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AMLO anunció que existen tres empresas farmacéuticas que han estado abusando del gobierno, que son inmorales, y por ello las ha mencionado en su tribunal mañanero en Palacio Nacional. Las señaladas con el dedo flamígero son Grupo Fármacos Especializados S.A de C.V, de la familia Pérez Fayad; DIMESA de Carlos Álvarez Bermejillo; y MAYPO de Carlos Arenas.

Éstas tres farmacéuticas han tenido, en efecto, grandes rebanadas del pastel presupuestal en la compra de medicinas por décadas. Son los líderes de la industria, pues. Pero ¿por qué se quiere ir AMLO en contra de ellos?

Platicando con gente del sector, hay tres razones para que AMLO haya tomado la decisión de que ninguna de estas empresas pueda participar en licitaciones: 1) para que entren a México medicinas más baratas, aun si no cumplen con las reglas y estándares de seguridad; 2) para que el gobierno federal tenga el control del abasto y 3) para favorecer a un empresario consentido de AMLO en el mercado de las medicinas.

López Obrador quiere abrir las licitaciones de medicamentos a todo el mundo para lograr que entren medicamentos a precios más competitivos a México. Hasta ahí, la intención parece buena. El problema viene cuando esta nueva apertura implica una relajación en la regulación de medicamentos. Relajación que le abriría la puerta a empresas de China e India, que pueden vender medicinas baratas, aunque no siempre cumplan con los requisitos de seguridad de la Cofepris.

Es bien sabido que AMLO no confía en la Cofepris como instancia reguladora. A pesar de tener prestigio internacional y estar considerada como una de las cinco mejores agencias de regulación de medicamentos en el mundo, López Obrador siente que durante los gobiernos del pasado neoliberal la Cofepris llevó a cabo acciones cuestionables. Por ello la quiere hacer a un lado y así permitir que entren a México medicamentos baratos.

Dos empresas ya están haciendo contacto con el gobierno federal: Emcure Pharmaceuticals y Cipla Ltd. La primera ha eludido repetidamente las pruebas de registro de su planta situada en India y sus productos no pueden entrar a Estados Unidos por la cantidad de irregularidades que le encontró la FDA, el equivalente a la Cofepris, pero en EUA. La segunda, Cipla, también de India, tiene tan mal historial en la farmacéutica que la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) recomendó la suspensión del registro sanitario de algunos de sus medicamentos por los elevados riesgos que encontraron.

AMLO quiere que ambas empresas suministren medicamentos a México porque ofrecen precios más baratos. Y quiere que la Cofepris relaje sus mediciones de eficiencia farmacológica para que los reconozca como buenos a pesar de que han demostrado ser riesgosos para la salud.

Además, AMLO tiene el plan de federalizar el reparto de medicinas como herramienta de control político. Quiere crear una red de distribución nacional en donde deje a un lado a las 3 empresas vetadas y todo lo haga únicamente la estatal Birmex. Suena bien y suena fácil, pero abastecer los más de 4 mil puntos del país es una tarea compleja que hasta ahora, en México, se ha basado en las directrices sobre prácticas correctas de distribución de medicamentos para uso humano elaborado por la Comisión Europea.

Si AMLO controla la distribución de medicamentos, el gobierno federal tendrá una herramienta más para fortalecer o debilitar a gobernadores. Evidentemente a los estados de los gobernadores “amigos” les llegarán medicamentos antes que a los de gobernadores “adversarios”.

 

 

Columna completa en El Universal

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su preocupación por el veto que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en contra de tres empresas proveedoras de materiales de curación y medicamentos en nuevas licitaciones del Sistema Nacional de Salud.

Advirtió que con dicha decisión se afectará la libre competencia que ha permitido ahorros y el uso eficiente de los recursos financieros para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos para millones de pacientes mexicanos.

El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, advirtió que la instrucción girada por el presidente a la Oficialía Mayor de la Secretaria de Hacienda para impedir la participación en nuevas licitaciones o adjudicaciones directas de las empresas, que dijo estuvo basada en juicios de valor, afectará a una red de cadena de suministro que genera al año más de 30 mil empleos directos e indirectos, de la cual dependen más de 200 mil mexicanos.

La Coparmex afirmó que el mecanismo de las Compras Consolidadas ha probado su eficacia y transparencia y ha permitido un ahorro superior a los 17 mil millones de pesos hasta el último ejercicio del año 2018. Subrayó que las empresas mexicanas se han apegado al estricto procedimiento del mecanismo, avalado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cumpliendo con los más altos estándares de transparencia y manteniendo las mejores prácticas internacionales que a través de sus esquemas de gobierno corporativo las posibilita para llegar a ser empresas más competitivas a nivel internacional.

Señaló que las compañías que han participado en las Compras Consolidadas se han apegado, en todo momento, a los estrictos lineamientos solicitados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entidad convocante en su momento.

“Desde el inicio de la nueva administración federal, el sector privado ha demostrado su total disposición para colaborar con el gobierno federal en busca de crear y promover mecanismos transparentes que impulsen y promuevan el sistema de salud mexicano, siempre alejados de prácticas opacas y corruptas”, indicó la Confederación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que decidió vetar a tres empresas farmacéuticas de los procesos de licitaciones y adjudicación directa, pues recordó que dichas empresas vendieron en 2018, el 62.4% de todas las compras de las diversas instituciones gubernamentales.

“Como es sabido, tres proveedores de medicinas y materiales de curación, las empresas Grupo Fármacos Especializados SA de CV; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de CV y Grupo MAYPO vendieron en 2018 al ISSSTE e IMSS 34 mil 280 millones de pesos, el 62% de todas las compras que se llevaron a cabo en dichas instituciones, sin incluir lo adquirido por la Secretaría de Salud y los gobiernos locales”, señaló en un oficio enviado a la Oficial Mayor de Hacienda, fechado el 20 de marzo pasado.

Indicó que con dicha acción de veto, la participación de dichas empresas no se permitirá hasta que se conozca si hubo operaciones de corrupción y tráfico de influencias en las operaciones realizadas en la pasada administración.

Refirió que “tampoco puedo acusar a nadie sin tener pruebas, sólo es una medida preventiva, porque además nosotros tenemos que garantizar la Constitución y en el artículo 28 de la Constitución se establece que no debe de haber monopolios”.

En el oficio enviado a Raquel Buenrostro, se señala que la operación resulta “inmoral y violatorio” a la Constitución que prohíbe la existencia de monopolios.

 

Tras la polémica que se ha generado en los últimos días por las presuntas irregularidades detectadas por el gobierno federal en el proceso de compra de medicinas y material de curación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer las nuevas medidas para la compra de dichos insumos.

“El Gobierno de México tiene un firme compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción en todos los niveles. En particular, se ha definido como objetivo prioritario de esta administración el de mejorar y modernizar los procesos de adquisición de bienes y servicios”, señaló la dependencia.

Indicó para alcanzar el objetivo, tal como se ha informado con anterioridad, las compras del gobierno se harán preferentemente de manera consolidada, mediante convocatoria, con observación de la ciudadanía y de la oficina de transparencia de la ONU.

Respecto al caso de la compra de medicinas, Hacienda indicó que era impostergable emprender acciones para poner fin al legado de corrupción, opacidad y malos manejos que se tenían.

Dio a conocer los dos mecanismos que empleará:

  • Adjudicación directa, que tendrá una vigencia del 16 de abril al 30 de junio
  • Licitación internacional, con la finalidad de proveer estos bienes durante el segundo semestre del año.

Explicó que, con dichos mecanismos, se reducirá el máximo la posibilidad de fugas e irregularidades que afecten las finanzas y comprometan el abasto oportuno y eficiente de medicamentos.

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará al menos 50 denuncias por corrupción en la compra y venta de medicamentos en el sector Salud.

Entre los involucrados, aseguró Santiago Nieto, titular de la UIF, se encuentran funcionarios de la administración que encabezó Enrique Peña Nieto.

“El modelo de riesgo nos permite detectar más o menos 50 de los casos con mayor incidencia de acuerdo con los indicadores del propio modelo, esos son casos de corrupción relacionados con el sector salud (…) Lo que me ha planteado el presidente de la República es que se presenten todas las denuncias, involucren a quien involucren y eso incluye evidentemente a personajes de la administración anterior”, señaló.

Nieto Castillo detalló que los 50 casos surgieron a partir de “bases de datos del sistema financiero y de los sujetos obligados por actividades vulnerables”.

El funcionario federal agregó que la próxima semana, cuando se cumplen los primeros cien días del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se presentarán las estrategias de combate a facturas falsas y corrupción en el sector Salud.

El titular de la UIF aprovechó para asegurar que la generación de empresas fachada y la elaboración de facturas falsas configuraron el crecimiento de la corrupción durante la administración pasada.

En el marco de la conferencia de prensa que ofreció esta tarde en su casa de transición, el virtual futuro Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que el acceso universal a la salud de todos los mexicanos será una prioridad en su gobierno.

Señaló que tanto la atención médica como los medicamentos serán gratuitos, pues buscan que se cumpla lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, pues hasta ahora dicho derecho es letra muerta.

Lamentó que millones de mexicanos no tengan posibilidad de atenderse sin pagar, pues pese a que el gobierno indica que eso sucede, “el derecho a la salud en la práctica” no es ese.

Indicó que el impulso que se le dará al tema de salud es parte de lo que llaman Estado de Bienestar, pues lo que se busca es que los mexicanos tengan seguridad desde que nacen hasta que muere, tanto en atención medica como en medicamentos.

Insistió en que tal como lo dijo en su campaña, el Seguro Popular no es ni “seguro ni es popular”, pues aseguró que ni en los centros de salud ni en los hospitales hay medicinas. Señaló que desde que llegue a la Presidencia, las medicinas no se limitarán al cuadro básico.

 

Esta tarde la Asambleísta Constituyente, Delcy Rodríguez, y figura ligada directamente con el presidente Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela no tiene cómo pagar alimentos y medicamentos que se encuentran transito, gracias al bloqueo económico que Estados Unidos impuso hacia su país.

 

“Teniendo nosotros barcos en la costa cargados con medicamentos y con alimentos, Venezuela no tiene cómo hacer el pago de esos bienes esenciales para la población venezolana. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo financiero contra el país”, aseguró la ex canciller.

 

Rodríguez ofreció un mensaje durante una de las audiencia de la comisión de la verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en donde afirmó que tras el decreto firmado por el Presidente Trump la semana pasada “se acaba de formalizar el bloqueo financiero contra Venezuela”, lo que aseguró llevará al país a “una cesación de pagos internacionales para agudizar la agresión económica contra el pueblo venezolano”.

 

La funcionaria indicó que las sanciones financieras no afectan al gobierno sino al pueblo venezolano, por lo que aseguró ya preparan una respuesta financiera “recíproca” en contra del gobierno estadounidense.

 

Con información de La Nación / Foto: Twitter

El gobierno de Venezuela dio a conocer que el presidente Nicolás Maduro, solicitó ayuda a la ONU para hacer frente con la carencia de medicinas, la cual se ha profundizado mientras el país batalla con una grave crisis económica.

 

El mandatario aseguró que “Naciones Unidas tiene los planes más avanzados y completos en el mundo para recuperar la capacidad productiva de la industria farmacéutica y orientarla hacia los medicamentos del pueblo”.

 

No se especificó qué tipo de ayuda había solicitado Mauro, o si la ONU había aceptado ayudar, sin embargo se detalló que el líder venezolano se reunió con Jessica Faieta, administradora asistente y directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Latinoamérica y el Caribe.

La crisis de medicinas se una a otro desabasto más que azota al país. La falta de gasolina deja de nuevo al descubierto los problemas del régimen de Maduro para garantizar el suministro de cualquier insumo. Diversas ciudades han presentado desabasto de combustibles.

 

 

 

 

Con información de CNN / Foto: Archivo APO