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La iniciativa privada realizó 73 anuncios de inversión en México del 1 de enero al 15 de marzo de 2024, equivalentes a 31,512 millones de dólares, informó la Secretaría de Economía (SE).

“Se espera que dicho monto ingrese al país en los siguientes dos o tres años”, precisó la dependencia, quien precisó que con estos anuncios también se tiene la expectativa de que se generen 39,192 empleos directos.

La SE destacó que seis de los 10 principales países de origen con mayor inversión extranjera directa (IED) en México al cierre de 2023 concentran el 90% del total de los anuncios de inversión.

“Se observa la diversificación con las inversiones provenientes de países con menor participación de la IED en México, como China, Taiwán, Francia y Suiza”, agregó la nota.

Entre los países de origen, Estados Unidos encabezó la lista con el 57% del total de los anuncios de inversión en el periodo del 1 de enero y el 15 de marzo pasados. Detrás le siguieron Alemania, con 17%, Argentina, con 14%, y China, con 6%.

Por sectores, el 54% de los anuncios de inversión correspondieron al sector manufacturero, seguido de los medios masivos, con el 16%; el comercio, con 15%; y el transporte, con 14%.

La inversión más grande anunciada en el mismo periodo de referencia fue el que hizo Femsa, que anticipó la inyección de 9,965 millones de dólares en el país para una nueva embotelladora.

Le siguió la construcción de una nueva región de centros de datos en el centro del país por el brazo de servicios en la nube de Amazon, Amazon Web Services, por 5,000 millones de dólares. Asimismo, los anuncios de la alemana DHL y la argentina Mercado Libre por 4,000 y 2,450 millones de dólares, respectivamente.

Según los datos de la SE, 15 entidades concentran tres cuartas partes de la inversión anunciada en México, mientras que el 40% del empleo anunciado se concentraría en Coahuila, Quintana Roo y San Luis Potosí.

Recordemos que en 2023, la expectativa de inversión ascendió a los 110,744 millones de dólares a través de 52 anuncios, mientras que la IED que se registró al cierre del año pasado fue de 36,058 millones de dólares, anotando un nuevo máximo histórico para este indicador en el país.

Morena modificó su propuesta de nacionalizar el litio, y presentará una iniciativa en el Senado que permita la participación de la inversión privada nacional y extranjera en el sector.

“Queremos ser promotores de la inversión para que vaya bien a los dueños de las tierras, a la nación y a los inversionistas nacionales y extranjeros”, dijo este el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta.

Armenta había presentado a finales del año pasado una iniciativa para nacionalizar el litio en la Constitución y crear una empresa paraestatal llamada Litiomex, emulando la petrolera estatal Pemex.

Tras analizar el marco normativo de otros países y mantener una serie de reuniones con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el senador dijo que la propuesta “ha evolucionado”.

Cuando el Senado retome en septiembre el periodo de sesiones tras las elecciones intermedias de este domingo, Morena propondrá una ley para la creación del Instituto Nacional del Litio y de paso regular el sector de este mineral, muy preciado para la fabricación de baterías eléctricas.

“Queremos que nos vean como un socio comercial minero, en el que puedan ganar las empresas extranjeras y desde luego deben ganar los mexicanos”, expresó Armenta.

Cuando llegó al poder, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) paralizó la entrega de concesiones mineras. En México hay al menos 31 concesiones de exploración o explotación del litio entregadas por gobiernos anteriores, todas ellas a compañías extranjeras y concentradas mayormente en estados del norte del país.

Se calcula que en Sonora se encuentra uno de los yacimientos más importantes del mundo, controlado por la empresa británica Bacanora Lithium, que podría producir cerca de 17,000 toneladas anuales de carbono de litio.

Tras la visita a México en marzo del presidente boliviano, Luis Arce, López Obrador informó que Bolivia asesoraría a su país en el diseño de su política de explotación del litio. Armenta dijo que “el modelo boliviano es importante”, pero aclaró que su propuesta recoge ejemplos de regulación de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China y Estados Unidos, entre otros.

Foto: Twitter @BacanoraL

Luego de que la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) girara instrucciones para que los gobiernos estatales y la iniciativa privada pudieran comprar vacunas contra el COVID-19, la tarde de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos que tendrán que seguir los interesados para adquirir las sustancias.

Se señala que la Ley General de Salud establece que todas las vacunas e insumos para su aplicación en humanos que se utilicen en el país, deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en dicho ordenamiento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas.

Adicional indica que los procedimientos para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la seguridad nacional, y que en casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata.

El documento precisa que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, están en posibilidad de adquirir con sus recursos y de manera directa las vacunas contra el COVID-19.

Sin embargo, se establecen los pasos y requisitos que los interesados deberán cumplir para poder comprar las vacunas. Detalla que deberán realizar ante la Secretaría de Salud Federal lo siguiente:

  • Presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México, para la adquisición de vacunas.
  • Informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas y las aplicadas a la población en general, con información desagregada conforme a la Política Nacional de Vacunación.
  • Respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de personas establecidos, para evitar duplicidad.
  • Instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes conforme a los criterios que emita la Secretaría de Salud Federal.
  • Garantizar, en el ámbito de su competencia, la trazabilidad del proceso de vacunación a su cargo, e informar a la Secretaría de Salud Federal sobre su seguimiento, con la periodicidad que la propia dependencia establezca.

Adicional, enfatiza que los interesados efectuarán con sus recursos la adquisición de vacunas. “Los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del sistema nacional de salud, están en posibilidad de adquirir con sus recursos y de manera directa las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 que requieran para brindar los servicios a su cargo”.

Recordemos que fue el pasado viernes cuando el presidente López Obrador autorizó a gobiernos locales y empresarios comprar la vacuna contra la COVID-19.

“Sería mezquino decirle a quienes quieren ayudar que no se les permite, porque es una función del gobierno federal, pero no vamos a aplicar normas estrictas cuando está de por medio la salud del pueblo, cuando está de por medio la ética y humanismo, por eso decimos todos los que quieran adquirir las vacunas van a tener la posibilidad de hacerlo”.

Sobre la posible compra de vacunas, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) dio a conocer que de acuerdo con las empresas farmacéuticas con las que han establecido comunicación, AstraZeneca y Pfizer, no hay  disponibilidad para que ellos adquieran el fármaco. Les adelantaron que quizá estaría disponible para diciembre o inicios del próximo año.

La GOAN enfatizó que seguirá contactando de forma directa, a los laboratorios de las vacunas ya autorizadas por las autoridades responsables del Gobierno de México.

El hasta ahora coordinador de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, se separa de su cargo, aunque seguirá como principal enlace del gobierno con la iniciativa privada, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Alfonso Romo dejará la coordinación de la oficina de la presidencia pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado”, dijo López Obrador en un mensaje de Twitter, en el que se añade una fotografía de Romo y él comiendo.

López Obrador dijo que Alfonso Romo aceptó ser parte del gobierno y fungir como funcionario público sólo por tratarse del movimiento que representa.

Resaltó que desde el inicio de la administración, convinieron que Romo estaría 2 años en dicha posición, por lo que dicho plaza se cumplió. El mandatario no reveló quién lo sustituirá en el cargo.

Romo, empresario de 70 años, además de coordinar la oficina presidencial, fungía como enlace de López Obrador con los empresarios del país, con quienes ha tenido una relación difícil durante todo su gobierno.

Antes de Romo otros funcionarios dejaron sus cargos en el gobierno de López Obrador. En julio pasado, Javier Jiménez Espriú renunció como secretario de Comunicaciones y Transportes. En julio de 2019, Carlos Urzúa renunció a la Secretaría de Hacienda, y en mayo de ese mismo año, Germán Martínez, dejó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo. Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación”, dijo AMLO en sus mensajes de Twitter.

Sobre la noticia de la salida de Romo del gobierno federal, el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, reconoció la gestión del empresario, quien dijo, en circunstancias complejas fungió como traductor, interlocutor y factor de distensión.

“Lo más valioso de su paso por el Gobierno, fue el freno a muchas ocurrencias y la contención de los radicales”, señaló el líder de la Coparmex.

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, informó que el gobierno federal proyecta una inversión de 4 mil millones de dólares, equivalentes a 80 mil millones de pesos (mdp) para la construcción del Tren Maya, en 2020, a través de cuatro licitaciones.

El funcionario indicó que dichas licitaciones se lanzarán en el mes de diciembre, cada una de mil millones de dólares, para la compra de rieles y material rodante principalmente.

Detalló que entre abril y mayo de 2020 comenzarán las obras correspondientes a estas cuatro licitaciones.

“Vamos a lanzar las pre-bases en estos día. Por ejemplo, vamos a lanzar la compra de riel que es muy importante, también posiblemente nos adelantemos con el material rodante”, dijo el titular de Fonatur en un breve encuentro con la prensa.

Jiménez Pons subrayó que el 90% de la inversión para la construcción será de la iniciativa privada, por lo cual “nosotros no necesitamos la lana para el año que entra, más que para las cosas complementarias”.

Asimismo, comentó que ya se tiene considerado el cambio tecnológico de los trenes para que en 15 años puedan ser impulsados por hidrógeno, que sustituirán al biodiesel.

El funcionario rechazó los cálculos que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) acerca del sobrecosto que tendría la construcción del Tren Maya; “eso es un problema político, porque nunca se acercó a nosotros a preguntar cuáles son los parámetros del diseño; cómo se pone a inventar parámetros que no existen”, remató.

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que cambios a la legislación electoral son bienvenidos, siempre y cuando se orienten a fortalecer y mejorar el sistema de elecciones.

Sin embargo, dejó en claro que dichos cambios no deben tocar tres ejes fundamentales del sistema electoral: la autonomía de los órganos electorales, la certeza y la equidad en la contienda, así como la representación de la pluralidad política que existe en el país.

Al sostener una reunión con la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial, encabezada por su presidente, Carlos Salazar Lomelín, Lorenzo Córdova, señaló que existe coincidencia con la cúpula empresarial en que, “si bien tener ahorros en los procesos electorales es deseable, no pueden verse como un fin en sí mismos, si ello implica retroceder en lo que hemos construido”.

El Consejero Presidente mencionó que existe la posibilidad de hacer cambios que permitan disminuir el costo de las elecciones sin la necesidad de modificar las leyes; sin embargo, éstos deben contar con el acompañamiento de los partidos políticos.

“Si nosotros tomamos medidas que abaraten las elecciones, pero éstas generan problemas políticos, estaríamos en un escenario donde la solución acaba siendo más costosa que el problema a resolver”, dijo.

Lorenzo Córdova recordó que existen cambios legales, como la implementación de la urna electrónica, la cual podría generar ahorros por 4,500 millones de pesos solamente en las elecciones federales.

Insistió en que hay modo de abaratar las elecciones a partir de cambios en las leyes o bien, tomando determinaciones administrativas, pero siempre, dichos cambios deben preservar la certeza y la equidad en la competencia.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y representantes de la iniciativa privada, firmaron este viernes el convenio para implementar el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, el cual busca beneficiar a más de  2.3 millones mexicanos.

Luisa María Alcalde, titular de la STPS, aseguró que en el nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , existe un compromiso con las nuevas generaciones, “si sacamos adelante a los jóvenes, el país cambia porque cambia”.

Se indicó que el programa cuenta con el apoyo de más de 200 empresas, quienes de la mano del gobierno y la sociedad, proveerán de oportunidades a los jóvenes del país, quienes dijo, se hará cargo de la transformación de México.

La funcionaria federal detalló que dicho programa tendrá un costo de 100 mil millones de pesos, y que iniciará en los primeros días de enero. Dijo que los jóvenes que se verán beneficiados serán tanto los que viven en las grandes ciudades, como los que están en el campo.

“Debemos apostarle a la juventud para pacificar al país y ofrecerles un mejor futuro a las nuevas generaciones (…) hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiarle la vida a millones de jóvenes que se han quedado atrás, de darles un empujón para que comencemos a caminar juntos”, dijo Alcalde desde las instalaciones del Museo de Museo Nacional de Antropología e Historia.

En el evento estuvieron presentes los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; de Economía, Graciela Márquez, así como del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón y Horacio Duarte, subsecretario de Empleo.

Dijo que la meta de mexicanos beneficiados se alcanzará en los dos primeros años de la administración, aunque dijo que dependerá del compromiso de la iniciativa privada y de los sectores público y social.

Indicó que si los jóvenes estudiaban, se esforzaban y cumplía con las reglas del programa, tendría asegurada su inserción laboral y una carrera profesional exitosa. En ese sentido sostuvo que el programa marca una clara diferencia con política sociales de corte asistencialista y clientelar, pues resaltó que no habrá intermediarios para que los jóvenes puedan registrarse.

 

Organizaciones de la Iniciativa Privada (IP), respaldaron el posicionamiento del Presidente Enrique Peña Nieto, sobre el rechazo a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

 

El Presidente Nacional de Confederación Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, expresó su respaldo al posicionamiento del Presidente Peña Nieto, pues dijo coincidir en que México exige respeto por parte del Donald Trump. 

 

Manifestó que temas de política exterior del Gobierno Federal, tales como el aspecto comercial y de seguridad, deben ser consistentes con esa postura.

 

Por su parte los empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijeron coincidir con la postura expresada por el Presidente Peña Nieto.

Indicaron que están dispuestos al diálogo constructivo y propositivo, pero siempre bajo el principio de respeto a la soberanía y dignidad de nuestro país. Sostuvieron que siempre respaldaremos los mecanismos de cooperación bilateral y trilateral en América del Norte que privilegien el respeto entre las partes, sin embargo afirmaron que no aceptaran amenazas.

 

Señalaron que México, Estados Unidos y Canadá, se han beneficiado enormemente del intercambio y continuarlo exige que tengamos una actitud constructiva y de respeto. Al referirse a la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), indicaron que se tiene la oportunidad de generar un acuerdo moderno e incluyente, que facilite la incorporación de las pequeñas y medianas empresas al comercio internacional, que no sólo beneficie al consumidor sino también a los trabajadores de distintos sectores y regiones del país.

 

Sin embargo, las negociaciones no deben plantearse apelando al miedo. Queremos un TLCAN que nos permita seguir siendo la región más competitiva del mundo; pero no a cualquier costo.