En menos de cinco meses, México tendrá una elección presidencial que los analistas de los medios de comunicación de Estados Unidos y otros países describen en su mayoría como una apuesta arriesgada. Para algunos, es parte de la “tormenta perfecta” que podría causar estragos en la economía mexicana (junto con la reforma tributaria de Trump y las amenazas al TLCAN); para la prensa de negocios, existe una amenaza para la inversión extranjera, especialmente en la industria petrolera estatal, que ha tenido una apertura sin precedentes a dicha inversión desde 2013; para otros analistas, es una amenaza para la seguridad, es decir, la política exterior de los Estados Unidos.
El problema, según los expertos y la propia administración Trump, es que el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien tiene una ventaja considerable en las encuestas, y bien podría ser el próximo presidente de México. Pero, ¿su posible elección como presidente realmente es la amenaza que se supone que es?
Aunque López Obrador se ha movido hacia el centro durante el proceso electoral, su partido Morena tiene una base izquierdista que se parece a algunos de los movimientos y gobiernos a los que Washington se ha opuesto desde que comenzaron a extenderse por Latinoamérica en los primeros años del siglo XXI. López Obrador fue un popular jefe de gobierno de la Ciudad de México de 2000 a 2005; se postuló para presidente en 2006 y 2012 como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de centro-izquierda. Cuando López Obrador decidió formar Morena en 2014, lo hizo con una gran parte del apoyo del PRD.
El propósito declarado de Morena era formar una alternativa a los partidos políticos existentes a fin de reformar no solo la gobernanza de México, sino también su política económica. El objetivo era mover la economía de México hacia un modelo más desarrollista, de mercados internos más sólidos a través de la política industrial y la inversión pública y la planificación, y proporcionar un estado de bienestar y llevar a México en una dirección más social-democrática.
Al igual que Bernie Sanders en las elecciones presidenciales de 2016, López Obrador se está oponiendo, en este caso contra lo que él afirma es una élite corrupta representada por todos los partidos principales que no pueden proporcionar seguridad económica o física para los ciudadanos del país. Promete “eliminar la corrupción en el gobierno de arriba hacia abajo, como si limpiaras las escaleras”. Y propone la reasignación de alrededor del 4 por ciento del PIB de México a programas sociales e infraestructura, incluida una pensión universal; política similar a la que implementó para los habitantes de la Ciudad de México, la cual fue uno de sus logros más populares e influyentes cuando gobernó la Ciudad.
Los otros partidos se unen cada vez más a pesar de sus ideologías dispares. Lo que queda del PRD, que anteriormente era izquierda, se está aliando con el Partido de Acción Nacional (PAN), un partido de derecha con vínculos con la Iglesia Católica. El PAN rompió el control de más de setenta años de gobierno unipartidista por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2000 con la elección del presidente Vicente Fox. Pero la administración del PAN de Fox fracasó en su intento de mejorar el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos, y su “guerra contra las drogas” auspiciada por los Estados Unidos. No logró frenar la ola de violencia. En 2012, el PRI volvió a ganar la presidencia con la elección de Enrique Peña Nieto.
Pero Peña Nieto resultó ser el presidente menos popular en décadas, gracias al continuo fracaso económico y una serie de escándalos de corrupción, así como a la incapacidad de su gobierno para controlar los altos niveles de violencia. En enero, datos preliminares del gobierno mostraron que en 2017 México sufrió el mayor número de asesinatos registrados. La reunión de Peña Nieto con el entonces candidato Donald Trump en 2016 también se convirtió en un desastre, agregando las múltiples lesiones que dejó el encuentro entre el presidente mexicano y Donald Trump, quien afirmó que durante el encuentro no se discutió sobre quién pagaría el muro fronterizo, mientras que Peña Nieto aseguró que había dejado claro que México no pagaría por ello.
El candidato del PRI para estas elecciones, José Antonio Meade, por lo tanto, está padeciendo en un distante tercer puesto en las encuestas (también es ampliamente visto como un contendiente mediocre). Se habla de que el PRI apoyará al candidato del PAN, Ricardo Anaya, completando así la descripción de un grupo indiferenciado de políticos, como lo han calificado López Obrador y sus partidarios.
Mucha gente creía que México comenzó una transición a la democracia en 2000, cuando el PRI perdió la presidencia. Pero esto ha resultado ser algo así como un mito. La promesa de esa transición nunca se materializó, y México se convirtió en un narcoestado cada vez más violento y profundamente corrupto. Las reformas económicas neoliberales fracasadas que inició el PRI, a partir de la década de 1980, se consolidaron con el acuerdo del TLCAN, que ayudó a acercar a México a los Estados Unidos, económica y políticamente.
Primero, la economía. De 1960 a 1980, bajo el antiguo régimen del PRI, el ingreso promedio de los mexicanos casi se duplicó. Si la economía hubiera seguido creciendo a ese ritmo, los mexicanos tendrían hoy un nivel de vida comparable al de Europa. Solo podemos especular sobre si México se habría vuelto más democrático a medida que se desarrolló; la mayoría de los países lo han hecho, aunque a ritmos variables.
En cambio, la década de 1980 fue una “década perdida”, con un crecimiento negativo del ingreso per cápita, con México bajo la presión de los acreedores extranjeros, entre ellos el transformado FMI su economía con reformas neoliberales, la liberalización de los flujos comerciales y de capital internacionales, la privatización de empresas estatales, y abandonando las políticas de desarrollo e industriales.
Los veintitrés años transcurridos desde la entrada en vigor del TLCAN han sido un fracaso económico, ante cualquier comparación histórica e internacional. La tasa de pobreza nacional es más alta hoy de lo que era en 1994, y los salarios reales (ajustados por inflación) apenas han aumentado. Durante el período, México ha llegado a ocupar el decimoquinto lugar de los veinte países latinoamericanos en crecimiento del PIB por persona. Casi cinco millones de agricultores perdieron sus medios de subsistencia, sin poder competir con el maíz subsidiado de los EUA. Aunque algunos encontraron empleo en las nuevas industrias agroexportadoras, el desplazamiento contribuyó a un aumento de la emigración a los Estados Unidos de 1994 al 2000.
¿Qué tipo de democracia se ha desarrollado a partir de este continuo experimento económico fallido? Podríamos esperar que los gobiernos tuvieran que encontrar otras formas de mantenerse en el poder ya que no han estado entregando resultados. The New York Times informa que el gobierno mexicano gastó, asombrosamente, casi $2 mil millones en los últimos cinco años para comprar a los medios de comunicación, en parte, pagando por publicidad con la condición de que recibiera una cobertura favorable.
Según el Times, al menos 104 periodistas han sido asesinados desde 2000, y alrededor de otros veinticinco han desaparecido. En 2017, México fue el segundo país más peligroso del mundo, después de Siria, para ejercer el periodismo. Aunque muchas personas tienen la impresión de que los cárteles de la droga son los principales responsables de la violencia y el clima de miedo, el Times informa que “según los datos del gobierno, los funcionarios públicos como alcaldes y policías han amenazado a los periodistas con más frecuencia que los cárteles de la droga, los delincuentes menores o alguien mas.”
No solo los periodistas, sino también los ciudadanos y activistas pueden ser asesinados por sus actividades constitucionalmente protegidas. La desaparición y masacre en 2014 de cuarenta y tres estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero, trajo la represión violenta de México a la atención mundial, debido a la escala del crimen y la participación documentada de las fuerzas y agentes de seguridad del gobierno.
La falta de medios independientes, el casi monopolio de dos redes partidarias sobre la televisión abierta, la compra generalizada de votos y el uso de recursos estatales por parte del gobierno en campañas electorales hacen que la democracia electoral en México sea especialmente débil. Y luego está el proceso de votación en sí. En una cerrada elección presidencial en 2006, López Obrador perdió por menos del 0.6 por ciento del voto popular. Pero había un problema de “suma”: en cada mesa electoral, se supone que el número de papeletas emitidas, más el número de papeletas en blanco restantes, deberían de coincidir con el número de papeletas en blanco al inicio de la jornada. Pero casi la mitad de las mesas de votación, no lo hicieron.
A pesar de las denuncias de manipulación de votos y fraude, y de cientos de miles de personas en las calles que exigían un recuento, la administración Bush de inmediato dio su apoyo a una campaña para declarar legítima la elección de Felipe Calderón del PAN. (Un recuento parcial, cuyos resultados no se dieron a conocer mientras las elecciones aún se disputaban, planteó más preguntas serias sobre el conteo). La administración Bush funcionó a partir del libro de jugadas que había usado para las elecciones disputadas por Bush en el 2000, e hicieron un buen trabajo. Pero al igual que con la transformación económica de México de un estado desarrollista a uno neoliberal, la influencia de los Estados Unidos en la política de México ha pasado desapercibida.
Muchos mexicanos están nuevamente preocupados por la posibilidad de un fraude en las elecciones de julio próximo. Pero los funcionarios de la administración Trump, incluido el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, han expresado otras preocupaciones. Están preocupados de que López Obrador pueda ganar. Previsiblemente, los funcionarios de los Estados Unidos han alegado que habrá interferencia rusa en las elecciones. Siguió una avalancha de artículos tontos y sin contenido en los medios estadounidenses, y en México las acusaciones se volvieron virales, como se pretendía. López Obrador ha respondido con burla, llamándose a sí mismo “Andrés Manuelovich” y diciendo que está deseoso de que un submarino ruso salga a la superficie con su oro. (En las elecciones de 2006, los medios de comunicación se vieron inundados de falsas acusaciones de que López Obrador tenía vínculos con el gobierno chavista venezolano, esta campaña de difamación también ha resurgido).
Curiosamente, a pesar de todas las fanfarronadas de Trump sobre la construcción de un muro y la renegociación del TLCAN, combinado con sus insultos y amenazas, la cooperación de México con la política exterior maligna de Washington en la región sigue siendo fuerte. Casi nadie creyó los resultados de las elecciones del 26 de noviembre en Honduras; incluso el liderazgo extremadamente favorable a Washington de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido una nueva elección allí. Pero México fue uno de los primeros en emitir una fuerte declaración en apoyo del “ganador”, el presidente en ejercicio y aliado de los EUA, Juan Orlando Hernández, cuyo partido llegó al poder tras un golpe militar en 2009.
Reuters informó en diciembre que la declaración oficial de México “fue intermediada en coordinación con Estados Unidos”. En un movimiento suave al día siguiente, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos citó la declaración de México como una razón para rechazar las convocatorias para una nueva elección en Honduras. Este es exactamente el tipo de coordinación que le gusta a Washington, y que la administración Trump debe temer que desaparezca con un presidente mexicano menos dócil.
Es difícil decir cuánto podría hacer, o haría, López Obrador si es elegido, dadas las fuerzas desplegadas contra él, tanto en casa como desde el país vecino. Pero si hay un candidato a la reforma y un partido en la carrera, es López Obrador y su partido Morena.
En julio, los mexicanos decidirán si pueden mejorar como nación más independiente, si pueden defender su derecho a una elección libre y justa.
Texto publicado en The New York Review of Book por Mark Weisbrot
