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La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), informó que pese a lo que había ofrecido la presente administración, las prácticas respecto a compras y contrataciones que se realizan desde el gobierno federal muestran el mismo patrón de comportamiento que las administraciones anteriores.

De acuerdo a un análisis a los contratos que se encuentran en la plataforma Compranet, MCCI informó que no hay diferencia entre las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y la actual que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se señala que en lo correspondiente a la proporción de contratos asignados por las tres vías que señalan la Constitución y las leyes en la materia, se abusa de la excepcionalidad que abre la ley para la asignación por la vía de adjudicación directa.

MCCI reporta que, en el último año de cada uno de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, el porcentaje de adjudicaciones directas fue de 67.7% y 76.2% respectivamente mientras que en los tres primeros meses del presente gobierno la cifra alcanza ya el 74.3%.

                               CONTRATOS GUBERNAMENTALES
FCH (2012) EPN (2018) AMLO (ene-mar 2019)
Adjudicación directa 67.7% 76.2% 74.3%
Licitación abierta 19.1% 14.7% 18.3%
Invitación restringida 13.2% 9% 7.4%

Fuente: Compranet.

Sobre los porcentajes para el método de licitación abierta “mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente”, sólo alcanzan el 19.1%, 14.7% y 18.3%.

“Preocupa este patrón de comportamiento no sólo porque se aleja de la legalidad vigente sino porque las compras y contrataciones que realiza el gobierno son dos de los principales espacios para la creación de relaciones de corrupción”, denunció la organización.

Dichas prácticas irían en contra de lo expuesto por el presidente López Obrador, respecto a que no se tolerará ningún tipo de corrupción, y de que la forma de gobernar iba a ser distinta.

Recordemos que más del 20% del presupuesto de egresos de la federación se utiliza en contrataciones o compras gubernamentales.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo un llamado al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a honrar su palabra, y que su gobierno dé seguimiento a las más de 60 denuncias penales y administrativas que han interpuesto en contra de servidores públicos.

La organización indicó que las denuncias se han presentado en contra de servidores públicos pertenecientes a 19 dependencias centrales y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y diversas empresas privadas por el manejo irregular y desvío de más de 6 mil 700 millones de pesos.

Recodaron que López Obrador ha dicho en repetidas ocasiones que si hay investigaciones abiertas se van a continuar. Subrayaron que de acuerdo a sus declaraciones, todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver.

“Mexicanos Contra la Corrupción solicita al Presidente Electo que, honrando su palabra y en el ámbito de sus facultades, garantice las condiciones necesarias para que el Fiscal General de la República y el Fiscal Anticorrupción, así como la Secretaria de la Función Pública, que entrarán en funciones en unas horas, prosigan con las investigaciones de las denuncias ya presentadas garantizando un verdadero acceso a la justicia y combate a la impunidad”, dijo MCCI.

La organización adelantó que aún y con el cambio de gobierno, seguirá implementando acciones legales en contra de funcionarios públicos y privados que participen en actos y redes de corrupción.

 

De acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una red de 11 empresas fantasma utilizada para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en tiempos de Rosario Robles, guardan relación con el ex gobernador de Veracuz, Javier Duarte.

Se señala que en las actas de 5 empresas por las que circuló el dinero saqueado de la Sedatu entre 2016 y 2017 aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, quien a su vez funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz.

Esas 5 empresas, a su vez, están ligadas con otras 6 que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales que MCCI documento en una investigación independiente a lo que reveló días atrás el periódico Reforma. Se enfatiza que toda la red tiene su base de operaciones en Chiapas, en donde radica Gómez Méndez.

Recordemos que el diario nacional publicó que entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron retirados más de 700 millones de pesos de cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de contratos en Sedatu y Sedesol y llevados en efectivo a 10 domicilios en la Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa.

Tanto en el caso revelado por Reforma, así como en la red chiapaneca de empresas fantasma que documentó MCCI aparece que se triangularon los recursos federales mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax).

A inicios de 2016, la Sedatu firmó dos acuerdos con el SQCS y con Telemax para desarrollar productos de difusión en audio y video que servirían para promover programas de Gobierno; el primer convenio fue por 450 millones de pesos y el segundo por 320 millones.

Tanto el SQCS como Telemax subcontrataron los servicios a una red de empresas que simularon operaciones. Entre esas empresas estaba Agatha Líderes Especializados SA de CV, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 millones de pesos.

 

Investigación completa AQUÍ

Foto: Investigación MCCI tomada de Proceso

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó copia del libro de registro de visitantes, agenda o cualquier formato en el que se registraron las visitas a la oficina del Director General de Pemex en el primer semestre de 2013, periodo en el que supuestamente se negoció un soborno para el contrato de la refinería de Tula.
Sin embargo fue informada por la unidad de transparencia de Pemex que pese a haber sido localizada la información solicitada, no podía proporcionarla porque forma parte de la carpeta de investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR).
Argumentó que “de proporcionarse dicho instrumento objeto de la solicitud de información, relacionado con la citada empresa, se causaría un serio perjuicio al curso de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la Federación, contenidas dentro de la carpeta de investigación correspondiente, que a la fecha se encuentra en trámite”.
Y es que mediante el acuerdo 5.4.0.18, el comité de transparencia de Pemex autorizó una “reserva total” por un periodo de 5 años la información solicitada, pues consideró que existen elementos suficientes para clasificar la información, ya que de darla a conocer se pondría en riesgo las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de la PGR y la SFP.
La petición de MCCI surge luego de que en su delación ante las autoridades ministeriales de Brasil, el ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, aseguró que en el arranque de 2013 había visitado a Emilio Lozoya en su oficina, y que su presencia en la sede central de Pemex en la ciudad de México, había quedado registrada, por lo que era información que podía ser corroborada.