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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre el caso de su hermano Pío López Obrador, y dijo que debe ser castigado si se demuestra que es culpable de actos de corrupción.

«Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia», contestó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue a Pío López Obrador por videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo por parte de David León, durante la campaña electoral de Chiapas en 2015.

«Lo de mi hermano ha quedado muy claro, de manifiesto, que no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación», añadió López Obrador. Recordó que en 2018 le dieron «su confianza millones de mexicanos» y prometió que no los traicionaría.

Ofreció una disculpa a quienes afecta que siga denunciando actos de corrupción, pues dijo, es el principal problema de México; sacó de su bolsillo un pañuelo blanco para declarar que «ya no se permite la corrupción». Y aunque admitió que todavía hay actos de corrupción «abajo», aseguró que «arriba ya no hay», en referencia a los altos funcionarios del gobierno.

Recordemos que el 20 de agosto de 2020, Pío López Obrador apareció en un video en el que se observan presuntas entregas de dinero de parte del entonces funcionario del gobierno de Chiapas, David León Romero.

Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido (Morena) a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar ese año.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó el año pasado que no encontró «nada significativo» en la investigación sobre el hermano del presidente.

Sin embargo, Pío López Obrador no es único hermano de AMLO señalado de estos actos; en julio pasado se divulgó en el sitio Latinus material de 2015 en el que Martín Jesús López Obrador, otro hermano del presidente, recibe presuntamente 150,000 pesos en efectivo de David León Romero.

El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez, quien propuso a la Sala Superior exonerar, de manera lisa y llana, a Pío López Obrador, hermana del presidente de la República.

Con seis votos en contra y uno a favor, los magistrados rechazaron la propuesta de Vargas Valdez, que consideraba que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tenía facultad de investigación desde 2018.

Felipe Fuentes, Janine Otálora, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Reyes Rodríguez, presidente del Tribunal Electoral, coincidieron en que no se podía recurrir a la prescripción y que la fecha de los hechos debe establecerse en la investigación.

Vargas Valdez resolvía en su proyecto que los delitos por los que se pretendía sancionar a Pío López Obrador prescribieron desde 2018.

Además, el exmagistrado presidente del TEPJF dijo que eran fundados los argumentos de Pío López Obrador, respecto a que la actuación del INE violaba los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia y debido proceso.

Sin embargo, sus compañeros magistrados no coincidieron con su valoración y ordenaron al INE concluir la investigación contra el hermano del presidente, por presuntos delitos electorales. Así, será la autoridad electoral quien determine si Pío López Obrador merece o no una sanción.

La resolución emitida por el Tribunal está relacionada con el video difundido en agosto del año pasado en el que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de manos de David León, ex funcionario federal. Dichos actos habrían ocurrido en junio de 2015.

Sin hablar en específico de dinero, León Romero le dice a Pío López Obrador en un video del 26 de junio del 2015, que le lleva «uno». Mientras que el 31 de mayo, tres semanas antes, ambos se reunieron en un restaurante y, en algún momento, puso sobre la mesa un paquete amarillo y le dijo la frase «aquí te traigo 400».

Según medios, el hermano del presidente recibió apoyos en efectivo por 1.4 millones de pesos en 2015 para Morena en Chiapas, por parte de León Romero.

En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la entrega de dinero que se confirmaba en los videos se tratara de un acto de corrupción como sucedía con políticos del pasado y de oposición; defendió que eso era entrega de recursos, cuando la gente era la que apoyaba y solventaba a Morena.

En julio pasado se divulgó en el sitio Latinus material de 2015 en el que Martín Jesús López Obrador, otro hermano del presidente, recibe presuntamente 150,000 pesos de David León Romero, en aquel entonces representante del Gobierno de Chiapas.

La Junta Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer ante el Pleno al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

El presidente de la Jucopo, Rubén Moreira Valdez, indicó que la presencia del funcionario del INE será con motivo de temas presupuestales,  pues a propuesta del PT y aliados, debe explicar por qué quiere casi 19 mil millones de pesos de presupuesto. Aunque también deberá responder las preguntas que le formulen las y los legisladores.

“Es una locura, es un sinsentido. Y luego si no le otorgamos ese presupuesto va a salir a decir que no le alcanza para la revocación o ratificación del mandato que se hará sobre el presidente de la República el 21 de marzo de 2022. Entonces, es un tema relevantísimo, no puede repetirse, no debe repetirse lo que sucedió con la consulta de agosto”, indicó Gerardo Fernández Noroña.

Subrayó que la comparecencia de Córdova Vianello se debe realizar antes de la votación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, el cual tiene que aprobarse a más tardar el 15 de noviembre, por lo que dijo, dicha visita  puede ser antes del 20 de octubre, fecha en que se aprueba la Ley de Ingresos de la Federación 2022.

Los petistas indicaron que con la visita de Córdova Vianello también se abrirá un “debate interesante” sobre el funcionamiento del sistema electoral del país y su modernización.

Señaló que la comparecencia del funcionario del organismo autónomo se acordó en la Jucopo por unanimidad junto con el calendario de comparecencias de funcionarios federales que acudirán al Palacio Legislativo de San Lázaro con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, defendió este martes una reforma electoral que abarate el costo de las elecciones, los partidos y las autoridades electorales, pues en línea con el discurso del presidente López Obrador, afirmó que la democracia mexicana «es una de las más caras del mundo».

«Una premisa fundamental es el tema de la austeridad. Tenemos una de las democracias más caras del mundo, una democracia que puede simplificarse. Los partidos políticos reciben mucho dinero y las autoridades electorales deben simplificarse para una democracia más barata», dijo Gutiérrez Luna.

En entrevista con la agencia Efe, el diputado indicó que la reforma electoral es una de las tres reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha prometido enviar al Congreso durante esta legislatura, junto con la reforma energética y la de la Guardia Nacional, aunque no se ha aclarado del todo su contenido.

Gutiérrez, quien antes de presidir la cámara fue representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), opinó que en el sistema electoral hay cosas «que son óptimas y hay que salvaguardarlas y otras que hay que replantear», como su costo.

El diputado aseguró que Morena volverá a impulsar una reducción de las subvenciones a los partidos y, aunque en el pasado acusó en reiteradas ocasiones al árbitro electoral de ir contra del gobierno, ahora tiene «una relación institucional» con el INE.

Para aprobar cualquier modificación a la Constitución, López Obrador requiere de una mayoría calificada de dos tercios del Congreso, por lo que necesita forzosamente el apoyo de los partidos de la oposición, que se presentaron en bloque en las pasadas elecciones del 6 de junio.

Pero Gutiérrez sostuvo que en este arranque de legislatura, el PAN y el PRI se han expresado «en buen tono» y que de momento hay «buen ánimo». Recordó que en la legislatura pasada, el Congreso aprobó por unanimidad la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad pública.

Así, se dijo convencido de que dialogando, buscando puntos de coincidencia y escuchando a la oposición se puede llegar a buenas soluciones para todos los mexicanos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ya trabaja en una actualización para definir una nueva distritación electoral federal, lo cual ha desatado ya un pleito con el gobierno de la Ciudad de México, quien señala que no hay ninguna explicación para que esto ocurra.

Los distritos federales en que se divide el país, se traduce en el número de Diputados federales que representarán a cada entidad en el Congreso.

El INE indicó que la nueva distribución de distritos federales se hará conforme a los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual estima una población total de 126,014,024 personas.

Aclaró que los 300 distritos federales uninominales se conformarán buscando el equilibrio poblacional, por lo que se debe actualizar la geografía electoral dividiendo entre 300 la población del país reportada en el último censo, para obtener el tamaño promedio que debe tener cada distrito electoral.

Recordó que entre los censos de 2010 y 2020 hubo un crecimiento poblacional de 13,677,486 personas, por lo que el tamaño de la población promedio por distrito incrementó de 374,455 a 420,047 personas, lo cual es el resultado de dividir a la población total del censo del 2020 entre los 300 distritos.

Detalló que en la distritación realizada con los datos del Censo del 2010 se obtuvo una población promedio de 374,455 habitantes por distrito electoral federal; dado que la Ciudad de México tenía una población de 8,851,080 personas, le correspondieron 24 distritos.

En el Censo de 2020, la población de la Ciudad de México resultó ser de 9,209,944 de habitantes, por ello le corresponden 22 distritos y no 24 como en 2010.

«Para que la Ciudad de México mantuviera sus 24 distritos electorales debería tener 10,093,320 habitantes; sin embargo, su población fue de 9,209,944, pues tuvo un crecimiento poblacional inferior a lo requerido para conservar sus 24 distritos», explicó el INE.

Al respecto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó de inmediato y afirmó que no hay ninguna explicación para que el INE recortara los distritos federales para el periodo 2021-2023, de 24 a 22.

“El Instituto Nacional Electoral hizo una publicación en la que hace una redistritación de todo el país, de cuántos diputados federales les corresponde a cada una de las entidades de acuerdo a los distritos federales, y la Ciudad de México ha sido una de las más castigadas, ya que pasó de 40 a 27, y después a 24 y ahora le quieren quitar dos diputaciones, no hay ninguna explicación para ello, la Ciudad ha crecido en población», expresó la mandataria.

Acusó que el INE está tomando partido en estos temas, aun y cuando debería de ser imparcial; sostuvo que en la nueva distribución de distritos, le quitan diputaciones a los estados que tienen mayoría de Morena.

«Ya ni siquiera tiene que ver con un partido u otro, sino que le están quitando a la Ciudad de México su representación en el Congreso de la Unión, y eso nos parece totalmente injusto (…) si somos el segundo estado, bueno, entidad de la República, con mayor número de habitantes», detalló.

Recordaron que en la nueva distribución de los 300 distritos federales, la Ciudad de México tendrá dos distritos menos; Guerrero uno, al igual que Michoacán, Veracruz y Tamaulipas. Mientras que Coahuila, Yucatán, Puebla, Querétaro ganan uno, y Nuevo León dos.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, destacó que en junio pasado ni las elecciones estuvieron en riesgo por la pandemia, ni la misma se agravó por la celebración de los comicios.

“La tercera oleada de la pandemia, en la que todavía estamos inmersos, comenzó el domingo 16 de mayo, pero la tendencia ascendente de los contagios se mantuvo sin alteraciones en las tres semanas posteriores a la Jornada Electoral, esto es la mayor prueba de que si bien había una tendencia al alza que no era atribuible a la elección, la Jornada Electoral no alteró esa tendencia como sí lo hubiera hecho si la misma hubiera sido un centro de contagio”, dijo.

Al participar en la presentación del informe “Comportamiento Electoral en Tiempos de Pandemia 2020-2021”, del observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), el consejero presidente afirmó que esto fue posible gracias a la eficacia de las medidas implementadas por la autoridad electoral y a la responsabilidad de la ciudadanía.

Resaltó que todo esto demuestra que las medidas que se tomaron fueron eficaces y que hubo una gran responsabilidad de los actores políticos, y sobre todo de la ciudadanía al momento de acudir a votar.

Lorenzo Córdova detalló las medidas implementadas por el Instituto el día de la jornada electoral; dijo que se aplicaron protocolos elementales como el uso obligatorio del cubrebocas, caretas para funcionarios, representantes de partidos y observadores electorales, la sanitización periódica de los centros de votación y se estableció que dentro de las casillas sólo podían permanecer dos electores de forma simultánea.

Ante especialistas y representantes de autoridades electorales de otros países, Córdova recordó que los retos de las democracias en el mundo, además de la pandemia, aún son muchos.

“La democracia no goza de su mejor momento, no sólo por la pandemia, sino por fenómenos que aquejan a todas las democracias, nuevas o añejas”.

Entre estos fenómenos, explicó, se encuentran la insatisfacción con las promesas incumplidas de la democracia, como la desigualdad y la pobreza que aumentan; un descrédito de los órganos o instituciones democráticas como los partidos y parlamentos, así como el fenómeno de la desinformación o noticias falsas que desde 2016 ha sido uno de los grandes desafíos y, finalmente, sociedades crecientemente polarizadas.

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó por unanimidad de votos la sanción impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del candidato electo a la gubernatura del estado de Nuevo León, Samuel García.

Indicó que en el caso relacionado con su esposa, Mariana Rodríguez, no se tomó en cuenta la presunción de espontaneidad de las publicaciones que realizó ella a favor del político en sus redes sociales, además de que la sanción tampoco consideró a tutela de sus derechos político-electorales, ni la relevancia que en el caso tiene su vínculo matrimonial.

Así, echó atrás la sanción impuesta por el INE, quien había determinado que Samuel García recibió en su campaña aportaciones en especie por parte de su esposa, consistentes en la difusión de diversas publicaciones en la red social Instagram y por la aparición de ella en el video “Arráncate Nuevo León Rock”.

Las magistradas y los magistrados señalaron que en las publicaciones objeto de la denuncia se dieron a conocer aspectos de la vida privada de Mariana Rodríguez en ejercicio de su libertad de expresión y en apoyo a su esposo, por lo que no resultaba válido que el carácter de influencer o la cantidad de seguidores fueran elementos para limitar el ejercicio de tal derecho.

El proyecto aprobado consideró que las publicaciones realizadas por Rodríguez fueron derivadas del vínculo matrimonial que los une, lo cual debe considerarse como una relación que implica un acompañamiento constante que genera una presunción fuerte de que las manifestaciones de apoyo tienen un carácter auténtico, por lo que no puede considerarse como un beneficio cuantificable en materia de fiscalización.

Al emitir su voto, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, consideró que el argumento del vínculo matrimonial era “una espada de doble filo” que podría utilizarse para sostener la espontaneidad como para argumentar coordinación en la emisión de expresión propagandísticas.

Señaló que el hecho de que se haya registrado una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el nombre de Mariana Rodríguez, no desvirtúa dicha presunción, ni pone en evidencia el uso o aprovechamiento de una marca comercial.

Sin embargo, el Pleno de la Sala Superior confirmó la sanción impuesta en cuanto a la aparición de la esposa del candidato electo a la gubernatura de Nuevo León en el video “Arráncate Nuevo León Rock”, toda vez que este fue producido de manera profesional y tuvo la participación de cantantes profesionales, lo cual, señalaron los ministros, da un contexto y una connotación distinta al caso de las publicaciones en la cuenta de Instagram.

Samuel García se dijo contesto con la resolución del Tribunal Electoral, que le dio la razón a sus argumentos. «La ley está de nuestro lado».

«Se estableció que su libertad de expresión, y sobre todo el vinculo matrimonial entre ambos, tutela un umbral mucho mayor y por ende ella estaba en toda su posibilidad de entrar a lo publico y obviamente de apoyarme en esta campaña», dijo el gobernador electo a través de un video en sus redes sociales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la multa que el INE impuso a Morena por el ‘diezmo’ que cobró a empleados municipales en Texcoco, Estado de México, cuando la ahora titular de la Secretaría de Educación, Delfina Gómez, encabezó la administración.

«La maestra Delfina es una mujer honesta, no es una potentada, no vive como los dueños de El Universal, para ser claros pues, ni siquiera como Loret de Mola pues, que no es dueño de El Universal, sino nada más escribe ahí, y es la secretaria de Educación, y fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal, senadora y ahora secretaria de Educación, y les puedo garantizar que no tiene los bienes que tienen los dueños de El Universal, ni columnistas de El Universal, es una mujer honesta», respondió el mandatario.

Señaló que los supuestos hechos que ahora le imputa el INE a Morena sucedieron en 2013, mientras que la denuncia se presentó en 2017, y es hasta ahora, 2021, que se sanciona. 

Atribuyó todo esto a una campaña para atacarla pues «ya ven a la maestra como posible «,  en referencia a la renovación de la gubernatura del Estado de México, que se llevará a cabo en 2023. Como es su costumbre, el presidente enfatizó que «no hay texto sin contexto».

Recordó la trayectoria de de la la titular de la SEP, que dijo, fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal y candidata a gobernadora en el Estado de México, donde apuntó «ya saben lo que sucedió o ya imaginan», en referencia a las acusaciones que su movimiento ha sostenido por años, sobre que el PRI hizo fraude para quedarse con la gubernatura.

Añadió que luego de la elección en el Estado de México, Delfina Gómez ganó con un amplio margen, con más de un millón de votos, un espacio en el Senado.

Sin embargo, AMLO reconoció que sí se pidieron los moches en Texcoco durante la administración de la morenista, aunque señaló que tenía una buena causa.

«Ahora resulta que el INE sanciona a Morena porque supuestamente cuando la maestra estuvo de presidenta municipal pedía, igual, moches, como lo del aeropuerto, pero ahí era para que compraran sillas de ruedas, y presentaron una denuncia por eso», sostuvo el mandatario.

López Obrador resumió que Delfina Gómez es una mujer honesta.

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer, en lo general y en lo particular, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, que establece mecanismos para llevar a cabo una consulta a la ciudadanía sobre la continuidad del presidente en el cargo.

Tras una discusión de poco más de seis horas, la aprobación de la nueva ley se dio en lo general con 491 votos a favor, uno en contra y una abstención, lo que evidenció que Morena y sus aliados lograron el apoyo del resto de las bancadas.

En lo particular, la situación fue distinta, pues la minuta fue aprobada con 290 votos a favor, 195 en contra y cero abstenciones.

La Cámara de Diputados envió la minuta al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El proyecto, que se aprobó sin cambios al que había avalado el pasado viernes la Cámara de Senadores, confirmó la pregunta a realizar en el ejercicio en marzo de 2022: «¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?».

El proyecto de decreto, que fue considerado de urgente resolución y se sometió a discusión y votación de inmediato, tiene como objetivo: «regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar por la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible».

Además, se precisó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.

Se estipula que el proceso de revocación de mandato es un instrumento de participación que tendría que ser solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

Detalla que procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, distribuidas en, al menos, 17 estados, y que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

También se apuntó que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato, pero se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público.

Además, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de Revocación de Mandato.

Durante la discusión, el diputado del PAN, Ricardo Villarreal García, indicó que era “mañosa” la pregunta que se planteará a la población; indicó que como está ahora, la ley se trataría de un proceso de premio y no de sanción.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa aseveró que su bancada estaba a favor del instrumento que otorga a la ciudadanía el poder revocar un mandato cuando hay excesos y se hagan mal las cosas «siempre y cuando se trate efectivamente de una revocación y no de una ratificación. Democracia participativa sí, simulación no».

El diputado Carlos Iriarte Mercado del PRI señaló que la revocación de mandato atiende a la pluralidad política, pero también legitima el sistema democrático de pesos y contrapesos; y aunque apoyó la minuta, alertó del reto presupuestal que significará para el INE la realización de este ejercicio.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó al PT, con 119 millones 870 mil 694.18 pesos y a Morena con cuatro millones 529 mil 225.06 pesos, al acreditar esquemas de financiamiento irregular instaurados por ambos partidos en situaciones distintas.

En sesión extraordinaria, la autoridad electoral determinó que durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez como presidenta municipal de Texcoco (se instrumentó un sistema de financiamiento paralelo, el cual se tradujo en recursos que beneficiaron a Morena por dos millones 114 mil 612.5 pesos y que no fueron reportados.

La sanción parte de una queja presentada por el PAN desde 2017 en la que denunció “descuentos aplicados a los entonces empleados del municipio de Texcoco y del DIF municipal”, los cuales estaban encaminados a la conformación de Morena como partido político y a la eventual candidatura de Gómez Álvarez a la diputación federal y a la gubernatura del Estado de México.

En la investigación del INE se encontraron pruebas suficientes para sostener la hipótesis de culpabilidad respecto de la existencia de un mecanismo de recaudación de recursos provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del Ayuntamiento y del DIF de Texcoco, en el Estado de México, los cuales fueron entregados a María Victoria Anaya  e Iveth Rosas Rosas, quienes recibieron diversos cheques del ayuntamiento por un importe total de 13 millones 890 mil 47 pesos.

Al tomar en cuenta las circunstancias de extracción del recurso y su entrega mediante métodos sistemáticos, continuos y permanentes a personas físicas, se evidencia la intención de evasión de la acción fiscalizadora de la autoridad electoral, perpetrada en el contexto de vigencia del periodo constitucional de Delfina Gómez Álvarez como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Texcoco.

Por ello, se le impuso una sanción a Morena del 200% del monto involucrado, equivalente a cuatro millones 529 mil 225.06 pesos; además, se dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por las conductas que pudieran configurar delitos electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conductas que pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia.

Adicionalmente, el pleno consideró fundado el procedimiento de queja en materia de fiscalización al comprobar un beneficio que ingresó al patrimonio del Partido del Trabajo a través de personas físicas que guardan como condición en común ser militantes de dicho partido. Es decir, bajo el amparo de una operación entre particulares, el instituto político se privilegió de un esquema de financiamiento paralelo que le permitió ejecutar conductas contrarias a la normatividad en materia de financiamiento y fiscalización.

La queja presentada en 2017 por el PRI, fue por la presunta transferencia de recursos provenientes del gobierno del estado de Nuevo León destinados a la construcción y operación de Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) a militantes del Partido del Trabajo.

Entre 2015 y 2017, María Guadalupe Rodríguez , esposa del dirigente nacional del partido, recibió un monto de 260 millones de pesos provenientes del gobierno de Nuevo León y con estos recursos emitió 123 cheques que fueron depositados en la cuenta de Héctor Quiroz García, Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el estado de Aguascalientes, por 59 millones 935 mil 347 pesos.

El PT no recibió de manera directa recursos provenientes de María Guadalupe Rodríguez Martínez o de los demás ciudadanos que recibieron recursos por parte de la citada ciudadana, ya que no se encontraron registros de transferencia o aportaciones en la contabilidad del partido que muestren rastro de ello; sin embargo, los recursos fueron cobrados en efectivo por personas que tienen un vínculo cercano con el instituto político, además de que dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los CENDI, hechos que fueron informados por la Secretaría de Educación Pública.

Así el INE determinó imponer al PT una sanción equivalente al 200% del monto involucrado que fue de 59 millones 935 mil 347 pesos que recibió de aportaciones de entes prohibidos; la multa ascendió a 119 millones 870 mil 694.18 pesos.

Además, se dio vista a las autoridades competentes para que en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo conducente sobre si hay algún otro delito que castigar.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que cuando la autoridad electoral tiene que sancionar suele ocurrir que el partido que es sancionado siempre apela “intencionalidades políticas” y siempre aplaude cuando se sanciona a quien ha denunciado.

“Malo sería que hubiera tenido solamente esos reclamos de un lado, porque eso hablaría de parcialidad, pero como los reclamos vienen de todos, eso habla de imparcialidad con la que esta autoridad aplica la ley, sin mirar a quien se trata y sin importar quién gobierna”, dijo Córdova Vianello.

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una sanción económica a PT y al Partido Verde un monto total de 4.6 millones de pesos derivado de seis quejas en contra de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ que conformaron en San Luis Potosí para postular a Ricardo Gallardo a la gubernatura.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, aseguró que las sanciones se imponen tras acreditarse irregularidades por un monto total de 3.1 millones de pesos, aunque precisó que dicha cantidad no impactó en el rebase de topes de gastos de campaña.

La consejera del INE explicó que tras una revisión se acreditó la omisión del registro y comprobación de diversos gastos denunciados, la subvaluación de algunas erogaciones reportadas y la falta de veracidad en el reporte de varios gastos realizados por el entonces candidato Gallardo Cardona.

La Consejera Favela aclaró que estos gastos que se detectaron deben prorratearse con otras candidaturas de la coalición conformada por ambos partidos en la entidad como son de diputaciones locales y ayuntamientos al haberse beneficiado de dichas erogaciones.

En consecuencia, se determinó sancionar a dichos institutos políticos por cada una de las irregularidades que cometieron:

Las sanciones por partido se dividieron en: 3 millones 835 mil 348 pesos con 26 centavos para el Partido Verde, y 856 mil 209 pesos con 21 centavos para el PT.

En otros temas relacionados con el PT, el INE pospuso la multa de 119 millones de pesos que perfilaba para el partido aliado de Morena, luego de que acreditara que el instituto político se benefició  con al menos con 59.9 millones de pesos que la esposa del dirigente nacional, Alberto Anaya, desviara en Nuevo León.

Los recursos de los que echó mano el PT fueron aquellos que el gobierno estatal destinó para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), y se hizo a través de la organización Tierra y Libertad, la cual era dirigida por Guadalupe Rodríguez.

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió ayer la declaratoria de pérdida del registro del Partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México, al no haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en las elecciones del 6 de junio.

«Hoy que los litigios respecto de la elección federal de 2021 ante las instancias jurisdiccionales han terminado, el INE está en grado de poder activar la causal más importante de redefinición del propio sistema de partidos. Hoy iniciamos un proceso que venturosamente volverá a abrirse para que sean las y los ciudadanos quienes decidan si las opciones políticas que hoy quedan satisfacen su diversidad; si no, habrá nuevos partidos y serán ellos los que decidan quiénes se van y quiénes se quedan”, dijo el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Córdova Vianello subrayó que la autoridad electoral no es más que un instrumento verificador de que los parámetros constitucionales se cumplan, por lo que el otorgamiento de registro y su eventual cancelación está en manos de la ciudadanía que con su voto define la competencia electoral.

Indicó que este proceso habla de un sistema político acorde a la realidad del país, pues señaló que una sociedad como la mexicana no cabe bajo una sola voz o bajo un solo membrete político.

Al presentar el acuerdo, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, explicó que la declaratoria se da tras verificar que tanto en la elección de Mayoría Relativa como de Representación Proporcional de las diputaciones que se disputaron el pasado 6 de junio, los tres partidos políticos no lograron obtener el 3% de la votación válida emitida.

De acuerdo con los documentos, el porcentaje final que cada una de las fuerzas políticas obtuvo fue:

  • PES: 2.85% para los Diputados de Mayoría Relativa; y 2.85% para los de Representación Proporcional.
  • RSP: 1.83% para los Diputados de Mayoría Relativa; y 1.83% para los de Representación Proporcional.
  • Fuerza por México: 2.56% para los Diputados de Mayoría Relativa; y 2.56% para los de Representación Proporcional.

Con la declaratoria de pérdida del registro, los partidos políticos tendrán un periodo de 72 horas para presentar los alegatos que consideren necesarios. Una vez cumplido el plazo, la Junta General Ejecutiva dará paso a la elaboración del Proyecto de Dictamen respecto de la pérdida de registro de cada uno de los institutos políticos, el cual deberá ser presentado ante el Consejo General para su eventual aprobación.

Recordemos que la declaratoria se da luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyera con la resolución de todos los medios de impugnación interpuestos por los distintos partidos políticos y coaliciones, respecto a los resultados de las elecciones ordinarias federales para diputaciones celebradas en junio.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó parcialmente la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que declaró fundado el procedimiento EN contra de Movimiento Ciudadano (MC) y su candidato a la gubernatura en Nuevo León, Samuel García, por incumplir con la obligación de rechazar aportaciones de entes prohibidos.

El caso analizado por las y los magistrados se basó en que en el mes de abril y mayo los partidos Verde Ecologista de México y Acción Nacional presentaron tres quejas en contra de MC y su candidato a la gubernatura en Nuevo León por diversas infracciones en materia de fiscalización, entre ellas, recibir aportaciones de entes prohibidos, es decir, personas morales.

Sustentaron sus denuncias en una entrevista en la que Samuel García manifestó que tres familiares suyos realizarían aportaciones a su campaña.

Una vez desahogado el procedimiento, el Consejo General del INE determinó que quedaron acreditadas distintas aportaciones a MC por personas morales realizadas por conducto de los familiares del candidato a la gubernatura, por un monto total de 14 millones 026 mil 500 pesos. En consecuencia, al estar prohibida esta conducta en la normativa electoral, se sancionó a MC con una multa por 28 millones 053 mil 000 pesos, el 200% del valor involucrado.

Ante la Sala Superior, MC y Samuel García argumentaron que la Unidad Técnica de Fiscalización había sido omisa en requerir información de todos los involucrados, principalmente, de las personas morales y los familiares que hicieron las aportaciones.

Por ello, las magistradas y los magistrados revocaron la decisión del INE por lo que le devolvieron el asunto para que continuara con la investigación y emitiera una nueva resolución en el plazo de 15 días naturales.

Principalmente, determinaron que la resolución del procedimiento no fue exhaustiva en dos cuestiones. En primer lugar, razonaron que se acreditó una falta de debida diligencia en el ejercicio de sus facultades de investigación del INE al no haber requerido a todos los sujetos involucrados (familiares y personas morales).

En este sentido, advirtieron que la autoridad llegó a una conclusión sin haber conocido la versión de los hechos de todos los que supuestamente participaron en las aportaciones. En segundo término, concluyeron que el Consejo General del INE únicamente se pronunció sobre una parte del monto aportado y su destino a la campaña del candidato, pero no del total.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la validez de la elección de diputaciones por el principio de Representación Proporcional, los llamado plurinominales, y asignó a los partidos las diputaciones que les corresponden para el periodo 2021-2024.

El INE indicó que las 200 diputaciones de Representación Proporcional que establece la Constitución se asignaron tomando como base el porcentaje de votación emitida en cada una de las cinco circunscripciones, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 17 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el cual determina:

Los partidos a los que fueron asignados plurinominales fueron: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que el pluralismo político y la inclusión que caracterizan a la democracia mexicana se fortalecen con la figura de la Representación Proporcional.

“Una y otra vez la teoría política ha comprobado que los sistemas proporcionales son los que favorecen más y mejor a la representatividad del Poder Legislativo y los que contribuyen de mejor manera a que las distintas fuerzas actuantes en una sociedad, en proporción a su peso relativo, incidan en las decisiones legislativas”, dijo.

Con ello, agregó, se garantiza que las decisiones políticas por excelencia, las leyes, sean producto de la interacción entre las mayorías y las minorías debidamente representadas en el Congreso.

Córdova Vianello indicó que la asignación de pluris garantiza tres aspectos: que ningún partido exceda el límite de 300 curules por ambos principios; que ninguna fuerza política exceda el límite constitucional de 8% a la sobrerrepresentación y, que la representación política en la Cámara de Diputados sea en lo posible un espejo de la diversidad del país y de la pluralidad expresada en las urnas.

“Ir en contra de la representación proporcional es ir en contra del pluralismo y al cabo en contra de nuestra evolución democrática”, dijo Lorenzo Córdova, lo que fue tomado como una referencia a la eventual Reforma Electoral que Morena planea presentar, pues en el borrador que se filtró del proyecto de Ricardo Monreal, se hablaba de eliminar los pluris en el Senado y recortarlos a la mitad en la Cámara de Diputados.

La Consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, destacó que para realizar la asignación de curules por la vía de Representación Proporcional, el INE esperó a que se resolvieran todos los medios de impugnación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales se asignan únicamente a los partidos que recibieron más del 3% de la votación total.

Con la asignación de los plurinominales, la Cámara de Diputados quedará integrada de la siguiente manera:

  • Morena, 198
  • PAN 114
  • PRI 70
  • PVEM 43
  • PT 37
  • Movimiento Ciudadano 23
  • PRD 15

Así, Morena y aliados (PVEM Y PT) tendrán 278 espacios, mientras que el bloque opositor (PAN-PRI-PRD) tendrá 199 curules. Movimiento Ciudadano será decisivo para la aprobación de reformas, pues con sus 23 escaños podrá inclinar la balanza.

La Consejera Adriana Favela resaltó que el Congreso contará con 248 diputaciones para mujeres, lo que representa el 49.6% de la integración total de la Cámara de Diputadas y de Diputados, lo que implica siete mujeres más que en el 2018, con lo cual “vamos avanzando en la cuestión de la paridad entre los géneros”.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el recuento de la totalidad de votos en la elección a gobernador en el estado de Campeche, celebradas el pasado 6 junio, en las que ganó la candidata de Morena, Layda Sansores.

La Sala Superior del Tribunal aprobó por mayoría de 4 votos a favor y 3 en contra, ordenar el recuento de la votación recibida en la totalidad de las casillas de los 21 Distritos Electorales Locales.

Los magistrados y magistradas se pronunciaron en contra de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral estatal, en las que declaraba improcedente la realización de un nuevo escrutinio de cómputo de la votación recibida, pese a las quejas recibidas, por lo que consideraron necesario ordenar el recuento total de las casillas para garantizar el principio de certeza.

El triunfo de Sansores fue sumamente cerrado; ganó los comicios con el 33.2% de los votos, seguido del candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández, quien obtuvo el 31.6% de los sufragios; mientras que Christian Castro, de la alianza Va por México, obtuvo el 30.8%. Además, los 8 mil votos nulos registrados en la elección superan los 6 mil sufragios de diferencia entre el candidato ganador y el segundo lugar.

Apenas el miércoles pasado, el Instituto Electoral de Campeche entregó la constancia de ganadora a Sansores.

Otro de los temas que resolvió el Tribunal Electoral fue sanción en contra del Partido Verde, por la difusión de mensajes en redes sociales por parte de 104 influencers durante la veda electoral, previo a la jornada electoral.

La Sala Superior ratificó la sanción económica impuesta por el INE en contra del Verde, equivalente a 40 millones 933 mil 568 pesos, así como la interrupción de la difusión de su propaganda electoral dentro del tiempo asignado por el INE en la pauta ordinaria por el periodo de un año calendario.

Recordemos que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE inició un procedimiento de queja oficioso en materia de fiscalización derivado de las publicaciones de figuras públicas en Instagram, a favor del PVEM en plena veda electoral.

En su momento el INE advirtió que la conducta del Partido Verde se trataba de una conducta similar, con elementos comunes, a la cometida en 2015, cuando el partido aliado de Morena, recurrió a una estretagia similar en Twitter.

Una reforma electoral de «gran calado», como lo ha planteado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y distintos liderazgos de Morena, es innecesaria e inoportuna, aseguró este jueves el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Al participar en la presentación del libro «Elecciones, justicia y democracia en México. Fortalezas y debilidades», Córdova señaló que para el éxito de una posible reforma electoral es indispensable partir de un diagnóstico, además de un debate bien informado y objetivo.

«Una reforma radical no solo es innecesaria, sino también inoportuna», enfatizó Córdova y recordó que los cambios en las reformas político-electorales en México han sido orientados a perfeccionar el sistema electoral y han sido resultado de amplios acuerdos y consensos entre los partidos políticos.

Expuso que si la reforma se concreta a partir de los objetivos de solo una de las partes, «a partir de las filias y fobias que permean el debate público, de rencores o enconos personales o de partido, está condenada al fracaso y será inevitablemente regresiva».

Remarcó que si la reforma electoral que se busca tiene como principal objetivo la renovación de los órganos directivos de las autoridades electorales «termina por ser una reforma miope, alimentada más bien por los rencores, filias o fobias personales, que carece de altitud de miras».

Las declaraciones de Córdova se producen después de que esta mañana el presidente López Obrador reiterara que enviará una reforma para renovar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), insistiendo en que debe hacerse una renovación en estos organismos pues las viejas estructuras que imperaban en ellos siguen vigentes.

«Va a ser integral, vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, las facilidades para que todos puedan participar, que no haya obstáculos (…) y que pueda haber una auténtica democracia», dijo AMLO.