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Una jornada de protesta a las afueras de Palacio Nacional escaló la tarde este lunes, cuando un grupo de manifestantes, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, lanzó petardos hacia la fachada del edificio, dejando 26 policías heridos, según informes de las autoridades locales.

La protesta, en reclamo de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de en 2014, se dio a cinco días de la polémica decisión de un tribunal federal que ordenó la excarcelación de ocho militares.

Los ocho militares, que estaban detenidos desde el año pasado procesados por lo ocurrido hace casi diez años en Iguala, Guerrero, fueron liberados a finales de enero y poco después fueron nuevamente apresados para enfrentar un juicio por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

El juez dispuso la semana pasada su liberación para que puedan defenderse en libertad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) dijo en un comunicado que durante la protesta resultaron lesionados 26 uniformados por petardos que lanzaron manifestantes.

Los policías presentaron heridas en su mayoría en las piernas, los brazos y los glúteos y debieron ser trasladados a distintos hospitales, precisó la dependencia.

Es la segunda protesta que escala en Palacio Nacional. Hace dos meses hubo otra protesta, con manifestantes vinculados a la escuela normal de Ayotzinapa, cuando derribaron con la ayuda de una camioneta de la CFE una de las puertas de Palacio cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrecía su habitual conferencia de prensa matutina.

Y es que desde hace varios meses, estudiantes de Ayotzinapa y los familiares de los jóvenes desaparecidos han aumentado los reclamos al Gobierno federal y en especial al presidente López Obrador, para que los cumpla su promesa de saber qué paso, además de que la exigencia es que los reciba y se aceleren las investigaciones del caso.

López Obrador ha desestimado las protestas y ha acusado a activistas y abogados de estar manipulando a los familiares de los estudiantes desaparecidos para ponerlos en contra de su Gobierno.

Desde que López Obrador asumió en 2018, se comprometió a esclarecer el caso y a localizar a los 43 estudiantes, pero las investigaciones no han tenido mayores avances pese a que han sido detenidos algunos exfuncionarios y militares.

A casi diez años de los eventos ocurridos en Iguala, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de los jóvenes y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel local que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos militares.

La Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación (Interior) analiza 35 cuerpos de entre unos 2,000 acumulados por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG), para ubicar un hallazgo que indique que pertenecen a los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

Un grupo de padres de los estudiantes desaparecidos se movilizaron del plantón de seis días que mantienen en el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional, rumbo a la Secretaría de Gobernación para reunirse con el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra.

“Nos dijeron que la Fiscalía de Guerrero encontró 2,000 cuerpos en la ciudad de Iguala y alrededores y con motivo de esos hallazgos, la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa pidió que le permitieran hacer análisis de algunos cuerpos”, informó el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, a medios a la salida de la reunión.

Agregó que primeramente le entregaron 132 cuerpos en características y edades de los estudiantes y tras una selección dijeron que solo examinarían 35.

“Hasta ahora solo un cuerpo fue estudiado y con resultados negativos para alguno de los estudiantes”, agregó Rosales y precisó que la Fiscalía Especial no ha permitido al Equipo Argentino de Antropología Forense participar en el análisis de los cuerpos.

El pasado viernes, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos marcharon e instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, que retirarán mañana 1 de mayo, para exigir justicia y el esclarecimiento del caso, que este 2024 cumple 10 años.

Además, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reunirse con ellos antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio para que les informe los avances de las investigaciones.

La movilización, parte de la Acción Global 115 por Ayotzinapa, se dio del Ángel de la Independencia hasta la plancha del Zócalo.

Ese mismo viernes, el presidente López Obrador reafirmó que no habrá carpetazo en el caso Ayotzinapa, por lo que el Gobierno federal continúa las indagatorias a fin de conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

El mandatario ha señalado que, tras la jornada electoral del 2 de junio, recibirá a las madres y padres de los 43 estudiantes para presentarles más avances de las investigaciones.

Los padres y estudiantes de Ayotzinapa han manifestado en sus últimas protestas que López Obrador no ha cumplido su promesa de resolver la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó este viernes a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien aceptó la renuncia de dos funcionarios, además de pedir la remoción de la fiscal estatal, luego de la crisis por el asesinato de un normalista de Ayotzinapa a manos de la Policía Estatal.

“Nosotros la apoyamos, a la gobernadora de Guerrero, que no está sola”, respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema.

AMLO se refirió a la polémica que desató la decisión de Salgado quien, tras el asesinato del joven normalista el jueves de la semana pasada, aceptó la renuncia de los secretarios de Seguridad Pública, Rolando Solano, y de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso.

La mandataria estatal, de Morena, también planteó cesar a la fiscal general del estado, Sandra Luz Gómez, quien argumentó que no puede hacerlo porque es un órgano autónomo.

“También están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo la remoción de la fiscal estatal porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad, cero impunidad, se va a investigar a todos”, comentó ahora López Obrador.

La destitución de los altos mandos de seguridad era una exigencia de la familia del estudiante asesinado, Yanqui Khotan Goméz, y sus compañeros porque las autoridades primero afirmaron que el joven habría disparado un arma y estaba drogado, lo que se demostró que era falso.

Hasta ahora, dos policías involucrados están en prisión preventiva. En tanto, está prófugo el presunto autor material del asesinato, identificado como el policía estatal David ‘N’.

Los hechos han desatado protestas esta semana, principalmente en Chilpancingo, capital del estado, contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se registraron destrozos, 11 vehículos quemados y al menos 24 agentes de la Guardia Nacional lesionados.

La polémica se ha recrudecido ante los señalamientos de que López Obrador no ha resuelto, como prometió en campaña, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014.

El mandatario enfatizó que su Gobierno “no encubre a nadie” y, según él, no se fabrican delitos, no hay tortura ni se reprime.

“Estamos garantizando la paz y la tranquilidad. Otra cosa, no caemos en provocación. Y se burlan de que (el lema es) ‘abrazos, no balazos’, pero ahí están los resultados, estamos bajando el número de homicidios en el país”, sostuvo este viernes.

Estudiantes de Ayotzinapa exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la destitución del secretario de Seguridad Pública en el estado de Guerrero, Rolando Solano, tras el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta el pasado 7 de marzo.

Las demandas de los normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se dieron en medio de bloqueos en vías principales de comunicación, la toma de vehículos oficiales y la demanda al mandatario, tras dar el anuncio de su muerte, de no utilizar la tragedia para limpiar su nombre.

Los normalistas, acompañados por integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), llegaron a la capital del estado a bordo de seis autobuses para llevar a cabo una manifestación sobre la autopista del ‘Sol’, en la salida que conduce al puerto de Acapulco.

Los jóvenes, con el rostro cubierto, dejaron un carril de circulación en ambos sentidos de esa vía de cuota para distribuir volantes informativos a los conductores, en los que denunciaron que el asesinato de su compañero no fue un hecho aislado, pues horas antes, otros dos compañeros fueron detenidos y amenazados sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla.

En una de las concentraciones, uno de los normalistas criticó que el presidente no se ha tomado la molestia de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes, y ahora con este caso quiere hacerse su amigo.

“Quiere limpiar su nombre diciendo que la policía sí tuvo que ver, diciendo que él va a esclarecer este hecho. ¡Qué incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador queriendo limpiar su nombre a pocos meses de terminar su sexenio! Sabemos que no lo hace por ser empático, por saber la verdad de nuestro camarada, por tener justicia, sino que lo hace para poder salir limpio, para que no existan represalias contra su Gobierno”, expresó el joven.

Durante las protestas, los normalistas retuvieron dos camionetas, una del Gobierno federal y otra del Gobierno estatal, así como tres autobuses de diferentes líneas comerciales.

En el escrito de seis puntos que repartieron en su protesta, los normalistas reiteraron que la escena del crimen fue alterada por la Policía Estatal, quien manipuló y falseó la información.

También expresan que lo largo de la historia han sido asesinados 11 estudiantes de la normal rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y consideran que ser joven y estudiante de esta los convierte “en un blanco de odio desmedido”.

Los jóvenes exigen el esclarecimiento de los hechos del 7 de marzo, castigo a los autores materiales e intelectuales, la destitución del secretario, y del coordinador de la Policía Estatal. Piden el alto al hostigamiento y a la presión estudiantil de parte de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, el cese a la incriminación de las víctimas de los ataques, y la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde 2014.

Por su parte la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, compartió en sus redes sociales que su gobierno coadyuvará con las investigaciones. Confirmó que se reunió con el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la normal de Ayotzinapa.

Dijo que se comprometió con los jóvenes estudiantes con el esclarecimiento del caso, además de que prometió, habrá justicia y no habrá impunidad.

También confirmó que se reunió con la madre del joven asesinado, a quien le expresó su solidaridad y apoyo, y ofreció el acompañamiento en este proceso. “El compromiso tanto con la familia como con los jovenes de la normal Raúl Isidro Burgos no queden en la impunidad y se siente el precedente que este Gobierno no defenderá nada, ni a nadie que haya actuado fuera de la ley”, sostuvo.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que investiga a policías estatales por el homicidio calificado de un estudiante de Ayotzinapa, mientras que la FGR decidió atraer el caso y ha adelantado que ha encontrado indicios suficientes sobre delitos de violación de derechos humanos.

Al menos un estudiante murió como resultado de un nuevo enfrentamiento entre estudiantes normalistas de Ayotzinapa y autoridades estatales la noche de ayer en Chilpancingo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, a las 20:45 horas un arco detector del Registro Público Vehicular (Repuve), instalado en la carretera Tixtla-Chilpancingo, ubicó una camioneta blanca con reporte de robo.

Detalló que al pedir que se detuviera el vehículo, el conductor se negó, por lo que la policía disparó.

La camioneta era conducida por estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa: uno de ellos, el conductor, perdió la vida y uno más resultó herido.

Según el comunicado de la SSP de Guerrero, en la camioneta se localizó un arma de fuego corta y cartuchos útiles, tres bolsas de una sustancia cristalina y cervezas; sin embargo, los normalistas denunciaron que les “fue sembrado”.

La corporación policíaca informó que el otro joven fue detenido.

En respuesta al ataque, normalistas a bordo de tres autobuses y dos camionetas, retuvieron a la patrulla de la Policía Estatal marcada con el número 732, que estaba frente al cuartel de la Policía Preventiva Municipal y la incendiaron en la transitada avenida Insurgentes.

En tanto, efectivos de la Guardia Nacional resguardan las instalaciones de las oficinas del Poder Ejecutivo ante posibles movilizaciones de los normalistas.

El nuevo ataque a los normalistas se da en el contexto de su reciente protesta en la Ciudad de México, en donde el miércoles derribaron una puerta de Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que reciba a los familiares de los 43 compañeros desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

López Obrador acusó a los abogados y organismos defensores de derechos humanos de querer provocar y retrasar las investigaciones, manipulados por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Al respecto, los padres y madres respondieron en conferencia de prensa este jueves, en la escuela normal de Ayotzinapa, que no aceptarán un diálogo con López Obrador si no es con sus abogados, a quienes defendieron.

¿Qué hay detrás de las nuevas protestas? Ana Paula Ordorica platica con Emilio Álvarez Icaza sobre el caso Ayotzinapa, y cómo el presidente no ha cumplido su promesa de verdad y justicia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este jueves que hay “mano negra” de la oposición detrás de las protestas de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ayer derribaron una puerta del Palacio Nacional mientras el mandatario se encontraba adentro.

“Al difundir tanto un hecho de esa naturaleza nos ayuda a que la gente, que ya tiene mucha consciencia, advierta de que en estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación”, declaró López Obrador desde Tamaulipas.

El mandatario aseguró que sus “adversarios están desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer” en medio de las campañas presidenciales.

“La verdad es que es muy justa la demanda de los padres y de las madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero ya se han montado en este asunto grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación”, señaló.

Los manifestantes, quienes acusan a López Obrador de no resolver el caso por dar protección a los militares involucrados, tomaron ayer una camioneta de la CFE que utilizaron para tirar una de las puertas principales del Palacio Nacional. Al interior del inmueble, el presidente encabeza la conferencia matutina.

Los estudiantes de Ayotzinapa protestan porque López Obrador no ha cumplido su promesa de resolver la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Aunque sugirió que detrás de las protestas podría haber “mercenarios” o “porros” reclutados por opositores, el mandatario prometió que “va a haber diálogo” con las familias de los desaparecidos, pero indicó que no le “dan confianza los intermediarios”.

Además, expresó que le “llamó mucho la atención que llegaron a la Ciudad de México hace como una semana” los manifestantes, quienes “empezaron con actos de provocación en la Fiscalía (General de la República), en la Lotería Nacional, y a romper vidrios en la Secretaría de Gobernación”.

“Y se ponen enfrente del Palacio y de repente antier llegan como seis camiones o más a querer entrar por la fuerza para dar nota a los medios que están al servicio del conservadurismo, de la mafia del poder económico y político que no quiere que continúe la transformación, es muy claro”, acusó.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien el presidente señaló de ser quien manipula a los inconformes que ayer entraron por la fuerza a Palacio Nacional.

La candidata a la presidencia de la República de la coalición PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abrir las puertas de Palacio Nacional a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y decirles con total franqueza qué fue lo que pasó aquel 26 de septiembre de 2014.

“Lo único que pedían era un encuentro con el Presidente, lo único que pedían era ser escuchados y que el Presidente les diga la verdad. Tan fácil que es que el Presidente les diga ¿qué pasó? La verdad, él la sabe, pues creo que los papás la van a entender y en ese sentido pues, creo que sería lógico que el Presidente les abriera las puertas a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo durante un acto político en Villahermosa, Tabasco.

La aspirante presidencial aprovechó para recordar que el año pasado, López Obrador también le cerró a ella la puerta de Palacio Nacional, cuando buscó hacer valer su derecho de réplica.

“Ustedes saben cuál fue mi caso: con un amparo en la mano fui a tocar la puerta de Palacio Nacional, no me la abrió, pero tampoco se la abrió a los papás de los niños con cáncer, tampoco se la abrió a las madres buscadoras, no se la abrió a las mujeres, al contrario, seguramente mañana va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional”, sostuvo.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien el presidente señaló de ser quien manipula a los inconformes que ayer entraron por la fuerza a Palacio Nacional, exigiendo ser recibidos por el presidente para conocer los avances de la investigación sobre la desaparición de los normalistas.

Aprovechando su visita a Tabasco, Gálvez Ruiz afirmó que de llegar a la Presidencia investigará, auditará y castigará a los responsables del sobrecosto de la refinería de Dos Bocas que se construyó durante este sexenio.

Lamentó que esta obra, emblema del Gobierno Federal, contemplaba una inversión de 160 mil millones de pesos, pero ya costó más de 400 mil millones de pesos.

La hidalguense aseguró a los tabasqueños que van a tener a la Presidenta de la República más valiente que han tenido, que no le dará abrazos a los delincuentes.

Llamó la atención que como parte de su mensaje, la candidata presidencial dijo que “a alguien en el Palacio se le va a revolver el estómago hoy”, en referencia a López Obrador.

Y es que explicó que aunque le aconsejaron no visitar Tabasco, bajo el argumento de que “allá todos están con López Obrador”, ella decidió visitar el estado natal del presidente.

Pero miren, no les hice caso ¡Aquí estoy! Estoy caminando las calles, estoy convenciendo persona por persona, porque yo sé que muchos de ustedes dieron la confianza, muchos creían que le iba a ir bien a México. Muchos nos fuimos con la idea, ¿pero qué paso? Dividió, polarizo, convocó al odio y la inseguridad se apodero de Tabasco”, lamentó la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Una jueza federal revocó la prisión preventiva impuesta a ocho militares acusados de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, permitiéndoles que sigan su juicio en libertad con el pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados.

Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, explicó que los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe al caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.

“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.

Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un general, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército, agregó Aguirre. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.

A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.

La participación de las Fuerzas Armadas está confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso ocho años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ha dado cada vez más poder a los militares, insiste en que los involucrados son sólo de un puñado de elementos aunque durante su gobierno se calificó el ataque como un “crimen de Estado”.

Los expertos internacionales y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de las Fuerzas Armadas fue mucho mayor, no sólo en el ataque sino en la posterior obstrucción a la justicia.

El problema, denunciaron, es que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para el esclarecimiento de los hechos.

La excarcelación de los ochos militares llega poco más de una semana después que las familias de los 43 amenazaran el jueves con romper el diálogo con el gobierno si no les entregaban los documentos militares que faltan, que llevan exigiendo un año y que provocó que los expertos de la CIDH dejaran el país en julio por este motivo.

Hasta ahora el procesado de mayor rango es el exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada y en prisión preventiva.

En noviembre, un juez federal le concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria por cuestiones de salud pero sigue encarcelado porque tal decisión solo afectaba a uno de los varios casos que hay en su contra.

López Obrador se comprometió a esclarecer el caso antes del fin de su mandato, el próximo 1 de octubre, pero los padres de los desaparecidos confían cada vez menos en él.

En respuesta, la FGR anunció que impugnará la decisión de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo que ordenó revocar la orden de prisión preventiva emitida contra los ocho militares al considerar que ya no existe riesgo de fuga para ninguno de los imputados.

Tras conocer la decisión, el organismo ha mostrado su rechazo “tajante” a la estipulación de la jueza y de los magistrados del tribunal: Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, de “desconocer las resoluciones” de los jueces que determinaron prisión preventiva y conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen” a través de una “secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y la protección de las víctimas”.

El Ministerio Público ha subrayado que estos procedimientos de amparo generan una “evidente situación de injusticia” que afecta a los desaparecidos, sus familias, su seguridad “y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas”.

Asimismo, ha denunciado que “esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, se utiliza por algunos medios (de comunicación) de manera parcial y engañosa”: “Esta distorsión mediática se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años”, indicó en un comunicado.

La Fiscalía denunció que este tipo de casos “vinculan con toda claridad despachos de abogados, relaciones
personales o familiares, autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos que han sido exhibidos públicamente y que se dedican a distorsionar la justicia, traficar influencias y a descalificar las tareas del Estado y de sus instituciones, todo ello por razones aviesas y de voracidad patrimonial”.

Las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 amenazaron con romper el diálogo con el Gobierno si no les entregan los 800 documentos de inteligencia militar que llevan exigiendo por más de un año, que aseguran podrían tener información clave sobre la desaparición.

Según denunciaron los padres y sus abogados, desde que se presentó la exigencia, lo único que han conseguido son mentiras, intentos de las autoridades de dividir al grupo, ofertas engañosas de apertura de los archivos y un trato que les recuerda a la Gobierno anterior.

Después de meses de diferencias, los padres se salieron de una reunión de la Comisión de la Verdad a la que habían sido convocados y exigieron ser recibidos de nuevo por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aunque, afirmaron, su confianza en él ya casi no existe.

“Señor Presidente, no nos niegue el derecho a saber el paradero de nuestros hijos”, dijo Mario González, padre de uno de los 43 desaparecidos. “Firmó un decreto presidencial donde nos daba todas las facilidades y no cumplió absolutamente nada su palabra”. “¿Cuál es el cambio?”, preguntó en referencia a la administración de Enrique Peña Nieto.

Y es que recordemos que López Obrador se comprometió a resolver el caso nada más llegar al poder. Y pese a la creación de la Comisión de la Verdad, de haber calificado el ataque contra los jóvenes como un “crimen de Estado”, de que la Fiscalía General reconociera que la anterior administración armó toda una trama para obstruir el acceso a la justicia, de sumar pruebas, detenciones y procesos judiciales, el caso sigue sin esclarecerse.

Según las críticas de los padres, la principal traba sigue: las Fuerzas Armadas. Aunque más de una docena de militares están detenidos y procesados, lo que para el presidente es una muestra de que no habrá impunidad, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  dejaron el país alegando que los militares seguían ocultando información clave.

Cuando falta menos de un año para el fin de la administración, padres, madres y abogados advirtieron un panorama desolador.

Tras abandonar la reunión, encabezaron una conferencia de prensa donde estaban los familiares de casi todos los desaparecidos incluidas un par de madres que denunciaron cómo sus exesposos se habían pasado al otro bando.

El Ejército estuvo al tanto del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, según confirmó un adendum al segundo informe dado a conocer por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

“El Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos”, dice el documento emitido por la Comisión para la Verdad (COVAJ), que indaga el caso.

Según el reporte, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a la que pertenece el Ejército, hacía seguimiento a miembros del grupo armado que cometió el crimen con la complicidad de agentes del Estado.

“La Sedena tenía identificados y hacía seguimiento con anterioridad a los hechos, a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos y cuya información es de interés para continuar con la investigación”, se lee en el documento.

Recordemos que un informe previo de la COVAJ presentado el pasado 27 de septiembre, justo cuando se cumplieron 9 años de la desaparición, señalaba que la participación por acción u omisión de autoridades federales, estatales y municipales en el caso constituyó un “crimen de Estado”.

Los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, uno de los más violentos del país debido a enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico.

Los jóvenes habían llegado a Iguala para hacerse de autobuses y utilizarlos para trasladarse a Ciudad de México en donde participarían de una manifestación, cuando fueron perseguidos y atacados por miembros del cártel Guerreros Unidos.

Dicho grupo es acusado de haber perpetrado el crimen en colusión con policías y ante la pasividad de autoridades y oficiales de las Fuerzas Armadas de México.

Durante los últimos años, los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa habían reclamado que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregó información incompleta sobre el caso, en particular sobre la participación del Ejército.

Hasta el momento hay 132 detenidos por el crimen, entre ellos 14 miembros del Ejército y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, quien en un inicio estuvo a cargo de las investigaciones.

Entre las causales que han manejado las autoridades por la desaparición de los estudiantes están que fueron confundidos como miembros de un cártel rival o que fueron víctimas de un “escarmiento” por parte del entonces alcalde de Iguala y de Guerreros Unidos.

También se ha planteado que la presencia de drogas, armas o dinero en los autobuses que tomaron pudo provocar su persecución y muerte. El gobierno fue enfático en señalar que dichas hipótesis “no son necesariamente excluyentes”.

Hasta la fecha han sido hallados e identificados los restos de solo tres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron este jueves investigar penalmente a todos los involucrados en los hechos, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“En virtud que hubo una junta de autoridades en la cual participó el expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades de más alto nivel, estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el presidente”, señaló el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en un mensaje a medios.

Desde el plantón que mantiene afuera del Campo Militar 1, reiteraron su exigencia al Gobierno federal para que sea entregada la información que, aseguran, tiene el Ejército y que ayudará a seguir con la investigación.

“No sabemos qué contienen esos folios de la información que está en los archivos militares, pero estamos seguros que está relacionada con el paradero (de los 43)”, dijo Rosales.

Los familiares pidieron indagar a quienes aparecen en los archivos presentados hasta ahora, incluido el actual aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, Omar García Harfuch.

Según ellos, García Harfuch también participó en la creación de la llamada “Verdad Histórica”, la polémica versión con la que el gobierno de Peña Nieto buscó dar por terminada la investigación.

Además, denunciaron que el exprocurador Jesús Murilllo Karam, ahora detenido, no pudo actuar sin una orden directa de Peña Nieto.

“Ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción, debe investigarse a todas esas autoridades que participaron en la construcción”, insistió el abogado.

Los padres pidieron que López Obrador cumpla con la promesa de entregar la verdad, pues afirmaron que no les han dado ninguna razón sobre el paradero de los jóvenes, como prometió el mandatario desde su campaña en 2018.

Los padres anunciaron el levantamiento del plantón, pero recalcaron que regresarán si no reciben la información necesaria.

Las familias, que en un inicio respaldaron al presidente en su aspiración presidencial en 2018, ahora lo acusan de proteger al Ejército, por lo que también anunciaron que evaluarán en próximos meses el encubrimiento del Gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) Admitió tener “diferencias” sobre el rol del Ejército con las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, hecho que cumple 9 años sin resolverse en medio de señalamientos contra las Fuerzas Armadas por obstruir la investigación.

“Tenemos diferencias, ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer el lamentable caso de Ayotzinapa”, dijo el mandatario.

Los padres de los desaparecidos acusaron ayer al presidente, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, quien aseguran, no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, añadió López Obrador.

Según el mandatario, los padres se negaron la tarde de ayer a recibir un informe que él les envió en el que prometió un reporte del Ejército sobre cuántas fojas y expedientes se han entregado, el compromiso de buscar más documentos, y la publicación de las grabaciones que compartió Estados Unidos sobre el caso.

López Obrador prometió publicar toda la información este martes, y atribuyó a la “desesperación” y a la “mala información de los abogados y asesores” de los padres su insistencia de cuestionar a las Fuerzas Armadas.

“Podemos lograr lo más importante, encontrar a los muchachos, porque ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos”, sostuvo López Obrador.

En ese sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al Gobierno federal “colaborar efectivamente y entregar toda la información” sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

“La ONU-DH sostiene que los esfuerzos y avances solo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa”, expuso en un comunicado.

Al presidente López Obrador se le acaba el tiempo para que cumpla con su promesa de resolver el caso como se comprometió, en su último año de mandato, pues su administración terminará en octubre de 2024.

El organismo reconoció que el trabajo de la Comisión de la Verdad y la unidad especial de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) han permitido identificar a 434 actores relevantes, y detener a 132 presuntos responsables, incluyendo a 14 militares.

Pero matizó que “lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no solo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió esta mañana que el Ejército “ha entregado toda la información” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto luego de su reunión con los padres, quienes lo acusaron de proteger a las Fuerzas Armadas.

“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información”, afirmó el mandatario.

Ayer el mandatario se reunió con los familiares de los jóvenes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, en el que los padres le exigieron que deje de encubrir al Ejército porque, según ellos, faltan documentos sobre el caso.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó a la salida de la reunión que “el presidente ha protegido mucho al Ejército desde hace tiempo”. López Obrador defendió el actuar de las Fuerzas Armadas, aunque prometió una revisión.

“Ellos sostienen eso, pero la Defensa sostiene que ya entregó toda la información, y lo que estoy planteando desde ayer es una revisión de todo para que no quede ninguna duda y se pueda decir: ya entregamos toda la información, eso es lo que se tenía. O, en efecto, faltaba entregar otra información, o ya no hay más”, explicó.

El encuentro llegó a días de que se cumpla el noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes, mientras crece la presión para que López Obrador cumpla su promesa de aclarar el caso y conocer el paradero de los normalistas, antes de que termine su mandato, el 1 de octubre de 2024.

“Yo me comprometí con los padres a que íbamos a llegar al fondo y lo vamos a hacer, y me falta un año y estoy trabajando en esto, y por eso quería también la reunión ayer con ellos, para informarles, y quiero entregarles el lunes a cada uno, cada madre y cada padre, un expediente”, añadió.

Y es que explicó que luego del encuentro de ayer, se acordó volverse a reunir el próximo lunes donde darán respuesta a los planteamientos que hicieron ayer. Aclaró que no estará presente en la nueva reunión pues tiene “otras cosas” que atender.

El mandatario prometió que la Secretaría de Gobernación entregará “un acopio” de lo que se ha entregado “para no seguir ahondando diferencias” con los padres y “para que no haya desinformación”. Se comprometió a que los documentos no están “testados o con renglones tachados”.

Cuestionado sobre si se dará a conocer la información que se intercambie con los familiares, López Obrador dijo que una vez que lo tengan, los padres serán libres de hacerlo público.

AMLO argumentó que “esto no es nada más un asunto social, profundamente humanitario”, pues recordó que sus “adversarios” han usado el tema para “dañar” a su Gobierno.

“No queremos que estos falsarios, pseudodefensores de derechos humanos, estén utilizando este lamentable asunto para afectar al Gobierno y en especial al Ejército”, defendió una vez el presidente.

López Obrador defendió los resultados al señalar que hay decenas de militares detenidos, incluyendo dos generales. En ese sentido, se revelaron dos cartas dirigidas al titular de Sedena, donde se le instruye procesar a elementos del Ejército involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes.

Recordemos que la Comisión de la Verdad, creada por el actual gobierno, concluyó el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas, desmintiendo así la llamada Verdad Histórica de la administración pasada.

Siete policías estatales y dos agentes municipales, fueron detenidos este miércoles por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, reportaron autoridades federales y estatales.

La detención ocurrió alrededor del mediodía de ayer, pero se confirmó por la noche por la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPG), que mediante un comunicado anunció su colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se cumplió una orden de aprehensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014”, confirmó la SSPG.

La dependencia precisó que la detención estuvo a cargo la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en cuyo operativo también participó la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con versiones periodísticas, los agentes de la Policía Estatal habrían sido detenidos mientras participaban en un curso en las instalaciones de la Universidad Policial (Unipol) en Chilpancingo, capital del estado.

Tras su detención, los agentes fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la FGR, en donde la vigilancia se mantuvo a cargo de agentes de la Marina y de la AIC, quienes ocuparon vehículos de la misma Policía Estatal. Sobre la detención de los policías de Iguala no se dieron detalles.

Trascendió que hay otras órdenes de aprehensión por ejecutar en contra de miembros de las mismas corporaciones y que se podrían cumplimentar en las próximas horas.

Recordemos que hace un año, en marzo de 2022, fue detenido en Nayarit el militar retirado Leonardo Vázquez Pérez, quien era el secretario de Seguridad Pública de Guerrero durante la desaparición de los estudiantes.

La FGR lo acusa de su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, señalada de participar en el ataque.

Y es que la polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes se reavivó el año pasado, en su octavo aniversario, por el reporte de la Comisión de la Verdad, que los da por muertos. Tiempo después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló inconsistencias.

El encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”, según una nota de The New York Times.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó este miércoles a la Presidencia de la República revelar el expediente que compartió la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los comisionados del INAI determinaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe publicar los documentos que él dijo haber recibido en mayo de 2021, tras una reunión virtual con Harris, sobre los jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014.

“En el INAI impulsamos siempre el principio a la máxima publicidad, ya que el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica es parte de una verdadera reparación del daño”, argumentó la comisionada Norma Julieta del Río.

López Obrador pidió el expediente a Harris como parte de la investigación de la Comisión de la Verdad de se creó en su gobierno, y que en agosto pasado determinó que el caso de Ayotzinapa fue “un crimen de Estado” que involucró a autoridades de todos los niveles, incluyendo militares.

Dicho expediente, entregado por el gobierno de Estados Unidos, incluyen intervenciones telefónicas realizadas en ese país a Guerreros Unidos, que está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas.

El INAI justificó su decisión porque el caso “es emblemático de la crisis en materia de violaciones graves a derechos humanos que ha sufrido” México.

“Quienes integramos este pleno hemos impulsado en todas y cada una de nuestras ponencias la apertura de toda la información relacionada con el caso Ayotzinapa”, añadió la comisionada Del Río.

La polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas se reavivó el año pasado, en su octavo aniversario, por el reporte de la Comisión de la Verdad, que los da por muertos.

Pero, después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló inconsistencias en dicho reporte.

A esto se suma que el encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”, según indicó el diario estadounidense, The New York Times.

Recordemos que según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con el GIEI, que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que hoy es un día de luto nacional, al conmemorarse ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El mandatario reafirmó que el gobierno federal mantiene el compromiso de conocer la verdad sobre este caso.

“Vamos a continuar con la investigación, que se ha avanzado; se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad. Vamos a continuar haciendo justicia”, subrayó en su conferencia matutina.

Como lo ha venido haciendo, López Obrador salió en defensa del Ejército tras las filtraciones de este fin de semana, en relación al papel de los militares en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014, aunque descartó que las detenciones de algunos oficiales puedan afectar a la institución.

AMLO afirmó que los cuatro militares detenidos por el caso, entre ellos un general retirado, deben asumir su responsabilidad, pero sostuvo que “eso no significa que es toda la institución la responsable”.  Atribuyó los ataques al Ejército a acciones que buscan desprestigiarlo.

Y es que recordemos que a mediados de este mes fueron detenidos tres militares, entre ellos el general retirado José Rodríguez Pérez quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones. Hasta la fecha han sido arrestados cuatro integrantes del Ejército por el caso de Ayotzinapa.

Rodríguez Pérez, quien enfrenta un proceso por delincuencia organizada, fue mencionado por el subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la muerte de seis de los 43 normalistas.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad , que difundió este fin de semana en su totalidad Reforma, hay mensajes telefónicos que revelan que hubo militares que manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala.

Al ser preguntado sobre la decisión que tomó a Fiscalía General de la República (FGR) de retirar 21 órdenes de detención por el caso, entre ellas las de 16 militares, López Obrador respondió que se van a investigar esas medidas y admitió que “hay diferencias”, pero optó por no entrar en detalles; se limitó a decir que eso “no quita que la investigación continúe”.

La FGR anunció semanas atrás que había emitido 83 órdenes de detención, entre las que figuraba la del ex Procurador General, Jesús Murillo Karam. Sin embargo, el pasado fin de semana se conoció que el Ministerio Público retiró 21 de esas 83 órdenes.

Tras la polémica que se generó por la publicación del contenido del informe de la Comisión por parte de Reforma, López Obrador afirmó que en esa acción hubo “mala fe”, pero sostuvo que no se deben ocultar las cosas y planteó que hay que revisar por qué se ocultaron algunas partes del informe cuando fue presentado el mes pasado.

“Yo ofrezco disculpas no solo por eso (filtración), sino por todo lo que injustamente hicieron a sus hijos, le ofrezco disculpas a los padres”, expresó el mandatario.

Descartó que la filtración del informe pueda afectar los procesos judiciales por supuesta violación al debido proceso e indicó que un asunto de procedimiento no puede impedir que se haga justicia. “No vamos a dejar de exigir castigo a los responsables”, insistió.

Sostuvo que a pesar de los obstáculos y grupos de intereses creados, el gobierno federal mantiene la voluntad de esclarecer estos hechos bajo la política cero impunidad y cero corrupción.

Hace unos minutos, luego de aplicar movilizaciones “hormiga” en distintos puntos de la Ciudad, comenzó la mega marcha en la CDMX por el octavo aniversario de las desapariciones de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Algunos puntos afectados son: Paseo de la Reforma, distintos puntos del primer cuadro de la Ciudad, Insurgentes, entre otros. Algunos puntos al sur de la capital como Ciudad Universitaria y otros centros de estudios.