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El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, saludó esta tarde la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de echar para atrás la llamada Ley Bonilla.

El dirigente partidísta indicó que no podía permitirse una reforma ilegal con la que se violaba la voluntad del pueblo, en referencia a que los bajacalifornianos votaron por Bonilla para un periodo sólo de dos años.

«Esta decisión afirma el respeto al orden jurídico y fortalece la certeza de las instituciones mexicanas», sostuvo Ramírez Cuéllar.

Por su parte el coordinador de los Diputados federales de Morena, Mario Delgado, no dejó pasar la oportunidad de señalar al PAN de ser el partido que avaló, en su mayoría la ‘Ley Bonilla’.

«Llegó a su fin la reforma aprobada por la mayoría panista en el Congreso de Baja California», dijo Delgado. Además dijo, el fallo de la Corte garantiza que hay autonomía real y auténtica división de poderes.

Quien se manifestó al respecto fue el coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien indicó que la decisión de los ministros de la Supre Corte garantizaba la legalidad y la división de poderes.

Incluso dijo, que la decisión histórica de la Corte sorprendió a «escépticos y a augures de la subordinación y el caos de la República».

Por su parte el grupo parlamentario del PT  en Diputados, celebró la resolución de la Suprema Corte, pues consideró que la ‘Ley Bonilla’ era «un hecho fraudulento que atentaba contra la certeza electoral y la legalidad jurídica de México».

Coincidieron en que fue una decisión correcta el anular la reforma que permitía a Jaime Bonilla mantenerse en el cargo hasta el 2024 y no sólo por dos años como inicialmente estaba plasmado en la ley, y que fue por como votaron los ciudadanos de Baja California.

Aseguraron que para las y los legisladores que forman parte de la Cuarta Transformación, “la democracia tiene que ser la máxima responsabilidad, pues está en nuestras manos respetar la confianza de quienes nos dieron su voto”.

El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, calificó de histórica la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar por unanimidad la llamada ‘Ley Bonilla’, pues señaló que con el fallo se fortalece la democracia y el Estado de Derecho.

“Triunfó el orden constitucional sobre la marrullería, sobre la compra de voluntades y la ambición desmedida de poder de Bonilla y de Morena», dijo el dirigente nacional del PAN.

Aseguró que con la decisión de la Corte, se dio un claro mensaje de rechazo al autoritarismo y a las peores prácticas de la política mexicana.

En conferencia de prensa virtual, acompañado por el dirigente del PAN en Baja California, Enrique Méndez y la senadora Gina Cruz, Cortés Mendoza afirmó que Acción Nacional valora la prueba de valentía y honradez intelectual con la que actuaron los ministros de la SCJN.

“Hoy es un gran día para México porque es un golpe a la mesa. Bonilla utilizó todo tipo de artimañas, todos sus recursos, para tratarse de ampliar el mandato y con esta resolución ya queda claro que en México no hay, no existe la ampliación de mandato, no se permite, pues, que se vulnere el orden constitucional”, destacó.

Por su parte el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, coincidió en que con el fallo de hoy, se evita que en México regresen las reelecciones disfrazadas.

“Celebramos y reconocemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso punto final a una aventura abusiva y desmedida de Poder. También reconozco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral, que hicieron su parte, dando opiniones técnicas apegadas a nuestras leyes”, subrayó.

En un video difundido en sus redes sociales, el líder priísta destacó que fue motivo de preocupación que en los últimos días los funcionarios de Baja California usaran el argumento del Coronavirus para extender su mandato,,

Reiteró que el PRI se opone a cualquier manifestación que busque reelecciones que no están previstas en la Constitución, y consideró que la democracia de México tiene que ser una «pared blindada para quienes intenten derrumbarla».

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD reconoció a los ministros de la Suprema Corte por su decisión de no permitir un atropello a la Constitución.

La dirigencia del sol azteca afirmó que hoy se demuestra que la división y equilibrio de poderes le sirve al país y un Poder Judicial autónomo y no sometido al Poder Ejecutivo es primordial para la democracia.

Hicieron un reconocimiento a los 11 ministros de la SCJN por actuar con independencia, imparcialidad y autonomía, ya que la ampliación del mandato, de dos a cinco años, era «un atraco y una burla para el país».

Celebraron que no quedó impune el fraude a la Constitución, que se cometió desde las filas de Morena y en beneficio de Jaime Bonilla. Incluso planteó llevar a cabo el juicio político en contra de los legisladores del Congreso local de Baja california, por avalar la llamada “Ley Bonilla”.

Finalmente, el expresidente Felipe Calderón, ahora impulsor de México Libre, se unió a las felicitaciones a los ministros de la Corte, pues dijo que su decisión inyecta «aire fresco» a un ambiente enrarecido por desplantes de autoritarismo y quebrando de la ley.

En el mismo sentido se pronunció Margarita Zavala, la otra artífice de la asociación que busca convertirse en partido político.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

“Esta decisión preserva la democracia y división de poderes, y hace valer el marco jurídico que le da certeza y legalidad a nuestro sistema electoral”, expresó Córdova Vianello a través de su cuenta de  Twitter.

Por su parte el consejo Ciro Murayama, indicó que la declaratoria de inconstitucionalidad restablece el Estado de Derecho; afirmó que el Instituto estará listo para organizar las elecciones en Baja California en 2021, junto con las otras 14 que renovarán las gubernaturas.

Jaime Rivera, consejero del INE, también avaló la decisión del máximo tribunal del país y afirmó que se fortalecen dos pilares del sistema democrático: la certeza y la legalidad.

Recordemos que este lunes, los 11 ministros de la Corte afirmaron que la reforma que promovía la ampliación del mandato de Bonilla, fue un fraude a la Constitución, que vulneró los principios de certeza jurídica y electoral.

Con dicha decisión, el mandato de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California sólo será de dos años, tal y como lo decidieron los ciudadanos en las urnas.

Luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará este lunes en análisis a la llamada ‘Ley Bonilla’, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció al respecto, e hizo un llamado a los ministros a anular la ley, pues dijo, es claramente inconstitucional.

A través de un comunicado, la Confederación dijo que aunque es un tema que surge en Baja California, tiene un impacto a nivel nacional debido a que tendrá repercusiones en los cimientos de la Constitución, específicamente en el principio básico de respeto al voto popular.

«Es de tal grado la relevancia de dicho fallo (…) que la SCJN tiene prácticamente en sus manos, el futuro de la democracia en México».

La Coparmex consideró que con la Ley Bonilla al menos se advierten múltiples violaciones de fondo: la del derecho a la seguridad jurídica, principio de legalidad; la irretroactividad de las leyes; y la vulneración de los derechos político-electorales de la ciudadanía en Baja California.

Recordó que permitir al Congreso local modificar el periodo de encargo de un gobernante electo, es contrario a la esencia del sistema democrático; además de que hay una prohibición expresa en el artículo 105 Constitucional, que indica que las leyes electorales no pueden modificarse 90 días antes al inicio del proceso electoral. 

«Esta prohibición expresa se introdujo en 1996, precisamente para evitar el tipo de fraude a la ley que se pretende con la ‘Ley Bonilla'».

De acuerdo al proyecto presentado por el ministro Fernando Franco González Salas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declarar inconstitucionalidad la llamada ‘Ley Bonilla’.

Recordemos que la ‘Ley Bonilla’ amplió de, 2 a 5 años, el periodo de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California, una vez que ya había sido declarado como gobernador electo.

Según lo que se ha informado, el proyecto del ministro Franco indica que la reforma que amplió el periodo de gobierno de Bonilla viola los principios democráticos de la Constitución, ya que fue electo popularmente para gobernar dos años y no cinco.

Para poder invalidar la reforma se necesita el voto de por lo menos ocho ministros de la Suprema Corte. Hasta ahora no hay fecha de cuando se discutirá el tema en el Pleno.

En ese sentido, el Partido Acción Nacional (PAN) confió en que la Suprema Corte actuará con absoluto apego a la Constitución.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, hizo un llamado a que lo ordenado en las urnas por los ciudadanos sea respetado por el bien de México, del Estado de Derecho, de la democracia y del equilibrio de poderes.

«Desde el primer momento el PAN ha dado la batalla para que el gobernador Bonilla no trasgreda la Constitución. Desde diciembre pasado la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció la inconstitucionalidad, ahora solo falta el último paso que recae en la Suprema Corte», dijo la dirigencia nacional de partido.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD y el excandidato del PRD a la gubernatura por el estado de Baja California, Jaime Martínez Veloz reconocieron la opinión técnica que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a la violación constitucional que se cometió en Baja California al ampliar el mandato del Gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Lo anterior luego de que Magistrados del TEPJF emitieron una opinión técnica y concluyeron que el Decreto 351 con el que se amplió el periodo gubernamental en el estado, trasgredió los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, lo mismo que los derechos de votar y ser votados.

Martínez Veloz sostuvo que la conclusión del Tribunal es importante, porque establecen los criterios y la jurisprudencia que existe en la entidad y con ello se convalidan los argumentos de quienes han demandado persistentemente el «atropello» a la legalidad.

El excandidato perredista dijo que la SCJN debe emitir una resolución tomando en cuenta la opinión de las instancias correspondientes en materia electoral, debido a que aporta elementos necesarios para que los ministros de la Corte puedan fundamentar la resolución legal.

Cabe señalar que la sala superior y el pleno de la SCJN han sostenido que “el principio de no reelección implica una prohibición fundamental: la prórroga o extensión del mandato más allá para el cual ha sido electo democráticamente, sea mediante la organización de nuevas elecciones, sea mediante una ampliación con esos efectos”.

Por su parte el presidente del PAN, Marko Cortés, también reconoció la resolución de la sala superior del TEPJF,  peus dijo, dejaron en claro lo que el partido dijo desde un principio.

“Lo que falta es que la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional para que entonces todo mundo en Baja California tenga certidumbre y se deje de estar especulando en un gobierno que claramente es de 2 años”, declaró.

El Cortés Mendonza indicó que el PAN ya se entrevistó con el Ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, para presentar los argumentos legales del caso y también se harán visitas a los demás ministros para el mismo fin.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificó como inconstitucional la llamada #LeyBonilla, con la que se amplió de 2 a 5 años el periodo de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California.

El TEPJF indicó que con la #LeyBonilla se violan los principios constitucionales de certeza, de no reelección, así como el derecho a votar y ser votado. Adicional señaló que se aparta de la regularidad constitucional.

Los magistrados incluyeron su determinación en un escrito de opinión que dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien lleva a cabo el análisis de los recursos de inconstitucionalidad contra la #LeyBonilla.

Entre los puntos que destacaron los magistrados para determinar como inconstitucional la ley, es que se vulneró el principio de certeza garantizado en los artículos 105 y 116 de la Constitución, que enuncia la prohibición a realizar modificaciones sustanciales a las leyes electorales 90 días previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones.

“El Decreto impugnado se publicó el 17 octubre de 2019, mientras que el proceso electoral en el Estado de Baja California inició el 9 de septiembre de 2018 y concluyó el 7 de octubre del año siguiente, es decir, la reforma entró en vigor una vez concluido el proceso electoral, de ahí que no se cumple con la temporalidad mínima de 90 previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones”, detallaron los magistrados.

Fue el ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, quien solicitó al Tribunal Electoral una opinión técnica sobre la constitucionalidad o no de la Ley, con el fin de contribuir al análisis que realizan.

Finalmente, el Tribunal aclaró que las opiniones emitidas respecto a temas con contenido electoral no son vinculantes, aunque aportan “elementos adicionales para el estudio de las instituciones pertenecientes a la materia electoral, con la finalidad de orientar el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de las normas impugnadas”.

La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, interpuso un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de la llamada #LeyBonilla, que busca extender el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.

En conferencia de prensa a las afueras de la SCJN, la activista señaló que el documento, firmado por 137 ciudadanos, se basa en la figura jurídica “Amicus Curiae (amigos de la Corte), con la que respaldan la acción de inconstitucionalidad promovida el 30 de octubre por la CNDH.

La activista señaló que el recurso debe ser considerado por los ministros al emitir su fallo, pues la extensión del mandato del actual ejecutivo estatal, afecta no sólo a la entidad, sino a todo el federalismo mexicano.

Por lo anterior subrayó que la #LeyBonilla es ilegal, y lamentó que siga vigente, por lo que urgió a la Suprema Corte a que la anule.

Morera indicó que con su escrito apoyan el recurso de la CNDH, porque la mencionada ley vulnera los valores democráticos, como el respeto del voto, ya que el Congreso estatal suplanta la voluntad de los electores, al elegir de facto a un gobernador por tres años más, sin mediar elecciones.

Además, con ella se vulnera la idea de la soberanía popular y contraviene normas constitucionales, pues no fue promulgada, y se publicó 90 días antes del proceso electoral, pese a que incidía en la periodicidad del cargo electo.

La activista instó a la Corte a resolver la acción, pues a 26 días del inicio del cargo de Jaime Bonilla, los ciudadanos aún reclaman la forma inconstitucional en la que éste amplió su mandato.

Finalizó al decir que la intención es mandar el mensaje de que cualquier intento por debilitar a las autoridades o las instituciones, será cuestionado por una sociedad civil atenta e informada.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró su postura a favor del respeto de la ley y del interés superior de la nación, esto en relación al caso de la ampliación del periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Luego de que asistiera, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la toma de posesión del gobernador Bonilla, lamentó “las malas interpretaciones» que se dieron a la «aparente falta de cortesía que reflejé» en el video grabado el viernes, el cual insistió, se hizo sin su conocimiento ni autorización.

La funcionaria subrayó que tanto en público como en privado sus valores dan congruencia a su actuar, y su posición sobre la denominada “Ley Bonilla se basa en el análisis jurídico de sus variables legales.

“Siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie», enfatizó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Puntualizó que como declaró con anterioridad, el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso local, aunque esté en entredicho su constitucionalidad.

No obstante, recalcó que, como lo expresó en su comparecencia en el Senado de la República, así como en diversas entrevistas, ese asunto deberá resolverlo única y exclusivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Siento mucho las interpretaciones dadas al referido video por diferentes actores sociales, políticos, periodísticos y de las redes sociales, sobre la manera de expresarme. Sostengo que mis argumentos en público y privado, son congruentes y totalmente respetuosos de los ámbitos de competencia de los poderes del Estado», enfatizó la encargada de la política interna del país.

Sánchez Cordero reconoció que eventualmente podría equivocar una expresión, pero la honestidad e integridad seguirán rigiendo de manera permanente su vida en lo público y privado, y seguirá siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que busca dar certeza jurídica al proceso electoral efectuado en el estado de Baja California el pasado 2 de junio.

La Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, en representación del Instituto, pretende que la SCJN declare inconstitucional el Decreto número 351 aprobado por el Congreso de Baja California el pasado 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.

El INE argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el pasado 17 de octubre de 2019 contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.

En el segundo recurso legal interpuesto por el INE en relación al proceso electoral en Baja California, ya que el pasado 24 de octubre interpuso una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar que se aclarara el periodo del próximo gobierno.

El INE recordó que la Constitución expresamente, en su artículo 105, que: “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

En la Acción de Inconstitucionalidad, el INE expuso que la reforma efectuada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo, de dos a cinco años, pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 Constitucional, ya que dicha modificación, posterior al proceso electoral, cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los diversos actores políticos de la entidad participaron en los comicios del pasado 2 de junio.

Jaime Bonilla asumió como nuevo gobernador de Baja California en el primer minuto de este viernes, envuelto en la polémica por la llamada #LeyBonilla, que le permitirá, hasta ahora, gobernar por cinco años y no por dos, que fue el periodo por el cual la gente lo eligió el pasado 2 de julio.

Desde la noche de este jueves, los más de 100 invitados comenzaron a llegar al Congreso estatal, donde Bonilla arribó para rendir protesta como mandatario estatal. Indicó que no le iba a dar a su antecesor ni un minuto más en el poder, por lo que decidió hacer el acto protocolario lo antes posible.

Entre los invitados estuvieron familiares del morenista, integrantes de su gabinete y funcionarios, entre los que destacó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Llamó la atención que el gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid no acudió al acto protocolario, ni envió a representante alguno. Medios locales reportaron que según colaboradores del gobierno estatal, el panista no recibió la acreditación correspondiente para ingresar al Congreso.

Luego de rendir protesta, Bonilla se dirigió al edificio estatal, aunque se detuvo para pronunciar unas palabras. Ahí dijo que se acababa el tiempo de corrupción del panismo en Baja California, quien gobernó por 30 años el estado.

Bonilla indicó que su gobierno no será de ocurrencias, por lo que en un mes se sabrá si está funcionando o no; en relación a la polémica por la #LeyBonilla, el morenista dijo que si la autoridad resuelve que su mandato durará cinco años, se someterá a la revocación del mandato.

Dijo a sus adversarios que se «despreocupen» pues no busca perpetuarse en el poder. Refirió que el «pueblo pone y el pueblo quita».

Bonilla inicia su gobierno con seis impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siendo esta última quien tendrá que resolver si su mandato será por cinco años, o se respetarán los dos años que marcó la convocatoria emitida por la autoridad electoral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional interpuesta por la administración estatal contra la #LeyBonilla, que amplía el mandato de dos a cinco años del próximo gobernador, Jaime Bonilla.

La admisión de la controversia se da a la par de que cuatro excandidatos presentaron el recurso «Amicus Curiae» ante dicha instancia para impedir se amplíe el periodo de Bonilla.

El ministro José Fernando Franco González Salas otorgó un plazo de 30 días hábiles al Poder Legislativo de aquella entidad, para que envíe a la corte una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.

No obstante, el ministro negó la suspensión que solicitó el Partido Acción Nacional (PAN), con la que buscaba frenar la toma de protesta de Bonilla Valdez como gobernador de Baja California. Reiteró que la norma impugnada es de tracto sucesivo, es decir, en el transcurso del tiempo sigue produciendo efectos.

En tanto, cuatro de los cinco excandidatos a la gubernatura de Baja California presentaron en la SCJN el recurso «Amicus Curiae» contra la #LeyBonilla. El exaspirante perredista Jaime Martínez Veloz aclaró que con esa impugnación no se pretende evitar la toma de protesta del gobernador, prevista para el 1 de noviembre, sino que el bando solemne que emita el gobierno estatal se realice en los mismos términos que emitió el Instituto Electoral de Baja California, tal como lo establece la Constitución local.

Acompañado por el exabanderado panista, José Óscar Vega Marín, Martínez Veloz dijo que también estarán a la espera de que los ministros les otorguen una audiencia para presentar lo que a su derecho corresponda. El escrito fue entregado en la Oficialía de Partes de la Corte y está firmado también por los excandidatos Ignacio Anaya, del partido local de Baja California, y Enrique Acosta, del Partido Revolucionario institucional (PRI).

Recordemos que el Instituto Nacional Electoral (INE) también presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un recurso legal para que se determine con claridad el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro Fernando Franco González Salas, admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra de la llamada #LeyBonilla, la cual busca extender el mandato de Jaime Bonilla, gobernador electo en Baja California, de dos a cinco años.

El ministro resolvió que «se tiene por presentados a los promoventes y se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que se puedan advertir de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”.

Los recursos legales fueron presentados por los partidos de oposición: el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

En la resolución, González Salas negó conceder una suspensión para impedir que Bonilla Valdez toma protesta el próximo 1 de noviembre, esto al considerar que fue el triunfador en las elecciones pasadas.

“No es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, estableció el Ministro en el acuerdo publicado por la SCJN.

González Salas subrayó que el hecho de que el Gobernador entre en funciones el próximo 1 de noviembre no significa que se hayan consumado los efectos de la #LeyBonilla, dado que su aplicabilidad es de» tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas”.

El gobierno del Baja California interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional contra la #LeyBonilla, que amplía el mandato de la próxima administración estatal de dos a cinco años.

Francisco Rueda Gómez, secretario General de Gobierno, informó que el mandatario estatal, Francisco Vega de Lamadrid, presentó el pasado lunes el recurso legal, junto con un equipo de asesores, contra la ley que extiende la administración de Jaime Bonilla hasta el 2024.

Explicó que “en el caso del gobierno de Baja California, el instrumento jurídico por el que podemos impugnar este tipo de actos es la controversia constitucional, la cual fue ingresada. Esperamos que en un escenario óptimo resuelvan, antes de que inicie el nuevo gobierno, para dar certeza jurídica».

El juicio fue turnado al ministro Fernando Franco y se prevé que la Corte resuelva antes del próximo 1 de noviembre, cuando Bonilla Valdez rinda protesta como gobernador.

Hay que recordar que la #LeyBonilla fue publicada el jueves 17 de octubre en el Periódico Oficial del Estado y entró en vigor el día 18; también después de la consulta ciudadana realizada el 13 de octubre por el Congreso, en la que el 84.25% de los participantes avaló que la próxima gubernatura se amplíe en cinco años.

El mismo viernes 18 de octubre, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, por separado, interpusieron ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la citada ley.

La #LeyBonilla ha provocado duras críticas de organismos como la Coparmex o el Instituto Nacional Electoral (INE). Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “chicanadas» los obstáculos del Congreso de Baja California para la publicación de dicha ley, e indicó que le daba pena meterse en ese asunto.

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid publicó este jueves en el Periódico Oficial del Estado la reforma avalada por el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla Valdez, que iniciará el próximo 1 de noviembre.

La reforma entrará en vigor este viernes, por lo que las instancias que así lo consideren podrán interponer recursos jurídicos que correspondan para impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del próximo lunes 21.

Esta mañana, Vega de Lamadrid dio a conocer que hoy quedaría publicada dicha reforma.

«La publicación de la ley me informan que se hará el día de hoy, hoy se publica la ley en el transcurso del día», señaló en un breve encuentro con los medios.

Recordemos que el mandatario estatal confirmó a #Xacto con Ana Paula Ordorica, que esta misma semana publicaría la ley para poder impugnarla.

 

El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, indicó que acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las reformas aprobadas por el Congreso estatal que amplían su mandato de dos a cinco años.

El morenista culpó al Instituto Nacional Electoral (INE) de equivocarse y querer engañar a la gente, al presentar una convocatoria que no corresponde a la elección que él se inscribió, y consideró que nada tienen que ver las autoridades electorales en este proceso.

«Está muy clarito en los documentos», dijo al señalar que cuando se registró fue para un periodo de cinco años y no dos, además de que no reconoce más que la última convocatoria emitida por las autoridades electorales para gobernar un quinquenio.

Acusó que el INE ha sido el provocador del problema sobre la confusión de la duración. «Nunca publicó lo que ellos decían que era la nueva ley, nunca sacaron una convocatoria y ahora salen defendiéndose», expuso el gobernador electo.

Sostuvo que nadie se está «brincando las trancas para nada», y defendió que lo que hacían era «sellar» el proceso, aunque reconoció que cuando ya esté publicada la ley, se tendrá la oportunidad de impugnarla a través de cualquier acción.

Bonilla se calificó como un demócrata, e indicó que es moral y jurídicamente correcta su defensa de gobernar la entidad cinco años; consideró que con ello no afecta la imagen su partido Morena ni al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Bonilla Valdez dijo que si el período del ejercicio de gobierno en el estado fuera de dos años, no se habría registrado, pero que de palabra le dijeron cuando hizo este trámite que era de un quinquenio y reiteró que en el documento no se indica un periodo.

Además, consideró que las consecuencias de gobernar dos años serían terribles y catastróficas para los bajacalifornianos pues sería tener un «mini gobierno» de transición, pues “truena a un estado que de por sí está quebrado, pues al primer año estaría en puerta de nueva elección.

Afirmó que para él este proceso ya terminó una vez que se publique la ley y “ya vendrán los afectados a impugnarla, pero nada tienen que hacer las autoridades electorales, las cuales provocaron todo el problema.

Bonilla Valdez culpó a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y al Partido Acción Nacional (PAN) de estar detrás de este conflicto.