La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el tema de los contratos gubernamentales para empresas fantasmas no fue algo que acabara con la anterior administración, pues pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de desterrar la corrupción, su gobierno ha incurrido en dichas prácticas.

Reporta que tan solo en lo que va de 2019, el gobierno ha entregado cinco contratos por 16.7 millones de pesos a empresas fantasma.

En un trabajo especial, la organización relata los casos en que se benefició a estas empresas. El 7 de febrero de 2019, la oficina del IMSS en Tapachula, Chiapas, anunció una adjudicación directa para la “adquisición de materiales diversos”. Para poder recibir el contrato, la compañía “invitada” tenía que enviar su cotización a través de la plataforma Compranet. Cumplido el requisito, el 14 de febrero la compañía recibió un contrato por 294 mil pesos.

Otro caso: el 31 de diciembre de 2018, la delegación del ISSSTE en Michoacán publicó una convocatoria de licitación pública para la adquisición de material para osteosíntesis (tratamiento de fracturas), material de curación de alta especialidad y material de laboratorio. Tres empresas hicieron preguntas para saber si podían cumplir con los requisitos específicos de la institución, pero solo una de ellas: Desarrollos Biotecnológicos del Bajío (DBB), acabó haciendo una propuesta.

A la licitación también acudió otra compañía, Interacción Biomédica, la cual optó por no hacer preguntas y solo envió su cotización. Después de revisar la documentación y analizar las ofertas, el 21 de enero el ISSSTE determinó que DBB no había cumplido con todos los requisitos, por lo que firmó tres contratos con la única empresa que “resultó solvente, por cumplir con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos”. El monto total asignado fue de 10.8 millones de pesos.

En los dos casos anteriores la empresa ganadora fue Interacción Biomédica S.A. de C.V.

Y aunque no deberían generar mayor controversia la asignación y firma de los contratos, se encontró un “pequeño detalle”: desde el 26 de julio de 2017 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había publicado que Interacción Biomédica S.A. de C.V. era una empresa fantasma.

El 30 de enero de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la convocatoria a una licitación para la verificación de la calidad en las “obras de construcción, modernización, reconstrucción y observación de la Red Carretera Federal” en Sonora. Cinco empresas hicieron preguntas al respecto, para finalmente 18 hacer propuestas económicas. De acuerdo con la convocatoria, los participantes debían entregar varios documentos, uno de ellos, una “constancia de situación fiscal emitida por el SAT, expedida no mayor a 20 días a la fecha de la apertura y presentación de la proposición”. Al recibir las propuestas, tres de los 18 participantes no habían cumplido con dicho requisito.

En la SCT evaluaron las diferentes cotizaciones y documentos, y el 5 de marzo de 2019 emitieron su fallo: ocho empresas fueron desechadas porque incumplían con requisitos de la convocatoria y se consideraron insolventes. De entre las diez restantes, la SCT eligió a la que aseguró “las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes” y firmó un contrato por 6.6 millones de pesos.

La empresa ganadora, Índico RT S.A. de C.V., era una de las licitantes que no había hecho preguntas y que tampoco entregó su constancia del SAT, pues desde el 21 de noviembre de 2018 aparecía en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como una empresa fantasma.