Vidal Llerenas
Los ajustes por 70 mil 800 millones de pesos que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos, no resuelven los problemas importantes como la caída en la inversión directa, que apenas supera el punto y medio del PIB. En términos reales, con respecto a 2017; aumenta el presupuesto de Defensa, Marina, y el de Gobernación, es decir, lo que tiene que ver con seguridad. No es el caso en la procuración de justicia, que tiene un ligero decremento. Los estados son de nuevo ganadores, en parte porque como país, recaudamos menos por vender petróleo, que se participa menos a las entidades, sin embargo ahora gravamos más las gasolinas, por lo que las participaciones a las entidades crecen más de 4%.
En relación con 2017, pierden rubros como el de comunicaciones y transportes, salud, turismo, agricultura, economía, Conacyt y desarrollo social. Se consolida la tendencia de los últimos años de disminuir el gasto social y de promoción económica, pero con aumentos importantes en el gasto de seguridad, aunque todavía no se establecen mecanismos de evaluación de su desempleo; por ejemplo, gastamos más en seguridad pero crecen los delitos violentos.
Llama poderosamente la atención el incremento de 49 mmdp, casi 50% más de lo originalmente presupuestado, del famoso ramo 33. Son varias las explicaciones de dicho incremento. Uno es que persisten las asignaciones de gasto por parte las fracciones parlamentarias a proyectos de estados y municipios. La diferencia es que ahora la mayoría de éstas no se establecieron de manera explícita en el decreto, para eso se creó un fondo de desarrollo regional con 17 mil 800 mdp y otro de programas regionales de 2 mil 800 mdp. Se creó un fondo de reconstrucción de 2 mil 500 mdp, lo cual fue solicitado por todas las fracciones parlamentarias, pero también un extraño fondo de Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Mantenimiento del Estado de México por mil 500 mdp. No conocemos sus reglas de operación y la razón por lo que solamente opere en esa entidad.
Aparentemente el tema de la seguridad en el Edomex es tan serio, que requiere de un fondo especial, al que el resto de las entidades federativas no tienen acceso. Las noticias, en cambio, para la Ciudad de México no son buenas, si bien el fondo de capitalidad será de 2 mil 500 mdp, igual que en 2017, no es como el de 2016 que fue de casi 4 mmdp. En suma, como el gobierno enfrenta un espacio fiscal cada vez más estrecho, en parte porque el costo financiero, resultado del alto endeudamiento de los últimos años, alcanza ya, como en la década de los 90, tres puntos del PIB, entonces hay que reducir los gastos en inversión y sociales.
Por lo tanto, para aprobar el presupuesto, se tiene que conceder a los diputados, vía ramo 23, asignaciones de gasto poco eficientes. Es decir, en este sexenio no mejoró ni un ápice la calidad del gasto del país.
