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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció este lunes que la objeción de conciencia de personal médico es constitucional, aunque advirtió que no es un derecho «ilimitado» que permita discriminar a mujeres y minorías.

Por mayoría de ocho votos, la SCJN reconoció como constitucional el derecho a la objeción de conciencia médica, pero aclaró que solo es de forma individual y con la obligación de que el Estado garantice la protección de la salud de los pacientes, incluso por aborto.

«La objeción de conciencia no constituye un derecho absoluto ni ilimitado que pueda ser invocado en cualquier caso y bajo cualquier modalidad. No se trata de un derecho general a desobedecer las leyes», indicó el magistrado Luis María Aguilar, quien elaboró el proyecto que se votó.

El fallo ocurre una semana después de que la Suprema Corte declarara por primera vez inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento.

Ahora, la SCJN abordó la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la reforma a la Ley General de Salud de 2018 que permite la objeción de conciencia en los médicos.

La reforma no legaliza la discriminación ni avala negar un aborto o tratamiento, pero crea un ambiente que perjudica a mujeres, la comunidad LGBT y otras minorías, como argumentó el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien votó en contra de la constitucionalidad de la objeción de conciencia.

«La propuesta carece de perspectiva de género e interseccional, al no reconocer que son las mujeres, personas gestantes, personas de orientación sexual diversa y personas con menos recursos las que más sufren los impactos del ejercicio de la objeción de conciencia», sostuvo el ministro.

A pesar de la resolución, los ministros del pleno no coincidieron en declarar la validez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, impugnado por la CNDH.

La polémica reforma de 2018 permite a médicos y personal sanitario «ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley (de salud)».

La legislación solo matiza que «cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional».

Por ello, los ministros chocaron sobre la validez de la norma y aplazaron su discusión para la próxima sesión.

El Gobierno federal pidió revisar las 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto este año en el país tras el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra su criminalización.

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, señaló que existen 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio pasado en 27 estados del país.

«Las autoridades locales y federales debemos asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben analizarse todos los casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el país», declaró la funcionaria.

Sus declaraciones se producen después de que la Suprema Corte declarara el martes pasado inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento.

Y aunque el fallo de la SCJN solo invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, estado donde se castigada con penas de hasta tres años de prisión por abortar de manera voluntaria, la decisión de los ministros crea un criterio obligatorio para todos los tribunales del país.

Y es que el aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

La Conavim citó que las entidades con más carpetas abiertas por aborto son Estado de México con 93, Nuevo León con 67 y Ciudad de México con 52, pese a que en la capital existe la interrupción legal del embarazo hasta la duodécima semana de gestación.

«Cabe destacar que estas tres entidades concentran el 49% de las carpetas abiertas en los primeros siete meses de este año», advirtió la comisión, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El organismo también destacó las cifras de Tamaulipas con 28 casos; Querétaro con 22; Baja California y Guanajuato con 18 cada uno; Hidalgo con 15; Veracruz con 14 y Michoacán con 13, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tras el fallo del martes, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública dispondrá de abogados públicos para defender a las mujeres procesadas por el crimen.

«Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación», coincidió la Conavim.

Foto: Twitter @GIRE_mx

El gobernado de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que aunque no está de acuerdo con la decisión que tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respetará el fallo con el que limitan su gobierno a los dos años por lo que originalmente fue electo.

«Siempre dijimos que vamos a respetar la decisión. Votaron como en una democracia, y en una democracia se gana o se pierde. Aquí yo creo que quien pierde es el Estado», dijo Bonilla en un breve encuentro con medios, luego de conocerse la decisión de la Corte.

Bonilla indicó que estaba peleando más tiempo en la gubernatura para que pudiera cumplir con el programa de gobierno que se ha trazado, «no era nada más ser gobernador por serlo, no nos pensamos canonizar ni perpetuar».

El morenista afirmó que con la decisión de la SCJN, se celebrarán elecciones en Baja California en el 2021, por lo que hizo un llamado a quienes aspiren a ser candidatos en Morena, pues dijo, deben «levantar la mano” para que los comiencen a ubicar.

Acusó que hasta ahora ninguno de los ministros de la Suprema Corte ha podido decir qué artículo de la Constitución se violó con la llamada reforma que le permitía extender su mandato por cinco años, por lo que dijo, se «armaron de otros argumentos» para echarla para atrás.

El mandatario local dijo que para que una reforma sea inconstitucional debe haber violado un artículo de la Constitución.

Sobre la petición que la oposición ha hecho de iniciar juicio político en contra de los legisladores que en su momento aprobaron la modificación al artículo octavo de la Constitución del estado que lo beneficiaba, indicó que su gobierno no iniciará ningún procedimiento contra ellos, pues sostuvo que el Congreso local es libre y soberano. «Es una cosa que deben entender en el centro y nunca lo han entendido».

Aprovechó para culpar a la derecha de haber influido en la decisión de los ministros, específicamente a la Coparmex.

«La cúpula de la derecha trabajó arduamente a través de la Coparmex (…) son cúpulas que no estuvieron con el cambio ciudadano, porque todo lo quieren como antes, impunidad, el rico más rico. Hubo intereses políticos obviamente», expresó el gobernador.

Incluso dijo que los ministros se protegieron entre ellos al tomar la decisión unánime. Pidió imaginar a un Ministro votando en contra, «iban a decir automáticamente ‘oye, este ya lo maicearon’, entonces se protegieron ellos».

Los diputados británicos volvieron a sus actividades legislativas este miércoles tras la decisión de la Corte Suprema, que declaró «ilegal» y «sin efecto» el cierre del parlamento ordenada por el primer ministro Boris Johnson, lo que da pie a un complicado mes antes del Brexit.

La Cámara de los Comunes reanudó sus sesiones pidiendo explicaciones sobre su suspensión al fiscal general, el consejero jurídico del gobierno, Geoffrey Cox.

Johnson, que voló desde Nueva York a donde asistió a la Asamblea general de la ONU, comparecerá ante el Parlamento esta misma tarde.

«Este parlamento es un parlamento muerto», dijo Cox reprochando a los diputados haber rechazado tres veces el acuerdo de divorcio negociado con Bruselas por Theresa May y negarse a autorizar elecciones anticipadas para salir del bloqueo.

«Este parlamento debería tener el valor de enfrentarse al electorado, pero no lo hará», agregó.

Asegurando que «hay mucha gente que quiere frustrar el Brexit», Johnson había reiterado su llamado a unos comicios anticipados que la oposición se niega a concederle hasta que se descarte por completo la amenaza de una salida brutal de la Unión Europea programada para el próximo 31 de octubre.

Johnson, que perdió la mayoría tras la rebelión de 21 de sus diputados, está ganando popularidad entre los votantes según los sondeos y quiere aprovechar ese impulso. Pero para convocar elecciones anticipadas necesita el apoyo de dos tercios de una cámara que ya rechazó dos veces su propuesta.

«Nuestra principal prioridad es prevenir una salida sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre», reiteró el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, e insistió que hasta entonces no habrá elecciones.

Julio Sánchez y Tepoz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que tiene el registro de 615 solicitudes para obtener permiso para el uso recreativo de la marihuana, luego de que tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dispararon las peticiones.

«Suman 615 solicitudes para consumo recreativo de marihuana. Actualmente no tenemos la facultad para otorgar los permisos de siembra y uso recreativo», manifestó el titular de Cofepris en entrevista con Grupo Fórmula.

Cabe recordar que este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobó con 4 votos a favor y uno en contra, dos amparos más que permiten el uso y el cultivo de la marihuana con fines recreativos a quien solicite un permiso.

En tanto, Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena, ya prepara una iniciativa de ley que busca regular el uso recreativo de la marihuana, además de que cuando se dio a conocer dicha decisión de la SCJN, la celebró y recalcó que con ello «se abre la puerta a eliminar de la prohibición absoluta el consumo recreativo de marihuana y se marca un precedente maravilloso para que caminemos en ese rumbo, en esa vía».

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos, determinó que la familia del joven mexicano Sergio Adrián Hernández, quien murió en 2010 en el límite fronterizo, no tiene derecho a pedir una indemnización al agente de la patrulla fronteriza estadounidense que le disparó.

 

El Tribunal de Apelaciones del Distrito Quinto, con sede en Nueva Orleans, emitió anoche su sentencia, la cual ha sido difundida este miércoles.

 

La Corte determinó que la familia no tiene derecho a acogerse a la Constitución para pedir una indemnización por la muerte de Hernández, quien falleció en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos por los disparos del agente fronterizo Jesús Mesa, que estaba en el lado estadounidense de la frontera.

 

«Porque Hernández era un ciudadano mexicano sin lazos con este país y porque su muerte ocurrió en territorio mexicano, la idea de que podría beneficiarse de algún derecho ‘constitucional’ plantea nuevas cuestiones controvertidas», expresó el tribunal de apelaciones.

 

Los jueces, en su fallo, no evaluaron el comportamiento del agente fronterizo, sino si la Constitución estadounidense tiene validez en esa «tierra de nadie» de la frontera entre México y Estados Unidos, donde no existe una línea que pueda delimitar exactamente la jurisdicción de cada país.

 

Determinaron que, como no existe jurisprudencia sobre el alcance de la Constitución para ciudadanos extranjeros, la familia de Hernández no tiene derecho a demandar al agente fronterizo, que no ha sido juzgado por Estados Unidos ni extraditado a México para enfrentar allá cargos criminales.

 

En su escrito, los jueces reconstruyen lo que sucedió el 7 de junio de 2010, cuando Mesa mató de un disparo en la cabeza a Hernández, que entonces tenía 15 años y se encontraba en el «Puente Negro», que une a la ciudad de El Paso Texas, Estados Unidos con Ciudad Juárez, México.

 

 

Con información de EFE 7 Foto: CBS News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta mañana que la construcción de las secciones de un muro fronterizo que California quiere levantar tendrán que esperar la aprobación de toda la barrera en la frontera con México.

 

 

«He decidido que las secciones del Muro que California quiere que se levanten AHORA no se construirán hasta que se apruebe todo el Muro», escribió Trump en Twitter.

Se refirió al fallo del juez de dicho estado, y dijo que era una gran victoria que le permite a su administración proceder. «¡NUESTRO PAÍS DEBE TENER SEGURIDAD FRONTERIZA!», agregó el mandatario.

Recordemos que la tarde de ayer, un juez de Estados Unidos se alineó con el gobierno de Trump y rechazó un intento del estado de California y de grupos ambientalistas para evitar la construcción de un muro en la frontera con México.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) resolvió que Estados Unidos ajustó en 2016 las medidas relacionadas con el etiquetado «dolphin safe» (delfines protegidos) en las latas de atún, con lo que ya discrimina las importadas de México, situación que el gobierno mexicano había señalado.

 

«El día de hoy, la Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió un fallo inicial para México, de acuerdo con el cual las reglas de etiquetado de atún “Dolphin-safe” de Estados Unidos (EE.UU.) ya no discriminan a los productos de atún mexicano, después de las últimas modificaciones que este país realizó a dichas reglas, en marzo de 2016», informó la Secretaría de Economía (SE) en un boletín.

 

No obstante: «Este fallo no es definitivo, por lo que será apelado por nuestro país», agregó el texto.

 

En octubre de 2008, México inició un procedimiento de solución de diferencias ante la OMC en contra de las reglas estadounidenses de etiquetado de atún «dolphin safe». De acuerdo con México, este etiquetado impedía la «comercialización efectiva» de los productos de atún mexicano en el mercado de Estados Unidos.

«México no coincide con el razonamiento jurídico del fallo de la OMC, por lo que, dentro del plazo previsto por las reglas de esta misma organización, nuestro país apelará dicho fallo», agregó la dependencia.

Luego del anuncio que hiciera el líder nacional del PAN sobre el fallo de un juez a su favor por la demanda que presentó contra El Universal, el diario mexicano respondió a dichas afirmaciones e indicó que la sentencia del juez no refiere que la información que publicó sea falsa.

 

 

«EL UNIVERSAL va a recurrir ante un Tribunal Unitario a presentar una apelación, porque en la sentencia del juez federal Décimo Cuarto de Distrito en la Ciudad de México refiere que la información sobre el patrimonio de Anaya y su familia es inexacta, pero no es falsa», tal como lo afirmara el dirigente blanquiazul.

 

El diario indicó que «las aseveraciones que vierte Ricardo Anaya en el sentido de que un juez federal le dio la razón resultan imprecisas porque la resolución no es definitiva y se encuentra pendiente de apelación, que desde luego será promovida por El Universal».

Se finalizó el comunicado indicando que «será un Tribunal Unitario en materia civil el que revise la legalidad del fallo».

 

El Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, decretó un receso en la sesión de este viernes 14 de julio para analizar un engrose presentado sobre los dictámenes de ingresos y gastos de partidos políticos y candidatos independientes de las campañas en las entidades que tuvieron elección el pasado 4 de junio.

 

El principal punto que queda pendiente, es la resolución que den a los rebases del tope de gastos de campaña en la elección de Coahuila, en donde previamente y de acuerdo a la La Unidad Técnica de Fiscalización del instituto se concluyera que el PRI y el PAN rebasaron en más de 5% los montos estipulados para las campañas de gobernador.

 

 

Tras decretar el receso, el Consejero Presidente declaró: “El día de hoy, al arranque de la discusión sobre el primero de los dictámenes de gastos de campaña correspondiente al estado de Nayarit, se circuló en la mesa del Consejo un engrose, cuyo contenido no es del conocimiento de ninguno de los miembros del Consejo; lo mismo ocurrirá para los casos de Veracruz, Coahuila y el Estado de México”.

Agregó que “lo que hemos hecho es decretar este receso para darnos un tiempo para poder analizar la información y la documentación que la Unidad de Fiscalización ha puesto sobre la mesa. Nos hemos abierto este espacio para poder analizar con seriedad todos los miembros del Consejo estos documentos y poder reanudar la sesión el próximo lunes”.

 

Se indicó que la discusión sea retomada el próximo lunes 17 de julio a las 10:00 de la mañana.

 

Foto: Twitter