El FBI irrumpió en la mansión de Mar-a-Lago del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de la investigación para determinar si se llevó documentos secretos de La Casa Blanca a su residencia en Florida, dijeron personas enteradas el asunto.
Esta medida representa una escalada drástica y sin precedentes de la investigación policial del expresidente.
En un extenso comunicado sobre el allanamiento a su propiedad, Trump dijo que los agentes abrieron una caja fuerte en su residencia. “Después de trabajar y colaborar con las agencias pertinentes del Gobierno, este allanamiento no anunciado de mi hogar no fue necesario ni apropiado”, dijo el magnate.
Recordemos que desde hace meses se investiga cómo los documentos secretos fueron a parar a Mar-a-Lago en cajas de archivo de La Casa Blanca a principios de este año.
Adicional, en un caso por separado, un jurado de instrucción investiga los intentos de anular los resultados de la elección presidencial de 2020, acrecentando los peligros legales en potencia para Trump en momentos en que está sentando las bases para un intento de reelección.
Trump y sus aliados trataron de presentar el cateo como un abuso político del sistema de justicia penal y un intento demócrata de impedirle presentarse de nuevo en 2024. Sin embargo, el gobierno del presidente Joe Biden dijo que no había tenido conocimiento previo del hecho; el actual director del FBI, Christopher Wray, fue designado por Trump hace cinco años y fue un alto funcionario del Departamento de Justicia dirigido por los republicanos.
“Son tiempos sombríos para nuestra Nación, cuando mi hermoso hogar, Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está bajo asedio, allanado y ocupado por un grupo grande de agentes del FBI”, escribió Trump. “Nada como esto le ha sucedido jamás a un presidente de Estados Unidos”.
El manejo de archivos secretos y documentos del gobierno está sujeto a varias leyes, algunas de las cuales penalizan el llevar ese material a un lugar no autorizado. Aunque una orden de allanamiento no indica la inminencia o siquiera la posibilidad de cargos penales, los funcionarios federales que la solicitan deben demostrarle a un juez que existe la probabilidad de que se haya cometido un delito.
