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El diario El Universal reveló este miércoles que una empresa fundada por la familia del expresidente Enrique Peña Nieto, Plasti-Estéril, S.A. de C.V., de la que él aparece como socio fundador, fue beneficiada con millonarios contratos otorgados a Baxter International Inc.

Actas notariales dan cuenta de que Plasti-Estéril, S.A. de C.V., es “empresa hermana” perteneciente al Grupo Corporativo Baxter, así como Baxter, S.A. de C.V., y Plasti-Estéril Servicios, S.A. de C.V.

Plasti-Estéril, S.A. de C.V. se fusionó con la compañía beneficiada, e incluso cedió derechos a la estadounidense Baxter.

Dichos contratos alcanzan los 12 mil 170 millones 104 mil 242 pesos , tan solo durante su sexenio.

El negocio familiar de plástico estéril, usado como material médico, fue fundado en Atlacomulco, Estado de México, de donde Peña Nieto es originario. En el registro de comercio, con el folio mercantil 104, aparece que los fundadores son el expresidente Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña Nieto y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.

Plasti-Estéril, S.A. de C.V., cuenta con 52 movimientos registrales ante el Registro Público de Comercio del Estado de México, aunque en ninguno manifiesta modificación, integración o transferencia de acciones a otras personas.

El objeto social primordial de la compañía es la fabricación, distribución, comercialización e importación de productos plásticos estériles para hospitales e industria farmacéutica.

El Universal accedió a diversos documentos como registros públicos comerciales, de marca y notariales, en los que se encontró que Baxter, S.A. de C.V., obtuvo cada año decenas de contratos que sumados arrojaron más de mil millones de pesos anuales con dependencias federales entre los años 2013 y 2018.

En 2015, año de elecciones federales y estatales, la cantidad se multiplicó: la empresa ganó 5 mil 669 millones de pesos.

El diario relata que, según la plataforma Compranet, existen contratos a favor de Baxter, S.A. de C.V., desde 2002; fue 10 años después que la empresa tomó notoriedad con el otorgamiento de contratos que ascienden a miles de millones de pesos a partir de 2012 como proveedor de dependencias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, Sedena y Petróleos Mexicanos, entre otros.

Ya con EPN en el poder, en 2013, el emporio farmacéutico obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos; en 2014, mediante 210 contratos, sumó mil 695 millones 964 mil 070 pesos. En 2015, cuando el país vivió elecciones intermedias, Baxter, S.A. de C.V., obtuvo 190 contratos por la suma de 5 mil 669 millones 019 mil 444 pesos.

Con 125 contratos en 2016 obtuvo mil 149 millones 671 mil 265 pesos, en tanto en 2017 con 288 contratos alcanzó un monto de mil 159 millones 982 mil 506 pesos y en la recta final del sexenio, es decir, 2018, con 150 contratos consiguió mil 470 millones 192 mil 038 pesos.

Sin embargo, los beneficios para la empresa no acabaron con el fin de la administración de Peña Nieto; en 2019, ya con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al frente del gobierno, se le asignaron 132 contratos por un monto de mil 136 millones 374 mil 018 pesos.

Sobre el tema, fue cuestionado esta mañana el presidente López Obrador; señaló que se debe de investigar si está involucrado el exmandatario, además de que pidió revisar desde cuándo está operando la empresa y qué contratos ha recibido en la presente administración.

“Hay que investigar si está involucrado el expresidente Peña Nieto, y hay que ver desde cuándo está operando la empresa, qué contratos ha recibido (…) ver en la administración actual qué contratos ha recibido y por qué, si fueron asignaciones directas, si fueron licitación, ver todo esto”, respondió AMLO.

Al preferir no profundizar en el tema, López Obrador recordó que “venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y lleva algún tiempo limpiar. Estamos barriendo las escaleras, se está limpiando, se está barriendo de arriba para abajo, estamos poniendo bastante cloro y jabón, y desinfectante y todo, limpiando, limpiando, saneando”.

Los coordinadores parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados pidieron que las autoridades investigar, de forma inmediata, la presunta red de empresas que venden medicamentos de forma directa a gobiernos estatales y dependencias federales, relacionadas a Carlos Lomelí, delegado del Gobierno federal en Jalisco.

El llamado llega luego de que se diera a conocer la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y que fue difundida en medios, donde se señala dicha red de empresas y su relación con el funcionario estatal.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC solicitaron que “el Gobierno Federal explique el eventual conflicto de interés entre ser funcionario federal y proveedor del gobierno en varias entidades de la República”.

Indicaron que el tema no es partidista, ni de grilla o politiquería, como ha sido calificado por el propio presidente, sino que requiere respuesta inmediata, debido al cargo que actualmente desempeña Lomelí Bolaños.

Destacaron que, de acuerdo a la investigación, Lomelí Bolaños reconoció a las empresas: Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra; sin embargo, también se le relacionó con cuatro empresas más: Grupo Quiropráctico del Bajío, Lo Vending, MC Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri, que no fueron reconocidas.

La empresa restante con la que se vinculó en su venta, es: Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), que desde diciembre de 2018 a la fecha, la actual administración le otorgó ocho contratos por 164 millones de pesos debido a la venta de medicamentos.

De estos contratos, “seis fueron otorgados mediante adjudicación directa, como el caso del gobierno de Veracruz, quien asignó directamente un contrato por 36 millones”.

En ese sentido, los coordinadores de oposición exigieron que se investigue a los gobiernos que otorgaron dichos contratos: Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Sonora, Michoacán, Aguascalientes y Nayarit.

Asimismo, al Instituto Nacional de Pediatría, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este domingo, el presidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para volverse a referir a los programas de televisión, que utilizando la sátira, ridiculizan su figura de mandatario.

El republicano sugirió este domingo la posibilidad de que las autoridades electorales y de regulación de comunicaciones investiguen a los responsables del programa Saturday Night Live, así como a otras emisiones que siguen la misma línea.

“Es verdaderamente increíble que programas como ‘Saturday Night Live’, que no son graciosos y no tienen talento, pueden pasar todo su tiempo golpeando a la misma persona (yo), una y otra vez, sin mencionar siquiera al ‘otro lado’. Es como un anuncio sin consecuencias. Igual que los programas de ‘late night'”, dijo Trump a través de su cuenta de Twitter.

Fue en ese punto donde preguntó si se debería investigar a dichos programas por parte de la Comisión Federal Electoral (FEC) o la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). “¡Seguro que hay coordinación con los demócratas y, por supuesto, con Rusia! Es una cobertura tan sesgada, en su mayoría noticias falsas”, lamentó el mandatario.

Incluso dijo que con ese antecedente, es difícil creer que ganó la elección presidencial y que hoy en día “siga ganando”.

Analistas señalan que debido a que tanto la FCC  como la FEC son agencias independientes del Gobierno, dichas investigaciones podrían resultar inviables, pues solo se podría intervenir si hubiera sospecha de que en los programas de televisión hay intereses electorales ilegales.

Luego de que este jueves el diario Eje Central difundiera una investigación especial en la que relata cómo un grupo de empresarios e intelectuales operaron durante la pasada campaña electoral en contra del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue el propio mandatario quien esta mañana descartó que se vaya a investigar a las personas relacionadas.

“¿También va a actuar como actúa, como actuó hoy o los va a investigar como lo hizo ahora con los del documental de Populismo?”, preguntó César Huerta, reportero de la revista Polemón.

“Ya no, ya amor y paz”, contestó de inmediato el presidente de la República.

AMLO dijo que la investigación que se hizo sobre quien estuvo detrás de una serie de televisión, no se dio debido a que respondiera a un “agravio” en su contra. “No es venganza”.

Añadió que lo único que podría hacer es invitar a que todos respeten la legalidad, que se apueste a la democracia, que se actúe con honestidad, “a portarnos bien todos y no hay ningún problema, no tenemos nosotros enemigos ni queremos tenerlos”.

Y es que en el trabajo del también portal informativo se relata como empresarios e intelectuales orquestaron una campaña para minar la imagen de López Obrador de cara a la elección presidencial.

Según la investigación, se trató de una campaña instrumentada en redes sociales que implicó pagos de hasta 50 mil pesos por publicación en contra AMLO.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz-Santana Castaños, reconoció que México tuvo un Proceso Electoral impecable el pasado 1 de julio.

Indicó que el éxito de la elección se debió en gran parte a la buena organización de los ciudadanos, pues dio paso a alcanzar una participación histórica de alrededor del 63% y sobre todo que se dio en un marco de paz social.

En suma, dijo, “México pasó la prueba de las urnas no sólo a nivel nacional, sino internacional”.

Díaz-Santana mencionó que la Fepade aún tiene más de tres mil denuncias que investigar, de la cuales 800 son del orden federal.

Señaló que, si bien se presentó un incremento en las denuncias, respecto a las elecciones anteriores, “esto se debe a que la ciudadanía estuvo más atenta y preocupada para evitar delitos electorales”.

 

Tras ventilarse el supuesto caso de una triangulación de recursos por parte de Ricardo Anaya a través de una Fundación, algunas figuras del PAN pidieron investigar el actuar del ahora precandidato presidencial.

 

 

Ernesto Cordero, de los llamados Senadores rebeldes del PAN, indicó que lo expuesto por la revista Proceso resultan ser señalamientos muy graves, por lo que se debe investigar a fondo cómo fue que se orquestó todo el proceso de compra del terreno que realizó la asociación y demás operaciones en las que Ricardo Anaya estuvo involucrado.

 

 

El ex presidente del PAN, Felipe Calderón, también reaccionó respecto a la polémica que envuelve a Ricardo Anaya, y aseguró que la respuesta del panista sobre que los recursos que recibió la Fundación eran privados, el ex mandatario aseguró que no se trata de si eran públicos o privados, sino de una simulación de personas y actos jurídicos con fines de lucro.

 

 

Uno de los políticos más críticos de Ricardo Anaya, Javier Lozano, aseguró en entrevista con Reforma, que “usar perversamente una fundación que tiene un objeto social noble para lavar dinero es miserable de parte de Anaya. Es asqueroso, nauseabundo, son unos auténticos ladrones”.

 

Quien también reaccionó a la respuesta de Anaya, fue el autor del reportaje publicado en Proceso. El periodista Alvaro Delgado Gómez aclaró que nunca habló de que la Fundación que presidía Anaya hubiera recibido recursos públicos, que fue la principal defensa que argumentó el precandidato.

 

 

“Es la trampa del precandidato para no explicar el negocio de 7 millones de sus amigos, panistas y contratistas”, dijo Delgado a través de sus redes sociales, y aseguró que Anaya desvió el tema hacia ese enfoque, para no hablar sobre lo que verdaderamente se expone en la investigación.

 

Como era de esperarse, y conforme avanza el periodo de recabar las firmas, los señalamientos entre aspirantes a candidatos independientes comenzaron a llegar, y en esta ocasión fue el Senador con licencia Armando Ríos Piter quien pidió sean revisados los gastos del gobernador de Nuevo León.

 

“Yo creo que tiene más recursos, sin duda, no sé cual sea la característica de su origen pero para eso el INE tendrá que supervisar no solamente en que se están gastando los recursos sino el origen de los mismos”, afirmó Ríos Piter en contra de Jaime Rodríguez Calderón, quien se encuentra a la cabeza de las cifras de firmas ciudadanas.

 

 

 

Al reunirse con representantes del Grupo Cuicalli, el ex perredista informó que en los próximos días va a rentar 500 celulares para distribuirlos entre sus auxiliares y así redoblar esfuerzos para lograr la meta de 866 mil 593 firmas que requiere para llegar a la boleta electoral.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

Luego del anuncio de la bancada priísta, sobre la creación de una comisión especial para investigar a Ricardo Anaya, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional respondió con la propuesta de una comisión especial que investigue el origen de la llamada “Casa Blanca” del Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, así como el enriquecimiento ilícito del dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.

 

El  punto de acuerdo fue presentado por el diputado Jorge López Martín, quien refirió que sigue sin aclararse el origen de una casa con valor de al menos 7 millones de dólares, construida por la empresa Grupo Higa que tuvo contratos de obra en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador y posteriormente obtuvo la licitación del Tren México-Querétaro por parte del gobierno federal.

 

El punto de acuerdo establece también que se debe investigar el presunto enriquecimiento ilícito y el crecimiento patrimonial del líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza; investigar la forma en que adquirió de contado más de 100 concesiones de taxis.

 

“Resulta notable que la compra de estos vehículos y las placas de taxis, fueron realizadas de contado cuando Ochoa era estudiante de maestría en Estados Unidos y no contaba con ingresos que acreditaran alguna actividad empresarial, por lo tanto no hay justificación clara para dichas compras”, señala el Punto de Acuerdo.

 

Por su parte el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, declaró que la propuesta realizada es que la Comisión Especial sea encabezada por el grupo parlamentario de Morena, para que exista imparcialidad en las investigaciones. Sobre la investigación a su dirigente nacional, Cortés indicó “el que nada debe, nada teme”, por lo que expresó la apertura del partido para que se esclarezca la información.

 

 

 

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, indicó que fue presentada a la mesa directiva del legislativo, una propuesta de creación de una comisión especial de investigar el presunto enriquecimiento inexplicable del Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya.

 

 

“Fiscalizar es traer a juicio, es una función central del poder legislativo, esta es una manera de hacer eco a expresiones ciudadanas que han denunciado hechos inexplicables, inexplicados hasta ahora”, sostuvo Camacho al referirse al actuar de Anaya y la omisión que ha hecho a los cuestionamientos que le piden aclarar su patrimonio.

 

“Desde esta cámara, representantes de la nación estamos convencidos de que para robustecer es pertinente es oportuno implantar esta comisión especial que por supuesto será de integración plural para que se haga de los elementos necesarios (…) para tomar una decisión definitiva a propósito de este asunto penoso que quisiéramos que no sólo se ventilara en los medios de comunicación, sino en las vías ordinarias al alcance de esta cámara”, remató el priísta.