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Después de las elecciones del 6 de junio, comenzó a correr un periodo de 40 días en que el Instituto Nacional Electoral (INE) revisó los reportes de ingresos y gastos que por ley todos los candidatos tuvieron que haber presentado.

Ayer jueves 22 de julio concluyó dicho periodo y, durante la sesión extraordinaria, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, reveló que como resultado de la revisión que realizó, se aprobaron sanciones por más de 1,203 millones de pesos ante las diversas irregularidades detectadas.

Al dar cuenta del tamaño del trabajo realizado a 49 días de concluidas las campañas, Córdova Vianello destacó la revisión y fiscalización de 39 mil 448 informes correspondientes a 29 mil 612 candidaturas a las que se auditaron 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos.

También, dijo Córdova, se revisaron aleatoriamente 1 millón 406 mil 126 eventos proselitistas; 754 mil 910 registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización y 24 mil 319 cuentas bancarias, además de que se atendieron 748 quejas vinculadas con las campañas.

Recordemos que la fiscalización parte de los reportes que los propios candidatos y sus partidos presentaron “en tiempo real” durante las campañas electorales, así como los reportes finales después de la elección.

El INE revisa y contrasta esta información con diversas fuentes, como reportes de las instituciones bancarias, solicitudes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o el seguimiento de los eventos y publicidad de los candidatos.

El partido político con más sanciones como producto de la fiscalización de las campañas de 2021 fue Morena, que tendrá que pagar multas equivalentes al 17% de su financiamiento público federal de este año, es decir, 373 millones de pesos.

Le siguen los partidos Redes Sociales Progresistas, con multas por 103 millones de pesos, y Fuerza por México, con 101 millones, en cuyos casos perdieron su registro.

El INE señaló que durante la revisión contable se advirtieron 60 tipos de irregularidades que cometieron los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. En ocho de estas conductas se concentra el 73.10% de las sanciones impuestas, entre las cuales destacan los egresos no reportados.

La mayor parte de las multas son producto de dos conductas por parte de los candidatos: la ausencia de reporte de gastos y el hallazgo por parte del INE de gastos de campaña en donde los candidatos no tuvieron comprobantes para demostrarlos. En el primer caso, la autoridad electoral identificó gastos no reportados por 80 millones de pesos en las campañas federales y 268 millones en las campañas locales. En segundo lugar, los gastos que los candidatos no pudieron acreditar fueron por 48 millones en las campañas federales y 161 millones en las campañas locales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó esta mañana en contra de los órganos electorales del país, a quienes acusó de no ser «demócratas auténticos», esto tras confirmarse las multas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, así como a Movimiento Ciudadano.

López Obrador consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) «no están haciendo bien las cosas», esto al ser consultado sobre las sanciones impuestas.

Incluso aprovechó el tema para asegurar que no se han hecho bien las cosas en el INE y el Tribunal desde que se cancelaron candidaturas de Morena, para las elecciones a gobernador de Guerrero y Michoacán.

«Mostraron que no son demócratas auténticos», dijo el mandatario, que tachó de «histórico» las decisiones de cancelar las dos candidaturas, de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón. Agregó que los órganos electorales actuaron de manera «muy rara».

López Obrador dijo que si se analiza bien lo de los candidatos fue una «gran injusticia» y un «atropello» a los derechos ciudadanos y políticos. «Puro cuento», agregó, y animó a los estudiantes de Derecho a analizar este caso.

Sobre lo resuelto ayer por el Consejo General del INE, López Obrador consideró que los «influencers» pueden participar en campañas, «como todos, sin límites».

«Y más si se trata de la esposa», subrayó en el caso de Samuel García. «Si va a cobrar o no va a cobrar pues eso es otra cosa. Yo veo esto más politiquero», agregó.

Y es que el INE multó con el 55.4 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, y al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por haber recibido apoyo para la campaña a la gubernatura de Mariana Rodríguez, esposa de García y reconocida ‘influencer’.

También se sancionó al Partido Verde, aliado del gobierno federal, con una multa de 40 millones de pesos, además de que ordenó que no podrá transmitir spots en radio y televisión por un año, esto tras haber incurrido en delitos electorales al contratar a ‘influencers’ para promover su voto.

Ante dichas decisiones, AMLO insistió en «renovar» el INE y el Tribunal electoral, «para que haya seriedad».

El próximo domingo 1 de agosto se llevará a cabo la Consulta Popular que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la que se pedirá a la ciudadanía exprese su sentir sobre si están a favor o en contra de esclarecer las decisiones políticas tomadas en los sexenios anteriores.

De acuerdo con la más reciente encuesta de El Universal, 59% de los mexicanos considera que no es necesario llevarla a cabo, mientras que 38.5% que opina que sí.

Según lo establecido en la Constitución, se requiere la participación de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal para que los resultaos puedan tener efectos vinculatorios.

Sobre el interés que despierta el ejercicio, 43.4% de las personas encuestadas considera que es muy importante participar en la Consulta. 21.6% considera que es ‘algo importante’; el 13.5% mencionó que es poco importante, mientras que 20.9% dijo que es nada importante.

La encuesta revela que los ciudadanos quieren que se investigue y se lleve a juicio a funcionarios; los tres más mencionados son los gobernadores, con 89.9%; los presidentes municipales, con 89.7%, y los expresidentes de México, con 89.2%.

9 de cada 10 consultados mencionó a Carlos Salinas de Gortari, exgobernadores, senadores, diputados, Enrique Peña Nieto y a jueces; 89.2% refirió al expresidente Felipe Calderón. Los presidentes municipales, Vicente Fox y Ernesto Zedillo también fueron mencionados. Sorprendió que un 72.4% hizo mención del presidente López Obrador.

Sobre la pregunta que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que quedó de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?; el 70.9% de los encuestados dijo entender el cuestionamiento. 28.6% indicó que no entiende la pregunta.

Al resolver 491 quejas y procedimientos administrativos sancionadores, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sanciones por un monto global de 129.8 millones de pesos (mdp) a los partidos políticos y sus candidaturas por diversas conductas indebidas en materia de fiscalización.

Del monto global, 40.9 millones de pesos fueron impuestos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y más de 83 millones de pesos a Movimiento Ciudadano

En el caso de la queja en contra del Partido Verde, se le sancionó con una multa de 40 millones 933 mil 568 pesos y con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita dentro del tiempo federal asignado por el Instituto, por un periodo de un año, a partir del mes de agosto próximo, por la campaña publicitaria a través de 104 ‘influencers’ el día de la Jornada Electoral.

Se acreditó que los ‘influencers’ fueron contratados por el partido a través de empresas y que se trató de una campaña propagandística con el objetivo de influir en el ánimo de los electores a favor del PVEM en plena veda electoral.

“Se arriba a la conclusión de que existió una acción concertada o planeada con un fin específico que es el de influir e influenciar el voto de la ciudadanía a favor del partido, lo que se hizo a través de acciones que denotan sistematicidad en la difusión de esa campaña propagandística a través de influencers en las mismas fechas y horarios”, especificó la Consejera Favela.

Se cuantificó cada intervención de los influencers en 10 mil dólares, lo que se traduce en una aportación de más de 20.4 millones de pesos como monto involucrado.

La Consejera Claudia Zavala sostuvo que el Partido Verde fue reincidente en el «fraude atípico, en el fraude a la ley», por lo que justificó la severidad de la sanción. “Tenemos la reincidencia en la generación de un esquema simulado para posicionar al Verde en un tiempo prohibido, en aplicar gastos para generar un beneficio”, abundó.

El Consejero José Roberto Ruiz consideró que la sanción debía ser severa, la económica es la adecuada, aunque no encontró «ningún sentido, justificación o sustento» a la suspensión de las prerrogativas en radio y televisión.

Por su parte el Consejero Martín Faz sugirió una modificación del proyecto para referirse al “periodo ordinario”, en lugar del “tiempo federal asignado” en la sanción del proyecto.

La Consejera Dania Ravel destacó la importancia del periodo de reflexión, también conocido como veda electoral, pues su finalidad consiste en generar condiciones suficientes para que la ciudadanía procese la información recibida durante las campañas electorales y reflexione el sentido de su voto, y al no respetarse este periodo se puso en riesgo la equidad en la contienda.

Por su parte, la Consejera Carla Humphrey estacó el apego de los ‘influencers’ a una guía o procedimiento en cuanto a sus publicaciones y en las respuestas brindadas a la autoridad, las cuales guardaban alto grado de similitud.

Tras confirmarse la sanción, la dirigencia nacional del Partido lamentó la medida impuesta y reiteró que «jamás realizó contratación o pago alguno, por sí ni por terceras personas, a ningún ciudadano o ‘influencer'».

Incluso cuestionó el hecho de a quién se le llama ‘influencer’, pues preguntó cuántos seguidores debe tener una persona para ser considerada ‘influencer’.

«Lamentamos que el INE haya decidido sancionar a este instituto político, sin siquiera haber acreditado la contratación de influencers o la realización del pago o pagos señalados a los mismos, que incluso, cabe mencionar, de haber sido recibidos se hubieran tenido que reportar a la autoridad hacendaria», señaló la autoridad.

Cuestionó el sesgo que existe en torno al uso de las redes sociales, pues dijo, no queda claro quién o quiénes pueden utilizarlas y con qué fin, pues recordaron que existieron campañas abiertas durante la veda electoral sobre el llamado voto útil, que claramente fueron orquestadas para beneficiar al PAN el día de la elección, y que no están siendo valoradas en toda su dimensión.

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa de más 55 millones de pesos al gobernador elector de Nuevo León, Samuel García, y al partido que lo postuló, al determinar que recibió apoyo no permitido a través de las publicaciones de su esposa influencer en las redes sociales.

El Consejo General del INE avaló la sanción con 8 votos a favor y 3 en contra. El proyecto de la Unidad de Fiscalización se divide en dos montos económicos: 448 mil 995 pesos para Samuel García y de 55 millones 400 mil pesos a Movimiento Ciudadano.

García, que ganó las elecciones a la gubernatura de Nuevo León el pasado 6 de junio, y su esposa Mariana Rodríguez criticaron la decisión, asegurando que el INE estaban tratando a Rodríguez como un objeto al que podían ponerle un precio.

La disputa ha generado debate sobre la justicia electoral, la libertad de expresión y los derechos de la mujer.

El INE asegura que las cuentas de Rodríguez en las redes sociales son un negocio, y la ley prohíbe que los empresarios realicen donativos en especie. Por ejemplo, si el cónyuge de un candidato fuera dueño de una compañía de transporte o de banquetes, no podría donar alimentos o traslados a la campaña.

«Me vuelve a parecer muy ofensivo que me quieran, a mí, poner un precio», dijo Rodríguez en un video, refiriéndose a una decisión del INE de que las decenas de textos y fotografías que publicó en las redes sociales tenían un valor total de poco más e 28 millones de pesos.

Por lo general, la autoridad electoral multa a candidatos o partidos con el doble del monto del monto que representó la falta, con el fin de desalentar dicha práctica.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, señaló que las publicaciones de Rodríguez son «una aportación en especie a partir de la difusión en sus redes de la candidatura de su esposo. Debió considerarse como eso, una aportación a la campaña y que no fue reportado».

Por su parte, Rodríguez señaló en un comunicado que presentará una denuncia por violencia política de género ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

«Las mujeres no somos un accesorio. No somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado. El apoyo que le mostré a mi esposo no es una `aportación en especie'», escribió. «Las mujeres no debemos estar obligadas por el INE ni por nadie a elegir entre participar con nuestro esposo o ejercer libremente nuestra profesión».

Rodríguez es una influencer conocida por publicar videos en los que aparece dando tutoriales de maquillaje o cargando a su perro. La mayoría de la gente admite que los 1.7 millones de seguidores de Rodríguez en Instagram y 44,500 suscriptores a su canal de YouTube le ayudaron a García a ganar la contienda, lo que desató quejas de que la política mexicana se estaba convirtiendo en un espectáculo de redes sociales.

La pareja saltó a la fama en todo el país luego de que publicaran un video en el que aparecían juntos dentro de un automóvil y él mencionaba las comunidades que habían visitado durante su campaña. Rodríguez parece ignorarlo y entonces, intentando cambiar de tema, se apunta con la cámara y dice: «¿Quieren ver mis tenis?» El video se enfoca en sus zapatos de color anaranjado fosforescente y dice orgullosa: «¡Fosfo, fosfo!»

Especialistas señalan que no fue coincidencia que el color naranja también sea el distintivo de Movimiento Ciudadano, partido por el que García compitió en las pasadas elecciones.

García hizo notar con molestia que su multa fue superior a la sanción de 40 millones de pesos que se le impuso al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), después de que se demostró que el partido pagó a influencers a cambio de que lo apoyaran en las redes sociales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este jueves considerar el escándalo del espionaje de ‘Pegasus’, cometido durante los dos sexenios anteriores, en la Consulta Popular del próximo 1 de agosto que él mismo promovió en in inicio para juzgar a los exmandatarios del «periodo neoliberal».

López Obrador evadió pedir la comparecencia del expresidente Enrique Peña Nieto por el espionaje de unos 15,000 números telefónicos con el programa de origen israelí, al señalar que «para eso es la Consulta».

«Yo considero que debe expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos, y para eso es la Consulta, que se va a llevar a cabo en 15 días, menos», respondió el mandatario.

El fin de semana pasada, una investigación de medios internacionales reveló  que gobiernos de varios países espiaron 50,000 teléfonos a través del software ‘Pegasus’, de los que 15,000 fueron en México durante el gobierno de Peña Nieto, la cifra más alta de cualquier país.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una investigación, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que los gobiernos anteriores, desde el de Felipe Calderón, pagaron un contrato de 32 millones de dólares a la empresa israelí NSO.

Aunque López Obrador y su familia fueron víctimas de espionaje, el mandatario ha rechazado investigar a sus predecesores, y en su lugar ha pedido que los ciudadanos participen en la Consulta del 1 de agosto.

«Que se tome en cuenta todo, yo envié esta iniciativa con este propósito para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan», añadió.

Posteriormente, el presidente criticó que el Instituto Nacional Electoral (INE), no promueva, a su juicio, suficientemente la Consulta.

Recordemos que López Obrador impulsó la Consulta, la primera en la historia del país bajo la Ley Federal de Consulta Popular, para que los ciudadanos decidieran sobre enjuiciar a sus predecesores. Y aunque la pregunta original mencionaba por nombre y apellido a cada uno de sus antecesores: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y pedía indagar la «presunta comisión de delitos», la Suprema Corte cambió la pregunta..

«¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?», es la pregunta que avaló la Corte en octubre pasado y que aparecerá en la boleta a usarle el próximo domingo 1 de agosto.

La votación ha despertado críticas de la oposición, porque la tachan de propaganda, por someter a la voluntad popular la justicia o porque opinan que el gobierno miente sobre la pregunta.

Incluso esta mañana el mandatario cuestionó a intelectuales como el historiador Enrique Krauze por hablar de «una dictadura plebiscitaria». «Sí a la consulta, sí al plebiscito en todos los casos, y no tenerle miedo al pueblo, lo otro es seguir apostando por que sean las élite las que decidan», dijo.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió esta tarde una queja presentada en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por haber violado la veda que se impuso a raíz de la Consulta Popular del próximo 1 de agosto.

Y es que el Partido Acción Nacional (PAN) denunció a López Obrador o a quien resultara responsable, por las manifestaciones realizadas en la conferencia matutina del pasado 19 de julio en la cual, la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer la nueva estrategia de incorporación de personas mayores de 65 años a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

El PAN indicó que dichos declaraciones constituyeron difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

Sobre ello, la Comisión estimó procedente el dictado de la medida cautelar toda vez que consideraron que las expresiones realizadas por la Subsecretaria podían constituir propaganda gubernamental, que en estos momentos se encuentra prohibida por la norma constitucional que obliga a todo ente público a respetar los principios de imparcialidad y neutralidad desde el 15 de julio y hasta el 1 de agosto en que se lleve a cabo la Consulta Popular.

Así, se ordenó a la Presidencia de la República, para que a través de la Consejería Jurídica, en un plazo no mayor a tres horas, realice todas las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar o modificar las publicaciones que contienen los videos y/o versiones estenografías de la conferencia matutina del pasado lunes, en cualquier plataforma oficial.

Asimismo, se ordenó a la Presidencia de la República; a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería, al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), así como a todos los servidores o servidoras públicas que participen en las mañanera, se abstengan de presentar, difundir, publicar y poner a disposición de la señal satelital, según correspondan sus funciones, cualquier propaganda gubernamental contraria a las disposiciones constitucionales o fuera de las excepciones que ella establece.

El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionará al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con una multa de 40 millones de pesos,  además de que no podrá transmitir spots en radio y televisión por un plazo de un año, tras haber incurrido en delitos electorales.

De acuerdo con un proyecto de la Comisión de Fiscalización del INE, se determinó que el PVEM pagó unos 20 millones de pesos a casi un centenar de «influencers» para que promovieran el voto a su favor días antes de las elecciones del pasado 6 de junio.

Debido a ello, la Comisión determinó el castigo, el cual deberá ser avalado el próximo jueves por el Consejo General y en caso de haber impugnaciones, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Y es que tras más de un mes de investigación se concluyó que el Partido Verde incurrió en un delito grave al pedir a 95 personas que hablaran a favor del partido a cambio de un monto económico que habría ido desde los 15,000 pesos, hasta los 100 mil pesos.

Recordemos que el 6 de junio, día de la elección, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a 30 «influencers» retirar de sus perfiles de Instagram mensajes a favor del partido.

Entre personalidades que se vieron involucradas están personajes de televisión como Raúl Araiza, Bárbara de Regil, Ivonne Montero, Lambda García, Brandon Peniche, Raquel Bigorra, Laura G, Eleazar Gómez y Gabriel Soto, y cantantes como Karla Díaz y Regina Murguía. También se identificó a personajes que se dedican de forma particular a la creación de contenidos en YouTube, Instagram, TikTok u otras redes, como Alex Strecci, Fernanda Moreno, Pamela Voguel y Alan Sandoval.

Adicional, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, anunció el 10 de junio que los llamados «influencers» serían investigados por difundir de manera ilegal propaganda.

Además de esta sanción, el Partido Verde tiene abierta en su contra una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral por supuestamente usar empresas fantasma para financiar actividades y costear actos de campaña.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el pasado 14 de julio detectó una publicación en un foro dedicado a la comercialización de información obtenida de manera no autorizada, en el mercado negro, que hacía referencia a la venta de información presuntamente asociada al Padrón Electoral.

El hallazgo de dicha publicación se hizo a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), como parte de las medidas de prevención y monitoreo que realiza permanentemente el INE.

La autoridad electoral indicó que de la publicación encontrada, se observa que la estructura de los datos sospechosos sí puede corresponder con datos del Padrón Electoral.

«De manera preliminar y con la información con que se cuenta al momento, se identifica que el corte de la información no sería de 2021. Podría tratarse, en cambio, de un corte de información de 2018, cuya exposición se ha estado investigando desde abril de 2020», señaló el Instituto.

A raíz de las investigaciones, se indicó que se interpuso el pasado viernes 8 de mayo de 2020, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), una denuncia por hechos que podrían constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al Padrón.

El INE precisó que la denuncia presentada ante la FEDE representó el inicio de una investigación que deberá llegar a sus últimas consecuencias, incluyendo, de ser el caso, el ejercicio de las acciones penales que tengan lugar.

El Instituto también dio vista al Órgano Interno de Control del INE, a la Unidad Técnica de lo Contencioso y a la Dirección Ejecutiva de Administración para que procedan conforme a sus atribuciones, investiguen y, en su caso, se finque responsabilidad administrativa, electoral o laboral, respectivamente.

El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió este viernes «no confundir» a la ciudadanía respecto a la Consulta Popular que se realizará el próximo 1 de agosto, pues lo que se preguntará será relacionado a «esclarecer las decisiones políticas del pasado» y no directamente el enjuiciar a los expresidentes del país.

«Ojalá exista una convergencia de todos los actores políticos para que no se confunda a la ciudadanía. Si alguien espera que el INE pregunte otra cosa a los ciudadanos, no tenemos facultades para hacerlo», dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdova, en rueda de prensa desde Mérida, Yucatán.

Y es que en un principio, la consulta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador preguntaba si enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Pero la Suprema Corte la modificó de manera que se preguntará a los mexicanos si están de acuerdo en llevar a cabo «acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos».

«Lo que se va a preguntar es eso. No es otra cosa. Ojalá en este ejercicio no se genere confusión ni expectativas distintas de lo que se van a encontrar los ciudadanos», insistió Córdova ante la campaña que ha impulsado Morena sobre enjuiciar a los expresidentes.

Ayer arrancó oficialmente la campaña de difusión para promover la Consulta Popular, la primera de la historia del país, la cual requiere de la participación de al menos 40% de la lista nominal para ser vinculante.

Las autoridades electorales instalarán 57,000 mesas electorales en todo el país, número menor que las 163,000 que hubo en las elecciones intermedias de junio.

Córdova explicó que en el INE hubieran «querido más mesas» pero no pudo ser por cuestiones presupuestarias luego de que la Cámara de Diputados no les diera «ni un peso» de más para el referendo. De todos modos confió en que será una Consulta «exitosa» y «el primero de muchos» ejercicios de este tipo.

«Lo digo sin medias tintas, con toda claridad, con énfasis. Quien diga que el INE está boicoteando esta consulta, simplemente está mintiendo a la sociedad», dijo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes desconocer si podía hacer propaganda gubernamental durante la campaña de difusión de la consulta igual que ocurrió durante las elecciones intermedias de junio, cuando fue apercibido varias veces por la autoridad electoral.

«La Constitución es muy clara. Desde el día de ayer está prohibida todo tipo de propaganda gubernamental que no tenga que ver con cuestiones de protección civil y cuestiones de salud», respondió Córdova.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que A partir de este jueves 15 de julio inició a través de los tiempos oficiales en radio y televisión, la difusión de la Consulta Popular que se realizará el próximo 1° de agosto.

Señaló que a partir de hoy debe suspenderse todo tipo de propaganda gubernamental, por lo que hasta la conclusión de la Consulta Popular, sólo están permitidas las campañas de información de las autoridades electorales, las de servicios educativos, de salud y de protección civil.

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Durante los próximos 15 días, el INE promoverá la difusión y discusión informada de la Consulta Popular y es la única autoridad que puede administrar los tiempos de radio y televisión; por ello, los medios de comunicación no pueden permitir que se contrate, pacte o acepte la difusión de propaganda, porque pueden incurrir en responsabilidad.

De acuerdo a la Ley Federal de Consulta Popular, ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos.

El INE detalló que se tendrán 377 mil 606 impactos a nivel nacional en radio y televisión durante el periodo del 15 de julio al 1° de agosto, en 3 mil 492 emisoras. 

Además, el Instituto realizará 335 Jornadas de Diálogo a nivel nacional, estatal y distrital con el objetivo de promover la participación ciudadana en la Consulta Popular, así como la discusión informada y razonada entre la ciudadanía, academia y organizaciones de la sociedad civil. Se celebrarán tres jornadas nacionales, 32 estatales y 300 distritales, las cuales se difundirán a través de las redes sociales del INE y de las Juntas Locales.

El INEA añadió que durante los tres días naturales anteriores a la jornada (1 de agosto) y hasta el cierre oficial de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular queda prohibida la publicación o difusión, total o parcial de encuestas, que tengan por objeto dar a conocer las preferencias de los ciudadanos o cualquier otro acto de difusión.

Recordemos que la Consulta Popular pretende que la ciudadanía manifieste su aprobación o rechazo a que sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. De manera específica, la pregunta sometida a consideración, y que fue aprobada por la Suprema Corte, será la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Para la Consulta Ciudadana, se instalarán 57 mil 124 Mesas Receptoras que serán operadas por 286 mil 380 funcionarias y funcionarios, para recibir la opinión de 93 millones 489 mil 989 ciudadanas y ciudadanos en la Lista Nominal, con derecho a participar en la Consulta Popular.

La dirigencia nacional del PAN interpuesto este lunes una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Morena, tras la difusión del vídeo en el que se ve a su hermano menor, Martín Jesús, recibiendo dinero por parte del excoordinador nacional de Protección Civil, David León Romero.

La queja, además de contra Morena, está dirigida contra todos los implicados en el caso.

El representante del PAN ante el INE, Juan Antonio Martín del Campo, ha detallado que la denuncia se ha presentado por una presunta violación a las normas que rigen la financiación de los partidos políticos, «la transparencia y rendición de cuentas en materia de fiscalización de los recursos, así como el presunto uso indebido de recursos públicos para la financiación de campañas electorales».

Martín del Campo ha recordado que la Ley General de Partidos Políticos establece que todos tienen la obligación de reportar los recursos que reciben de particulares y deben presentar informes al INE respecto a su origen y uso.

De forma paralela, ha denunciado que los 150,000 pesos recibidos por el hermano de López Obrador, Martín Jesús,
exceden con mucho la cantidad permitida que una persona puede aportar a un partido.

Martín del Campo ha pedido una «investigación a fondo» y que se sanciones «con todo el peso de la ley» a los responsables.

Recordemos que el portal Latinus reveló el pasado jueves un vídeo que muestra a Martín Jesús López Obrador recibiendo fajos de dinero de manos de David León Romero, una situación similar a la ocurrida con otro hermano del presidente, Pío López Obrador, que se conoció hace un año.

De acuerdo con Latinus, el vídeo fue grabado por David León Romero en su casa de Tuxtla Gutiérrez en 2015, año en el que Morena participó en sus primeras elecciones como partido político.

AMLO señaló el viernes durante su conferencia de prensa, que si su hermano había cometido un delito debía ser «denunciado» para que sea castigado, aunque aseguró que la difusión del vídeo se producía para «perjudicarle» y forma parte de una «campaña negra» en su contra.

Al respecto, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, indicó que tras la difusión del video, López Obrador ya no tiene calidad moral para seguir hablando de combatir la corrupción, si no pone el ejemplo sancionando fuertemente a sus familiares y colaboradores más cercanos.

Indicó que cuando el presidente justifica y no sanciona los actos de corrupción de sus familiares y cercanos, hace evidente su incongruencia y complicidad, siendo claramente candil de la calle y oscuridad de su casa.

“Se comprueba fehacientemente que sus hermanos recibieron dinero de manera ilícita y su negativa a reconocer los hechos buscando justificarlos, muestran una total incongruencia y confirma que el discurso del gobierno morenista de combatir la corrupción es pura propaganda y persecución política”, expresó.

El dirigente panista denunció que es muy grave que el Presidente con total cinismo justifique las acciones de sus hermanos diciendo que fueron “aportaciones al movimiento” o “préstamos personales”.

Cortés Mendoza destacó que lo revelado en las videograbaciones con los dos hermanos del presidente, podrían ser solo la punta del iceberg de corrupción que ha envuelto a la familia presidencial, porque también está su prima, Felipa López Obrador, quien obtuvo contratos en Pemex.

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que a pesar de un contexto adverso por la pandemia del COVID-19, la situación de violencia que impera en el país y un discurso contrario a las autoridades electorales, el pasado 6 de junio México tuvo elecciones exitosas.

Córdova Vianello destacó que la alta participación ciudadana que se registró, así como los sistemas electorales que dijo, funcionaron a la perfección, y la pluralidad política que se evidenció en las urnas, demostraron que el Sistema Electoral de México funciona.

En ese sentido, el Consejero Presidente hizo un llamado a defender la democracia, señalando que “la democracia y el sistema electoral siguen teniendo enemigos”.

Aprovechó para destacar que el Sistema Electoral del país funciona, por lo que no se requiere una reforma electoral. “¿Es indispensable una reforma electoral? Mi respuesta es clara y contundente, no. ¿Podríamos ir a 2024 con el sistema electoral que hoy tenemos?, la respuesta es clara, sí», sostuvo.

Precisó que una reforma electoral es pertinente si se cumplen tres condiciones: que tenga un diagnóstico serio y objetivo de lo que se quiere cambiar; que cuente con amplio consenso y que sea congruente con 30 años de evolución democrática. Resumió que una reforma en el futuro debe servir para mejorar la integridad de las elecciones, la calidad democrática de nuestro sistema, la representatividad y no que sea una contrarreforma.

Lorenzo Córdova resaltó los retos que tuvo el Instituto para organizar el proceso electoral más grande y complejo de la historia. En el caso de la pandemia, aseguró que gracias a los protocolos sanitarios implementados, la jornada electoral no provocó una alteración en la curva de contagios.

En cuanto a la violencia que impera en distintos puntos del país, señaló que no impidió la instalación de las 162 mil 500 casillas. También mencionó la intensidad de los ataques en contra de la autoridad electoral.

Sobre qué retos tiene el INE, Córdova Vianello mencionó la realización de la revocación de mandato, así como la Consulta Popular que se realizará el próximo 1 de agosto, que precisó, contará con 57 mil mesas de votación y costará 522 millones de pesos.

Finalizó recordando que en 2022 habrá elecciones en seis entidades; mientras que en abril de 2023 se renovará parcialmente el Consejo General del INE y habrá renovación en la gubernatura del Estado de México y Coahuila.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que en la consulta sobre el posible juicio a expresidentes del país, actuarán con total transparencia, esto mientras ha comenzado a preparar los detalles del ejercicio.

A pesar de que el gobierno, a través del Congreso, ha rechazado hacer dotar de mayores recursos al INE para sacar adelante la consulta, Córdova afirmó que el INE está en condiciones de llevar a cabo el «más profesional y amplio» ejercicio de consulta ciudadana de la historia de México.

Así, ha confirmado que ya se ha habilitado un sitio web para revisar la información al respecto de cara a la consulta, prevista para el 1 de agosto. Se indicó que este fin de semana, se comenzó a trabajar para ubicar, invitar y capacitar a quienes actuarán como funcionarios de las casillas.

Detallaron que para este ejercicio, se elegirá a más de 287,000 personas, quienes participaron a su vez como funcionarios de casilla en las elecciones pasadas. También se instalarán 57,000 mesas de votación en la consulta popular, «lo que lo hace del evento un ejercicio democrático e inédito».

Añadió que cada distrito contará con unas 200 mesas receptoras y cada una de ellas tendrá 2,000 papeletas.

Córdova Vianello sostuvo que existen condiciones plenas de «legalidad, equidad, certeza y transparencia» para esta consulta y ha asegurado que este ejercicio es el primero que se realizará a nivel federal con los estándares de «calidad técnica y profesionalismo».

Será el próximo 15 de julio cuando el INE iniciará la difusión de la consulta popular en radio y televisión, a través de los tiempos oficiales ordinarios con que cuenta la autoridad electoral.

Recordemos que el 19 de noviembre de 2020, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló modificar la convocatoria de la consulta popular, aprobada el 7 de octubre por el Senado y el 22 de octubre por la Cámara de Diputados, para que la difusión de la consulta popular iniciara el 15 de julio del 2021 y no el 28 de octubre de 2020, como originalmente se planteaba.

El INE también emitió la convocatoria para que la ciudadanía interesada participe como observadora de la consulta popular, misma que estará abierta hasta el 15 de julio de 2021.

A diferencia de lo que ha dicho por años el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), uno de los que es considerado aliado de la 4T, José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que en las últimas tres décadas no se han producido «fraudes masivos» en el país.

Cuando el TEPJF se prepara a revisar cerca de 25,000 impugnaciones de las elecciones del pasado 6 de junio, el magistrado presidente reconoció que la democracia mexicana sufriría un retroceso «gravísimo» si desaparecieran las instituciones electorales, en referencia al Tribunal y al Instituto Nacional Electoral (INE), los dos principales garantes del proceso electoral mexicano y de la salud democrática del país.

«Nuestro sistema electoral ha demostrado desde 1994 que está a prueba de fraudes masivos, lo que no quita que pueda haber trampas, compra de votos, pero hacerlo a gran escala es prácticamente imposible», afirma Vargas Valdez en entrevista con la agencia EFE.

El magistrado presidente  refiere que el exceso de polarización política es resultado de las reiteradas declaraciones en favor de una reforma electoral, o incluso a los llamados que han aparecido sobre la desaparición de las instituciones autónomas electorales.

Dijo que esos llamados, que reconoció han surgido incluso del propio presidente López Obrador, darían pie a «un proceso gravísimo para México» porque desde hace tres décadas «los problemas políticos se dirimen en las urnas» y ya no hay fraudes como «a los que estábamos acostumbrados» en el pasado.

Vargas Valdez calificó como un retroceso lamentable que políticos ataquen a las instituciones electorales, y estimó que «hay muchos aspectos en materia electoral que se pueden mejorar y modernizar, como encontrar fórmulas mixtas de financiación» para que el gasto no dependa solo del sector público, o mejorar el marco normativo, todo lo que tenga que ver con redes sociales y «fake news».

El problema, advirtió, es que la posible reforma electoral se convierta en un asunto «entre vencedores y vencidos para ajustar cuentas».

Recordemos que antes de las elecciones del pasado 6 de junio, e incluso luego de conocerse los resultados, López Obrador ha venido criticando al INE y abogó incluso por la desaparición de las instituciones electorales que actúan de manera autónoma desde 1994.

Ante las presiones recibidas por el INE y el Tribunal Electoral, Vargas Valdez asegura que no teme que los dos organismos desaparezcan.

«La ciudadanía no lo permitiría. El marco constitucional nos da la protección. Hemos vivido momentos complejos y tensos. Creo que quien se cree su autonomía la tiene. No es que haya presiones es que hay quienes se dejan presionar. Quienes componen el INE o el Tribunal gozamos de la plena credibilidad para juzgar conforme a derecho», indicó el magistrado.

Vargas Valdez asegura que el tribunal es un «órgano imparcial» sin «filias ni fobias», y resaltó que México tiene un sistema electoral sólido, que es reconocido a nivel internacional.

El ministro se dijo «aliviado» de que el resultado de las elecciones no hayan dado a ningún partido, incluso junto a sus aliados, la mayoría necesaria para imponer reformas constitucionales.

«Hoy los escenarios están claros. Hay dos coaliciones fuertes, sabemos que no hay mayorías absolutas para promover una reforma constitucional y eso genera tranquilidad. Los partidos tienen la obligación de negociar para llegar a acuerdos parlamentarios que beneficien al país», destacó.

Sobre la consulta que se realizará el próximo 1 de agosto, para decidir si se enjuicia a los expresidentes del país por supuestos delitos, y que fue propuesta de López Obrador y Morena, Vargas Valdez dijo que no comulga con que se consulte lo obvio. «En este caso lo obvio es que si hubiera delitos que perseguir el Ministerio Público está obligado a perseguirlos», afirmó.

Respecto a las impugnaciones que tendrá que resolver, adelantó que el periodo más crítico será septiembre, octubre y mediados de noviembre, que es cuando se produce la homologación de los calendarios electorales de los estados. Destacó que los casos más delicados en cuanto a las impugnaciones se concentran en tres estados: Campeche, Michoacán y Aguascalientes porque las diferencias porcentuales de los votos están por debajo del 5%.

«En esos tres estados hay por tanto incentivos para judicializar el sistema electoral. En el resto de los estados las diferencias son tan amplias que las posibles anomalías no afectarán a los resultados ya estimados», aseguró el magistrado presidente  del TEPJF.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió esta mañana a la consulta popular que se realizará el próximo 01 de agosto, en donde se preguntará a la ciudadanía si se debe juzgar a los exmandatarios del llamada «periodo neoliberal».

López Obrador dijo que si bien él no va a participar en la consulta, dijo que no pasará a la historia como tapadera, por lo que llamó a los ciudadanos a participar. «Ahí está que todos den a conocer su punto de vista, libremente».

Sus declaraciones se producen tras publicarse la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley para realizar la consulta el 01 de agosto, con un periodo de difusión a partir del 15 de julio.

Aunque la pregunta original mencionaba por nombre y pedía indagar la «presunta comisión de delitos» de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte cambió el texto.

Al final, la pregunta que aparecerá en las boletas será: «¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?».

López Obrador aseveró que la pregunta «se puede traducir de manera muy sencilla» a: «¿quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes?». «Es otro texto, pero en esencia es eso, ‘sí’ es si quieres que se inicie el proceso, de conformidad con la ley, ‘no’ es que no estás de acuerdo», comentó.

El presidente enunció las razones por las que juzgar a sus predecesores; en el caso de Salinas argumentó que entregó todos los bienes de la nación del pueblo de México a sus allegados. Sobre Zedillo recordó el rescate a la banca conocido como el Fobaproa, por el que el nuestro país lleva cerca de 40 años pagando.

Sobre Fox, el primer presidente de alternancia, lo acusó de «fraude a la democracia» por incumplir con el cambio y operar a favor de su sucesor, Calderón, a quien acusó que está activo en la política y es una voz opositora; le atribuyó la «guerra contra el narcotráfico», que desató violencia y masacres. De Peña Nieto, su predecesor inmediato, resaltó la corrupción generalizada.

«Hay materia. ¿Qué ocasionó todo esto? La ruina del país, el que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años, fue todo un periodo decadente, por eso estamos aquí, porque el pueblo dijo «vamos a buscar una transformación'», sostuvo López Obrador.

El mandatario también criticó al Instituto Nacional Electoral (INE), que había rechazado organizar la consulta, con un esto estimado de 890 millones de pesos con el argumento que no había presupuesto. «Ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad», ironizó el presidente.

López Obrador dijo que el INE tiene los recursos necesarios, solo que debe priorizar y destinar el presupuesto a ejercicios como este, y no en pagar «altos sueldos, vinos, viáticos o buenos restaurantes». Insistió en que el INE es el organismo electoral más costoso del mundo.

“Entonces, ¿cómo no van ahorrar?  Claro, si los consejeros del INE ganan más que el Presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que tengan la posibilidad de tener casillas, o mesas electorales y recoger la opinión de la gente”, indicó.

AMLO señaló que el INE podrá utilizar los tiempos oficiales en los medios para promover la consulta popular, incluso dijo que se utilizará la conferencia de prensa matutina para promover el ejercicio.