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Al ser cuestionado sobre las acusaciones de la oposición sobre un supuesto pacto para devolver los bienes a Elba Esther Gordillo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no hace acuerdos ‘en lo oscurito’ y no se presta a eso.

“Nosotros actuamos a partir de principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral porque sabemos que de esa manera se puede tener autoridad política, no somos iguales a los conservadores y a sus voceros, somos distintos, no hacemos nosotros acuerdos en lo oscurito, no nos prestamos a ninguna componenda, no estamos al servicio de ningún grupo de interés creado”, afirmó el tabasqueño.

“Es un Gobierno nuevo que surge del pueblo y que tiene como propósito acabar con la corrupción, la impunidad, con el influyentismo con todas las lacras de la política, se trata de ir entre todos, aunque no lo quieran los conservadores, (hacia) la transformación de México, la cuarta transformación del País”, dijo.

Y agregó que la información del pacto con Gordillo “es una  ‘volada’ que inventó el periódico Reforma”.

Y es que ayer, actores políticos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, consideraron, tras darse a conocer la noticia de la devolución de bienes a la maestra, producto del fallo de un Juez Federal, que es una muestra de que el Gobierno de López Obrador no combate la corrupción y antepone la alianza que tejió con la ex lideresa magisterial en los pasados comicios.

A Gordillo se le devolvieron 7 cuentas bancarias, 3 inmuebles, un lote de libros, obras de arte y 3 vehículos, entre ellos uno de colección modelo 1936, luego de que la Fiscalía cerró todas las averiguaciones en su contra.

La Fiscalía General de la República devolvió a la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, todos los bienes a su nombre, asegurados cuando fue detenida en 2013.

Esto, al cerrarse todas las averiguaciones previas en su contra por falta de elementos, los cuales estaban dictados en dos indagatorias de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (Seido), según lo informó Marco Antonio del Toro, abogado de Gordillo.

“Al haber concluido los procesos penales, se promovió también por vía de amparo la cancelación de aseguramiento de bienes por inexistencia de delito, mismo que resultó favorable. Actualmente no existe ningún asunto activo en contra de la maestra ni posibilidad del ejercicio de la acción penal, razón por la cual se trata de un asunto totalmente concluido, la maestra ya no enfrenta ninguna acusación penal”, dijo el abogado.

De acuerdo con el periódico Reforma, a la exlideresa magisterial le entregaron 7 cuentas bancarias, 3 inmuebles, un lote de libros, obras de arte y 3 vehículos, entre ellos uno de colección: un Chrysler DeSoto, modelo 1936, según fue el fallo del juez federal Antonio González, dictado el 2 de abril.

Respecto a los inmuebles, se trata del departamento de Galileo 7, en Polanco, donde estuvo en prisión domiciliaria. Además, también fue devuelto el menaje y las obras de arte que estaban en su interior.

Durante un evento en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en Saltillo, Coahuila, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, habló sobre las anomalías que imperaron en Pemex, y en especial de las acciones de uno de sus ex directores, Emilio Lozoya.

“Hay un caso de un director de esta empresa, cuyo nombre no quiero acordarme, se apellida Lozoya, que cobraba por cada cita que, se llegara o no a un arreglo con la empresa, con Pemex”, declaró Nieto.

El funcionario federal señaló que Lozoya cobraba, tanto a empresarios como a políticos que buscaban una reunión con él, entre 50 mil y un millón de pesos “por cita”.

Santiago Nieto dijo que dichas prácticas no son compatibles con ningún sistema de “corte democrático”, y dijo que dichas prácticas serían entendibles en países como Uganda, pero no en México donde hoy se vive la consolidación de la democracia.

Recordemos que Nieto fue destituido de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), por declarar que Lozoya habría ejercido presión para que se le declarara inocente en torno a la investigación que se sigue en nuestro país sobre el caso Odebrecht.

Las declaraciones de Nieto surgen a la par de que un Tribunal Federal resolviera negarle un amparo a Emilio Lozoya, con el cual buscara impedir la elaboración de versiones públicas de las averiguaciones previas en torno al caso de los sobornos de la empresa brasileña.

Y es que el amparo buscaba que se clasificara todo lo relacionado a las investigaciones como reservado, y no solo los datos personas de Lozoya como había sido informado.

El Tribunal resolvió que, al ser un asunto de corrupción a gran escala, por encima de cualquier interés particular se debía privilegiar el interés público y general, por lo que la ahora Fiscalía General de la República (FGR) deberá elaborar dichas versiones públicas.

Alejandro Gertz Manero, el fiscal General de la República, se mantendrá en el cargo, a pesar de los rumores que circulaban en las redes sociales sobre su posible renuncia por cuestiones de salud.

De acuerdo con el diario El Universal, el fiscal continuará con sus actividades agendadas sin ningún problema.

Asimismo, se informó que el funcionario mantendrá reuniones con personal de la institución.

Fuentes cercanas a la FGR han declarado que las versiones difundidas sobre la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero es completamente falsa.

Además, aseguraron que lo dicho por el periodista de El Heraldo de México, Alejandro González, que publicó en su columna que Gertz Manero tenía una enfermedad crónico-degenerativa no era cierto.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo sobre la detención de dos presuntos integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, que es liderado por José Antonio Yépez, “El Marro”.

La dependencia señaló que derivado de la obtención de dos órdenes de aprehensión, en coordinación con elementos de Policía Federal (PF), se detuvo a los dos hombres por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, específicamente en el huachicoleo.

Los detenidos son: Jesús Alberto Hidalgo Montejo, alias “El Flaco”, y Martín Rosas Patiño, mejor conocido como “El Bala”, a quienes se logró identificar gracias a los trabajos de investigación de gabinete y campo.

Las detenciones se realizaron en dos acciones simultaneas, en la Ciudad de México y en Guanajuato. “El Flaco” es identificado por el gobierno federal como uno de los dirigentes y supervisores del cártel.

La FGR indicó que los detenidos fueron puestos a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) revelar datos relacionados con la ubicación de fosas clandestinas en la Ciudad de México, durante el periodo comprendido entre 1998 y noviembre de 2018.

Durante sesión del pleno, el comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló que un particular pidió la fecha y domicilio exactos, así como el estado en el que fueron encontrados los restos; sexo, edades; si fueron identificados, si se les practicaron pruebas de ADN y si los restos fueron entregados a sus familias.

De la misma forma, se solicitó dar a conocer la ubicación de los cuerpos o restos y el número de averiguación previa o carpeta de investigación abierta en los casos.

En respuesta, la FGR informó que la Dirección General de Especialidades Médico Forenses sólo localizó información estadística en la capital de 2008 a 2014, desglosada por fecha, estado, municipio/localidad, fosas, cuerpos y sexo.

Ante dicha respuesta, el solicitante se inconformó porque no se entregó la información completa, ya que faltó el nivel de detalle solicitado como la dirección y el lugar exacto de las fosas clandestinas encontradas en la Ciudad de México y los datos de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

“En México a estas alturas, es increíble que no se pueda conocer el número de fosas clandestinas y no tener la información. En términos de derechos humanos es terrible que las autoridades competentes no cuenten con datos, principalmente para los familiares de las víctimas “, subrayó el comisionado Guerra Ford en un comunicado del Inai.

De la misma forma, destacó que en la Ciudad de México se debe contar con la información completa de todo tipo de delitos y, por lo cual lamentó que aparte de estos terribles acontecimientos que suceden en México de forma cotidiana, no se tenga la investigación final.

Derivado de esta situación y por unanimidad del pleno, el Inai determinó modificar la respuesta de la FGR, y le instruyó a hacer una nueva búsqueda en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales; la de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, para informar la dirección y el lugar exacto de las fosas clandestinas en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación el manual que regula las remuneraciones salariales de los trabajadores de dicha dependencia.

De acuerdo con el escrito oficial, si las tareas que desempeñen los funcionarios de la Fiscalía son especializadas y con técnicas calificadas, el personal podrá ganar más que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es decir, un sueldo superior a los 108 mil pesos mensuales.

El manual clasifica once niveles salariales para el personal operativo, un tabulador especial para el grupo que ocupa plazas de especialidad técnica o profesional, así como para los puestos jerárquicos, considerados servidores públicos de mando superior, mando medio y de enlace de la FGR.

Además, contempla, en su artículo 25, un seguro de gastos médicos mayores para los servidores contratados en puestos especializados y técnicos calificados.

El documento señala que la FGR es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de perseguir los delitos del orden federal.

 

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La Fiscalía General de la República entregó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) dos contratos que confirman que la dependencia anterior, la Procuraduría General de la República, pagó por el uso de licencias de Pegasus en 2016 y 2017.

Pegasus es el software con el que fueron espiados al menos 15 defensores de derechos humanos, legisladores y periodistas.

Esto quiere decir que la PGR lo utilizó, por lo que el INAI pidió a la Fiscalía y a la Auditoria Superior de la Federación que investiguen quiénes usaron este programa que permite obtener información detallada, así como audio y video en tiempo real, de los celulares de las víctimas.

Y también que garanticen que ya fue desinstalado de las áreas de espionaje.

“Nos hizo llegar de último momento, de última hora, que había evidencias, que había encontrado dos contratos, por un monto, uno en 2016 y otro en 2017, por un monto de 200 millones de pesos, que se suman a los 600 y tantos millones de pesos que el Estado mexicano, a través de la PGR invirtió en el 2014. Durante toda la fase de investigación, hubo una negación de la PGR a que hubiera vestigios de algo más”, señaló Javier Acuña, presidente del INAI.

El INAI encontró indicios de que funcionarios de la otrora Procuraduría General de la República (PGR) hicieron mal uso de dicho programa e incumplieron la protección de datos personales.

Al presentarse la resolución sobre el proceso de verificación de oficio que inició el 23 de noviembre pasado a la Procuraduría, dijo que dará vista al Órgano Interno de Control de la Fiscalía y a la Auditoría Superior de la Federación para que se investigue y sancione a los funcionarios involucrados en la operación del software.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, informó que logró auto de vinculación a proceso contra un hombre, por su probable responsabilidad en un delito de contra la salud.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) detectaron que un hombre procedente de Lima, Perú, probablemente tenía cápsulas de látex con cocaína en el estómago.

Al percatarse de la situación, el sujeto fue asegurado y trasladado a un hospital donde bajo asistencia médica se recuperaron 30 envoltorios con la sustancia.

El individuo quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF) quien tras integrar la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de contra la salud, en su modalidad de introducción al país del estupefaciente clorhidrato de cocaína, determinó llevar al detenido a audiencia de control de detención que se desarrolló ante la autoridad competente en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente.

Una vez que se calificó de legal la detención, el MPF formuló la imputación correspondiente y posteriormente se otorgó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se determinó su vinculación a proceso, fijándose tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la información del caso de presunta corrupción de Odebrecht en México, respecto a diligencias, declaraciones patrimoniales y los dichos de funcionarios, se mantendrá reservada porque los datos se encuentran “bajo la protección de la reserva del debido proceso”.

Lo anterior, pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha ordenado en seis ocasiones que la entonces Procuraduría General y la ahora Fiscalía informen sobre la investigación, por el interés público que representa el caso de presuntos sobornos millonarios.

En un comunicado, la Fiscalía General hizo un recuento del caso Odebrecht y confirmó que el Ministerio Público de la Federación ha promovido tres juicios de amparo para no abrir los datos, luego de que ciudadanos interpusieran recursos de revisión ante el INAI y obtuvieran resoluciones a favor.

El 29 de enero pasado, apuntó la Fiscalía, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva, “para que no se dé la información solicitada en los autos del Juicio de Amparo 1386/2018-V, promovido por el Agente del Ministerio Público de la Federación encargado del asunto y para que los Comisionados del INAI se abstengan de exigir el cumplimiento de la resolución del 02 DE OCTUBRE DE 2018″.

En su boletín, la Fiscalía señaló que la entonces PGR tomó declaración a 3 exfuncionarios de la constructora Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Weyll e Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho, “quienes realizaron diversos señalamientos que se encuentran bajo la protección de la reserva del debido proceso”.

El 4 de mayo de 2017, agregó, “se recabaron entrevistas de tres funcionarios de Odebrecht en México (HELDER ANTONIO CAMPOMIZZI, actualmente Coordinador de licitaciones en la empresa Odebrecht México. JOSE VITO FACCIOLLA JUNIOR, Director de Proyectos en la empresa Odebrecht México y GUILLERMO ANTONIO SUAREZ SOLÍS, Representante Legal de Odebrecht México)”.

Estos funcionarios, apuntó la Fiscalía, aportaron diversos datos de prueba en relación a la investigación PEMEX-Odebrecht”, pero esos datos tampoco serán revelados, para respetar el debido proceso que señala el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que debe transparentarse la información del caso Odebrecht, aunque por otro lado la Fiscalía General, ya con el nuevo gobierno, ha mantenido los recursos legales para reservar la información.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, nombró este viernes a José Agustín Ortíz Pinchetti como fiscal electoral.

Además, también nombró a María de la Luz Mijangos Borja como fiscal anticorrupción.

Gertz Manero comunicó la decisión al Senado en un escrito leído ante el pleno por el presidente de esa cámara, Martí Batres.

Se trata de un gesto de cortesía, ya que según expresó en el documento, por ley tiene la facultad de designar a los titulares de las fiscalías especializadas, pero según el compromiso que adquirió con legisladores de todas las fuerzas políticas cuando fue nombrado Fiscal General de la República, hizo llegar los nombramientos, junto con los currículums correspondientes.

Ortíz Pinchetti es abogado. Fue asesor jurídico en dependencias como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda. Fue secretario de Gobierno en el Distrito Federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Está casado con Loretta Ortiz, quien está en la terna del presidente para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mijangos Borja es doctora en Economía del Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM durante 10 años.

Entre 2008 y 2009, encabezó la Unidad de Enlace de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Fue asesora del consejero electoral Benito Nacif.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) planteó la existencia de un Fiscal de Transición que permitiría que la transformación de la PGR a la FGR lleve su ritmo, y se lleve a cabo una transformación exitosa.

“Proponemos un Fiscal de Transición que esté en funciones hasta Septiembre de 2021, y que al concluir su mandato, daría paso al primer Fiscal General de la República de período completo, que estaría en funciones de forma transexenal”, indicó en conferencia de prensa el Presidente Nacional de Confederación, Gustavo de Hoyos Walther.

Señaló que en caso de aceptarse dicha propuesta, podría preverse inmediatamente el nombramiento de un Fiscal de transición que surja de una terna propuesta por el Presidente de la República al Senado, y aclaró que estaría en el cargo hasta esa fecha y sólo podría ser removido por mayoría calificada del Senado, a propuesta del Ejecutivo.

El planteamiento se hizo en el marco de la presentación de la campaña para recolectar al menos 117 mil firmas, que es el requisito legal para activar el proceso legislativo, a partir de la Iniciativa Ciudadana que busca modificar del Artículo 102 de la Constitución.

Explicó que con el uso de una aplicación electrónica creada por el Instituto Nacional Electoral (INE), se recolectarán los apoyos para conformar una Fiscalía General de la República que sea “verdaderamente autónoma del Poder Ejecutivo, y opere de forma independiente y eficaz”.

El Presidente de la Coparmex destacó que la iniciativa #Reforma102 abre una posibilidad de corregir las fallas e insuficiencia de las modificaciones legales que se realizaron en 2014, tales como una autonomía limitada respecto del Ejecutivo, partiendo de procedimientos de eficacia limitada en la designación y separación del Fiscal General.