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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció este lunes que envió a la Cámara de Diputados una solicitud para desaforar al diputado federal Mauricio Alonso Toledo, acusado de «enriquecimiento ilícito» cuando era delegado en Coyoacán.

«He instruido al titular de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que acuda el día de hoy a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que presente la solicitud para retirar la inmunidad procesal al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, exjefe delegacional de Coyoacán», informó la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, en mensaje a medios.

Horas más tarde, ja Secretaría General de la Cámara de Diputados, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, confirmó que recibió la presentación y ratificación de la solicitud de declaración de procedencia en contra de Toledo Gutiérrez.

Indicó que asistieron a la Cámara de Diputados el Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, y el Fiscal Central de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La Cámara de Diputados precisó que se turnará a la Sección Instructora la solicitud, para que sea radicada y notificada dentro de los tres días naturales, a partir de que ésta sesione. Explicó que una vez notificado al diputado, cuenta con siete días para presentar manifestaciones de defensa.

En su mensaje a medios Ernestina Godoy aseguró que una vez el Congreso haya desaforado a Toledo, la Fiscalía capitalina «procederá penalmente contra esta persona».

El Ministerio Público acusa al legislador del PT de «enriquecimiento ilícito» debido a un «incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio» entre 2012 y 2015.

Se informó que tras investigar las declaraciones patrimoniales de Toledo desde 2006 hasta hoy, la Fiscalía concluyó que el diputado «cuenta con inmuebles cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público».

La fiscal señaló que el fuero «protege» a los diputados pero «no es sinónimo de impunidad», remató Godoy Ramos.

La jueza estadounidense Lauren F. Louis concedió este miércoles dos semanas más a la defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte para responder los argumentos que la Fiscalía que justifica su extradición por desvío de recursos y delitos electorales.

La jueza dio plazo hasta el próximo 30 de diciembre a los abogados de Duarte, quien se encuentra en prisión desde el pasado 8 julio en un penal federal de Miami, Florida, acusado de «malversación agravada y conspiración agravada».

La defensa del exgobernador había pedido dos semanas más para preparar el caso, argumentando entre otras razones un brote del coronavirus SARS-CoV-2 en el centro de reclusión donde se encuentra su cliente, y la falta de tiempo para reunir declaraciones juradas de testigos «que han tardado más de lo esperado».

El abogado Henry Bell detalló que recibió una llamada del Centro de Detención Federal (FDC) de Miami cancelando una visita legal debido a «las restricciones en la unidad de Duarte» debido a la pandemia y que este le confirmó esta semana que esa situación persiste.

La defensa de Duarte «no ha podido revisar y discutir el borrador de respuesta» a la Fiscalía, señaló Bell en una moción presentada la noche de ayer a la corte del Distrito Sur de Florida que llevará a cabo el juicio de extradición a partir del 14 de enero.

La jueza señaló que, a partir del 30 de diciembre, la Fiscalía de EUA que representa al gobierno mexicano, tiene dos semanas para responder a los argumentos que presente la defensa.

La defensa además argumentó que también necesitan más tiempo debido a que la jueza Louis, que escuchó los argumentos de ambas partes en noviembre pasado, aún no ha decidido sobre las mociones que presentaron que buscan desestimar el proceso. «Dependiendo del fallo de la corte, podría eliminar o afectar el alcance de cualquier audiencia» de extradición, señaló Bell en el documento.

Y es que el 30 de septiembre pasado la defensa solicitó «desestimar la denuncia de extradición, argumentando que todos los cargos penales subyacentes a la denuncia están prescritos por los estatutos de limitaciones mexicanos o estadounidenses».

En la audiencia virtual de noviembre ambas partes analizaron la prescripción de cargos bajo la ley mexicana y la validez de una nota diplomática entregada por el gobierno de México a la Fiscalía estadounidense, en la que se amplían y detallan los cargos contra Duarte.

Duarte, quien ha alegado «persecución política» de su sucesor en el cargo, Javier Corral, está preso en una cárcel de Florida, pues la jueza le negó la libertad bajo fianza.

Este martes se informó sobre la captura de tres presuntos implicados más en el asesinato del empresario francés Baptiste Lormand y su socio mexicano Luis Orozco en la Ciudad de México.

«Gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía de la Ciudad de México, la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina, en cateos positivos en dos alcaldías, se aseguró una importante cantidad de botellas de licor de alta gama, armas y se detuvo a 3 personas», informó la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy.

En otro mensaje en Twitter, Godoy aseguró que no habrá impunidad en el caso de los empresarios asesinados, e indicó que se está avanzando en la investigación.

Recordemos que el empresario francés desapareció el pasado viernes tras abandonar su domicilio. El sábado, los cadáveres de él y su socio aparecieron con las manos atadas en el barrio del Pueblo Magdalena Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan.

La tarde de ayer, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informó en su cuenta de Twitter de la detención de la «primera persona posiblemente relacionada» con la muerte del empresario.

Con las nuevas detenciones, sumarían cuatro las personas que han sido detenidas. Lormand, que además de comercializar vinos se dedicaba al negocio de los restaurantes, fue visto por última vez el pasado jueves en Polanco.

García Harfuch indicó que el asesinado de Lormand y su socio no se  produjo por «secuestro y extorsión» sino por el robo de mercancía, supuestamente de cinco botellas valoradas en 1 millón de pesos.

En una entrevista con Radio Fórmula, afirmó que los asesinos les habrían engañado para robar las botellas de vino. «Hay elementos para confirmar que era un robo de mercancía, robo por medio de engaños (…) Robo de mercancía y los matan. Llevaban botellas con precios muy altos».

Ayer, decenas de personas, en su mayoría integrantes de la comunidad francesa, marcharon en la capital para pedir justicia por el crimen. El destino final de la movilización fue la embajada de Francia en México.

Tras haber quedado retirados todos los cargos que la justicia estadounidense había presentado en contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el general será trasladado hoy a México, según aseguraron sus abogados.

La defensa del exfuncionario federal aseguró desconocer si será juzgado en México.

«Como ha dicho su señoría en la corte, será trasladado sin demora, lo que significa para nosotros que pasará en algún momento del día de hoy», dijo ante la corte del distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, el abogado de defensa de Cienfuegos, Edward Sapone.

Sin embargo, precisó que se desconoce la hora «por motivos de seguridad», «pero saldrá rápido para estar con su familia como un hombre libre».

Su equipo defensor, compuesto por seis abogados, afirmó además que por el momento se desconoce si el general será acusado y juzgado a su llegada a México, pese a que el Departamento de Justicia de EUA aseguró que pedían la retirada de todos los cargos contra Cienfuegos con el objetivo de que fuera investigado en nuestro país.

«EUA dice que quizás hay una investigación en México. No sabemos nada de eso, y si eso pasa, este equipo se irá a México para ayudar a los abogados de México, porque su nombre tiene que ser un nombre sin culpabilidad», agregó Sapone.

El abogado detalló que Cienfuegos Zepeda será trasladado en un avión del gobierno de Estados Unidos, y que será acompañado por el cuerpo de Alguaciles estadounidense.

Sapone sostuvo que la retirada de cargos, dictada por la juez Carol Bagley Amon, «no ha sido una sorpresa» pese al carácter extremadamente inusual de esta decisión, tomada en base a un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia de EUA y la Fiscalía General de la República (FGR), mismo que fue anunciado ayer.

«Desde el momento en que el general fue detenido al llegar a Los Ángeles, cuando entró al país con su mujer y sus hijas, sabíamos que un día estaríamos hablando de una retirada de cargos o algún tipo de vindicación», apuntó Sapone.

Una jueza federal de Nueva York aceptó esta mañana el pedido del gobierno estadounidense de desestimar los cargos que enfrentaba el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para permitir que México lo investigue y eventualmente lo acuse.

En una breve audiencia, la jueza de Brooklyn Carol Bagley Amon quiso primero confirmar que la decisión proviene del propio fiscal general estadounidense, William Barr.

«Esta decisión (…) es un asunto de política exterior, no tengo razones para dudar de la determinación del gobierno de que las autoridades judiciales mexicanas sinceramente desean avanzar en una investigación y posible procesamiento del acusado», dijo Bagley Amon en presencia de Cienfuegos.

Cienfuegos Zepeda aceptó el acuerdo, que establece que será trasladado a México escoltado por alguaciles estadounidenses.

La jueza no especificó una fecha concreta para el traslado, aunque dijo que el gobierno deberá informar a la corte de cuando Cienfuegos sea entregado a México.

El dictamen señala que se trata de una «absolución con reservas», lo que indica que la corte estadounidense podría en un futuro presentar nuevos cargos contra el exsecretario mexicano si lo considera oportuno.

«Sí, estoy de acuerdo», dijo Cienfuegos en la audiencia, celebrada en persona y transmitida en línea debido a la pandemia de coronavirus.

En su pedido a la jueza para que desestime los cargos, el fiscal interino del distrito este de Nueva York, Seth DuCharme, dijo que «importantes y sensibles consideraciones de política exterior pesan más que el interés del gobierno en buscar el procesamiento del acusado».

Recordemos que ayer en un comunicado conjunto, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero, dijeron que la decisión de desestimar los cargos fue adoptada «en el interés de demostrar nuestro frente unido contra toda forma de criminalidad», y que Cienfuegos será «investigado, y si es apropiado, inculpado bajo la ley mexicana».

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard aseguró esta mañana que la decisión estadounidense de liberar a Cienfuegos no es «el camino a la impunidad» sino ·un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México.

La Fiscalía de Brooklyn acusaba al general de cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero por ayudar al cartel H-2 «a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York» entre 2015 y 2017, a cambio de millonarios sobornos.

El diario The Washington Post señaló que el cambio de rumbo puede obedecer a una supuesta amenaza de México para limitar el rol de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, en nuestro país.

Perú se encuentra en la incertidumbre sin presidente ni jefe del Congreso, mientras el Tribunal Constitucional se apresta a dictar un tardío fallo sobre un recurso del destituido presidente Martín Vizcarra que puede generar nuevas controversias.

El Congreso peruano tiene previsto sesionar la tarde de este lunes para tratar de escoger a un nuevo mandatario que reemplace a Manuel Merino, una semana después de destituir al popular Vizcarra por «incapacidad moral» y desatar la peor crisis política en dos décadas en el país.

Tras las dimisiones el domingo de Merino y del jefe del Congreso, Luis Valdez, Perú se quedó sin titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, con un gabinete ministerial que también renunció dos días después de ser juramentado y con un Estado virtualmente paralizado.

Recordemos que Merino renunció cinco días después de haber asumido la presidencia tras multitudinarias protestas en su contra, que fueron duramente reprimidas por la policía, con un saldo de dos muertos y un centenar de heridos.

Ayer, los jefes de las nueve bancadas habían consensuado elegir a la parlamentaria izquierdista Rocío Silva Santisteban como nueva presidenta de Perú, sin embargo no consiguió los votos necesarios para ser ratificada por sus colegas.

El centrista Partido Morado, el único que se opuso en bloque a la destitución de Vizcarra, promueve ahora a su parlamentario Francisco Sagasti como candidato a presidente, pero se ignora si contará con los votos para ser ratificado por el Congreso.

En tanto, Manuel Merino y varios miembros de su gobierno serán investigados de manera preliminar por la comisión de delitos en el contexto de violación a los derechos humanos, según informó este lunes la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

En un comunicado, la máxima responsable del Ministerio Público anunció que Merino, expresidente de la República y congresista; su primer ministro aún en funciones, Ántero Flores-Aráoz, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, también en funciones, serán investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones leves y graves y desaparición forzada.

Estos delitos, según la tesis fiscal, se habrían cometido en un contexto de acciones para violar los derechos humanos, lo que según la ley peruana constituye un agravante que entre otras cosas impide la prescripción de los delitos. También abre la posibilidad de establecer una «cadena de mando» en la represión que causó las muertes, habilitando una condena al expresidente o sus ministros si se demuestra que hubo órdenes para la represión u omisiones para prevenirla.

La investigación abordará la represión dirigida por el gobierno de Merino a las movilizaciones ciudadanas que se sucedieron de forma ininterrumpida desde que asumiera la presidencia. Esa represión dejó un saldo de dos jóvenes asesinados por disparo de arma de fuego, casi un centenar de heridos y decenas de desaparecidos.

El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, habría sido trasladado de Los Ángeles, ciudad donde fue detenido, a Nueva York.

El traslado se habría efectuado después de que un juez negara concederle la libertad bajo fianza y anticipara que autorizaría el movimiento dado que es en Nueva York donde el acusado tiene las causas abiertas en su contra.

Al negarle la fianza, el juez Alexander F. Mackinnon acató la advertencia de los fiscales federales sobre el «riesgo significativo» de fuga a México. La Fiscalía estadounidense teme que Cienfuegos reciba ayuda de  antiguos funcionarios mexicanos corruptos con los que habría trabajado estrechamente.

El mismo juez habría ordenado que éste permaneciera durante unos días en Los Ángeles para poder reunirse con el cuerpo diplomático de México en dicha ciudad. Las autoridades mexicanas esperan que se cumplan todos los protocolos establecidos en el marco de su detención.

«Ya está en Nueva York, pero no dicen nada aún por razones de seguridad», informó la cadena Univisión, cuyas fuentes han solicitado permanecer en el anonimato.

El escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1,000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo de heroína.

A través de la ‘Operación Padrino’ de la DEA, los agentes estadounidenses han dicho haber hallado indicios y testimonios de la relación de Cienfuegos con el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, imputado actualmente por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Cienfuegos de proteger a una célula del conocido cártel de los Beltrán Leyva. De acuerdo con la acusación, durante el sexenio de Peña Nieto, Cienfuegos habría estado recibiendo sobornos del cártel del H-2, dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, a cambio de apoyar a dicha organización.

Para el gobierno estadounidense, el H-2 es un cártel «extremadamente violento» que opera en Sinaloa y Nayarit. La acusación detalla que Cienfuegos, conocido como ‘El Padrino’ en el marco de la investigación, utilizó al Ejército para atacar a los rivales del H-2, además de asegurarse de que no se realizaran operaciones militares contra la banda.

Asimismo, habría advertido a los integrantes de cualquier tipo de movimiento dentro del Ejército que pudiera perjudicarles. Según los informes judiciales, su labor habría permitido al H-2 expandirse de Mazatlán a Sinaloa.

Los fiscales estadounidenses, que han asegurado que cuentan con miles de mensajes entre las partes, han señalado que la mediación del antiguo jefe de las Fuerzas Armadas llevó a otros funcionarios «corruptos» a apoyar a la organización a cambio de sobornos.

La Guardia Nacional informó este martes sobre la detención de seis de sus elementos por su supuesta responsabilidad en la muerte de una mujer el pasado 8 de septiembre en el municipio de Delicias, Chihuahua, durante una protesta de campesinos por el conflicto del agua.

«La Guardia Nacional informa que una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la investigación correspondiente a los lamentables hechos registrados el pasado mes de septiembre en Delicias, Chihuahua, encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos de nuestra institución», informó la corporación a través de su cuenta de Twitter.

La Guardia Nacional agregó que se ejecutaron seis órdenes de aprehensión contra el personal involucrado en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Recordó que desde el primer momento se colaboró con las autoridades ministeriales para deslindar las responsabilidades, y reiteró que dentro de la corporación «no se tolerarán abusos o uso excesivo de la fuerza».

Y es que en los últimos dos meses, campesinos de Chihuahua protagonizaron varias protestas en la presa de La Boquilla, en rechazo a entregar agua para cumplir con el Tratado que se tiene con Estados Unidos desde 1944, argumentando que la región pasaba por una sequía.

A inicios de septiembre la protesta escaló y, tras un choque con la Guardia Nacional el 8 de septiembre, Jessica Silva falleció.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó los hechos, pero defendió el actuar de la Guardia Nacional durante el operativo. Dijo que de acuerdo a la información que él tenía, un grupo de inconformes pasó por instalaciones protegidas por la Guardia Nacional y fue cuando amenazaron a los agentes. Tras detener a varias personas y ponerlas a disposición de las autoridades, otro grupo de manifestantes persiguió a la Guardia Nacional, momento en que se presentó fuego cruzado, en el que falleció Jessica Silva.

Por su parte la Fiscalía General de la República informó que las seis personas aprehendidas fueron puestas a disposición de un juez de distrito en Chihuahua.

Detalló que a los seis detenidos se les imputaron delitos contra la administración de justicia, homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Esta tarde, la fiscalía estadounidense pidió al juez del caso que el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, permaneciera bajo custodia y que no quedara en libertad mientras enfrenta su proceso judicial, ante la posibilidad de que se fugue. La solicitud fue aceptada.

Los fiscales aseguraron que no era recomendable que sea colocado en arresto domiciliario, ya que consideran que también podría escapar.

Los cargos presentados por la corte del distrito este de Nueva York incluyen asociación delictuosa para distribuir e importar drogas y lavado de dinero. Los fiscales señalan que Cienfuegos ayudó al cartel del H-2 mientras fue el responsable de las fuerzas armadas de 2012 a 2018 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los fiscales indicaron que tienen mensajes interceptados de Blackberry Messenger que incriminan a Cienfuegos, también conocido como «El Padrino», según la fiscalía. Entre las comunicaciones hay mensajes en los que se identifica al general por nombre, título y fotografía.

Cienfuegos apareció esta tarde en la audiencia inicial a través de video desde el centro de detención donde se encuentra en Los Ángeles. Llevaba una chamarra oscura y un cubrebocas. Fue asistido por un intérprete.

Cienfuegos permanecerá detenido sin derecho a fianza hasta la próxima audiencia programada para el martes en Los Ángeles. Su abogado, Duane Lyons, apareció también en video y no respondió a solicitudes de comentarios.

Aunque los fiscales estadounidenses aseguraron que el general ayudó al cartel del H-2, en México las autoridades han descrito a H-2 como un lugarteniente del cartel de los Beltrán Leyva llamado Juan Francisco Patrón Sánchez, quien murió en un enfrentamiento con la Marina en 2017.

Los fiscales neoyorquinos expresaron en una carta a la jueza Carol Amon, de la corte federal de Brooklyn, que esperan que el general sea llevado a Nueva York en las próximas semanas y acusaron a Cienfuegos de asistir al cartel a cambio de sobornos. El general enfrenta un mínimo de 10 años de cárcel.

En su carta, los fiscales describieron al cartel como una organización liderada por Patrón Sánchez, también conocido como H-2, que operaba desde Nayarit y Sinaloa. El cartel, aseguraron los fiscales, tenía cédulas de distribución de drogas en Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York, a través de las cuales se distribuyeron miles de kilos de drogas.

Cienfuegos, continuó la carta, ayudó al cartel al asegurar que no se realizaran operaciones militares en su contra y también inició operaciones militares contra grupos rivales. El general localizó transporte marítimo para envíos de cocaína y ayudó a ampliar el territorio controlado por H-2, además de presentar a los narcotraficantes a otros funcionarios corruptos del gobierno.

Cienfuegos también avisaba al cartel de operaciones antidrogas de las autoridades estadounidenses.

Además de comunicaciones interceptadas, los fiscales señalaron que sus acusaciones están corroboradas por numerosos cientos de kilos de cocaína y otras drogas incautadas y por testigos que confirmaron la asistencia de Cienfuegos al cartel.

El general fue acusado formalmente por un jurado investigador en Nueva York el 14 de agosto de 2019.

La detención el ex funcionario federal se realizó ayer en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, a donde llegó  junto a sus familiares quienes fueron dejados en libertad horas después. Cienfuegos fue trasladado al Metropolitan Detention Center.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó esta tarde que inició una investigación sobre una supuesta  amenaza en contra de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La dependencia informó que se recibió un mensaje a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) el pasado 13 de septiembre en el que se hablaba de un plan para atentar contra la mandataria capitalina.

Indicó que tras recibirse la denuncia, la FGJCDMX fue informada con el objetivo de que se realizaran las indagatorias correspondientes que permitan identificar, en su caso, el origen del mensaje y quien posiblemente lo haya difundido.

Fuente: Twitter @siete_letras

«Cabe señalar que una vez que se tuvo conocimiento del hecho, se dio vista a la Policía de Investigación (PDI), quien se coordina con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para llevar a cabo las indagatorias de gabinete y campo correspondientes», precisó la Fiscalía.

En la denuncia, se relata que una persona se comunicó desde el número 243 de la calle Durango en la colonia Condesa, quien señaló la presencia de un sujeto, identificado como «Neri», quien portaba armas de fuego.

«El sujeto (Neri) comentó que ejecutarían a la Jefa de Gobierno, a la Doctora Claudia Sheinbaum; el 15 de septiembre», se lee en el reporte del C5.

El denunciante añadió que denunciaría los hechos en redes sociales y con el periodista Óscar Mario Beteta, para que una vez que fuera ejecutada la Jefa de Gobierno, pudieran transmitir su llamada.

Ante la alerta, elementos de la Policía de Investigación (PDI) y un grupo élite de la secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron tareas de inspección en la zona desde donde se hizo la denuncia, aunque no se encontraron indicios del posible atentado. Las autoridades procedieron a reforzaron la seguridad en toda la zona.

Las pruebas relacionadas al dinero que la empresa brasileña Odebrecht entregó a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012, que Emilio Lozoya entregó buscando recibir beneficios, estaban en poder de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) desde septiembre de 2018.

Entre los beneficios que el exdirector de Pemex busca, tales como una reducción de pena e incluso su posible libertad, solicitó le fuera otorgada la figura de testigo colaborador, prometiendo entregar pruebas que permitirían saber qué fue lo que pasó en la red de sobornos, así como los nombres de personajes que hubieran participado.

Pero una parte de las pruebas que hasta ahora ha aportado ya estaban desde hace más de dos años en manos de la PGR y debieron ser entregadas a la actual Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revela que la información sobre el financiamiento electoral que presentó Lozota ya estaban en la carpeta de investigación.

En su denuncia de hechos, presentada ante la Fiscalía el 11 de agosto de 2020, Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado repartir dinero aportado por Odebrecht en 2012 a pagar los servicios de 10 asesores electorales de la campaña del PRI en aquel año, así como a legisladores de la oposición para que apoyaran las reformas estructurales.

MCCI indica que lo que Lozoya Austin no contó, y que la Fiscalía ya sabe, es que para ocultar los pagos provenientes de Odebrecht, el propio Lozoya acordó con los asesores políticos de la campaña presidencial la simulación de proyectos de extracción de oro, mineral de hierro y la explotación de yacimientos de carbón en Bolivia, Colombia y Argentina.

El expediente al que accedió la organización contiene cartas firmadas por al menos seis asesores de la campaña de EPN en las que señalan que los pagos que recibieron eran por servicios para proyectos mineros en Sudamérica, y no por consultoría política.

Las cartas fueron enviadas a Latin America Asia Capital Holding, una empresa de Lozoya creada en las Islas Vírgenes Británicas, y que era la receptora de los sobornos de Odebrecht, la cual se menciona en la propia denuncia del exdirector de Pemex.

Con las cartas se justificaron transferencias millonarias a los asesores de Peña Nieto a través de una cuenta en el banco Gonet & CIE de Suiza.

«De esa forma, Lozoya habría intentado atajar la fiscalización de las autoridades tanto suizas como mexicanas, porque el dinero que ordenó transferir era para supuestos negocios y no para fines políticos. Esos fondos no fueron reportados al Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE), como gastos de campaña», señala la investigación.

 

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de «pesadilla» las revelaciones sobre sobornos y corrupción que revelara el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General (FGR).

«Me estaba yo desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa. (…) Es mucho más fuerte (que una serie de televisión). Es una denuncia muy grave», dijo López Obrador al ser cuestionado sobre si ya había leído el documento.

En la denuncia, Lozoya revela nombres y montos de sobornos que ordenaron el expresidente Enrique Peña Nieto y su entonces colaborador, Luis Videgaray. Precisa los monto que legisladores de opositores, principalmente del PAN, recibieron a cambio de apoyar las reformas estructurales.

En la denuncia señala a al menos 16 personas entre estas a Peña Nieto, al exmandatario Felipe Calderón, e incluso al
expresidente Carlos Salinas de Gortari. También a Ricardo Anaya quien ya ha anunciado que tomará medidas legales, a secretarios de estado y altos funcionarios de las pasadas administraciones.

López Obrador aseguró que ya tenía «conocimiento» de la denuncia y, a su modo de ver, «todo indica» que el documento no es «apócrifo». Admitió que no terminó de leerla pues además de ser extensa, no quería tener «pesadillas». Aseguró que lo que revela, de ser cierto, es «muy grave».

«No significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en esta caso la Fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen», puntualizó el presidente.

Tal como lo ha manifestado en los últimos días, López Obrador confió en que se llame a los involucrados que se mencionan en la denuncia a declarar.

«Que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule y no haya silencio. Que se sepa todo», subrayó el presidente, quien dijo desconocer quién filtró la denuncia.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezó esta mañana una conferencia de prensa, en la que informó sobre la localización del menor Dylan Esaú, ocurrida la tarde de ayer.

El fiscal relató que luego de su desaparición el 30 de junio, se emitieron las fichas de búsqueda tanto en el país como en el extranjeros, además de que se siguieron las investigaciones respectivas.

«El día de ayer logramos identificar plenamente a la persona de sexo femenino que aparece en el video, que está en unos cartelones de búsqueda, de recompensa; se llama Margarita «N», cuenta con 23 años de edad, originaria de Cintalapa de Figueroa», declaró el fiscal.

Una vez que se le identificó, se localizó su domicilio en la localidad Nueva Esperanza de los Pobres, en Cintalapa de Figueroa, hasta donde llegaron los elementos de la policía estatal y municipal.

Ya en el domicilio, que pertenece a la comunidad Las Palmas, se encontró a Dylan Esaú. El fiscal señal aseguró que el operativo se realizó siguiendo todos los protocolos para garantizar la integridad física del menor.

Ante el Ministerio Publico, Margatita «N» indicó que raptó a Dylan ya que al no poder concebir hijos, lo que le ha ocasionado diversos problemas con su pareja, estuvo buscando a un niño en el Mercado Popular del Sur (Merposur) que estuviera en una situación de vulnerabilidad para poderlo sustraer.

Confirmó la versión de los niños que le ayudaron con el robo del menor, a quienes pagó 200 pesos por su ayuda al argumentar que era su hijo pero que no le hacía caso.

Llaven Abarca precisó que tras su rescate, fue sometido a una valoración medica y psicológica, lo que permitió corroborar que se encuentra sano y salvo.

«La hoy imputada podría alcanzar hasta 75 años de prisión. Vamos a judicializar la carpeta de investigación a la brevedad, y estaremos muy pendientes de todo el proceso. Vamos a pedir la pena máxima para ella», informó el fiscal.

Sobre la información que se había dando en un inicio, en la que se hablaba de una posible red de trata de menores, el funcionario dijo que se trata de una carpeta de investigación distinta que nada tiene que ver con el caso de Dylan. Incluso reveló que la mujer dio datos falsos en un inicio para tratar de ocultar su identidad.

Margarita «N» refirió que su pareja la abandonó, por lo que fingió un embarazo para que hacerlo regresar. Fue ahí donde entró el menor Dylan.

Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón tendrán que comparecer ante la Justicia tras la denuncia de hechos que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la mañana de ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo esta mañana López Obrador.

«Implica que sean llamados a comparecer, que declaren, los dos expresidentes, entre otros servidores públicos, o sea, tienen que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados», aseguró AMLO.

Dijo que el hecho de que sean llamado a declarar no significa que ya sean culpable, pero cuando hay una denuncia con dichas características, tienen que declarar los acusados.

El presidente se refirió a la denuncia de Lozoya Austin, en la que acusó formalmente a Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, de participar en la red de corrupción, dándole instrucciones de recibir el dinero de Odebrecht, y canalizarlos a la campaña electoral de 2012 y luego en sobornos a legisladores para las reformas estructurales que se llevaron a cabo en el sexenio de EPN.

Además, Lozoya apuntó al sexenio de Felipe Calderón por presuntos privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana que es socia de Odebrecht.

López Obrador pidió difundir todo lo relacionado con dicha investigación. «Es conveniente el que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción, estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información, claro, con pruebas fehacientes», dijo el mandatario.

Al ser cuestionado sobre si a raíz de los señalamientos de Lozoya en contra de los expresidentes, apoyaría llevarlos ante la justicia, AMLO reiteró su «postura política» de que es necesaria una consulta pública para juzgar a los expresidentes.

«Hay quienes dicen cárcel, aunque sea un año pero cárcel, yo digo que lo que digan los jueces, pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México que se destierre la corrupción, que se purifique la vida pública», insistió.

Aun así, aseguró que él no obstaculizará el proceso judicial, y recordó que la Fiscalía es autónoma. Afirmó que no se convertirá en encubridor, en cómplice.

Reiteró su apoyo a que se ofrezcan beneficios a quienes aporten información sustentada en pruebas para conocer lo que pasó en las pasadas administraciones.

Un juez de Estados Unidos fijó una fianza de 90 millones de dólares para el líder de la iglesia La Luz del Mundo para continuar el proceso en libertad condicional,  acusado de violación de menores y tráfico de personas.

La suma fijada por el juez George Lomeli, de la Corte Superior de Los Ángeles, prácticamente asegura que Naasón Joaquín García, el autoproclamado apóstol de Dios, permanecerá en la cárcel a la espera del juicio, informó el diario Los Angeles Times.

Los abogados de García habían pedido una reducción de la fianza de 50 millones de dólares impuesta el año pasado cuando se le acusó de delitos sexuales.

Argumentaron que la cifra de 50 millones equivalía en los hechos a negarle la fianza, ya que ninguna financiera podía garantizar semejante suma. Sin embargo, además de no conceder la petición, el juez decidió aumentarla en 40 millones.

Citando la declaración de un agente que había investigado a García y los mensajes en teléfonos incautados, Lomeli dijo que había visto pruebas de «un patrón sistemático de agresión sexual a menores», por lo que la fianza debía aumentar.

La fiscalía presentó la semana pasada 36 nuevas acusaciones contra el líder religioso, Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca, por su presunta relación con los ilícitos.

La oficina del fiscal estatal Xavier Becerra presentó las cusación después de que la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California desestimara el proceso penal contra el líder religioso por un fallo técnico en abril pasado y ante lo cual sus abogados esperaban su liberación, teniendo como factor la pandemia del coronavirus.

Por tres días consecutivos el juez escuchó declaraciones de varios involucrados en el caso para dar su decisión. Al establecer la fianza, Lomelí advirtió que el liderazgo en la iglesia de Joaquín García «representa un peligro real para los demás» y destacó el hecho que parte de las víctimas son menores de edad.

Al respecto, la iglesia La Luz del Mundo calificó como una «sentencia anticipada» la fianza impuesto a su líder.

«Negando la fianza razonable al apóstol Naasón Joaquín García están convirtiendo su derecho constitucional a la fianza en una sentencia anticipada», dijo la Iglesia en un comunicado.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de recibir más de 10 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht a cambio de gestionar contratos para la firma.

«Usted sabía que los recursos eran de Odebrecht y recibió 10.5 millones de dólares como resultados de sobornos, se asoció con (su) madre, esposa y otra persona con el propósito de delinquir», señaló el fiscal en la audiencia que se lleva a cabo este miércoles.

Con el dinero presuntamente proveniente de los sobornos, Lozoya habría adquirido, por medio de familiares, bienes inmuebles para «ocultar» el origen de los recursos, además de que habría transferido a otros a cuentas bancarias en Europa, según la acusación.

La Fiscalía reiteró que Odebrecht obtuvo en México un «beneficio» de 39 millones de dólares por la «adjudicación de obras».

Tal como sucedió ayer con la audiencia del caso Agronitrogendos, la sesión de hoy se desarrolla por videoconferencia, pues el exfuncionario se mantiene en hospitalización por un cuadro anémico tras llegar extraditado de España el 17 de julio pasado.

Los delegados de Odebrecht «le solicitaron (a Lozoya) su apoyo para resultar beneficiario de contratos de obras públicas y le prometieron 6 millones de dólares para diversas obras como la refinería de Tula», añadió la Fiscalía.

Por transferencias que recibió del extranjero, pese a que sabía que «era ilícito», a Lozoya se le acusó de «operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Lozoya, de acuerdo con la Fiscalía, intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando era coordinador de la campaña que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto en 2012.

Lozoya Austin, quien durante el proceso será identificado como ERLA al haber solicitado que quedaran reservados sus datos personales, se declaró inocente de los delitos que se le imputan. «De manera respetuosa hacia la autoridad quiero que sepa que no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan y en el marco de la investigación», dijo el exfuncionario federal.

Añadió que, en el marco de su compromiso de colaborar con las autoridades en la investigación, dio instrucciones en España a que se agilizaran los trámites de su extradición, «para cumplir mi compromiso en colaborar con las autoridades del estado mexicano en el marco de un posible criterio de oportunidad o la figura que determine la autoridad».

Una vez más, Lozoya Austin indicó que en los hechos que se le imputan fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado, y tal como lo dijo ayer, se comprometió a denunciar y señalar a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos.