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Allen Weisselberg, el ex director financiero de la Organización Trump, se declaró este jueves culpable por haber conspirado durante años con la empresa en una trama de fraude.

Weisselberg, que trabajó durante décadas para el negocio del expresidente estadounidense Donald Trump, y que está considerado como uno de sus colaboradores más fieles, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y será sentenciado a cinco meses de cárcel, cinco años de libertad condicional y al pago de casi 2 millones de dólares a las arcas públicas.

Además, el ejecutivo se compromete a declarar si así se le solicita durante el juicio por fraude fiscal al que se enfrenta la Organización Trump y que arrancará el próximo 24 de octubre.

«Hoy Allen Weisselberg admitió ante la Corte que usó su posición en la Organización Trump para estafar a los contribuyentes y enriquecerse», dijo en un comunicado el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien destacó que la declaración de culpabilidad «implica directamente a la Organización Trump en una amplia gama de actividades delictivas».

Bragg consideró que el testimonio del exjefe financiero será «de valor incalculable» durante el juicio contra la compañía y dejó claro que las investigaciones sobre la empresa y sobre el propio expresidente continúan.

Weisselberg se declaró culpable de los 15 cargos que se le habían imputado y que incluyen delitos de fraude fiscal, conspiración y falsedad documental. Reconoció haberse embolsado más de 1.7 millones de dólares por los que no pagó impuestos, tal y como aseguraban los fiscales.

Recordemos que la empresa de Trump y el directivo fueron acusados el pasado verano de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal, en la que supuestamente pagaban a ejecutivos «por debajo de la mesa», dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que se pudiese reducir el pago de impuestos.

El caso es fruto de las amplias investigaciones a las que ha sido sometida en los últimos años la Organización Trump, pero en él no está imputado el expresidente, que tiene abiertos numerosos frentes legales tanto por sus negocios como por sus acciones durante y después de su paso por La Casa Blanca.

Luego de conocerse la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Campeche a la Cámara de Diputados, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utilizan las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores.

“Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, afirmó Alito Moreno en un video que compartió en sus redes sociales.

“A los tiranos hay que enfrentarlos”, dijo el dirigente priísta al recordar que lo han perseguido, espiado y han amenazado, y ahora solicitan su desafuero como diputado federal.

El priísta sostuvo que de Morena no espera justicia, sino «venganza». «Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo”, dijo. Reiteró que confía en las instituciones y en el marco legal del país, a pesar de que Morena y el gobierno pretendan pisotear para silenciar a quienes señalan el desastre que han generado.

Además, el líder nacional del tricolor aseguró que no tiene nada que ocultar. “Esta maniobra es congruente con las dictaduras del mundo y es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país”, indicó. Añadió que lo único que se puede esperar de Morena es odio, venganza, destrucción.

Ayer, el titular de la Fiscalía de Campeche, Renato Sales Heredia, presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de la entidad.

«Lo que constituye el delito de enriquecimiento ilícito precisamente es la desproporción ente los ingresos devengados y lo que se declara patrimonialmente y las propiedades ya valuadas», dijo el fiscal, al recordar que tan solo la mansión de Moreno en Campeche tiene un valor de 130 millones de pesos.

Renato Sales precisó que los audios que reveló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en diversas entregas de sus Martes del Jaguar, no forman parte de la solicitud de declaratoria de procedencia, por lo que negó una actuación de carácter político.

Fue el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien recibió la petición de desafuero, para turnarla a la Secretaría General para su resguardo, pues recordó que es la Sección Instructora la encargada de procesar las peticiones de desafuero.

Un médico cubano fue asesinado a tiros en un hospital en el Estado de México, confirmaron autoridades locales.

El doctor, cuyo nombre no fue divulgado, pero que una mujer que se identificó en Facebook como la hermana del médico lo identificó como Ernesto Oliva Legra, fue asesinado el viernes junto con una enfermera y otra mujer en un hospital de Ecatepec, precisaron las autoridades esta semana.

El crimen ocurre en medio de críticas al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de traer a médicos cubanos a zonas donde no hay médicos disponibles, principalmente por ser plazas en localidades peligrosas o remotas.

El médico cubano asesinado en el municipio mexiquense al parecer llevaba tiempo en el país y no era parte del programa actual.

Sin embargo, su muerte despertó interrogantes sobre si algunas zonas de México son demasiado peligrosas para los médicos cubanos al igual que para los nacionales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dijo que dos hombres armados irrumpieron en el hospital en la madrugada del viernes y preguntaron en la recepción por una paciente. Al no poder ubicarla, los individuos obligaron a la recepcionista a abrir la puerta de una zona médica del segundo piso, donde abrieron fuego, matando a la enfermera y a otra mujer, e hiriendo al médico.

El médico falleció a causa de las heridas en otro hospital donde era atendido. La prensa local reportó que la otra víctima era una mujer que estaba visitando a un familiar en tratamiento. Anteriormente, miembros de pandillas han irrumpido en hospitales para matar a rivales heridos.

En julio, graduados de la Facultad de Medicina y otros residentes protestaron en todo el país luego del asesinato a tiros a mediados de mes de Erick David Andrade, un pasante de 24 años de edad que estaba atendiendo a un paciente en Durango.

Andrade estaba por terminar el «servicio social» exigido a todo estudiante de medicina antes de poner ingresar a una residencia o pasantía. Días antes, el 11 de julio, una anestesióloga fue asesinada a tiros en su vivienda en Chihuahua.

Críticos han presentado recursos judiciales contra el plan de contratar a más de 500 médicos cubanos, de los cuales más de 100 ya han llegado a México y están trabajando en los estados de Nayarit y Colima.

Una de las demandas sostiene que el gobierno no ha demostrado que los médicos cubanos tienen la capacidad o el entrenamiento para trabajar en México, y que la mayor parte del salario de los médicos terminará en las arcas del gobierno cubano.

Trece muertos dejó un enfrentamiento armado entre elementos de la policía y presuntos delincuentes en San Luis Potosí, confirmaron este viernes las autoridades estatales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado dijo en un comunicado que el hecho ocurrió la tarde de ayer en un inmueble de la localidad de Vaqueros del municipio de Rayón, donde agentes de la policía se encontraron durante un operativo con un grupo armado y se registró un intercambio de disparos.

En el enfrentamiento fallecieron 10 hombres y tres mujeres, que según las autoridades pertenecían a una célula de la delincuencia organizada de Rayón.

La Fiscalía General estatal dijo en un comunicado que en la operación fueron incautados armamento, equipo táctico bélico y vehículos.

Añadieron que lograron ubicar el inmueble donde estaba el supuesto grupo delictivo gracias a labores de inteligencia realizadas tras la detención de cuatro personas que inhumaban clandestinamente a un agente de la guardia civil de San Luis Potosí y un familiar, precisó la Fiscalía estatal.

Por otra parte, en un camino rural del municipio Quechultenango, en Guerrero, fueron localizados este viernes los cuerpos baleados de seis hombres, informó en un comunicado la Fiscalía General estatal. Cerca de los cuerpos se encontraron dos cabezas humanas.

A unos metros de los cadáveres fue hallada una camioneta quemada con múltiples perforaciones de bala.

Estos hechos se registran mientras México enfrenta una creciente espiral de violencia, pese a que el gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insisten en que la estrategia de seguridad de su gobierno, abrazos no balazos, está dando resultados y van a la baja delitos como el homicidio.

«Estoy absolutamente convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no bastan las medidas coercitivas, esa es una visión conservadora, autoritaria», dijo López Obrador en una de sus recientes conferencias.

El canciller Marcelo Ebrard llegó este jueves a Bolivia invitado por el presidente Luis Arce, para discutir una eventual alianza bilateral para la industrialización del litio boliviano.

«Este viaje corresponde al interés de lograr una extensa colaboración en litio, para lo cual fui invitado a conocer Uyuni, el mayor desierto de sal en el mundo con importantes reservas de litio… Este metal estratégico coloca a Bolivia en primer lugar mundial de reservas y a México en el décimo», escribió Ebrard el jueves en una columna publicada en el diario boliviano La Razón.

Ebrard tenía previsto una rueda de prensa con su colega boliviano Rogelio Mayta antes de viajar a la ciudad de Sucre, la capital histórica de Bolivia, para participar de una celebración patria como invitado de honor.

El titular de la SRE recordó que Bolivia y México tienen una relación diplomática de 190 años que alcanzó su pico cuando el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le concedió el asilo al expresidente boliviano Evo Morales en 2019 tras su renuncia después de unas fallidas elecciones denunciadas como fraudulentas por la OEA, lo que detonó un estallido social que dejó 37 muertos.

A su vez, Arce fue un aliado de su par mexicano en el reclamo por la exclusión de los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba por parte de Estados Unidos a la Cumbre de las Américas celebrada en California en junio pasado.

A pesar de sus enormes reservas, Bolivia no ha podido consolidar una industria del litio. Arce se ha propuesto activarla tras 14 años de escasos avances que han rezagado a Bolivia frente a sus vecinos Chile y Argentina.

El gobierno boliviano impulsa la construcción de una planta para producir carbonato de litio a nivel industrial hasta 2024 para lo cual ha seleccionado como eventuales socios a seis compañías transnacionales: una estadounidense, cuatro chinas y una rusa.

El encuentro con Ebrard se pridujo luego de que Castillo acudió al Ministerio Público para declarar ante la Fiscal General en un caso de presunta corrupción.

Rodeado de sus abogados y decenas de policías antimotines Castillo acudió a la cita de la Fiscal General, Patricia Benavides, quien lo investiga por supuesta corrupción en el manejo de ascensos de oficiales de las fuerzas armadas en 2021.

Previamente, a través de sus abogados, Castillo pidió ser interrogado en el palacio presidencial, pero la Fiscal General aclaró más tarde que el presidente era un investigado, por lo que no podía escoger dónde ser interpelado y debía acudir a la fiscalía.

El presidente dijo en su cuenta de Twitter que se dirigía a la fiscalía para defender su «inocencia y colaborar siempre con la justicia». En su caminata el mandatario saludó a decenas de simpatizantes que gritaban «Cierra el Congreso» y «Prensa corrupta». En otro extremo, otro grupo menos numeroso lo abucheaba y coreaba «Castillo ya fuiste, por rata te jodiste».

La investigación por la que el mandatario es interrogado partió de una denuncia de irregularidades presuntamente cometidas en 2021 en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

En noviembre el ahora exjefe del Ejército, José Vizcarra, dijo en el Parlamento que recibió presiones de los entonces secretario presidencial, Bruno Pacheco, y ministro de Defensa, Walter Ayala, para ascender a militares cercanos al gobierno. Castillo ha negado las acusaciones.

Sobre el mandatario pesan cinco investigaciones fiscales, la mayoría por corrupción y una por el presunto plagio de su tesis de maestría. La Fiscal General sostiene la hipótesis de que el presidente es el líder de una organización criminal que recibía dinero de licitaciones de obras públicas.

La Fiscal incluye en el grupo al exsecretario presidencial y al sobrino del mandatario y a un exministro de Transportes que están prófugos.

Castillo es el primer presidente peruano investigado mientras está en funciones. Casi todos los expresidentes de las últimas décadas están bajo investigación judicial, un exmandatario está sentenciado y otro en proceso de extradición desde Estados Unidos.

La Fiscalía de Jalisco puso en duda la hipótesis del feminicidio de una activista que murió el pasado 19 de julio a causa de graves quemaduras.

En rueda de prensa, el fiscal Luis Méndez hizo un recuento de los movimientos que realizó Luz Raquel Padilla el 16 de julio, cuando según un reporte policial, citado inicialmente por su despacho, fue prendida en fuego por cuatro personas que previamente le rociaron alcohol.

Citando a testigos y exhibiendo imágenes de videovigilancia, el fiscal dijo que ese día Padilla, de 35 años, compró dos botellas de alcohol en una farmacia, y luego un encendedor en otro negocio de la localidad de Zapopan.

«Tenemos una entrevista (…) por parte de una persona que nos reconoce y nos señala a Luz Raquel como a la misma persona que le vende las dos botellas con alcohol», indicó el funcionario, quien añadió que también cuentan con una entrevista por parte de la persona que reconoce haberle vendido un encendedor, que concuerda con las características del que fue localizado en la escena.

Según Méndez, posteriormente Padilla fue vista envuelta en llamas, pidiendo auxilio, en un parque por feligreses que salían de misa, algunos de los cuales intentaron auxiliarla.

La mujer, madre de un niño autista e integrante de un colectivo de cuidadores de personas con necesidades especiales, murió por las quemaduras que sufrió en el 90% del cuerpo.

Pese a lo que organizaciones han señalado como un intento de querer culpar a la activista por su propia muerte, el fiscal evitó hacer interpretaciones sobre el caso, que es investigado como un posible feminicidio.

«La intención jamás es revictimizar o criminalizar a nadie», dijo Méndez Ruiz. «La persona que está detenida también tiene derechos», añadió.

Padilla había denunciado a su expareja por violencia familiar, y en mayo a un vecino por amenazas mediante pintadas en las paredes del edificio donde vivía.

«Te voy a quemar viva», señalaba uno de esos mensajes difundido por la mujer en sus redes sociales. Tras ser detenido, el hombre fue acusado la semana pasada por la fiscalía de amenazas en relación con la denuncia de Padilla.

La muerte de Padilla, atribuida originalmente a una agresión, fue condenada por diversas instancias y organizaciones, como la oficina en México de ONU Mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Cámara de Diputados y organizaciones de derechos humanos que evocaron la crisis de feminicidios que vive en país desde la década de 1990.

El domingo, Margarita Seceña, de 31 años, murió tras haber sido quemada por familiares el pasado 1 de julio en medio de una disputa económica en Morelos.

El gobierno federal ha resaltado que la tasa de homicidios ha disminuido ligeramente, de 36,700 en 2020 a poco más de 35,600 el año pasado, según datos dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INEGI).

A pesar de que la tasa de asesinatos de hombres cayó un poco, la de mujeres se mantuvo estable y la desconfianza hacia las autoridades permanece.

Autoridades de la Ciudad de México aseguraron este martes un cargamento de al menos 1.6 toneladas de cocaína proveniente de Colombia, lo que supone el mayor decomiso de esta droga en la capital del país, confirmó la Secretaría de Seguridad.

«Estaríamos hablando por mucho del mayor aseguramiento de cocaína en la Ciudad de México», superando un decomiso de una tonelada ocurrido hace un año, dijo el titular de la SSC, Omar García Harfuch.

Señaló que el cargamento fue descubierto por agentes de la policía capitalina y elementos de la fiscalía cuando era transportado en dos tráileres por una autopista, en los límites con el Estado de México.

La droga se hallaba en compartimientos ocultos, añadió García Harfuch, indicando que otro vehículo que escoltaba a los camiones también fue asegurado.

Según las primeras investigaciones, el cargamento provenía de Colombia y fue trasladado por mar hasta Puerto Escondido, Oaxaca. El trayecto continuó vía terrestre hasta la Ciudad de México, donde se tenía previsto distribuir una parte de la cocaína en el barrio de Tepito, y luego seguir tránsito hasta su destino final en Los Ángeles, Estados Unidos, precisó el funcionario.

Cuatro personas originarias de Durango fueron detenidas en el operativo, de las cuales tres tienen antecedentes penales.

García Harfuch anticipó que los detenidos pertenecerían a una organización criminal que opera en Durango y en Sinaloa.

Este es el segundo gran operativo contra cárteles del narcotráfico que tiene lugar en Ciudad de México en lo que va de julio. Hace dos semanas, un fuerte despliegue policial en el sur de la ciudad culminó con la detención de 14 sospechosos, dos víctimas de secuestro liberadas, además de la incautación de armas y drogas.

De los detenidos, cuatro fueron liberados. Los restantes permanecen en prisión bajo sospecha de pertenecer al poderoso cártel de Sinaloa.

En la conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que este «golpe al narcotráfico» fue el resultado de la coordinación entre el gobierno federal y gobierno local.

«La Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo en este caso una coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Defensa y la Marina», añadió Sheinbaum.

En las próximas horas, los cuatro detenidos serán presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica, mientras que la droga quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México.

La exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, no comparecerá ante las autoridades por el derrumbe de la Línea 12, pues el Ministerio Público capitalino afirmó que hacerlo podría violar sus derechos humanos.

La representante el Ministerio Público indicó que la Fiscalía debe explorar todas las líneas de investigación para evitar el “detrimento de los derechos de la víctima, de la defensa, y desde luego de cualquier persona que pueda ser citada para emitir una entrevista”.

A inicios de mes, el abogado Teófilo Benítez Granados, quien representa a 13 víctimas del derrumbe de la Línea 12 del Metro, obtuvo una orden para que el Ministerio Público ampliara la investigación en torno al accidente, lo cual involucraba citar a comparecer a ex directivos del Metro y funcionarios del gobierno capitalino, entre ellos Florencia Serranía, quien se encontraba al frente del Sistema al momento de los hechos.

Sin embargo, fue el abogado quien alertó sobre el empeño del gobierno capitalino por querer seguir protegiendo a Serranía de responder a cuestionamientos sobre los hechos.

“No puedo creer que la Ministerio Público nos esté pidiendo justificar el por qué pedimos la comparecencia de Florencia Serranía, ya que dice que estamos actuando en detrimento a sus derechos humanos de Serranía, entonces yo le pregunto a la Ministerio Público ¿Las víctimas no tienen derechos humanos? ¿De qué lado está la Ministerio Público, del lado de la justicia, de su política, o de no molestar a la amiga de su jefa?”, dijo el abogado en declaraciones retomadas por Animal Político.

Fue en junio de 2021 cuando Serranía dejó la titularidad del Metro, a semanas de que ocurriera el derrumbe, que dejó 26 personas sin vida y más de 100 heridos. La exfuncionaria capitalina fue nombrada como miembro del Comité Externo de Evaluación del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), el cual forma parte del Sistema de Centros del Conacyt.

Tan pronto se dio a conocer el bloqueo que la Ministerio Público hizo a la comparecencia de Serranía, la Fiscalía de la CDMX dijo que son absolutamente respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, por lo que en ningún momento se han  opuesto a cualquier determinación ordenada.

Pero aclaró que «nuestra respuesta al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha sido en el sentido de señalar la calidad en que serían citados los ex servidores públicos, toda vez que dichas personas no forman parte de la teoría del caso que sostiene el Ministerio Público, el cual ha citado a todas las personas relacionadas con el proceso, ya sea en calidad de imputadas o víctimas», argumentó la Fiscalía.

Remató asegurando que en la audiencia con motivo de la imputación por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños, todos culposos, que se llevará a cabo este jueves 14 de julio, la Fiscalía expondrá ante la autoridad judicial, los datos de prueba que obran en la investigación, de acuerdo a la teoría del caso referida

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció esta mañana que fue un error, el que desde la cuenta de Twitter del gobierno federal se publicara un mensaje en el que se informaba sobre una investigación judicial contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

«Sí, fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso (…) hasta donde tengo información, es una denuncia de la fiscalía o procuraduría de Campeche», contestó López Obrador al ser consultado sobre el tema.

El mandatario explicó que alguien de la Fiscalía de Campeche tenía información sobre la investigación, y la filtró al gobierno federal, donde en un descuido, se publicó en redes sociales.

López Obrador dijo sostuvo que el responsable de dicho mensaje no fue Jesús Ramírez, sino una una compañera del área de comunicación, pero que una vez que se detectó el error, bajaron la publicación.

AMLO explicó que la investigación a la que se hacía referencia, corresponde a la Fiscalía de Campeche, quien solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) una alerta migratoria, en contra de Alejandro Moreno, en el marco del inicio de su gira por Europa.

Añadió que luego de desahogar su agenda, que añadió que estaba en su derecho de ir a denunciar lo que quiera, y regresar al país, a su entrada ya estaba activa la alerta en el sistema, por lo que tuvo que proceder migración con todos los protocolos, como «lo hacen con todos».

AMLO dijo que fue informado que el dirigente del PRI tuvo que llenar un formato, que le llevó unos 20 minutos aproximadamente, con el cual dijo, Moreno estuvo de acuerdo.

«Es un asunto de Campeche, de la Fiscalía de Campeche, es una denuncia, eso es todo. Nosotros no promovemos estos juicios. Esto no significa que actuemos como tapadera, también que se aclare, pero no estamos nosotros promoviendo ninguna denuncia», concluyó el mandatario.

Recordemos que ayer, Alito Moreno reportó a través de sus redes sociales que tan pronto aterrizó procedente de Francia, fue informado que tenía una alerta migratoria.

«Haber qué otra violación a la ley quieren hacer, en esta persecución política a todos los opositores» dijo el líder del PRI en su mensaje.

Acusó que lo obligaron a llenar un documentación no oficial, que incluso exhibió pues contenía errores ortográficos. «Una hoja mal hecha, con errores y sin logotipos del gobierno. Claramente no es una forma oficial, pero sí un intento de intimidar», dijo.

En ese sentido, la Secretaria Ejecutiva de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Sofía Carvajal Isunza, dijo que la filtración desde el gobierno federal de la presunta investigación contra Moreno, así como el hostigamiento a que fue sometido, junto a su familia, por parte de las autoridades en el AICM, ponía de manifiesto la campaña de «terror e intimidación» de la que es víctima.Carvajal Isunza acusó que el gobierno federal suplanta a la Fiscalía General de la República (FGR) en sus obligaciones constitucionales de brindar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho.

Luego de poco más de ocho horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a dos hombres, Jesús «N» y Benjamín «N»,  por su probable participación en el delito de feminicidio, cometido la semana pasada al interior de un restaurante de la CDMX de la cantante Yrma Lydya Gamboa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) indicó que la vinculación a proceso se logró gracias a los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

En la audiencia, el representante de la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Feminicidio formuló la imputación en contra de los dos individuos; uno como posible autor material, el esposo de la cantante, y el otro como posible copartícipe, el chofer del primero, quien intentó ocultar el arma con el que se cometió el crimen.

La autoridad judicial ratificó para ambos imputados la prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar que cumplirán en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, fijándose cuatro meses como plazo para la investigación complementaria.

Jesús «N» y Benjamín «N» fueron detenidos luego de que elementos policiales fueron alertados de que en el restaurante Suntory de la colonia Del Valle Norte, se habían registrado detonaciones de arma de fuego, provocando la muerte de Yrma Lydya Gamboa.

La vinculación a proceso de Jesús «N» se dio a pesar de la petición de su defensa sobre permitirle llevar su proceso en libertad debido a la avanzada edad y el estado de salud que presenta.

Incluso antes de ingresar a sala, el imputado dijo «sentirse mal» y solicitó atención médica, por lo que minutos más tarde ingreso en silla de ruedas señalando males crónico degenerativos.

Autoridades de Puebla acusaron este martes a la expareja de la activista mexicoespañola Cecilia Monzón, asesinada el pasado 21 de mayo, de ordenarle a su sobrino matar a la abogada con la ayuda de otra persona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la detención de Javier «N», expareja de Monzón y excandidato a gobernador del estado en 2010, además de su sobrino Jair «N» y de Silvestre «N», estos dos últimos por ser los presuntos tripulantes de la motocicleta que persiguió a la activista.

El informe de la Fiscalía también expuso que Silvestre fue quien accionó una pistola, marca Pietro Beretta modelo 92 A1 de calibre 9 milímetros, con matrícula J78072Z, en seis ocasiones contra el cuerpo de la víctima, lo que le causó las lesiones que terminaron con su vida.

Monzón murió el 21 de mayo cuando su automóvil fue baleado por dos sujetos que la abordaron en una motocicleta mientras circulaba por San Pedro Cholula, localidad del estado de Puebla.

El asesinato de Monzón, conocida defensora de derechos humanos y abogada de mujeres, ha despertado protestas de grupos feministas en México y la condena del Gobierno español, el Consejo de la Abogacía Catalana, la Unión Europea (UE) y de las Naciones Unidas.

La polémica creció al revelarse que, días antes de su asesinato, la abogada fue a la Fiscalía a demandar la pensión alimenticia al padre de su hijo, López Zavala, exsecretario de Gobernación del estado con el exgobernador Mario Marín, acusado de operar una red de pederastia y torturar a la periodista que lo reveló, Lydia Cacho.

Tras la investigación, la Fiscalía informó ahora que se detectó que los sicarios se trasladaron a un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, donde escondieron la motocicleta, la ropa y cascos que portaban en el momento de los hechos. López Zavala presuntamente proporcionó el vehículo y el arma de fuego.

Después del presunto feminicidio, los sospechosos abordaron una camioneta, propiedad de Santiago «N», exsecretario particular de López Zavala, para reunirse con el político.

La FGE decomisó objetos utilizados para el crimen, como la motocicleta, el arma de fuego y el casco de Jair, además de la placa de circulación de la motocicleta, un teléfono celular y diversa documentación personal a nombre de él. Las autoridades creen que Jair recibió la pistola y la motocicleta de las propias manos de su tío.

Tras las declaraciones de los involucrados, las autoridades determinaron que desde abril estaban organizando este hecho, por lo que comenzaron a estudiar los movimientos que tenía la activista.

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) informó que desplazó a personal ministerial a los seis estados donde este domingo se celebran elecciones: Aguascalientes, Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo e Hidalgo.

La FISEL indicó que se atenderán, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), las denuncias de posibles delitos electorales federales que se presenten.

La dependencia indicó que hasta el cierre de las campañas, había recibido 29 denuncias de carácter federal, en lo que va de este proceso electoral, que inició en abril pasado.

La autoridad puso a disposición de la ciudadanía los canales por los que se podrá realizar alguna denuncia, ya sea por ser testigo de conductas indebidas o por ser víctima de un delito electora: vía telefónica al 800 833 72 33 o el portal fedenet.org.mx.

Y aunque el INE ha llamado a la ciudadanía a reportar cualquier caso de delito electoral, indicó que no son la autoridad responsable de castigar estos delitos, y pidió dirigir las denuncias a la Fiscalía Electoral.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aseguró que en sus dictámenes no se considera el factor del mantenimiento como la causa del accidente de la Línea 12 del Metro que ocurrió el 3 de mayo de 2021 y que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

«Como se realiza en toda investigación, se estudiaron y analizaron todas y cada una de las posibles causales para llegar a una conclusión con dichos dictámenes, los cuales indican específicamente que no se considera el mantenimiento como la causa que originó la falla de la estructura», explicó en un mensaje a medios el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.

La aclaración de la Fiscalía se dio después que el periódico El País publicara documentos que mostraban que tres de los cuatro peritajes externos contratados por la dependencia para analizar las causas del colapso indicaban la existencia de fallas en la inspección y el mantenimiento de la estructura.

«La información entregada a la reportera es incompleta y hacer conclusiones con ella es tendencioso. Hacer alusión a lo referido en la mencionada documentación en fragmentos sin contexto e información integral de la investigación resulta sesgado, subjetivo y parcial», acusó Lara.

Además, insistió en que los dictámenes judiciales realizados por la Fiscalía «concluyen claramente» que el colapso se debió a los defectos graves de la construcción y el diseño inadecuado de la estructura.

Lara dijo que la Fiscalía capitalina «no litiga en medios» e insistió en que la información mencionada debe guardar secrecía «por ley» para no afectar al proceso y al derecho de las partes, por lo que no ahondarán en el tema hasta que esté permitido.

Por último indicó en que en la carpeta de investigación se incluyen «miles de diligencias, así como cientos de pruebas de laboratorio y estudios en las materias de criminalística, fotografía, vídeo, arquitectura, ingeniería civil en puentes y mecánica, seguridad industrial y estructural, topografía y geotecnia principalmente».

Recordemos que el 3 de mayo de 2021, un tramo elevado de la línea 12, en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac, colapsó, provocando que un vagón cayera sobre una vialidad quedando encallado en forma de «V», accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

El hombre que había sido detenido por su probable participación en el asesinato de dos mujeres periodistas en Cosoleaque, Veracruz, fue liberado tras confirmarse que fue confundido con otro individuo, reconocieron autoridades locales.

La fiscalía de Veracruz había informado la tarde de ayer la captura de Jesus «N», alias «El Mara», pero por la noche se reportó que se trató de una «homonimia» al llevar el mismo nombre del presunto implicado en los crímenes.

«Fue puesto en libertad de inmediato para evitar vulnerar sus derechos», detalló la dependencia en un comunicado.

Las autoridades aseguraron que siguen en la búsqueda de los posibles involucrados en el asesinato de Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y de la reportera Sheila Johana García Olivera.

Las periodistas fueron asesinadas a tiros el pasado 9 de mayo en el municipio de Cosoleaque, Veracruz.

Autoridades mexicanas dejaron en libertad este martes a la persona que habían detenido como presunto responsable del asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, a quienes mataron el pasado 9 de mayo en el oriental estado de Veracruz, al comprobarse «que se trató de una homónimo».

Jesús «N» había sido capturado por agentes de la Coordinación Nacional Antisecuestros y de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Horas antes de ser puesto en libertad, un grupo de repartidores de comida rápida se manifestaron frente a la sede del Poder Ejecutivo para denunciar que Jesús «N» había sido detenido injustamente.

Los inconformes, compañeros de trabajo del detenido, revelaron que el joven es un estudiante de un tecnológico y que el día que ocurrieron los crímenes se encontraba en la ciudad de Xalapa, a más de 300 kilómetros de distancia del lugar de los hechos

Recordemos que tras el crimen, las autoridades revelaron que seguían cuatro líneas de investigación, dos de ellas relacionadas con los primeros indicios que se levantaron en el lugar de los hechos. Otra más tiene que ver con la actividad que desarrollaban las víctimas en el medio electrónico, y la cuarta está relacionada con la filtración de unos audios.

Con Mollinedo y García sumarían once los periodistas asesinados en México en lo que va de año, si se comprueba que sus muertes se produjeron en relación con su labor, según organizaciones nacionales de periodistas. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad solo reconoce 9 casos este año, con 19 presuntos responsables detenidos o buscados, y 16 vinculados a proceso penal.

Con cerca de 150 periodistas asesinados desde el 2000, México es uno de los países más peligrosos para la prensa, según la organización Reporteros Sin Frontera (RSF).

Autoridades anunciaron este martes la detención de un presunto implicado en el doble asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García, a quienes mataron el pasado 9 de mayo en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz reportó la detención de un individuo identificado como Antonio de Jesús “N”, alias “El Mara”, a quien señalan como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado.

En su cuenta de Twitter, la fiscalía informó que fueron agentes ministeriales, de manera conjunta con elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro, quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión.

Al detenido lo consideran presunto responsable del crimen de Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y de García Olivera, reportera del mismo medio de comunicación.

“El Mara” será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral para que se defina su situación jurídica; es decir, se determine si es legal la aprehensión y, posteriormente, si es procesado.

Recordemos que tras el crimen, las autoridades revelaron que seguían cuatro líneas de investigación, dos de ellas relacionadas con los primeros indicios que se levantaron en el lugar de los hechos. Otra más tiene que ver con la actividad que desarrollaban las víctimas en el medio electrónico, y la cuarta está relacionada con la filtración de unos audios.

Con Mollinedo y García suman 11 los periodistas asesinados en nuestro país en lo que va de año; Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), solo reconoce 9 casos este año, con 19 presuntos responsables detenidos o buscados, y 16 vinculados a proceso penal.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, en diciembre de 2018, se han contabilizado 1,945 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 33 asesinatos, y 2 desapariciones, un 85% más que en el primer trienio del presidente Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer este lunes que mantiene la investigación por el derrumbe de hace año en la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos, y aseguró que buscará imputar a 10 personas por los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos.

“(La FGJCDMX) formulará en la audiencia de vinculación, que se celebrará el día de hoy, la imputación en contra de ocho personas y dos representantes de personas morales, por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos”, dijo en un breve mensaje a medios la fiscal capitalina, Ernestina Godoy.

La funcionaria reiteró el compromiso “personal como institucional” tanto con las víctimas como con las familias de quienes resultaron lesionados y afirmó que no hay “ni impunidad ni olvido, tan solo verdad, justicia, reparación integral del daño y garantía de no repetición”.

Godoy apuntó que hasta el momento la FGJCDMX ha realizado más de 1,400 diligencias, tendientes a reunir los elementos de prueba necesarios y profundizar, además de fortalecer la investigación.

Y precisó que el acuerdo reparatorio con el Grupo CICSA, de Carlos Slim, el cual se realizó a inicios de febrero de este año, está avanzando en los términos acordados con la Secretaría de Obras, los cuales incluyen la reconstrucción y el reforzamiento del tramo elevado colapsado.

“Lo que permitirá próximamente a los habitantes de la Ciudad de México usarla de forma segura y con ello garantizar la no repetición de hechos como los ocurridos”.

Las declaraciones de Godoy se dieron antes de que por cuarta ocasión, la audiencia donde se esperaba ocurriera la imputación de los exfuncionarios y representantes legales, fuera diferida por el juez que lleva el caso. Ahora, se fijó como nueva fecha el próximo 6 de junio.

Según los argumentos de la defensa de los implicados, uno de ellos no conocía el expediente a fondo y otro, presentó problemas de salud. Recordemos que uno de los investigados es Enrique Horcasitas, quien trabajó en la gestión del hoy canciller Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal de 2006 a 2012, y los primeros dos años de la administración de Miguel Ángel Mancera.

Recordemos que fue el 3 de mayo de 2021 cuando un puente elevado de la Línea 12, ubicado en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac, se derrumbó, lo que provocó que un vagón del Metro cayera sobre una vialidad quedando encallado en forma de «V», dejando 26 muertos y un centenar de heridos.