El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) expresó este martes su preocupación por la “inadecuada” investigación que México realiza sobre el “alarmante” número de desapariciones en el país, estimadas en casi 112,000 por las autoridades locales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en julio un nuevo padrón de desaparecidos mediante la revisión de casos “casa por casa”, al considerar que el censo actual es excesivo y está desactualizado.
“El Comité llamó a México a garantizar la transparencia de la metodología utilizada para actualizar el Registro Nacional (de desaparecidos) a fin de garantizar la confiabilidad de los datos recopilados”, dijo el organismo en un informe tras su visita al país el mes pasado.
Además, el CED pidió que el proceso sea coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda “de manera independiente e imparcial” y establecer mecanismos que aseguren la participación de los grupos de víctimas.
Y es que según datos de la Secretaría de Gobernación, desde 1962 han desaparecido cerca de 257,000 personas, de las cuales el 37.72% siguen sin ser localizadas.
Tras anunciar López Obrador la realización de un nuevo censo, los familiares de las víctimas manifestaron su desacuerdo con dicha medida.
El colectivo Madres Buscadoras por la Paz, dedicadas a localizar a sus hijos desaparecidos, criticaron la iniciativa por considerarla revictimizante y denunciaron que el mandatario solo busca con la iniciativa disminuir la cifra de víctimas.
En los estados de México, Tamaulipas, Jalisco o Guerrero, el Comité advirtió un aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, según el documento.
En este sentido, los expertos del Comité recibieron denuncias de amenazas, vigilancia, represalias, desapariciones y asesinatos sufridos por familiares de personas en paradero desconocido, sus acompañantes, defensores de los derechos humanos y periodistas que cubrían esos casos.
El informe lamentó que en muchas ocasiones tienen que ser familiares y allegados los encargados de labores de búsqueda e investigación que deberían competer al Estado.
Otra crítica es el hecho de que algunas autoridades mantengan la práctica de no registrar una denuncia de desaparición hasta pasadas 72 horas, lo que según el comité impide la búsqueda inmediata de muchas víctimas.
Por otro lado, el informe da cuenta del elevado y creciente número de cuerpos y restos humanos que reciben los servicios médico-forenses, desbordados e incapaces de su adecuada identificación y conservación.
Según señala el documento, el 89 % de los más de 53,000 cuerpos y restos humanos almacenados en laboratorios, centros forenses e instalaciones no se identificaron durante el año 2022.
El CED denunció también que los datos se están actualizando sin seguir estándares internacionales y expresó “su preocupación por la investigación inadecuada del alarmante número de desapariciones, sus consiguientes bajas condenas y una impunidad casi absoluta”.
