Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que las contrataciones del sector público se han mantenido como una de las áreas de riesgo más importantes para la corrupción y la impunidad aun con la 4T, cuya bandera ha sido el combate a estas prácticas.

Luego de realizar un análisis de todos los contratos de los primeros 9 meses de 2021, disponibles en la plataforma de Compranet, se confirma que las adjudicaciones directas siguen siendo el mecanismo favorito de asignación en el gobierno de López Obrador.

En lo que va del año, 80.4% del total de contrataciones han sido asignadas directamente, mientras que la licitación pública ha sido utilizada en 10.7% de las ocasiones; 5.9% han sido por medio de invitaciones restringidas.

Sin embargo, MCCI alerta que llama la atención un creciente grupo de 3,342 contratos que se han clasificado como «Otros», que representan el 2.9% del total.

Si se considera el monto total de los contratos, la licitación pública adquiere una preeminencia mayor, pues se han entregado 173,131 millones de pesos por esta vía, o 57.9% de los recursos pagados; mientras que la adjudicación directa se ubica en segundo lugar, pues ha entregado 83,958 millones de pesos o 28.1% del total.

Los contratos catalogados como «Otros» son aún más relevantes en términos de montos, pues dentro de esta categoría se han asignado 27,500 millones de pesos, 9.2% de todos los recursos de los contratos que se han firmado en lo que va de 2021.

Mientras que en años anteriores eran muy pocos, o incluso ninguno, los procedimientos clasificados bajo esta categoría, a partir de 2019, antes de que llegara la pandemia del coronavirus, comenzaron a incrementar los recursos entregados bajo mecanismos que en las bases de datos se reportan como «Otros», llegando a ser hasta 13.8% en 2020 y que en lo que va de 2021 representan 9.2%, o 27,500 millones de pesos.

Al comparar estos resultados en el tiempo, la cantidad de contratos entregados por adjudicación directa en 2021 mantiene prácticamente la misma proporción que en años y sexenios anteriores, pues al menos desde 2015 esta cifra se ha mantenido alrededor de 80%, pese a que este gobierno prometió dejar de utilizar este mecanismo o cuando menos disminuirlo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga y actualiza de manera recurrente la lista de empresas que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, es decir, aquellas conocidas popularmente como empresas fantasmas. Al comparar la lista definitiva de estas empresas y buscar las coincidencias en las contrataciones públicas mediante el Registro Federal de Contribuyentes, se han identificado 52 contratos con empresas fantasma de 2019 a la fecha por un monto de 162 millones.

La gran mayoría de estas contrataciones usaron procedimientos de adjudicación directa: el 51% (27 contratos) fueron entregadas por este tipo de procedimientos, 21% (11) por licitación restringida y 28% (14) fueron licitados públicamente. En segundo lugar, sólo dos contratos fueron terminados anticipadamente a pesar de que 12 se realizaron cuando la empresa ya había sido incluida en la lista de empresas fantasmas que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los contratos celebrados con empresas fantasma desde 2019 han sido realizados por 20 dependencias. La institución que ha adjudicado los mayores montos a empresas fantasmas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por un monto de 108.5 millones. Tal cifra representa el 67% del total de este tipo de contrataciones. Después de este caso, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó 14 contrataciones con empresas fantasmas por 14.6 millones, lo cual la convierte como la dependencia con mayor número de procedimientos con estas empresas y la segunda con mayor monto. En tercer lugar, el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional realizó siete contratos por un monto de 7.9 millones de pesos con estas empresas.

Investigación completa en MCCI

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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