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MONTOS

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La Directora Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló los montos que recibirán como compensación las y los consejeros que concluyen sus encargos el próximo 3 de abril, entre ellos el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

En el oficio que se entregó, se detalla la Compensación por Terminación de la Relación Laboral (CTRL) que se asignará. El INE señaló que este tipo de compensación es común en el sistema laboral mexicano, tanto en el ámbito privado como en la esfera pública, pues se contemplan como parte de las liquidaciones relacionadas con la conclusión o la separación del trabajador o servidor público, según corresponda.

Para el período que comprende del 4 de abril de 2014 al 3 de abril del 2023, que es el cargo en que se desempeñaron los consejeros que terminan su encargo, el monto asciende a 1 millón 663 mil 388 pesos.

En el caso del Consejero Presidente, se aclaró que aplica el mismo cálculo para los nueve años en su encargo. Pero debe tomarse en cuenta que fue designado Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral el 15 de diciembre de 2011 sin que, al término de ese encargo, percibiera algún monto de compensación por conclusión del mismo.

Por ello, debe considerarse todo el periodo en que laboró de forma ininterrumpida para el entonces IFE y el actual Instituto Nacional Electoral. Así, el monto que recibirá es de 1 millón 934 mil 380 pesos.

Se recordó que por prohibición constitucional, el consejero presidente, así como las y los consejeros electorales no pueden tener otro empleo, cargo o comisión, a diferencia de lo que acontece con otros servidores públicos, por ejemplo los legisladores, que pueden tener negocios propios.

De igual forma, se detalló que los consejeros tienen prohibido desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular durante los dos años siguientes a la conclusión de sus encargos.

Así: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Margarita Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, no podrán buscar algún cargo público al menos hasta 2025.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que las contrataciones del sector público se han mantenido como una de las áreas de riesgo más importantes para la corrupción y la impunidad aun con la 4T, cuya bandera ha sido el combate a estas prácticas.

Luego de realizar un análisis de todos los contratos de los primeros 9 meses de 2021, disponibles en la plataforma de Compranet, se confirma que las adjudicaciones directas siguen siendo el mecanismo favorito de asignación en el gobierno de López Obrador.

En lo que va del año, 80.4% del total de contrataciones han sido asignadas directamente, mientras que la licitación pública ha sido utilizada en 10.7% de las ocasiones; 5.9% han sido por medio de invitaciones restringidas.

Sin embargo, MCCI alerta que llama la atención un creciente grupo de 3,342 contratos que se han clasificado como “Otros”, que representan el 2.9% del total.

Si se considera el monto total de los contratos, la licitación pública adquiere una preeminencia mayor, pues se han entregado 173,131 millones de pesos por esta vía, o 57.9% de los recursos pagados; mientras que la adjudicación directa se ubica en segundo lugar, pues ha entregado 83,958 millones de pesos o 28.1% del total.

Los contratos catalogados como “Otros” son aún más relevantes en términos de montos, pues dentro de esta categoría se han asignado 27,500 millones de pesos, 9.2% de todos los recursos de los contratos que se han firmado en lo que va de 2021.

Mientras que en años anteriores eran muy pocos, o incluso ninguno, los procedimientos clasificados bajo esta categoría, a partir de 2019, antes de que llegara la pandemia del coronavirus, comenzaron a incrementar los recursos entregados bajo mecanismos que en las bases de datos se reportan como “Otros”, llegando a ser hasta 13.8% en 2020 y que en lo que va de 2021 representan 9.2%, o 27,500 millones de pesos.

Al comparar estos resultados en el tiempo, la cantidad de contratos entregados por adjudicación directa en 2021 mantiene prácticamente la misma proporción que en años y sexenios anteriores, pues al menos desde 2015 esta cifra se ha mantenido alrededor de 80%, pese a que este gobierno prometió dejar de utilizar este mecanismo o cuando menos disminuirlo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga y actualiza de manera recurrente la lista de empresas que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, es decir, aquellas conocidas popularmente como empresas fantasmas. Al comparar la lista definitiva de estas empresas y buscar las coincidencias en las contrataciones públicas mediante el Registro Federal de Contribuyentes, se han identificado 52 contratos con empresas fantasma de 2019 a la fecha por un monto de 162 millones.

La gran mayoría de estas contrataciones usaron procedimientos de adjudicación directa: el 51% (27 contratos) fueron entregadas por este tipo de procedimientos, 21% (11) por licitación restringida y 28% (14) fueron licitados públicamente. En segundo lugar, sólo dos contratos fueron terminados anticipadamente a pesar de que 12 se realizaron cuando la empresa ya había sido incluida en la lista de empresas fantasmas que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los contratos celebrados con empresas fantasma desde 2019 han sido realizados por 20 dependencias. La institución que ha adjudicado los mayores montos a empresas fantasmas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por un monto de 108.5 millones. Tal cifra representa el 67% del total de este tipo de contrataciones. Después de este caso, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó 14 contrataciones con empresas fantasmas por 14.6 millones, lo cual la convierte como la dependencia con mayor número de procedimientos con estas empresas y la segunda con mayor monto. En tercer lugar, el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional realizó siete contratos por un monto de 7.9 millones de pesos con estas empresas.

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este miércoles que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) rectificara su informe sobre las supuestas anomalías en el gasto público, especialmente en lo que se refiere al costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

López Obrador negó haber presionado al organismo para que admitiera sus errores, tal como han acusado sus detractores.

“En el caso de la auditoría se equivocaron en sus cuentas, celebro que hayan rectificado. Imagínense, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco un 75% más, entonces reconocieron el error”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Recordemos que el sábado, la ASF presentó ante la Cámara de Diputados la tercera parte de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año del gobierno de López Obrador y en donde se encontraron irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios.

En ese informe, se detalló que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, una obra iniciada en la pasada administración, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

López Obrador calificó de “exagerada” la auditoría, y aseguró tener “otros datos”; acusó al organismo de estar “dando mal la información a los ciudadanos” y a la oposición.

Tras los señalamientos del presidente, la ASF publicó un comunicado en el que admitió “que existen inconsistencias” en su informe y garantizó “una revisión exhaustiva”, lo que se interpretó como que el organismo se había doblegado ante la presión del mandatario.

“La auditoría aclaró y luego toda esta prensa vendida, alquilada a grupos de intereses, empezó a manejar de que yo había presionado a la Auditoría de la Federación, casi que les había torturado para que se retractaran”, dijo AMLO.

López Obrador acusó a medios nacionales y extranjeros de ser “prensa conservadora y corrupta” y de buscar un “festín” en el informe de la Auditoría.

Sobre las inconsistencias que la ASF reconoció, fue el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien indicó que desde la secretaría están muy atentos a las correcciones que se harán, pues el error se debió a la no utilización de criterios contables básicos y criterios financieros elementales.

En un video publicado en sus redes sociales, Herrera indicó que el monto dado a conocer por la ASF del costo de la cancelación fue de 331,996 millones de pesos, dato que sorprendió dada la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían dado con anterioridad.

Indicó que se construyó con base a la información de la ASF, un cuadro donde se detectó que los 331 millones de pesos están básicamente desglosados en dos categorías: algunos gastos asociados a las inversiones que no se van a poder recuperar, con costos asociados a las operaciones financieras; mencionó los casos de la FIBRA E, la recompra de bonos, y los bonos de circulación que hay.

Explicó que el total de estos costos son alrededor de 253,000 millones que representan más o menos el 75% de todo el costo asociado a la cancelación de Texcoco. Arturo Herrera afirmó que “ninguno de estos costos existen”.

Al señalar que en toda auditoria o en cualquier reporte puede haber discrepancias metodológicas, en el caso del reporte de la ASF las diferencias se debieron a la no utilización de criterios contables básicos, y de criterios financieros extraordinariamente elementales.

“Eso es difícil de entender proveniente de una institución ordinariamente experimentada, y por ello nosotros no sabemos muy bien a qué se debe: o hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte”, sostuvo el funcionario.