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Luego de que se diera a conocer el oficio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a petición del magistrado presidente José Luis Vargas Valdez, en el que solicitaba a sus pares enviar por adelantado el sentido de sus votos sobre los temas que se discutiría en las sesiones públicas, los magistrados integrantes de la Sala Superior emitieron un posicionamiento en el que rechazaron dicha petición.

Indicaron que se trata de una petición que carece de fundamento legal y que atenta contra su independencia y autonomía, que como juzgadores y juzgadores tienen en lo individual y como integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado, que la ley les otorga.

 

A través de un posicionamiento que se difundió en redes sociales, y que es firmado por los magistrados Felipe Fuentes Barrer, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora Malassis, Indalfer Infante y Felipe de la Mata Pizaña, aseguran que la petición realizada pierde de vista que la deliberación es uno de los rasgos esenciales de un órgano jurisdiccional colegiado como lo es la Sala Superior del TEPJF.

Además, señalan que enviar el sentido de sus votos antes de la sesión pública de resolución supone un intento de desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional o bien que la deliberación judicial resulte irrelevante o  innecesaria en un Tribunal Constitucional.

La petición del magistrado presidente delimita “la oportunidad de que mediante la exposición y debate de los asuntos, se pueda reflexionar el sentido original de una posición respecto a un proyecto, lo que no es acorde a la finalidad de celebrar las sesiones públicas de resolución de asuntos”.

Finalmente indicaron que la advertencia sobre suspender las sesiones públicas de no contar con la información solicitada que se señala en el oficio con fecha 18 de mayo, puede entorpecer el buen desarrollo de las mismas.

Remataron indicando que la solicitud no es atendible ya que, además de no contar con sustento legal, anula por completo la posibilidad del debate y la de liberación de los asuntos que se presentan y con ello llegar a la resolución de las controversias conforme a los principios que rigen a las jugadoras y juzgadores.

“Es por ello que la votación de los asuntos se debe llevar a cabo una vez que las propuestas de sentencia hayan sido expuesta y debatidas, sin que resulte válido remitir una votación previa”.

Una nueva polémica surge al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), esto luego de que el magistrado presidente, José Luis Vargas, solicitara al Secretario General de Acuerdos informar al resto de los magistrados que previo a las sesiones públicas deberán informar por escrito el sentido de sus votos sobre los temas que se resolverán.

“Se sirvan instruir a quien corresponda, para que me sean enviados antes de la sesión privada, en el formato que les enviaré, el sentido de su voto en cada uno de los asuntos listados para ser discutidos y resueltos en la sesión pública”, se lee en el oficio TEPJF-SGA-4155/21 fechado el 18 de mayo.

En el documento se precisa que en caso de no enviar la información solicitada, es decir, que el magistrado presidente no conozca el sentido de la votación, las sesiones públicas serían suspendidas.

Vargas Valdez indica que dicha solicitud se realiza de conformidad con las atribuciones conferidas al presidente del Tribunal en su ley Orgánica, así como en el acuerdo general 4/2020 que se aprobó el pasado 12 de mayo.

“La sesión pública será suspendida momentáneamente y cuantas veces sea necesario a fin de contar con las condiciones genuinas y óptimas para poder reflejar de manera puntual el resultado de la votación y en consecuencia, que se lleve a cabo la lectura de los puntos resolutivos”, señala el oficio.

Y es que recordemos que fue la semana pasada cuando se acordó suspender la realización de reuniones privadas, que solían realizarse previo a las sesiones públicas.

Ante los señalamientos que provocó dicha comunicación, el TEPJF emitió un posicionamiento en el que recordó que era una “práctica regular que los magistrados y las magistradas dieran a conocer el sentido de su votación en los asuntos que posteriormente se resolvían en sesión pública”.

Y aunque reconoció que de no contar con la información habrá “breves pausas” para permitir un conteo adecuado y claro de los votos y emitir la lectura correspondiente, el Tribunal aclaró que era “totalmente falso que se pretenda cancelar las sesiones públicas de no contar previamente con el sentido del voto de los magistrados y magistradas.

Dijo que simplemente se tomará un poco más de tiempo conocer la sentencia final en cada uno de los asuntos abordados.

Y aunque difiere con lo que el oficio inicial señala, la aclaración del Tribunal afirma que los magistrados pueden “entregar o no” la información sobre su voto, pues la petición fue de carácter voluntaria y no obligatoria.

El Tribunal Electoral no sirve. Es un tribunal compuesto por algunos magistrados presionados políticamente y que por ello cambian sus criterios sin el más mínimo rigor jurídico. Así demuestran que ni son objetivos ni dan certeza.

El ejemplo más reciente de ello ha sido con respecto al fallo de que el INE se extralimitó en sus facultades al determinar que los partidos políticos deben de cumplir con la paridad en las candidaturas como lo mandata la Constitución desde el 2019. Esta paridad exige, entre otras cosas, que cuando menos 7 de las 15 candidaturas de las gubernaturas que estarán en juego en el 2021 sean para mujeres.

La paridad de candidaturas está contenida en la Constitución y como tal es un mandato nacional que evidentemente por ello es competencia del INE. Pero el caso llegó al Tribunal Electoral vía una impugnación de los senadores Ricardo Monreal y Eduardo Ramírez Aguilar, y ahí fue revocada la resolución del INE por cuatro de los siete magistrados: el presidente, José Luis Vargas; Felipe Fuentes; Indalfer Infante Gonzales; Felipe de la Mata.

Para las elecciones del 2018 el INE aprobó acciones afirmativas para el registro de candidaturas, entre ellas no solo las de género, también una cuota indígena, y lo hizo sin problema. Los magistrados Fuentes; Infante; de la Mata y el presidente, Vargas eran integrantes del Tribunal Electoral entonces y, sin embargo, algo que apoyaron antes ahora lo revocan.

Así, ante los mismos criterios de las elecciones del 2018, hoy los cuatro magistrados mencionados fallan de manera distinta. Esto es una señal clara de que algo está mal en el Tribunal Electoral. De que son magistrados que cambian criterios y con ello le quitan certeza; fortaleza y claridad al órgano electoral que es la última instancia en materia electoral.

Hay que aclarar que las presiones políticas a los magistrados siempre han existido pero lo que no habíamos visto antes son los bandazos de ahora. El cinismo llega a tal punto que la última versión de lo acordado en la sesión del lunes del Tribunal, lo que se conoce como el engrose, fue modificado por el magistrado Vargas para que el fallo se leyera como que los partidos políticos deben cumplir en la medida de lo posible y en atención a las disposiciones internas de los partidos con la paridad de candidaturas.

En esta versión de Vargas lo que se vio fue una modificación que no aprobaron los magistrados Janine Otálora; Mónica Soto y Reyes Rodríguez y cuya inconformidad se hizo muy pública ayer en redes sociales y medios de comunicación.

¿Cómo que cumplir en la medida de lo posible con un mandato constitucional? Una ley es vinculante. La Constitución no se cumple en la medida de lo posible. Por ello, hasta el envío de esta columna los magistrados que estuvieron en desacuerdo con la revocación a los lineamientos para el registro de candidaturas que dictaminó el INE no han firmado el engrose.

Lo que ocurre en el Tribunal es un cochinero. Es una guerra entre magistrados y entre instituciones electorales (INE vs Tribunal) y de los partidos en contra de éstas mismas instituciones. Da terror pensar que así llegaremos a las elecciones más complejas de México. Con un Tribunal que demuestra la debilidad de varios de sus integrantes que son sujetos fáciles de presiones políticas. Un Tribunal que no da certeza y por ello no da confianza.

Columna completa en El Universal

Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá el proyecto de sentencia a cargo del magistrado José Luis Vargas Valdez, en el que propone ratificar la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgar el registro de partido político a México Libre.

El coordinador nacional de la organización, Fausto Barajas, se expresó en desacuerdo con el proyecto difundido ayer por el Tribunal, pues dijo, debe haber justicia para los más de 260 mil mexicanos que respaldan a la organización.

Sostuvo que se necesitan “4 votos valientes de 7” durante la discusión y eventual votación que se realizará este miércoles. Exhortó a los magistrados a valorar las pruebas que México Libre presentó para sustentar sus afiliaciones, asambleas y financiamiento.

Barajas reconoció que si el TEPJF decide negar el registro, ya no hay más instancias legales a las cuales acudir para defender sus derechos.

Por su parte el expresidente Felipe Calderón, quien junto a su esposa Margarita Zavala impulsan México Libre, aseguró que si bien el proyecto del magistrado Vargas Valdez invalida correctamente el criterio “del 5%” que el INE alegó “sin razón” alguna, no valora las pruebas que identifican plenamente a quienes aportaron a través de tarjeta, mediante terminales Clip,

Además, refiere que el proyecto anula arbitrariamente asambleas el propio INE validó en su momento. Señaló que se estarían anulando 112 asambleas válidamente celebradas, sin fundamento, derecho de audiencia ni debido proceso.

“Es injusto (…) ojalá prevalezca razón y justicia en los Magistrados”, dijo Calderón a través de sus redes sociales.

Finalmente, Margarita Zavala pidió a los Magistrados no negar los derechos de todos los ciudadanos que respaldan a México Libre. Sostuvo que en una democracia se debe respetar el esfuerzo humano de participar a través de los cauces pacíficos y legales.

Por presuntas irregularidades en sus finanzas personales, este jueves la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas de tres magistrados del Poder Judicial de Jalisco.

Además, los tres juzgadores se confrontaron con el Gobierno estatal y los municipios conurbados por algunas de sus sentencias por emitir sentencias controvertidas.

Al momento, los tres juzgadores recurrieron a los juicios de garantías en juzgados de distrito para revertir los aseguramientos.

Es el caso del expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González, y los magistrados del Tribunal Administrativo de Jalisco, Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez.

En documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJPJF) se expone que los magistrados cuentan con inmuebles, vehículos, cuentas y viajes que no corresponden a sus ingresos como servidores públicos.

El presidente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores Cervantes, aseguró que la decisión de restituirles o no el registro como partido político nacional corresponde únicamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que pidió al resto de los actores políticos no entrometerse en el asunto.

Dijo que el titular del INE, Lorenzo Córdova, y el resto de sus detractores que hasta ahora se han pronunciado al respecto, deben abstenerse de emitir recomendaciones a los magistrados encargados de resolver sobre el asunto.

Recordó que se espera que en los próximos días el Tribunal Electoral emita una resolución sobre el registro del partido, luego de que señaló se entregó “en tiempo y forma” las cifras y argumentos legales que respaldan su exigencia de mantener el registro.

Y es que recordemos que el PES ha argumentado que en la pasada contienda electoral, terminó por encima de otras fuerzas políticas como el PRD, PVEM, MC e incluso el propio PRI, al obtener más de un millón y medio de votos de ciudadanos que participaron en la elección.

El ahora delegado federal en Morelos resaltó que el saldo de la contienda para el partido fue el haber obtenido una gubernatura, ocho senadores, 56 diputados federales, 86 diputados locales, 115 presidencias municipales y mil 500 regidores.

 

El proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año que dio a conocer el Gobierno Federal respetó los salarios de ministros, magistrados y consejeros de la Judicatura Federal, pues no hubo disminución total.

De acuerdo con El Heraldo de México, también mantuvieron intactas sus prestaciones, cuya desaparición ha sido anunciada por Morena, tales como; seguros de vida, el colectivo de retiro, gastos médicos mayores y el de separación individualizada, así como un pago anual por riesgo en el ejercicio de su encargo.

No obstante, el presupuesto general del Poder Judicial sí registró una disminución de 6 mil millones de pesos, pero fue acordada entre el Ejecutivo y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Según el tabulador salarial para 2019, la remuneración anual neta de los ministros de la SCJN, en la cual no se contempla la aplicación de la reforma para ganar menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará fijada en 4 millones 688 mil pesos, y en 3 millones 53 mil 609 pesos la de los ministros a quienes ya se les aplicó esa reforma.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit solicitó a la Cámara de Diputados local la declaratoria de procedencia para desaforar a cuatro jueces y dos magistrados del Poder Judicial por su presunta participación en un fraude para despojar de sus viviendas a más de 40,000 derechohabientes del Infonavit.

​El fiscal de Justicia, Petronilo Díaz Ponce, informó que derivado de denuncias presentadas por la Comisión de la Verdad a través de afectados de despojo de viviendas, se inició con la investigación en contra de servidores públicos que entre 2013 y 2018 llevaron a cabo juicios “espejo” con la complicidad de magistrados y jueces de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario público y un despacho de abogados, para la ejecución irregular hipotecaria de 40 mil viviendas propiedad de derechohabientes del Infonavit en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Los delitos por los que se les podría acusar son falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho y peculado, cometidos contra la administración de justicia y contra la custodia de documentos.

Este entramado de presunta corrupción se confeccionó a través de una simulación de juicios en cuatro juzgados de primera instancia en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, que concluyeron en la adjudicación y escrituración irregular de las viviendas. El fiscal señaló que hay indicios de que la operación fue en dos etapas: la primera inició en 2013, 2014 y 2015 en los juzgados de Xalisco y Compostela; concluyendo en sentencias de condena hipotecaria a favor del Infonavit y en contra de los trabajadores, viviendas que se adjudicaron por un 75% del valor del avalúo de los inmuebles.

La segunda etapa se ejecutó en los dos juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a finales de 2016.

El presidente del Tribunal de Justicia, Ismael González Parra, aseguró que se aplicará todo el peso de la ley en contra de los magistrados y jueces que violentaron la ley, en caso de comprobarse las acusaciones.

Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que sólo Donald Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reiteró que los jueces son los servidores públicos mejor pagados del mundo.

En referencia a la Ley de Reducción Salarial que se pretende aplicar a los magistrados, jueces y trabajadores del poder judicial, el presidente López Obrador destacó que se tomó la decisión de la reducción, “ya que nadie puede ganar más de lo que recibe el Presidente de la República. Si no respetamos la Constitución, entonces no existirá el Estado de Derecho”, dijo el tabasqueño.

Además, destacó que le parece una injusticia que los jueces y ministros ganen los sueldos que ganan en un país con tanta pobreza y dijo que no va a negociar, que es un tema de principios y que desde la campaña estuvo anunciando la reducción de salarios.

Asimismo, dijo que si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ganan 600 mil, sí ganan 500 mil pesos y otras prestaciones.

“Dicen que no es cierto que ganen 600 mil pesos mensuales los ministros, pues tengo la información, es cosa de verla en el presupuesto. Son 7 millones al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí indicadas, pero si no son 600 mil, son 500 mil”, detalló.

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, aseguro que la credibilidad que tenía la justicia electoral en México “ha muerto”, esto después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidiera validar la elección de la entidad.

Barbosa indicó que si bien el sistema de justicia electoral en México se encontraba en un profundo deterioro, en la resolución de la elección de gobernador en Puebla estaba en juego saber si era justicia o había dejado de serlo.

Señaló que en la Sala Superior del TEPJF se constituyó una mayoría de magistrados que decidieron sus votos mediante acuerdos políticos e influencias de toda índole.

“La escasa credibilidad que tenía la justicia electoral en México ha muerto”, recriminó el morenista, y acusó que cuatro magistrados del Tribunal, incluida su Presidenta, no resistieron las presiones políticas y la capacidad de seducción del ex gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle.

Y aunque señaló directamente al ex mandatario estatal, dijo que por el bien de la sociedad se debía investigar quiénes fueron los responsables de la “sucia operación” que llevó a validar la elección.

Barbosa insistió en que las operaciones políticas de Rafael Moreno Valle acabaron con lo poco que quedaba de la justicia electoral en México, pero advirtió, “nunca se burlará de la dignidad de los poblanos”.

Finalizó indicando que la lucha que ha encabezado ha sido honrada y honesta; y aunque la sentencia alcanzada por el TEPJF les duele, no los debilita, sino por el contrario, fortalece sus convicciones de lucha.

 

Alrededor de 73 integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se llevarían 229 mil pesos como bono por su “desgaste físico”.

El diario Reforma publica el Acuerdo número: V-36/2018 del Consejo de la Judicatura que especifica que el bono, cuyo monto total es de 16.7 millones de pesos, solamente es para magistrados y consejeros.

“(Un bono de riesgo) derivado del desgaste físico, de salud y emocional por el desempeño de sus funciones”, indica el proyecto publicado, señala el rotativo.

En la nota, Reforma destaca que este beneficio se da justo cuando este viernes se elegirá al nuevo titular del TSJ, que encabeza Álvaro Augusto Pérez, quien, por cierto, busca reelegirse.

Manuel E. Díaz Infante, Rafael Guerra Álvarez, Rosalba Guerrero Rodríguez y Celia Marín Sasaki son los otros candidatos que se encuentran en la terna.

Dicho bono ya despertó el descontento de varios, puesto que jueces y otros trabajadores cuestionaron que no son beneficiarios del bono pese a tener la misma o más saturación de trabajo.

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, afirmó que la Constitución no permite una disminución de salario a los magistrados durante el periodo que se ejerce el cargo.

Dichas declaraciones de la magistrada se dieron ante la propuesta de Morena de reducir las percepciones de los integrantes del TEPJF.

Otálora Malassis declaró que “el artículo 94 y 116 de la Constitución estipula que no hay reducción de salario durante el encargo”, artículos que la iniciativa de la morenista María Chávez, propone reformar.

Con esta norma vigente, el TEPJF proyectó el presupuesto para 2019 y pese a eso “hay medidas de austeridad y ahorros”, aseveró la magistrada, puesto que se establece una reducción del gasto en 12%, basándose en un año ordinario como el 2017, sin elecciones, y se prevé un recorte del 38%, en relación a 2018 con elección federal.

El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló las candidaturas de Miguel Ángel Mancera, quien es postulado por la vía plurinominal por el PAN, y de Napoleón Gómez Urrutia, postulado por Morena.

El aval a las candidaturas fue otorgado por cinco votos a favor y dos en contra.

El magistrados Felipe Fuentes se pronunció en contra de avalar la candidatura del líder minero, pues dijo que los funcionarios que ejercen cargos públicos que incidan en el rumbo del Estado deben estar libres de sospecha de intereses ajenos al país.

El proyecto de sentencia, fue presentado por la magistrada presidente Janine Otálora y la magistrada Mónica Soto Fregoso, y luego de la votación, fueron declaradas infundadas las impugnaciones presentadas por el PES y por el PRI, en contra de las candidaturas.

Con esto, ahora Miguel Ángel Mancera y Gómez Urrutia aspirarán ocupar un escaño en el Legislativo.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

Los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ofrecieron esta tarde una conferencia de prensa, para aclarar su actuación sobre el juicio que permitió a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, llegar a la boleta electoral.

 

Indicaron que la conferencia respondía a las recientes muestras de preocupación de parte de la sociedad ante su resolución, además de que reconocieron que debe haber confianza en las autoridades electorales, sobre todo cuando situaciones como esta suceden en medio de un proceso electoral.

 

El Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera explicó que lo que ellos resolvieron fue el hecho de que si a “El Bronco”, le fue respetado su derecho a verificar si alcanzó el numero de firmas que necesitaba para contender a la Presidencia de la República.

 

Detallaron que consideraron que si se hubiera revisado la totalidad de los votos inválidos, como lo pedía el aspirante, hubiera logrado alcanzar el umbral de firmas solicitado, pues en cada una de las sesiones a las que asistió, logró recuperar del 5 al 25 por ciento de las firmas.

 

En defensa de su actuar, sostuvieron que el “Tribunal no hace política y no litiga con base en señalamientos en medios de comunicación ni en redes sociales”. Los magistrados indicaron que “se ha buscado proteger los derechos de todos y todas las candidatos independientes”, por lo que piden el entendimiento a su sentencia.

 

Los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvieron esta tarde una reunión de trabajo para analizar el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

 

El encuentro que tuvo lugar en la sede de la Sala Superior del Tribunal en la Ciudad de México, estuvo encabezado por Janine Otálora Malassis, Magistrada Presidenta de la Sala Superior del TEPJF, y Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE.

 

Durante el encuentro, los funcionarios de ambas instituciones intercambiaron puntos de vista sobre el Proceso Electoral en curso, analizaron las vías de colaboración institucional y subrayaron la importancia de mantener una relación armónica de cara a los comicios que tendrán lugar el próximo primero de julio.

 

No es la primera vez que los Magistrados del TEPJF se pronuncian al respecto, pues recientemente el Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera aseguró que la institución refrenda jurisdiccionalmente el compromiso de seguir impartiendo justicia “con independencia, autonomía, libertad de criterio, neutralidad y rectitud; ajenos a intereses y presiones políticas de diversa índole”.

 

El Magistado sostuvo que 2018 es un año de retos para los mexicanos y los juzgadores electorales, un año de perspectivas y pruebas complejas, en donde se elegirán 3,632 cargos de elección popular.