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El viaje de Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, a varios países de Europa en octubre del año pasado, tuvo un costo de 364 mil 553 pesos, según datos del propio gobierno federal.

La Presidencia entregó documentos a la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) México en los que se desglosan los conceptos y montos sobre el viaje que realizó. Los poco más de 364 mil pesos fueron ocupados  para cumplir con la encomienda de mantener encuentros con gobernantes y jefes de Estado de Austria, Francia e Italia.

En palabras del propio presidente, el viaje de su esposa fue para “conseguir códices, piezas y objetos arqueológicos e históricos de México que serán exhibidos el próximo año con motivo del Bicentenario de nuestra Independencia”.

De acuerdo con los documentos, por la transportación aérea de Ciudad de México a París, Francia, el 4 de octubre se desembolsaron del erario 79 mil 600 pesos. Y, por otro viaje en avión de París a Roma, Italia, con fecha del 9 de octubre, se realizó un pago de 22 mil 950 pesos.

El traslado de Roma a Viena, Austria, tuvo un costo de 24 mil 100 pesos y fue realizado el 11 de octubre. Dos días más tarde, Gutiérrez Müller viajó de Viena a París en un recorrido en aeronave, cuyo pago fue por 21 mil 425 pesos.

El boleto de regreso a México desde la capital francesa, efectuado el 15 de octubre, tuvo un precio de 83 mil 500 pesos.

En inicio a la solicitud de la ONEA, el pasado 3 de diciembre la Presidencia determinó ocultar los gastos desglozados del recorrido hecho por la también escritora, y se limitó a informar el costo total, dividido en traslados aéreos y hospedaje.

Beatriz Gutiérrez Müller durmió dos noches en Verdún, Francia, entre el 5 y 7 de octubre. El costo total por hospedaje fue de 32 mil 950 pesos. Del 7 al 9 de octubre, la investigadora pernoctó en París ocasionando un gasto de 34 mil 528 pesos.

Del 11 al 13 del mismo mes, 30 mil 800 pesos se desembolsaron del erario para que la investigadora descansara dos días en Viena, Austria. Del 13 al 15 de octubre, el pago por hotel fue de 34 mil 700 pesos.

Del 9 al 11 de octubre, Gutiérrez Müller no hizo ningún pago por concepto de hospedaje. Esos días visitó Italia para reunirse con el presidente Sergio Mattarella a quien le entregó una carta a nombre del Ejecutivo Federal y se estableció la intención de cooperación para abrir archivos digitales culturales de México e Italia.

Al realizar un análisis de las facturas y promediar el costo por noche, la esposa del presidente López Obrador hizo un gasto de 16 mil 622 pesos cada día por alojamiento.

Documentos obtenidos por la ONEA

Consumidores, minoristas y restaurantes, entre otros, desperdiciaron 931 millones de toneladas de alimentos en 2019, o el 17 % del total de la comida consumible en el mundo, según un nuevo informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA).

Esta cantidad equivale en peso a 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados y suficientes para dar la vuelta a la Tierra siete veces, detalla el estudio publicado hoy, que busca reunir esfuerzos a fin de reducir a la mitad el desperdicio para 2030 de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por las Naciones Unidas.

«Si queremos tomarnos en serio la lucha contra el cambio climático, la pérdida de naturaleza y biodiversidad, la contaminación y el desperdicio, las empresas, los gobiernos y los ciudadanos de todo el mundo deben hacer su parte para reducir el malgasto de alimentos», declaró la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen.

El ‘Informe del índice de desperdicio de alimentos 2021’, señala el fuerte impacto ambiental, social y económico de esta práctica en los 54 países analizados, y estima que entre el 8% y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están asociadas con alimentos que no se consumen.

Además, la investigación revela que la cantidad de residuos comestibles «per cápita» es muy similar en todos los hogares con independencia de sus ingresos, lo que sugiere que se trata de un «problema global» que afecta por igual a naciones desarrolladas y en desarrollo.

Esto difiere de narrativas anteriores que culpaban del mal uso de alimentos a los consumidores de los países más avanzados y atribuían su desperdicio a deficiencias de producción, almacenamiento y transporte en los países en desarrollo.

A nivel mundial «per cápita» se desperdician 121 kilogramos de alimentos al año, según el estudio, si bien 74 de ellos se origina en los hogares, donde se descarta un 11% del total de alimentos disponibles.

Con 690 millones de personas afectadas por el hambre en 2019, un número que se espera aumente drásticamente por la pandemia de Covid-19, y tres mil millones de personas que no pueden pagarse una dieta saludable, los consumidores «necesitan ayuda para reducir el desperdicio de alimentos en el hogar», subraya el informe.

El titular de la Auditoría Superior de Federación (ASF), David Colmenares, aseguró que el organismo no confrontan ni mucho menos enfrenta a nadie, “a ningún orden de gobierno ni a ningún gobierno», esto al comparecer en la Cámara de Diputados para explicar las inconsistencias en su informe que señalaba irregularidades en el gasto público de 2019.

El principal punto de discusión, dentro de la comisión de vigilancia de los Diputados, fue el sobrecosto del 232% que el organismo atribuyó a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de LA Ciudad de México (NAIM), un proyecto que frenó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Colmenares Páramo indicó que cualquier entidad aludida en las auditorías tiene derecho a reclamar aclaraciones conforme a la ley, por lo que dijo, se está trabajando precisamente en lo concerniente a la cancelación del nuevo Aeropuerto de Texcoco.

Señaló que la ASF ha tratado de ser una entidad del Estado mexicano “que está vinculada, afortunadamente, a la Cámara de Diputados, y hemos recibido durante estos años un gran apoyo del Congreso de la Unión para hacer las auditorías digitales que nos va a permitir ser mucho más precisos”.

Reconoció que hay una discrepancia, que algunos consideran un error, en la auditoría de desempeño; sin embargo, afirmó que siempre se condujeron por la ley y todo dentro de la ella. Dijo que ante las inconsistencias, apelaron a crear un grupo especial de trabajo, y pedirle a otro grupo auditor, para que se reunieran y se invitara a participar en el mismo al Grupo Aeroportuario.

Adelantó que en los próximos días tendrán resultados concretos y comparativos con el procedimiento usado anteriormente.

Recordemos que el gobierno federal aseguró haber encontrado en la auditoría tres errores que explican más del 75% de la diferencia en el costo de cancelación de dicho aeropuerto. En l revisión a la Cuenta Pública 2019, presentada hace una semana y que audita el primer año del Gobierno de López Obrador, revelaba irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios del Ejecutivo.

En ese informe, se detalló que la cancelación por parte de López Obrador de la obra en Texcoco, una obra iniciada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

Colmenares insistió en que no hubo «ningún tipo de mala fe» en su trabajo, y recordó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no presentó ninguna objeción al mismo durante su proceso de elaboración, y sostuvo que “no he permitido ni permitiré ningún acto que vulnere los principios constitucionales y el marco de legalidad de la propia Auditoría Superior de la Federación; estamos colaborando en la investigación que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados está realizando”.

Puntualizó que pedirá que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en su participación en el proceso de fiscalización y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal.

Recordó que al asumir el cargo de titular de la ASF protestó cumplir con la Constitución y con las leyes de ella emanan; además garantizó que en toda su vida se ha conducido con apego a la legalidad y al marco normativo de las instituciones que “me han dado la oportunidad de contribuir al fortalecimiento del buen gobierno”.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación resaltó que la institución, por su naturaleza, es total y absolutamente apartidista y apolítica; “cualquier otra interpretación a sus auditorías, pues sí sería política, pero estamos tratando de trabajar fundamentalmente, y lo hemos hecho siempre, conforme a la ley”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó esta mañana contra los medios de comunicación por no corroborar la información del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que señalaba irregularidades en el gasto público del gobierno federal; lamentó que se sigan prestando a transmitir información errónea a los mexicanos.

Durante la conferencia matutina, López Obrador proyectó un video con fragmentos de diversos espacios televisivos, en los que se retomó el informe de la ASF, especialmente en su apartado sobre el costo total que en un inicio indicó la Auditoria tuvo la cancelación del aeropuerto e Texcoco.

«¿Cómo lo ven? Esto es lo que enfrentamos todos los días. Todos están al servicio del régimen conservador que imperaba y al que quieren regresar. Es realmente lamentable y vergonzoso que suceda esto en los medios de información», dijo AMLO, quien encontró un pretexto más para señalar a la prensa, como lo ha venido haciendo desde que asumió el poder.

El presidente aseguró que ahora los medios seguro «van a decir que la culpa es de la Auditoría», aunque dijo, en realidad «estaban esperando» una noticia así para criticar al gobierno. «¿Que no pudieron constatar y revisar la información?», expresó el presidente.

Y es que el fin de semana pasado, la ASF publicó un informe sobre el gasto público federal según el cual la cancelación en 2019 de las obras del aeropuerto de Texcoco tuvo un costo 232% mayor al previsto por el gobierno.

Sin embargo, López Obrador calificó el lunes de «exagerada» la auditoría y, posteriormente, el organismo admitió la existencia de «inconsistencias» en su informe y garantizó «una revisión exhaustiva». El gobierno aseguró que encontró en el informe tres errores que explican más del 75% de la diferencia en el costo de cancelación de dicho aeropuerto.

Esta situación llevó a que ayer López Obrador enviara una carta a la Cámara de Diputados en la que solicitaba investigar a la Auditoría Superior, pues considera que buscó «dañar» al gobierno al dar datos erróneos.

El presidente dijo esta mañana que goza de «autoridad moral» para poder hacer dichos señalamientos e hizo un llamado a «los dueños de los medios de información y de las televisoras para que se ponga por delante la ética y no se engañe» a la ciudadanía.

Incluso AMLO fue más allá, y dijo que aunque será la Cámara de Diputados quien hará la investigación y determinará las medidas que habrá en el caso, si es necesario debe haber una «limpia», pues la credibilidad del organismo quedó en entredicho después de haber reconocido las inconsistencias.

«Esto que hicieron pone hasta en ridículo a esa institución, a los responsables de esa institución. Entonces tiene que haber algo», dijo.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, órgano responsable de la vigilancia de la fiscalización superior anunció que se realizarán mesas de trabajo para analizar, conjuntamente con el Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, y los Auditores Especiales responsables de las auditorías de los informes de auditoría a la Cuenta Pública 2019.

“Citar a todos los auditores especiales, y al auditor superior de la Federación, a una reunión a la Cámara de Diputados, el día lunes a las 12 del día, esto con la finalidad de conocer y ampliar información pertinente a los informes enviados a la misma Cámara de Diputados, no sólo la del aeropuerto, sino que profundicemos y revisemos metodologías y que tengamos el seguimiento constante de éstos informes”, dijo el diputado Mario Alberto Rodríguez, presidente de la comisión.

Indicó que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación realizará las investigaciones correspondientes conforme a sus facultades y llevará a cabo los procedimientos legales y administrativos que establece el marco legal aplicable, para que llegado el momento se puedan deslindar las responsabilidades a que hubiese lugar, si fuera el caso.

El legislador añadió que otra de las acciones es que se solicitó a la Unidad de Evaluación y Control (UEC), qué es, quién funge como Órgano Interno de Control de la propia Auditoría, que inicie las investigaciones correspondientes al auditor especial Agustín Casos Rafael, por su desempeño en la fiscalización que hizo en el informe del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Sobre lo anunciado esta mañana por el presidente López Obrador, respecto a que solicitaría a la Cámara de Diputados una investigación sobre el caso, el legislador de Movimiento Ciudadano dijo que no era necesario que el presidente solicitara la investigación, pues ellos saben sus funciones.

“Esa investigación ya se giró, veía yo hoy la declaración del Presidente diciendo que nos va a decir, no tiene nada que decirnos, nosotros sabemos nuestra responsabilidad y además hay independencia de autonomía de los órganos legislativo y Ejecutivo».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este jueves investigar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras el informe que presentó el pasado fin de semana, en el que terminó reconociendo inconsistencias en el gasto público, específicamente en el apartado correspondiente al costo final de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.

«Buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. No vamos a dejar pasar este asunto porque está de por medio la dignidad», dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Presentó una carta que envió a Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, organismo del que depende la ASF, para que «se inicie una investigación» sobre lo sucedido.

El presidente opinó que «sería lamentable que la Auditoría hiciera mal las cuentas», por lo que sospechó que «se trata de una actitud politiquera» por parte del organismo.

Y aunque especuló sobre las razones de haber presentado cifras erróneas, López Obrador evitó señalar como responsable directo al auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo.

“No quiero señalar a nadie… no es un asunto personal contra alguien, pero pido que se haga la investigación y que se aclare este asunto es que imagínense, se da conocer este informe, en especial este documento del aeropuerto y vean cómo lo manejó la prensa vendida o alquilada, los medios de información que están en contra nuestra porque antes se beneficiaban cuando el antiguo régimen, vean el escándalo que hicieron, hasta intelectuales orgánicos”.

Y es que en el informe presentado por la ASF, se detalló que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, una obra iniciada en la administración de Enrique Peña Nieto, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

Sin embargo, el lunes pasado López Obrador calificó la cifra de «exagerada» y, posteriormente, el organismo admitió «que existen inconsistencias» en su informe y garantizó «una revisión exhaustiva».

En la carta dirigida a la Cámara de Diputados, López Obrador dice que «una actitud de este tipo no sólo obedece a una deficiencia técnica sino también a una intencionalidad política».

Lamentó que «estas y otras falsedades» contenidas en el informe fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para tratar de dañar la imagen de rectitud y honestidad del gobierno federal.

«En consecuencia le solicito de manera respetuosa, y si para ello no tiene inconveniente, que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equivocas afirmaciones de la Auditoría», sostiene.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este miércoles que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) rectificara su informe sobre las supuestas anomalías en el gasto público, especialmente en lo que se refiere al costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

López Obrador negó haber presionado al organismo para que admitiera sus errores, tal como han acusado sus detractores.

«En el caso de la auditoría se equivocaron en sus cuentas, celebro que hayan rectificado. Imagínense, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco un 75% más, entonces reconocieron el error», dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Recordemos que el sábado, la ASF presentó ante la Cámara de Diputados la tercera parte de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año del gobierno de López Obrador y en donde se encontraron irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios.

En ese informe, se detalló que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, una obra iniciada en la pasada administración, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

López Obrador calificó de «exagerada» la auditoría, y aseguró tener «otros datos»; acusó al organismo de estar «dando mal la información a los ciudadanos» y a la oposición.

Tras los señalamientos del presidente, la ASF publicó un comunicado en el que admitió «que existen inconsistencias» en su informe y garantizó «una revisión exhaustiva», lo que se interpretó como que el organismo se había doblegado ante la presión del mandatario.

«La auditoría aclaró y luego toda esta prensa vendida, alquilada a grupos de intereses, empezó a manejar de que yo había presionado a la Auditoría de la Federación, casi que les había torturado para que se retractaran», dijo AMLO.

López Obrador acusó a medios nacionales y extranjeros de ser «prensa conservadora y corrupta» y de buscar un «festín» en el informe de la Auditoría.

Sobre las inconsistencias que la ASF reconoció, fue el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien indicó que desde la secretaría están muy atentos a las correcciones que se harán, pues el error se debió a la no utilización de criterios contables básicos y criterios financieros elementales.

En un video publicado en sus redes sociales, Herrera indicó que el monto dado a conocer por la ASF del costo de la cancelación fue de 331,996 millones de pesos, dato que sorprendió dada la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían dado con anterioridad.

Indicó que se construyó con base a la información de la ASF, un cuadro donde se detectó que los 331 millones de pesos están básicamente desglosados en dos categorías: algunos gastos asociados a las inversiones que no se van a poder recuperar, con costos asociados a las operaciones financieras; mencionó los casos de la FIBRA E, la recompra de bonos, y los bonos de circulación que hay.

Explicó que el total de estos costos son alrededor de 253,000 millones que representan más o menos el 75% de todo el costo asociado a la cancelación de Texcoco. Arturo Herrera afirmó que «ninguno de estos costos existen».

Al señalar que en toda auditoria o en cualquier reporte puede haber discrepancias metodológicas, en el caso del reporte de la ASF las diferencias se debieron a la no utilización de criterios contables básicos, y de criterios financieros extraordinariamente elementales.

«Eso es difícil de entender proveniente de una institución ordinariamente experimentada, y por ello nosotros no sabemos muy bien a qué se debe: o hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte», sostuvo el funcionario.

Tras el informe que presentara este fin de semana la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el que ventiló que se detectó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fueron utilizados de forma irregular 67,498 millones de pesos en la Cuenta Pública 2019, fue el propio mandatario quien se refirió al tema, negando y minimizando la información divulgada.

«Pues sí exageran. Y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas», respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema.

AMLO pidió que la ASF aclare la información que dio a conocer; se refirió a uno de los datos contenidos: el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el cual señaló el mandatario, era erróneo y exagerado.

Incluso dijo que si la información fuera correcta, el proyecto aeroportuario de la administración pasada no iba a costar 300 mil millones de pesos, sino 600 mil millones, por lo que aún así, cancelar la obra habría significado ahorros por 300 mil millones.

Aprovechó el tema para criticar a quienes utilizaron la información que se desprendió del informe de la ASF, como el analista Carlos Elizondo Meyer, a quien lo calificó como «un articulista conservador, conservador, conservador».

Dijo que Elizondo Meyer había salido a hablar del caso del aeropuerto de Texcoco usando la errónea información de la Auditoría.

«Fue hasta consejero de Pemex en la época del saqueo más grande la historia de México y cree que todos somos iguales. Así son los conservadores, muy hipócritas y de doble discurso. Entonces, festejaban lo del dato de la Auditoría», recriminó López Obrador.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró este viernes que 2020 registró un mejor arranque de año con relación al 2020 en cuanto a incidencia delictiva, ya que el mes pasado se registró una reducción en los homicidios dolosos, así como en los delitos del fuero federal y del fuero común.

La funcionaria informó una reducción anual del 5.5% en los homicidios dolosos, al pasar de 2,996 en enero de 2020 a 2,831 en el primer mes de 2021, es decir, 165 casos menos.

La secretaria sostuvo que México «mantiene la contención» de los homicidios dolosos después de cerrar 2020 con 34,515 víctimas, lo que supone una leve caída del 0.4% respecto a 2019, la primera reducción de este delito en cinco años.

Expuso que seis estados concentraron casi la mitad de los homicidios; Guanajuato a la cabeza con 335 casos, seguido por Baja California con 284; Jalisco con 212; Michoacán con 204; Chihuahua con 196, y Estado de México con 168.

También señaló que 15 municipios concentraron el 27% de los asesinatos: Tijuana, Ciudad Juárez, Cajeme, León, Morelia, Chihuahua, Celaya, Culiacán, Guadalajara, Acapulco, San Pedro Tlaquepaque, Benito Juárez, Irapuato, Iztapalapa y Salamanca.

Sin embargo, apuntó que de estas ciudades, 10 registraron una reducción interanual de 8  en enero.

«Se tiene un mejor arranque del año con relación al 2020, durante enero de 2021 se registró una disminución de 19.6% en los delitos del fuero federal con respecto al mismo mes del año pasado», mientras que en 16 de los 18 delitos del fuero común también hubo una baja.

Las disminuciones registradas fueron: secuestro: -55.6%; robo de vehículo: -27.3%; roba a casa habitación: -26.6%; robo en transporte público colectivo: -25.8%; robo a negocio: -20.6%; robo de ganado: -23.7%; robo a transeúnte: -17.6%; robo a transportista: -5.4%.

Hubo una disminución en conjunto de 24.3% de todos los delitos de robo, de 15.5% en extorsión y de 7.3% en lesiones.

La titular de la SSPC destacó la baja en tres delitos: 17.8% en trata de personas, del 1% en violación, y de 10.7% anual y 14.1% mensual en feminicidios. Esto significa que en enero de 2021 hubo 67 mujeres víctimas de feminicidio frente a las de 78 de diciembre y las 75 en enero del 2020.

Por otro lado, la dependencia contabilizó 48 secuestros en enero, lo que significa una disminución interanual de 55.6%.

«Estas cifras alientan porque son fruto del trabajo» del gobierno federal, dijo Rodríguez Velázquez. «No estamos por la guerra, estamos por la construcción de la paz, esta estrategia consiste en atender las causas que generan la violencia», añadió.

El subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, presentó este viernes un informe que señala que entre 2006 y enero de 2021 más de 82,000 personas han desaparecido en México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario señaló que esta circunstancia se debe al incremento en la disputa entre grupos delictivos en diversas regiones del país.

Detalló que en el periodo de 2006 a diciembre de 2020 se han registrado 80,517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas en el país, aunque es un dato que se actualiza varias veces al día por lo que hasta este 29 de enero hay 82,888 denuncias al respecto.

Encinas destacó que en 2020 se registró una disminución del 22.39% en el número de denuncias por desaparición respecto a 2019. Refirió que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, las autoridades mexicanas recibieron 37,807 denuncias de desaparición, de las cuales, el 56.4% fueron localizadas, la mayoría de ellas con vida.

Tan solo en la administración del presidente López Obrador, se han registrado 16,875 desapariciones. En 2019 se notificaron 8,964 personas desparecidas, mientras que en 2020 dicho número se redujo a 6,957 casos.

El funcionario afirmó que se registró una reducción en el hallazgo de fosas clandestinas y en los cuerpos recuperados. «A pesar de que se mantiene la existencia de este fenómeno delictivo, hay que señalar que en 2020 se registró una disminución de 33% en el número de fosas clandestinas y una reducción de casi 18% de los cuerpos recuperados».

Indicó que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020 se han recuperado 2,395 cuerpos y casi el 22% de ellos han regresado con sus familias de manera digna.

Alejandro Encunas afirmó que el fenómeno de las desapariciones se recrudeció después de 2006, tras el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico, durante la Administración del expresidente Felipe Calderón, pues dijo que bajo el argumento de que eran daños colaterales de dicha guerra, «comenzaron con delincuentes y acabaron dañando a toda la sociedad».

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en los últimos dos años la prioridad número uno del gobierno federal ha sido la búsqueda de personas. En ese sentido destacó la tarea de la Comisión Nacional de Búsqueda: «nada de lo que hagamos será suficiente, pero vamos a intentar todos los medios para que ningún crimen quede impune».

Afirmó que las personas desaparecidas tienen el derecho a ser buscadas. «Es un derecho humano, y repetimos, es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar», subrayó.

La economía de Estados Unidos vivió en 2020 su peor año desde 1946, al registrar una contracción del 3.5% del PIB, derivado de la crisis del Covid-19, según una estimación preliminar del Departamento de Comercio publicada este jueves.

En el cuarto trimestre, la economía registró una recuperación al reportar un crecimiento del 4% en proyección anual, según el indicador anualizado utilizado en Estados Unidos.

Estas cifras están por debajo de las expectativas de los analistas que esperaban un crecimiento del 4.4%. En comparación al tercer trimestre del año, el crecimiento entre octubre y diciembre fue de 1%.

El Departamento de Comercio indicó que la caída del PIB en 2020 reflejó contracciones en el gasto personal, las exportaciones, la inversión privada no residencial y disminuciones en el gasto de las administraciones locales y estatales. Las exportaciones cayeron 13% el año pasado y el consumo personal cayó 3.9%.

Estas mermas de inversión fueron en parte compensadas por aumentos de las partidas del gobierno federal. Estos datos preliminares serán revisados y el segundo estimado será publicado el 25 de febrero.

Los datos coinciden con que la Reserva Federal (Fed) mantuvo su tasa de interés de referencia a un día cerca de cero y se comprometió a seguir inyectando dinero a la economía a través de la compra de bonos, señalando que «el ritmo de recuperación de la actividad económica y el empleo se ha moderado en los últimos meses».

Recordemos que el presidente Joe Biden presentó un plan de recuperación por valor de 1.9 billones de dólares y podría utilizar el informe del PIB para acercarse a algunos legisladores que habían rechazado el alto monto luego de que Washington aportara casi 900,000 millones de dólares en estímulos adicionales a finales de diciembre.

BBVA alertó sobre un posible «caudal de demandas» contra empresas en territorio mexicano tras la llegada a La Casa Blanca de Joe Biden, porque sería más estricto con el cumplimiento del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

«Las nuevas disposiciones laborales podrían traer un caudal de demandas laborales en contra de empresas operando en México. El relativo activismo de la administración de Biden con respecto a castigar el incumplimiento de estas nuevas disposiciones jugará un papel clave», indica un análisis.

El reporte que el banco publicó previo a que Joe Biden asumiera como nuevo presidente de Estados Unidos, advirtió que el demócrata podría ser más riguroso en la aplicación de las normas contenidas en el tratado comercial, que exige salarios más altos, libertad sindical y más derechos laborales para los mexicanos.

«La relación económica entre México y Estados Unidos dependerá fundamentalmente de la flexibilidad que demuestre el gobierno de Biden en el cumplimiento de disposiciones comerciales, laborales y ambientales que han sido suscritas en el T-MEC», se lee en el texto.

En particular, BBVA destacó la nueva política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien favorece las energías fósiles de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresas del Estado.

La institución bancaria consideró que Biden «podría velar» por un cumplimiento más estricto del Acuerdo de Cooperación Ambiental en el T-MEC. Señaló que la Administración del presidente demócrata podría defender inversiones estadounidenses afectadas por políticas mexicanas como la cancelación de las subastas de electricidad, el cambio en los Certificados de Energías Limpias (CEL) y mayores tarifas para conectarse a la red de transmisión.

BBVA advirtió que «este tipo de políticas energéticas nacionalistas a favor de la CFE podrían estar violando el capítulo de Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados contenido en el T-MEC»; por ello, añadió, «un activismo de la administración de Biden en apoyo a empresas estadounidenses afectadas podría ayudar a empezar a revertir este tipo de políticas».

Como otro punto de atención, enunció las nuevas reglas del T-MEC sobre la industria automotriz, que ahora deben alcanzar un contenido regional de 75% en vehículos ligeros en 2023 y de 75% para vehículos pesados en 2027.

«Una mayor flexibilidad por parte de la nueva administración estadounidense en la aplicación de estas nuevas regulaciones permitirá que continúe la producción eficiente de la industria automotriz en la región de Norteamérica», apunta el informe.

Un panel independiente que revisa el manejo global de la pandemia de COVID-19 dijo este lunes que los funcionarios chinos podrían haber aplicado medidas de salud pública más firmes en enero, además de que criticó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por no declarar una emergencia internacional hasta el 30 de ese mes.

El equipo de expertos, liderado por la ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark y la expresidenta liberiana Ellen Johnson Sirleaf, hizo un llamado por reformas en la organización de la agencia de la ONU con sede en Ginebra.

El reporte preliminar fue publicado horas después de que el experto jefe de emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo que se espera que las muertes por COVID-19 en todo el mundo sobrepasen «muy pronto» la marca de 100,000 por semana.

«Lo que está claro para el panel es que las medidas de salud pública pudieron haberse aplicado con obligatoriedad por autoridades locales y nacionales en China en enero», indicó el reporte, en referencia a los primeros brotes de la enfermedad que fueron informados al comienzo en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei.

Cuando apareció la evidencia de una transmisión entre humanos «en demasiados países, esta señal fue ignorada», añadió.

En específico, el reporte cuestionó las razones del comité de emergencias de la OMS para no reunirse hasta la tercera semana de enero ni declarar una alerta internacional hasta su segundo encuentro del 30 de enero.

«Aunque el término pandemia no se emplea ni se define en las regulaciones internacionales de salud (2005), su uso sirve para centrar la atención sobre la gravedad de un evento de salud. No fue hasta el 11 de marzo que la OMS ocupó el término», dijo el informe.

Afirmaron que el sistema mundial de alerta de pandemia no es adecuado para su propósito, por lo que la Organización Mundial de la Salud no ha tenido suficiente fuerza para hacer el trabajo.

El panel pidió un «reinicio global» y dijo que daría recomendaciones en un informe final a los ministros de salud de los 194 estados miembros de la OMS en mayo próximo.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, rindió esta tarde su segundo informe anual de labores, en el que dijo que la lucha contra la corrupción será una de las prioridades de su administración.

El ministro recordó que, aunque el 2020 ha estado marcado por una pandemia mundial, gracias a un esfuerzo colectivo, la justicia en el país no se detuvo.

“Desplegamos un esfuerzo institucional sin precedentes, para enfrentar la emergencia sanitaria sin detener un solo día los servicios de justicia. Consolidamos la transición a la justicia digital y trabajamos arduamente por defender y empoderar a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad; por continuar el combate implacable contra la corrupción y el nepotismo; por alcanzar la igualdad de género y la paridad; por modernizar la formación de nuestros cuadros jurisdiccionales; por implementar el nuevo modelo de justicia laboral, y por impulsar una reforma a la justicia federal, respetuosa de la independencia judicial y de la división de poderes”.

Señaló que una de las estrategias centrales de su administración ha sido el combate a la corrupción y al nepotismo, acatando una política de cero tolerancia.

En el rubro del combate a la corrupción, Zaldívar enfatizó que se puso en funcionamiento el nuevo buzón de quejas y denuncias del Consejo de la Judicatura, el cual garantiza el anonimato, y turna de forma automática el asunto a las instancias competentes para su investigación, y permite, si es oportuno, solicitar de inmediato la atención o asesoría de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual.

Al informar que actualmente existen seis carpetas de investigación en trámite derivadas de denuncias presentadas por el Consejo, dijo que eso constituye una cifra inédita en el combate a la corrupción.

Añadió que se han impuesto sanciones en casos de alto perfil ocurridos en el pasado, como el de la venta de exámenes para el vigésimo octavo concurso para la designación de juezas y jueces de distrito; y el del Director General de Inmuebles y Mantenimiento a quien le fue descubierto dinero en la cajuela de su auto.

Indicó que las y los juzgadores federales deben tener un patrimonio que responda estrictamente a los ingresos comprobables derivados de su función jurisdiccional, por ello señaló, el seguimiento a la evolución patrimonial seguirá siendo una herramienta central en la lucha contra quienes con sus conductas deshonestas y corruptas traicionan la confianza de la ciudadanía.

En ese sentido expresó que el combate contra la corrupción seguirá siendo prioridad de su administración.

“Hemos logrado avances importantes, pero aún falta mucho por hacer. El reto es enorme, no es tarea fácil: se requiere voluntad, decisión y tiempo, sobre todo cuando hasta hace poco, la corrupción era un concepto vedado al interior de la Institución”.

Aseguró que a diferencia de lo que pasaba antes, hoy se visibiliza la corrupción y se combate. Insistió en que la gran mayoría de los juzgadores y juzgadoras federales son personas honestas e íntegras, por lo que la lucha contra la corrupción es también por ellos, ya que si se combate a los corruptos, se defiende a los honestos.

En su informe de labores, Arturo Zaldívar aseguró que eliminar la brecha de género dentro del Poder Judicial y consolidar la igualdad sustantiva en favor de las mujeres, lo que dijo es fundamental para transformar la realidad de la justicia federal y de nuestro país.

Así, dijo que en 2020 se dieron pasos decisivos para alcanzar la igualdad y paridad de género al interior del Poder Judicial; ejemplificó que se impulsó una política integral que comprende tres líneas de acción: conciliación personal, familiar y laboral; juzgar y defender con perspectiva de género, y consolidar una cultura libre de violencia de género.

También recordó que en el Consejo de la Judicatura Federal entró en funciones la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, con el fin de proporcionar atención inmediata y acompañamiento a las víctimas en casos de violencia sexual y de género.

Otro aspecto que mencionó, fueron las políticas de austeridad que se implementaron durante el ejercicio 2020. Insistió en que la gestión administrativa generó importantes ahorros y economías. Expuso que, en el Consejo de la Judicatura, se racionalizó el gasto de operación, se contuvo el crecimiento de las estructuras ocupacionales en áreas administrativas, y se simplificaron y automatizaron procesos, todo lo cual permitió generar ahorros por más de 700 millones de pesos.

Añadió que, en el ejercicio del presupuesto, se abatió una vez más la tendencia histórica del subejercicio, al alcanzar una eficiencia en el uso de los recursos de más del 99%.

“Aún quedan muchos objetivos por alcanzar, pero los cimientos están puestos y el camino trazado. Hoy en día, tenemos una justicia federal con un rostro distinto. Una justicia digital, una justicia en la que se hace más con menos, una justicia que tiende la mano a las personas más vulnerables, una justicia comprometida con una nueva forma de pensar y razonar el derecho, una justicia que avanza hacia la igualdad y paridad de género”, sostuvo el ministro presidente.

Zaldívar aseguró que se está demostrando con hechos y no con discursos; con acciones y no con palabras; con resultados y no con promesas, el compromiso con la renovación de la justicia federal. Al insistir en que no los detuvo la pandemia, aseguró que tampoco lo harán las resistencias.

En su informe semestral publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisó su previsión de crecimiento mundial para 2021: 4.2% frente al 5% calculado anteriormente.

Para 2020 también ajustó su perspectiva, pero al alza; indicó que el PIB mundial retrocederá finalmente un 4.2% frente al 4.5% previsto en sus previsiones anteriores, publicadas en septiembre.

En el caso de nuestro país, la OCDE indicó que la economía crecerá 3.6% en 2021, luego de contraerse un 9.2% este año. La organización advirtió que el mayor desafío será contener nuevos brotes de covid-19.

La Organización indicó que México está sufriendo “aumentos significativos en pobreza, desigualdad y brecha de género” por culpa de la pandemia.

El mundo recuperará su crecimiento previo a la crisis sanitaria a finales de 2021, cuando en general todos los países saldrán de la zona roja: 3.2% en Estados Unidos; 3.6% en la zona euro; 7.9% en India y 8% en China, el único país que no cerrará 2020 con cifras negativas ya que crecerá un 1.8%.

Para 2022, la OCDE prevé un crecimiento mundial de 3.7%.

«La perspectiva de una salida de la crisis mejoró gracias a (…) los progresos realizados en la concepción de una vacuna eficaz, pero las perspectivas a corto plazo siguen siendo inciertas y la reanudación de la actividad se lleva a cabo a un ritmo vacilante», afirmó la OCDE.

Aunque dijo que «hay esperanza», Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, advirtió que los desafíos logísticos para distribuir la vacuna a gran escala son enormes.

Según la economista jefe de la OCDE, Laurence Boone, hasta ahora la economía mundial ha perdido el equivalente del PIB anual de Alemania y Francia juntos.

Gurría insistió en que «es un falso dilema» enfrentar la lucha contra la epidemia con el salvamento de la economía porque «vencer el virus es la única forma eficaz de proteger a la población, pero también a la economía».

En ese sentido, Boone subrayó que «hay que evitar reproducir los errores de la crisis precedente de precipitarse para sanear las cuentas públicas».

Presuntos hackers norcoreanos intentaron acceder en las últimas semanas a los sistemas informáticos de la farmacéutica AstraZeneca, justo cuando la empresa ultima el desarrollo de su vacuna candidata contra el Covid-19.

Los hackers se hicieron pasar por reclutadores en LinkedIn y WhatsApp para proponer a los trabajadores de AstraZeneca falsas ofertas de trabajo, indicaron fuentes con conocimiento del tema a la agencia Reuters.

Más tarde enviaron documentos que simulaban ser descripciones de puestos de trabajo y que incluían un código malicioso diseñado para acceder al ordenador de las víctimas.

Los intentos de piratería informática se realizaron a un «amplio grupo de personas», incluido el personal que trabajaba en la investigación de la vacuna contra el nuevo coronavirus, dijo una de las fuentes, agregando que la firma cree que los hackers no lograron su objetivo.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que las herramientas y técnicas utilizadas en los ataques eran parte de una campaña de piratería informática en curso que funcionarios estadounidenses e investigadores de seguridad cibernética atribuyen a Corea del Norte.

Anteriormente, esa campaña se había centrado en empresas de defensa y medios de comunicación, pero en las últimas semanas ha girado en torno a objetivos relacionados con el coronavirus, según tres personas que han investigado los ataques.

Los ciberataques contra organismos de salud, desarrolladores de vacunas y fabricantes de medicamentos se han disparado durante la pandemia. Los grupos de hackers con apoyo estatal y del crimen organizado se esfuerzan por obtener las últimas investigaciones e información sobre la enfermedad.

Microsoft apuntó este mes que había observado a dos grupos de hackers norcoreanos dirigirse a desarrolladores de vacunas en múltiples países, incluso «enviando mensajes con descripciones de trabajo falsas». La empresa no dio el nombre de ninguna de las organizaciones afectadas.

Corea del Sur explicó que la agencia de inteligencia del país había frustrado varios de esos intentos.

La agencia Reuters ha venido informado que hackers de Irán, China y Rusia han intentado acceder a los sistemas de los principales fabricantes de medicamentos, e incluso al de la Organización Mundial de la Salud. Teherán, Pekín y Moscú niegan las acusaciones.

Algunas de las cuentas utilizadas en los ataques a AstraZeneca se registraron en direcciones de correo electrónico rusas, según una de las fuentes, en un posible intento de confundir a los investigadores.