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La dirigencia nacional de Acción Nacional exigió al gobierno de Morena garantizar los derechos humanos ante esta preocupante crisis migratoria, que se ha agudizado en los últimos días.

“El Partido Acción Nacional manifiesta su profunda preocupación y condena enérgicamente la situación crítica que enfrentan los migrantes que cruzan nuestro país, debido a la inacción del gobierno federal de Morena”, reclamó el blanquiazul.

Dijo que la suspensión de las operaciones de trenes de carga de la empresa Ferromex, anunciada esta semana en respuesta a la masiva aglomeración de migrantes, son un reflejo de la falta de políticas efectivas para proteger y velar por los derechos humanos de quienes buscan una vida mejor.

Añadió que la suspensión de las operaciones de trenes de carga no es una solución sostenible, además de que afecta gravemente a la economía del país, particularmente a los estados de Nuevo León, Baja California y Chihuahua.

“Es paradójico que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció en el Grito de Independencia de México un “¡Vivan los migrantes!”, su actuar y el de su gobierno son totalmente contradictorios”, señaló.

El PAN dijo que la retórica “vacía de palabras” debe ser sustituida por acciones concretas que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes.

El partido afirmó que los migrantes no deberían ser vistos como una amenaza, sino como seres humanos que huyen de situaciones extremadamente difíciles. “Es inaceptable que el gobierno mexicano no ofrezca soluciones y garantice la seguridad de los migrantes”.

Finalmente, Acción Nacional exigió que el gobierno federal asuma su responsabilidad y emprenda las acciones necesarias para garantizar los derechos de los migrantes que atraviesan nuestro país, con medidas efectivas para atender esta crisis humanitaria, tales como la provisión de refugio, atención médica, asesoría legal y protección de menores no acompañados.

Y es que la migración indocumentada en la frontera entre México y Estados Unidos ha aumentado de manera considerable en los últimos días.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha optado por responsabilizar a la ONU del recrudecimiento de esta crisis, negando que el gobierno vaya a implementar redadas o deportaciones masivas.

Quien también se manifestó sobre el tema fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), quien pidió a las autoridades responsables  implementar las acciones necesarias que ayuden a resolver con prontitud la crisis migratoria que azota al país.

Recordó que esta crisis ha generado el cierre temporal de algunos cruces fronterizos con Texas y ocasionado graves afectaciones a las empresas de todo el país que exportan e importan, y específicamente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Puso como ejemplo lo que sucede en el Puente de las Américas que comunica a Ciudad Juárez con El Paso, Texas, en el que se mantienen varados mil 500 camiones de carga.

Pidió al Gobierno establecer una mesa urgente de diálogo con su homólogo de Estados Unidos, con la participación de los gobiernos estatales de ambos países para que exista colaboración y un esfuerzo bilateral en el ordenamiento de la migración.

“En COPARMEX no pasa inadvertido el componente político-electoral que ha radicalizado las posturas entre ambos países. Por lo que consideramos que mediante el diálogo se debe alertar a los gobiernos federal y estatales de EUA de los graves riesgos humanitarios y económicos en caso de apostar por profundizar esta crisis y no buscar soluciones”, dijo la Confederación.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, sobre la situación del país en materia migratoria.

Por un lado el presidente López Obrador ha querido vender la idea de que la contienda presidencial ya la ganó Morena. Que ese arroz ya se coció. Que la oposición no tiene nada que ofrecer más que el regreso al pasado. O es la transformación o es la mafia del poder.

Por el otro lado se dice y se repite que el presidente es un genio para las campañas. Que si bien no ha sabido gobernar el país, estos cinco años ha mantenido encendido el modo campaña y con ello se habla primordialmente del tema que López Obrador pone en agenda en la conferencia mañanera.

Pero estos días ha sido muy claro que el presidente está tan obsesionado con que su transformación no se acabe el 1º de octubre del 2024 y con su intención de que sean dos en la silla presidencial a partir de esa fecha, él y Claudia Sheinbaum, que no se ha percatado de una serie de errores que ha cometido.

En primer lugar, al haber adelantado los tiempos cuando dio a conocer las reglas de su sucesión en el restaurante El Mayor al día siguiente del triunfo en el Estado de México. A partir de entonces ha expuesto a las corcholatas – a Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto y Monreal – a un conflicto con las instituciones electorales por incurrir en actos anticipados de campaña.

Estas reglas también obligaron a los mismos personajes, salvo a Ebrard, a renunciar a sus cargos antes del tiempo que hubieran querido. Claudia Sheinbaum pretendía seguir al frente de la Jefatura de la CDMX cuando menos hasta septiembre. Ahora se las ha tenido que ver con tiburones de la política que le han complicado el arranque.

Aunado a ello, los aspirantes de Morena están abiertamente en conflicto entre ellos. Por más que las reglas de Morena han pedido que no se ataquen ni se confronten entre ellos, los mensajes que manda cada una de las corcholatas es una puñalada para sus compañeros de partido. Como ejemplo perfecto está la fotografía que publicó Claudia Sheinbaum del periódico de Stanford, en el que aparece ella protestando contra el neoliberalismo ante una visita que hiciera Carlos Salinas de Gortari a la Universidad. Sheinbaum pregunta ¿Y ustedes en dónde estaban en 1991?  Lo hace sin mencionar a Ebrard, pero es evidente que es un dardo en su contra. ¿En dónde estaba Ebrard en ese momento? En el PRI, en el gobierno de la Ciudad de México que encabezaba el cercanísimo a Salinas, Manuel Camacho Solís.

Esta rivalidad ha sido motivada por un presidente que no permite una competencia democrática dentro del partido. Un presidente que le gusta acaparar reflectores y detesta compartirlos. Así, cada aspirante no piensa más que en ganar sus simpatías para desbancar a Sheinbaum y la ex Jefa de Gobierno no piensa más que en la forma de mantenerse como la favorita.

Pero quizás su más grande error en estos días ha sido darle el reflector que necesitaba a una figura de la oposición fuerte y carismática como lo es Xóchitl Gálvez. La senadora del PAN había dicho que quería ser candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX. López Obrador la difamó al decir que ella estaba en contra de los programas sociales de su gobierno. Ella ganó una demanda para poder ejercer su derecho de réplica en Palacio Nacional. López Obrador incumplió su palabra y no dejó entrar a Xóchitl a la Mañanera. A partir de este acto, el presidente le abrió la puerta a la candidatura presidencial.

Sobre Gálvez hay mucho que escribir. Por lo pronto, simplemente anotar que en ella, Morena podrá encontrar a una rival con la historia personal y política adecuada para el momento actual y por ello una contrincante bastante competitiva. Y fue López Obrador quien la puso en los reflectores.

Columna completa en El Universal

El gobierno de México está analizando la posible compra de la unidad de consumo de Citigroup en el país: Banamex.

Lo que revisa es si la posible compra ayudaría a impulsar la inclusión financiera en el país, potencialmente en combinación con el Banco del Bienestar.

Esto se confirma luego de que Citigroup descartara la semana pasada la venta de Citibanamex, y anunciara que en su lugar haría una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones, poniendo fin a las negociaciones que mantenía con Grupo México, del multimillonario Germán Larrea, quien ofrecía alrededor de 7,000 millones de dólares.

“El secretario de Hacienda nos ha pedido evaluar los distintos escenarios a los cuales tal vez sería benéfico para México adquirir el banco”, dijo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio en exclusiva para la agencia Reuters.

Yorio, quien dijo que México podría buscar una adquisición total o parcial de la unidad, hizo estas declaraciones en una entrevista en el marco de su visita oficial a Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, donde tiene la encomienda de impulsar los lazos comerciales, financieros y diplomáticos.

Y es que recordemos que después de que el banco descartara la venta de su unidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que el gobierno podría adquirir hasta la mitad de Citibanamex.

El subsecretario señaló que México tiene diferentes bancos de desarrollo. “Hay bancos que están enfocados a la inclusión financiera y tal vez ahí es donde potencialmente la adquisición de otro banco pudiera hacer sentido en el uso de la infraestructura y también de la tecnología para poder incrementar la inclusión financiera en México”.

El Banco del Bienestar, por el que se distribuyen los apoyos que el gobierno federal entrega, tiene cerca de 2,000 sucursales físicas, por lo que Yorio dijo que “es un candidato natural para poder hacer el mejor uso de los activos y de la estructura que tiene Banamex”.

Yorio subrayó que aún no se ha tomado una decisión y que se están analizando posibles sinergias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes que propondrá una reforma al artículo 33 de la Constitución, que permite la expulsión de extranjeros por “inmiscuirse” en política y que en años recientes ha causado polémica.

“Ya nosotros estamos hoy o mañana por enviar una iniciativa de modificación a la Constitución sobre el artículo 33 porque antes el que se consideraba extranjero pernicioso porque hacía un cuestionamiento al gobierno se le deportaba, eso lo vamos a quitar”, indicó en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario se refirió al artículo constitucional que faculta al Ejecutivo a “expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley” y a que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

La cláusula ha despertado controversia en años recientes, como en diciembre pasado, cuando el expresidente Felipe Calderón pidió usar el artículo contra el español Abraham Mendieta, asesor y simpatizante del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ese mismo mes, la Secretaría de Gobernación (Segob) eliminó de la lista de personas non gratas al cantante español Manu Chao, quien en 2009 criticó al gobierno de Calderón, por la represión de las protestas en San Salvador Atenco en 2006.

Mientras que en 2021, simpatizantes de Morena pidieron aplicar el artículo 33 a los líderes de Vox que acudieron al Congreso a presentar la Carta Madrid, algo a lo que López Obrador se negó.

Por otro lado, el Tribunal Federal Electoral decretó en 2018 que la cantante Belinda, quien tiene nacionalidad española pese a vivir en México, “vulneró” la Constitución y la ley electoral por participar en actos políticos de Morena.

Y en 2014 hubo una controversia con Chile por el arresto del músico chileno Lawrence Maxwell Ilabaca durante una protesta tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de ese año.

“No debe haber nada que limite la libertad y todos esos supuestos delitos que tienen que ver con insultos a la autoridad deben eliminarse”, consideró López Obrador.

El presidente argumentó que la cláusula viene desde la Constitución de 1836, pero prometió que su gobierno trabaja por la libertad al eliminar también las sanciones previstas por “injurias al presidente”.

La percepción de inseguridad bajo a 64.2% al cierre de 2022, desde el 65.8 % de un año antes, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esto significa que casi dos tercios de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que el INEGI levantó el cuarto trimestre del año pasado.

“Representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a diciembre de 2021”, apuntó el Instituto en su reporte.

La percepción actual también implicó una leve reducción frente al tercer trimestre de 2022, cuando el índice era de 64.4%.

El dato dado a conocer por el INEGI muestra también una brecha de género en la percepción de inseguridad: 69.9% de mujeres reportaron inseguridad frente al 57.4% de los hombres. Un año antes, el 70.3 % de ellas percibían inseguridad en comparación con 60.2 % de ellos.

La ENSU se publica después de revelarse el martes pasado que los homicidios dolosos decrecieron un 7.1% anual en 2022 hasta los 30,968 asesinatos, el tercer año consecutivo de caída tras los años más violentos de la historia de México, con 34,718 en 2019, 34,563 en 2020 y 33,350 en 2021.

Aún así, en 2021 hubo eventos violentos de gran impacto nacional: los ataques de grupos del narcotráfico en Ciudad Juárez que dejaron 11 muertos en agosto, y el ataque en un funeral en Michoacán que dejó 17 muertos en febrero pasado.

La ciudad con mayor percepción de inseguridad fue Fresnillo, Zacatecas, donde 97.7% de sus habitantes reportaron este sentimiento en medio de las masacres que ahí comete el crimen organizado. Le siguen Zacatecas (93.3%), Irapuato (92.6%), Naucalpan (89.7%), Ecatepec (89.6%) y Ciudad Obregón (89.2%).

En contraste, la ciudad menos insegura fue San Pedro Garza García, en Nuevo León, considerado el más rico del país, donde solo 8.1% de la población reportó inseguridad. Le siguieron Los Mochis (15%), Benito Juárez en la Ciudad de México (19.4%), Los Cabos (20.9%), Tampico (22.1%) y Cuajimalpa (22.3%).

En cuanto a espacios físicos específicos, 74.3% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos de la vía pública, el 67.1% en el transporte público, el 58.9% en el banco, y el 57% en las calles que habitualmente usa.

La población que reportó haber sido testigo de conductas delictivas en los alrededores de su vivienda, se relacionó con consumo de alcohol en las calles (60.6%), robos o asaltos (52.2%), vandalismo (42.7%), venta o consumo de drogas (39.8%) y disparos frecuentes con armas (38.3%).

También denunciaron bandas violentas o pandillerismo (25.5%), tomas irregulares de luz (14.2%) y robo o venta ilegal de gasolina o diésel, mejor conocido como “huachicol” (3%).