DHS.

«El secretario Mayorkas continúa su primer viaje internacional como titular del DHS. Se reúne con funcionarios clave, socios del sector privado y grupos de interés para reafirmar nuestros intereses nacionales compartidos con México», informó la dependencia este martes.

Ebrard Casaubón expuso que en el encuentro también participaron la secretaria de Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez, además de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).

La visita de Mayorkas coincide con la llegada de 1.35 millones de vacunas Johnson & Johnson, de una sola dosis, enviadas por Estados Unidos, y que se utilizarán para inmunizar a la población de 18 a 39 años de los 39 municipios en la frontera norte.

La estancia de Mayorkas en nuestro país también se produce en medio de un flujo migratorio récord en la frontera entre México y Estados Unidos, que detuvo a cerca de 180,000 indocumentados en mayo pasado.

Apenas hace una semana, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estuvo en la Ciudad de México donde anunció un paquete de asistencia para generar 250 millones de dólares en inversiones en el sur-sureste de México.

La cifra de muertes en Estados Unidos causadas por COVID-19 superó las 600,000 este martes, al tiempo que la campaña de vacunación ha reducido el número de casos y decesos diarios.

El número de vidas perdidas de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins es mayor que la población de grandes ciudades como Baltimore o Milwaukee. Es aproximadamente igual a la cantidad de gente que murió de cáncer en todo el país en 2019.

La cifra de muertes por COVID-19 en todo el mundo es de unos 3.8 millones de personas.

Sin embargo, se cree que las cifras reales, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, son significativamente más altas, ya que muchos casos fueron omitas ya que en algunos casos no llegaron a hospitales, además de que otro tanto de casos fueron ocultados por gobiernos locales.

El hito se alcanzó el mismo día que California, el estado más poblado y el primero en imponer una cuarentena, levantó la mayoría de las restricciones y proclamó el inicio de lo que se ha llamado su «Gran Reapertura».

Las normas estatales sobre el distanciamiento social han quedado en el pasado, lo mismo que los límites al aforo en restaurantes, bares, supermercados, gimnasios, estadios y otros locales.

Otros estados se acercan a una normalidad parecida. Massachusetts retiró oficialmente el estado de emergencia, aunque había mitigado ya muchas de sus restricciones, como el uso de mascarillas en sitios públicos y los límites a las reuniones.

Con el inicio de la vacunación desde mediados de diciembre, las muertes diarias de COVID-19 en EUA han caído a unas 340, comparado con el pico de 3,400 en enero. Hay alrededor de 14,000 casos nuevos por día, comparado con 250,000 durante el invierno.

El presidente Joe Biden, de gira por Europa, dijo ayer que aunque los casos nuevos y las muertes están cayendo de manera dramática, «todavía se pierden demasiadas vidas» y que «no es el momento de bajar la guardia».

Se considera que las muertes más recientes son en cierto sentido las más trágicas dado que la vacuna se puede obtener con sólo pedirla. Más del 50% de la población ha recibido al menos una dosis mientras que el 40% está plenamente vacunada, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Ante la difusión y eco que tuvieron las declaraciones que hizo a la agencia EFE, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tuvo que aclarar que cuando dijo que había pedido dejar hacer su trabajo a las ONG’s y a la prensa, se refería únicamente a Guatemala y no a México como inicialmente se difundió.

La portavoz de Harris, Symone Sanders, aclaró que la vicepresidenta solo quiso «referirse a sus reuniones en Guatemala» cuando respondía a una de las preguntas de la entrevista realizada este jueves.

La pregunta de la agencia EFE mencionaba tanto a Guatemala como a México, y planteaba cómo puede Estados Unidos asegurarse de que fortalece a la sociedad civil en esos países, en los que hay intentos de limitar las actividades de algunas organizaciones.

El enunciado de la cuestión mencionaba tanto la ley guatemalteca, que puede amenazar la actuación de muchas ONG’s, así como las advertencias del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de que Estados Unidos no financie algunas organizaciones.

Harris respondió que ese fue un tema que «planteó» en su viaje de esta semana, sin especificar si fue en su escala del lunes en Guatemala o del martes en México.

«Déjeme decirle que ese tema lo planteé, porque es una preocupación concreta que tengo. Es un tema que me preocupa profundamente, porque queremos asegurarnos de que hay independencia: un sistema judicial independiente, una prensa independiente, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro», afirmó la vicepresidenta en la entrevista.

A continuación, añadió que fue muy franca tanto con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei como con el presidente López Obrador sobre las preocupaciones de su gobierno sobre la corrupción y la impunidad.

Recordemos que previo a su visita a México, el gobierno federal, específicamente a través de la cancillería, había dejado en claro que no se trataría durante las reuniones la nota diplomática que México envió a Estados Unidos denunciando que EUA financia a ONG’s que intervienen en política interna, en referencia a Artículo 19 y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reveló este jueves que durante sus reuniones con los presidentes de México y Guatemala, les pidió que dejen «hacer su trabajo» sin obstáculos a las ONG’s y la prensa en sus respectivos países.

«Este es un tema que me preocupa profundamente, porque queremos asegurarnos de que hay independencia: un sistema judicial independiente, una prensa independiente, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG’s, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro», dijo Harris en una entrevista con la agencia EFE.

La vicepresidenta estadounidense añadió que fue «muy franca» con los presidentes Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y guatemalteco, Alejandro Giammattei, a quienes les expresó que su preocupación por la corrupción y la impunidad que hay en ambos países.

«Fui muy directa con cada uno de ellos respecto a esas preocupaciones», enfatizó Harris al regresar a su país luego de visitar Guatemala y México.

Recordemos que López Obrador se ha quejado en diversas ocasiones, incluso envió una nota diplomática, de que Estados Unidos financia a organizaciones como Artículo 19 y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a quienes ha tachado de «golpistas» y «opositoras»; además de que se ha empeñado en arremeter contra la prensa.

Harris aclaró que su gobierno no está «ignorando» a Honduras y El Salvador, dos países que ella no incluyó en su gira de esta semana, a pesar de que su misión es hacer frente a las causas de raíz que generan la migración en todo el Triángulo Norte de Centroamérica.

«No hemos ignorado ninguna región de los tres países», subrayó Harris, quien evitó comprometerse específicamente a visitar Honduras o El Salvador, cuyos líderes generan más críticas en Estados Unidos por su presunta corrupción que los de México y Guatemala.

Una operación global en la que se vendió a bandas del crimen organizado teléfonos encriptados que los agentes de la ley podían monitorear llevó a más de 800 arrestos y la confiscación de drogas, armas, dinero en efectivo y autos de lujo.

El golpe efectuado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, la policía australiana y europea atrapó a sospechosos en Australia, Asia, Europa, Sudamérica y Oriente Medio involucrados en el narcotráfico, dijeron funcionarios.

En redadas realizadas en todo el mundo fueron incautados millones de dólares en efectivo, junto con 30 toneladas de drogas, incluidas más de ocho toneladas de cocaína.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, declaró que la operación «supuso un duro golpe contra la delincuencia organizada, no sólo en este país, sino que tendrá eco en todo el mundo».

La Operación Luz Verde/Escudo Troyano, diseñada por la policía australiana y el FBI en 2018, es una de las mayores infiltraciones y toma de control de una red encriptada especializada.

Comenzó cuando funcionarios estadounidenses pagaron a un narcotraficante convicto para que les diera acceso a un teléfono inteligente que había personalizado, en el que estaba instalando ANOM, también llamado An0m, una aplicación segura de mensajería encriptada. Los teléfonos fueron vendidos luego a redes del crimen organizado a través de distribuidores del hampa.

El FBI ayudó a infiltrar 12,000 dispositivos en 300 grupos criminales en más de 100 países, dijo Calvin Shivers, de la División de Investigación Criminal del FBI, a medios en La Haya.

Así, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación contra 17 presuntos distribuidores por su participación en la comercialización y venta de miles de dispositivos ANOM a organizaciones criminales transnacionales.

Todos los acusados ​​son ciudadanos extranjeros fuera de Estados Unidos y ocho de ellos fueron arrestados ayer, dijo Randy Grossman, fiscal federal interino para el Distrito Sur de California en una conferencia de prensa en San Diego. Los demás permanecen prófugos.

«Hoy es la culminación de más de cinco años de trabajo de investigación estratégico, innovador y complejo para interrumpir y desmantelar los servicios de comunicación encriptados que abordan el elemento criminal en todo el mundo», dijo Suzanne Turner, agente especial del FBI en San Diego.

Los teléfonos fueron tan exitosos que mafiosos italianos, tríadas asiáticas, bandas de motoqueros y sindicatos transnacionales de la droga comenzaron a usarlos, lo que proporcionó al FBI y sus fuerzas asociadas en todo el mundo más de 27 millones de mensajes.

El impacto de este golpe al crimen organizado es también psicológico. Infunde mucha inseguridad en las altas esferas de los grupos, que desconfiarán unos de otros. La operación también tendrá repercusiones los próximos meses, incluso dentro de las organizaciones que se libraron de la operación y que pueden intentar aprovecharse de ella.

«Esto abre la posibilidad de que se produzcan cambios significativos en el panorama criminal mundial», afirma Jake Harrington, especialista en inteligencia del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS).

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitará nuestro país la próxima semana, para analizar junto a las autoridades mexicanas la posible reapertura de la frontera común, cerrada desde hace más de un año por la contingencia sanitaria de la pandemia del COVID-19.

«El señor Mayorkas viene el 14 y va a estar con nosotros el día 15 de junio y uno de los temas principales va a ser este, que ha sido la insistencia de México durante todo este tiempo», reveló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abordó el tema de la  reapertura de la frontera durante la reunión que tuvo ayer en Palacio Nacional con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ya que «es una de las principales preocupaciones de México», pues el cierre de los viajes terrestres no esenciales desde marzo de 2020 ha dejado «un impacto» económico muy grande.

Según el canciller, Harris se comprometió a crear un «grupo de trabajo» con México para analizar la reapertura de la frontera, y ayer mismo La Casa Blanca presentó a los integrantes que representarán a Estados Unidos en dicho grupo.

Por su parte, el presidente López Obrador explicó a Harris el plan del gobierno que consiste en vacunar rápidamente a todos los mayores de 18 años en los 39 municipios mexicanos fronterizos. Para la vacunación se utilizará el millón de vacunas de Janssen (J&J) que el propia gobierno de Estados Unidos anunció que compartirá con México.

Marcelo Ebrard estimó que las dosis «van a estar llegando a México el fin de semana».

El gobierno de Estados Unidos informó este martes que ha identificado a más de 3,900 menores migrantes separados de sus padres en la frontera con nuestro país durante el tiempo que estuvo vigente la política de «tolerancia cero» del expresidente Donald Trump.

Las autoridades proporcionaron uno de los conteos más detallados en un capítulo de la historia migratoria estadounidense que fue condenado de manera generalizada.

El conteo del grupo de trabajo para la reunificación familiar del gobierno de Joe Biden, señala 3,913 menores separados entre el 1 de julio de 2017 y el final de la presidencia de Trump; esta cifra está muy por debajo de los más de 5,500 identificados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en documentos judiciales, basándose en información gubernamental.

El grupo de trabajo dijo que identificó a «casi todos» los menores que fueron separados con base en esa política, pero que revisará otros 1,723 casos desde julio de 2017, lo que podría elevar el número total de expedientes examinados a 5,636, cifra que podría coincidir con el conteo de la ACLU.

La discrepancia parece radicar principalmente en el fallo de una corte federal en San Diego, que excluyó a 1,723 niños que fueron apartados por otros motivos, como el riesgo de que estuvieran en peligro o de que hubiera dudas sobre paternidad.

Las autoridades también tratarán de determinar si hubo separaciones familiares durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, a partir de enero de 2017, algo que está fuera de la demanda de la ACLU. Esto podría elevar también la cifra final.

De los 3,913 menores, 1,786 han regresado con uno de sus padres, en su mayoría durante la presidencia de Trump; se ha contactado con los padres de otros 1,695, y se desconoce el paradero de 391 más. Muchos de los contactados fueron entregados a otros familiares.

Recordemos que el gobierno de Biden se ha comprometido a reunir a los padres e hijos que siguen separados, pero el ritmo de las reunificaciones ha sido lento y no está claro cuántas se realizarán. Los primeros cuatro progenitores regresaron a Estados Unidos el mes pasado, dentro de lo que el grupo de trabajo identificó como un grupo inicial de 62 personas: 28 de Guatemala, 20 de Honduras, 13 de El Salvador y uno de México. Los funcionarios del gobierno federal dicen que 29 de los 62 han recibido la autorización final para regresar a Estados Unidos, lo que debería ocurrir después de que se hagan los arreglos de viaje.

El reporte proporcionó datos inéditos: cerca del 60% de los menores separados con base en la política migratoria del anterior gobierno eran guatemaltecos (2,270), seguidos de hondureños (1,150), salvadoreños (281), mexicanos (75), brasileños (74) y rumanos (23).

La Patrulla Fronteriza del sector de Yuma, en Arizona, registró el mayor número de separaciones de entre los nueve sectores de la frontera con México, con 1,114 casos. El Rio Grande Valley, en Texas, que atrajo la atención de los medios al tratarse del corredor más empleado para cruces ilegales, fue el segundo punto con 1,025 casos. El Paso, Texas, donde se llevó a cabo un ensayo de la política en 2017 que no se hizo público en su día, fue el tercero con 982 casos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió esta mañana en Palacio Nacional con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con quien abordó el tema del fenómeno migratorio, entre otros puntos.

AMLO insistió ante Kamala Harris que la propuesta de México es fomentar la cooperación para el desarrollo a fin de generar oportunidades en los lugares de origen de las personas, pues dijo, se deben atender las cusas que la originan, ya que ninguna persona sale de sus ciudades por gusto.

La visita oficial inició con la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMECXID). El documento fue firmado por el encargado de Negocios de Estados Unidos, John Creamer y por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris fungieron como testigos de honor.

Posteriormente se trasladaron a la Escalinata de Honor para dirigirse al despacho presidencial, donde se reunieron en privado. «El encuentro fue trascendente, benéfico para nuestros pueblos y muy agradable”, afirmó López Obrador en un mensaje posterior publicado en sus redes sociales.

La vicepresidenta estadounidense se comprometió a apoyar la expansión de programas sociales de México a otros países de Centroamérica, como el de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

En un evento posterior con mujeres empresarias en México, y ya en hotel de la Ciudad de México, Kamala Harris reconoció que existen retos de género compartidos, como disparidad salarial y desigualdad.

“Tenemos mucho trabajo que hacer, en términos de paridad, cuando vemos a la desigualdad salarial por ejemplo, tenemos mucho trabajo que hacer, especialmente si los analizamos por sueldo”, manifestó en el evento en el que buscaba conocer las experiencias y analizar posibilidades de colaboración con las mujeres líderes en el sector empresarial.

Entre las asistentes estuvieron Paula Santilli, directora general de PepsiCo Latinoamérica; Michelle Ferrari, presidenta del Foro de Mujeres Iberoamericano, y Frissia Monsiváis, presidenta y fundadora de We.Men, entre otras. También estuvieron presentes Nancy McEldowney, asesora de seguridad nacional de la vicepresidenta, y John S. Creamer, encargado de negocios de la Embajada de Washington en México.

«Creo que todos estamos de acuerdo en que cuando elevamos las condiciones económicas de las mujeres, elevamos las condiciones económicas de las familias, vecindarios, comunidades y toda la sociedad se beneficia”, sostuvo la vicepresidenta.

En ese marco, Harris anunció un paquete asistencia y préstamos de Estados Unidos para atraer inversión por 250 millones de dólares en el sur-sureste de México, una de las prioridades del presidente López Obrador. También reveló un apoyo de 130 millones de dólares para que México implemente la reforma laboral, esencial para el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Después del encuentro con las mujeres, la vicepresidenta sostuvo un encuentro con líderes sindicales para abordar los derechos laborales en México, un aspecto clave para los sindicatos estadounidenses.

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, llega esta noche a México en lo que es su primer viaje internacional desde el inicio de su cargo en enero pasado. Según la cancillería, Harris estará arribando al país alrededor de las 23:00 horas.

La líder estadounidense se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, donde hablarán sobre asuntos migratorios, así como los apoyos a los países del Triangulo Norte.

«La parte medular de la agenda que tenemos acordada es reunión en Palacio Nacional de la vicepresidenta de los Estados Unidos con su comitiva, primero tendrá un diálogo con el señor presidente de la República, luego tendremos una reunión aproximadamente de una hora y cuarto u hora y media entre ambas delegaciones”, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

La vicepresidenta estadounidense arribó a nuestro país luego de una visita a Guatemala, donde sostuvo sostuvo un encuentro con el presidente Alejandro Giammattei, y donde ofreció una visión optimista para una mayor cooperación que ayude a hacer frente al aumento en la migración hacia su país.

Harris aprovechó para lanzar una advertencia directa a los migrantes que consideran realizar el peligroso viaje: «No vengan». «Quiero enfatizar que el objetivo de nuestro trabajo es ayudar a los guatemaltecos a encontrar la esperanza en casa», dijo Harris. «Al mismo tiempo, quiero ser clara con la gente de esta región que piensa realizar el peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México: No vengan, no vengan».

En el marco del viaje de Harris a Guatemala y México, el gobierno estadounidense anunció que el Departamento de Justicia crearía un grupo de trabajo anticorrupción y otro para combatir el tráfico humano y el narcotráfico en la región.

La Casa Blanca también anunció un compromiso de 7.5 millones de dólares a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para apoyar a los empresarios y a los innovadores de Guatemala, así como millones de dólares más en inversiones en viviendas asequibles, agroindustrias y préstamos a pequeñas empresas del país centroamericano.

Aparte de su encuentro con Giammattei, Harris participó en una mesa redonda con líderes comunitarios y de la sociedad civil guatemalteca, y se reunió con empresarios e innovadores jóvenes, incluyendo un grupo de mujeres.

La segunda del gobierno estadounidense defendió su decisión de no visitar la frontera, comentando a los reporteros que estaba enfocada en abordar las causas profundas de la migración de una manera que entregue resultados «tangibles», en lugar de «grandes gestos».

Los reguladores de Estados Unidos aprobaron este lunes el fármaco Aducanumab de Biogen Inc. como el primer tratamiento para atacar una causa probable del Alzheimer, a pesar de la controversia sobre si la evidencia clínica prueba o no que el medicamento funciona.

Aducanumab tiene como objetivo eliminar los depósitos pegajosos de una proteína llamada beta amiloide del cerebro de los pacientes en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer para evitar sus estragos, que incluyen la pérdida de memoria y la incapacidad de cuidarse a sí mismo.

«Esta es una buena noticia para los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Nunca hemos tenido aprobada una terapia modificadora de la enfermedad», dijo Ronald Petersen, experto en enfermedad de Alzheimer de la Clínica Mayo en Estados Unidos. Sin embargo, advirtió: «esto no es una cura. Se espera que esto ralentice la progresión de la enfermedad».

Recordemos que el Alzheimer es la sexta causa principal de muerte en Estados Unidos, y aunque el precio del tratamiento aún no está disponible, según analistas oscilará entre los 30,000 y 50,000 dólares al año.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dijo en su sitio web que los ensayos clínicos para el tratamiento, que se venderá bajo la marca Aduhelm, mostraron una reducción en las placas que se espera que conduzca a un deterioro más lento en los pacientes.

«Aunque los datos de Aduhelm son complicados con respecto a sus beneficios clínicos, la FDA ha determinado que existe evidencia sustancial de que reduce las placas de beta amiloide en el cerebro y que la reducción de estas placas probablemente anticipa importantes beneficios para los pacientes», dijo la agencia en un comunicado.

El fármaco de Biogen había sido aclamado por defensores de pacientes y algunos neurólogos ansiosos por tener una opción eficaz para las personas con la enfermedad letal. Otros médicos dijeron que los resultados de los ensayos clínicos son inconsistentes y que se necesitaban más pruebas.

El doctor Caleb Alexander, quien fue asesor de la FDA y recomendó no aprobar el medicamento, se expresó «sorprendido y decepcionado» por la decisión. «La FDA tiene el respeto que tiene porque sus estándares de aprobación se basan en evidencias firmes. En este caso, en mi opinión, aprobaron un producto sin razón suficiente», afirmó Alexander, investigador de la Universidad Johns Hopkins.

Cumpliendo las condiciones de la llamada aprobación acelerada, la FDA le está exigiendo a la empresa realizar un estudio de seguimiento para confirmar las ventajas del medicamento. Si el nuevo estudio no ratifica su eficacia, la FDA podría retirarla del mercado, aunque ello rara vez ocurre.

Facebook anunció este viernes que mantendrá el veto por dos años al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, después de que su consejo asesor pidiera el mes pasado a la empresa que revisara la prohibición indefinida contra el exmandatario.

La compañía anunció en un comunicado que suspenderá las cuentas del exmandatario por dos años contando desde el 7 de enero pasado.

Recordemos que las cuentas de Trump en Facebook e Instagram, también propiedad de la compañía, permanecen cerradas desde el asalto al Capitolio del 6 de enero por parte de miles de simpatizantes del expresidente, algunos de ellos armados, que dejó un saldo de cinco personas muertas.

La suspensión de la cuenta del exmandatario es el máximo castigo impuesto hasta ahora, y se debe a que se violó las reglas de la red social.

«Dada la gravedad de las circunstancias que llevaron a la suspensión del señor Trump, creemos que sus acciones constituyeron una grave violación de nuestras reglas que merecen la pena más alta disponible bajo los nuevos protocolos», dijo el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg.

Facebook también dijo que los políticos serán tratados como otros usuarios cuando violen las reglas de la red social, en particular en caso de desinformación.

Después de que venza el plazo del veto ahora impuesto, la red social decidirá sobre el posible reingreso de Trump a la plataforma, una vez que determine «si continúa siendo un peligro serio para la seguridad pública».

«Esta penalización solo se aplica a nuestros servicios. Trump es y seguirá siendo libre de expresarse públicamente por otros medios. Nuestro enfoque refleja la forma en que intentamos equilibrar los valores de la libertad de expresión y la seguridad en nuestros servicios, para todos los usuarios», añadió Facebook en su comunicado.

El de Facebook no fue el único veto sufrido por Trump; también se quedó fuera de Twitter, una red social que utilizó antes y después de llegar a La Casa Blanca para ampliar el alcance de sus mensajes e incluso realizar anuncios públicos de índole política.

Tras conocerse la decisión de la red, Trump dijo que la suspensión de Facebook es un «insulto» a sus 75 millones de votantes en las pasadas «amañadas elecciones» presidenciales. Calificó la acción como un acto de censura.

Estados Unidos enviará a nuestro país un millón de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Johnson & Johnson, confirmó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El anuncio se da días antes de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México.

El presidente Joe Biden, anunció desde Washington que su país compartiría unas 25 millones de vacunas contra la enfermedad del coronavirus a nivel mundial, de las cuales seis millones irían a Canadá, México, India y Corea.

«Hablamos con la vicepresidenta Kamala Harris. Tuvo la gentileza de informarnos, antes del anuncio que hicieron en Estados Unidos, la decisión de enviarnos un millón de vacunas Johnson & Johnson de una sola dosis», señaló López Obrador en su cuenta de Twitter.

Fue el pasado 27 de mayo cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió la autorización para uso de emergencia de la vacuna Ad26.CoV2.S de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis.

México ha recibido hasta ahora 42.3 millones de dosis de las vacunas de las farmacéuticas Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; Sinovac y CanSino, de China, además de la rusa Sputnik V.

Recordemos que López Obrador ha solicitado en diversas ocasiones el apoyo de Washington en materia de vacunación. EUA accedió a enviarle parte de las dosis de AstraZeneca que no estaba usando. Además, algunos lotes de Pfizer que llegaban a México desde Europa comenzaron a arribar desde el país vecino.

Harris visitará nuestro país el próximo 8 de junio, como parte de un viaje que también incluye una visita a Guatemala, para conversar especialmente sobre el aumento de la migración de centroamericanos a Estados Unidos a través del territorio mexicano, entre otros temas.

Según el plan de Estados Unidos, un primer lote de 25 millones de dosis se repartirán: 7 millones a Asia; especialmente a India, Nepal, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Afganistán, Vietnam, Papúa Nueva Guinea y Taiwan. Unos seis millones más irán para América del Sur, Centroamérica y el Caribe incluyendo Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Guatemala y Haití. Cinco millones fueron reservadas para África y se repartirán en coordinación con la Unión Africana.

En su anuncio, el presidente Biden dijo que el remanente de más de 6 millones de dosis de las 25 millones iniciales, será enviado directamente a países que están enfrentando brotes o están en crisis así como a socios y vecinos como Corea del Sur, Canadá y México.

El canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reafirmaron este miércoles el interés de ambas naciones en fomentar el desarrollo de Centroamérica para lograr una «migración ordenada, segura y regular» en la región.

Durante una reunión en Costa Rica, donde ambos funcionarios sostuvieron encuentros con varios de sus homólogos centroamericanos, Ebrard y Blinken abordaron también la cooperación en materia de vacunación contra el COVID-19 y en seguridad, así como los preparativos para la visita de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, a México la próxima semana.

Blinken aprovechó para pedir a los países centroamericanos un mayor compromiso democrático y por los derechos humanos, al tiempo que enfatizó en la necesidad de trabajar en conjunto para solucionar los problemas que causan la migración.

El funcionario estadounidense afirmó que al igual que en otras partes del mundo, en Centroamérica se han observado «retrocesos» en principios democráticos y en el respeto a los derechos humanos. Sin señalar algún país en particular, aseveró que espera de Centroamérica una «renovación del compromiso» de la región hacia la Carta Democrática Interamericana, especialmente en lo referido al respeto a las instituciones, el estado de derecho, a la libertad de prensa, entre otros.

Tras la reunión de cancilleres, que se llevó a cabo a puerta cerrada y sin declaraciones posteriores a la prensa, la Cancillería costarricense emitió un comunicado en el que celebró la realización del encuentro y detalló que se discutieron otros temas como la lucha contra la corrupción, recuperación de la económica verde, entre otros.

«Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del SICA, México y Estados Unidos coincidieron en la importancia de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la transparencia, para la alcanzar la reactivación económica de los países de la región», señala el comunicado oficial.

Según la información, el secretario Blinken reiteró el ofrecimiento de Estados Unidos de poner a disposición 80 millones de vacunas contra la COVID-19 a nivel global, cuyo plan de distribución se está trabajando con criterios científicos y de equidad, y no políticos.

Adicional, Blinken reiteró que el gobierno de Estados Unidos seguirá destinado recursos a ONG’s de países del triángulo norte, esto debido a los niveles de corrupción gubernamental que se registran.

De acuerdo con el periodista Armando Guzmán, reportero de Washington Insider, durante la conversación, Blinken reafirmó que a Estados Unidos le preocupa la corrupción en los gobiernos y por ello destinará 4 mil millones de ayuda a organizaciones civiles.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que la embajada de Estados Unidos está repartiendo «maíz con gorgojo».

Al ser consultado sobre si los aparatos de inteligencia deberían de seguir las actividades de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por sus esfuerzos por «desestabilizar» la situación política del país, el presidente dijo que aunque está mal que se siga financiando a estas organizaciones, no se utilizará a organismos de inteligencia del gobierno federal para espiar a sus adversarios.

López Obrador aseguró que en México no se limita la libertad de expresión, además de que no se censura a nadie.

“Esto que estamos viendo que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la Embajada de Estados Unidos, o sea que la Embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo», expreso el mandatario.

El lunes pasado, AMLO lamentó que el gobierno de EUA no haya respondido a la nota diplomática que envío sobre el asunto.

«Eso es indebido, el que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a estas organizaciones, más en tiempos electorales. Nunca debería de hacerse, no tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es un país independiente, libre, soberano, no tienen por qué hacerlo”, dijo en su momento el mandatario.

El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, lamentó hoy que la investigación de los orígenes del coronavirus causante de la COVID-19 «se vea envenenada por la política», esto luego de que Estados Unidos aumentara las presiones para que continúen y se aceleren los estudios.

«Nos gustaría que todos separaran, si pueden, la política de la ciencia», afirmó el experto irlandés, quien se quejó de que en los últimos días se están «viendo discursos en los medios con muy pocas noticias o evidencias verdaderas».

Todo país es libre de defender sus propias teorías sobre el origen, aseguró Ryan, pero advirtió que para trabajar se necesita espacio y la actual situación coloca a la OMS en una posición imposible a la hora de buscar respuestas.

Recordemos que el presidente de EUA, Joe Biden, ha pedido esta semana que se investiguen en un plazo de 90 días los orígenes del coronavirus, utilizando si fuera necesario datos recabados por la inteligencia estadounidense o los de otros países.

Ello ha resucitado la teoría de que el coronavirus pudo originarse en un laboratorio virológico de Wuhan, la ciudad central china donde se dieron los primeros casos de COVID a finales de 2019, pese a que los expertos de la misión de la OMS a China subrayaron a principios de este año que esa hipótesis era la menos probable.

Tras su viaje al país asiático, que encontró numerosos obstáculos burocráticos por parte de China, esos expertos concluyeron que la hipótesis más probable del origen del coronavirus era un animal salvaje aún no confirmado, del que se transmitió al ser humano mediante una o más especies intermedias.

Ryan aseguró hoy que la OMS y los Estados miembros están barajando a diferentes expertos para participar en la siguiente fase de investigación de los orígenes del coronavirus, pero en contraste con los 90 días exigidos por Biden señaló que «va a requerir muchas misiones dilucidarlos, si es que alguna vez se consigue».

El director de emergencias recordó que la OMS mantiene todas las teorías sobre la mesa, pese a que algunas se consideren más probables que otras, pero aseguró que para estudiarlas se necesita «una atmósfera positiva, un proceso movido por la solidaridad».

«La política dificulta las cosas, dejemos que los científicos sigan trabajando», agregó la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María van Kerkhove, quien pidió a todos que gestionen correctamente sus expectativas en la espinosa cuestión de los orígenes del coronavirus.

Más de 10,000 personas que esperaban en México por asilo en Estados Unidos han logrado entrar y continuar su proceso en territorio estadounidense, reveló este miércoles el director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Troy Miller.

Al 6 de mayo de 2021, «más de 10,000 de estas personas han sido procesadas en Estados Unidos», señaló Miller en un testimonio escrito que presentó al subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional de la Cámara Baja.

Miller se refirió a los casos de solicitantes de asilo tramitados bajo el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP), que la Administración del expresidente Donald Trump puso en marcha en enero de 2019 y que obligó a estas personas a aguardar en nuestro país hasta que se resolvieran sus expedientes migratorios.

El funcionario recordó que este programa fue suspendido el 21 de enero pasado, un día después de que el presidente Joe Biden asumiera el poder, como parte del compromiso de esta Administración de garantizar un sistema de inmigración «seguro, ordenado y humano».

Bajo los MPP, el gobierno de Trump envió a más de 60,000 indocumentados que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos a México. La Administración de Biden puso como meta inicial permitir la entrada de unos 25,000 inmigrantes con casos activos bajo el MPP.

Durante su comparecencia, que transcurrió de forma virtual, Miller se refirió además al reciente aumento en las cifras de detenciones en la frontera con México, con 178,120 personas indocumentadas interceptadas en abril pasado, lo que dijo representó un incremento del 3% respecto a marzo.

De ese total, apuntó que más del 62% de los detenidos fueron expulsados bajo el Título 42, una norma establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que permite las expulsiones expeditas de inmigrantes indocumentados como parte de la estrategia de Estados Unidos para evitar la expansión de la pandemia.

Consultado sobre la posibilidad de que esa norma sea levantada, Miller admitió que se están preparando para la «eventualidad» de que se ponga fin a esa política del gobierno de Trump, pero no reveló una fecha.

En su testimonio, Miller anticipó que para finales de mayo esperan aumentar a alrededor de 424 el número de agentes desplegados en la frontera con México, y contar con otros 370 funcionarios en las oficinas locales de la CBP para apoyar con el procesamiento de inmigrantes en las instalaciones temporales que han sido habilitadas.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este miércoles que la investigación penal que se desahoga en la Fiscalía de Nueva York contra su conglomerado empresarial es una cacería de brujas de los demócratas que no quieren que se postule de nuevo a la presidencia en 2024.

El republicano señaló hoy en un comunicado que se trata de «una continuación de la mayor caza de brujas política en la historia de los Estados Unidos».

Y es que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció ayer martes que se unirá a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en la indagación penal relacionada con el conglomerado inmobiliario de Trump y el pago de impuestos.

Trump se mostró como una víctima de varias investigaciones del pasado y «testigos mentirosos», que en esta ocasión «buscan desesperadamente un delito».

La investigación está centrada en comprobar si el conglomerado Trump engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó.

La investigación ha estado en curso desde 2019, como un caso civil, al que ahora se agrega el criminal.

El expresidente aseguró que se trata de una campaña de la fiscal James incluso antes de que fuera elegida en ese cargo, la cual buscaba su destitución cuando él era presidente. «Hizo campaña para enjuiciar a Donald Trump incluso antes de saber algo sobre mí», expresó el republicano.

Subrayó que buscan «la destrucción de la suerte política del presidente Donald J. Trump» porque no quieren que se presente de nuevo como candidato.

La notificación de James a la organización supone un nuevo nivel de riesgo legal para el expresidente, de cara a su posible candidatura a las próximas presidenciales, ya que el fiscal general ahora puede pedir sanciones penales como parte de la investigación.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está examinando millones de páginas de documentos que incluyen las declaraciones de impuestos del magnate neoyorquino.

El expresidente, que vive en Florida tras dejar la presidencia en enero pasado, manifestó que durante años miembros y asociados de la Organización Trump han sido acosados para testificar en su contra, lo que incluye «inventar historias falsas».