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La bancada del PAN en la Cámara de Diputados confirmó que impugnarán la reforma al Poder Judicial que se aprobó ayer, al asegurar que el oficialismo cometió graves irregularidades y violó el proceso legislativo.

Noemí Luna Ayala, coordinadora del grupo parlamentario del PAN, recordó que la bancada cumplió su compromiso de votar en contra de la reforma, aunque dijo, “actuamos bajo reserva, porque iremos a impugnar cada momento procesal que ha sido violentado por una mayoría artificial” para imponerse.

La panista acusó que nunca tuvieron constancia de que hubiera quórum legal; señaló que pudieron haber votado gente del staff o asesores, haciéndose pasar por diputados, lo que calificó de lamentable ante una reforma constitucional tan importante.

Otra situación irregular, comentó, fue que el oficialismo designó sede alterna al Deportivo Magdalena Mixhuca, lo que hizo sin consultar a la oposición ni acordarse en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Y es que recordemos que Morena y aliados decidieron sesionar en una sede alterna debido al bloqueo de accesos a la Cámara de Diputados por parte de trabajadores del Poder Judicial, organizaciones y estudiantes que rechazan la reforma judicial.

De acuerdo con El Universal, a estas impugnaciones se sumaría la bancada de Movimiento Ciudadano, quien también sostiene que el oficialismo incurrió en diversas irregularidades.

Los legisladores de oposición denunciaron que mientras se llevan a cabo las votaciones a mano alzada, pues recordemos que no hubo tablero electrónico, algunos morenistas se encontraban cenando, durmiendo o en puntos distintos dentro del deportivo.

Pese a estos señalamientos, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, aseguró que se cuidó cada una de las etapas del proceso legislativo en la aprobación de la reforma, por lo que dijo, no hay posibilidad de invalidarla.

“Se cuidó cada una de las etapas del proceso y se dio una amplia deliberación en torno a esta reforma. No hay forma de que alguien intente invalidar lo que las dos terceras partes del Congreso han expresado de manera libre”, sostuvo el morenista.

Reiteró que el Congreso de la Unión es el único Poder reformador de la Constitución, así que “no procede ningún recurso contra esta reforma constitucional”, esto en referencia a las tres suspensiones que estaban vigentes al momento de la sesión de los diputados.

Monreal insistió en que, con la aprobación de la reforma al Poder Judicial “gana México, porque se están estableciendo las primeras bases, el cimiento para mejorar el sistema de justicia (…) se está dando paso a un nuevo Poder Judicial y eso va a ser en beneficio de la patria”.

Resaltó que a pesar de presiones, incluso de amenazas de representantes de potencias extranjeras, las y los legisladores no cedieron y, al contrario, refrendaron lo que en las urnas “nos pidió la mayoría de las y los electores en México”.

Foto: X @diputadospan

La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó la orden de detención emitida por un tribunal especializado en terrorismo contra su abanderado en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, Edmundo González Urrutia, quien se encuentra bajo resguardo luego de haber denunciado fraude en los comicios.

A través de X, el bloque expresó su “rotunda condena a la profundización de la persecución política en contra” de quien fue su candidato presidencial.

“Los venezolanos y el mundo miran con indignación a un régimen que no fue capaz de publicar en el tiempo legal previsto ni un acta que soporte el fraudulento resultado anunciado por el (Consejo Nacional Electoral) CNE, pero que sí es capaz de construir en minutos una orden de aprehensión en contra del ganador de la elección presidencial”, señaló la PUD.

Ayer, un tribunal de Venezuela dictó orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, por presuntos delitos vinculados a los comicios, incluyendo desobediencia de leyes y conspiración.

La orden coincidió con la incautación que ayer hizo Estados Unidos de un avión que era utilizado por Maduro.

El Ministerio Público venezolano divulgó en su cuenta en Instagram una copia de la orden de arresto por delitos que incluyen también “usurpación de funciones” y “sabotaje”.

La medida sigue al desacato de tres llamados a González a declarar en la fiscalía como parte de una investigación penal en su contra.

No asistió. El diplomático argumentó hace días que el Ministerio Público actuaba como un “acusador político” que lo sometería a un proceso “sin garantías de independencia y del debido proceso”.

“La fiscalía lo cito tres veces y él dice que no va y se esconde porque no reconoce al Ministerio Público”, lanzó Maduro. “Dime un país del mundo donde un personaje pueda hacer eso”.

Nicolás Maduro ha pedido cárcel tanto para González Urrutia como para María Corina Machado, líder la oposición en Venezuela, y quien también se encuentra en la clandestinidad.

El régimen los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registran hasta ahora 27 muertos, dos de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2,400 detenidos.

La orden de arresto en contra de Edmundo González Urrutia fue rechazada por Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

“Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, constituye persecución política”, indica un comunicado conjunto emitido por los nueve países.

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, se sumó al “rechazo categórico” a la orden de detención en Venezuela contra el candidato opositor venezolano.

“Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada”, afirmó Borrell en un mensaje en redes sociales. Los Gobiernos de España, Chile, entre otros, respaldaron  se sumaron al rechazo contra la orden de detención.

El congreso inició este domingo una nueva legislatura en la que el oficialismo contará con supermayorías que le permitirán aprobar sin negociar con la oposición todo tipo de reformas y cambios constitucionales, como el paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde destaca la reforma judicial.

Luego de la jornada electoral del pasado 2 de junio, y tras aprobarse la sobrerrepresentación por partido y no por coalición, Morena, PT y PVEM consiguió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y se quedó a un voto de obtenerla en el Senado, luego de que dos senadores del PRD se sumaran a la bancada oficialista.

Del paquete de 18 reformas, entregado hace meses por López Obrador, conocido como “Plan C”, destaca la del poder judicial, que opositores ven como un lance autocrático del oficialismo.

“Que no quede ninguna duda, el plan C es el mandato mayoritario del pueblo (…) y se convertirá con la votación calificada en ambas cámaras en programas, presupuesto y acciones del próximo e histórico gobierno de la república”, dijo Ignacio Mier, senador de Morena.

Las prioridades del oficialismo serán las 20 reformas a la Constitución que López Obrador presentó el 5 de febrero pasado para contrarrestar 36 años del “nefasto periodo neoliberal”, en especial la reforma judicial.

La columna vertebral de la reforma judicial es la elección de jueces y magistrados por voto popular, una propuesta que desató nerviosismo en los mercados y críticas de Estados Unidos, además de una huelga de los trabajadores del sector.

Momentos antes del comienzo de la legislatura, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, avisó en una conferencia de prensa que mañana martes usarán su nueva ‘supermayoría’ para votar la reforma judicial, que a partir de 2025 impondría elecciones populares para renovar a jueces, magistrados y la Suprema Corte.

“El martes, primera sesión, solo discusión en lo general y votación. El miércoles, en otra sesión, discusión en lo particular y votación. Enseguida concluye el proceso nuestro en esa materia”, indicó Monreal.

El líder del oficialismo expuso que la reforma judicial será la prioridad del nuevo Congreso.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, inauguró el periodo de sesiones en el que el oficialismo tendrá 364 diputados del total de 500.

“Debemos seguir fortaleciendo la democracia y el Poder Legislativo para lograr consolidar la transformación de nuestro país, es importante el compromiso con nuestra nación para lograr los consensos desde la pluralidad política”, declaró Martínez.

La nueva Legislatura se instala después de un largo proceso de impugnaciones y reclamos de la oposición por la sobrerrepresentación que se le dio a Morena y aliados. ¿Qué podemos esperar del oficialismo y su supermayoría? ¿Qué papel jugará la oposición?

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Sergio Bárcena, analista, director de Buró Parlamentario, sobre el arranque de sesiones en el Congreso.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ratificó el nombramiento de Noemí Luna, como coordinadora del grupo parlamentario en Cámara de Diputados y de Guadalupe Murguía al frente del grupo en el Senado de la República.

El panista agradeció el trabajo realizado por Jorge Romero y Julen Rementería, a quienes deseó éxito en sus próximos proyectos.

En el marco de sus reuniones plenarias, las y los diputados y senadores del PAN advirtieron que México vive hoy uno de sus momentos más comprometidos y difíciles, por lo que a días de iniciar LXVI Legislatura, ratificaron su vocación democrática para defender las instituciones que han dado sentido y vida a la República.

En su mensaje, la senadora Lupita Murguía, informó que contará con el apoyo de Enrique Vargas del Villar, como vicecoordinador de la bancada y garantizó que el PAN será oposición, pero también opción porque representan las causas del 43% de la población que votó en contra del oficialismo.

“Seremos dialogantes, pero no claudicantes, buscaremos que a México le vaya bien, que a todos nos vaya bien. Ofrecemos escuchar, pero demandamos ser escuchados, en este periodo legislativo decimos no a las reformas del Poder Judicial” anticipó.

Por su parte, la coordinadora de los diputados, Noemí Luna, ofreció congruencia para responderles a los electores que los eligieron para defender a México, reaccionar a las iniciativas presidenciales, pero también trabajar con una agenda legislativa propia.

Anunció que contará con el apoyo del diputado Elías Lixa, para esta labor y dijo que serán oposición firme, crítica, pero propositiva y que no se va a doblar “ante los intentos autoritarios de un poder que intenta terminar con el modelo de país que en este momento conocemos”.

Marko Cortés aprovechó para hacer un respetuoso, pero firme llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar el recurso que presentó como presidente del partido para que se revise la contradicción de criterio de la impugnación a la sobrerrepresentación ilegítima que pretende tener Morena, PT y Verde en la Cámara de Diputados.

“Esperemos que la Corte se atreva a resolver de forma rápida e inmediata cómo este asunto amerita. Y finalmente, esperamos que las y los magistrados, que al menos tres de las y los magistrados defiendan la pluralidad del voto de las mexicanas y, en consecuencia, defiendan la República, que es lo que está en juego”, confió.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó el recurso que presentó ante la SCJN, pues dijo, no tiene competencia la Corte para resolver esos asuntos. Señaló que la autoridad encargada de ello es el Tribunal Electoral.

“Como se atreve a hacer un planteamiento así; es intentar una ilegalidad gravísima, una violación a la Constitución”, reclamó.

También criticó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, por haber admitido el recurso presentado por el PAN, y haberlo turnado a otro ministro para su análisis y eventual elaboración del proyecto.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció cambios en su gabinete un mes de la polémica elección presidencial, cuestionada por la oposición y la comunidad internacional, en la que la autoridad electoral ratificó el triunfo del mandatario.

Los cambios anunciados hacen temer más mano dura contra las protestas al designar en el ministerio de Interior al número dos del partido oficialista Diosdado Cabello.

Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es considerado el hombre más poderoso en el país después de Maduro, quien aboga por perseguir de forma más contundente a los opositores que han puesto en duda y se han manifestado contra los resultados anunciados por la autoridad electoral.

El mandatario afirma que ganó la reelección por más de un millón de votos y su gobierno desafió los pedidos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de incluso aliados de izquierda como Brasil, Colombia y México para que publique las actas de votación que respalden esa afirmación.

La oposición, en tanto, publicó en una página de internet el recuento del 80% de las máquinas electorales que muestran que su candidato, Edmundo González, ganó por un margen de más de 2 a 1.

Grupos de derechos humanos, que han denunciado represión en las protestas que sucedieron a las elecciones del pasado 28 de julio con 2,000 detenidos, incluidos periodistas o políticos opositores, temen que la designación de Cabello como ministro de Interior, a cargo de la fuerza pública, suponga un refuerzo en la línea de mano dura contra la oposición.

Además de las detenciones a manifestantes, la justicia venezolana ha llamado al excandidato presidencial opositor a a declarar en una investigación penal por el presunto intento de sembrar pánico en el país impugnando los resultados.

La semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia certificó los resultados del organismo electoral, desestimando como falsos los recuentos de votos publicados por la oposición.

El cambio de gabinete anunciado por Maduro busca “acoplar un equipo nuevo” de ministros con miras a “acelerar y profundizar los cambios que el pueblo necesita”, dijo el mandatario reunido con representantes de instancias vecinales conocidas como comunas y consejos comunales, que en su mayoría forman parte de las bases del PSUV.

Entre los nuevos nombramientos destaca la designación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, cercana colaboradora de Maduro y que mantiene ese cargo, como nueva ministra de Petróleo.

Rodríguez sustituye a Pedro Tellechea, quien en enero de 2023 fue nombrado presidente de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y apenas dos meses después también asumió el cargo de ministro de Petróleo luego de la renuncia de Tareck El Aissami, en medio de una amplia investigación anticorrupción que desembocó en su detención.

Maduro nombró como nuevo jefe de PDVSA a Héctor Obregón, quien venía ejerciendo la vicepresidencia de la petrolera.

A pesar de tener las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela experimenta desde hace más de un lustro una drástica caída de su producción que se ha traducido en la escasez de combustibles y gas doméstico.

Maduro ratificó en sus cargos a 12 ministros. Entre ellos, al canciller Yvan Gil y al ministro de Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, quien ostenta el cargo desde 2014 y que es considerado una pieza clave en el respaldo de la fuerza armada al mandatario socialista.

Los militares son uno de los principales soportes de Maduro. Los adversarios del mandatario repetidamente han fracasado en sus intentos de sumar el apoyo de la fuerza armada para forzar a Maduro a separarse del poder.

En la restructuración del gobierno, también se reemplazó a los titulares de carteras del sector productivo y laboral como los de Agricultura y Tierra, de Finanzas y Comercio Exterior, de Educación o de Trabajo.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela certificó este jueves la victoria del presidente Nicolás Maduro, luego de un “peritaje formal” a los resultados de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.

La presidenta del Tribunal, Caryslia Rodríguez, indicó que tras la comparecencia de los actores convocados y recolectados los instrumentos electorales, los magistrados de la sala electoral del tribunal certificaron “de manera irrestricta e inequívoca” los resultados electorales.

“Podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas” de votación, indicó Rodríguez al leer la sentencia.

La intervención del máximo Tribunal, que fue solicitada por Maduro, ha sido cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo. Y es que a los integrantes del Tribunal se les señala de ser cercanos al chavismo y a Nicolás Maduro.

El fallo del Tribunal es “inobjetable” por lo que declara a Maduro como presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031, pese a las acusaciones de fraude vertidas por la oposición, que ha insistido en que se difundan las actas electorales.

Y mientras el Tribunal certificó el triunfo de Maduro, el opositor venezolano Julio Borges alertó este jueves que la presión internacional al Gobierno de Maduro cayó en los últimos días, principalmente de Colombia, Brasil y México; reclamó acciones concretas, además de apoyar la transparencia de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

“El temor que tenemos es que pensamos que el fuelle internacional, que es muy importante, se ha desinflado un poco”, precisó Borges en entrevista con la agencia EFE.

Sin embargo, señaló que 22 países, incluida la Unión Europea (UE), reclamaran recientemente en República Dominicana la “inmediata publicación de todas las actas originales” de los comicios y una verificación “imparcial” e “independiente”, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera por ganador a Maduro.

“Este momento, además de declaraciones, tiene que conllevar acciones mucho más concretas y mucho más presionantes para Maduro y ayudar a que la presión interna que hemos construido en el país se multiplique con ese apoyo internacional -demandó- para buscar lo que pareciera que es la única opción que tenemos, que es la fractura del régimen de Maduro a nivel político o a nivel militar”, añadió.

A cuatro semanas de las elecciones, “el incremento de la presión es absolutamente necesario para lograr la transición en Venezuela”, incidió. Mencionó a Brasil, Colombia y México, que comenzaron “con fuerza” en esa presión, pero en este momento están “en una situación de limbo”.

“México toma un paso atrás, Colombia es ambiguo y Brasil no ha logrado convocar o hacer algo más allá de lo que se planteó hace semanas”, dijo Borges, exiliado en Valencia, España.

Recordemos que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró hace una semana la necesidad de que las autoridades divulguen las actas electorales y sugirió la formación de un gobierno de coalición o nuevas elecciones.

En el caso de Estados Unidos, ha tenido una posición de “seguimiento y de apoyo” a los resultados de triunfo del candidato opositor Edmundo González, que son “incontrovertibles”, según Borges.

Sin embargo, no ha habido un plan norteamericano de acción proporcional “al peligro que significa la permanencia de Maduro”, pues es una “amenaza muy clara contra occidente”, particularmente por su “alianza con China, Irán y Rusia”.

En tercer lugar, la UE tampoco ha logrado hacer frente a lo que significa una situación que todos los países reconocen, según Borges.

“Todos los países están muy de acuerdo en que Maduro se robó la elección, pero no saben o no han hecho algo más allá de la retórica. Y en esta situación, parece difícil que Maduro venga a reconocer la victoria de Edmundo González”, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, principal bloque antichavista.

Borges cree que Maduro quiere quedarse pase lo que pase. “Pero también tengo la convicción -añadió- de que está equivocado, de que no va a aguantar la presión; hace falta ponerle más presión todavía, y tengo la convicción que ese bloque de poder se va a fracturar, o militarmente o políticamente”.

Preguntado por la represión de las protestas populares contra los resultados oficiales, Borges denunció que “la única respuesta de Maduro es la fuerza bruta”.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, confirmó que no ha podido comunicarse con el Gobierno de México, que junto al de Brasil y Colombia trabaja para encontrar una solución a la crisis que vive su país tras los comicios que, según los resultados oficiales, dieron como ganador a Nicolás Maduro.

“No he logrado tener comunicación con el Gobierno mexicano, a pesar de que lo hemos intentado”, dijo Machado en una rueda de prensa virtual con medios de Argentina y Chile.

En cambio, la líder antichavista dijo que sí tiene “comunicación permanente” con Colombia y Brasil, así como con Estados Unidos y países de Europa.

“La posición de estos países es muy relevante porque son los países vecinos más claramente impactados por el conflicto venezolano y que históricamente han tenido vínculo con Maduro”, dijo en referencia a Brasil y Colombia.

“No quiero especular. Agradezco los apoyos que se han hecho” para “que Maduro entre en razón y entienda” la necesidad de ir a una “transición ordenada”, agregó.

Además, destacó que la represión y el uso de la fuerza “no es una opción sostenible”, así como apresar periodistas o cortar las redes sociales.

Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, pero Machado insistió en “la victoria monumental” del opositor Edmundo González Urrutia con 7.3 millones de votos, según las casi 84% de las actas que tienen, contra los 3.3 millones de votos que dijo obtuvo el líder chavista.

Brasil, Colombia y México han mantenido una postura pareja, sin reconocer a ningún ganador y pidiendo al Gobierno de Maduro las actas electorales, en tanto sus cancilleres dijeron que mantendrán sus consultas de “alto nivel”, pero con pleno respeto a la “soberanía y la voluntad del pueblo venezolano”.

Ayer, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sugirió este jueves dos posibles salidas a la crisis postelectoral en Venezuela: la formación de un Gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición o la celebración de nuevos comicios.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, sugirió un “frente nacional” como el que hubo en su país en el siglo XX, en el que liberales y conservadores se turnaban el poder como paso “transitorio” hacia una “solución definitiva” a la crisis.

Ambas propuestas fueron rechazadas por Machado, al indicar que “la soberanía popular se respeta”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó ayer que no ve “prudente” pedir ahora nuevas elecciones en Venezuela como solución a la crisis y reiteró que la postura de México es esperar a que resuelva el Tribunal Electoral del país.

Machado señaló además que aspira que los “aliados de la democracia” ayuden a “hacerle entender” a Maduro que “facilite una transición ordenada”.

“Muchos creen que Maduro está dejando pasar el tiempo para pasar la página”, pero “eso no va a pasar”, dijo la líder opositora, que cree que “Maduro ha perdido completamente su legitimidad” y que “esta ola represiva lo hace más tóxico”, sostuvo.

María Corina Machado dijo que venezolanos en más de 300 ciudades del mundo se sumarán mañana sábado a la protesta convocada por la oposición para defender la victoria que, insiste, obtuvo Edmundo González Urrutia.

El 17 de agosto será “un gran día”, indicó Machado, quien, a través de un video publicado en redes sociales, aseguró que la oposición mayoritaria ha recibido “confirmación de que en más de 300 ciudades alrededor del mundo van a salir los venezolanos, acompañados con ciudadanos de todas partes”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este jueves la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugirió dos posibles salidas a la crisis: la formación de un Gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones.

Lula dijo que “hasta ahora” no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.

El gobernante brasileño afirmó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), “sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo”.

No obstante, Lula dijo que está trabajando con México y Colombia para encontrar soluciones, y sugirió dos ideas, la formación de un gobierno de coalición que integre tanto miembros del chavismo como de la oposición, o la convocatoria de unas nuevas elecciones.

“Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero”, comentó Lula.

El líder brasileño aseguró que su relación con Maduro, que en el pasado era muy buena, se ha “deteriorado”, como consecuencia de que “la situación política está deteriorada en Venezuela”.

El proclamado triunfo de Maduro para un tercer mandato consecutivo ha sido rechazado y calificado de “fraude” por la oposición mayoritaria y cuestionado por varios Gobiernos extranjeros y grupos de veeduría internacional.

Desde entonces, los Gobiernos de Brasil, Colombia y México están manteniendo contactos para contribuir a encontrar una solución a la crisis.

Al respecto, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, descartó la posibilidad de realizar nuevas elecciones, tal y como lo planteó el mandatario brasileño.

“Las elecciones ya ocurrieron”, dijo Machado a periodistas de Argentina y Chile en una videollamada.

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), formada por 37 exmandatarios, urgió a los Gobiernos de Brasil, Colombia y México, a los que define como “mediadores a ritmo lento con la tiranía” de Venezuela, que exijan al presidente Nicolás Maduro las actas de las elecciones del pasado 28 de julio.

“Hay que ponerle fin a la tragedia que deja miles de víctimas en Venezuela y le niega su derecho a una transición hacia la democracia en paz”, dice el grupo IDEA en un comunicado.

Los ex jefes de Estado y de Gobierno de IDEA consideran que los Gobiernos de Brasil, Colombia y México tienen la “obligación” de exigir a Maduro que les “presente a ellos y sus organismos electorales, ya mismo la actas de votación mesa por mesa y discriminadas, hasta el presente ocultadas por el Poder Electoral” venezolano.

El comunicado recuerda a los “mediadores a ritmo lento con la tiranía de Maduro” que mientras ellos no plantean esa exigencia hay venezolanos que “mueren, son secuestrados y torturados a manos de las fuerzas represoras del régimen”, y que “la ONU ha demandado el cese de la represión y que se investigue a los represores”.

Según informó ayer el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, desde que estallaron las protestas después de la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones presidenciales sin presentar las actas de votación que lo acrediten, se han registrado 25 muertes, que atribuyó a “grupos delincuenciales instrumentalizados”.

Además, hasta el 2 de agosto, según Saab, unas 192 personas resultaron heridas en protestas, de las cuales “97 pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado”.

La agitación política se ha disparado tras las elecciones en Venezuela pues la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura, con base a los resultados del 83.5% de las actas de las elecciones que publicó en una página web, que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo la victoria por amplio margen.

El candidato opositor ha logrado el respaldo de Estados Unidos y otros Gobiernos latinoamericanos y europeos.

Este lunes, la Misión de determinación de los hechos en Venezuela de la ONU exigió a las autoridades venezolanas “detener inmediatamente la represión e ‘investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo'”, según un comunicado del organismo.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que las denuncias “deben investigarse y que, de confirmarse un abuso de la fuerza por los cuerpos de seguridad o de civiles armados progubernamentales, debe haber rendición de cuentas”.

La líder opositora María Corina Machado aseguró que está convencida de que Edmundo González Urrutia tomará juramento como nuevo jefe de Estado el próximo 10 de enero de 2025, cuando comienza el nuevo período de Gobierno.

La también exdiputada reiteró que el abanderado de la PUD ganó “de manera avasallante” los comicios, cuyo resultado oficial ha sido rechazado por numerosos países, mientras que el Centro Carter, que participó como observador en la contienda, señaló que el proceso electoral “no puede ser considerado como democrático”.

Entre los 37 integrantes de IDEA están los expresidentes Oscar Arias (Costa Rica), Felipe Calderón (México), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Ricardo Lagos (Chile), Álvaro Uribe (Colombia) y los ex jefes de gobierno de España Felipe González, José Maria Aznar y Mariano Rajoy.

La excandidata presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, hizo un llamado a todos los mexicanos a “hacer valer su voto” sumándose a un juicio ciudadano contra la sobrerrepresentación en que busca incurrir Morena y sus alidos en el Congreso.

La senadora del PAN se pronunció por presentar un juicio ciudadano para evitar el “agandalle” que quiere aplicar el oficialismo en la representación de legisladores en el Congreso en la próxima legislatura.

 

En un video publicado en su cuenta de X, explicó que estos partidos se quieren robar cerca de 10 millones de votos; y es que explicó que en la elección pasada, Morena, PT y el Parrido Verde obtuvieron 54% de los votos, y ahora, “a la mala”, quieren quedarse con el 75% e los espacios de legisladores en el Congreso de la Unión.

“Lo que quieren es que el voto que ellos obtuvieron valga más que el de la oposición”, aseguró Gálvez Ruiz.

La exaspirante presidencial alertó que de aprobarse esta sobrerrepresentación, Morena y sus aliados podrían modificar la Constitución a su antojo, por lo que llamó a quienes no estén de acuerdo con eso, a sumarse a una acción colectiva de la que pronto dará detalles.

“Por eso, te invito a que juntos presentemos un juicio ciudadano. ¿Qué es? Es una demanda que cada uno de nosotros puede presentar ante el Tribunal Electoral”, agregó la legisladora.

La Unión Europea elevó este fin de semana la presión internacional sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, al unirse a Estados Unidos y los países que no reconocen los resultados de los comicios del pasado 28 de julio, marcados por denuncias de fraude.

El papa Francisco, en tanto, llamó desde el Vaticano a “buscar la verdad” en Venezuela, donde las protestas desde el lunes por la cuestionada reelección de Maduro han dejado al menos once civiles muertos y más de 2,000 detenidos, según organizaciones de derechos humanos. Dos militares han fallecido en incidentes violentos, dijo el Gobierno.

“A falta de pruebas que los respalden”, los boletines de la autoridad electoral venezolana “no pueden reconocerse”, expresó en un comunicado el Consejo de la Unión Europea, que pidió una “verificación independiente” del proceso.

A diferencia de Estados Unidos y de otros países, la UE se abstuvo de reconocer una victoria al candidato opositor Edmundo González Urrutia, postulado después de una inhabilitación política que vetó a María Corina Machado.

Sin embargo, el bloque europeo destacó que “copias de las actas electorales publicadas por la oposición y revisadas por varias organizaciones independientes” indican que González “parece haber ganado las elecciones presidenciales por una mayoría sustancial”.

Recordemos que Maduro fue ratificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente reelecto con 52% de los votos frente a 43% del aspirante opositor. El gobernante izquierdista, de este modo, asumiría un tercer mandato que le proyecta a 18 años en el poder.

En respuesta, la oposición subió a una web actas con las que sostiene que González tuvo 67% de los sufragios. “No vamos a dejar las calles”, sentenció el sábado en una movilización María Corina Machado, que reapareció tras declararse el jueves en la clandestinidad a raíz de los dichos de Maduro de que ella y González Urrutia deberían “estar tras las rejas”.

El régimen de Maduro ha respondido a las movilizaciones con detenciones y violencia. Las fuerzas de seguridad irrumpen domicilios de quienes han sido identificados en videos que circulan en redes sociales.

El CNE aún no ha publicado resultados detallados y alega que su sistema fue blanco de un “jaqueo masivo”. Maduro y altos funcionarios desestiman la validez de los documentos divulgados por la oposición.

Machado agradeció este domingo a Alemania, España, Francia, Italia, Países Pajos, Polonia y Portugal su “compromiso con la democracia” tras un pedido de estas siete naciones de publicar las actas de la elección presidencial.

Hicieron ese pedido el sábado en un comunicado conjunto, al considerar que es necesario para garantizar “total transparencia”. “Respaldamos la exigencia de que se verifiquen cuanto antes, a nivel internacional e independiente, las actas que hemos presentado”, publicó Machado en X.

Estados Unidos, Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá reconocieron a González Urrutia como vencedor y Canadá pidió este domingo la publicación de resultados completos. Rusia y China, en contraste, respaldaron a Maduro.

Brasil, Colombia y México tratan de impulsar un acuerdo político. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se está actuando con prudencia en un asunto que corresponde solamente a los venezolanos.

Maduro rechaza toda injerencia externa. El sábado el líder venezolano denunció que estaba en marcha un plan para “usurpar” el poder. Acusó a la oposición de fomentar la violencia y a Estados Unidos de promover un golpe de Estado en su contra, teniendo como líder de un ataque cibernético a Elon Musk. 

En esta situación, que no parece tener una salida por la vía democrática, la gran pregunta es qué sigue para la oposición? Para Maduro? y Para Venezuela. En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con David Smolansky, director adjunto de la campaña de María Corina Machado en Washington DC, sobre la situación que vive Venezuela.

El Gobierno federal negó este miércoles que vaya a existir sobrerrepresentación en el Congreso por parte de Morena, partido en el poder, y defendió la mayoría que se proyecta tendrá en la próxima legislatura al argumentar que están dentro de los parámetros constitucionales.

“¿Por qué está discusión (la sobrerrepresentación)? Porque como sabemos, de acuerdo con las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista obtendría 373 diputadas y diputados. Es decir, una mayoría calificada”, argumentó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

La funcionaria acudió a Palacio Nacional para responder a los señalamientos que se han hecho, principalmente por parte de la oposición, sobre una supuesta sobrerrepresentación de Morena en el Congreso. La funcionaria argumentó que es algo que está en la Constitución.

En concreto, refirió que en 1996 se modificó el artículo 54 constitucional que se encarga de regular a los diputados plurinominales para evitar la sobrerrepresentación, por lo cual ningún partido político puede tener más de 300 diputados.

Además, una segunda regla es que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios: mayoría o plurinominales, que exceda por 8 puntos porcentuales a su votación nacional.

Señaló que se reformó el artículo 59a del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en donde se contempló que se distribuirían las coaliciones como si se tratara de un sólo partido, el cual se eliminó en el 2008 por mayoría del PRI, PAN y Nueva Alianza.

En ese sentido, mencionó que desde entonces se consideró el principio para combatir la sobrerrepresentación por partido político y no por coalición.

Acusó que la oposición no quiere que se aplique el criterio constitucional vigente desde 2008, al pedir que ahora se aplique el criterio de distribución por coalición y no por partido ya que “no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución”.

“En ningún caso, se transgreden estas dos reglas básicas de nuestra Constitución. Que no exceda 300 y la votación total más 8%”, dijo.

Finalmente, llamó a que se expresen los académicos “respecto a qué dice nuestro texto constitucional y cómo debería ser interpretado ahora que en unas semanas vamos a conocer cuál será la distribución definitiva de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores”.

Ante el inicio de los fotos del Parlamento Abierto en el Congreso respecto a la reforma judicial, la dirigencia nacional del PAN indicó que la aprobación de la iniciativa que “tramposamente” implica la elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto directo de la ciudadanía, implica graves y enormes riesgos como la politización de la justicia.

Marko Cortés, dirigente nacional del blanquiazul, expuso que se deben considerar estos y otros riesgos que, lejos de fortalecer el sistema de justicia, más bien podrían afectar la independencia, imparcialidad e idoneidad en la impartición de justicia.

“El Gobierno debe reconsiderar una reforma que afectaría gravemente el Estado de Derecho y también pondría en riesgo los acuerdos y tratados internacionales de los que México forma parte”, añadió.

Entre los riesgos de esta reforma, dijo el líder panista, está la politización de la justicia, ya que la elección de jueces y magistrados se convertiría en un proceso altamente politizado, habida cuenta de que los candidatos podrían ser seleccionados en función de su afiliación política en lugar de su idoneidad y capacidad para ejercer la justicia de manera imparcial.

También mencionó que la falta de conocimiento y experiencia es un factor a considerar, pues podría llevar a la elección de jueces y magistrados que no cuenten con las habilidades y competencias requeridas para ejercer su función de manera efectiva.

Otro riesgo que expuso es que los candidatos a jueces con tal de ganar generen pactos inconfesables con los grupos de la delincuencia organizada, tal como lo señaló la agencia norteamericana antidrogas (DEA) la semana pasada, lo que dijo podría comprometer su independencia y objetividad en la toma de decisiones judiciales y poner la justicia en manos criminales.

El dirigente de Acción Nacional también mencionó que la elección directa de jueces podría implicar cambios frecuentes en la composición de los tribunales, ya que podrían ser elegidos por períodos de tiempo limitados y esto podría afectar la estabilidad y continuidad del sistema judicial.

Indicó que esto podría tener un impacto negativo en la calidad y consistencia de las decisiones judiciales, además sus compromisos y resoluciones podrían estar más pensadas en poderse elegir o reelegir como jueces o magistrados, que en verdaderamente hacer justicia.

“La elección directa de jueces se daría en un contexto de conocimiento limitado por parte de la ciudadanía sobre el funcionamiento y los principios del sistema judicial, lo que podría generar una total falta de confianza en la justicia y afectar la legitimidad de las decisiones judiciales”, alertó.

Pese a las advertencias que expresó, reconoció que existen áreas de mejora al Poder Judicial, aunque dijo, todas deben fortalecerlo, buscar mecanismos que garanticen la independencia, imparcialidad y la idoneidad en la impartición de justicia.

“Así como está planteada la reforma podría generar graves retrocesos, porque los primeros beneficiarios serían la delincuencia, el gobierno y el partido en el poder, manipulando el sistema judicial y sesgando la verdadera impartición de justicia. Los jueces y magistrados estarían obligados a someterse a los intereses de quienes financiaron sus campañas y de esa manera se compromete su independencia”, añadió.

Finalizó haciendo un llamado a no permanecer indiferentes ante un proyecto que socava la independencia judicial y debilita las garantías constitucionales. Pidió a la sociedad civil informarse y estar en alerta ante la eventual discusión y aprobación de una reforma dañina para el país.

Los partidos de oposición han presentado más de 230 impugnaciones en contra de los resultados de la elección presidencial, en las que ganó la candidata de Morena, PT, PVEM, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo al último reporte del Tribunal, Movimiento Ciudadano (MC) presentó 43 juicios de inconformidad contra los resultados del cómputo distrital de los votos. 188 juicios de inconformidad fueron presentados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), siendo el que mayor número de recursos planteó.

El número tan elevado es debido a que el PRD busca un recuento de votos porque solo obtuvo el 1.86% de los sufragios, por lo que perdería su registro como partido, pues la ley exige una votación mínima del 3% para mantenerlo vigente.

Por último, el TEPJF informó de dos impugnaciones del PAN, uno en un consejo distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Tamaulipas y otro en el estado de Michoacán.

“En el caso de Michoacán se presenta contra el cómputo distrital relativo a la elección presidencial”, concluyó el TEPJF en su breve nota informativa.

Sheinbaum obtuvo un récord de más de 35.92 millones de votos en las elecciones del 2 de junio, el 59.75% del total y más de 30 puntos por encima del 27.45% de Gálvez y el 10.32% de Álvarez Máynez, según reveló la semana pasada el conteo definitivo del INE.

Aún así, la oposición avisó que impugnaría los resultados al denunciar que hubo una “elección de Estado” en la que intervinieron el crimen organizado y el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En Broojula, Juan Jesús Garza Onofre, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos habla sobre las impugnaciones que se han presentado en la elección.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se volvió a lanzar contra la oposición, al calificar de “hipócritas” “autoritarios” y “ladrones” a quienes impugnarán las elecciones, aunque respaldó las peticiones de recontar los votos, pues aseguró que es parte de la transparencia.

“(Los conservadores) se distinguen por tres cosas: primero, porque tienen como doctrina la hipocresía, eso los distingue, los caracteriza, son muy hipócritas, mienten sin recato alguno, como dicen una cosa dicen la otra, no tienen escrúpulos morales de ninguna índole”, señaló durante su conferencia matutina.

El mandatario se refirió a la inconformidad del bloque opositor, PAN, PRI y PRD, y su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, que ayer anunciaron que exigiría un recuento en el 80% de las casillas, al argumentar que hubo diversas irregularidades, así como “una elección de Estado”.

En un video, Gálvez llamó a sus seguidores a hacer una revisión de los resultados, en los que Claudia Sheinbaum tuvo casi 60% de los votos, para que se comparen con los del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Al respecto, López Obrador reiteró que la oposición debe reflexionar sobre estos comportamientos, al acusarlos, además de hipócritas, de ser “muy autoritarios”. “Les gusta la mano dura, todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza y son capaces de promover golpes de Estado y guerras”, expuso.

Además, dijo que “son muy ladrones y corruptos”.

Reprochó que en las elecciones de 2006 en las que, según él, se impuso Felipe Calderón por un “fraude”, el PAN rechazó su petición de un recuento total aunque la diferencia fue de menos de un punto, y ahora que la ventaja es de más de 30, la oposición no lo acepta y pide un recuento de votos.

“Si preguntan de que se cuenten los votos, pues yo respondería ‘¡voto por voto, casilla por casilla! ¡Voto por voto, casilla por casilla!’, porque el que nada debe nada teme. La regla de oro de la democracia es la transparencia”, enfatizó al recordar el lema que él usó para exigir el recuento.

López Obrador insistió en que el bloque opositor debería hacer una autocrítica y rectificar, ya que considera a la oposición como necesaria, ya que no debe de haber un pensamiento único. “La democracia es competencia”.

“Sí, se necesita que haya oposición, pero una seria y responsable, que defienda sus propuestas, que presente su proyecto, su programa de acción”, añadió.

La excandidata presidencial de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, solicitó la revisión voto a voto en el 80% de las casillas en todas las elecciones que tuvieron lugar el pasado domingo en todo el país, esto luego de que fuera Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT, PVEM, la vencedora.

“Por lo pronto, son el 80% de las casillas donde solicitaremos revisión voto por voto. Hasta este momento, el INE ya aceptó el recuento en por lo menos el 60% de las casillas. Vamos a defender el voto de todas y todos. De la elección presidencial, Gobernadores, senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales”, dijo Gálvez en redes sociales.

La excandidata señaló que en algunas casillas se encontraron diferencias entre lo que dice el acta de resultados con los datos que aparecieron en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Asimismo, Gálvez anunció que instruyó al equipo jurídico de su campaña para que inicien los procesos legales correspondientes.

Recordó que hubo una “clarísima intervención del Presidente en el proceso electoral, por el evidente uso de recursos públicos en la campaña de Morena y por el alto nivel de violencia y la intervención del crimen organizado”.

En las elecciones del domingo pasado, cuyos resultados están por confirmarse a partir de este miércoles con el inicio de los cómputos distritales, Sheinbaum, abanderada de Morena, del PT y Partido Verde, arrasó con el 59.7% de los votos, según el conteo rápido del INE, que cerró el pasado lunes.

Detrás de ella quedaron, con el 27.9% de los apoyos, Xóchitl Gálvez, y en tercer lugar el representante de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, quien captó el 10.4% de los sufragios.

A la petición de Gálvez se sumó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien anunció que los equipos jurídicos de Acción Nacional están revisando las actas para cotejarlas en los cómputos distritales.

“Vamos a defender cada voto de las y los mexicanos, aunque según el PREP la diferencia es amplia vamos a impugnar, porque no podemos dejar pasar que esta fue una elección de Estado, en la que el presidente intervino directamente, violentando de forma reiterada la constitución y la ley electoral, que el desvío y despilfarro de recursos fue brutal, porque todo esto generó una enorme inequidad en la contienda”, sostuvo.

Enfatizó que según el PREP los votos favorecen a un modelo autoritario que busca anular la democracia y el equilibrio de poderes.

“Somos demócratas y siempre reconoceremos la voluntad mayoritaria cuando esta sea realmente legítima, por lo que no podemos dejar de denunciar e impugnar cuando se violentó reiteradamente la Constitución y la ley electoral, cuando nunca se garantizó piso parejo”, añadió.

Adicional, la excandidata solicitó este martes a la Cámara de Senadores, reintegrarse a sus actividades como legisladora en la bancada del PAN.

Gálvez hizo su solicitud a través de una carta dirigida a la Mesa Directiva con fecha del 4 de junio, confirmaron fuentes del grupo parlamentario del PAN.

Recordemos que la ex aspirante pidió una licencia a partir del 20 de noviembre de 2023 para llevar a cabo su campaña a la presidencia. Los legisladores en ambas Cámaras del Congreso pueden solicitar una licencia o permiso para separarse de forma temporal para buscar un nuevo cargo público.

De acuerdo con el reglamento interno de la Cámara de Senadores, para reintegrarse es necesario notificar a la Mesa Directiva de la Cámara alta, que encabeza Ana Lilia Rivera, quien además tendrá que notificar a la suplente de Gálvez y al pleno de legisladores de la Comisión Permanente del Congreso, en la próxima sesión extraordinaria, para los efectos conducentes.

Desde su salida, el escaño fue ocupado por su suplente, Laura Ballesteros, quien se adhirió a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) a su ingreso al Senado.