Ana Paula Ordorica
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Pese a enfocar su estrategia en la disponibilidad de camas, la 4T invirtió menos en hospitales durante la pandemia

La estrategia del gobierno federal contra la pandemia del COVID-19 se centró en el número de camas para atender enfermos más que en disminuir los contagios, tal como lo han reconocido las autoridades.

A pesar de eso, en México el crecimiento de camas fue menor en año de pandemia que en años anteriores. En 2019 creció 9.64%, mientras que en 2020 solo fue de 8.8%.

Así lo refleja una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que obtuvo vía transparencia los datos del número de camas que aumentó cada institución pública y privada en el primer año de la pandemia.

En el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno reconocía momentos complicados y colocaba estados en semáforo rojo de su semáforo epidemiológico cuando había baja disponibilidad de camas para atender a pacientes contagiados.

Un ejemplo fue el pico en las gráficas de  enero cuando se tuvieron en promedio 6 mil 445 contagios diarios y la capacidad de los hospitales se encontraba al límite.

Aunque se hicieron reconversiones en hospitales para tratar casos COVID, se adaptaron estadios y cuarteles para abrir  hospitales temporales, el crecimiento de camas para atender la pandemia que hasta hoy ha cobrado más de 250 mil vidas, fue menor comparado con otros años sin crisis de salud.

México, con 121 millones de habitantes, aumentó 13 mil camas en todo su sistema hospitalario  en  el primer año de pandemia, es decir, de 2019 a 2020, mientras que ciudades como Nueva York, que tiene 8.4 millones de habitantes, agregó 20 mil camas, principalmente en hospitales temporales.

Y aunque los hospitales de la Secretaría de Salud aumentaron el número de camas en un 9.7%, en dicho conteo se incluyen las camas de hospitales provisionales o temporales patrocinados por empresas privadas. Un ejemplo es el Centro Banamex de la Ciudad de México que aportó 890 camas o el Hospital Ángel Leaño en el estado de Jalisco.

El IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, que en 2020 atendieron el 93%  de los casos de COVID-19 en el país, aumentaron su capacidad entre 2% y 9.7%. En el caso del IMSS, sólo aumentó 857 camas en todos sus hospitales. Es decir, creció 2% en dicho periodo. El ISSSTE aumentó 464 camas, lo que representa 6.4% más camas. 

Un año antes, en 2019, el aumento de camas en ambos Institutos de Salud fue de entre 0.1% y 17.7%.

 

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Tragedia en la línea 12 del Metro ‘desploma’ aprobación de Claudia Sheinbaum

La aprobación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se desplomó 22 puntos tras lo ocurrido en la línea 12 del Metro, que hasta el momento ha dejado 26 muertos y más de 90 heridos.

Según la más reciente encuesta de El Financiero, la aprobación de Sheinbaum pasó del 71% que registraba en abril al 49% en mayo, es decir, una caída de 22 puntos en solo 30 días. La desaprobación de la mandataria capitalina subió al pasar del 26% al 49% en el mismo periodo.

A pesar del desplome de la popularidad de Sheinbaum, el 45% de los encuestados considera que el principal responsable del accidente es el actual canciller, Marcelo Ebrard, quien era Jefe de Gobierno de la capital cuando se inauguró la línea en 2012.

El 21% de los entrevistados apunta como responsable a Miguel Ángel Mancera, sucesor de Ebrard; mientras que solo un 14% cree que Sheinbaum Pardo es la responsable de los hechos; el 13% no sabe y el 7% apunta a otro responsable.

Fue el pasado 3 de mayo, cuando viga del viaducto elevado de la línea 12 del Metro, entre la estaciones Olivos y Tezonco, colapsaron provocando la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de “V”.

Sobre la respuesta que se dio al percance, el 47% de los encuestados considera que Sheinbaum actuó mal o muy mal, mientras que el 29% cree que lo hizo bien o muy bien; el 22% opinó que ni bien ni mal.

Sobre lo que viene en relación a la tragedia, el 60% prevé que la tragedia quedará impune, el 33% opina que habrá un castigo a los responsables y el 7% no lo sabe.

Sobre las condiciones en que funciona el Metro, uno de los más transitados del mundo con cerca de 5 millones de usuarios al día, el 81% de los encuestados considera que el mantenimiento es malo o muy malo, y solo el 6% defiende que es bueno o muy bueno.

Además, el 76% critica que la condición de sus instalaciones es mala o muy mala, mientras el 10% la considera buena o muy buena.

Recordemos que el 82.7% de los mexicanos considera que la tragedia del Metro fue por una “negligencia” de las autoridades, según un sondeo de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).

Fuente: El Financiero

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USAID “reevalúa” programas en México tras acusación de “intervencionismo” de AMLO

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha señalado que “reevalúa” sus programas y financiación para México, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusara a Washington de “intervencionismo” por la financiación a una asociación civil que “ataca” a su gobierno..

“Estamos en ese momento ahora, con la nueva Administración (del presidente, Joe Biden), de reevaluar, conjuntamente con el gobierno de México, nuestros programas y esfuerzos”, indicó el director de la entidad en México, Bruce Abrams.

No obstante, Abrams ha precisado que la reevaluación “no cambia mucho” porque “los intereses” de los dos países seguirán siendo seguridad y prosperidad; “eso no va a cambiar, solamente los detalles”.

Durante un conversatorio celebrado ayer, organizado por la SRE, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y otras instancias federales, la USAID precisó que junto a México trabajan en temas de seguridad y prosperidad, en los que hay intereses mutuos, pero cuyas particularidades “cambian” con los diferentes gobiernos de ambos países.

Recordemos que López Obrador acusó a Washington de “intervencionismo” por la financiación de Estados Unidos a la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Artículo 19, y pidió explicaciones sobre la misma a través de una nota diplomática.

Criticó que MCCI es un grupo “contrario” a su administración, y ha sido “explícito en su militancia política en contra del gobierno”.

Según los datos exhibidos por el mandatario en una de sus conferencias matutinas, Washington destinó casi 50 millones de pesos a MCCI a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En este contexto, Abrams ha afirmado que “una organización civil que esté contra el Gobierno o contra el sector privado no es la respuesta para el largo plazo de México”. “Es la cooperación y el trabajo colaborativo”, ha insistido, antes de hacer hincapié en que la USAID busca apoyar “donde hay intereses mutuos en todos los niveles y sectores”.

Al respecto, esta mañana AMLO reiteró la nota diplomática que se envió al gobierno de Estado Unidos; dijo que espera una respuesta por escrito sobre el financiamiento a organizaciones contrarias a su administración.

Foto: USAID

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AMLO exige explicación a EUA sobre financiamiento a MCCI y Artículo 19

El gobierno federal envió una queja formal a Estados Unidos por financiar a las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Artículo 19, que según lo que informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), son “opositoras y golpistas”.

El mandatario confirmó este viernes que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática ayer a la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, previo a la reunión virtual de este viernes con la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris.

“Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía, entonces por eso estamos pidiendo que nos aclaren, por qué un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país, la Constitución nuestra lo prohíbe”, dijo AMLO.

La queja ocurre luego de que ayer jueves, en su conferencia matutina, le fuera informado el tema por la reportera de Contralínea, revista que documentó que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) donó 25.7 millones de pesos a MCCI de 2018 a 2020.

AMLO recordó que el fundador de MCCI es el empresario Claudio X. González, quien por años se ha posicionado en contra del movimiento que encabeza el morenista, además de que promovió la creación del movimiento ‘Sí por México’, que agrupa a organizaciones y partidos que se oponen al actual gobierno federal.

El presidente exhibió las presuntas facturas que demuestran que MCCI recibió 50 millones de pesos de USAID de 2018 a la fecha, además de 29.3 millones de pesos para Artículo 19, “una asociación que lo ataca”.

“No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria. Es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo”, enfatizó López Obrador.

El mandatario calificó de “práctica equivocada” el financiamiento de grupos “opositores” por parte de Estados Unidos, aunque descartó que el país vecino promoviese un golpe de Estado en nuestro país, a pesar de insistir que las asociaciones son “golpistas”.

El mandatario aclaró que la nota diplomática es para pedir información sobre los recursos. “Imagínense, dinero de la Embajada de Estados Unidos para pagar la propaganda en contra nuestra, ahí tendrían que aclarar a quién le han entregado ese dinero con transparencia, decir a dónde han destinado ese dinero”, manifestó.

El mandatario descartó abordar la queja con la vicepresidenta Harris, con quien se reunió de forma virtual esta mañana para abordar el tema migratorio antes de su visita presencial a México el 8 de junio.

“No (tensa el encuentro) porque es otro tema, es otra agenda completamente distinta, esto es porque salió ayer aquí y nos llamó la atención, ya van dos veces que esta revista plantea cosas que yo no conocía, es una muy buena revista”, indicó.

En un posicionamiento que difundió en sus redes sociales, MCCI dijo que los señalamientos que el presidente lanzó desde la mañana de ayer, demostraban el “grave desconocimiento” sobre el sistema de la cooperación internacional. Reiteraron la absoluta legalidad con que se han conducido en su trabajo.

“Rechazamos enérgicamente el uso de conceptos como injerencismo, intervencionismo o golpismo, proferidos desde el Palacio Nacional, para descalificar nuestro trabajo. Nuestro compromiso con la sociedad mexicana y con la democracia es inamovible y pedimos que cese el ataque que se ha vuelto ya una constante en el discurso oficial”, aclaró MCCI.

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OHL habría entregado sobornos por 5 mdd a Emilio Lozoya; FGR investiga

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles sobornos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ahora de parte de empresas ligadas a OHL, constructora que fue beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones durante la administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el diario español El País, quienes accedieron diversos documentos de la carpeta de investigación de la Fiscalía, se hace mención a transferencias por cerca de 5 millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza, realizadas por dos empresas que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en aquel país.

Se indica que dichas transferencias son diferentes de los 10.5 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht han confesado que le pagaron a Lozoya a cambio de contratos, y de los 3.4 millones de dólares que Lozoya Austin recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta de fertilizantes.

Los documentos refieren que en un reporte interno elaborado por el banco suizo UBS en junio de 2013 refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión. Otro reporte del mismo banco lo describe como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”. Los documentos refieren que los pagos podrían ser “una posible indicación de pagos de sobornos”.

La investigación incluye reportes bancarios enviados por las autoridades de Suiza a México, en los que aparecen detalladas las transferencias realizadas entre 2010 y 2013 a una cuenta en el banco UBS a nombre de Tochos Holding Limited, empresa que según la FGR fue utilizada para encubrir los sobornos de Odebrecht y de AHMSA y para adquirir dos residencias del exdirector de Pemex en la zona de las Lomas, en la Ciudad de México, y en Ixtapa, en Guerrero.

La Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas proporcionó los documentos en los que consta que la empresa Tochos había sido creada el 10 de septiembre de 2008, con Lozoya como beneficiario final, mientras que el 2 de julio de 2010 el banco UBS abrió una cuenta a nombre de Tochos, en Ginebra, Suiza, y anotó como beneficiario directo a Emilio Lozoya.

En el registro de la cuenta, Lozoya informó al banco que el dinero que recibiría Tochos provendría de Grupo Villar (al que pertenece OHL), de Infoglobal (de la que es accionista el yerno del accionista mayoritario de OHL), o de cualquiera de sus subsidiarias. Fue hasta el 9 de noviembre de 2010 cuando se realizó una primera transferencia, proveniente de una empresa ligada a OHL.

En los documentos bancarios de Suiza, aparecen 22 transferencias realizadas a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 2012 por tres compañías vinculadas a OHL o a sus socios.

La mayor transferencia, por 1.9 millones de dólares, fue realizada en noviembre de 2010 por Lendir Investments, una sociedad luxemburguesa fachada creada por el despacho de los “Panamá Papers” y que el juez de la Audiencia Nacional en España Manuel García Castellón ha investigado por haber triangulado su dinero de OHL México presuntamente para pagar comisiones o sobornos a cambio de obras públicas, según los autos del magistrado español.

El concepto de ese pago a Tochos fue “cuota por servicios relacionados con obra civil fase I/II en México”, de acuerdo con reportes bancarios. No ofrecen detalles acerca de a qué obra se refiere ni qué dependencia gubernamental la asignó.

Lo que sí dicen los documentos es que Tochos y una segunda empresa, Latin American Asia Capital Holding, eran utilizadas por Lozoya para prestar sus servicios de gestión de obras, y que a través de ellas se pagaban las comisiones por cada contrato.

“El hecho es que el señor Lozoya, antes de su cargo como director general de Pemex, era un miembro del consejo de administración de una empresa de concesión de construcción de carreteras denominada OHL México. Sus actividades en la intermediación de construcción de carreteras están fincadas sobre un conflicto de intereses con OHL”, dice el documento, el cual está integrado al expediente de la FGR. En 2013, con Lozoya como director, PEMEX asignó tres contratos a OHL por 2 mil 396 millones de pesos. 

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Con alianzas “todos contra Andrés Manuel”, lo único que demuestran es que todos son lo mismo: AMLO a Sí Por México

Al hablar de las “resistencias al cambio” que se han presentado ante las acciones que ha emprendido el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que detrás de las organizaciones que han agrupado a sus opositores, hay financiamiento de empresas como PiSA.

“Es normal que existan estas resistencias. Si había un régimen corrupto de privilegios pues tiene que haber una inconformidad por lo que estamos haciendo en contra de la transformación”, señaló el mandatario.

Recordó que un reportaje reveló que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) está promoviendo un frente en contra del gobierno, lo que dijo, demuestra que todos son lo mismo; señaló se están haciendo alianzas entre el PRI y el PAN con distintas organizaciones.

Específicamente AMLO se refirió a la organización Sí Por México, la cual es encabezada por Claudio X. González Guajardo, quien anteriormente estaba al frente de MCCI. El reportaje al que se refería AMLO fue publicado en la revista Proceso, y señala que González Guajardo ha construido el proyecto político-electoral en contra del presidente.

“Los que la están financiando son empresarios muy poderosos. (…) Están buscando un frente para que todos se unan en contra de nosotros y para que nos derroten políticamente en la elección del año próximo. Ese es el propósito de este frente, ‘todos contra Andrés Manuel’”, acusó el mandatario este martes.

Explicó que dicho movimiento está siendo financiado por empresas que “hacían su agosto” y que sacaban provecho, que no pagaban impuestos, entre otras cosas. Fue en ese punto donde afirmó que la farmacéutica PiSA es una de las empresas que financia a sus opositores.

AMLO aseguró que aunque distintos sectores, incluso al interior del gobierno, se resistan a los cambios, no deben de olvidar que su gobierno es muy perseverantes y de que defenderán sus ideales y no darán “ni un paso atrás.

Indicó que ante las estrategias de sus opositores, la gente está muy consciente. Dijo que puede haber una gran “lanzada” en su contra, pero como no han podido, caen en la desesperación. Dijo que sus detractores son cada vez son más absurdos y ridículos.

“En mi experiencia, yo no hubiese llegado a la Presidencia si no es con el apoyo, con el respaldo del pueblo. A mí no me apoyaron las grandes empresas ni los medios de comunicación, a mí me apoyó el pueblo. Cuando me quisieron desaforar, quien me sacó adelante fue el pueblo y siempre ha sido la gente la que nos ha respaldado. Entonces, tengamos confianza y vámonos hacia adelante”, remató el presidente.

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La 4T y los fideicomisos: extingue 109, pero aumenta 1,084% los correspondientes al Ejército

Mientras los diputados de Morena y aliados trabajaron para cumplirle al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) su intención de extinguir 109 fideicomisos relacionados con la ciencia, tecnología, cultura, protección de derechos humanos o el cuidado del medio ambiente, equivalentes a 68 mil 400 millones de pesos, los recursos de fideicomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incrementaron en 1,048% durante 2019.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, los fideicomisos del Ejército tuvieron un promedio de $3,995 millones de pesos (mdp). Durante el de Enrique Peña Nieto, el promedio fue de $5,574 mdp. Con la llegada de López Obrador al poder, al tercer trimestre de 2019 Hacienda reportó que los fideicomisos de la Sedena alcanzaron un monto de $2,505 mdp, 

Sin embargo, un análisis de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que los recursos de dichos fideicomisos, en el último trimestre de 2019, obtuvieron un incremento sin precedentes: llegaron a los $26,252 mdp, es decir, un aumento de 1,048%. Durante 2020 los recursos alcanzaron 31,980 mdp.

El Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar concentró $30,193 mdp, equivalente al 94% del total de los recursos. Los fideicomisos: Mandato para el Pago de Haberes de Retiro, Pensiones y Compensaciones; Fideicomiso a Favor de los Hijos del Personal Adscrito al Estado Mayor Presidencial; Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos en Actos del Servicio de Alto Riesgo concentran el 6% de los recursos restantes.

“Para poner estas cifras en contexto, los recursos de los fideicomisos de los 26 centros de investigación Conacyt que pretenden desaparecer suman 785 mdp, o sea, el 2.5% de los fondos en los fideicomisos de Ejército”, señala la investigación de MCCI.

Aun así, los fideicomisos de los militares no han sido blanco de las críticas del presidente, además de que éstos no han sido objeto de las revisiones que el presidente ordenó, pues según sus palabras “había mucho derroche y mucha corrupción y opacidad”.

La duda ahora es si los militares también son ladrones y gente deshonesta, como AMLO calificó a quienes recibían recursos de los fideicomisos.

Y es que el fideicomiso para el equipo militar también ha sido de señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien en 2012 en su auditoría GB-109 indicó que “se carece de procedimientos formales que regulen el registro, control y seguimiento de los recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”.

 

 

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La 4T confía a Leonardo Cornejo, vinculado a caso Odebrecht, la refinería de Dos Bocas

La obra por la que Odebrecht pagó 6 millones de dólares en sobornos en México, la refinería de Tula, Hidalgo, fue impulsada, supervisada y validada por Leonardo Cornejo Serrano, actual jefe del proyecto de la refinería de Dos Bocas.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que cuando era colaborador de Emilio Lozoya, nadie vio más veces en la torre de Pemex a Luis Weyll, el hombre que personifica en México la corrupción de la empresa brasileña, que Leonardo Cornejo.

“En total, se encontraron en 46 ocasiones. Pero además de la frecuencia de esas entrevistas, Cornejo se encargó de montar, de principio a fin, el mecanismo para entregar a Odebrecht obras en Tula, operaciones con sobrecosto que los brasileños han reconocido que se lograron gracias a los sobornos entregados al exdirector de Petróleos Mexicanos”, señala MCCI.

Pese a los vínculos que tuvo con Odebrecht, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que prometió combatir la corrupción, puso en las manos de Cornejo la direción del proyecto de Dos Bocas.

Según consta en decenas de documentos de la carpeta de investigación del caso, en poder de la Fiscalía General de la República (FGR), Cornejo intercambió con el entonces director de Odebrecht en México, Luis Weyll, desde que lo invitó a participar como contratista hasta que le anunció que se le había asignado sin licitación una obra en la refinería de Tula por 1,436 millones de pesos.

En la confesión de Weyll se hace referencia a que dicha obra fue obtenida mediante el pago de sobornos.

Además, en el expediente se encuentra la relación de los 56 encuentros que el directivo de Odebrecht y Cornejo acordaron sostener en el piso 7 de la torre de Pemex para dar seguimiento al contrato, y los procedimientos en los que proactivamente intervino el ahora jefe de Dos Bocas.

En su confesión sobre los sobornos de Odebrecht, Weyll dijo que le pagó por anticipado dos millones de dólares a Emilio Lozoya en 2013 por la promesa de obtener una obra en la refinería de Tula, y que se comprometió a pagarle otros cuatro millones de dólares en el momento en que se asignara y firmara el contrato, lo cual ocurrió en 2014.

Para que la obra acordada entre Lozoya y Weyll se asignara directamente, sin licitación, a Odebrecht, fue clave la intervención de Cornejo, según consta en los documentos recopilados por la PGR.

 

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Exhiben irregularidades en compra de equipo en delegaciones del IMSS

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que delegaciones del IMSS de Quintana Roo, San Luis Potosí, Morelos y Baja California Sur adquirieron 115 equipos que habían sido rechazados en licitaciones en otras delegaciones estatales por no cumplir con especificaciones técnicas y legales.

Y aunque los requerimientos técnicos para ventiladores pulmonares son los mismos en todo el país, las delegaciones del IMSS compran ventiladores que esa misma dependencia ha rechazado en otros estados.

La investigación muestra el caso de la delegación del IMSS en Yucatán, donde rechazaron la propuesta de venta de ventiladores de la empresa Industria Electrónica Médica S.A. de C.V., pero tres días después ganó un contrato en Quintana Roo.

En ambas licitaciones se solicitaban especificaciones técnicas y legales idénticas, y aunque en Yucatán no cumplieron, en el otro estado se compraron los 30 ventiladores a la empresa.

El patrón se repitió en San Luis Potosí, donde Industrias Sandoval S.A. de C.V. obtuvo un contrato del IMSS el 4 de mayo, pese a que días antes las delegaciones del IMSS en Yucatán y Veracruz habían rechazado la propuesta de la empresa porque sus ventiladores de origen chino carecían de registro sanitario de Cofepris.

En Morelos y Baja California Sur también se replicó la irregularidad. Las delegaciones del IMSS en esos estados compraron ventiladores de una marca que ha sido rechazada en 10 entidades por carecer del aval de las autoridades de Cofepris para atender a pacientes con Covid-19.

MCCI documentó que en Quintana Roo, Morelos, Baja California Sur y San Luis Potosí se compraron 115 ventiladores de marcas que anteriormente habían sido rechazadas por otras delegaciones del IMSS con el argumento de que dichos productos no contaban con certificación de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

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Ley de Amnistía: insuficiente y con carencias para resolver el problema de personas en prisión

La propuesta de Ley de Amnistía aprobada por el Congreso no es suficiente para enfrentar el problema de las personas privadas de su libertad por delitos menores, así como para afrontar el hacinamiento en las cárceles ante el COVID-19, alertó la organización Causa en Común.

El organismo ciudadano advierte que, ante la velocidad con lo que avanza la pandemia en el país, “esta propuesta se pudiera convertir en letra muerta en el caso de que fallezcan las personas en prisión a causa de factores burocráticos, y a la naturaleza misma de la ley cuyo periodo de implementación no pudiera ser tan rápido como la situación lo requiere”.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que ante la crisis sanitaria que se vive, el Estado se encuentra obligado a implementar todos los mecanismos que de forma ágil y eficiente garanticen el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, y si bien la propuesta tiene importantes fines de justicia, se requieren respuestas más adecuadas.

“Aplicar la figura del indulto otorgaría un mejor resultado, ya que se puede actuar de manera más inmediata, a diferencia de la Ley de Amnistía que establece mayores plazos para su implementación”, precisa Morera.

Causa en Común destaca que, ya que la iniciativa sólo tendrá alcance para los delitos del orden federal y no para los sentenciados en el ámbito local, se debe implementar de forma inmediata una política en todo el país que resuelva la situación de vulnerabilidad en la que se involucren a las personas privadas de la libertad por delitos del fuero común, así  como revolver el abandono que existe en los penales, ya que viven una permanente fragilidad en términos sanitarios y de seguridad.

Por su parte la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dijo que si bien la intención de aprobar la Ley de Amnistía pudiera ser noble y justa, considerando la situación sanitaria que se vive en el país, carece de una adecuada técnica legislativa y deja de lado temas indispensables para su aplicación.

“La realidad es que con el texto aprobado resulta prácticamente imposible que una persona condenada o sujeta a proceso sea “amnistiada” en atención a la emergencia sanitaria que hoy acecha al planeta”, alertó MCCI.

Explicó que la nueva Ley es la sexta amnistía en la historia de México. Las otras cinco van desde la amnistía aprobada por Benito Juárez en 1879 para perdonar a quienes apoyaron al imperio de Maximiliano de Habsburgo, hasta la amnistía promovida en 1994 por Carlos Salinas de Gortari en favor de los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por el levantamiento zapatista.

Todas ellas han buscado beneficiar a las personas que participaron en algún enfrentamiento político específico. Las otras tres amnistías fueron aprobadas en el marco de la revolución mexicana, el movimiento estudiantil de 1968 y la guerrilla de la Liga Comunista 23 de Septiembre y el Partido de los Pobres.

Subrayó que la nueva Ley de Amnistía no busca pacificar un conflicto político con ningún grupo en especial, sino supuestamente, subsanar injusticias cometidas contra algunos grupos vulnerables. Ordena la liberación de las personas que se encuentren en alguno de los siguientes casos, siempre y cuando no hayan cometido ningún delito violento o con arma de fuego, y no sean reincidentes:

  1. Mujeres que hayan abortado y el personal médico o familiares que las hubieren asistido.
  2. . Personas que hayan cometido “narcomenudeo”, en casos específicos.
  3. Pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, en ciertas circunstancias.
  4. Personas que hayan cometido robo simple y sin violencia.
  5. Quienes hayan cometido el delito sedición, lo que implica resistencia o ataques a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones.

Alertó que las personas que se encuentran en dichos criterios no serán beneficiadas tanto como parece en el texto de la nueva Ley y en el discurso de las autoridades.

Puso como ejemplo que ninguna mujer que haya abortado será liberada, pues no existe mujer alguna en prisión por haber cometido el delito de aborto a nivel federal. Según un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), mientras que entre 2007 y 2017 hubo 228 personas condenadas por el delito de aborto en las diferentes entidades de la República, en el mismo periodo sólo hubo 3 sentencias a nivel federal.

“Por ello, vale la pena preguntarnos si la Ley aprobada ayer realmente busca solucionar un problema o sólo es un acto simbólico o propagandístico, al menos en este punto”, destacó MCCI.

Otro ejemplo que puso es que serán pocas las personas amnistiadas por delitos de narcomenudeo. Según reconoce la iniciativa, mientras que a nivel local se han registrado 99,694 casos de personas que cometieron este delito, a nivel federal sólo se cuenta con el registro de 1,045 incidencias. A ese número de posibles beneficiarios hay que restar todas las personas que ya no están en prisión y las que no serán elegibles para la amnistía, es decir, quienes sean reincidentes o hayan cometido delitos con armas de fuego, o aquellos que fueron condenados por “portar” más del doble del gramaje permitido por ley entre otros supuestos.

MCCI concluye afirmando que es improbable que la Ley de Amnistía sirva realmente para lograr sus objetivos: uno, pacificar el país en medio de una guerra militarizada contra el crimen organizado, y dos, disminuir los contagios de Covid-19 en las prisiones.

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Fonatur acusa a MCCI de prestarse a sembrar calumnias y esparcir mentiras en relación a Tren Maya

Tras difundirse la investigación de la organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), donde señalaban que la filial del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) encargada de la construcción de una obra emblemática de este sexenio, el Tren Maya, reportó gastos en bebidas alcohólicas, cortes finos y hasta mantenimiento de albercas, fue el Fonatur quien desmintió y aclaró dicha información.

La dependencia indicó que su filial, Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V., existe desde que Fonatur Operadora Portuaria decidió llevar a cabo un cambio de nombre a Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V. ante la Notaría Pública 227 de la Ciudad de México.

Señaló que desde 1992, Fonatur Operadora Portuaria S.A. de C.V. (ahora Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V) provee servicios de restaurante y bar en los diversos hoteles que administra en el municipio de Loreto.

“Para llevar a cabo la operación de estos hoteles, Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V. procura de los materiales que sirven en los restaurantes y bares que administra. Uno de ellos es el Hotel Desert Inn San Ignacio, que como bien expresa Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en su nota del 24 de marzo, adquirió alimentos y bebidas para dar servicio a sus más de 15 mil huéspedes anuales”.

Negó que MCCI haya solicitado un comentario o aclaración para su nota, y aseguró que nunca fueron contactados por el reportero que firma la investigación o por alguna otra persona de la organización.

“Desde Fonatur lamentamos que una institución con fines tan nobles como el combate a la corrupción y a la impunidad se preste a sembrar calumnias y esparcir mentiras que pudieron ser evitadas aplicando estándares periodísticos mínimos”, indicó.

Y es que la tarde de ayer, MCCI publicó una investigación en la que afirmó que Fonatura través de una empresa del Estado para el Tren Maya, proyecto prioritario del gobierno federal y que todavía no opera, ha adquirido, entre otras cosas, 80 litros de tequila blanco, 144 botellas de vino tinto cabernet, 144 botellas de vino blanco, y mil 800 cervezas.

Indicó que Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., empresa encargada de las contrataciones para la construcción del Tren Maya, otorgó dos contratos para el “suministro de bebidas alcohólicas para el servicio de bar”.

Los contratos, firmados en mayo y noviembre de 2019, fueron por 102 mil y 115 mil pesos respectivamente, ambos servicios brindados por Rodrigo Martínez Zapien.

Reportó que en mayo de 2019, Fonatur Tren Maya también gastó 242 mil pesos en “suministro de alimentos para el restaurante”, sin especificar a qué restaurante se hace referencia. Se compró Rib Eye, T-Bone, arrachera, callo de hacha, camarón, filete miñón, filete de pescado, 200 kilos de pollo y 250 kilos de tortillas, entre otros productos.

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En la administración de AMLO también se dan los ‘perdones’ fiscales

La actual administración federal canceló entre agosto y octubre adeudos fiscales por $126 mil millones; entre los beneficiados está el operador de ‘Los Zetas’, el dueño de FICREA, 6 empresas utilizadas en ‘La Estafa Maestra’ y hasta la familia del exprocurador Murillo Karam.

La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) canceló un adeudo fiscal por 92 millones de pesos a una empresa propiedad de Juan Manuel ‘El Mono’ Muñoz Luévano, quien se declaró culpable ante una Corte federal de Texas de los delitos de lavado de dinero del narcotráfico y distribución de cocaína.

La cancelación del adeudo al presunto operador financiero del cártel de ‘Los Zetas’ fue notificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 20 de agosto de 2019.

El SAT también canceló el pasado jueves 10 de octubre una deuda por 7 mil millones de pesos a Leadman Trade SA de CV, empresa que fue utilizada en el fraude de la financiera popular FICREA, y que afectó a 6 mil ahorradores en ocho estados.

El accionista mayoritario tanto de Leadman Trade como de FICREA era Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien permanece detenido en Texas, en espera de su extradición, acusado de haber desviado el dinero de los ahorradores para adquirir vehículos e inmuebles de lujo para beneficio de él y su familia.

En el listado de los adeudos cancelados aparecen, además, seis empresas involucradas en el esquema de ‘La Estafa Maestra’: Icalma, Evyena, Constructora Bofill, Servicios Yafed, Femexport y Adasy Company, a las cuales el actual gobierno les perdonó el pago de 3,647 millones de pesos de impuestos.

En una hoja informativa, el SAT precisó que las cancelaciones de los adeudos se dan por insolvencia del contribuyente, la cual se determina una vez agotado un proceso de investigación en el que los agentes fiscales no logran localizar bienes susceptibles de embargo con los que se pueda cubrir el crédito fiscal.

No obstante, al menos dos empresas dedicadas a la distribución de combustible, en las que ‘El Mono’ Muñoz aparece como accionista, todavía operan en Coahuila, mientras que al defraudador de FICREA las autoridades de justicia le han identificado múltiples bienes en Estados Unidos.

De acuerdo con bases de datos oficiales obtenidas y procesadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se detalla que el mayor adeudo cancelado corresponde a Mex-US Steel de Tamaulipas, una empresa presuntamente fantasma creada en julio de 2015 por dos jóvenes residentes en colonias populares de Matamoros, a la que el SAT le perdonó el pago de 9 mil 944 millones de pesos.

En la lista de adeudos cancelados hay, además, empresas vinculadas a multimillonarios fraudes y hoteles de lujo, como el Bluebay Grand Esmeralda, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Itrio Arquitectos, una empresa propiedad de dos sobrinos y un cuñado del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue beneficiada con la cancelación de una deuda al SAT por 191 millones 988 mil pesos.

En el anterior sexenio, encabezado por Enrique Peña Nieto, Itrio Arquitectos vivió días de bonanza, pues multiplicó más de 5 veces el monto de sus contratos.

En el sexenio de Felipe Calderón Itrio Arquitectos ejecutó obras con fondos federales por 254 millones de pesos, mientras que en la gestión de Peña Nieto los contratos sumaron 1,373 millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Los adeudos cancelados por el SAT a Itrio equivalen al 14% de los contratos que esa constructora recibió en el sexenio de Peña Nieto.

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In BRÚJULA

Corrupción: barrer las escaleras y poner la basura en su lugar

Prácticamente en todas las conferencias en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere al tema de la corrupción. Su combate; el barrer las escaleras de arriba para abajo; al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie…y un largo etcétera son el pan de cada día en su discurso.

Por eso debería sorprender su constante ataque a quienes, desde la sociedad civil, buscan lo mismo que él: acabar con la corrupción. O cuando menos, luchar vehementemente en su contra. En la Mañanera de ayer fue especialmente crítico con la Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y contra su presidente, Claudio X. González.

Los acusó de haber solapado la corrupción en el pasado por haber defendido el proyecto del aeropuerto de Texcoco, el cual describió el presidente como “el saqueo más grande que se tenía preparado, que se iba a hacer al pueblo y a la nación; que iba a significar casi un billón de pesos. Iba a ser como un Fobaproa.”

Y agregó: “¿Qué hicieron [los de MCCI] si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que la combatían? ¿Por qué no dijeron nada de que Salinas en 1994 modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave? ¿No lo sabían ellos? ¿Cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos Contra la Corrupción si nunca dijeron nada; nunca, de que la corrupción estaba legalizada porque no era delito grave?”

Por ello, el presidente cree que el verdadero nombre de la asociación debiera ser Mexicanos CON la Corrupción y la Impunidad. Y así lo declaró, generando risas entre los asistentes a su mañanera.

Este nuevo arrebato del presidente sorprende por varias razones. Primero que nada, porque a pesar de haber anunciado la cancelación del NAIM en Texcoco aduciendo esta corrupción, el gobierno no ha señalado absolutamente nada ni a nadie por estos actos. Simplemente ha dicho, pero nada ha demostrado.

Cuando empezó ese proyecto se hablaba de la enorme corrupción que lo envolvía. En mi caso quise investigar algunos de los ángulos señalados como infestados por la corrupción. Uno de ellos, el peaje que transportistas estaban obligados a pagar para que llegaran los materiales a la zona de construcción. Un peaje no regulado y que se señalaba iba a los bolsillos de lideres locales. Nunca encontré nada en concreto. No se puede señalar que hay corrupción si no hay pruebas. En el caso del presidente él decidió no solo señalar la corrupción del NAIM sino cancelarlo. A la fecha sigue diciendo que el tamaño del saqueo iba a ser de cerca de mil millones de pesos. Si tiene esa información, que persiga a los saqueadores. Se le va a aplaudir. Barrer las escaleras no es suficiente para acabar con la corrupción. También hace falta recoger la basura y ponerla en su lugar. ¿Quién está pagando una sola factura con la justicia por haber cometido un acto de corrupción en el proyecto del NAIM? A la fecha absolutamente nadie.

Lo segundo: el señalamiento de la modificación al Código Penal en 1994 no lo persiguió ni investigó MCCI porque la asociación nació 22 años después, en 2016. Y tercero: el que la corrupción no fuera delito grave no quiere decir que la corrupción estuviera legalizada. Hay delitos, como las infracciones de tránsito, que sin ser graves, no dejan de ser delitos perseguidos por la justicia.

 

Columna completa en El Universal

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AMLO se lanza contra “Mexicanos en Favor de la Corrupción”

Luego de varios meses en que ha lanzado críticas en su contra, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a arremeter esta mañana en contra de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

AMLO se refirió a la organización como “Mexicanos por la Corrupción”, para luego en broma decir que se había equivocado y que se trataba de “Mexicanos en Favor de la Corrupción”, la cual recordó dirige Claudio X. González y otros adversarios de su gobierno.

Acusó que los adversarios se han dedicado a sabotear legalmente a su administración, pues son los que promueven los amparos en contra de las obras como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, entre otros, pues no quieren que el gobierno haga modificaciones de fondo y proyectos que beneficien al país.

“Están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción”, enfatizó AMLO.

En ese sentido dijo que MCCI está defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era el saqueo más grande que se tenía preparado; lo calificó como “el atraco más grande” que se iba a hacer en contra del pueblo y a la nación.

Mencionó que dicho proyecto iba a significar casi un billón de pesos para quienes lo promovían, e incluso señaló que iba a ser un nuevo Fobaproa.

“Suponiendo que se llamara este organismo Mexicanos Contra la corrupción, le preguntaría: ¿Qué hicieron? si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que combatían la corrupción”, lamentó el mandatario.

Cuestionó a la organización el trabajar contra la corrupción y no haber dicho nada cuando el expresidente Carlos Salinas modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave en 1994.

En ese sentido invitó al dirigente de la asociación a que “le replicara” cuál era su posición respecto a que la corrupción estaba legalizada.

“Ya basta de simulación, o sea, no se puede así. Y ese es un distintivo del conservadurismo, son muy corruptos; pero además de corruptos, hipócritas”, remató AMLO.

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La forma en que Édgar Veytia se apoderó de Nayarit

Entre mayo y junio de 2013, un grupo de comerciantes, pequeños restauranteros, vendedores de flotadores para nadar y ambulantes que ofrecen comida al turismo a lo largo de los 2 kilómetros de playa en Guayabitos, en el municipio de Compostela, fueron a Tepic, la capital, a manifestar su descontento con la situación que se vivía en el estado.

Era insoportable, los pagos por derecho de piso, los secuestros, las amenazas de muerte y los asesinatos los estaban ahogando a los empresarios. Se enfrentaron a Édgar Veytia, un hombre duro quien apenas unas semanas atrás, en febrero de ese mismo año, había sido nombrado Fiscal pero que desde hacía tiempo era quien estaba al mando de la policía.

Entre los comerciantes que visitaron la oficina de Veytia en la Fiscalía del Estado estaban los dueños de modestos hoteles a quienes un grupo de hombres con armas largas los sacaron a empujones de sus casas para que firmaran contratos de venta sobre sus negocios con una empresa constructora llamada DUVASA.

“Tienes que cooperar para la causa”, le exigían unos policías al empresario Gerardo Montoya mientras lo torturaban para que entregara su casa.

El exfiscal Édgar Veytia ordenaría a nombre de quien quedaría la propiedad. Esto es parte de uno de los 2 mil testimonios que muestran un mecanismo para apoderarse de casas, terrenos, comercios y negocios en el que aparecieron involucrados el exgobernador Roberto Sandoval y el propio Veytia, detenido en Estados Unidos y quien, ahora se supo, trabajó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscando espacios para almacenar drogas.

Todos sabían que, bajo sus órdenes, operaba un grupo de encapuchados, armados y a bordo de camionetas sin placas. Se trataba de policías que habían sembrado el terror en Nayarit desde que Sandoval asumió el cargo de gobernador, según consta en los testimonios obtenidos por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Alguien grabó el encuentro dentro de la oficina de Veytia. A lo largo de 54 minutos, en medio de la discusión, se escuchan gritos de una mujer. En al menos cinco ocasiones se oyen nítidamente los alaridos de alguien que sufre profundo dolor físico. Pide que paren, que se detengan.

MCCI obtuvo una copia de la grabación que, desde hace tiempo, circula entre los vecinos de Guayabitos. Algunos de ellos han entregado a otros periodistas este material, sin embargo, hasta el momento nunca se había hecho público. La organización comprobó con fuentes ajenas a la comunidad de Guayabitos que sí se trata de la voz del exfiscal quien ahora está detenido en Estados Unidos y al borde de una condena tras confesar que protegió al narcotráfico.

Los nombres de esas fuentes no pueden darse a conocer por razones de seguridad ya que la mayor parte de los policías, comandantes, testaferros y cómplices del exfiscal todavía viven y operan Nayarit.

 

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SHCP investiga empresa fantasma a la que Odebrecht depositó sobornos

La Secretaría de Hacienda rastrea las operaciones financieras de Blunderbuss Company de México, una empresa ‘fantasma’ que presuntamente operó una red de prestanombres ligados al gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), esta empresa fue utilizada por Odebrecht para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México.

MCCI adelantó este martes que el rastreo del dinero de Blunderbuss lo realizan dos áreas de Hacienda: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esta última que también investiga a una red de 11 empresas ‘fantasma’ ligadas con Blunderbuss, con la que presuntamente compartían socios, representantes y apoderados legales.

Los más de 6 millones de dólares se habrían transferido a México entre 2009 y 2011 y ese monto, según MCCI es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y, posteriormente, ya durante el gobierno del mexiquense, entre 2013 y 2014, a cambio de contratos de obra en la refinería de Tula.

Documentos consultados por esa organización no gubernamental exponen que cuatro de las 11 empresas investigadas participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos.

En octubre de 2018, personal del SAT acudió al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss en Poza Rica, Veracruz, y constató que era inexistente.

También se efectuaron visitas domiciliarias a las 11 empresas ligadas a Blunderbuss, y en ningún caso fueron localizadas en los domicilios en que supuestamente operan.

El pasado 30 de marzo de 2019, el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación, el nombre de Blunderbuss en el listado de empresas ‘fantasma’.

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