Un juez ordenó la tarde de ayer que el destituido presidente peruano Pedro Castillo, continúe detenido, rechazando su apelación mientras las autoridades continúan conformando un caso por rebelión en su contra.

La decisión del juez de la Suprema Corte, César San Martín Castro, ha encendido el descontento social que se ha traducido en violentas protestas que se registran en distintos puntos del país. Grupos ha estado exigiendo la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora y que se programen de inmediato elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y reemplazar a todos los miembros del Congreso.

El anuncio de Castillo del miércoles pasado en televisión nacional de que había disuelto el Congreso por decreto presidencial no fue “un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos”, subrayó el juez.

En los próximos días, la fiscalía planea solicitar que Castillo continúe detenido hasta por tres años.

Horas antes, Castillo declaró en su audiencia que había sido detenido “injusta y arbitrariamente”, y agradeció a sus simpatizantes por todo lo que han hecho desde su arresto.

Comparto mis declaraciones durante la audiencia de hoy: "Permítame saludar a todos los presentes y dirigirme al país. Decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón… (1/3)

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 13, 2022

“Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”, declaró Castillo. Posteriormente, en aparente referencia a las violentas protestas a causa de su detención, instó a la policía nacional y a las fuerzas armadas a que “depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”.

Las manifestaciones han sido particularmente violentas afuera de la capital. La Defensoría del Pueblo de Perú redujo ayer a seis el número de personas que han muerto en las protestas que comenzaron el miércoles de la semana pasada.

Todos los decesos se han producido en comunidades rurales empobrecidas, que son bastiones de Castillo. Cuatro de ellos se registraron en Andahuaylas, una remota comunidad rural andina donde los pobres han batallado durante años y donde los votantes apoyaron abrumadoramente a Castillo en la segunda vuelta electoral del año pasado, la cual ganó por 44,000 votos.

El abogado Ronaldo Atencio, quien habló en nombre del equipo jurídico de Castillo, alegó que el mandatario no levantó las armas ni organizó a la población capaz de derrocar al gobierno actual, como lo establece la ley peruana para acusar a alguien de rebelión.

También dijo que Castillo no representa un riesgo de fuga, y que nunca pidió asilo a México, tal como lo confirmó el embajador mexicano y gobierno de nuestro país.

Sin embargo, el juez señaló que la evidencia indica que Castillo fue interceptado en camino a la embajada de México donde se sabe pediría asilo.

Boluarte, compañera de fórmula de Castillo y vicepresidenta, fue juramentada el mismo miércoles como Presidenta. Sin embargo, a inicios de semana, Boluarte cedió en parte a las exigencias de los manifestantes, anunciando en un discurso a nivel nacional que enviaría una propuesta al Congreso para adelantar las elecciones generales a abril de 2024.

Anteriormente había asegurado que pretendía permanecer en el cargo durante los tres años y medio restantes del mandato de Castillo.

La presidenta pidió el martes calma a los manifestantes, explicando que ella no había buscado la presidencia.

“Quiero hacer un llamado a mis hermanos y hermanas de Andahuaylas. Calma, calma por favor”, dijo. “No entiendo por qué mis hermanos… se levantan en contra de su paisana Dina Boluarte cuando yo no he hecho nada para que esa situación exista o se dé”, sostuvo.

Sin embargo, los problemas de Boluarte se extienden más allá de las fronteras de Perú. Diversos gobiernos de la región se han negado a otorgarle su reconocimiento como presidenta.

Los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia cerraron filas en favor de Castillo. Mediante un comunicado conjunto, expresaron su preocupación en torno a su destitución y detención del líder peruano.

Aseguraron que aún lo consideran como el mandatario legítimo de Perú y pidieron respeto a sus derechos humanos y que se le garantice la protección jurídica.

Ha llamado la atención la posición de México, pues aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defiende los principios de la política exterior de nuestro país: no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha sido señalado de injerencia en los asuntos de Perú.

No es la primera vez que a López Obrador se le acusa de intervencionismo. En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ricardo Pascoe, exembajador de México en Cuba, columnista y catedrático de la UNAM, sobre la posición de México en conflictos globales, y si su actuar se apega al discurso del presidente.