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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 “no va a detenerse” ante el reciente reclamo de los familiares, que aún exigen presentarlos con vida.

“Ya está bastante avanzada la investigación, hay muchos elementos, de todas maneras se está pidiendo la opinión del grupo asesor, se están pidiendo otras consultas y no va a detenerse la búsqueda”, sostuvo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen tras la marcha del viernes pasado de los padres de los 43 jóvenes en la que exigieron pruebas “objetivas, científicas e indubitables” de que están muertos, como da por hecho el informe presentado hace dos semanas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

López Obrador, quien creó la Comisión para la Verdad al asumir la presidencia, prometió que “se le va a dar continuidad” a la investigación, porque “es un compromiso con los padres”, pero defendió los hallazgo de la investigación.

“Lo que nos interesa mucho mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos. Sí hay en el informe evidencias, hay declaraciones de lo que hicieron con ellos, cosas muy crueles, pero tiene que tenerse certeza completa”, añadió.

Y es que la polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014 se ha reavivado tras el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.

El mandatario prometió que “de conformidad con la investigación, se sabe quiénes participaron”, por lo que “no va a haber impunidad y todos los que participaron van a ser juzgados”, tanto en su desaparición como en el presunto encubrimiento que hicieron las autoridades del caso.

“Esas órdenes de aprehensión ya se están tramitando ante los jueces y ya se están aplicado. Pero es lo que tiene que ver con los crímenes, sea desaparición, sea asesinato, eso es lo que sucedió con los muchachos, y luego es el encubrimiento”, manifestó.

Al respecto, este lunes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al gobierno federal garantizar la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.

El organismo internacional solicitó en un pronunciamiento que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga “una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas”.

Esto, indicó, para determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas”.

Recordemos que hasta ahora, el detenido de mayor perfil es Jesús Murillo Karam, quien estaba al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el caso, y quien desde el viernes pasado permanece en prisión y fue vinculado a proceso.

La ONU-DH coincidió con el informe en rechazar la llama Verdad Histórica, como se conoce la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que afirmaba que policías corruptos entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Guerrero.

El gobierno federal negó que haya un uso político del informe que presentó la semana la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que concluyó que se trató de un “crimen de Estado”.

“Una de las afirmaciones que se han hecho frecuentemente del informe es que esta es una posición política del Gobierno, y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

El subsecretario defendió el informe, que da por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014 y derivó el viernes pasado en el arresto de Jesús Murillo Karam, entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

El subsecretario reconoció que hay un “contenido político”, pero consiste en “esclarecer un crimen de Estado”. Detalló que las indagatorias se dividen en dos momentos: los antecedentes y hechos de la desaparición y la intervención de autoridades de diferentes órdenes de gobierno que encubrieron el crimen.

Explicó que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa cuenta con 41 mil 168 documentos proporcionados por instituciones como las secretarías de la Defensa Nacional, de Gobernación, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, además de testimonios de sobrevivientes.

Además se llevó a cabo el análisis de comunicaciones con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos durante las horas críticas de la desaparición los días 26 y 27 de septiembre de 2014. El ejercicio permitió ubicar 206 mil registros y 116 números telefónicos de personas clave vinculadas a la red de autoridades y policías municipales.

Alejandro Encinas calificó de “absolutamente falso” el que el informe no diga “nada nuevo” y que solo se base en una fuente de información como los detractores del gobierno, incluido el propio Murillo Karam, han señalado.

Negó que el informe sea igual a la llamada Verdad Histórica, la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

“La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo, era tomar camiones”, aseveró.

Señaló que han descubierto que la orden la dio José Luis Abarca, entonces alcalde del municipio de Iguala, y el grupo criminal Guerreros Unidos en colusión con otras autoridades.

Pese a los avances presumidos, reconoció que aún no identifican dónde están los cuerpos de las 43 víctimas. “¿Dónde están? Por supuesto, fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se está tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas”, añadió.

El subsecretario aclaró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que tiene acceso a toda la información recabada sobre el caso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó esta mañañana que el extiular de la extienda Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, preso desde el pasado viernes por el caso Ayotzinapa, debe hablar, incluso bajo criterios legales que le beneficien.

Durante su conferencia matutina, AMLO consideró que Murillo Karam podría acogerse al llamado criterio de oportunidad, una figura legal que permite a un testigo declarar bajo protección o con negociación de penas más reducidas.

“Sí, todos (los involucrados en el caso). Inclusive sin acogerse (al criterio de oportunidad) este es un asunto de dignidad, si alguien está siendo acusado injustamente, tiene que hablar”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

López Obrador se refirió a la audiencia que tiene inició esta mañana en la que su defensa busca presentar las pruebas que demuestren su inocencia, aunque también podrían procesarlo por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Murillo Karam está acusado de ser uno de los fabricantes de la llamada Verdad Histórica, una versión del gobierno de Enrique Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

En este contexto, López Obrador le pidió que en la audiencia ofrezca más detalles del caso. “Los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen, si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden”, manifestó López Obrador.

La audiencia del exprocurador, que inició pasadas las 09:00 hrs en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, ocurre tras conocerse el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, además de que señala que no hay indicios de que los normalistas estén vivos.

Recordemos que el criterio de oportunidad fue otorgado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con el objetivo de que revelara información sobre actos ilícitos cometidos por servidores públicos de más alto rango.

El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil del caso hasta ahora, mientras el gobierno busca la extradición desde Israel de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de irregularidades en el caso.

“El mismo procurador de entonces asegura que él es responsable con el señor Zerón, de acuerdo con la versión pública, y dada a conocer por la Fiscalía”, dijo el presidente, por lo que reiteró su llamado al gobierno de Israel para colaborar con la extradición de Zerón.

“No pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta, diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar” dijo AMLO, aunque lamentó que ya se ha haya demorado mucho dicho proceso.

López Obrador también se comprometió a entregar “toda la información, completa” de la Comisión de la Verdad que él ordenó crear en 2018 al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos, concluyó este jueves de forma preliminar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso.

“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en una conferencia de prensa.

El funcionario presentó las primeras conclusiones preliminares de la comisión que creó en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero.

La comisión también concluyó que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes e, incluso, las acusó de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad.

“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, mencionó Encinas sobre las autoridades, incluyendo miembros del Ejército y de las policías locales.

En ese sentido, se reveló que el Ejército tenía infiltrado a un soldado en la normal, con el fin de conocer las acciones que realizaban los estudiantes para la conmemoración de la marcha del 2 de octubre de 2014, lo que habría permitido que las autoridades supieran lo que ocurría en la escuela.

Señaló que el militar infiltrado, de nombre Julio César López, también desapareció, aunque los mandos no emprendieron acciones para buscarlo; reclamó que en caso de que se hubiera intentado localizarlo, se pudo haber evitado la desaparición y el asesinato del resto de los estudiantes.

El funcionario también reconoció que “no hay indicios” de que ninguno de los estudiantes esté vivo y que “nunca estuvieron juntos” desde que se separan en la estación de autobuses de Iguala esa noche.

Recordemos que según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Encinas anunció que México ofreció a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso, un acuerdo para que colabore con la justicia a cambio de información que pueda esclarecer los hechos y el destino de los jóvenes.

Zerón, que se encuentra prófugo en Israel acusado de tortura y desaparición forzada, no aceptó la oferta de inmediato pero el gobierno sigue en contacto con sus abogados. El exfuncionario es considerado el artífice de la versión oficial del gobierno de Peña Nieto.

El subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heronia que se realizaba en esa región pudo estar en el centro del crimen. Según explicó, se confirmó que un autobús sin pasaje libró esa noche al menos 16 retenes y “nunca fue detenido” aunque, según los mensajes interceptados, ahí se encontraba “la mercancía”. “Y la mercancía es o droga o dinero”, indicó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reafirmó este jueves su compromiso de llegar a la verdad y conocer qué fue lo que sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014, para lo cual ofreció protección a los testigos o perpetradores que revelen detalles sobre el caso.

“Se está dando garantías a los detenidos y aprovecho para que lo tomen en cuenta: todos los que nos ayuden informando van a tener una consideración, en el marco de la legalidad, y se les va a proteger. Lo que se busca es romper el llamado pacto de silencio”, expresó el mandatario esta mañana en su conferencia de prensa.

López Obrador aseguró que están girándose órdenes de aprehensión y se está avanzando mucho en la investigación, aunque lamentó que todavía no hay “ningún resultado definitivo”.

“Imagínese, 43 jóvenes desaparecidos, 80 presos y no tener todavía qué fue lo que sucedió”, expresó el presidente, quien aseguró que su gobierno tiene voluntad de aclarar las cosas, prometiendo no “mentir” a los familiares de los jóvenes.

AMLO aseguró que se ha podido echar abajo la “horrenda mentira” del gobierno de Enrique Peña Nieto, según el cual los jóvenes fueron incinerados en un basurero por parte del cártel Guerreros Unidos. Y mientras la administración anterior descartó la participación de militares en el caso, el actual gobierno arrestó el año pasado al capitán José Martínez Crespo.

Al respecto, el periódico Reforma publicó la declaración de un testigo identificado como “Juan”, según el cual militares participaron en una operación conjunta con policías y sicarios para detener a los estudiantes y otras 30 personas en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, en el estado de Guerrero, donde después los entregaron a los Guerreros Unidos para su desaparición.

“Lo dice un testigo pero no podemos decir que esto pasó hasta probarlo todo. No se trata de hacer otra versión falsa para cerrar el caso”, expresó esta mañana López Obrador.

La filtración de este testigo fue condenada por la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa y por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que consideran que estas revelaciones causan un “daño” a la investigación.

El diario publicó además que el testigo “Juan” acusó al actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, de haber recibido sobornos de Guerreros Unidos cuando coordinaba a la Policía Federal en Guerrero en 2014, año de la desaparición de los estudiantes.

Al respecto, García Harfuch utilizó sus redes sociales para negar “categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy ‘testigo protegido’, publicadas por Reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por si misma”.

Más tarde, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le ofreció su respaldo. “Nosotros confiamos en el secretario”, aseveró.

“Juan”, afirma que soldados detuvieron e interrogaron a algunos de los estudiantes antes de entregarlos a una banda de narcotraficantes. Posteriormente los cadáveres de los alumnos fueron incinerados en un crematorio local o disueltos en ácido o soluciones cáusticas y vertidos a drenajes; otros cuerpos fueron descuartizados y desperdigados cerca de la ciudad de Taxco.

La Secretaría de Gobernación confirmó que el testimonio formaba parte del archivo del caso e indicó que presentaría cargos contra quien lo haya filtrado.

El testigo presuntamente les dijo a los investigadores que los fragmentos de hueso hallados en los alrededores de un vertedero de basura cerca de Iguala fueron plantados por el cártel para quitarse de encima la investigación.

Incluso el propio López Obrador corroboró la información publicada por el periódico. “Eso que publicó Reforma está en el expediente de la fiscalía. No sé cómo lo obtuvieron, pero es real”, dijo el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su compromiso de seguir trabajando para resolver el caso Ayotzinapa, esto al reunirse este viernes con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

En encuentro se da luego de la reciente identificación de los restos de uno de los jóvenes que se encontraron en la Barranca de la Carnicería en Cocula, Guerrero.

“El presidente se comprometió a continuar con la investigación, la cual debe estar hasta esclarecer (el paradero) de todos los estudiantes”, dijo a medios Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres al salir del encuentro en Palacio Nacional.

Ortega comentó que el presidente “ratificó su compromiso” con el caso, por lo que se dará seguimiento a las nuevas líneas de investigación. “El Gobierno está en disposición de avanzar en la investigación”, añadió.

“(El anuncio) nos da la esperanza de que haya un esclarecimiento del caso, este es el inicio de la nueva investigación, nos dijo el presidente y como padres vemos una ruta, y confiamos que hay que seguir”, expuso Ortega.

Durante su reunión, López Obrador reiteró a los padres de Christian Alfonso y al resto de los familiares de los estudiantes que el caso no quedará impune y habrá justicia.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado martes que logró la plena identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, con base en los restos óseos hallados en Cocula.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, dijo que lo que sigue en el caso de Christian, es que los culpables materiales e intelectuales comparezcan ante la justicia. Además de que “existen más detenciones que realizar, más búsquedas que llevar a cabo, hay muchos pendientes todavía”.

Recordemos que hace 10 días, la FGR ordenó la detención de 46 funcionarios por su presunta relación con la desaparición de los normalistas. Además, se detuvo a José Ángel Casarrubias Salgado, alías “El Mochomo”, uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los jóvenes.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que debido a las acciones que ha implementado la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa será posible saber “en un plazo razonable” qué sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

“Las acciones hasta hoy desarrolladas por la Comisión del Caso Ayotzinapa abren alentadoras posibilidades de que, en un plazo razonable, será posible conocer lo que sucedió con los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de hace cinco años”, dijo la funcionaria durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Recordó que dicha comisión se instaló en enero pasado por decreto presidencial.

En otro tema, Sánchez Cordero señaló que la Guardia Nacional está dando los pasos indispensables para su integración y despliegue, sin embargo, “sin la depuración, reestructuración y fortalecimiento de las policías estatales y municipales, no habrá Guardia Nacional que alcance para atender la demanda social, el reclamo ciudadano, de seguridad en las calles y plazas, en los caminos y carreteras, en las ciudades y en el campo”.

En materia de migración, Sánchez Cordero comentó que para atender el fenómeno de la llegada de migrantes centroamericanos se recurrió a la coordinación estrecha entre diversas dependencias del gobierno federal, particularmente las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

“Que las secretarías de Salud, de Bienestar o del Trabajo; que ocho secretarías de Estado y ocho organismos federales, se coordinen para que la política migratoria y la atención a los migrantes sean más eficientes, con respeto a derechos humanos y compromisos internacionales, no quiere decir que esas secretarías y organismos fueron despojadas de sus facultades. Quien sostenga tal cosa incurrirá en una exageración, por decir lo menos”, manifestó.

Sánchez Cordero reiteró su declaración hecha en el Senado de la República de que no se contemplan reformas legales ni constitucionales para cambiar la relación entre el Estado laico y las Iglesias.

En materia poblacional y de identidad personal, dijo que la secretaría de Gobernación ha dado pasos firmes para la consolidación y validación de la información que sustenta la Clave Única del Registro Nacional de Población (CURP).

El subsecretario de Derechos humanos, población y migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó este domingo que un juez ordenó la liberación de 24 inculpados en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Indicó que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, otorgó ayer las órdenes de libertad en una vieja práctica de “sabadazo”.

Encinas detalló que con estas nuevas liberaciones suman 77, pues anteriormente ya se habían liberado 53 personas más, de las 142 personas relacionadas por presunción de la comisión de diversos delitos relacionados con la desaparición de los estudiantes.

Alertó que de mantenerse la tendencia, en los próximos días podrían permitirse más liberaciones de las 65 personas que aún siguen en prisión.

El funcionario calificó la liberación como una afrenta para las víctimas y sus familias, además de mostrar la “miseria y podredumbre en que se encuentra el sistema de justicia del país”.

Este martes se llevó a cabo la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dos días después de haber asumido el cargo.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó el evento y dijo que la Comisión deberá coadyuvar a conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, en los hechos que provocaron la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Sánchez Cordero enfatizó que la instalación de la Comisión no se trata de una simulación, pues refirió, “no estamos creando una Comisión que dilate el esclarecimiento de los hechos o complique aún más la ya intrincada red que ha impedido conocer la verdad de lo ocurrido”.

Sostuvo que el objetivo que tiene la Comisión es coadyuvar a que la verdad se conozca y se haga del conocimiento de los familiares de la víctima, además de que permita al gobierno impartir justicia.

Al respecto dijo que se actuará en contra de los responsables, sin importar quienes hayan sido ni qué cargos ocupaban.

La funcionaria reconoció que no se parte de cero, pues dijo que hay avances importantes de las investigaciones previas. Aclaró que se procederá a descartar los elementos falsos o incorrectos en las investigaciones que se han realizado hasta ahora, y se corregirá lo que se hizo de una manera indebida o faltando al debido proceso. “No significa que estemos a ciegas, que no sepamos nada”.

Sánchez Cordero se comprometió a esclarecer los hechos y conocer la verdad, ya que fue la orden que recibieron del presidente López Obrador.

Por su parte el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, fue el encarado de detallar cómo quedará integrada la Comisión: estarán tres madres o padres de los jóvenes desaparecidos, tres funcionarios del gobierno federal, una organización acompañante de la sociedad civil y se contará con un secretariado técnico.

Encinas finalizó informando que la Comisión sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, y podrá realizar cuantas reuniones de trabajo considere necesarias, mientras que su sede se establecerá en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

 

A cuatro años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) reiteró su compromiso “irrefutable” con la investigación.

A través de un comunicado indicó que en todo momento se ha aplicado toda clase de recursos técnicos y materiales en las actuaciones y diligencias que componen los 620 tomos del expediente de averiguación previa, entre los que destacó: 1,447 personas declaradas ante el Ministerio Público, 1,945 intervenciones periciales, 22 cateos y 100 extracciones de información de aparatos telefónicos y electrónicos.

Adicional resaltó las consignaciones que se han hecho ante los tribunales, y que han llevado a que actualmente se encuentren bajo proceso penal 69 personas por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas considerados desaparecidos y 50 por diversos delitos.

La PGR aclaró que como parte del proceso, se han atendido líneas de investigación planteadas por la representación de los familiares de los estudiantes, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La PGR reitera, además del compromiso irrefutable, su comprensión respecto a la gran afectación que lo sucedido vino a causar en las familias de los estudiantes normalistas, y a los derechos que por ley les asisten en esa condición, así como el legítimo derecho que tienen para mantener sus demandas de justicia”, finalizó el comunicado de la dependencia.

 

Este viernes 13 de julio, 74 de los 140 estudiantes de la generación 2014-2018 se graduaron de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, institución a la que pertenecían los 43 normalistas desaparecidos en la noche de Iguala.

Un arreglo floral adornó el arco de la entrada al instituto educativo sobre la foto de los estudiantes que hubieran asistido hoy a recibir los papeles que los certificarían como maestros.

Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César Mondragón Fontes, normalista asesinado por tortura física en la madrugada del 27 de septiembre de 2014, participó en la ceremonia en representación de los padres de familia de los 43.

Mondragón destacó el difícil momento que la ceremonia representa para los familiares de los desaparecidos y llamó a los graduados a no olvidar a “los caídos”.

“Esta generación nunca ha de olvidarse, como tampoco toda la sociedad hemos de olvidar a los caídos, a los heridos, a las víctimas”, aseguró cerrando con la consigna “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Hasta la fecha, el destino de los 43 normalistas desaparecidos sigue sin esclarecerse. Atrás quedó la ‘verdad histórica’ de Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República cuando ocurrió el suceso, quien aseguró que la policía de Iguala detuvo y entregó a los normalistas a un grupo de sicarios que los asesinaron y quemaron los cadáveres en el basurero de Cocula.

Atrás también queda el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que echó abajo la versión oficial al asegurar que no había evidencia de que los cuerpos de los estudiantes pudieran haber sido incinerados en ese lugar.

Los padres esperan la respuesta que les aclare qué pasó con cada uno de sus hijos, que puede ser uno de los objetivos de la comisión de la verdad, una de las propuestas del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ante los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, prometió la creación de una Comisión de la verdad que estaría integrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas.

Tras la información que se reveló este jueves sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, las familias de los estudiantes desaparecidos y las organizaciones que han acompañado el caso exigieron a la PGR a no cerrar el caso y agotar las líneas de investigación tomando en cuenta los nuevos detalles.

 

Indicaron que la nueva información corrobora que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tenía razón respecto de la necesidad de que el Estado mexicano abriera y agotara la línea de investigación relativa al trasiego de droga de México a Estados Unidos, específicamente de Iguala a Chicago, pues afirmaron que el GIEI dio cuenta de la acusación desde 2014 en la Corte del Distrito Norte de Illinois en contra de personas vinculadas al grupo Guerreros Unidos (GU).

 

“La nota confirma la gravedad de la demora de la PGR en solicitar esta información, la cual fue solicitada por las familias desde 2016”; añadieron que el reportaje presentado por el diario Reforma advierte que el grupo GU, lejos de ser un grupo criminal de alcance regional, es en realidad una compleja red trasnacional de tráfico de drogas en vías de expansión, vinculada al trasiego de heroína en autobuses, coludida con niveles de gobierno municipal, estatal y federal.

 

Los firmantes de un comunicado emitido esta tarde, tales como Fundar, el Centro Prodh, entre otros, acusaron que la información también muestran la debilidad de la llamada “verdad histórica”, pues se evidencia que la supuesta “infiltración” de los estudiantes nunca existió, y por el contrario, desde el primer día de los hechos los emisores de los mensajes aclararon que en los autobuses había estudiantes de la normal de Ayotzinapa y que todo apunta a que en realidad esa noche pudieron ocurrir otros eventos de violencia aún no investigados.

 

Esta tarde la Procuraduría General de la República (PGR), informó sobre la detención de Erick Uriel “N”, probable integrante de una organización criminal, señalado como un generador de violencia en la zona del Río Balsas, además de que se le identifica como partícipe en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 

Indicaron que dicho sujeto cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, por lo que en breve será puesto a disposición del Juez que lo requiere e internado en un Centro Federal de Readaptación Social.

 

 

La dependencia subrayó que por Erick “N” y otros individuos, se ofrecía una recompensa de un millón 500 mil pesos, por su probable responsabilidad de los delitos ocurridos en contra de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero.

 

Erick “N” es señalado particularmente dentro de la investigación como uno de los sujetos que tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra de los estudiantes normalistas.

 

El Fiscal Especial para el Caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Bernal, encabezó esta tarde una conferencia de prensa donde precisó que se logró la detención del criminal sin el uso de la fuerza, además de que le fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención, y en todo momento se respetaron sus derechos.

 

 

Este viernes se llevaron a cabo dos audiencias públicas, en el marco del 167° período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá, Colombia, donde se abordó el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y la Ley de Seguridad Interior.

 

 

En la primer audiencia, donde se dio seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 normalistas, la representación del Gobierno reiteró a los familiares de las víctimas que será este año cuando se llegue a conclusiones en las investigaciones, pues a casi 4 años de su desaparición, familiares acusan de no haber avances ni consignación de responsables.

 

El Fiscal Especial para el Caso Iguala de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Higuera Bernal, compartió distintas actualizaciones sobre la atención al cronograma acordado entre las partes, entre las que destacó que en las últimas semanas se ha logrado información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante.

 

Durante la audiencia también se actualizó sobre el seguimiento a alegaciones de la presunta comisión de actos de tortura en contra de algunos de los detenidos, sobre las que se dijo que tras analizar los casos y someterlos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, aunque afirmaron que se continuarán realizando las diligencias correspondientes.

 

En la segunda audiencia, se abordó el tema de la Ley de Seguridad Interior, en la cual se ofreció información actualizada sobre los objetivos, alcances y procedimientos de la ley, misma que se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

A más de tres años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y familiares de los jóvenes exigieron este martes al gobierno mexicano respuestas sobre su paradero.

 

“Ya son tres años de dolor. Queremos verdad y justicia”, expresó Blanca Nava, madre de uno de los jóvenes estudiantes, durante el 165 período de sesiones de la CIDH que se desarrolla en Montevideo. Además dijo que debería dar “vergüenza” a los representantes del gobierno la falta de resultados en las investigaciones del caso.

 

“Han fallado” y “están obstaculizando la investigación”, lanzó de su lado Emiliano Navarrete, padre de otra de las víctimas.

 

En tanto, desde la CIDH, el comisionado Luis Ernesto Vargas estimó “casi inconcebible” que haya pasado tanto tiempo sin establecer responsabilidades en la órbita del Estado.

 

El último fiscal designado para el caso, Alfredo Higuera, sostuvo que los familiares “tienen razón. Tres años es mucho” tiempo. El funcionario, que calificó el caso de “dramático y grave”, pidió a los familiares poder “trabajar cerca, unidos en lo posible” para saber “a ciencia cierta lo que les pasó a sus hijos”.

 

La audiencia, que tuvo lugar en el Congreso uruguayo en una sala repleta, es parte del seguimiento que la CIDH hace de esta desaparición masiva.

 

El caso de los 43 estudiantes, desaparecidos en Iguala, en el estado de Guerrero la noche del 26 de septiembre de 2014, cimbró a el país con multitudinarias manifestaciones, además de desatar una condena general al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

 

Con información de AFP / Foto: Archivo APO

Esta tarde fueron recibidos los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa por el procurador Raúl Cervantes y funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quienes se comprometieron a entregar avances sobre la investigación de la posible participación de elementos del Ejército en el ataque a los estudiantes.

 

En el acuerdo se indicó que la entrega de los primeros avances será en octubre próximo,  sin embargo los familiares pidieron que sea dos meses antes, así lo informó Vidulfo Rosales, vocero de los padres, quien indicó que a pesar de que la PGR tiene nueve puntos sobre las líneas de investigación, todos se reducen a cuatro, que son lo que ellos han estado proponiendo.

 

“Los plazos empiezan a correr para su cumplimiento, algunos en el mes de julio y el último concluyen en el mes de octubre. El planteamiento de los padres de familia fue hacer un emplazamiento a la Procuraduría General de la República para decirles que ajusten el cronograma para que todos los resultados se puedan estar dando en la primera y segunda semana del mes de agosto”.

 

 

Al terminar la reunión, el grupo de padres de familia realizó una pinta en la duela del salón donde se reunieron con las autoridades, en señal de protesta tras 32 meses desde que ocurrieron los hechos en Iguala, Guerrero y en donde sus hijos perdieron la vida.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO