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El número de homicidios dolosos repuntó un 2.14% interanual en el primer trimestre de 2023 al registrar 7,485 asesinatos, un promedio de 83 al día, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En marzo, la SSPC documentó 2,603 asesinatos, una reducción interanual de 1.51%, aunque un incremento mensual de más del 14% ante los 2,282 de febrero pasado.

Pese al repunte, y como ha sucedido al jugar con los números que se comparan, la secretaria defendió que desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los homicidios han bajado un 17%.

La funcionaria afirmó que marzo 2023 fue el mes con menos asesinatos de los últimos seis años. Añadió que hay una tendencia a la baja porque hubo 83 víctimas diarias en el primer trimestre del año, frente a las 89 de todo 2022.

Rodríguez expuso que seis estados concentran casi la mitad de los homicidios: Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Jalisco y Michoacán, que en conjunto representaron 3,556 de estos crímenes.

Los datos de la SSPC también muestran un aumento interanual del 4.11% en los delitos del fuero federal en el primer trimestre, con 19,413 casos.

La secretaria de Seguridad reconoció, para el primer trimestre, un aumento interanual de 10.7% en delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, además de un crecimiento de 10.8% en los delitos fiscales.

Por el contrario, reportó una baja del 39.1% en los delitos de delincuencia organizada, de 31.3% en delitos financieros, y de 22.9% en los cometidos por servidores públicos.

En delitos del fuero común, el robo a casa habitación creció 1.6% anual en el primer trimestre, y reducciones en el resto de los delitos: 14.9% en robo de transporte individual, de 13.2% en robo a transporte público, de 11.2% en robo a negocio y 6.4% en robo a transeúnte.

En cuanto a feminicidios, la SSPC registró 78 en marzo pasado, igual número que en el mismo mes de 2023. En lo que va del año, ha habido 227 feminicidios, un 7.72% menos que los 246 del mismo periodo de 2022.

“En el caso de los feminicidios, el trabajo que se ha desarrollado es a la baja”, sostuvo la funcionaria, quien señaló que hay una disminución del 22.7% respecto al inicio de la administración. “Se va a intensificar (el trabajo) en los municipios donde ocurre más la violencia feminicida”, añadió Rodríguez.

Como uno de los principales desafíos, la funcionaria reconoció un aumento interanual de 7.8% en el número de extorsiones en el primer trimestre.

“El caso de la extorsión sigue siendo un reto. La extorsión o cobro de piso se ha ido incrementando. Estamos trabajando en contener este delito, sobre todo pidiéndole a las unidades antisecuestro que, como ha bajado ese delito, migren su trabajo”, indicó.

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron reforzar los trabajos para desmantelar a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como el tráfico ilegal de fentanilo y armas de fuego en ambos lados de la frontera.

“México y Estados Unidos se comprometieron a continuar los trabajos conjuntos para desmantelar la cadena de suministro de fentanilo y al cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación en ambos lados de la frontera”, destaca la declaración conjunta que firmaron ambas naciones tras el “Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y los Estados Unidos”.

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard comentó en un video mensaje compartido a través de su cuenta de Twitter que el objetivo central de esta reunión fue “reducir drásticamente el flujo de precursores químicos a México y Estados Unidos que provienen por vía aérea o por vía marítima y que facilitan que se produzca una sustancia que se ha dado en llamar fentanilo”.

También afirmó que esta droga “se consume, sobre todo, en los Estados Unidos en este momento”, pese  los señalamientos del gobierno estadounidense en los que se afirman que México es productor de esta droga.

En el documento firmado por las dos naciones, partes del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señalaron que la delegación mexicana llevará a cabo la conformación de una comisión presidencial para combatir el tráfico de drogas sintéticas, ilícitas, armas de fuego y municiones.

“Este grupo de trabajo especial mejorará la coordinación entre las agencias federales del Gobierno de México para apoyar la investigación y arresto de individuos involucrados en la producción y tráfico de fentanilo”, se especificó.

Asimismo, los gobiernos resaltaron que, tras la reunión en Washington, se acordó incrementar la cooperación para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego entre las dos naciones.

Sobre este apartado, el canciller explicó que también se busca reducir drásticamente el número de armas que entran a México, al ser un tema pendiente en la relación bilateral.

Incluso, mencionó que el gobierno mexicano solicitó un “task force”, un grupo especializado que se dedicará “semana con semana a ver en los puntos de cruce, que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente”.

“Esto (el control del tráfico ilegal de armas en la frontera norte) ya ha sido discutido mucho con Estados Unidos. Desde mi punto de vista fue una buena reunión y pronto vamos a tener buenos resultados”, concluyó Ebrard.

Sobre los esfuerzos del gobierno estadounidense en este último punto, se dio a conocer que se han incrementado “de manera significativa” las investigaciones sobre tráfico de armas con un nexo con México, así como las incautaciones de armas de fuego y municiones.

Esto, a través del Departamento de Justicia y la Operación De norte a Sur, encabezada por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

También se puntualizó que estas autoridades han trabajado en coordinación con sus contrapartes mexicanas para incrementar el rastreo de armas de fuego a fin de identificar y cortar el origen de los flujos de armas hacia México.

“El Departamento de Seguridad Interior (DHS) está comprometido con incrementar las incautaciones de armas mediante la Operación Rayo del Desierto, enfocada en corredores conocidos de tráfico como parte de un esfuerzo ampliado bajo la Operación Sin Rastro de DHS”, añadieron en la declaración conjunta.

Por su parte, ambos gobiernos asumieron el compromiso de atacar el consumo del fentanilo y otras drogas a través de una campaña de sensibilización pública binacional de prevención que eduque, en particular a los jóvenes, sobre los peligros de las drogas sintéticas, incluyendo al fentanilo, y que dañan la comunidad binacional.

El secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México es el “principal aliado” de Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo, opiáceo extremadamente adictivo y que ha provocado una creciente ola de
muertes por sobredosis en territorio estadounidense en los últimos años.

Sus palabras llegan en el marco de la visita de una delegación mexicana, encabezada por el canciller, a Washington, donde se reunirán con altos cargos de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, precisamente para abordar el tema del tráfico del fentanilo, las armas, y donde se buscará  trazar un plan conjunto para frenar el tráfico ilegal de esta droga y de armas en Norteamérica.

Ebrard ha expresado que la prioridad para México es frenar el tráfico de armas de Estados Unidos para “reducir la capacidad de maniobra de organizaciones criminales y aumentar la seguridad en nuestras comunidades”.

Está previsto que las delegaciones de México y Estados Unidos se reúnan en la Casa Blanca. Posteriormente, se realizará un almuerzo de trabajo en la sede del Departamento de Justicia.

“La instrucción que tenemos es identificar cuáles son las acciones adicionales que podemos tomar para que el Entendimiento Bicentenario tenga mejores resultados en dos indicadores: reducción de fentanilo y muertes por fentanilo y reducción de violencia en México por armas de fuego”, dijo Ebrard en el marco de la visita a EUA.

El encuentro se produce dos días después de que Estados Unidos anunciara que reforzará su estrategia contra el consumo y tráfico de fentanilo proveniente de México, después de semanas de críticas y declaraciones entre autoridades de ambos países sobre la lucha contra esta droga sintética.

Ayer, Estados Unidos calificó además oficialmente de “amenaza emergente” en el país el fentanilo adulterado o mezclado con xilacina, un potente sedante animal utilizado como droga del que ya se había prohibido parcialmente la importación.

Y es que durante las últimas semanas, varias voces de la Administración de Joe Biden han señalado que México debería hacer más en el combate contra el fentanilo y el crimen organizado, mientras la oposición republicana ha ido más allá y desea que se autorice al Ejército a intervenir contra las organizaciones responsables “estén donde estén”, lo que incluiría actuar en nuestro país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha respondido que la crisis de sobredosis de opiáceos es un tema de salud pública que Estados Unidos debe resolver e incluso ha negado que en su país se fabrique fentanilo, argumentando que esta sustancia llega a Norteamérica desde Asia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) encontró al Estado mexicano como responsable por la violación de diversos derechos de dos hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa por 17 años y que además sufrieron torturas en el periodo que estuvieron detenidos.

El presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez, notificó este miércoles la sentencia en un acto llevado a cabo por video conferencia y en el que estuvieron presentes los representantes de las víctimas y funcionarios del Estado.

La Corte, con sede en Costa Rica, encontró a México responsable por violaciones a los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, la protección judicial, a ser oído, a la presunción de inocencia y al principio de plazo razonable.

El caso se refiere a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes fueron acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés.

García y Alpízar permanecieron en prisión preventiva por 17 años, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos. En 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel, sentencia que está en apelación.

“Para esta Corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva significó en los hechos que se aplicara a los procesados una pena encubierta sin una condena, puesto que constituyó una medida punitiva sin previo juicio acompañado de sus garantías, y por un lapso que excede todo plazo razonable ya que este correspondió aproximativamente a la mitad de la pena que se impuso en la sentencia condenatoria”, indica el fallo de la Corte.

El tribunal internacional también concluyó que Daniel García Rodríguez “fue sometido a malos tratos y torturas psicológicas por parte de las autoridades del Ministerio Público del Estado de México”, situación que fue denunciada por el sospechoso, sin que los hechos fueran investigados.

“Los maltratos psicológicos que fueron descriptos por Daniel García son de una extrema severidad pues consistieron en amenazar y detener a sus familiares y seres queridos. Además, buscaban una finalidad precisa que consistió en obtener su confesión y firma de documentos implicando a otras personas”, indicó la CorteIDH.

En cuanto a Reyes Alpízar, la Corte determinó que el Estado no investigó con la debida diligencia las denuncias de tortura que presentó.

En su sentencia, la Corte ordenó a México concluir los procesos penales, revisar la pertinencia de mantener medidas cautelares, y excluir del proceso los antecedentes incriminatorios obtenidos bajo coacción o tortura.

“El uso de la tortura como mecanismo para obtener confesiones o antecedentes incriminatorios del imputado o acusado no puede tener otra consecuencia que la exclusión de la prueba. De lo contrario, la prohibición de tortura quedaría vaciada de contenido, convirtiéndose en un derecho meramente formal sin ninguna consecuencia operativa”, advierte la sentencia.

El Estado también está en la obligación de investigar y sancionar a los responsables de los actos de tortura.

Además, México deberá adecuar a estándares internacionales su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

La CorteIDH también ordenó al Estado pagar indemnizaciones a ambas víctimas por concepto de daños materiales e inmateriales.

Perú reclamó este martes la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico mediante una comunicación a las cancillerías de México, Colombia y Chile, en la que planteó realizar una consulta al respecto y alertó a nuestro país que no formalizar el traspaso “acarrearía responsabilidad internacional”.

“En la fecha, el gobierno del Perú ha planteado la realización de consultas entre todas las partes del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico a fin de llevar a cabo el traspaso de la Presidencia Pro Tempore al Perú, sin mayores dilaciones”, señaló la cancillería peruana en un comunicado.

El gobierno de Dina Boluarte recalcó que el incumplimiento de una obligación internacional por parte de un Estado, como es rehusarse a traspasar la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, acarrearía responsabilidad internacional para dicho Estado.

La cancillería puntualizó que, en esta comunicación, la primera remitida a todos los ministerios de Relaciones Exteriores de los países miembros, se invocó el principio “pacta sunt servanda”, consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que establece que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

Sobre las consultas referentes al traspaso de México a Perú de la Presidencia pro tempore, el país andino defendió que estas se contemplan en el propio Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, según el cual “las partes realizarán todos los esfuerzos, mediante consultas u otros medios, para alcanzar una solución satisfactoria ante cualquier diferencia sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones” del mismo.

Adicionalmente, el gobierno de Perú ha dejado abierta la puerta para utilizar los medios políticos y jurídicos a su disposición para lograr el cabal cumplimiento de las obligaciones internacionales contenidas en el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Por otro lado, la cancillería expresó su “alto aprecio” ante los diversos pronunciamientos por parte de sectores gubernamentales, empresariales y académicos tanto nacionales como de otros países, que “coinciden en la urgente necesidad de continuar con los trabajos” de este proceso de integración regional.

“Los cuatro estados miembro debemos preservar a la Alianza del Pacífico como un mecanismo de integración económico-comercial sin politizaciones y así continuar generando oportunidades para el comercio, las inversiones y la cooperación, en beneficio de nuestros ciudadanos”, insistió el ministerio.

El comunicado de la cancillería concluye señalando que el gobierno de Boluarte “no renunciará a mantener viva la Alianza del Pacífico y ejercer su Presidencia Pro Tempore, la que le corresponde de conformidad con el derecho internacional”.

Y es que recordemos que en reiteradas ocasiones, la mandataria peruana ha acusado a López Obrador de no querer hacer el traspaso porque “sigue apoyando al expresidente” Pedro Castillo.

Desde la destitución de Castillo en diciembre pasado, López Obrador se ha alineado con el exjefe de Estado, otorgando asilo a su mujer e hijos y denunciando que fue víctima de un golpe de Estado supuestamente orquestado por la oligarquía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó este martes al gobierno de Estados Unidos por autorizar la venta libre de Narcan, un medicamento que revierte las sobredosis causadas por opioides como el fentanilo.

“En vez de ir al fondo, esto lo digo con todo respeto, vamos a paliativos (…) ¿Quién hace ese fármaco? ¿Por qué no atender las causas?” del abuso de drogas, cuestionó el mandatario.

Y es que ambos países mantienen un debate sobre el tráfico de fentanilo, droga sintética 50 veces más potente que la heroína y a la que solo en 2022 se atribuyeron 70,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el pasado 29 de marzo la venta sin receta médica del Narcan, aerosol nasal de clorhidrato de naloxona que “revierte rápidamente” una sobredosis de opioides y “salva vidas”, según un comunicado del organismo regulador.

“Algunos pueden decir ‘es que así no va a haber fallecimientos’, pero ¿será que esto va a convertirse en un medicamento para que ya no haya la adicción o es nada más prolongar la agonía”, afirmó López Obrador.

Por la mañana, en la conferencia de Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, atribuyó la medida de la FDA a un “pensamiento simplista para abordar un problema complejo”.

El funcionario dijo que estas acciones se toman cuando no se tiene “la capacidad o la intención” de atacar la raíz del problema, que a su juicio es la exclusión, y sostuvo que “grupos de interés” presionan para que México replique la decisión de la FDA.

Si bien el gobierno mexicano mantiene una estrecha colaboración con el presidente demócrata Joe Biden en la lucha contra el narcotráfico, la oposición republicana y órganos como la agencia antidrogas (DEA) piden a México “hacer más” contra el tráfico de fentanilo.

El pasado 4 de abril, López Obrador pidió ayuda a China para evitar el contrabando de esa sustancia a Estados Unidos a través de México, pero el gobierno de Pekín respondió que no existe tal práctica ilegal.

El mandatario había solicitado a las autoridades chinas precisiones sobre importadores, cantidades, fechas y puertos de embarque del fentanilo, que el gobierno mexicano propone además sustituir como analgésico.

La inflación general anual de México se desaceleró en marzo pasado por segundo mes consecutivo, para ubicarse en 6.85%, según cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INEGI informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación del 0.27% en el tercer mes del año respecto al mes anterior. En marzo del 2022, la inflación mensual fue del 0.99% y la anual del 7.45%.

El dato difundido este miércoles, se trata del nivel más bajo de la inflación general anual en los últimos 17 meses.

En cuanto a la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina artículos de alta volatilidad, fue de 0.52% mensual y 8.09% anual.

Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías incrementaron 0.45% y los de servicios, 0.62%.

Por su parte el índice de precios no subyacente retrocedió 0.50% a tasa mensual y subió 3.27% a tasa anual.

Dentro de éste índice, a tasa mensual, los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.67% y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.36%.

Apenas la semana pasada, el Banco de México (Banxico) incrementó su tasa de interés referencial en un cuarto de punto porcentual, para llevarla a un nuevo máximo de un 11.25%, moderando así el ritmo de su actual ciclo de endurecimiento monetario.

Sin embargo, la Junta de Gobierno de Banxico advirtió que su próxima decisión estaría en función del panorama inflacionario, sin descartar seguir con los aumentos.

Iberdrola alcanzó un acuerdo para vender un total de 8,534 megavatios (MW) en nuestro país al mayor administrador de fondos del país, Mexico Infrastructure Partners (MIP), por cerca de 6,000 millones de dólares.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador español, la operación, realizada a través de varias de sus filiales mexicanas con MIP, sociedad estatal de México, comprende el traspaso de 8,436 MW de ciclos combinados de gas y un parque eólico de 103 MW.

Con esta venta, Iberdrola se deshace de cerca del 75% de la potencia instalada que tenía en México, un mercado en el que la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán asegura que realizará nuevas inversiones para liderar la transición energética en el país.

Concretamente, al 31 de diciembre de 2022 la empresa española contaba con 11,197 MW instalados en México, de los que gran parte, 9,660 MW, son ciclos combinados de gas, 1,335 renovables (eólica y solar) y 202 MW de cogeneración.

Los activos incluidos en la operación son los ciclos combinados de gas Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Baja California y Topolobampo II y III, Monterrey III y IV, Tamazunchale II y Enertek, junto con el parque eólico terrestre La Venta III.

La operación, sujeta a la firma definitiva de los contratos y a la obtención de las aprobaciones regulatorias habituales, cuenta con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin) y otras entidades financieras públicas vinculadas al Gobierno de México.

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Al respecto, el presidente compartió un video en sus redes sociales en el que se refirió al acuerdo como una ‘nueva nacionalización’ de la industria energética del país.

“Estamos (…) en un día que yo puedo decir especial, hasta histórico. Estamos estamos con sumando una operación muy importante en beneficio del pueblo de México y agradecemos mucho a Iberdrola por la voluntad de llegar a un acuerdo. Hemos tenido algunas discrepancias pero el diálogo lo puede todo el diálogo y la buena voluntad”, dijo el mandatario.

De esta manera, se anunció que la CFE pasa de generar el 39.6% al 55.5% de toda la energía del país, es decir se convierte la CFE en la empresa pública mayoritaria para generar energía eléctrica en México.

Los funcionarios que acompañaron al presidente, como el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, indicó que en los próximos días se compartirán mayores detalles.

Ignacio Sánchez Galán indicó que desde que se reunieron, se manifestó el interés de lograr acuerdos, por lo que celebrara el anuncio de este martes. Dijo que el acuerdo se da bajo el respeto de las políticas de cada uno de los países donde tienen presencia

“Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno y esa política energética nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de nuestros accionistas”, dijo el empresario español.

“Esto significa el rescate de la CFE y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Nosotros entendemos y somos respetuosos de otras políticas, pero consideramos que es muy importante el que nuestro país mantenga empresas públicas como la CFE y como Petróleos Mexicanos. No debemos de apostar a la privatización en actividades sociales y en actividades estratégicas para el pueblo y para la nación”, remató AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este martes que envió una carta a su homólogo de China, Xi Jinping, para pedirle ayuda contra el tráfico de fentanilo en medio de los crecientes cuestionamientos a México de políticos estadounidenses.

“Acudimos a usted, presidente Xi Jinping (…) para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país”, leyó López Obrador al exhibir el texto en su conferencia matutina.

El mandatario le escribió que “sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos, a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia”.

“Me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter fundamentalmente humanitario y solicitarle, si para ello no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación”, pidió López Obrador.

El presidente envió esta misiva a China en medio de los crecientes cuestionamientos de políticos estadounidenses, en particular de legisladores republicanos, quienes han pedido declarar la guerra a los cárteles mexicanos de la droga y designarlos como terroristas.

López Obrador citó que en 2021 murieron 107,573 estadounidenses por consumo de fentanilo, con base en datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Además, volvió a señalar que de un kilo de fentanilo, añadió, se obtienen 1 millón de dosis, con un valor de más de 400,000 dólares.

El mandatario exhibió la carta como parte de su respuesta al senador republicano Lindsey Graham, quien ayer publicó un video en el que acusó a López Obrador de “no estar haciendo nada” sobre el fentanilo, que “es producido en su país (México) y los cárteles están abiertamente envenenando a estadunidenses”.

López Obrador tachó las declaraciones de Graham y de otros republicanos de propaganda, y negó que en el país se produzca fentanilo, al señalar que los precursores químicos vienen de Asia.

“Se supone que el fentanilo llega de Asia. Lo que debe quedar claro es que nosotros no producimos fentanilo. Es una materia prima que se produce en Asia, también eso es importante aclararlo: quién produce”, argumentó.

En la carta que envió al presidente de China, López Obrador defendió su labor en el decomiso de fentanilo, al señalar que el año pasado incautó 7 toneladas y destruyó 1,383 laboratorios clandestinos.

También reiteró que por el país solo ingresa el 30% del fentanilo que consume Estados Unidos.

“Los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo. No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México”, agregó el canciller, Marcelo Ebrard.

El número de migrantes que solicitaron la condición de refugiado en nuestro país ascendió a un récord de 37,606 peticiones durante el primer trimestre de 2023, un incremento de 29.2% frente a los tres primeros meses de 2022.

“Tras el primer trimestre, el número de solicitantes de la condición de refugiado en México llegó a 37,066 lo que supera la cifra récord del primer trimestre del año pasado en 29.2%”, cuando se recibieron 29,109 peticiones, detalló el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez.

La cifra del primer trimestre de 2023 es cercana a las 40,910 solicitudes de refugio que se registraron durante todo 2020, en medio de la pandemia de la COVID-19, mientras que el mayor número de solicitudes en un año fue en 2021 con un total de 129,756 peticiones.

El repunte de este primer trimestre ocurre después de que México recibió 118,772 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021.

Por nacionalidad, los migrantes de Haití encabezan la lista de solicitudes de refugio en estos primeros 3 meses con 13,631 solicitudes; seguidos de los de Honduras, con 8,620; de Cuba, con 2,596; de Venezuela, con 2,547; y el Salvador, con 1,716.

Del total de migrantes que pidieron ser reconocidos como refugiados, solo 7,369 trámites fueron atendidos en los primeros tres meses, de los que un 68% recibieron una respuesta positiva.

Por país de origen, el mayor volumen de migrantes reconocidos como refugiados fueron los provenientes de Honduras, seguidos de los nacidos en Haití, Venezuela, El Salvador y Cuba.

Tan solo en marzo pasado, el número de solicitudes de refugio a México por migrantes ascendió a 12,549, un dato ligeramente inferior a las 13,116 peticiones del mismo mes de 2022.

En los últimos 10 años, la Comar ha recibido un total de 457,143 solicitudes de asilo por migrantes, de las que solo 98,397 han sido resueltas como positivas y 44,036 fueron rechazadas.

Los migrantes hondureños son los que encabezan la lista de solicitudes favorables en los últimos 10 años, seguidos de los venezolanos, salvadoreños, haitianos, cubanos, guatemaltecos y nicaragüenses.

La presencia de migrantes en las fronteras de nuestro país se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que crucen la frontera de manera irregular.

Esas devoluciones se aplican mediante el Título 42, una política implementada por el expresidente Donald Trump, que permite expulsarlos con el pretexto de la pandemia de la COVID-19.

El dato se conoce una semana después de que 39 migrantes murieran en un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La noche del lunes de la semana pasada, después de una jornada de detenciones de migrantes en Ciudad Juárez, cerca de 70 personas permanecían retenidas en la estación migratoria, donde 39 de ellos fallecieron tras desatarse un incendio de causas todavía por determinar en el interior de la estación.

Según el relato oficial, el fuego lo iniciaron los propios migrantes al quemar unos colchones como protesta al enterarse de que iban a deportarlos.

Además de los 39 migrantes que perdieron la vida, también hubo 28 heridos, de los que cuatro han sido dados de alta y 24 continúan hospitalizados, algunos con pronósticos delicados.

Entre los muertos hay seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano

Lo que más ha generado polémico, fue el video que se filtró tras el incendio, en el que se muestra cómo los agentes de seguridad a cargo de la estación huyeron del lugar sin liberar a los migrantes quitando los candados que se encontraban colocados, mientras la estancia se llenaba de humo.

Esto ha abierto la puerta a especulaciones acerca de la presunta negligencia y omisión de los trabajadores, entre los que se encontraban empleados del INM y de la empresa de seguridad privada Camsa.

En los últimos seis años, el número de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en México creció a casi el triple, de acuerdo con un estudio revelado este jueves por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

En 2015 se registraron 1,043 casos anuales de mujeres y menores desaparecidas y no localizadas, mientras que para el 31 de diciembre de 2021 la cifra era de 2,729 casos, afirmó Patricia Morales, una de las autoras del estudio financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

Para la investigación, las autoras revisaron datos de ocho estados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación, y el Informe de Incidencia Delictiva contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de entrevistas con organizaciones involucradas al tema de desaparición.

El informe se publica mientras México superó en 2022 la cifra histórica de más de 100,000 personas desaparecidas, desde que hay registro.

Uno de los hallazgos relevantes del estudio es que el rango de edad con más casos de desaparición forzada es entre los 15 y 19 años seguido del de 20 a 25 años, lo que indica que este delito está relacionado con otros como el de trata de mujeres y niñas, feminicidio y secuestro.

Aunque Jalisco es el estado que mayor cantidad de casos de desaparición concentra en todo el país, las mujeres no localizadas representan una de cada 10 casos de desapariciones en general, mientras que en el Estado de México las 5,722 mujeres no localizadas representan un 44.12% del total de las desapariciones.

Las autoras advirtieron que en los últimos dos años en Jalisco ha habido una disminución en el registro de casos, pues para finales de diciembre de 2020 había 3,098 mujeres desaparecidas y para el 28 de marzo de este año había 2,290.

“Hubo algunas localizaciones, pero una disminución no nos da certeza que sea de esta manera, sino que son cifras que se pueden estar manipulando dentro de las instituciones y habría que pedirles más consistencia (en los registros). Eso no solo pasa en Jalisco sino que podría estar sucediendo en otros estados”, afirmó Morales.

Los cinco municipios con más casos de mujeres desaparecidas a finales de 2020 eran Guadalajara (Jalisco) con 550 casos; Monterrey (Nuevo León) con 478 casos; Zapopan (Jalisco) con 360; Puebla (Puebla) con 355 y Toluca (Estado de México) con 326.

Perú retiró a su embajador en Colombia, de la misma forma que hizo con México en febrero, debido a las “continuas expresiones injerencistas” del presidente colombiano, Gustavo Petro, que no reconoce que el exmandatario Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado.

La cancillería de Perú comunicó que la actitud de Petro y sus “continuas expresiones injerencistas, han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo” que ha existido entre Perú y Colombia.

Explicó que Perú ha reaccionado de manera “ponderada, progresiva y proporcional, conforme a la práctica diplomática y teniendo en consideración la estrecha relación que lo une a Colombia, desde hace más de 200 años”.

Subrayó que el país “hace votos para que la estrecha y bicentenaria relación bilateral con Colombia retome su cauce en el marco del respeto mutuo y las normas, principios y valores que rigen la convivencia entre los estados”.

Asimismo, el ministerio precisó que con el retiro definitivo del embajador del Perú en Colombia, las relaciones diplomáticas entre el Perú y dicho país quedan formalmente a nivel de encargado de negocios, de la misma forma que procedió en febrero al retirar a su embajador en México por los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desconoce el actual gobierno de Dina Boluarte.

También en febrero último, el Congreso peruano ya había declarado persona non grata a Petro por sus comentarios contra la administración de Boluarte y otras entidades del Estado, al no reconocer la legitimidad de su gestión.

Recordemos que en la última Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana, Petro afirmó que quien debería estar presente en ese encuentro de jefes de Estado era Pedro Castillo, quien se encuentra detenido mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración a raíz del fallido intento de golpe de Estado.

“Hoy debería estar aquí, lo sacaron. Está preso”, expresó Petro ante la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, quien le contestó que si Castillo no está presente es porque “dio un golpe de Estado”.

“Si estuviera, tendrían a un dictador”, expresó Gervasi en la cumbre.

Ayer, López Obrador reiteró que “el presidente legal y legítimo del Perú es Pedro Castillo, que está injustamente en la cárcel. Lo están acusando, desde que entró lo empezaron a acusar, y lo tienen en la cárcel”.

Sin embargo, el mandatario agregó que dialogará con Petro y con el presidente de Chile, Gabriel Boric, para ver cómo entregar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Perú, después de haberse negado a hacerlo en los últimos meses.

Con la salida del embajador peruano en Colombia, Félix Denegri Boza, ya son tres los representantes diplomáticos que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha mandado retirar por las críticas hacia su gestión.

Antes de Boza, fueron retirados los embajadores en Honduras, Jorge Raffo Carbajal, y en México, Manuel Talavera Espinar. A su vez, el representante diplomático de Chile en Perú, Óscar Fuentes Lira, fue convocado por Lima después de que Santiago criticara la represión policial de las protestas contra Boluarte.

A pesar de todas estas salidas, las relaciones diplomáticas no han quedado del todo rotas, pues algunos países como México siguen con representación en Lima, mientras que Perú mantienen a sus encargados
de negocios, quienes cuenta con funciones similares a las de un ministro de Asuntos Exteriores, pero sin capacidad de reunirse con su homólogo o el jefe del Estado.

El Vaticano condenó este jueves el pasado colonial de la Iglesia Católica, al rechazar la “doctrina del descubrimiento” de América y repudiar los edictos papales del siglo XV que autorizaban esclavizar a los indígenas.

En un documento elaborado por el Dicasterio (ministerio) para la Cultura y la Educación y el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Vaticano toma clara posición contra las campañas de conversión forzada llevadas a cabo por la iglesia tras la llegada de los europeos al continente americano en 1492.

La Santa Sede deroga las “bulas” papales (documentos oficiales firmados por un papa) que dieron origen a la “doctrina del descubrimiento”, que autorizaba a las potencias europeas a colonizar países no cristianos, tierras y pueblos.

En la nota, el Vaticano se refiere a las ‘bulas’ emitidas en el siglo XV por Nicolás V y Alejandro VI.

Se trataba de documentos pontificios que autorizaban al rey de Portugal a conquistar sarracenos y paganos para reducirlos a una esclavitud indefinida y daban al reino de Castilla el derecho a conquistar América y reclamar como propios los territorios descubiertos así como enviar hombres para evangelizar.

El contenido de esos documentos “ha sido manipulado para fines políticos por las potencias coloniales (…) para justificar actos inmorales contra las poblaciones indígenas, realizados algunas veces sin la oposición de las autoridades eclesiásticas”, sostiene el texto.

Además, señala que “es justo reconocer estos errores, reconocer los terribles efectos de las políticas de asimilación y el dolor experimentado por las poblaciones indígenas, así como pedir perdón”, admite el Vaticano, tal como como lo ha hecho Francisco durante su viaje a Canadá.

Al repudiar oficialmente ese pasado colonial, la jerarquía de la iglesia católica actual se compromete a “abandonar la mentalidad colonizadora” y a fomentar “el respeto recíproco y el diálogo, reconociendo los derechos y valores culturales de los individuos y los pueblos”.

En sus siete viajes a América Latina, el Papa ha exhortado a reconocer el dolor de los indígenas de esa región, denunciado la voracidad por los bienes naturales y elogiando su papel clave como “cuidadores” del planeta.

Recordemos que en 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer una carta que envió al Papa Francisco en la que pedía a la Iglesia católica disculparse por los abusos cometidos contra los pueblos indígenas durante la conquista de México en el siglo XVI.

“Tanto la Iglesia Católica, la Monarquía española y el Estado Mexicano debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobriosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos, desde la Conquista de 1521 hasta el pasado reciente”, afirmó el presidente en la carta.

El encargado para América Latina del Departamento de Estado norteamericano, Brian Nichols, matizó este miércoles las declaraciones que algunos funcionarios del gobierno han hecho sobre nuestro país, matizando que hay zonas de México “afectadas” por el crimen organizado.

En recientes comparecencias ante el Congreso, tanto el secretario de Estado, Antony Blinken, como el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, respondieron afirmativamente al ser cuestionados por los republicanos sobre si hay zonas de México “controladas” por el crimen organizado.

Al ser cuestionado con la misma pregunta, Nichols respondió: “Yo diría afectadas”.

El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado expresó que las organizaciones criminales afectan a “la seguridad y el bienestar tanto de los mexicanos como de las personas que visitan México”.

Por ello subrayó que “es importantísimo” que el gobierno de Estados Unidos colabore con las autoridades mexicanas para “combatir este flagelo”.

“Hemos invertido miles de millones de dólares en colaboración en materia de seguridad con México y vamos a seguir trabajando hombro con hombro con el gobierno mexicano”, afirmó Nichols en entrevista con la agencia Efe.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó esta mañana al senador republicano Lindsey Graham por cuestionar a Mayorkas y a Blinken sobre si el narcotráfico domina territorios en México por encima del Gobierno.

“Yo sostengo que yo, como presidente, y cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional y sí, hay riesgos en unas regiones más que en otras, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país”, dijo López Obrador.

El intercambio de declaraciones ocurre en medio de la creciente tensión entre México y Estados Unidos por los cárteles, en particular los que trafican fentanilo.

La polémica se ha intensificado tras el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas, lo que ha motivado a los republicanos a pedir una intervención militar contra los cárteles, al declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

López Obrador insistió en negar que en México se fabrique fentanilo, a pesar de que los cárteles mexicanos tienen laboratorios donde procesan esa droga a partir de precursores que importan desde China.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alertó en su intervención virtual en la Cumbre por la Democracia, organizada por Estados Unidos, que en algunos países, las “oligarquías se presentan como democracias” y defendió la salud democrática en México.

“En nuestros tiempos existe una mezcla de oligarquía y democracia, una democracia falseada (…). En algunos países las oligarquías se presentan a ellas misas como democracias”, dijo el mandatario en un panel moderado por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

López Obrador señaló en su discurso varias de las que consideró como contradicciones de la democracia.

“¿Cómo podemos hablar de democracias si la dominan las élites?, ¿Cómo podemos hablar de democracia sin una verdadera separación entre los poderes políticos y económicos?, ¿Cómo podemos hablar de democracia si en los últimos tiempos hemos visto como la riqueza se acumula en menos manos?”, cuestionó el mandatario.

López Obrador enfatizó que los gobiernos democráticos tienen la obligación de garantizar la felicidad de sus pueblos. “Proteger esto derecho es el principal objetivo de los gobiernos y debería ser el único propósito de los partidos políticos”; exhortó.

Hace un mes, López Obrador puso en duda la calidad de la democracia de Estados Unidos y aseguró que está gobernado por una oligarquía.

“Hay más democracia en México que en Estados Unidos (…). Es porque aquí gobierna el pueblo, allá la oligarquía”, dijo en su conferencia de prensa del pasado 28 de febrero.

En su intervención en un panel en el que también participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, López Obrador agradeció al mandatario estadounidense, Joe Biden, la invitación al evento.

“Muchos de los crímenes contra la humanidad han sido cometidos en nombre de Dios y de la democracia, y por ello es importante regresar al verdadero significado de la democracia”, remató.

Por su parte el presidente Joe Biden alertó sobre “un punto de inflexión” en favor de la democracia en el mundo que impulsará con casi 700 millones de dólares, durante una cumbre este miércoles en la que destacó progresos pese a la influencia de China.

Después de las críticas de que la primera Cumbre por la Democracia estuvo demasiado centrada en Estados Unidos, Biden nombró como coanfitriones para esta segunda edición a dirigentes de países de los cinco continentes: Costa Rica, Países Bajos, Corea del Sur y Zambia.

Biden elogió un “punto de inflexión para nuestro mundo hacia una mayor libertad, una mayor dignidad y una mayor democracia”.

“Creo que este es el desafío que define nuestra era y, hoy, podemos decir con orgullo que las democracias del mundo se están fortaleciendo, no se están debilitando”, dijo Biden. “Las autocracias del mundo se están debilitando, no fortaleciendo”, añadió.

En la cumbre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el mundo atraviesa una “conmoción dramática” en la que los valores democráticos están “bajo ataque”, y puso como ejemplo las restricciones a los medios y los defensores de los derechos humanos.

Este año Estados Unidos también otorgó un papel destacado a Taiwán, un autogobierno democrático cuya soberanía reclama China, y a Ucrania, en guerra tras ser invadida por Rusia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo en la Cumbre que su país era la primera línea contra la amenaza de Rusia para todas las democracias.

“Deberíamos deshacernos de la ilusión de que comprometerse con el mal puede aportar algo a la libertad. Los enemigos de la democracia deben perder, y solo esto puede ser la base de la verdadera seguridad de la democracia”, afirmó Zelenski.

Para esta cumbre, virtual en su mayor parte, el presidente estadounidense invitó a 121 líderes, incluidos los primeros ministros de Israel e India pese a las acusaciones de creciente autoritarismo que pesan sobre ellos.

Biden se negó a invitar a algunos gobernantes, como el turco Recep Tayyip Erdogan, que se presenta a la reelección en mayo después de dos décadas en el poder, y al primer ministro húngaro Viktor Orban, un crítico de los valores liberales.

Tampoco invitó a algunos de sus aliados cercanos como Bangladés, Singapur y Tailandia.

China, al que Estados Unidos considera el único adversario a largo plazo del orden internacional liberal, estimó que la cumbre “aumenta la confrontación” y “avivará la división en nombre de la democracia”.

El fiscal general estadounidense, Merrick Garland, aseguró este martes que Estados Unidos necesita que México coopere en todas las fases del tráfico de fentanilo para poder acabar con este problema.

“Necesitamos que México actúe en cada etapa. Que destruya los laboratorios (…) Que tome medidas enérgicas contra los cárteles, contra las compras de precursores químicos por parte de compañías mexicanas y contra las ventas por parte de las chinas”, dijo ante el subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y otras agencias en el Senado.

El fiscal también reconoció que Estados Unidos “tiene responsabilidades” para evitar la entrega de armas desde el país a los cárteles en México.

Recordemos que el fentanilo fue uno de los temas principales en la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebró en enero pasado en la Ciudad de México y que reunió a los presidentes Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Joe Biden y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Pese a lo que se ha dicho en México, desde Washington se reitera que es un problema que no afecta solo a Estados Unidos, sino a todos los países.

Sin embargo, López Obrador señaló a principios de mes que México ni fabrica ni consume ese potente opiáceo sintético, aunque días más tarde corrigió y terminó reconociendo el problema, aunque insiste en que no es de la misma magnitud que en el país vecino.

La comparecencia de Garland estuvo centrada en el presupuesto del Departamento de Justicia para el año fiscal 2024, que abarca del 1 octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024.

De los 39,700 de dólares millones solicitados al Congreso, 2,700 van dirigidos a la lucha de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra los cárteles y el flujo de “droga mortal” en el país.

Según el testimonio escrito facilitado antes de su intervención, el Departamento de Justicia “usa todas las herramientas a su disposición para salvar vidas y sacar el fentanilo” de las comunidades, un esfuerzo que incluye el desmantelamiento de cárteles.

El presupuesto solicitado al Congreso incluye 50.3 millones para el trabajo de la División Penal de cara al desmantelamiento de redes de narcotráfico y 202.7 millones para las operaciones antidrogas del FBI, incluidas las centradas en el fentanilo.