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El expresidente Donald Trump exageró su patrimonio neto y lo infló en 3,600 millones de dólares anuales, según dijo este viernes la fiscal general de Nueva York en un nuevo expediente judicial.

El actual candidato republicano a las primarias republicanas supuestamente hizo entradas falsas en registros comerciales, falsificó estados financieros y cometió fraude de seguros, según la presentación de la oficina de la fiscal general, Letitia James.

La fiscal general alegó, respaldándose en un análisis realizado por expertos en valoración y contabilidad, que el patrimonio neto de Trump en los años transcurridos entre 2011 y 2021 fue inflado entre 1,900 y 3,600 millones de dólares, dependiendo del año.

Esa es “todavía una estimación conservadora”, señala el expediente de la fiscal general de Nueva York, ya que esos expertos en valoración aún aceptaban muchas de las suposiciones utilizadas por los acusados en sus estados financieros anuales.

En agosto, la oficina de la fiscal dijo que Trump infló fraudulentamente su patrimonio neto entre 812 millones y 2,200 millones cada año desde 2011, dependiendo del año.

James está demandando a Trump y sus coacusados, entre los que se encuentran varios de sus hijos, por supuestamente defraudar a bancos, compañías de seguros y otros para beneficiar a la Organización Trump. La fiscal pide 250 millones de dólares por daños y perjuicios.

Paralelamente, el candidato favorito entre los republicanos tiene diversas causas judiciales abiertas por temas económicos, de seguridad nacional y políticos.

Los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Poder Judicial parecen no llegar a su fin. Toda la semana ha arremetido contra la Suprema Corte y sus ministros.

Hoy, López Obrador volvió a insistir en que a diferencia de él y el poder legislativo, que llegaron a sus encargos por el voto de los mexicanos, el Poder Judicial se heredó del antiguo régimen y está prácticamente intacto.

En ese sentido, dijo que el Poder Judicial es el mismo de siempre, por lo que llamó a “renovarlo”.

“Obedece (el Poder Judicial) a los intereses del antiguo régimen, es un poder para proteger privilegios de una minoría, no para defender al pueblo, y para defender a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada; entonces, ¿cuándo van ellos a resolver de conformidad con la ley, con apego al Estado de derecho, si forman parte de un grupo de intereses creados, si existe una relación de componendas, de complicidades y los miembros del Poder Judicial forman parte de ese agrupamiento conservador, corrupto?”, cuestionó el mandatario.

En ese sentido, ventiló que le hicieron llegar a la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana en Palacio Nacional información acerca de que Corte contrató a la que era directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva, cuando Genaro García Luna estuvo al frente, y quien es investigada por firmar contratos iregulares.

“Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República”, añadió López Obrador.

Señaló directamente a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, de haber contratado a la excolaboradora de García Luna como nueva directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal.

“Entonces, cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos. Tenemos que poner por delante el interés general, y ese es mi trabajo. Y ofrezco disculpas por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés público. No puede estar el interés personal, por legítimo que sea, por encima del interés público.

Afirmó que con este tipo de acciones, la Corte está buscando bloquear, contrarrestar todo lo que su gobierno hace. “Y es ya de manera abierta, descarada, un poder al servicio del bloque conservador”.

Al presidente se le expuso el caso de dos funcionarios del Tribunal 17 acusados de participar en estafas, siendo el mismo tribunal al que pertenece la magistrada Amanda Roberta García González, que fue quien votó por descongelar las cuentas de Genaro García Luna cuando él estaba siendo declarado culplable en Estados Unidos.

Al respecto, López Obrador acusó que el Consejo de la Judicatura “no sirve para nada, es un florero, está de adorno”, pues debería ser el Consejo quienes tendrían que estar revisando dichas acusaciones. Cuestionó cómo se puede contratar en el Poder Judicial a quien está acusada de firma de contratos ilegales en la época de García Luna.

El reportero, de la revista Contralínea, le insistió en el hecho de que los ministros y más de mil funcionarios del Poder Judicial ganan “cientos de miles de pesos”, más que el propio titular del Ejecutivo.

 También le recordó los “privilegios” que se han expuesto en la mañanera, que gozan los ministros de la Corte. En ese sentido, le planteó si sería bueno que hubiera una rendición de cuentas del Poder Judicial, tanto del Consejo de la Judicatura como de la Suprema Corte, para conocer de qué manera ha evolucionado el patrimonio de sus integrantes.

“Sabemos que ya ganan mucho, pero, aun así, aun así, no se alcanza a explicar la riqueza de muchos integrantes del Poder Judicial, y no necesariamente o solamente los ministros, sino incluso también jueces que, como le decía, ganan más que usted.

Al respecto, López Obrador dijo que todos los mexicanos tienen el derecho a conocer el patrimonio de los servidores públicos. Incluso reclamó que “no tiene por qué ocultarse”, justo en momentos en que se le ha acusado de querer acabar con la transparencia al tener inoperante al INAI.

“Yo les propongo algo: cuando tengan información sobre los bienes de los ministros, magistrados y jueces, que están más allá de lo normal, que resulten extravagantes, vengan aquí”, dijo AMLO apoyando así indagar los ingresos y patrimonio de ministros, magistrados y jueces.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que presentó una denuncia en contra de personas que el pasado miércoles por la tarde provocaron daños al patrimonio en el campus de Ciudad Universitaria.

En un comunicado, la institución reportó que “unas 40 personas entre hombres y mujeres”, procedentes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel sur, “portando palos, hachas, martillos, entre otras herramientas, ocasionaron diversos daños a instalaciones universitarias”.

En particular, señalaron que los daños ocurrieron en la explanada y entrada principal de la torre de rectoría.

Se apuntó que “los agresores, encapuchados y vestidos de negro, detonaron varios artefactos explosivos” en la explanada.

Posteriormente, en la zona recreativa conocida como “Las Islas” “vandalizaron muros, así como las letras modulares “+UNAM”, ubicadas frente a la Biblioteca Central, la cual fue declarada por la Unesco en 2007 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto con el campus central de la Ciudad Universitaria.

En una segunda acción, los encapuchados regresaron a la explanada de rectoría donde, “luego de arremeter contra la puerta principal de la torre, arrojaron artefactos explosivos y amedrentaron a las personas que transitaban por el lugar”.

Los hechos descritos quedaron registrados en una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía de Investigación Territorial de Agencia Investigadora COY-2.

La UNAM refrendó su disposición al diálogo para atender las demandas e inquietudes de estudiantes, rechazando el uso de la violencia como método para dirimir conflictos. Adelantó que aportarán a la autoridad investigadora “todos los elementos de prueba con que se cuenta, para la plena identificación de las personas agresoras”.

En las últimas semanas una decena de plantes de la UNAM se han ido a paro para exigir la solución de problemáticas locales que van desde la exigencia de seguridad hasta becas alimentarias pasando por temas de género y de transporte, entre otros.

Luego de que se diera a conocer la apelación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la exoneración que hiciera sobre una denuncia en su contra la Fiscalía General de la República (FGR), así como una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito, el magistrado presiente del TEPJF, José Luis Vargas, aseguró que es inocente de lo que se le acusó, y defendió la resolución  alcanzada por el Ministerio Público.

A través de un comunicado, Vargas Valdez señaló que tras varios meses de investigación, la FGR, por conducto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción concluyó que las imputaciones que se hicieron en su momento en la denuncia que presentó la UIF no correspondían a la realidad.

“Resolvió decretar el no ejercicio de la acción penal, esto significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir; además, concluyó una vez que cotejó la información que puntualmente aporté, que no hay ningún tipo de inconsistencia en mi patrimonio ni en mis gastos”, sostuvo el ministro presidente del Tribunal Electoral.

Afirmó que su patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes sus percepciones con sus erogaciones, y aprovechó para aclarar que las cifras filtradas y presentadas en la nota publicada por Reforma, fueron alteradas y por lo tanto la información es falsa imprecisa e injuriosa sobre su persona y su patrimonio.

José Luis Vargas cuestionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga las facultades para impugnar la resolución de la FGR, quien decretó el no ejercicio de la acción penal en su contra, pues dijo, está debidamente sustentada en pruebas que acreditan que no cometió delito alguno.

Lamentó que se deteriore y se corrompa el proceso legal mediante filtraciones a los medios de comunicación. Indicó que en nuestro país es ilegal que las denuncias, actuaciones ministeriales y procesos penales, sean objeto de filtraciones a medios de comunicación.

“Reitero soy inocente de lo que me han imputado mediante la denuncia y que fue corroborado y verificado de manera exhaustiva por el ministerio público federal. Mi patrimonio y el de mi familia corresponde a ingresos obtenidos de manera lícita y declarado ante las autoridades competentes”, remató el miembro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó esta tarde que luego de un procedimiento administrativo sancionador, se ordenó la destitución así como la inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público a Luis Galván Arcos, quien se desempeñaba como gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística de Pemex, y quien está relacionado con la ‘Estafa Maestra’.

La dependencia explicó que la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que el exfuncionario, quien estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, de 2013 a 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos.

La Función Pública aseguró que el imputado tuvo su derecho de audiencia durante todo el procedimiento, aunque no pudo justificar por qué no reportó la información financiera.

“Para garantizar que cada persona servidora pública tenga un patrimonio congruente con los ingresos por los encargos que ha desempeñado, y que no ha participado en decisiones de gobierno que representen un conflicto de interés, la Función Pública da seguimiento cercano a su evolución patrimonial”, indicó la SFP, que dirige Irma Eréndira Sandoval.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este martes que tras un “exhaustivo” procedimiento de responsabilidades se determinó imponer una inhabilitación por un periodo de 10 años, al exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo Cervantes.

La inhabilitación impedirá que Catillo Cervantes desempeñe empleos, cargos o comisiones en el servicio público,

Al indicar que la dependencia tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, Irma Eréndira Sandoval señaló que se detectaron omisiones del exfuncionario en sus declaraciones patrimoniales presentadas.

Se indicó que la sanción, que le fue notificada a Castillo Cervantes, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fungió como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Por ello, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

“Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”.

La SFP aseguró que durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia del extitular de la Conade, y garantizó su derecho de audiencia.

La dependencia indicó que actualmente da seguimiento a 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa, de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

El delegado de programas para el desarrollo del gobierno federal en el estado de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, negó los señalamientos que se hacen a su evolución patrimonial.

En una conferencia de prensa desde Acapulco, Guerrero, el superdelegado aseguró que Reforma le atribuyó de forma errónea la acumulación de propiedades, siendo la principal “una finca” en Acapulco.

El funcionario indicó que la propiedad a la que hace referencia el diario sí está incluida en su declaración patrimonial, tanto en la inicial como en las subsecuentes modificaciones.

Mi “patrimonio no ‘crece’, es el mismo que he declarado apegado a la ley antes de ser Delegado o Diputado y en este caso, que heredé y ha evolucionado de manera totalmente explicable. Ese inmueble es el fruto de décadas de trabajo de mi padre y de mi padre”, indicó Amílcar Sandoval Ballesteros.

 

Y es que esta mañana, el diario Reforma publicó una investigación en la que indica que el colaborador del gobierno federal no incluyó la propiedad en su declaración patrimonial.

“En sus dos declaraciones como funcionario federal en enero y mayo de 2019, Amílcar Sandoval omitió declarar esa propiedad”, publicó el diario en referencia a la finca de Acapulco.

Adicional, reportó que el funcionario comenzó a acumular propiedades en los últimos 15 años, lo que contrasta con el hecho de que el hermano de la titular de la SFP no ha desempeñado grandes cargos en la administración pública, “por tanto no reporta ingresos para ello (la compra de propiedades).

Al negar lo expuesto por el diario, Amílcar afirmó que Reforma “maneja la información” faltando a la verdad con la intención de afectar su imagen.

El retomar lo señalado por el diario, donde lo señala como candidato a la gubernatura de Guerrero, atribuyó a ello los “ataques e intentos de desprestigio” en su contra.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene un nuevo blanco en la mira. Investiga por “inconsistencias” en su patrimonio al actual coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

Según reporta el diario Reforma, la dependecia a cargo de Irma Eréndira Sandoval revisa la evolución patrimonial de Osorio y su familia; para ello analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia de recursos; busca cotejar si su patrimonio coincide con sus ingresos.

En respuesta, el también exsecretario de Gobernación presentó la semana un amparo para impugnar las conclusiones de la investigación, ya que indicó que la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y se involucró a su familia.

“La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto”, dijo el senador en entrevista con Reforma.

De acuerdo a lo relatado por el diario, la indagatoria se habría iniciado en torno a un inmueble ubicado en Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

En mayo de 2014, Laura Vargas, esposa de Osorio Chong, dio aviso ante un notario en Hidalgo, de la compraventa del inmueble a través de un crédito hipotecario; sin embargo, la pareja indica que la operación se canceló y terminaron rentando la casa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó esta mañana la propuesta del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien sugirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debería tener facultades de fiscalizador.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que se debe de mantener privada la información de las personas, y que la obligación de dar a conocer el patrimonio es exclusivo para los servidores públicos.

Y es que en la propuesta de Ramírez Cuellar, se sugiere que el INEGI revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos, y tenga acceso a su información fiscal mediante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

AMLO dijo que no ve conveniente dicha propuesta, y dijo que lo mejor para que no haya tanta desigualdad es que el gobierno ayude; señaló que el gobierno puede apoyar para que la mayoría de mexicanos vaya escalando y no se profundice en la desigualdad social”.

López Obrador enfatizó en que se opone a que las personas informen cuánto tienen. “No creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan los patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos”, sostuvo el mandatario.

Ante las críticas que ha habido, Ramírez Cuellar se empeño en defender su propuesta, y explicó que lo sugerido por Morena no implica que encuestadores del INEGI ingresen físicamente a las propiedades de los mexicanos como se ha querido hacer ver,  sino que los expertos de dicha institución establezcan una metodología para conocer la concentración del ingreso y medir la desigualdad extrema en el país.

Además dijo, la propuesta no nace con la intención de quitarle a los ricos, sino para las altas fortunas “cooperen con lo que deben de cooperar”.

La dirigencia nacional de Morena, a cargo de Alfonso Ramírez Cuellar, dio a conocer el “Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional”, con el fin de ayudar a enfrentar la crisis económica generada por la pandemia del nuevo coronavirus, Covid.-19.

En su propuesta, sugiere que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tenga facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país, es decir, que pueda tener acceso a los registros del patrimonio de todos los mexicanos.

“Tenemos miles de  millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en  México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la  riqueza”, señaló Ramírez Cuellar.

En su propuesta señala que el INEGI debe poder accesar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, y cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano.

Para lograr que el INEGI conozca a profundidad el patrimonio de las personas, Morena propone que tenga acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a toda la información financiera y bursátil de las personas.

La propuesta rápidamente causó polémica. El dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, cuestionó lo planteado por Morena, pues además de sugerir que el INE revise el patrimonio de los mexicanos, pide que se grave “la propiedad, la riqueza y el ingreso”.

En su propuesta, Morena habla de la progresividad fiscal, que  tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud.

Para justificar dicho planteamiento, señala que un Estado de Bienestar sólo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que más tienen.

También habla de que se debe dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), para analizar la concentración y el poder que tienen las empresas.

Lamentó que el sobreprecio que se impone al momento de adquirir alimentos, material de construcción,  usar transporte terrestre o aéreo, medicamentos o sistemas financieros o de comunicación  está afectando sistemáticamente a los hogares más pobres.

Acusó que buena parte de las transferencias monetarias no están promoviendo el bienestar, sino que  sólo están ayudando a cubrir el sobreprecio que impone el poder del monopolio o del oligopolio en los distintos mercados.

La secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, informó que después de realizar siete auditorías a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) se encontraron 22 observaciones, de las cuales 16 ya fueron solventadas y seis no, estas últimas referentes al fideicomiso Fodepar.

“Las irregularidades en la documentación entregada por parte de Conade tienen un potencial daño patrimonial por más de 14 millones de pesos”, refirió la funcionaria federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que las seis observaciones que la Conade no ha podido solventar se refieren a diferentes hechos como la detección de miembros de la Comisión Deportiva que no cumplían con los requisitos para ocupar los puestos, por lo que fueron separados de los cargos.

“Celebramos que la CONADE ya haya tomado medidas para separar de su cargo a los 8 miembros que no cumplían con el perfil. Hoy tienen ya una comisión que cumple cabalmente con lo señalado por la ley”, dijo Sandoval.

Añadió que se observaron pagos indebidos a entrenadores por poco más de 71 mil pesos, los cuales ya fueron reintegrados a la Conade.

También se detectó a 21 entrenadores de alto rendimiento que no contaban con la experiencia para el perfil, de acuerdo con lo expuesto por la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Otras de las observaciones fueron el uso indebido de instalaciones por parte de cuatro entrenadores y daño patrimonial de 33 mil pesos, así como irregularidades en la comprobación en los apoyos a deportistas y en la comprobación de gastos en eventos.

Precisó que hay irregularidades serias en la documentación entregada para comprobar gastos ejercidos para eventos y adquisición de materiales, por parte de las Asociaciones Deportivas Nacionales, mejor conocidas como Federaciones.

La secretaria comentó que aún no se encuentra en condiciones de presentar alguna denuncia procesal contra algún funcionario y tampoco determinar si la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, podría ser sancionada o no debido a las observaciones.

“Esta es la primera vez que se fiscaliza con tanto detalle el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento”, remató la titular de la SFP.

De acuerdo a la más reciente encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), el 92.4% de los mexicanos consideran que se debe iniciar una investigación en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, en relación a las presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimonial y de intereses.

Sólo un 4.8% está en desacuerdo en iniciar una investigación, un 1.9% no sabe, el 0.6% indicó que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Al plantearle a los encuestados su opinión sobre los presuntos bienes que el funcionario ocultó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y que en realidad su fortuna supera los 51 millones de pesos que él asegura tener, el 76.4% de las personas consideró que la declaración patrimonial de Bartlett es falsa.

En días recientes se ha publicado en diversos medios información, a partir de una investigación de Arelí Quintero, que vincula al director de la CFE y a sus familiares con 12 empresas y 23 casas, propiedades que el mismo funcionario ha negado tener y que sumaría una fortuna de 800 millones de pesos en bienes raíces.

Al respecto, este viernes, Manuel Bartlett confirmó su relación sentimental con Julia Abdala, esto luego de que ayer indicara que el patrimonio de la señora Abdala y el suyo eran totalmente independientes.

“No existe dependencia económica alguna entre ella y un servidor. No vivimos bajo el mismo techo, eso es del dominio público”, dijo la tarde de ayer el director de CFE.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD interpuso ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por el ocultamiento de bienes patrimoniales, enriquecimiento ilícito y conflicto de interés.

Fernando Belauzarán, integrante de la DNE, aseguró que la denuncia es “en contra del mapache más famoso del país” que no puede explicar 750 millones de pesos de propiedades que están a nombre de su pareja sentimental con la que vive desde hace dos décadas y de sus hijos.

Explicó que el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades es muy clara al establecer como una falta muy grave el ocultamiento de bienes que estén a nombre de la pareja o concubina; detalló que la falta implicaría la inhabilitación del cargo por 10 o 20 años.

En ese sentido, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se haya adelantado a las investigaciones oficiales y lo haya absuelto diciendo que es un complot político.

El perredista exigió a la titular de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, llevar a cabo una investigación profunda y transparente.

Adicional señalaron que están solicitando medidas cautelares como la separación del cargo de Manuel Bartlett en tanto no se esclarezca el origen de los recursos que se utilizaron para adquirir las propiedades y se pueda generar toda una línea de investigación alrededor de los familiares del funcionario federal.

La DNE sostuvo que es totalmente inadmisible que un servidor público que llegó acompañado de un Presidente, que a todas luces puso el dedo en la llaga con el tema de la corrupción, hoy sea acompañado por corruptos, “quien con lobos anda aullar se enseña”, indicaron.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente de la República, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que ninguno de los 19 miembros del gabinete tienen algún tipo de reserva respecto a sus declaraciones patrimoniales.

“Queremos dejar ahí por sentado que esta es una fotografía del inicio de los tres gobiernos anteriores, y en el inicio de los tres gobiernos anteriores somos el gobierno que ha dado el 100 por ciento de publicidad total de los datos patrimoniales del gobierno de la nueva administración”, destacó la funcionaria.

Enfatizó que a dos meses del inicio del nuevo gobierno, la administración cuenta con una transparencia del 100 por ciento respecto a las anteriores administraciones.

Aclaró que dentro de esta relación de transparencia, están incluidos los delegados del gobierno federal. “Anoche hicimos el cumplimiento total, todas las declaraciones de los delegados del gobierno federal, de los coordinadores de los programas sociales y delegados únicos de cada entidad federativa”.

Fue en ese punto donde reconoció que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sí reservó la información sobre su departamento en Houston. “Es un departamento que tiene en copropiedad y que, efectivamente ella había, en utilización de su prerrogativa, de su derecho a ciertas reservas, reservado, precisamente por eso, para proteger datos de terceros”.

Ante la declaración, Sandoval aclaró que ya tienen firmada la autorización de Sánchez Cordero, quien acepta la publicidad absoluta y total de su patrimonio.

“El tema que me comprometo, a nivel personal, yo como secretaria de la Función Pública, es hacer un sistema en donde haya publicidad absoluta o en el caso de la reserva para quien desee esto, pero ya no vamos a tener estas confusiones de reservas a medias, de publicidad a medias, va haber publicidad o reserva”, remató.

 

La Contraloría General de Venezuela anunció este lunes la apertura de una investigación sobre el patrimonio del líder opositor Juan Guaidó, en una nueva escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la Asamblea Nacional.

El contralor general Elvis Amoroso dijo a la prensa que ordenó una auditoria del patrimonio de Guaidó, quien se declaró el mes pasado presidente encargado de Venezuela, tras detectar que supuestamente “falseó datos” en su declaración jurada y recibió dinero de entidades internacionales “sin ningún tipo de justificación”.

La acción de la Contraloría General, un órgano manejado por el gobierno que tiene a su cargo la revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos, se da a menos de dos semanas de que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera a Guaidó la salida del país, congelara sus cuentas bancarias y le prohibiera enajenar y gravar bienes en atención a una solicitud que realizó la Fiscalía General que investiga al líder opositor por hechos violentos ocurridos en enero.

Desde el mes pasado el gobierno y la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, mantienen una pugna tras declarar que el presidente Nicolás Maduro usurpa el cargo al ser reelecto en comicios que la oposición considera una “farsa”.

Las tensiones se han acrecentado en los últimos días ante el plan que impulsa el Congreso para ingresar al país ayuda humanitaria con el apoyo de Estados Unidos y Colombia.

Luego de la polémica que se generó por la omisión de una propiedad de la secretaria de Gobernación en su declaración patrimonial, la Secretaría de la Función Pública (SFP) defendió la forma en que se publican las declaraciones de los servidores públicos federales a través del sistema DeclaraNet.

La SFP indicó que cada servidor público es responsable del ingreso preciso de sus datos y de decidir hacer públicas o reservadas sus declaraciones.

“La plataforma DeclaraNet sólo hace públicos los datos del declarante. Si se opta por hacer pública la declaración patrimonial, el sistema no publica información del cónyuge, concubina o concubinario o dependientes económicos para proteger los datos personales de terceros”, aclaró la dependencia.

Señaló que una vez presentada la declaración patrimonial no se pueden hacer modificaciones directas a lo asentado en el formato. Sólo pueden hacerse las precisiones pertinentes a través de la opción de Nota Aclaratoria, la cual no es pública, a menos que el declarante lo solicite en la propia nota.

Finalmente indicó que si se solicita que se publiciten los datos de terceros, es indispensable manifestar que es de mutuo acuerdo y que haya una aceptación expresa del tercero involucrado.