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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe entregar versión pública de la Nota Diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Karime Macías, según instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó que dicho caso involucra el interés público de conocer información que permite abonar al escrutinio por parte de la sociedad en el ejercicio de recursos públicos.

Ibarra Cadena señaló que cualquier persona, al hacer uso del derecho a la información, cuenta con herramientas para conocer el desempeño de las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y exigir que se cumplan con los principios constitucionales inherentes al desempeño de sus cargos.

Y es que un particular solicitó que la SRE le informara si el gobierno de México ya solicitó formalmente al gobierno del Reino Unido la extradición de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, derivado de la orden de aprehensión que un juez penal del estado giró en su contra.

La solicitud detallaba que en caso afirmativo, deseaba conocer la fecha de la solicitud y el estado en que se encuentra; y en caso, negativo, las razones por las cuales no se ha presentado.

Sin embargo la SRE, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, clasificó como confidencial la información relacionada con expedientes de extradición ya que alegó que podrían contener datos personales, así como el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de una petición de extradición en contra de la persona indicada por el solicitante.

Luego de un análisis, “concluimos que la difusión de la información solicitada favorece la rendición de cuentas a la sociedad, de manera que puedan valorar el desempeño de las autoridades mexicanas que han participado en la solicitud de extradición de la persona de mérito”, subrayó la comisionada.

Por lo anterior, el Pleno de INAI, por unanimidad, revocó la respuesta de la SRE para que proporcione la versión pública de la Nota Diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional con fines de extradición y su anexo en la que no podrá proteger el nombre de la persona de quien se solicitó la extradición; los fundamentos legales; los datos de identificación de la orden de aprehensión y los datos con las penas que le pudieran ser aplicables y prescripción de los tipos penales.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó un recurso de revisión presentado por la comisionada Blanca Lilia Ibarra para que la oficina de la Presidencia de la República dé a conocer los nombres de los periodistas y medios que recibieron recursos de publicidad oficial de 2012 a la fecha.

En la sesión del Pleno del INAI de este miércoles, los comisionados resolvieron el recurso de revisión número RRA 2076/19 interpuesto en contra de la Presidencia de la República, en seguimiento de la solicitud de información de un ciudadano que pidió hacer públicos los nombres de las personas físicas y morales que obtuvieron dinero del gobierno federal, como parte de la contratación de publicidad.

En una primera instancia, el sujeto obligado, la Presidencia, declaró la inexistencia de dicha información, por lo que el solicitante presentó un recurso de inconformidad ante el INAI, que en la sesión de esta mañana “revocó” la respuesta proporcionada por el gobierno federal e instruyó dar a conocer los datos requeridos.

En entrevista con Radio Fórmula, el comisionado presidente del INAI, Francisco J. Acuña, aclaró que todos los gobiernos democráticos tienen partidas presupuestarias destinadas a la contratación de empresas periodísticas y mediáticas. En ese sentido, Acuña aclaró que se trata de una práctica válida y legal conforme a la ley, y que la información a revelarse es general, y no sólo en términos de “chayote”, como se conoce a la supuesta entrega de recursos para que comunicadores defiendan de manera incondicional las acciones de los gobernantes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un plazo de 10 días hábiles para cumplir con el requerimiento del órgano de transparencia.

Y es que ayer, el mandatario federal aseguró que los comunicadores que difundieron la versión sobre la supuesta renuncia de Alfonso Romo a la Oficina de la Presidencia de la República, son los mismos que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto recibieron dinero público de forma indiscriminada.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá buscar y, en su caso, dar a conocer los estudios realizados para determinar la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El organismo indicó que la Sedena debe informar las características topográficas del terreno; impacto y remediación ambiental; soluciones para pistas, áreas de rodaje y plataformas; estudios de viabilidad de trayectorias y conos de aproximación, aterrizaje y despegue.

“Es indispensable que la sociedad conozca información técnica sobre la construcción de dicha obra, ya que con ello las autoridades brindan seguridad de lo que se está construyendo, y que se cumple con la normatividad aplicable, que se cuenta con medidas de seguridad, por ejemplo, que el terreno es el adecuado para la construcción, brindando así certidumbre jurídica y confianza institucional”, afirmó la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena quien presentó el asunto ante el Pleno.

Añadió que este asunto revela el interés de la ciudadanía en la agenda pública que impacta en el desarrollo político, económico y social del país y genera una mayor participación ciudadana, lo que propicia que las autoridades transparenten y rindan cuentas de su actuar.

Y es que la Sedena respondió a la solicitud de un particular a través de las Direcciones Generales de Ingenieros y Administración, que llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de la información; sin embargo, no localizó en sus archivos información sobre los estudios de viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía.

Los comisionados señalaron que en caso de que la información solicitada no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, éste deberá informar al recurrente dicha situación y fundamentar los motivos de la inexistencia.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá dar a conocer el nombre de los clubes afiliados a la Federación Mexicana de Futbol (FMF)  beneficiados con la condonación de créditos fiscales, los montos condonados, fecha y motivos, en el periodo comprendido entre enero de 2012 y el 4 de mayo de 2015.

La acción fue ordenada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

A presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la interpretación de secreto fiscal del SAT, para no entregar la información generada antes de enero de 2014, impide conocer la forma en que el gobierno ha fiscalizado a las empresas en el pasado, cuando existen casos relevantes que pueden generar suspicacia.

“Fuentes periodísticas revelan que en 2007 el Congreso de la Unión aprobó una cancelación de créditos fiscales que ascendió a más de 73.9 mil millones de pesos que dejaron de ingresar a las arcas del Gobierno federal. La Auditoría Superior de la Federación detectó que los principales beneficiarios de la cancelación de 2007 fueron 298 deudores, entre ellos, cuatro equipos de fútbol que acumulaban 79 créditos por 2 mil 178 millones de pesos. Sin embargo, los nombres de los equipos no se dieron a conocer”, expuso el comisionado.

Salas Suárez afirmó que si bien esta práctica de apoyo es legal, la información pública es la vía para disipar cualquier duda o suspicacia sobre los posibles privilegios fiscales concedidos a los clubes afiliados a la Federación Mexicana de Futbol.

Finalizó indicando que el problema es que las reglas de fiscalización no son claras, se sospecha que algunos proyectos puedan responder a intereses de grupos o personas específicas.

Y es que recordemos que por aspectos como rating, publicidad y venta de boletos, el negocio del fútbol en México genera ganancias de hasta 200 millones de dólares al año.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Presidencia de la República dar a conocer los nombres, estado de adscripción, clave de nivel salarial, ingreso mensual bruto y neto, así como los recursos presupuestados para el pago de aguinaldos de los llamados superdelegados.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la transparencia es una vía fundamental para rendir cuentas a la población sobre los resultados de los programas sociales prioritarios del gobierno federal.

“Para ir un paso más adelante, el gobierno federal podría hacer un ejercicio de transparencia proactiva clarificando los criterios utilizados para nombrar a los nuevos delegados, las reglas que cuidarán su participación en el manejo y vigilancia de recursos públicos federales, así como los mecanismos de seguimiento y control social de los programas de desarrollo que estarán a su disposición”, subrayó Salas Suárez.

Y es que un particular solicitó, con respecto a la figura de los Delegados de Programas para el Desarrollo, datos como la denominación correcta de dicho cargo; los nombres de quienes ocupan el cargo y el estado de adscripción; el ingreso mensual bruto y neto desglosando percepciones y deducciones, entre otros.

En respuesta, la oficina de la Presidencia señaló ser incompetente para contar con la información requerida, limitándose a entregar un vínculo a través del cual podría consultar la normativa referida.

Ante la respuesta recibida, el particular interpuso el recurso de revisión ante el INAI, a través del cual señaló no estar conforme con la incompetencia esgrimida, e indicó que, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece lo correspondiente, para la Presidencia y la Secretaría del Bienestar, respecto de la figura de los superdelegados.

La Oficina de la Presidencia reiteró su respuesta original y señaló a la Secretaría de Bienestar como la responsable de coordinar a las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo de las Entidades Federativas.

En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Salas Suárez manifestó que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, para su coordinación, el Poder Ejecutivo Federal contará con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, bajo el mando directo del Presidente de la República.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) será acompañante de la Administración Pública Federal, pero no complaciente, para que esta realice una gestión con transparencia y combata a la corrupción, dijo hoy el comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.

Aseguró que “el INAI, al gozar de la confianza de la ciudadanía, está obligado a ser vertical frente a la autoridad y no ser complaciente, por lo que se debe realizar un acompañamiento de la Administración Pública para que lleve a cabo un trabajo con total transparencia, para abatir la corrupción y la impunidad”.

Durante la presentación del libro El INAI. Resoluciones Relevantes y Polémicas (12 Casos Líderes), Acuña Llamas explicó que las resoluciones que se abordan en el texto, se refieren a casos de gran impacto cívico y político. Se trata, dijo, de un conjunto de resoluciones que reflejan las complejas situaciones que el INAI, como órgano garante, solucionó con equilibrio entre el derecho a saber y la privacidad.

En este marco, el comisionado presidente consideró que el Instituto es fundamental para la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, derechos que son demanda permanente de la sociedad.

En el evento organizado por la Cámara de Diputados, en la sede del Archivo General de la Nación (AGN), el comisionado anunció que, actualmente, el órgano garante está resolviendo temas de interés general que, previa selección, formarán parte de una nueva edición bibliográfica.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) consideró necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con las investigaciones sobre el caso Pegasus y finque las responsabilidades correspondientes.

En voz de su comisionado presidente, Francisco Javier Acuña, el INAI recordó que el Instituto inició una investigación de oficio y un procedimiento de verificación sobre el caso, cuyas conclusiones fueron enviadas a la FGR, notificando que se detectaron irregularidades en el manejo del software por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

“El INAI, aquí, patentiza al señor Fiscal General de la República la necesidad democrática de continuar las investigaciones; nosotros las hicimos, estrictamente, en el acotado ángulo de la protección de datos personales porque no tenemos otras potestades y, al menos, nosotros sí activamos una denuncia para que se hicieran las investigaciones y se localicen las responsabilidades de quienes hubiesen sido partícipes en cualquier forma del ominoso pasaje de haber hecho posible una indebida vigilancia digital ”, sostuvo Acuña Llamas.

El comisionado presidente del INAI afirmó que en una democracia es inaceptable que herramientas como el software Pegasus, adquirido por el Estado para combatir ilícitos, haya sido utilizado sin el debido protocolo y “burlando la legalidad” para vigilar a periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil organizada.

El llamado del INAI llega luego de que se informara que Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), deberá comparecer en la investigación por el uso de Pegasus, toda vez que una juez le negara un amparo para evitar la comparecencia, prevista para el 20 de marzo.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que dé a conocer costos, beneficios, estudios y planeación del Tren Maya.

El comisionado Joel Salas señaló que los estudios ambientales y sociales son medidas para prevenir violaciones a los derechos humanos.

“Conviene impulsar un ejercicio de transparencia proactiva que garantice la divulgación de información pública pertinente sobre el costo-beneficio del proyecto Tren Maya y el resto de los proyectos nacionales de infraestructura, así como de las acciones para mitigar sus impactos ambientales”, dijo en un comunicado.

En respuesta a un particular que solicitó la información, la SCT a través de la Subsecretaría de Transporte y la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal y del Sistema de Control Interno aseguró que no cuentan con ninguno de estos requerimientos.

Después de dicha revisión, el INAI concluyó que la SCT omitió realizar la búsqueda de la información requerida en la Oficina del Secretario y en los Centros SCT en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que no cumplió con la Ley Federal de Transparencia.

El INAI instruye a la Secretaría a “realizar una búsqueda exhaustiva de la información relativa al proyecto del Tren Maya, es decir, de todas las documentales que den soporte de los costos, beneficios, estudios y planeación ejecutiva del proyecto de inversión, incluyendo todas las expresiones que generan fichas técnicas”, señaló en un comunicado.

El INAI ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) publicar el expediente del magnicidio en 1994 del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio por su “trascendencia social e histórica”.

“Al tratarse de un magnicidio de amplias repercusiones en la esfera política y social de México, la averiguación previa del homicidio del candidato a la Presidencia resulta de interés público”, sostuvo el organismo en un comunicado.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) indicó que ha recibido “numerosas solicitudes de información” sobre este caso.

Tras estudiar un recurso interpuesto por un particular, el órgano de transparencia ordenó la apertura del expediente del magnicidio porque “favorece el escrutinio y debate público de un hecho del que en la actualidad la sociedad mexicana sigue demandado su esclarecimiento”.

Con el acceso al expediente completo de la averiguación previa se da cuenta de las acciones y los resultados obtenidos por parte de órganos de procuración de justicia del Estado mexicano respecto al homicidio de un candidato a la presidencia”, añadió el INAI.

Asimismo, advirtió que clasificar como “reservado” este expediente impediría que “las personas interesadas estén en posibilidad de evaluar la actuación de los funcionarios públicos” tras el asesinato del candidato.

Según el INAI, el caso cobra ahora todavía más relevancia puesto que el próximo 23 de marzo se conmemorarán los 25 años del asesinato en Tijuana de Luis Donaldo Colosio, quien era candidato presidencial del entonces oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A raíz de una resolución del INAI, el pasado diciembre se desclasificó un video que muestra el momento exacto en el que Luis Donaldo Colosio fue tiroteado mientras saludaba la gente en un acto electoral y que permanecía reservado hasta el 2035.

Luis Donaldo Colosio era considerado seguro sucesor del presidente Carlos Salinas de Gortari debido al férreo control que el PRI mantenía sobre el Gobierno.

Aunque se detuvo en el momento al presunto asesino material, Mario Aburto, las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregar el estudio que se realizó sobre los impactos sociales y ambientales del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

El proyecto de recurso de revisión fue solicitado por un particular, por lo que el comisionado Joel Salas determinó que la población tiene derecho a saber cuáles eran los riesgos de esta obra.

Cuando la Conagua fue notificada, aseguró que el estudio “Consideraciones Hidrológicas y Ambientales para el Posible Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria en el Lago de Texcoco” no existía.

“De acuerdo con diversas fuentes noticiosas, el documento fue entregado por la Conagua al equipo de transición del entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, en octubre de 2012”, dice un comunicado del INAI.

El comisionado concluyó que la Comisión no buscó el documento en todas las áreas competentes, por lo que “instruyó (a Conagua) hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes”.

Salas añadió que estos estudios deben de hacerse para todas las grandes construcciones como el tren México-Toluca, la termoeléctrica de Huexca en Morelos, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el Tren Maya y el aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) revelar datos relacionados con la ubicación de fosas clandestinas en la Ciudad de México, durante el periodo comprendido entre 1998 y noviembre de 2018.

Durante sesión del pleno, el comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló que un particular pidió la fecha y domicilio exactos, así como el estado en el que fueron encontrados los restos; sexo, edades; si fueron identificados, si se les practicaron pruebas de ADN y si los restos fueron entregados a sus familias.

De la misma forma, se solicitó dar a conocer la ubicación de los cuerpos o restos y el número de averiguación previa o carpeta de investigación abierta en los casos.

En respuesta, la FGR informó que la Dirección General de Especialidades Médico Forenses sólo localizó información estadística en la capital de 2008 a 2014, desglosada por fecha, estado, municipio/localidad, fosas, cuerpos y sexo.

Ante dicha respuesta, el solicitante se inconformó porque no se entregó la información completa, ya que faltó el nivel de detalle solicitado como la dirección y el lugar exacto de las fosas clandestinas encontradas en la Ciudad de México y los datos de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

“En México a estas alturas, es increíble que no se pueda conocer el número de fosas clandestinas y no tener la información. En términos de derechos humanos es terrible que las autoridades competentes no cuenten con datos, principalmente para los familiares de las víctimas “, subrayó el comisionado Guerra Ford en un comunicado del Inai.

De la misma forma, destacó que en la Ciudad de México se debe contar con la información completa de todo tipo de delitos y, por lo cual lamentó que aparte de estos terribles acontecimientos que suceden en México de forma cotidiana, no se tenga la investigación final.

Derivado de esta situación y por unanimidad del pleno, el Inai determinó modificar la respuesta de la FGR, y le instruyó a hacer una nueva búsqueda en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales; la de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, para informar la dirección y el lugar exacto de las fosas clandestinas en la Ciudad de México.

CiaLuego de que un particular solicitara a la Presidencia de la República la información referente a los viáticos que realizó el ex presidente Enrique Peña Nieto correspondiente al periodo 2013-2018, y esta indicara que no contaba con dichos datos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó que se transparente dicha información.

En sesión del pleno del INAI, el comisionado Oscar Guerra Ford consideró importante presentar el recurso en el que se instruye a la Presidencia de la República realice una nueva búsqueda en la que no podrá omitir la información de la Dirección de Finanzas y Presupuesto, la Dirección de Recursos y Servicios Generales y del Estado Mayor Presidencial, sobre los montos erogados por concepto de viáticos.

Y es que recordaron que la Oficina de la Presidencia atendió dicha solicitud a través de la Dirección General de Finanzas y Presupuesto (DGFP), con fecha 26 de septiembre del año en curso, solicitando al Comité de Transparencia que confirmara la inexistencia de la información solicitada.

“Es un ejemplo del incentivo que representa para las personas a preguntar algo tan básico como el gasto en viáticos y difícil de creer la falta de respuesta y más aún, resulta incomprensible la actitud de la oficina de la Presidencia de la República que utiliza un criterio erróneo para no otorgar la información”, puntualizó Guerra Ford.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó al Consejo de la Judicatura Federal entregar los testimonios grabados de Mario Aburto Martínez, asesino del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y de Othón Cortez, involucrado en el caso.

“Se instruyó al Consejo de la Judicatura Federal entregar los vídeos y grabaciones de audio de los careos que sostuvo Othón Cortez Vázquez con Mario Aburto y otros testigos como parte de la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio”.

En un comunicado, el INAI informó que “en el pleno ha quedado de manifiesto el interés de la sociedad mexicana de conocer la verdad, así como la investigación y los elementos de prueba de la autoridad de procuración de justicia”, manifestó.

Y es que, un particular solicitó los vídeos y las grabaciones de audio de los careos del 26 y 29 de mayo y del 1 de junio de 1995 entre Othón Cortez Vázquez y Mario Aburto Martínez. Así como los careos del 26 y 29 de mayo de 1995 entre Othón Cortez Vázquez y un testigo.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno estará marcado por la austeridad y el buen uso de los recursos, al tiempo que lanzó una dura crítica a los gastos excesivos de algunos organismos públicos autónomos.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario elogió al Congreso de la Unión por impulsar cambios legales en materia de disciplina presupuestaria. “Ojalá que se aprueben porque tiene que haber austeridad. El poder es humildad, no fantocherías, no prepotencias, no lujos. Es excesivo lo que se destina a mantener al gobierno”, dijo.

López Obrador lamentó que las administraciones pasadas se dedicaran a agrandar el aparato estatal creando entidades que sólo absorben dinero y dan pocos resultados. “Instituciones para todos, comisiones, órganos supuestamente autónomos con muy buenos sueldos para los altos funcionarios y mucho derroche”.

“Empezando por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Cuesta mil millones de pesos mantener ese organismo y ¿en qué ha contribuido para reducir la corrupción? Al contrario, la corrupción creció como nunca a la par de que se creo ese organismo. Los sueldos de los del Instituto de la Transparencia, hasta de 300 mil pesos mensuales”, reprochó el mandatario.

Esta situación, continuó, se extiende a otros organismos creados desde la aprobación de la Reforma Energética, pero en este caso se llega “al extremo de que hay funcionarios del sector, a partir de la reforma, que tienen derecho a que les paguen una fianza si cometen un delito, con dinero del presupuesto se les protege con fianza. Increíble. Todo esto se tiene que terminar”, aseguró.

Pese a esta crítica, despejó dudas y reiteró que el INAI no desaparecerá, “pero sí espero que, como es un organismo autónomo, haga un esfuerzo de austeridad para reducir los sueldos de los altos funcionarios”, dijo.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) indicó que tras las diligencias efectuadas por policías de Investigación y peritos en criminalística, se estableció que el comisionado del INAI, Carlos Bonnin, cayó del quinto piso sin que existiera una fuerza externa que lo provocara.

Añadió que de acuerdo a la necropsia practicada al comisionado, se concluyó que falleció a causa del conjunto de traumatismos provocado por la caída.

El subprocurador Guillermo Terán Pulido indicó que lo que se concluyó por parte de los peritos, se reconfirmó con el material videoráfico que les fue entregado por parte del Instituto. “Él toma la determinación, es de manera voluntaria (la caída)”.

Añadió que la caída se produjo en un momento en el que el comisionado se encontraba solo, por lo que al no haber una responsabilidad que perseguir se determinó que no habrá acción penal.

 

En conferencia de prensa, el comisionado presidente del Instituto Naciaonal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, reveló nueva información sobre la muerte del comisionado Carlos Bonnin ocurrida este lunes.

Indicó que si bien el comisionado Bonnin falleció, de acuerdo al informe del parte médico, a causa de un infarto al corazón, todo se derivó de una caída que sufrió desde el quinto piso del edificio del Instituto.

“Alrededor de las 9:00 de la mañana, los comisionados fuimos informados que el comisionado Carlos Bonnin, quien acostumbraba llegar desde muy temprano, incluso antes que muchos de los trabajadores del INAI, había sufrido un accidente”, relató Acuña.

Aclaró que de inmediato fue atendido por el personal médico del Instituto, quien brindó desde el primer momento la atención necesaria e informó que el comisionado Bonnin presentaba signos vitales al momento de iniciar el traslado al hospital Ángeles del Pedregal, a donde llegó con vida.

Indicó que la caída se reportó de inmediato a los servicios de emergencia que le prestaron el auxilio para trasladarlo, así como a la Policía capitalina y a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Al respecto informó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) abrió una carpeta de investigación por lesiones culposas derivadas de la caída referida.

Puntualizó que el INAI ha entregado a las autoridades toda la información que se le ha requerido para lograr el esclarecimiento de la situación, incluyendo el material de las cámaras de videovigilancia del Instituto.