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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este jueves que entre las iniciativas que presentará el próximo lunes está una para contrarrestar la reforma energética que abrió el sector a la industria privada durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El anuncio del mandatario llega luego del fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte que ayer declaró inconstitucional su polémica Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

“Voy a enviar en el paquete del día 5 una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente Adolfo López Mateos”, indicó en su conferencia matutina. Recordemos que fue el presidente López Mateos quien nacionalizó la industria eléctrica en su sexenio.

AMLO aprovechó el tema para lanzarse contra el Poder Judicial que, dijo, está “entregado completamente a estos intereses particulares”.

La Ley de la Industria Eléctrica que promulgó en 2021 buscaba favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de los generadores privados.

Ayer, la Suprema Corte otorgó un amparo con efectos generales porque, entre otras disposiciones, la legislación privilegiaba el despacho de la electricidad generada en las plantas de la CFE aunque fuese más costosa y contaminante que la producida por privados.

“Ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la Ley Eléctrica que se propuso para darle más importancia, por lo que representa, a la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras”, criticó López Obrador.

“Claro, se va a impugnar (el fallo), pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial”, agregó.

La Segunda Sala de la Corte determinó que los siete artículos principales de la reforma violan las disposiciones sobre generación y el mercado eléctrico mayorista, establecidas en la reforma constitucional de 2013. Asimismo, invalidó el artículo que canceló las subastas de contratos de electricidad para privados.

López Obrador argumentó que entonces buscará la contrarreforma constitucional porque las iniciativas “noeliberales” pretendían destruir a la CFE y dar “más privilegios para empresas particulares, como Iberdrola”.

“Si nosotros no hubiésemos llegado por voluntad del pueblo de México, la participación de la Comisión Federal de Electricidad fuese del 10% o del 15% de toda la producción de energía eléctrica en el país, ahora con muchos esfuerzos vamos a dejar a la CFE con un 54% del mercado”, remató.

Pero, ¿que significa que se haya declarado inconstitucional la LIE? ¿En qué beneficia al sector en el país? ¿Tendrá repercusiones internacionales? En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Víctor Ramírez, analista, experto en temas energéticos, sobre la decisión de la Corte de cancelar la LIE.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, negó que se hayan hecho “trampas” en el recuento de votos en el que se declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

“Se han repetido mentiras para descalificar el proceso judicial que se llevó de manera pública en directo y televisado durante seis horas”, dijo Zaldívar en conferencia de prensa, en la que detalló que la metodología de votación del asunto fue la “normal”, la que se suele utilizar siempre, por apartados.

El pasado 7 de abril se votó en la Suprema Corte, tras unas seis horas de debate, la constitucionalidad de dicha ley. Según Zaldívar, en la Suprema Corte ningún apartado obtuvo la mayoría calificada de 8 votos que exige la Constitución, pero hubo un momento de confusión que se trató de aclarar.

En primer lugar, los jueces votaron sobre los artículos que violaban la libre competencia y después si iban en contra de un derecho al medioambiente sano. Hubo seis ministros que votaron que ambos apartados eran inconstitucionales pero otros dos votaron por la inconstitucionalidad de uno y no del otro, es decir, cada uno de uno.

Con esto daban siete votos para cada apartado pero si se sumaban, como se pretendió hacer parecer, se llegaba a ocho, que era la mayoría calificada necesaria para declarar la inconstitucionalidad de dicha ley.

Ante esta inédita situación, Zaldívar preguntó “hasta en siete ocasiones” a ambos ministros, Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez, cómo querían que se computasen sus votos.

Ante la respuesta de González Alcántara, que dijo: “aquí mi voto es por la validez”, y la consulta al pleno para saber si tenían algún inconveniente, Zaldívar concluyó que no se llegó a ocho por lo que se desestimó la acción de inconstitucionalidad.

Zaldívar destacó que sin lugar a dudas, la votación y el conteo se realizaron correctamente.

“Ahí está la sesión, cada quién expresó lo que quiso, entonces, simplemente hay que señalar, porque es muy preocupante que la gente se quede con la percepción que en la Corte se hace trampa, no, aquí no se hace trampa, aquí se suman los votos, como cada quien los emite con absoluta libertad y así se hizo. Y eso es lo único que a mí me toca”, sostuvo.

El lunes varios senadores presentaron un escrito en la Suprema Corte para pedir que se corrigiera el conteo, pero el martes los 11 ministros aprobaron por unanimidad el acta de la sesión del 7 de abril.

Ahora, González Alcántara podría emitir un voto aclaratorio “diciendo que no votó como votó”, dijo Zaldívar, pero consideró que esto sería “un escándalo” porque “lo cierto es que votó como votó”. “El asunto es cosa juzgada, cada quién es responsable de su voto”, concluyó.

En Broojula, te presentamos un recuento mas detallado de lo que sucedió, con el análisis de un experto, quien nos ayuda a entender la situación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un “llamado” a las empresas eléctricas privadas para “dialogar” acerca de los permisos de autoabastecimiento, que el mandatario considera “ilegales”.

“Aun cuando ya es ilegal (el autoabastecimiento), hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema. Porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice”, dijo.

López Obrador recalcó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró a comienzos del mes constitucional la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que entre otros puntos contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”.

Sobre este asunto, ahora el mandatario aseguró que ya “hay un marco legal” pero, antes de presentar denuncias penales, buscará el diálogo con esa veintena de empresas, en su mayoría extranjeras, que a su modo de ver actuaron ilegalmente.

“Ojalá ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude este mecanismo de autoabasto que crearon que es como una especie de mercado clandestino, informal”, apuntó.

Agregó: “Tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda. No lo voy a hacer”, subrayó el mandatario.

López Obrador explicó que se está terminando de analizar “quiénes están en la ilegalidad completa” y violando “la Constitución”.

“Vamos a buscar un proceso de transición donde desde luego no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al mismo tiempo se den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley”, subrayó.

Con este llamado, López Obrador bajó el tono de confrontación frente a las privadas por primera vez en meses, a quienes había venido atacando constantemente.

Y es que recordemos que aunque en la Suprema Corte hubo muchas objeciones a la reforma a la LIE, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para que fuera considerada inconstitucional. No obstante, los analistas prevén que el alud de amparos protegerán al sector privado de la aplicación efectiva de la nueva normativa

El gobierno federal anunció este viernes la revisión y revocación de los permisos de autoabastecimiento en electricidad que sean considerados ilegales, al menos 110, tras la declaración de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) ayer por parte de la Suprema Corte.

“Se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley. Existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77,000 socios-clientes, ya que se compravenden energía eléctrica y capacidad”, destacó la presidencia en una tarjeta informativa.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su respaldo al modelo energético que propone López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Aunque hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional.

En la nota informativa, la Presidencia remarcó que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró “totalmente improcedente la pretensión de inconstitucionalidad” de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica planteada por un grupo de senadores de oposición.

“Los ministros también rechazaron el argumento de los senadores en el sentido de que la reforma es violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros tratados de libre comercio”, añadió.

Por ello, instó a que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que entró en vigor el 9 de marzo de 2021, sea aplicada por las autoridades competentes.

“Los pronunciamientos establecidos por la Corte en favor de la constitucionalidad de la reforma deben ser tomados en consideración por los jueces de distrito y los tribunales colegiados que tiene a su cargo los amparos promovidos por las empresas privadas. El presidente de la Corte dictará un acuerdo en ese sentido”, agregó.

Según resaltó la tarjeta informativa de Presidencia, el Alto Tribunal fue “claro y preciso” y ello tiene “consecuencias favorables” para el Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Apuntó que la CFE podrá celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física, lo que significa que podrá hacer un despacho de sus propias centrales a través de un programa fijo de generación.

También mencionó que las hidroeléctricas tendrán un “despacho prioritario”; se trata de 60 hidroeléctricas con 12,125 megawatts que aportan un 10% de energía en el sistema eléctrico y llegarán a aportar el 18% del sistema eléctrico nacional.

“El acceso a las redes eléctricas solo será posible cuando esto resulte técnicamente factible. A partir de ahora se detiene el otorgamiento de permisos por parte de la CRE sin sustento técnico”, agregó el texto, que señaló que los productores privados mantenían el “monopolio” del “despacho preferente”.

Además, ahora el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) usará su facultad para decidir el despacho de las centrales eléctricas en función de la “confiabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico nacional”.

También se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente. A estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de CFE, aunque no se entregue, aseguró Presidencia.

A modo de conclusión, el gobierno de la 4T aseguró que así “se termina el negocio heredado donde se benefició a la inversión privada extranjera (Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, etc)”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la decisión “histórica y patriota” de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SJCN) de avalar algunos de los cambios de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

“Quiero informar al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la Ley (de la Industria) Eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Dijo que no se quería “hablar mucho antes” de la importancia de que la Suprema Corte resolviera sobre el asunto porque “sabíamos de la trascendencia” de la resolución.

En este sentido, reiteró que se estaba “abusando” del marco legal y se buscaba destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tener como “rehenes” a todos los consumidores para hacer jugosos negocios y para lucrar.

“Se reparó el daño, ayer, se protegió a la gente, para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz”, dijo el mandatario, tras expresar que estaba “muy contento”.

Puso como ejemplo a las hidroeléctricas, pues en la “ley tramposa” anterior, aprobada en 2014 con corrupción tras sobornar a los legisladores, no se contemplaba esta energía como limpia, agregó. En este sentido, señaló de nuevo a algunas empresas extranjeras para beneficiarse de la situación y además remarcó que la energía solar y eólica que producen las firmas privadas son un pretexto.

“Solo utilizan de pretexto o de excusa o de pantalla el que les importa mucho la energía limpia. Mentira, ¿cuánto se produce con eólica o solar? Ni el 10% de la energía que se requiere. Todo lo demás es energía que usan las particulares con gas”, agregó.

López Obrador dijo que el debate en la Suprema Corte se demuestra que hay un “auténtico Estado de derecho”.

Ayer, la Suprema Corte dio su respaldo al nuevo modelo energético que propone López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, previo al debate en el Legislativo de una reforma constitucional sobre el sector energético.

Aunque hubo muchas objeciones a la LIE, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional. Sin embargo, la mayoría de los ministros se manifestaron en contra de ella; les faltó un solo voto para desecharla.

Cuestionado sobre la reforma constitucional en el sector eléctrico, que se debatirá la próxima semana en el Legislativo, el presidente dijo: “Ahora viene la reforma constitucional, pero la verdad, con lo que se consiguió ayer se nos alivianó la carga. Ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la CFE y rescatar esta empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Fue por eso un triunfo”.

Sobre el mensaje del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el que se señaló que la decisión de la Suprema Corte de declarar constitucional la LIE, abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión, el presidente afirmó que no se viola ningún tratado por lo que si recurren a tribunales internacionales, México haría lo propio.

“Él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, pero nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre”, recalcó AMLO al decir que Salazar tiene presiones por parte de legisladores y políticos que reciben dinero de corporaciones empresariales, pues dijo, así es el modelo en Estados Unidos.

La Suprema Corte de Justicia de México (SCJ) avaló puntos clave de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y avalada por el Congreso el año pasado. Sin embargo, no reunió el apoyo suficiente para evitar impugnaciones a la norma.

En uno de los temas de mayor interés para el mandatario, el máximo tribunal falló que los cambios en el orden del despacho establecidos en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) son constitucionales, una medida que favorece a la CFE, pero que ha sido duramente criticada por empresas y gobiernos de países socios de México, como Estados Unidos.

La nueva LIE, establece que la CFE tendrá prioridad para subir su energía a la red, modificando el orden del despacho previo, basado en un criterio económico que favorecía la generación de renovables por ser menos costosa.

La ley establece que se deberá privilegiar el despacho de hidroeléctricas, seguido por otras plantas de la CFE, luego la producida por centrales eólicas y solares de empresas privadas y al final la energía de ciclo combinado de particulares.

La Corte validó también la posibilidad de revisar, renegociar o terminar contratos con productores independientes de energía, convenios que el gobierno de AMLO ha acusado de “leoninos” para la CFE argumentando que dañan las finanzas de la estatal y favorecen a empresas privadas.

Pese al resultado, la votación en la Suprema Corte de una impugnación interpuesta por senadores, estuvo muy cerca de resultar negativa para el mandatario, pues el proyecto en su conjunto obtuvo siete de los ocho votos necesarios para ser desechado y solo cuatro que lo avalaron, suficientes para dejar vigentes los cambios a la LIE.

La nueva LIE no ha entrado en pleno vigor pues ha sido frenada en tribunales. Lo sucedido no evitaría que nuevos amparos lleguen a los juzgados, donde ganarían por mayoría simple. Y es que al no haberse alcanzado los votos para desechar la reforma en su totalidad, continuarán las impugnaciones a la aplicación de la LIE.

En Broojula, Ana Paula Ordorica y la abogada Ana Laura Magaloni nos ayudan a entender qué fue lo que se resolvió ayer en la Corte.

Mientras la Corte se posicionaba sobre la LIE, la iniciativa eléctrica enviada por López Obrador a la Cámara de Diputados se discute en la Cámara de Diputados, la cual se espera que sea votada la próxima semana. Dicha iniciativa contiene básicamente los mismos cambios ya aprobados en la LIE, pero el mandatario decidió enviarla para modificar la Constitución tras los problemas para poner en marcha la nueva LIE.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló esta tarde que los cambios al despacho eléctrico de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del 2021, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y avalados por el Congreso, son constitucionales.

El pleno del máximo tribunal tomó la decisión tras debatir las impugnación a la reforma de la LIE, aprobada en marzo del año pasado, que ha sido detenida en tribunales y fuertemente criticada por las empresas del sector y gobiernos de países como Estados Unidos.

La discusión comenzó el pasado martes y se extendió hasta este jueves. Los magistrados que coincidieron en declarar la constitucionalidad la obligación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de mantener la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la posibilidad de agrupación de empresas para solicitar interconexión fueron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa, la ponente Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente Arturo Zaldívar.

Con esto, la CFE se beneficiará en el despacho de energía. Sin embargo, al no haberse hecho ningún pronunciamiento, y solo haberse frenado la declaratoria de inconstitucionalidad de la prevalencia de la CFE en la producción y comercialización de energía eléctrica por encima de las empresas del sector privado, se abre el camino para presentar nuevos amparos relacionados a esta ley.

Los otros siete magistrados señalaron que lo impugnado era inconstitucional ya que violaba el principio de libre competencia y el derecho al medio ambiente fue frenada definitivamente.

El análisis en el Pleno aún continúa, ya que se discuten otras dos impugnaciones relacionas a la compatibilidad de la reforma con tratados internacionales en materia ambiental y económica; el mecanismo del certificado de energías limpias; la revocación y revisión de permisos; los criterios del SEN; las tarifas para los usuarios finales y los principios del SEN.

En el marco de la resolución de la Corte, el Laboratorio de Energías Renovables (NREL) del Departamento de Energía de Estados Unidos defendió la participación del sector privado en la generación de energías limpias en México y advirtió de los riesgos de una reforma legal que altere el sistema actual.

“La inversión del sector privado es fundamental para que México logre sus objetivos de energía limpia. Sin embargo, las inversiones necesarias tendrán dificultades si se realizan cambios en los marcos legales del actual mercado eléctrico”, afirmó el NREL en un informe.

El laboratorio de investigación, adscrito al Departamento de Energía, concluyó que México puede convertirse en “una potencia de energía limpia” debido a sus grandes recursos solares y eólicos todavía sin explotar.

Según sus cálculos, nuestro país tiene potencial para generar 25,000 gigavatios (GW) en energía solar, de 3,700 GW en energía eólica, de 2.5 GW en geotermia y de 1.2 GW en hidroeléctrica, lo que satisfaría 100 veces las necesidades eléctricas de México.

Aseguró que “con suficiente inversión del sector privado”, México podría aprovechar rápidamente este potencial y cumplir con su meta de alcanzar el 35 % de generación de energía limpia para 2024.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) aplazó para el próximo jueves la votación sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que busca fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía.

“El próximo jueves sesionaremos a partir de las 11 de la mañana”, anunció el presidente del Supremo, Arturo Zaldívar, tras más de dos horas de debate este martes.

Los 11 ministros de la Suprema Corte deben fallar esta semana sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros de oposición en el Senado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente.

El proyecto de la magistrada Loretta Ortiz solo se requieren los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la reforma legal, que es similar a la reforma constitucional que ahora discute la Cámara de Diputados.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca un cambio en el sector eléctrico, ha nombrado a cuatro de los actuales integrantes de la Suprema Corte además de mostrarse cercano a su presidente, Arturo Zaldívar.

En la sesión de este martes, varios de los ministros de la corte mostraron su preocupación por el impacto que podría tener para la inversión privada y para el impulso de las energías limpias. El ministro Javier Laynez indicó que la ley está creando una prioridad en el despacho para las centrales eléctricas públicas, por lo cual se pronunció en contra del proyecto, al considera que la prevalencia de la CFE es inconstitucional. El ministro Luis María Aguilar Morales también anunció su voto en contra. En total, seis ministros van en contra de esa propuesta y entran al fondo del asunto de la LIE.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronuncian a favor del proyecto de Ortiz Ahlf, por lo que solo les faltaría un voto para que esta sea declarada constitucional.

El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica del 2014 fue publicado en marzo de 2021 tras su aprobación en el Legislativo.

La reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de la CFE, incluidas las de combustibles fósiles, sobre las privadas de renovables. Además, revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL’s) para favorecer a plantas viejas de la CFE y contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”, entre otros puntos.

Los tres proyectos de sentencia fueron elaborados por la ministra Loretta Ortiz, nombrada por López Obrador, lo que causó controversia porque en el pasado, cuando era legisladora del Partido del Trabajo (PT), se pronunció en contra de abrir el sector a la inversión privada.

La semana pasada, senadores de oposición la acusaron de tener un “conflicto de intereses”. Por ello, antes de comenzar con la discusión, los once ministros de la Suprema Corte votaron sobre si Ortiz estaba impedida para este debate. Por mayoría de ocho votos, se consideró que Ortiz no estaba impedida para el asunto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este martes el análisis sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Los 11 ministros de la Suprema Corte fallarán sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado de la oposición, la Comisión Federal de Electricidad (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente.

Los proyectos de sentencia han sido elaborados por la ministra Loretta Ortiz, que ha sido acusada de conflicto de interés, pues además de haber sido nombrada por el propio López Obrador, en el pasado, cuando era legisladora del Partido del Trabajo (PT), se pronunció en contra de abrir el sector a la inversión privada.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador dijo que “va a ayudar mucho” si en la Suprema Corte se considera constitucional la Ley de la Industria Eléctrica. “La ley no es inconstitucional, de eso no hay duda”, insistió el presidente.

Al mencionar que sería un avance si se declara constitucional esta Ley de la Industria Eléctrica, López Obrador recordó que ésta no contempla, por ejemplo, el tema del la nacionalización del litio.

Recordemos que la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en marzo de 2021 en el Legislativo, elimina el criterio económico para despachar así primero las plantas de combustibles fósiles de la CFE sobre las privadas de renovables, revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL’s) para darlos a plantas viejas de la CFE y revoca permisos de autoabastecimiento, entre otros puntos.

Los proyectos de Loretta Otriz han causado incertidumbre porque solo se requieren los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la reforma legal, que es similar a la reforma constitucional que ahora discute la Cámara de Diputados.

En ese sentido, habría que tomar en cuenta que López Obrador ha nombrado a cuatro de los actuales integrantes de la Suprema Corte, además de mostrarse cercano a su presidente, Arturo Zaldívar, por lo cual, se está ante una alta probabilidad de que sea declarada constitucional.

Senadores de oposición acusaron este jueves a Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte, nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de tener un “conflicto de intereses” en el fallo de la próxima semana sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Los senadores entregaron una carta a la Suprema Corte para denunciar que la ministra, quien está a cargo del proyecto de sentencia, está “impedida” por su sesgo ideológico, ya que cuando era diputada por el PT se pronunció en contra de abrir el sector a la inversión privada.

“El propósito del escrito es exponer ante las y los ministros de la Suprema Corte la evidencia inequívoca que la ministra Ortiz Ahlf se encuentra impedida para conocer de la acción de inconstitucionalidad en cuestión”, indicaron los senadores en un comunicado.

La polémica surgió la semana pasada, cuando se reveló que el proyecto que propone Ortiz pretende avalar con una retórica similar a la del gobierno, la constitucionalidad de la reforma a la LIE, promulgada el pasado 9 de marzo de 2021 por López Obrador.

La Suprema Corte admitió en mayo de 2021 una controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la reforma por considerar que vulnera la competencia al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de combustibles fósiles de la CFE sobre las privadas de renovables, revisa de forma retroactiva los contratos y cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

La oposición denunció que la iniciativa modifica la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada en 2013, cuando Ortiz era diputada del PT, partido aliado de López Obrador, y se pronunció en contra con argumentos ideológicos similares a los que ahora hace como ministra.

“Las múltiples posiciones de la ministra” son “un conflicto de interés insuperable, toda vez que lleva muchos años manifestándose en contra de la política energética constitucional integral que hoy nos rige”, argumentaron los senadores del PAN, PRI y PRD.

El proyecto de Loretta Otriz ha causado incertidumbre porque solo se requieren los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la reforma legal, que es similar a la reforma constitucional que ahora discute la Cámara de Diputados.

Hay que tomar en cuenta que López Obrador ha nombrado a cuatro de los actuales integrantes de la Suprema Corte además de mostrarse cercano a su presidente, Arturo Zaldívar. Por ello, la coalición opositora denunció riesgos para la imparcialidad del Supremo.

“Hay elementos suficientes para, al menos, poner en entredicho el actuar imparcial de la Ministra frente al asunto, y la mera duda razonable de una actuación imparcial tratándose de nuestro máximo Tribunal Constitucional justifica la separación de ésta del asunto en concreto”, concluyeron.