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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó esta tarde que luego de un procedimiento administrativo sancionador, se ordenó la destitución así como la inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público a Luis Galván Arcos, quien se desempeñaba como gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística de Pemex, y quien está relacionado con la ‘Estafa Maestra’.

La dependencia explicó que la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que el exfuncionario, quien estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, de 2013 a 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos.

La Función Pública aseguró que el imputado tuvo su derecho de audiencia durante todo el procedimiento, aunque no pudo justificar por qué no reportó la información financiera.

«Para garantizar que cada persona servidora pública tenga un patrimonio congruente con los ingresos por los encargos que ha desempeñado, y que no ha participado en decisiones de gobierno que representen un conflicto de interés, la Función Pública da seguimiento cercano a su evolución patrimonial», indicó la SFP, que dirige Irma Eréndira Sandoval.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este martes que tras un «exhaustivo» procedimiento de responsabilidades se determinó imponer una inhabilitación por un periodo de 10 años, al exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo Cervantes.

La inhabilitación impedirá que Catillo Cervantes desempeñe empleos, cargos o comisiones en el servicio público,

Al indicar que la dependencia tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, Irma Eréndira Sandoval señaló que se detectaron omisiones del exfuncionario en sus declaraciones patrimoniales presentadas.

Se indicó que la sanción, que le fue notificada a Castillo Cervantes, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fungió como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Por ello, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

«Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial».

La SFP aseguró que durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia del extitular de la Conade, y garantizó su derecho de audiencia.

La dependencia indicó que actualmente da seguimiento a 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa, de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

El delegado de programas para el desarrollo del gobierno federal en el estado de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, negó los señalamientos que se hacen a su evolución patrimonial.

En una conferencia de prensa desde Acapulco, Guerrero, el superdelegado aseguró que Reforma le atribuyó de forma errónea la acumulación de propiedades, siendo la principal «una finca» en Acapulco.

El funcionario indicó que la propiedad a la que hace referencia el diario sí está incluida en su declaración patrimonial, tanto en la inicial como en las subsecuentes modificaciones.

Mi «patrimonio no ‘crece’, es el mismo que he declarado apegado a la ley antes de ser Delegado o Diputado y en este caso, que heredé y ha evolucionado de manera totalmente explicable. Ese inmueble es el fruto de décadas de trabajo de mi padre y de mi padre», indicó Amílcar Sandoval Ballesteros.

 

Y es que esta mañana, el diario Reforma publicó una investigación en la que indica que el colaborador del gobierno federal no incluyó la propiedad en su declaración patrimonial.

«En sus dos declaraciones como funcionario federal en enero y mayo de 2019, Amílcar Sandoval omitió declarar esa propiedad», publicó el diario en referencia a la finca de Acapulco.

Adicional, reportó que el funcionario comenzó a acumular propiedades en los últimos 15 años, lo que contrasta con el hecho de que el hermano de la titular de la SFP no ha desempeñado grandes cargos en la administración pública, «por tanto no reporta ingresos para ello (la compra de propiedades).

Al negar lo expuesto por el diario, Amílcar afirmó que Reforma «maneja la información» faltando a la verdad con la intención de afectar su imagen.

El retomar lo señalado por el diario, donde lo señala como candidato a la gubernatura de Guerrero, atribuyó a ello los «ataques e intentos de desprestigio» en su contra.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene un nuevo blanco en la mira. Investiga por «inconsistencias» en su patrimonio al actual coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

Según reporta el diario Reforma, la dependecia a cargo de Irma Eréndira Sandoval revisa la evolución patrimonial de Osorio y su familia; para ello analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia de recursos; busca cotejar si su patrimonio coincide con sus ingresos.

En respuesta, el también exsecretario de Gobernación presentó la semana un amparo para impugnar las conclusiones de la investigación, ya que indicó que la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y se involucró a su familia.

«La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto», dijo el senador en entrevista con Reforma.

De acuerdo a lo relatado por el diario, la indagatoria se habría iniciado en torno a un inmueble ubicado en Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

En mayo de 2014, Laura Vargas, esposa de Osorio Chong, dio aviso ante un notario en Hidalgo, de la compraventa del inmueble a través de un crédito hipotecario; sin embargo, la pareja indica que la operación se canceló y terminaron rentando la casa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó esta mañana la propuesta del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien sugirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debería tener facultades de fiscalizador.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que se debe de mantener privada la información de las personas, y que la obligación de dar a conocer el patrimonio es exclusivo para los servidores públicos.

Y es que en la propuesta de Ramírez Cuellar, se sugiere que el INEGI revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos, y tenga acceso a su información fiscal mediante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

AMLO dijo que no ve conveniente dicha propuesta, y dijo que lo mejor para que no haya tanta desigualdad es que el gobierno ayude; señaló que el gobierno puede apoyar para que la mayoría de mexicanos vaya escalando y no se profundice en la desigualdad social”.

López Obrador enfatizó en que se opone a que las personas informen cuánto tienen. «No creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan los patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos», sostuvo el mandatario.

Ante las críticas que ha habido, Ramírez Cuellar se empeño en defender su propuesta, y explicó que lo sugerido por Morena no implica que encuestadores del INEGI ingresen físicamente a las propiedades de los mexicanos como se ha querido hacer ver,  sino que los expertos de dicha institución establezcan una metodología para conocer la concentración del ingreso y medir la desigualdad extrema en el país.

Además dijo, la propuesta no nace con la intención de quitarle a los ricos, sino para las altas fortunas «cooperen con lo que deben de cooperar».

La dirigencia nacional de Morena, a cargo de Alfonso Ramírez Cuellar, dio a conocer el «Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional», con el fin de ayudar a enfrentar la crisis económica generada por la pandemia del nuevo coronavirus, Covid.-19.

En su propuesta, sugiere que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tenga facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país, es decir, que pueda tener acceso a los registros del patrimonio de todos los mexicanos.

«Tenemos miles de  millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en  México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la  riqueza», señaló Ramírez Cuellar.

En su propuesta señala que el INEGI debe poder accesar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, y cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano.

Para lograr que el INEGI conozca a profundidad el patrimonio de las personas, Morena propone que tenga acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a toda la información financiera y bursátil de las personas.

La propuesta rápidamente causó polémica. El dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, cuestionó lo planteado por Morena, pues además de sugerir que el INE revise el patrimonio de los mexicanos, pide que se grave “la propiedad, la riqueza y el ingreso”.

En su propuesta, Morena habla de la progresividad fiscal, que  tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud.

Para justificar dicho planteamiento, señala que un Estado de Bienestar sólo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que más tienen.

También habla de que se debe dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), para analizar la concentración y el poder que tienen las empresas.

Lamentó que el sobreprecio que se impone al momento de adquirir alimentos, material de construcción,  usar transporte terrestre o aéreo, medicamentos o sistemas financieros o de comunicación  está afectando sistemáticamente a los hogares más pobres.

Acusó que buena parte de las transferencias monetarias no están promoviendo el bienestar, sino que  sólo están ayudando a cubrir el sobreprecio que impone el poder del monopolio o del oligopolio en los distintos mercados.

La secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, informó que después de realizar siete auditorías a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) se encontraron 22 observaciones, de las cuales 16 ya fueron solventadas y seis no, estas últimas referentes al fideicomiso Fodepar.

«Las irregularidades en la documentación entregada por parte de Conade tienen un potencial daño patrimonial por más de 14 millones de pesos», refirió la funcionaria federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que las seis observaciones que la Conade no ha podido solventar se refieren a diferentes hechos como la detección de miembros de la Comisión Deportiva que no cumplían con los requisitos para ocupar los puestos, por lo que fueron separados de los cargos.

«Celebramos que la CONADE ya haya tomado medidas para separar de su cargo a los 8 miembros que no cumplían con el perfil. Hoy tienen ya una comisión que cumple cabalmente con lo señalado por la ley», dijo Sandoval.

Añadió que se observaron pagos indebidos a entrenadores por poco más de 71 mil pesos, los cuales ya fueron reintegrados a la Conade.

También se detectó a 21 entrenadores de alto rendimiento que no contaban con la experiencia para el perfil, de acuerdo con lo expuesto por la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Otras de las observaciones fueron el uso indebido de instalaciones por parte de cuatro entrenadores y daño patrimonial de 33 mil pesos, así como irregularidades en la comprobación en los apoyos a deportistas y en la comprobación de gastos en eventos.

Precisó que hay irregularidades serias en la documentación entregada para comprobar gastos ejercidos para eventos y adquisición de materiales, por parte de las Asociaciones Deportivas Nacionales, mejor conocidas como Federaciones.

La secretaria comentó que aún no se encuentra en condiciones de presentar alguna denuncia procesal contra algún funcionario y tampoco determinar si la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, podría ser sancionada o no debido a las observaciones.

«Esta es la primera vez que se fiscaliza con tanto detalle el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento», remató la titular de la SFP.

De acuerdo a la más reciente encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), el 92.4% de los mexicanos consideran que se debe iniciar una investigación en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, en relación a las presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimonial y de intereses.

Sólo un 4.8% está en desacuerdo en iniciar una investigación, un 1.9% no sabe, el 0.6% indicó que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Al plantearle a los encuestados su opinión sobre los presuntos bienes que el funcionario ocultó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y que en realidad su fortuna supera los 51 millones de pesos que él asegura tener, el 76.4% de las personas consideró que la declaración patrimonial de Bartlett es falsa.

En días recientes se ha publicado en diversos medios información, a partir de una investigación de Arelí Quintero, que vincula al director de la CFE y a sus familiares con 12 empresas y 23 casas, propiedades que el mismo funcionario ha negado tener y que sumaría una fortuna de 800 millones de pesos en bienes raíces.

Al respecto, este viernes, Manuel Bartlett confirmó su relación sentimental con Julia Abdala, esto luego de que ayer indicara que el patrimonio de la señora Abdala y el suyo eran totalmente independientes.

«No existe dependencia económica alguna entre ella y un servidor. No vivimos bajo el mismo techo, eso es del dominio público», dijo la tarde de ayer el director de CFE.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD interpuso ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por el ocultamiento de bienes patrimoniales, enriquecimiento ilícito y conflicto de interés.

Fernando Belauzarán, integrante de la DNE, aseguró que la denuncia es “en contra del mapache más famoso del país» que no puede explicar 750 millones de pesos de propiedades que están a nombre de su pareja sentimental con la que vive desde hace dos décadas y de sus hijos.

Explicó que el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades es muy clara al establecer como una falta muy grave el ocultamiento de bienes que estén a nombre de la pareja o concubina; detalló que la falta implicaría la inhabilitación del cargo por 10 o 20 años.

En ese sentido, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se haya adelantado a las investigaciones oficiales y lo haya absuelto diciendo que es un complot político.

El perredista exigió a la titular de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, llevar a cabo una investigación profunda y transparente.

Adicional señalaron que están solicitando medidas cautelares como la separación del cargo de Manuel Bartlett en tanto no se esclarezca el origen de los recursos que se utilizaron para adquirir las propiedades y se pueda generar toda una línea de investigación alrededor de los familiares del funcionario federal.

La DNE sostuvo que es totalmente inadmisible que un servidor público que llegó acompañado de un Presidente, que a todas luces puso el dedo en la llaga con el tema de la corrupción, hoy sea acompañado por corruptos, “quien con lobos anda aullar se enseña”, indicaron.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente de la República, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que ninguno de los 19 miembros del gabinete tienen algún tipo de reserva respecto a sus declaraciones patrimoniales.

“Queremos dejar ahí por sentado que esta es una fotografía del inicio de los tres gobiernos anteriores, y en el inicio de los tres gobiernos anteriores somos el gobierno que ha dado el 100 por ciento de publicidad total de los datos patrimoniales del gobierno de la nueva administración”, destacó la funcionaria.

Enfatizó que a dos meses del inicio del nuevo gobierno, la administración cuenta con una transparencia del 100 por ciento respecto a las anteriores administraciones.

Aclaró que dentro de esta relación de transparencia, están incluidos los delegados del gobierno federal. “Anoche hicimos el cumplimiento total, todas las declaraciones de los delegados del gobierno federal, de los coordinadores de los programas sociales y delegados únicos de cada entidad federativa”.

Fue en ese punto donde reconoció que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sí reservó la información sobre su departamento en Houston. “Es un departamento que tiene en copropiedad y que, efectivamente ella había, en utilización de su prerrogativa, de su derecho a ciertas reservas, reservado, precisamente por eso, para proteger datos de terceros”.

Ante la declaración, Sandoval aclaró que ya tienen firmada la autorización de Sánchez Cordero, quien acepta la publicidad absoluta y total de su patrimonio.

“El tema que me comprometo, a nivel personal, yo como secretaria de la Función Pública, es hacer un sistema en donde haya publicidad absoluta o en el caso de la reserva para quien desee esto, pero ya no vamos a tener estas confusiones de reservas a medias, de publicidad a medias, va haber publicidad o reserva”, remató.

 

La Contraloría General de Venezuela anunció este lunes la apertura de una investigación sobre el patrimonio del líder opositor Juan Guaidó, en una nueva escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la Asamblea Nacional.

El contralor general Elvis Amoroso dijo a la prensa que ordenó una auditoria del patrimonio de Guaidó, quien se declaró el mes pasado presidente encargado de Venezuela, tras detectar que supuestamente “falseó datos” en su declaración jurada y recibió dinero de entidades internacionales “sin ningún tipo de justificación”.

La acción de la Contraloría General, un órgano manejado por el gobierno que tiene a su cargo la revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos, se da a menos de dos semanas de que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera a Guaidó la salida del país, congelara sus cuentas bancarias y le prohibiera enajenar y gravar bienes en atención a una solicitud que realizó la Fiscalía General que investiga al líder opositor por hechos violentos ocurridos en enero.

Desde el mes pasado el gobierno y la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, mantienen una pugna tras declarar que el presidente Nicolás Maduro usurpa el cargo al ser reelecto en comicios que la oposición considera una “farsa”.

Las tensiones se han acrecentado en los últimos días ante el plan que impulsa el Congreso para ingresar al país ayuda humanitaria con el apoyo de Estados Unidos y Colombia.

Luego de la polémica que se generó por la omisión de una propiedad de la secretaria de Gobernación en su declaración patrimonial, la Secretaría de la Función Pública (SFP) defendió la forma en que se publican las declaraciones de los servidores públicos federales a través del sistema DeclaraNet.

La SFP indicó que cada servidor público es responsable del ingreso preciso de sus datos y de decidir hacer públicas o reservadas sus declaraciones.

«La plataforma DeclaraNet sólo hace públicos los datos del declarante. Si se opta por hacer pública la declaración patrimonial, el sistema no publica información del cónyuge, concubina o concubinario o dependientes económicos para proteger los datos personales de terceros», aclaró la dependencia.

Señaló que una vez presentada la declaración patrimonial no se pueden hacer modificaciones directas a lo asentado en el formato. Sólo pueden hacerse las precisiones pertinentes a través de la opción de Nota Aclaratoria, la cual no es pública, a menos que el declarante lo solicite en la propia nota.

Finalmente indicó que si se solicita que se publiciten los datos de terceros, es indispensable manifestar que es de mutuo acuerdo y que haya una aceptación expresa del tercero involucrado.

 

Al comparecer ante la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, aseguró que la rendición de cuentas sobre la situación de la administración pública es un ejercicio indispensable para el fortalecimiento de todo Estado democrático.

“Asisto a este recinto en atención a la convocatoria extendida, en términos de lo que establece la Constitución y, sobre todo, en congruencia con mi convicción de que En la presente Administración”, indicó la funcionaria.

Dio a conocer que en total se han realizado más de 15 mil 360 actos de auditorías a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Además refirió que en coordinación con las contralorías estatales, la SFP practicó mil 687 auditorías para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Derivado de las auditorias, la dependencia promovió la recuperación de recursos para resarcir daños al patrimonio público y se rescató un monto de más de 19 mil 549 millones de pesos.

Al hablar sobre los trabajos que se han realizado en materia de vigilancia, control interno y auditoría, indicó que se han llevado a cabo diligencias relacionadas con diversos temas, entre los que destacó la ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés); las contrataciones y subcontrataciones entre entidades de la Administración Pública Federal y universidades (caso en que se involucra a Rosario Robles y otros funcionarios); la reconstrucción tras los sismos de septiembre 2017, así como los hechos relacionados con la empresa Odebrecht y sus filiales.

Subrayó que por esos y otros casos, se emitieron resoluciones sancionatorias de carácter económico y administrativo, como suspensión, amonestación, inhabilitación y destitución de servidores públicos.

Gómez enfatizó que “hemos ido al fondo de todos los asuntos, sin importar cargos, en el caso de los servidores públicos, o el poder económico que representan, cuando se trata de empresas”.

Señaló que en total, durante la presente Administración, el número de sanciones emitidas superan las 58 mil, mientras que la cantidad de sancionados llegó a los 44 mil 046. Y el monto de las sanciones se elevó a 7 mil 161 millones 800 mil pesos.

 

Roberto Ochoa, Subprocurador de Control Regional de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la investigación de las agresiones a los estudiantes de la UNAM del pasado lunes, no son competencia de la dependencia.

Indicó que a partir de ello, es que se tomó la decisión de regresar la carpeta referente a las agresiones a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), quien dijo, será quien continúe con las investigaciones.

En entrevista con FOROtv indicó que la PGR únicamente intervendrá si es que se determinan daños al patrimonio de la UNAM.

Al respecto, la Procuraduría capitalina informó que respeta, pero no comparte los criterios y la decisión de la PGR de devolver la carpeta de investigación.

Dijo que bajo las premisas de acceso a la justicia, derecho a la verdad y respeto al debido proceso, asumirá la investigación en la cual se comprometió a trabajar de manera profesional y decidida para esclarecer hasta las últimas consecuencias los eventos suscitados en Ciudad Universitaria.

La PGJ-CDMX enfatizó que para el Gobierno capitalino es prioridad la seguridad de los estudiantes, profesores, personal administrativo y de las instalaciones de la UNAM.

 

Con información de FOROtv / Foto: Archivo APO

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, encabezó esta mañana la ceremonia en la que declaró a la lucha libre como Patrimonio Cultural intangible de la capital.

En el mensaje que ofreció, José Ramón Amieva indicó que dicha declaratoria es un reconocimiento a los aportes de la lucha libre y quienes participan en ella, convirtiéndola en referente internacional deportivo, de entretenimiento y cultural de la capital.

Anunció que también ha instruido para dar acompañamiento a los luchadores de la Ciudad y sus familias a través de todos los programas sociales que brinda gobierno local.

«Sabemos que a la lucha libre no solo va gente de la Ciudad de México, vienen de otros estados y muchos países. Mucha gente viene a la Ciudad de México para ver lucha libre. Les damos un reconocimiento a todos los que hacen posible la lucha libre, a los gladiadores y sus familias», sostuvo Amieva.

Detalló que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) será la encargada de realizar un directorio de las personas que se dedican a la lucha libre, para que se les puedan brindar los apoyos indicados.

Como parte de la declaratoria se anunció la conformación de la Comisión de Patrimonio Cultural Intangible de la lucha Libre Mexicana, la cual buscará salvaguardar los valores culturales de dicho deporte, así como promoverlo.

 

Con información de Medios / Foto:  Twitter

Luego de que este lunes el diario El Universal revelara información sobre el patrimonio que el candidato de Morena-PT-PES a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, había ocultado de su declaración 3de3, fue el ex legislador quien aclaró el tema a través de sus redes sociales.

Indicó que su declaración patrimonial incluye las propiedades y vehículos de él y de su esposa tal como lo marca el formato que el IMCO difunde, pero no el de sus hijos a nombre de quienes están los cuatro inmuebles que hoy ventila el diario.

«No soy un hombre de lujos y ostentaciones. No tengo un patrimonio acumulado de riqueza (…) en Puebla lo anormal es normal, y aquí el ejercicio del poder, la forma en como hace campaña (Rafael Moreno Valle) es golpeando a los adversarios».

Indicó que el exgobernador del estado, detrás de la campaña de su esposa quien busca la gubernatura por el Frente, ha pactado con el candidato del PRI para atacarlo debido a la posición que tiene en las encuestas.

Condenó la campaña estatal que se ha echado a andar en la que difunde la idea de «AMLO sí, Barbosa no». Dijo que ahora buscan cualquier cosa para atacarlo e impedir su triunfo.

«Que quede claro, soy un hombre honesto, nunca he sido deshonesto. Tengo un patrimonio muy normal, no soy extraordinariamente rico como lo es Martha Erika Alonso y Enrique Doger, así que pueden seguir diciendo lo que quieran».

El trabajo de El Universal informó que el candidato y su familia directa, poseen 10 propiedades en Puebla y la Ciudad de México valuadas en aproximadamente 25 millones de pesos.

 

Con información de El Universal / Foto: Especial