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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó esta tarde que inició una investigación sobre una supuesta  amenaza en contra de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La dependencia informó que se recibió un mensaje a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) el pasado 13 de septiembre en el que se hablaba de un plan para atentar contra la mandataria capitalina.

Indicó que tras recibirse la denuncia, la FGJCDMX fue informada con el objetivo de que se realizaran las indagatorias correspondientes que permitan identificar, en su caso, el origen del mensaje y quien posiblemente lo haya difundido.

Fuente: Twitter @siete_letras

«Cabe señalar que una vez que se tuvo conocimiento del hecho, se dio vista a la Policía de Investigación (PDI), quien se coordina con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para llevar a cabo las indagatorias de gabinete y campo correspondientes», precisó la Fiscalía.

En la denuncia, se relata que una persona se comunicó desde el número 243 de la calle Durango en la colonia Condesa, quien señaló la presencia de un sujeto, identificado como «Neri», quien portaba armas de fuego.

«El sujeto (Neri) comentó que ejecutarían a la Jefa de Gobierno, a la Doctora Claudia Sheinbaum; el 15 de septiembre», se lee en el reporte del C5.

El denunciante añadió que denunciaría los hechos en redes sociales y con el periodista Óscar Mario Beteta, para que una vez que fuera ejecutada la Jefa de Gobierno, pudieran transmitir su llamada.

Ante la alerta, elementos de la Policía de Investigación (PDI) y un grupo élite de la secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron tareas de inspección en la zona desde donde se hizo la denuncia, aunque no se encontraron indicios del posible atentado. Las autoridades procedieron a reforzaron la seguridad en toda la zona.

Las pruebas relacionadas al dinero que la empresa brasileña Odebrecht entregó a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012, que Emilio Lozoya entregó buscando recibir beneficios, estaban en poder de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) desde septiembre de 2018.

Entre los beneficios que el exdirector de Pemex busca, tales como una reducción de pena e incluso su posible libertad, solicitó le fuera otorgada la figura de testigo colaborador, prometiendo entregar pruebas que permitirían saber qué fue lo que pasó en la red de sobornos, así como los nombres de personajes que hubieran participado.

Pero una parte de las pruebas que hasta ahora ha aportado ya estaban desde hace más de dos años en manos de la PGR y debieron ser entregadas a la actual Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revela que la información sobre el financiamiento electoral que presentó Lozota ya estaban en la carpeta de investigación.

En su denuncia de hechos, presentada ante la Fiscalía el 11 de agosto de 2020, Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado repartir dinero aportado por Odebrecht en 2012 a pagar los servicios de 10 asesores electorales de la campaña del PRI en aquel año, así como a legisladores de la oposición para que apoyaran las reformas estructurales.

MCCI indica que lo que Lozoya Austin no contó, y que la Fiscalía ya sabe, es que para ocultar los pagos provenientes de Odebrecht, el propio Lozoya acordó con los asesores políticos de la campaña presidencial la simulación de proyectos de extracción de oro, mineral de hierro y la explotación de yacimientos de carbón en Bolivia, Colombia y Argentina.

El expediente al que accedió la organización contiene cartas firmadas por al menos seis asesores de la campaña de EPN en las que señalan que los pagos que recibieron eran por servicios para proyectos mineros en Sudamérica, y no por consultoría política.

Las cartas fueron enviadas a Latin America Asia Capital Holding, una empresa de Lozoya creada en las Islas Vírgenes Británicas, y que era la receptora de los sobornos de Odebrecht, la cual se menciona en la propia denuncia del exdirector de Pemex.

Con las cartas se justificaron transferencias millonarias a los asesores de Peña Nieto a través de una cuenta en el banco Gonet & CIE de Suiza.

«De esa forma, Lozoya habría intentado atajar la fiscalización de las autoridades tanto suizas como mexicanas, porque el dinero que ordenó transferir era para supuestos negocios y no para fines políticos. Esos fondos no fueron reportados al Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE), como gastos de campaña», señala la investigación.

 

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de «pesadilla» las revelaciones sobre sobornos y corrupción que revelara el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General (FGR).

«Me estaba yo desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa. (…) Es mucho más fuerte (que una serie de televisión). Es una denuncia muy grave», dijo López Obrador al ser cuestionado sobre si ya había leído el documento.

En la denuncia, Lozoya revela nombres y montos de sobornos que ordenaron el expresidente Enrique Peña Nieto y su entonces colaborador, Luis Videgaray. Precisa los monto que legisladores de opositores, principalmente del PAN, recibieron a cambio de apoyar las reformas estructurales.

En la denuncia señala a al menos 16 personas entre estas a Peña Nieto, al exmandatario Felipe Calderón, e incluso al
expresidente Carlos Salinas de Gortari. También a Ricardo Anaya quien ya ha anunciado que tomará medidas legales, a secretarios de estado y altos funcionarios de las pasadas administraciones.

López Obrador aseguró que ya tenía «conocimiento» de la denuncia y, a su modo de ver, «todo indica» que el documento no es «apócrifo». Admitió que no terminó de leerla pues además de ser extensa, no quería tener «pesadillas». Aseguró que lo que revela, de ser cierto, es «muy grave».

«No significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en esta caso la Fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen», puntualizó el presidente.

Tal como lo ha manifestado en los últimos días, López Obrador confió en que se llame a los involucrados que se mencionan en la denuncia a declarar.

«Que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule y no haya silencio. Que se sepa todo», subrayó el presidente, quien dijo desconocer quién filtró la denuncia.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezó esta mañana una conferencia de prensa, en la que informó sobre la localización del menor Dylan Esaú, ocurrida la tarde de ayer.

El fiscal relató que luego de su desaparición el 30 de junio, se emitieron las fichas de búsqueda tanto en el país como en el extranjeros, además de que se siguieron las investigaciones respectivas.

«El día de ayer logramos identificar plenamente a la persona de sexo femenino que aparece en el video, que está en unos cartelones de búsqueda, de recompensa; se llama Margarita «N», cuenta con 23 años de edad, originaria de Cintalapa de Figueroa», declaró el fiscal.

Una vez que se le identificó, se localizó su domicilio en la localidad Nueva Esperanza de los Pobres, en Cintalapa de Figueroa, hasta donde llegaron los elementos de la policía estatal y municipal.

Ya en el domicilio, que pertenece a la comunidad Las Palmas, se encontró a Dylan Esaú. El fiscal señal aseguró que el operativo se realizó siguiendo todos los protocolos para garantizar la integridad física del menor.

Ante el Ministerio Publico, Margatita «N» indicó que raptó a Dylan ya que al no poder concebir hijos, lo que le ha ocasionado diversos problemas con su pareja, estuvo buscando a un niño en el Mercado Popular del Sur (Merposur) que estuviera en una situación de vulnerabilidad para poderlo sustraer.

Confirmó la versión de los niños que le ayudaron con el robo del menor, a quienes pagó 200 pesos por su ayuda al argumentar que era su hijo pero que no le hacía caso.

Llaven Abarca precisó que tras su rescate, fue sometido a una valoración medica y psicológica, lo que permitió corroborar que se encuentra sano y salvo.

«La hoy imputada podría alcanzar hasta 75 años de prisión. Vamos a judicializar la carpeta de investigación a la brevedad, y estaremos muy pendientes de todo el proceso. Vamos a pedir la pena máxima para ella», informó el fiscal.

Sobre la información que se había dando en un inicio, en la que se hablaba de una posible red de trata de menores, el funcionario dijo que se trata de una carpeta de investigación distinta que nada tiene que ver con el caso de Dylan. Incluso reveló que la mujer dio datos falsos en un inicio para tratar de ocultar su identidad.

Margarita «N» refirió que su pareja la abandonó, por lo que fingió un embarazo para que hacerlo regresar. Fue ahí donde entró el menor Dylan.

Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón tendrán que comparecer ante la Justicia tras la denuncia de hechos que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la mañana de ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo esta mañana López Obrador.

«Implica que sean llamados a comparecer, que declaren, los dos expresidentes, entre otros servidores públicos, o sea, tienen que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados», aseguró AMLO.

Dijo que el hecho de que sean llamado a declarar no significa que ya sean culpable, pero cuando hay una denuncia con dichas características, tienen que declarar los acusados.

El presidente se refirió a la denuncia de Lozoya Austin, en la que acusó formalmente a Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, de participar en la red de corrupción, dándole instrucciones de recibir el dinero de Odebrecht, y canalizarlos a la campaña electoral de 2012 y luego en sobornos a legisladores para las reformas estructurales que se llevaron a cabo en el sexenio de EPN.

Además, Lozoya apuntó al sexenio de Felipe Calderón por presuntos privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana que es socia de Odebrecht.

López Obrador pidió difundir todo lo relacionado con dicha investigación. «Es conveniente el que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción, estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información, claro, con pruebas fehacientes», dijo el mandatario.

Al ser cuestionado sobre si a raíz de los señalamientos de Lozoya en contra de los expresidentes, apoyaría llevarlos ante la justicia, AMLO reiteró su «postura política» de que es necesaria una consulta pública para juzgar a los expresidentes.

«Hay quienes dicen cárcel, aunque sea un año pero cárcel, yo digo que lo que digan los jueces, pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México que se destierre la corrupción, que se purifique la vida pública», insistió.

Aun así, aseguró que él no obstaculizará el proceso judicial, y recordó que la Fiscalía es autónoma. Afirmó que no se convertirá en encubridor, en cómplice.

Reiteró su apoyo a que se ofrezcan beneficios a quienes aporten información sustentada en pruebas para conocer lo que pasó en las pasadas administraciones.

Un juez de Estados Unidos fijó una fianza de 90 millones de dólares para el líder de la iglesia La Luz del Mundo para continuar el proceso en libertad condicional,  acusado de violación de menores y tráfico de personas.

La suma fijada por el juez George Lomeli, de la Corte Superior de Los Ángeles, prácticamente asegura que Naasón Joaquín García, el autoproclamado apóstol de Dios, permanecerá en la cárcel a la espera del juicio, informó el diario Los Angeles Times.

Los abogados de García habían pedido una reducción de la fianza de 50 millones de dólares impuesta el año pasado cuando se le acusó de delitos sexuales.

Argumentaron que la cifra de 50 millones equivalía en los hechos a negarle la fianza, ya que ninguna financiera podía garantizar semejante suma. Sin embargo, además de no conceder la petición, el juez decidió aumentarla en 40 millones.

Citando la declaración de un agente que había investigado a García y los mensajes en teléfonos incautados, Lomeli dijo que había visto pruebas de «un patrón sistemático de agresión sexual a menores», por lo que la fianza debía aumentar.

La fiscalía presentó la semana pasada 36 nuevas acusaciones contra el líder religioso, Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca, por su presunta relación con los ilícitos.

La oficina del fiscal estatal Xavier Becerra presentó las cusación después de que la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California desestimara el proceso penal contra el líder religioso por un fallo técnico en abril pasado y ante lo cual sus abogados esperaban su liberación, teniendo como factor la pandemia del coronavirus.

Por tres días consecutivos el juez escuchó declaraciones de varios involucrados en el caso para dar su decisión. Al establecer la fianza, Lomelí advirtió que el liderazgo en la iglesia de Joaquín García «representa un peligro real para los demás» y destacó el hecho que parte de las víctimas son menores de edad.

Al respecto, la iglesia La Luz del Mundo calificó como una «sentencia anticipada» la fianza impuesto a su líder.

«Negando la fianza razonable al apóstol Naasón Joaquín García están convirtiendo su derecho constitucional a la fianza en una sentencia anticipada», dijo la Iglesia en un comunicado.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de recibir más de 10 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht a cambio de gestionar contratos para la firma.

«Usted sabía que los recursos eran de Odebrecht y recibió 10.5 millones de dólares como resultados de sobornos, se asoció con (su) madre, esposa y otra persona con el propósito de delinquir», señaló el fiscal en la audiencia que se lleva a cabo este miércoles.

Con el dinero presuntamente proveniente de los sobornos, Lozoya habría adquirido, por medio de familiares, bienes inmuebles para «ocultar» el origen de los recursos, además de que habría transferido a otros a cuentas bancarias en Europa, según la acusación.

La Fiscalía reiteró que Odebrecht obtuvo en México un «beneficio» de 39 millones de dólares por la «adjudicación de obras».

Tal como sucedió ayer con la audiencia del caso Agronitrogendos, la sesión de hoy se desarrolla por videoconferencia, pues el exfuncionario se mantiene en hospitalización por un cuadro anémico tras llegar extraditado de España el 17 de julio pasado.

Los delegados de Odebrecht «le solicitaron (a Lozoya) su apoyo para resultar beneficiario de contratos de obras públicas y le prometieron 6 millones de dólares para diversas obras como la refinería de Tula», añadió la Fiscalía.

Por transferencias que recibió del extranjero, pese a que sabía que «era ilícito», a Lozoya se le acusó de «operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Lozoya, de acuerdo con la Fiscalía, intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando era coordinador de la campaña que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto en 2012.

Lozoya Austin, quien durante el proceso será identificado como ERLA al haber solicitado que quedaran reservados sus datos personales, se declaró inocente de los delitos que se le imputan. «De manera respetuosa hacia la autoridad quiero que sepa que no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan y en el marco de la investigación», dijo el exfuncionario federal.

Añadió que, en el marco de su compromiso de colaborar con las autoridades en la investigación, dio instrucciones en España a que se agilizaran los trámites de su extradición, «para cumplir mi compromiso en colaborar con las autoridades del estado mexicano en el marco de un posible criterio de oportunidad o la figura que determine la autoridad».

Una vez más, Lozoya Austin indicó que en los hechos que se le imputan fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado, y tal como lo dijo ayer, se comprometió a denunciar y señalar a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos.

Un juez ordenó este lunes posponer tres meses una audiencia judicial en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, debido a los retrasos en logística y preparación a juicio que fiscales neoyorquinos y el abogado de Luna están experimentando por la pandemia del coronavirus.

La audiencia programada para este jueves en la corte del distrito este de Nueva York, en Estados Unidos, ocurrirá ahora en octubre, ordenó el juez Brian Cogan, después de que la fiscalía solicitara el aplazamiento.

García Luna está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

Además de la dificultad que tienen los fiscales de reunirse en la cárcel con posibles testigos para el juicio de Luna debido a la pandemia, la fiscalía asegura que aún está esperando respuesta de varios gobiernos, incluido el mexicano, en su pedido de que compartan pruebas sobre el exfuncionario mexicano.

El viernes pasado, la fiscalía envió más de 60,000 páginas en documentos considerados como pruebas para el futuro juicio. Los fiscales dijeron que esas pruebas contienen declaraciones de García Luna, documentos financieros, comunicaciones interceptadas y archivos de la policía mexicana.

Además los fiscales dijeron que es probable que en el juicio presenten pruebas sobre 43 kilos de cocaína confiscados en Brooklyn en el 2002, además de 20 kilos de cocaína confiscados en un barco en la costa de Panamá en el 2007. También planean presentar pruebas relacionadas con 22 kilos de cocaína y cuatro kilos de heroína confiscados en Nueva Jersey en el 2009.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 en la administración del expresidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cartel de Joaquín «El Chapo» Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.

García Luna, quien vivía en Miami, fue arrestado en diciembre de 2019.

Durante el juicio a «El Chapo» celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al exmiembro del Cartel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cartel Ismael «El Mayo» Zambada.

César De Castro, abogado de García Luna, ha dicho repetidamente que las acusaciones de Zambada fueron «absurdas» y que no existen pruebas de esas reuniones.

Las autoridades de Guanajuato informaron este viernes sobre la detención de Emmanuel y/o José Guadalupe «N», alias «El Mamey», uno de los jefes de plaza del Cártel Santa Rosa de Lima, organización criminal dedicada al robo de hidrocarburo que opera en la entidad.

Según la Fiscalía estatal de Guanajuato, la detención fue realizada por el Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) el pasado miércoles 22 de julio en el municipio de Celaya.

El arrestado estaba en un barrio en la periferia de la ciudad cuando al notar la llegada de los agentes de la Fiscalía sacó un arma de fuego y les apuntó para posteriormente intentar huir al saltar hacia otros domicilios.

Sin embargo, terminó por ser detenido junto a Viridiana «N», quien también estaba en la misma zona y llevaba armas de fuego y 280,000 pesos en efectivo.

Ambos arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, mientras que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto trabaja de manera paralela en la integración de otras carpetas de investigación por diversos hechos delictivos, los cuales aún no han sido detallados por la autoridad.

El Cártel Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz, «El Marro», mantiene desde el 2018 una sangrienta guerra con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del territorio para robar gasolina, extorsionar a comerciantes y distribución de drogas.

Producto de esta disputa, Guanajuato se ha convertido en el estado más violento del país.

Tan solo en el primer semestre del año han sido asesinadas 2,293 personas, con un promedio de casi 13 víctimas diarias.  De acuerdo con las autoridades locales, el 91% de estos homicidios están vinculados con el enfrentamiento entre las dichas organizaciones criminales.

Cinco mujeres, tres de ellas menores de edad, fueron asesinadas la madrugada de este jueves, a balazos en un domicilio ubicado en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la dependencia, las mujeres fueron encontradas sin vida en una vivienda de la colonia El Gavillero por parte de elementos de la policía municipal, por lo que se dio aviso a la Fiscalía estatal, quien arribó al lugar para llevar a cabo las pruebas periciales correspondientes.

Versiones extraoficiales apuntan a que el asesinato podría tratarse de un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado, pues se presume que fueron utilizadas armas de alto calibre de uso exclusivo del Ejército; adicional, al interior de la vivienda se encontró una cartulina con un mensaje que reforzaría dicha versión.

Se informó que ya se realizan las entrevistas a posibles testigos, además de que ya se inició el rastreo de cámaras de vigilancia, tanto estatales, municipales y particulares con el fin de esclarecer los hechos.

Los cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladados a las instalaciones de la FGJEM donde se llevarán a cabo las pruebas periciales, para posteriormente hacer la entrega de cuerpos a los familiares.

Por su parte el alcalde de Nicolás Romero, Armando Navarrete, condenó los hechos, e informó que se encuentra a la espera de la información oficial que emitan la Fiscalía y la Guardia Nacional acerca de las líneas de investigación.

Foto: Twitter

La tarde de este viernes, tres policías fueron detenidos en Jalisco por su presunta responsabilidad en la muerte de Giovanni López, a quien las autoridades aseguran arrestaron por supuesta conducta indebida.

sin embargo, familiares de la víctima señalan que se le detuvo por incumplir el uso de cubrebocas, como parte de las medidas dictadas por el gobierno estatal ante la pandemia de Covid-19.

Entre los aprehendidos por la muerte de Giovanni figura un comisario municipal, un policía de rango medio y otro agente, confirmó el fiscal estatal, Gerardo Solís. Los agentes pertenecen a la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde sucedieron los hechos.

El fiscal aseguró que los uniformados deberán responder ante un juez, quien determinará las responsabilidades de cada uno de ellos. Las aprehensiones se dan un día después de que una protesta para exigir justicia en este caso terminara en disturbios en la capital del estado.

Al menos 28 personas fueron arrestadas por los destrozos que se cometieron en el Palacio Municipal de Guadalajara y sus alrededores, en donde un policía fue prendido en fuego sufriendo quemaduras de consideración. Se reporta que el agente se encuentra fuera de peligro.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó al gobierno federal y en especial al presidente López Obrador de estar detrás de los disturbios; indicó que hay intereses políticos en la entidad. Pidió a López Obrador y a su «gente», sacar las manos de lo que acontece en Jalisco.

En respuesta, AMLO dijo aseguró que no tenía nada que ver con lo que sucedió en Jalisco. «Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer», indicó.

Quien también hizo precisiones esta tarde fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; negó que se haya imputado desde la dependencia al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la muerte de Giovanni López, tal y como lo ha acusado el propio gobernador.

Sánchez Cordero aseguró que en el comunicado emitido ayer por la dependencia sólo se pide justicia para Giovanni, petición a la que ella se sumó más tarde con una publicación en su cuenta de Twitter.

El gobernador acusó que Sánchez Cordero dijo mentiras, junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, respecto al presunto uso de excesivo de la fuerza por parte de policías en la entidad.

“Ayer la secretaria de Gobernación, salió a decir una bola de mentiras, lo mismo que el subsecretario, yo con ellos no tengo nada que hablar», indicó Alfaro.

Sobre lo sucedido en Guadalajara, la Comisión Estatal de Derechos  Humanos de Jalisco (CEDHJ) condenó los actos violentos suscitados en la marcha realizada ayer, en la que se pidió justicia por la muerte de Giovanni.

En su reporte, la defensoría contabilizó 28 detenidos, entre ellos seis menores de edad y dos mujeres, lo que representa dos personas más que las reportadas por el ayuntamiento de Guadalajara y cuatro más de las reconocidas por el gobernador Enrique Alfaro.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, también se posicionó y exigió investigar la actuación de autoridades durante la marcha de ayer.

Amnistía Internacional también condenó el hecho y afirmó que «la muerte de Giovanni bajo custodia policial es un grave síntoma del uso indebido de la fuerza empleada por las autoridades y el uso generalizado de tortura».

La muerte de López también fue repudiada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por el director mexicano, ganador del Oscar, Guillermo del Toro, nacido en Guadalajara.

La fiscal general de Nueva York (NY) anunció este jueves que alcanzó un acuerdo con la aplicación de videoconferencias Zoom para mejorar la seguridad de sus más de 200 millones de usuarios, luego de que se presentaran casos de irrupción de desconocidos gritando insultos y consignas nazis en conversaciones o clases en línea.

La fiscal Letitia James dijo que el acuerdo mejorará la seguridad de los datos y los controles de los usuarios en esta aplicación que ha tomado relevancia durante la pandemia de coronavirus que vive el mundo, y las medidas de confinamiento.

Zoom anunció que 300 millones de videoconferencias diarias realizadas durante abril, contra 10 millones que hizo en enero, lo que representa un alza de más de 3,000% en sólo cuatro meses, según la fiscalía.

Los estudiantes y las escuelas tendrán acceso a medidas de seguridad adicionales, indicó James en un comunicado.

«Este acuerdo implementa protecciones para que los usuarios de Zoom puedan controlar su privacidad y seguridad, y para que lugares de trabajo, escuelas, instituciones religiosas y consumidores no tengan que preocuparse cuando participan en una videoconferencia», dijo la fiscal.

La fiscalía investigaba desde marzo pasado a Zoom tras denuncias de usuarios que súbitamente vieron imágenes pornográficas y racistas en sus pantallas durante las videoconferencias.

Además del denominado «Zoombombing» (interrupciones en reuniones virtuales)  se revelaron fallas de privacidad y seguridad de datos: la información no estaba encriptada y se filtraron datos personales de usuarios a otros sin su consentimiento.

Zoom también compartía la información con Facebook, incluido la de aquellos que no tienen cuentas en la red social.

El acuerdo apunta a mejorar todas estas fallas y problemas de privacidad y seguridad.

Zoom no solo es utilizado por muchos particulares que trabajan desde casa y ahora están en cuarentena o mantienen medidas de confinamiento, sino también por empresas y escuelas que han cerrado sus puertas y dan sus clases en línea.

La empresa Zoom, basada en Silicon Valley, aseguró entonces «tomarse muy en serio la vida privada, la seguridad y la confianza de sus usuarios».

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó este martes las conclusiones de los dictámenes periciales realizados con motivo del choque de dos trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ocurrido el pasado 10 de marzo en la estación Tacubaya.

En conferencia de prensa, el vocero de la Fiscalía informó que se determinó que el accidente fue el resultado de omisiones de operación, incurridas por el conductor y la reguladora en los procedimientos de seguridad correspondientes.

Señaló que el peritaje realizado por la Fiscalía, en el que participaron 12 especialidades, coincide con el presentado por la empresa alemana TÜVRheinland, la cual se contrató para elaborar un dictamen de manera independiente.

Indicaron que el peritaje se realizó a partir de los análisis a la caja negra, radio Tetra, telefonía fija, videos y documentos técnicos.

Ulises Lara compartió una cronología de lo que sucedió al momento del accidente.

Detalló que al salir de la estación Tacubaya con rumbo a la estación Observatorio, el conductor del convoy 33 recibió alertas en su tablero de control. Ante esta situación, el sistema de seguridad del tren actuó, bloqueándose en automático.

Dijo que de acuerdo con los manuales operativos en el STC, el conductor estaba obligado a aplicar el frenado del convoy, mediante la maniobra de estacionamiento de emergencia en rampa. Sin embargo, la reguladora de la línea no instruyó al conductor a realizar esas medidas, que implicaban mantener el convoy detenido de forma segura, sino por el contrario, le instruyó a que avanzara.

«El conductor cambió el modo de pilotaje automático a manual limitado, con la autorización de la reguladora del Puesto Central de Control. Cabe señalar que en este modo de conducción no se cuenta con ningún dispositivo de seguridad del tren».

Señaló que a partir de ese momento y durante ocho minutos, en el video se observa a diferentes personas que entraron y salieron de la cabina del conductor, cuando los manuales señalan que para ese momento debería ponerse en frenado manual y con calzas en cada vagón y desalojar el tren.

De acuerdo al registro de la caja negra, las diferentes maniobras provocaron que se perdiera la presión del aire del sistema de frenado.

De acuerdo a los protocolos, durante dicho tiempo el Puesto Central de Control nuevamente debió ordenar que se aplicara el freno de estacionamiento de cada vagón, desalojar el tren, así como prevenir a tiempo al operador del convoy 38, que se encontraba en la estación Tacubaya, lo cual se informó, no ocurrió.

«El hecho pudo evitarse si el conductor del tren 33 y la reguladora hubieran actuado conforme a los manuales técnicos operativos del STC, mismos que conocían y para los cuales fueron capacitados».

Basados en las conclusiones del peritaje, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que integra la carpeta de investigación correspondiente, en las hipótesis de homicidio culposo y lesiones para que en su momento se ejerza acción penal.

Se añadió que el tren 33 recibió su último mantenimiento el pasado 09 de marzo de este año y funcionaba correctamente.

El peritaje también corroboró que las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo cuentan con las medidas de seguridad requeridas para la operación y funcionamiento, en particular en el tramo que comprende la estación Tacubaya-Observatorio.

«El Metro continúa siendo un medio de transporte eficiente y seguro, tanto para los usuarios como para su personal», indicaron las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que remitió a la Fiscalía General de la República (FGR) las carpetas de investigación relacionadas con las muertes de pacientes en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, al indicar que es un tema de competencia federal.

A finales del mes pasado, 67 derechohabientes que recibían tratamiento de hemodiálisis en el hospital de Pemex en la capital tabasqueña, fueron afectados por el suministro del medicamento Heparina sódica, el cual estaba contagiado con una bacteria, por lo que han fallecido cinco pacientes, según datos oficiales. Adicional, hay 22 pacientes aún hospitalizados y 31 personas más en atención diaria fuera del centro hospitalario.

La FGET indicó, en un comunicado, que con las carpetas de investigación fueron enviadas a la delegación en Tabasco de la FGR “muestras debidamente aseguradas bajo cadena de custodia, para que se realicen los estudios anatomopatológicos y toxicológicos que permitan la obtención de la causa de muerte definitiva en cada uno de los casos».

Precisó que se trata de tres averiguaciones iniciadas en el Centro de Procuración de Justicia de Villahermosa, en las cuales la Fiscalía estatal actuó en auxilio y colaboración con la instancia federal, tras el fallecimiento de tres personas: dos hombres y una mujer.

Señaló que como órgano de procuración de justicia del fuero común actúa de buena fe en los casos que se le solicita, y también colabora con las demás instituciones que se lo requieran.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvieron a Miguel Ángel Vázquez Reyes, quien fuera subsecretario de Capital Humano y jefe de gabinete en el gobierno capitalino en la administración de Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, el vocero de la Fiscalía de la ciudad, Ulises Lara López, indicó que el hombre es probable responsable de delitos cometidos por servidores públicos.

Indicó que el exfuncionario fue detenido sin uso de la fuerza y con respeto a sus derechos humanos, durante un cateo en un inmueble de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El probable responsable fue trasladado para la certificación médica correspondiente y su posterior internamiento al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. En las próximas horas, el juez de control que lo requirió determinará su situación jurídica.

Vázquez Reyes ya había sido detenido en diciembre del año pasado, pero fue liberado debido a que obtuvo un amparo.

Lara López recordó que el pasado fin de semana, la Fiscalía anunció la vinculación a proceso de María del Carmen Ramírez Jasso y Óscar Armando Peña Avendaño, exconsejeros suplentes, luego de que un juez los consideró probables responsables de delitos cometidos por servidores públicos y les impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Asimismo, el martes pasado un juez también vinculó a proceso a Joel Pazol Ruiz, por su probable participación en delitos cometidos por servidores públicos. El juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 e internado en el Reclusorio Norte.

De acuerdo a las indagatorias, se pudo establecer que en abril de 2016 estos cuatro exservidores públicos fungieron como consejeros suplentes de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (Caprepol), uno de ellos como presidente suplente.

La Fiscalía señaló que posiblemente realizaron actos para dejar de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE, lo que ocasionó un perjuicio a la hacienda pública del Distrito Federal (Ciudad de México) por más de 293 millones pesos.

La fiscalía de Estados Unidos se opuso este jueves a que Genaro García Luna, que espera un juicio por narcotráfico en Nueva York, salga en libertad bajo fianza de un millón de dólares, pues dijo que existe «un riesgo de fuga inaceptable».

En una carta registrada en el juzgado, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, argumenta que la «combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez (Brian) Cogan» y solicita que se le mantenga detenido.

El fiscal señala que García Luna «tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo» porque se enfrenta a entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que le acusa la autoridad, y además «la fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado» con nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cartel de Sinaloa.

La Fiscalía, dice su titular en ese sentido, ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo acordó ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos.

Por otra parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene «recursos poderosos en México», donde ha vivido toda su vida hasta 2012, como «funcionarios corruptos» del Gobierno mexicano y miembros del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado.

El fiscal recuerda que Joaquín «El Chapo» Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa que fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal ante el que ahora se enfrenta García Luna, estuvo fugitivo en México durante quince años y Rafael Caro Quintero, otro de sus capos, lo sigue estando pese a que la Justicia lo busca para arrestarlo desde 2013.

La Fiscalía señala que el exsecretario de segurdad ha dicho tener «dificultades financieras» como para no poder «cruzar la frontera con México conduciendo», pero el Gobierno ha averiguado que en los últimos años ha adquirido múltiples empresas inmobiliarias que, en total, están valoradas en casi 4 millones de dólares.

«La investigación del Gobierno ha revelado que a lo largo de varios años, el acusado ha usado varias técnicas para ocultar el verdadero tamaño de sus empresas financieras, incluyendo empresas pantalla y compradores de paja que adquirieran activos para él», agrega.

El juez Cogan decidirá esta mañana en una vista programada a las 11:00 horas si otorga la libertad condicionada para el excolaborador de Felipe Calderón, a cambio de la fianza de un millón de dólares que solicitaron sus abogados.