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La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que México sigue muy lejos de una justicia y una igualdad real para todas las mujeres, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La ministra presidenta indicó que desde el Poder Judicial de la Federación (PJF) no sólo se asume la responsabilidad para alcanzar esa igualdad, sino que “convocaremos a todas las autoridades para trabajar, de forma efectiva y coordinada, en la solución de los problemas de seguridad, procuración e impartición de justicia que impactan, especialmente, a las mujeres.

“Hoy me dirijo a ustedes: las mujeres indígenas y afromexicanas; las mujeres en el campo y las que defienden a la naturaleza; las mujeres que viven en situaciones de pobreza; las migrantes; las mujeres trans y las de la diversidad sexual; las mujeres con discapacidad; las buscadoras, las que luchan para encontrar justicia para sus hijas, víctimas de feminicidio; las niñas, las adolescentes; las que cuidan, las que luchan por los derechos de las mujeres”, dijo durante su video mensaje con motivo del 8M.

Recordó que el año pasado escuchó y dialogó con familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, de desaparición de personas que aman, de mujeres víctimas de la represión de sus derechos sexuales y reproductivos y que, con base en ello, se ha desarrollado un Programa de Derechos Humanos, Justicia Penal y Género, el cual tiene por objetivo, entre otros, brindar las herramientas para probar en un juicio, el contexto en que ocurre la violencia de género.

“No vamos a dejar de trabajar, nuestro compromiso es profundo, es honesto. Hoy les digo, con absoluta convicción que, en el Poder Judicial de la Federación, la igualdad de género va en serio”, enfatizó.

La ministra Piña Hernández agregó que este 8 de marzo se suma, una vez más, con convicción y respeto, a las miles de mujeres que toman las calles, ya sea saliendo a marchar o simbólicamente para conmemorar la lucha por la igualdad de género y exigir el alto total de las muchas violencias que no cesan contra las mujeres, niñas y adolescentes en México.

“Hoy, mientras nos escuchamos, mientras reflexionamos, honremos la memoria de quienes no están; reclamemos el derecho a un futuro libre, alegre, digno y seguro para las que llegarán. En este último año entendí, mejor que nunca que, a diferencia de los cascarones de género, los cambios reales para avanzar hacia la igualdad no son de un día al otro. Para realmente progresar, tenemos que construir cimientos sólidos que logren trascendernos como personas en lo individual, que se consoliden en una sana estabilidad institucional”, manifestó.

Reiteró su compromiso para seguir trabajando y lograr que el Poder Judicial de la Federación sea un espacio libre de violencia de género, y afirmó que se enfoca en la prevención y se trabaja, a marchas forzadas, para transversalizar la igualdad de género en temas esenciales como: reconocer y redistribuir las labores de cuidado.

El Senado aprobó la madrugada de este miércoles la minuta que elimina 13 fideicomisos del Poder judicial de la Federación (PFJ), luego de que Morena y aliados decidieran dispensar el dictamen de la segunda lectura e iniciara el debate en el Pleno.

Tras una maratónica sesión de cerca de ocho horas, la minuta fue aprobada con 67 votos a favor de las bancadas afines a la 4T, y 49 en contra. Con eso, se extinguieron 13 de los 14 fideicomisos que administra el PJF con un valor cercano a los 15,000 millones de pesos.

Ahora, los recursos que se encuentran en dichos fideicomisos serán administrados por la secretaría de Hacienda y destinado al Programa Nacional de Desarrollo, según el documento aprobado en el Senado.

Morena respaldó la minuta que la semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados, bajo el argumento que solo financiaban corrupción y privilegios de los altos mando del Poder Judicial.

La iniciativa salió adelante pese a discrepancias en la bancada de Morena. La primera oradora durante la discusión, la exsecretaria de Gobernación y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, votó en contra al argumentar que respaldaba a todos los trabajadores que, según dijo, se verían afectados con la desaparición de los fideicomisos.

La senadora Xóchitl Gálvez, virtual candidata de la oposición a la Presidencia en 2024, adelantó que se presentarían recursos por considerar la medida inconstitucional.

Recordemos que la Suprema Corte de Justicia ha denunciado que con lo aprobado resultarán afectados los derechos de seguridad social de sus empleados.

En ese sentido, miles de empleados judiciales se han manifestado desde la semana pasada y el domingo pasado salieron a las calles en diversas ciudades del país para exigir a los senadores que no aprobaran el dictamen, algo que ya sucedió.

El presidente López Obrador ha venido sosteniendo desde entonces que el objetivo de eliminar los fideicomisos era acabar con un régimen de privilegios que, según él, solo beneficia a magistrados con sueldos mensuales de hasta “700,000 pesos”.

Aseguró que no se afectarían los derechos y prestaciones de los trabajadores.

Según diversos expertos, este es solo el más reciente episodio del enfrentamiento entre el Gobierno y la Suprema Corte.

La pugna se ha profundizado a medida que el máximo tribunal del país ha bloqueado iniciativas clave del presidente López Obrador, que acusa al tribunal de estar al servicio de la oposición, de los “conservadores” y de defender la corrupción.

El magistrado Francisco Arcovedo Montero tiene a 14 familires trabajando en juzgados y tribunales en Campeche, lo que lo tiene bajo la mira del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Y es que, de acuerdo con una investigación que se le sigue, de la cual da cuenta el diario Reforma, el titular del Primer Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito colocó a tres hijos, tres sobrinos, la ex esposa, dos yernos, un compadre, dos comadres y el esposo e hijo de una de las comadres.

El rotativo señala que si bien son 14 los cercanos al magistrado, el CJF ha resuelto que sólo por dos de estas contrataciones se puede iniciar un procedimiento de responsabilidad y, eventualmente, sancionar a Arcovedo Montero.

Según los datos, fue el 31 de octubre, cuando el Pleno del CJF dio entrada al procedimiento contra el magistrado, así como contra los jueces de Distrito Adrián Novelo Pérez y Miriam Cámara Patrón, adscritos en Campeche y Yucatán.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) se tengan sueldos de 600,000 pesos al mes.

A través de Twitter, el máximo tribunal de justicia afirmó: “Se reitera que es falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales”.

Y compartió una liga al Diario Oficial de la Federación para que los ciudadanos interesados consulten la información referente a las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal de este año.

Este tuit fue publicado luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ministros de la Corte “están dando un mal ejemplo” al tener sueldos de 600 mil pesos al mes.