Tag

inconstitucionalidad

Browsing

El secretario de Gobernación, Adán Augusto Lopez, visitó este medio día el Senado de la República, donde se reunió con se reúne el presidente de la Jucopo, el morenista Ricardo Monreal, así como con algunos senadores.

Monreal dijo que Adán Augusto manifestó el interés que tiene el ejecutivo federal de que el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral salga adelante.

“En este esfuerzo de colaboración y de coordinación entre los poderes el secretario de Gobernación vino a expresar con los legisladores el interés del Ejecutivo para que esta reforma prospere”, indicó.

En una breve reunión con los medios de comunicación, Ricardo Monreal dijo que planteó al titular de Segob, 21  bloques de  inconstitucionalidad, que a su vez contemplan diversos artículos modificados por parte de los Diputados.
Monreal Ávila dijo que de los 21 bloques de inconstitucionalidades presentados, el secretario de Gobernación solo aceptó seis, por lo que 15 están pendientes de analizarse. Dijo que el funcionario federal se los ‘llevó’ para revisarlos.

Adán Augusto López ofreció revisar el resto de bloques que le fueron planteados, pese a que, dijo Monreal, esa es una tarea del Congreso.

“El secretario de gobernación ofreció revisar el resto de los paquetes. Aunque esto es facultad del Senado, tampoco somos entes aislados y reconocemos que este sistema de colaboración debe de prevalecer”, añadió.

El senador afirmó que el titular de Gobernación fue amable y respetuoso en todo momento, y “simplemente escucho y se llevó” los planteamiento hechos.

Enlistó los planteamientos hechos, mencionado tres: los 21 bloque de inconstitucionales, el vicio en el procedimiento legislativo que hubo en la Cámara de Diputados, y el contenido de las normas que más preocupan y se deben corregir.

En ese sentido señaló que si en el Congreso no se subsanan dichos errores, se le darán elementos a la Suprema Corte para que pueda ser revisado el actuar del poder legislativo e incluso echar abajo los cambios que se buscan con la reforma electoral.

“Lo que yo le dije fue que si no cuidamos el contenido de las normas que estamos ahora intentando aprobar, se va a judicializar y la Corte nos puede enmendar la plana. Mejor nosotros hagamos con seriedad nuestro trabajo”, sostuvo Monreal.

Adelantó que puede ser el próximo miércoles cuando el dictamen suba al Pleno, siempre y cuando en estos días las comisiones dictaminen y aprueben el proyecto.

Sobre si el PT, PVEM y PES apoyarían los cambios que se plantearon al secretario de Gobernación, Monreal Ávila dijo que su sus partidos aliados afirmaron que respaldarían y serían respetuosos de la nueva propuesta.

Luego de la reunión, las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, encargadas de dictaminar el ‘Plan B’, entraron en actividades, sin embargo, esta última no reunión el quórum necesario para sesionar.

Sin embargo, eso no impidió que la comisión de Gobernación sesionara y en solo 30 minutos aprobaran el segundo dictamen. Se contó con 10 votos unánimes del oficialismo: 8 de Morena, 1 del PVEM y 1 del PES.

Pese a que fue aprobado en esta comisión, el dictamen no podrá pasar al Pleno del Senado hasta que sea avalado en la comisión de Estudios Legislativos Segunda.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación.

Además, la CNDH indicó que también se atenta contra la libertad de trabajo, el acceso a un empleo público, así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.

La acción de inconstitucionalidad también ca dirigida en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Tras un “vasto trabajo de diálogo” con organizaciones de la sociedad civil y con autoridades involucradas en el tema, la Comisión indicó que llevó a cabo un análisis minucioso sobre la constitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 20 de mayo.

Dicho análisis le permitió a la CNDH impugnar diversas disposiciones de los ordenamientos legales entre las cuales destacan:

  • Artículos 10, fracción I, 19, fracción XIV, de la Ley de la Fiscalía General de la República.
  • Artículo 5, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
  • Artículo 85, segundo párrafo, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
  • Artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
  • Artículo 45, fracción III, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Precisó que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la Fiscalía General de la República y diversos sistemas o mecanismos, ya que la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la Fiscalía, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, mismo que interfiere con un pleno y optimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y/o comisión del que se trate.

La Fiscalía General de la República se creó en 2018 para dotar de independencia al Ministerio Público, que hasta entonces estaba integrado dentro del gobierno en la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, impulsó en menos de tres años la reforma legal del organismo para limitar su presencia en los diferentes organismos del Estado al considerar que estas tareas vulneraban su autonomía.

La reforma, aprobada en el Congreso el pasado abril, enfrentó a la Fiscalía con la Secretaría de Gobernación, encargada de la búsqueda de desaparecidos en México, y organismos defensores de los derechos humanos.

El texto establece que la Fiscalía solo atraerá casos de desaparición con “gran relevancia social” o “violación grave de los derechos humanos”, dejando la investigación en manos de los Ministerios Públicos estatales, muchas veces sobrepasados o corrompidos, denuncian familiares de las víctimas.

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Tonatiuh Bravo Padilla, informó que su partido analiza una acción de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias de la Reforma Educativa.

El legislador detalló que su bancada ya se encuentra en diálogo con los senadores de MC para suscribir esta acción, ya que esta semana comenzará el análisis en la Cámara Alta.

La posición de la bancada llega luego de que las Leyes General de Educación; del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; y la de Mejora Continua de la Educación fueran aprobadas en la Cámara de Diputados la semana pasada.

“Estamos estudiando las alternativas que vamos a tener enfrente, pero lo que sí adelanto es que nosotros incidiremos de manera puntual en los textos que consideramos inconstitucionales y que contradicen con el tercero constitucional en materia educativa”, indicó el legislador.

En otro tema, Bravo Padilla dijo que MC se deslinda del frente al que convocó el ex presidente, Vicente Fox Quesada, en contra del actual gobierno, y consideró que no “tiene autoridad moral”, ya que buena parte de los problemas que se viven actualmente se generaron en aquella época o no se atendieron en el periodo que él gobernó.

Adelantó que aunque ñla postura de MC será la de construir acuerdos para mejorar las propuestas legislativas con argumentos en favor de la ciudadanía, descartan formar “parte de un pacto que tenga como propósito simple y llanamente una especie de venganza”.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al Congreso de Baja California que se deje de “marrullerías y prácticas dilatorias”, y que notifique ya al Ejecutivo Estatal la reforma que amplía de 2 a 5 años el periodo del gobierno local.

Indicó que dicha petición tiene la finalidad de que se publique y con eso se puedan presentar ante la Corte la Acción de Inconstitucionalidad que tienen contemplada.

“En Acción Nacional estamos listos para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Acción de Inconstitucionalidad que anule la burda maniobra de Morena en Baja California, que atenta contra la democracia y vulnera la voluntad de los bajacalifornianos. Solo falta que el Congreso local notifique la aprobación al ejecutivo, para que se publique la reforma y se pueda interponer el recurso”, expresó el dirigente panista.

El exhorto al Congreso de Baja California se da después de 13 días de inacción de la XXIII Legislatura local que asumió funciones el pasado 1 de agosto, ya que consideran que el tema es de la mayor importancia, por representar un “gravísimo precedente” para la vida democrática en México,.

Cortés Mendoza insistió en que el experimento que Morena pretende incubar en Baja California, busca replicarse a nivel federal, con la intención de allanar el camino para que el Presidente de la República se perpetúe en el poder.

Dijo que de no ser que busque quedarse en el poder, le piden al presidente López Obrador que, sin titubeos, se ponga de lado de la legalidad y a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presente su propia Acción de Inconstitucionalidad.

Marko Cortés recordó que, por cuestiones procedimentales, es necesario que se publique la reforma en el Periódico Oficial del Estado para garantizar la procedencia de la Acción de Inconstitucionalidad y permitir que sea la Suprema Corte quien revierta este nuevo atentado de Morena en contra de la democracia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) impulsada por los legisladores de Morena, pues dijo que podría contener posibles vulneraciones a los derechos humanos.

En el documento presentado se expresó que la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución del país.

La CNDH estimó necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva.

Pese a la acción jurídica emprendida, la CNDH señaló que es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009.

 

A través de la asociación “Por México Hoy” que dirige, el líder de las izquierdas en México, Cuauhtémoc Cárdenas, presentó esta tarde un Amicus Curiae con los elementos jurídicos que asegura prueban la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

 

 

Cárdenas indicó que la Ley de Seguridad Interior permite que mediante una decisión unilateral del Ejecutivo Federal se mantengan las Fuerzas Armadas en las calles realizando funciones para las que no fueron entrenados.

 

“De esta manera, dicho ordenamiento nos regresa al Estado absolutista en donde no existe el principio de división de poderes y fortalece desmedidamente a las fuerzas armadas para crear por medio de una ley secundaria un tipo de Estado diferente: un Estado policíaco-militar”, señaló.

 

La asociación afirmó que el actual gobierno quiere una Ley de Seguridad Interior para deconstruir el orden constitucional y el Estado nacional, la división de poderes, el federalismo, el municipio libre y los derechos humanos, entregando el control político y el mando territorial a las Fuerzas Armadas, a través de una modalidad totalitaria y autoritaria.

 

Indicaron que al presentar el instrumento jurídico, buscan un modelo de seguridad ciudadana que permita generar una fuerza policial civil que resguarde a los habitantes con el máximo respeto a los derechos humanos; con una administración de justicia  fortalecida, sin corrupción ni impunidad; y con un sistema penitenciario que tienda a la verdadera recuperación e inserción social del detenido.

 

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Pardo Rebolledo, admitió la acción de inconstitucionalidad que presentaran la tarde de ayer los diputados de oposición en contra de la Ley de Seguridad Interior.

 

Con dicha admisión, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal tienen 15 días para presentar sus informes correspondientes, y hacer llegar a la Corte todos los antecedentes relacionados con el proceso de la Ley que se aprobó a finales del año pasado.

 

Y si bien la admisión del recurso legal no suspende la vigencia de la Ley de Seguridad Interior, el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que durante el tiempo en que la SCJN resolviera los alegatos que pudieran derivarse de la Ley, no emitirá ninguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

 

Con información d Reforma / Foto: Archivo APO

En línea con lo que hicieron los Diputados de sus bancadas, esta mañana los Senadores del PRD, PAN y PT-Morena presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

 

La acción jurídica contó con el respaldo de 49 legisladores, y fue entregado este mañana por los perredistas Luis Sánchez, Isidro Pedraza y Angélica de la Peña. Por los senadores del bloque Morena-PT Manuel Bartlett, Zoé Robledo y David Monreal, así como por el panista Ernesto Ruffo Appel.

 

 

Bartlett insistió en que en la Ley de Seguridad Interior “hay excesos por parte del Ejecutivo federal que deben ser corregidos, precisamente con los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, veremos si hay República”.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior.

 

El pleno del instituto aprobó el acuerdo, mediante el cual determinó impugnar los artículos por considerar que vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, previstos en la Constitución.

 

Sobre los artículos, el INAI advierte lo siguiente:

  • El legislador ordinario se excede de sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional y genera con ello una excepción indebida al acceso de la información.
  • Impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno. De acuerdo con diversas interpretaciones de la SCJN y la Corte Interamericana de los Derechos Humano dichos límites deben ser idóneos, necesarios y proporcionales.
  • Establece una reserva automática y atemporal de la información, cuando el Poder Reformador de la Constitución fue expreso al sostener que toda información de ese tipo debe ser considerada como pública y sólo será sujeta a reservas siempre temporales.

 

Se indicó que “el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior contraviene los principios constitucionales de máxima publicidad, de reserva temporal y de excepcionalidad respecto del principio de máxima publicidad”.

 

Sobre el artículo 31 de la Ley, el INAI señaló que:

  • Establece restricciones al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales de los titulares, sin cumplir con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
  • Prevé un régimen de excepción al consentimiento para la transferencia de los datos personales sin los debidos controles de legalidad y certeza jurídica para los titulares.
  • No se advierte disposición que garantice el cumplimiento de los principios y deberes para garantizar el derecho de protección de datos personales con las instancias encargadas de la seguridad interior, como sujetos obligados a la Ley General de Protección de Datos Personales.
  • Existe ambigüedad en la regulación de las condiciones, requisitos y reglas para transferir información a petición de las autoridades en materia de seguridad interior, que vulneraría el ejercicio autónomo de las facultades encomendadas al INAI.

 

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que “los siete comisionados nos hemos ceñido, exclusivamente, a señalar los artículos que, de esta Ley de 34 preceptos nos preocupan, y consideramos merecen una revisión constitucional del más alto tribunal del país para, en su caso, ser purgados de los vicios que visualizamos”.

Acuña Llamas aseguró que toca a otras instituciones, como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hacer valer acciones integrales, “del conjunto de derechos fundamentales que pudieran verse lesionados o en conflicto, por la Ley de Seguridad Interior que ha sido promulgada”.

 

El colectivo #SeguridadSinGuerra, que conforman más de 250 organizaciones de la sociedad civil y más de 100 personas, emitió un pronunciamiento en el que recriminaron el actuar del Presidente Peña Nieto al promulgar la Ley de Seguridad Interior y dejar en manos de la SCJN la decisión de marcar su constitucionalidad.

 

“El Presidente de la República ha cerrado un lamentable ciclo de imposición, opacidad, simulación y alejamiento con la Sociedad Civil, desdeñando el diálogo que él mismo solicitó”, acusó el colectivo.

 

 

“Si la promesa de no emitir, por ahora, declaratoria alguna, pretende ser una muestra de buena voluntad por parte del Presidente, o si este quiere hacer creer a la opinión pública que la Ley no se aplicaría hasta que el Máximo Tribunal resuelva las inminentes Acciones de Inconstitucionalidad que se presentarán, la pretensión es un engaño”, e indicó que la sociedad civil advirtió del grave riesgo de aprobar esta Ley, resaltando que incluso voces en el extranjero y organismos internacionales se pronunciaron al respecto.

 

“Hoy es un día muy triste para la nación, pero no crea nadie que la sociedad no estará a la altura”, remata el comunicado emitido.

 

Luego de que fuera aprobada la Ley de Seguridad Interior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que se encuentra analizando una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley, pues asegura que con la puesta en marcha de dicha ley se podría contravenir o propiciar que se vulneren los derechos humanos de las personas.

 

“La aprobación de esta Ley en los términos en que fue formulada, en opinión de esta Comisión Nacional, no sería acorde al sentido y contenido de la reforma de 2011, en tanto genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como posibilitar que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”, indicó el organismo a través de un comunicado.

 

La CNDH reiteró que con independencia del estudio que realiza para la promoción de una acción de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Seguridad Interior, la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajo un enfoque integral, que parta de una lógica preventiva, más que reactiva.

 

Añadió que es necesario que el gobierno se ocupe del  conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles.

 

La Comisión hizo un “respetuoso exhorto” al Ejecutivo Federal para  que formule observaciones al  proyecto de Ley de Seguridad Interior, con base en la atribución que le confieren la ley. “La seguridad es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a nuestras instituciones democráticas”, remató.