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El gobierno argentino aseguró que el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta asociación ilícita es una “decisión autónoma” tomada por el Poder Judicial.

 

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio,  dijo a la prensa que la Justicia actúa de manera independiente y cuando procesa a alguien es una decisión autónoma del poder judicial. “Los funcionarios del Ejecutivo no tenemos que tener una opinión oficial”, expresó.

 

Hizo hincapié en que desde que Macri asumió la presidencia, los funcionarios del gobierno han sido “muy claros” respecto a dejar “manos libres” a los jueces para actuar, “investigar los hechos del pasado” y controlar al resto de los poderes.

 

Ayer, el juez federal Claudio Bonadio procesó a la exmandataria y a sus hijos tras dictar como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública. El procesamiento apunta a la sociedad “Los Sauces”, creada en 2006 por Fernández; su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner; y el hijo de ambos, Máximo.

 

 

Por su parte, Cristina Kirchner se mostró muy crítica a través de las redes sociales y cargó contra el magistrado y el Gobierno de Macri, a quienes acusó de poner en marcha “montajes mediático-judiciales” en su contra.

 

Corte prohíbe la salida del país  y ordenó embargo contra la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos tras dictar su procesamiento como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.

 

El juez federal Claudio Bonadio procesó a los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López, y a Romina Mercado, sobrina de la ex mandataria quien fue presidenta desde 2015 de la sociedad Los Sauces, y al fallecido ex jefe de Estado Néstor Kirchner (2003-2007).

 

Los indicios aseguran que pudo utilizarse esta empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y su hijo Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de Báez y López, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.

 

Por ello, la corte  ordenó un embargo por 8. 44 millones de dólares por tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe, el cual concurre en el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por ser funcionario público.

 

La investigación inició en abril de 2016 por una denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.

 

 

Con información de Agencias /Foto: Facebook