Ana Paula Ordorica
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Normalistas atacan Palacio Nacional. Hay 26 policías heridos

Una jornada de protesta a las afueras de Palacio Nacional escaló la tarde este lunes, cuando un grupo de manifestantes, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, lanzó petardos hacia la fachada del edificio, dejando 26 policías heridos, según informes de las autoridades locales.

La protesta, en reclamo de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de en 2014, se dio a cinco días de la polémica decisión de un tribunal federal que ordenó la excarcelación de ocho militares.

Los ocho militares, que estaban detenidos desde el año pasado procesados por lo ocurrido hace casi diez años en Iguala, Guerrero, fueron liberados a finales de enero y poco después fueron nuevamente apresados para enfrentar un juicio por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

El juez dispuso la semana pasada su liberación para que puedan defenderse en libertad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) dijo en un comunicado que durante la protesta resultaron lesionados 26 uniformados por petardos que lanzaron manifestantes.

Los policías presentaron heridas en su mayoría en las piernas, los brazos y los glúteos y debieron ser trasladados a distintos hospitales, precisó la dependencia.

Es la segunda protesta que escala en Palacio Nacional. Hace dos meses hubo otra protesta, con manifestantes vinculados a la escuela normal de Ayotzinapa, cuando derribaron con la ayuda de una camioneta de la CFE una de las puertas de Palacio cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrecía su habitual conferencia de prensa matutina.

Y es que desde hace varios meses, estudiantes de Ayotzinapa y los familiares de los jóvenes desaparecidos han aumentado los reclamos al Gobierno federal y en especial al presidente López Obrador, para que los cumpla su promesa de saber qué paso, además de que la exigencia es que los reciba y se aceleren las investigaciones del caso.

López Obrador ha desestimado las protestas y ha acusado a activistas y abogados de estar manipulando a los familiares de los estudiantes desaparecidos para ponerlos en contra de su Gobierno.

Desde que López Obrador asumió en 2018, se comprometió a esclarecer el caso y a localizar a los 43 estudiantes, pero las investigaciones no han tenido mayores avances pese a que han sido detenidos algunos exfuncionarios y militares.

A casi diez años de los eventos ocurridos en Iguala, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de los jóvenes y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel local que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos militares.

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In Nacional

Protestas propalestinas en universidades ceden tras enfrentamientos y detenciones

Las protestas pro Palestina que han sacudido en los últimos días campus universitarios de Estados Unidos comenzaron a ceder este viernes tras una serie de operativos policiales y un firme mensaje del presidente Joe Biden para restaurar el orden.

La policía de Manhattan despejó un campamento en la Universidad de Nueva York después del amanecer, y un funcionario publicó un video en las redes sociales que muestra a los manifestantes saliendo de sus carpas y dispersándose cuando se les ordenaba hacerlo.

La escena parecía relativamente tranquila en comparación con las medidas represivas en otras universidades del país, y algunas en todo el mundo, donde las protestas contra la guerra de Israel en Gaza se han multiplicado en las últimas semanas.

Las autoridades universitarias, que han tratado de equilibrar el respeto al derecho a la protesta y la atención a las denuncias de violencia y discurso de odio, han pedido cada vez más a la policía que desaloje a los manifestantes antes de los exámenes de fin de año y las ceremonias de graduación.

En las últimas dos semanas se han realizado más de 2,000 detenciones en todo Estados Unidos, algunos durante enfrentamientos violentos con la policía, lo que dio lugar a acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.

El presidente Joe Biden, que ha enfrentado presiones de todos los bandos políticos por la guerra entre Israel y Hamas, afirmó ayer jueves que “el orden debe prevalecer”.

“No somos una nación autoritaria en la que se silencia a la gente o se aplasta a la disidencia”, dijo Biden en una declaración televisada desde la Casa Blanca. “Pero tampoco somos un país sin ley. Somos una sociedad civilizada y el orden debe prevalecer”.

Esas declaraciones se produjeron horas después de que un gran contingente policial desalojara por la fuerza un campamento de estudiantes en Los Ángeles y reprimiera a la multitud congregada en los alrededores.

Funcionarios universitarios afirmaron que más de 200 personas fueron arrestadas en ese hecho.

En paralelo, manifestantes de la Universidad Rutgers de Nueva Jersey acordaron desmantelar su campamento tras llegar a un compromiso con los directivos, tal como sucedió en otros centros educativos.

Los republicanos han acusado a Biden de ser “blando” con lo que dicen que es un sentimiento antisemita entre los manifestantes, mientras enfrenta oposición al interior de su propio partido por su fuerte apoyo a la guerra de Israel en Gaza.

“No debería haber lugar en ningún campus, ningún lugar en Estados Unidos para el antisemitismo o las amenazas de violencia contra los estudiantes judíos”, dijo Biden.

El secretario de Educación, Miguel Cardona, se comprometió a investigar informes sobre actos de antisemitismo, señaló la cadena CNN.

Mientras tanto, han surgido protestas estudiantiles similares en todo el mundo, especialmente Australia, Francia, Canadá y México.

En París, la policía intervino para desalojar a estudiantes que realizaban una sentada en la universidad Sciences Po. En la Universidad McGill, de Canadá, las autoridades del establecimiento exigieron el miércoles el desmantelamiento “sin demora” de un campamento estudiantil que ha ido creciendo. Sin embargo, hasta el viernes por la mañana la policía aún no había tomado medidas al respecto.

En México, los campamentos se instalaron en el campus central de la UNAM, en Ciudad Universitaria frente a la Torre de Rectoría.

La guerra de Gaza comenzó cuando militantes de Hamás realizaron un ataque sin precedentes en Israel el 7 de octubre pasado, que dejó más de 1,170 muertos, en su mayoría civiles. La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 34,600 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.

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In Internacional

Ahora es en Los Ángeles donde policía desmantela protesta pro Palestina en Universidad

Policías y estudiantes se enfrentaron este jueves en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) durante el desalojo de las barricadas levantadas por manifestantes contra la guerra en Gaza, tras una jornada de intervenciones en otros centros de Estados Unidos que dejaron numerosos detenidos.

Agentes con equipos antimotines derribaron una barricada de madera que protegía el campamento levantado en el campus y arrastraron las carpas, según imágenes de diversos medios.

Los uniformados utilizaron bombas de estruendo para dispersar a los manifestantes, que coreaban “Déjenlos en paz” frente al campamento. Helicópteros sobrevolaban el lugar.

Estas manifestaciones se han extendido a por lo menos 30 universidades estadounidenses desde el mes pasado, para protestar por la gran cantidad de muertos en la Franja de Gaza en la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

Las autoridades universitarias intentan equilibrar los derechos de libertad de expresión con las quejas de que las concentraciones han derivado en antisemitismo y odio.

La importante presencia policial en torno a UCLA se dio después que las fuerzas de seguridad fueran criticadas por intervenir tardíamente ante los violentos choques del martes por la noche, cuando grupos de contramanifestantes atacaron el campamento de los estudiantes pro Palestina.

La UCLA anunció que hoy y mañana las clases serán remotas debido a “la emergencia que se presenta en el campus” y pidió a los estudiantes evitar la zona de las protestas.

Las manifestaciones pro Palestina comenzaron hace dos semanas en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y se han propagado por decenas de centros educativos en Estados Unidos.

La policía realizó ayer desalojos en la Universidad de Texas, donde desmanteló un campamento de protesta y detuvo al menos a 17 personas.

Los agentes también desocuparon un plantón instalado en el interior de uno de los edificios en la Universidad jesuita de Fordham en Nueva York.

Al otro lado de esa ciudad, las fuerzas del orden seguían desplegadas en la Universidad de Columbia, tras el violento desalojo registrado el martes. Unos 300 manifestantes fueron detenidos en Columbia y en el también neoyorquino City College (CUNY).

Algunos estudiantes lamentaron la “brutalidad y agresividad” policial. “Nos agredieron, nos detuvieron brutalmente. Y a mí me retuvieron hasta seis horas antes de soltarme, bastante golpeado, me pisotearon, me cortaron”, dijo un estudiante de Columbia a la agencia AFP.

En el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), manifestantes se atrincheraron y bloquearon una avenida cercana al campus de Cambridge ayer por la tarde.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, acusó a “agitadores externos a la Universidad” de Columbia de la escalada del conflicto, algo que los alumnos niegan.

La rectora de Columbia, Nemat “Minouche” Shafik, que ha recurrido en dos ocasiones a la policía en menos de dos semanas para levantar las protestas, dijo en un comunicado sentir una “profunda tristeza”.

Al respecto, la administración del presidente Joe Biden, cuyo apoyo a Israel ha indignado a muchos manifestantes, trata de mantener el equilibrio.

“Creemos que es un pequeño número de estudiantes el que está causando esta perturbación, y si van a protestar, los estadounidenses tienen derecho a hacerlo de forma pacífica dentro de la ley”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

El ataque sin precedentes de Hamás del 7 de octubre en Israel, que dejó 1,170 muertos, en su mayoría civiles, desató una ofensiva militar israelí que ha matado al menos a 34,596 personas, de acuerdo con el movimiento islamista que gobierna ese territorio.

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Caso Ayotzinapa se resolverá a tiempo gracias a la Ley de Amnistía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que se resolverá a tiempo el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, gracias a la Ley de Amnistía que hoy se vota el Congreso para que pueda “perdonar” a criminales que aporten información valiosa en temas relevantes.

“Sí, nos va ayudar mucho (la nueva ley). Sí nos alcanza el tiempo (para resolver el caso) porque es hacer las cosas legales”, afirmó el mandatario.

López Obrador se refirió a la Ley de Amnistía que establecerá que el titular del Ejecutivo podrá “dar amnistía a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano”.

Dicha ley, aprobaba la semana pasada en el Senado, amplía las facultades del presidente “para liberar de manera directa a reclusos que incluso hayan sido sentenciados, a cambio de información que ayude a esclarecer delitos”.

El dictamen fue aprobado ayer en comisiones en la Cámara de Diputados, y se espera que hoy sea avalada en el Pleno.

En ese sentido, López Obrador aseguró que esta nueva ley permitirá negociar con alguien con información sobre el caso, lo que ayudaría a conocer el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 en Guerrero.

“Imagínense, si se toma un acuerdo con alguien que quiere informar, pero después de que informa el presidente no tiene facultades para cumplir (con protegerlo) porque estarían infringiendo la ley, porque depende de la ley judicial y con un Poder Judicial hostil, contrario a la impartición de justicia, no avanzamos”, sostuvo el mandatario.

AMLO señaló que por ello busca esta ley, pues hay personas en la cárcel o en libertad que por miedo, amenazas o “un pacto de silencio” no han querido hablar.

“Entonces lo que queremos es que nos ayuden. ¿Y cómo les correspondemos? Los tenemos que proteger. Pero nos importa mucho saber dónde están los jóvenes, entregar a los jóvenes (de Ayotzinapa)” insistió.

Y es que el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es uno de los pendientes de la administración de López Obrador, pues desde su campaña en 2018 prometió esclarecer lo sucedido.

Las protestas por el incumplimiento de sus promesas han crecido y el pasado 6 de marzo normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Palacio Nacional para exigirle que cumpla su palabra. Además, la Asamblea Nacional Popular (ANP) anunció el 14 de abril un “boicot” a las campañas y las elecciones del 2 de junio debido a que López Obrador no ha atendido a los padres de los jóvenes.

Sin embargo, el presidente ha descartado que las amenazas sean un riesgo para la jornada electoral, aunque la presión ha crecido durante las campañas porque familiares y estudiantes lo acusan de proteger al Ejército porque hay militares involucrados.

Ayer, incluso, prometió que se reunirá con las familias de los jóvenes el próximo 3 de junio, un día después de los comicios.

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Gobierno ruso advierte sobre protestas durante jornada electoral

La Fiscalía de Moscú advirtió sobre las consecuencias de participar en la protesta convocada por varios opositores rusos para el mediodía del próximo domingo, último día de las elecciones presidenciales rusas, donde es un hecho la reelección de Vladímir Putin.

La protesta a la que se ha convocado consiste en acudir a esa hora a los colegios electorales para expresarse en contra del presidente ruso.

“Por cuanto estas acciones ilegales pueden obstaculizar a los ciudadanos ejercer su derecho al voto y obstaculizar el trabajo de los colegios electorales, advertimos de que la comisión de estas conlleva responsabilidad penal”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Las elecciones presidenciales en Rusia se celebran a partir de hoy 15 de marzo y se extenderán hasta el domingo 17, que todo indica darán a Putin su quinto mandato.

La Fiscalía señaló que durante el monitoreo de internet en las redes sociales “se detectaron publicaciones con llamados a acudir en grupos a las 12:00, hora de Moscú, el 17 de marzo a acciones públicas masivas no autorizadas a los colegios electorales de Moscú con el fin de violar la legislación electoral”.

La Fiscalía indicó que estas actividades, cuyo lugar y horario no ha sido acordado con las autoridades del modo establecido y legal, están penadas por la ley rusa. Según las leyes, la correspondiente causa penal podría conllevar penas de hasta cinco años de cárcel.

La iniciativa fue propuesta el año pasado por el exdiputado ruso Maxim Reznik, actualmente en el exilio, y apoyada por el líder opositor ruso, Alexéi Navalny, antes de morir en una prisión ártica. Ahora ha sido respaldada por la esposa de Navalny, Yulia Navalnaya.

Una gran cantidad de opositores rusos, entre los que destacan el exoligarca ruso Mijaíl Jodorkovski y el exdiputado Dmitri Gudkov, han expresado su apoyo a esta acción, conocida como “mediodía contra Putin”.

La participación en las elecciones presidenciales alcanzó este viernes el 24.41% a las 16:30 hora de Moscú, según el último informe de la Comisión Electoral Central (CEC).

Han votado ya más de 27 millones de los rusos de un censo electoral cifrado en más de 112 millones de personas, según el vicepresidente de la CEC, Nikolái Buláev.

Las elecciones presidenciales rusas se dan en medio de la guerra con Ucrania y tras la muerte de Alexéi Navalny, el principal opositor político del Kremlin. ¿Qué se busca con estas elecciones? En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Rainer Matos Franco, internacionalista por El Colegio de México, sobre la jornada electoral en Rusia.

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AMLO pide que protestas por caso Ayotzinapa no afecten a Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este viernes a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la investigación de la muerte de un estudiante de la normal de Ayotzinapa en un retén de la Policía del estado de Guerrero la noche de ayer.

“Sí hay esta vinculación, esta relación (con Ayotzinapa). Hemos decidido en el gabinete de seguridad que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, vamos a pedir de manera respetuosa, para que se investigue bien”, dijo.

El mandatario detalló en su conferencia matutina que un estudiante murió tras un altercado con la Policía de Guerrero, donde las autoridades locales primero habían informado de dos muertos.

López Obrador señaló que “es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se llevó a cabo una protesta en el Palacio Nacional”, donde estudiantes de Ayotzinapa derribaron una puerta para exigir justicia por la desaparición de sus 43 compañeros en 2014.

“Sin embargo, son cosas distintas porque esto, que lamentablemente ocurre, se da en Chilpancingo (capital de Guerrero), y son dos jóvenes que van en un carro, la Policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado”, comentó.

Y es que de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, a las 20:45 un arco detector del Registro Público Vehicular (Repuve), instalado en la carretera Tixtla-Chilpancingo, ubicó a los jóvenes en una camioneta blanca con reporte de robo.

“Cerca de un hotel los detienen, dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías y, lamentablemente, pierde la vida un joven, uno nada más”, indicó el presidente.

Lo ocurrido amenaza con incrementar la tensión entre López Obrador y los estudiantes de Ayotzinapa, quienes protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Aunque el mandatario prometió respetar el derecho a las protestas, cuestionó al abogado de las familias de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales, al exhibir un video en el que amaga con que se van “a aparecer en todos los actos de campaña que haga Claudia Sheinbaum”, candidata presidencial de Morena.

Eso le sirvió para señalar que hay tintes políticos o politiqueros detrás de las protestas.

“Con todo mi respeto que no se vaya a sentir que es un acto de censura, le pido, convoco al abogado que asesora a los papás y mamás de Ayotzinapa que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad”, sostuvo.

AMLO señaló que no tiene nada que ver la desaparición de los estudiantes, con las actividades de una candidata.

“Nosotros tenemos la obligación de atender, pero ¿por qué tiene pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos? A la otra candidata o al candidato, son tres, porque nada más a una, ahora sí que ¿de parte de quién?”, remató.

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In Internacional

Guerra en Gaza pone en jaque a Netanyahu. Protestas en todo el país

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, perdería ahora unas eventuales elecciones en Israel y su partido, el Likud, recortaría a la mitad sus escaños en el Parlamento israelí, según la última encuesta de opinión publicada por el Canal 13.

La encuesta sale a la luz después de un fin de semana de protestas por todo el país contra el primer ministro por su gestión de la guerra en la Franja de Gaza y, sobre todo, su negativa a negociar con Hamás un acuerdo para la liberación de todos los rehenes.

Si las elecciones se celebraran hoy, el ministro Benny Gantz, del partido de centro-derecha Unidad Nacional, ganaría las elecciones con 37 escaños frente a los 12 actuales, mientras que el Likud de Netanyahu se quedaría con 16 escaños, la mitad de los 32 actuales.

Gantz, ministro de Defensa, formaba parte de la oposición al negarse a formar un ejecutivo con Netanyahu desde 2020; pero al iniciarse la guerra en la Franja de Gaza contra Hamás el pasado octubre, accedió a integrarse con rango de ministro a un gabinete de guerra, que actúa como gobierno de emergencia, solo mientras dure el conflicto.

El centrista Yesh Atid (Hay Futuro), partido del ex primer ministro Yair Lapid, se quedaría como tercera fuerza con 14 escaños frente a los 24 actuales.

Según la encuesta, la actual coalición de gobierno, liderada por Netanyahu con sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos, no sumaría más de 46 escaños, muy por debajo de los 64 actuales e insuficientes para gobernar en un parlamento de 120 diputados.

El sondeo de Canal 13 refleja que el Likud lograría mejores resultados si encabezara la formación otro líder, como el actual ministro de Economía, Nir Barkat, con quien obtendrían 21 escaños más.

Netanyahu afronta una crisis de popularidad por su gestión de la guerra en la Franja de Gaza y su reticencia a negociar un acuerdo para liberar todos los rehenes, con un movimiento creciente de protestas por el país que piden su dimisión.

Familiares de los rehenes irrumpieron este lunes una reunión en la Knéset en protesta por los más de cien días de cautiverio a manos de Hamás en la Franja de Gaza y para demandar un acuerdo inmediato.

“Todos los demás asuntos pueden esperar. Pero los rehenes no tienen más tiempo”, explicó hoy en un comunicado el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, justificando la protesta después de que previamente mandaran una carta a la Secretaría de la Knéset “implorando que no se ocupen de nada que no esté relacionado con el regreso de los rehenes”.

Al no recibir respuesta, algunos familiares rompieron hoy el cordón de seguridad y penetraron una reunión del gabinete de finanzas, según informan medios locales.

Ayer, estos mismos familiares convocaron una acampada frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, donde esta noche se esperan nuevas protestas, que llegan precedidas por manifestaciones masivas en varias ciudades del país.

El primer ministro se reunió hoy con algunos de los familiares, a quienes aseguró que no existe “una propuesta real de Hamás”, según un comunicado de su oficina, después de que ayer saliera a la luz que Qatar y Egipto tratan de impulsar nuevas negociaciones que contemplarían un alto el fuego y la retirada de tropas israelíes de Gaza, a cambio de la liberación de todos los rehenes en 90 días.

El plan de 90 días proponía un alto el fuego duradero durante el que Hamás liberaría a todos los rehenes civiles, mientras que Israel excarcelaría a cientos de presos palestinos, se retiraría de las ciudades gazatíes, permitiría libertad de movimiento en el enclave, cesaría el uso de drones y duplicaría la cantidad de ayuda que permite entrar.

En una segunda etapa, Hamás liberaría a las mujeres soldados y los cadáveres de cautivos e Israel excarcelaría más prisioneros, mientras que en la tercera fase Israel retiraría sus tropas a la frontera de Gaza y el grupo islamista terminaría de liberar a todos los rehenes soldados y hombres en edad de luchar.

Se estima que 136 personas continúan retenidas, pero al menos 27 de ellas ya estarían muertas, según información de inteligencia de Israel.

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Samantha Fonseca, cuarta mujer trans asesinada en lo que va del año

Colectivos LGBTI+ protestaron este lunes en Palacio Nacional para condenar y exigir justicia tras la muerte de la activista y política Samantha Fonseca, la cuarta mujer trans asesinada en lo que va del año en el país.

Las manifestantes, en su mayoría mujeres trans, pintaron las paredes de Palacio Nacional con consignas como “las vidas trans importan”, “México transfóbico” y “Ley integral trans”.

“¿Hasta cuándo van a parar los asesinatos y los crímenes contra las personas trans? ¿Cuánto más tendremos que tolerar?”, manifestó una de las asistentes mediante un altavoz.

La protesta ocurre tras el asesinato de Fonseca, a quien balearon ayer cuando salía del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, donde era activista y defensora de derechos humanos y quien militaba en Morena.

Es el cuarto asesinato de una persona trans en los primeros 15 días del año, donde el sábado reportaron el hallazgo del cadáver de una mujer trans no identificada en Tlaquepaque, en el estado de Jalisco.

El jueves pasado mataron a Miriam Ríos Ríos, comisionada trans de Movimiento Ciudadano (MC) en Michoacán. Y el 6 de enero apareció muerta la estilista Gaby Ortiz en el estado de Hidalgo junto a una cartulina con un mensaje de odio.

La indignación ha crecido porque el lunes pasado López Obrador se refirió a una diputada trans de su partido, Salma Luévano, como “un señor vestido de mujer”, aunque un día después ofreció disculpas y reconoció el derecho a la identidad de género.

“Andrés Manuel, eres un señor vestido de izquierda”, expresó otra de las manifestantes afuera de Palacio Nacional.

Aunque al menos 20 de los 32 estados han legislado la identidad de género, México es el segundo país de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, después de Brasil, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoíris.

Hubo 52 asesinatos de personas trans y de género diverso entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 en nuestro país, solo por debajo de los 100 casos que se registraron en Brasil, según datos del proyecto de investigación Monitoreo de Asesinatos Trans 2023, de TGEU (Transgender Europe) citados por la agencia Statista.

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In Internacional

La ONU acusa a Perú de uso “innecesario y desproporcionado” de la fuerza en manifestaciones

Las autoridades peruanas “restringieron indebidamente los derechos humanos de los manifestantes” durante las protestas a escala nacional que tuvieron lugar entre diciembre 2022 y marzo 2023, concluyó un informe publicado este jueves por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ante esta conclusión, la oficina que dirige al alto comisionado Volker Türk exhortó a las autoridades peruanas a “emprender reformas significativas” para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones, lo que incluiría “permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo”.

El informe subraya que en las protestas, iniciadas tras el fracasado intento de autogolpe y la posterior destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, las fuerzas de seguridad hicieron un uso “innecesario y desproporcionado” de la fuerza, incluida la fuerza letal.

Según la oficina de Naciones Unidas, durante las protestas, que se dieron entre el 7 de diciembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023, murieron al menos 50 personas y 821 más resultaron heridas presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad.

También se documentó que 208 miembros de esas fuerzas sufrieron heridas.

Al respecto, se abrieron investigaciones penales contra 241 personas que participaron en las manifestaciones, aunque al menos 221 se han archivado por falta de pruebas, incluyendo 192 que fueron detenidas en la Universidad de San Marcos de Lima el 21 de enero.

“Los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, a través de procedimientos judiciales justos”, declaró Türk al conocerse el informe.

Recordó que el Gobierno peruano ha proporcionado apoyo económico a las víctimas y a sus familias, unas 266 personas hasta la fecha, identificadas con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Finalmente, la institución recordó que una nueva ola de protestas se produjo en el país suramericano entre el 19 y el 31 de julio, y en ella resultaron heridos 64 manifestantes y 12 agentes de policía.

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Trabajadores del PJF retoman protestas. AMLO acusa su ‘manipulación’

Por segundo día consecutivo, Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) volverán a manifestarse este martes en 18 puntos de la capital, correspondientes a los centros de trabajo que tienen, para exigir se respeten sus derechos laborales, esto ante la iniciativa que se discute en el Congreso sobre la extinción de 13 fideicomisos.

Y es que los trabajadores aseguran que con la desaparición de los fideicomisos que Morena y partidos aliados impulsan, se verán afectados sus salarios y prestaciones. Desde ayer convocaron a un paro de labores.

Alrededor de 54 juzgados y tribunales federales suspendieron sus labores de manera oficial en la Ciudad de México, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores del PJF y el Colegio de Secretarios y Actuarios, replicaron el paro en el resto de las entidades del país.

Las protestas que afectarán la circulación y colapsarán vialidades centrales este martes, son las siguintes:

1.- San Lázaro (Eduardo Molina No. 2, Col. Del Parque)
2.- Instituto de la Judicatura Federal (Sidar y Rovirosa No. 236, Col. Del Parque)
3.- Edificio sede en Insurgentes Sur (Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel).
4.- Edificio Prisma (Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel)
5.- Edificio Florida (Av. Insurgentes Sur No. 1888, Col. Florida)
6.- Edificio Ajusco 170 (Picacho Ajusco No. 170 Col. Jardines en la Montaña)
7.- Edificio Ajusco 200 (Picacho Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña)
8.- Edificio Reclusorio preventivo Norte (Jaime Nunó No. 175, Col Cuautepec Barrio Bajo Zona Escolar)
9.- Edificio Reclusorio preventivo Sur (Circuito Antonio Martínez Castro y Javier Piña y P, ubicado en Col. San Mateo Xalpa)
10.- Almacén General Antiguo (Antiguo Camino Culhuacán No. 202, Col. Santa Isabel Industrial)
11.- Edificio Anexo Revolución (Av. Revolución No. 1886, Col. San Ángel)
12.- Edificio Revolución 1508 (Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn)
13.- Edificio Revolución 1340 (Av. Revolución No. 1340, Col. Guadalupe Inn)
14.- Edificio Periférico Sur (Blvd. López Mateos No. 1950, Col. Tlacopac)
15.- Edificio Las Flores (Blvd. López Mateos No. 2321, Col. Tlacopac)
16.- Torre Zafiro II (Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal)
17.- Edificio Canoa (Canoa No. 79, Col. Tizapan San Ángel)
18.- Instituto Federal de Defensoría Pública (Bucareli No. 22 y 24, Col. Centro)

Al respecto, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, desafió a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a demostrar que extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación afecta a los trabajadores.

“Yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman 6 mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 ministros actualmente en funciones y 22 en retiro”.

El morenista acusó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de estar utilizando a los trabajadores para defender sus interés, lo que consideró es una mala estrategia pues insistió en que la iniciativa no pone en riesgo de ninguna manera la situación laboral o contraprestación de los trabajadores.

“Que le digan realmente la verdad a los 55 mil 800 trabajadores, si alguno de los fideicomisos, que son por más de 9 mil millones de pesos, está vinculado a los derechos laborales y sociales adquiridos por ellos. Es falso”, manifestó.

Mier Velazco expresó que la iniciativa busca acabar con estos mecanismos utilizados únicamente para mantener los privilegios de altos mandos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que “no es con ellos (trabajadores), ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios, a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo”, dijo.

El mandatario pidió a los trabajadores no dejarse engañar por los de arriba, pues aseguró que lo que se propuso en el Congreso fue quitarle privilegios a los altos mandos.

“No se les va a reducir el sueldo ni se les van a quitar las pensiones (…) que les pregunten a los trabajadores del poder Ejecutivo, a quién se le redujo el sueldo, a quién se le quitaron prestaciones”, dijo.

En ese sentido, coincidió con lo expuesto por Mier Velazco y llamó a que no se use o manipula a los trabajadores, pues dijo, ellos mismos se dan cuenta de cómo están las cosas al interior del Poder Judicial, con los privilegios de los ministros, entre los que mencionó sus servicios de chóferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para mejoras en sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, entre otros.

Dijo que son esos lujos con esos sueldos que en general van de los 600 a 700 mil pesos mensuales lo que están defendiendo los de arriba. Añadió que los 15,000 millones de pesos en privilegios que se buscan recuperar a través de los fideicomisos, se podrían entregarían en becas a estudiantes de primaria, beneficiando a más de 2 millones de niños pobres.

Sobre una de las imágenes que se viralizó ayer de las protestas, López Obrador dijo que “no le hace, no importa que quemen una piñata de AMLITO, no importa; no me importa nada, porque está como cuando insultan”, remató.

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Nobel de la Paz para activista encarcelada iraní, Narges Mohammadi

El premio Nobel de la Paz fue otorgado este viernes a la activista iraní Narges Mohammadi por su combate contra la opresión de las mujeres en Irán, que desafían al poder quitándose el velo en los espacios públicos.

El premio a Mohammadi llega en medio de un amplio movimiento de protesta en la República Islámica tras la muerte bajo custodia policial, hace un año, de Mahsa Amini. Esta joven iraní había sido detenida por vulnerar presuntamente el estricto código de vestimenta para las mujeres, que impone cubrirse la cabeza con un velo y lleva ropa discreta.

Narges Mohammadi, de 51 años, ha dedicado su vida a defender los derechos humanos en su país, oponiéndose al velo obligatorio o a la pena de muerte y siendo repetidamente detenida y encarcelada por ello desde hace 22 años, cuando fue detenida por primera vez.

Tras el anuncio, la ONU y el comité Nobel instaron a Irán a liberar a Mohammadi, actualmente encarcelada en la prisión de Evin, en Teherán, donde según Reporteros Sin Fronteras es objeto de “un hostigamiento judicial y policial para silenciarla”.

Esta activista y periodista es además vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, fundado por la también Premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi, que lucha entre otras causas por la abolición de la pena de muerte.

“Su valiente lucha ha tenido un tremendo coste personal. En total, el régimen la ha detenido 13 veces, la ha condenado en cinco ocasiones y la ha sentenciado a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos”, declaró Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Nobel noruego en Oslo.

Añadió que la activista y periodista fue galardonada “por su combate contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

Mohammadi, que fue detenida por última vez en 2021, no ha visto a su marido ni a sus dos hijos, exiliados en Francia, desde hace ocho años.

Tan pronto se conoció la decisión del comité, la ONU celebró un premio que este año homenajea “el coraje y la determinación de las mujeres iraníes, que son una fuente de inspiración para el mundo entero” y pidió a Irán que libere a Mohammadi.

Un total de 551 manifestantes, entre ellos 68 niños y 49 mujeres, han muerto a manos de las fuerzas de seguridad, según la ONG Iran Human Rights (IHR), y otros miles han sido detenidos.

Foto: Taymaz Valley, CC BY 2.0 vía Twitter @NobelPrize

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Congreso Perú rechaza juicio político contra Dina Boluarte

El Congreso peruano rechazó este martes una solicitud para iniciar un proceso de juicio político contra la presidenta Dina Bolaurte, presentada por partidos de izquierda, que piden su destitución por las decenas de muertes durante las protestas sociales.

La moción en busca de la vacancia de Boluarte por su “incapacidad moral” para gobernar fue denegada con 64 votos. Otros 37 votaron a favor y se requería un mínimo de 52 votos de los 130 miembros del Congreso para iniciar el proceso.

Como se esperaba, los partidos de derecha que dominan el Congreso desestimaron el primer intento para destituir a Boluarte.

La oposición responsabiliza a la presidenta de la muerte de más de 50 personas, entre civiles y militares, durante los últimos tres meses de violentos enfrentamientos que estallaron tras la asunción de Boluarte, de 60 años, en reemplazo de Pedro Castillo.

“Existen razones para la vacancia de Boluarte, ha instaurado un gobierno de represión y muerte”, dijo durante el debate antes de la votación el legislador Jaime Quito, del partido marxista Perú Libre, que llevó a la presidencia a Castillo.

La expulsión de Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso, desató una ola de protestas en demanda de la renuncia de Boluarte, elecciones anticipadas, el cierre del Parlamento y una asamblea para redactar una nueva Constitución.

Las protestas con bloqueos de carreteras, que por momentos paralizaron la operación de importantes minas en el segundo mayor productor mundial de cobre, se han reducido drásticamente desde más de un centenar en enero y solo se mantienen de forma esporádica en la región de Puno, frontera con Bolivia.

“Se debe individualizar las responsabilidades”, dijo la legisladora Patricia Juárez, del partido de derecha Fuerza Popular, el mayor bloque en el Congreso. “Pretender una vacancia en estos momentos no resulta prudente”, afirmó en el debate.

Recordemos que Amnistía Internacional dijo en febrero que tenía evidencias documentadas de “uso excesivo y desproporcional” de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad en Perú al enfrentar las protestas.

Boluarte, que debe completar el actual mandato gubernamental hasta julio del 2026, enfrenta en la fiscalía una investigación por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por las muertes en las protestas, en la que se ha incluido a parte de su gabinete.

Asimismo, la fiscalía ha iniciado una investigación a Boluarte por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y lavado de activos, relacionados a aportaciones de campaña electoral en el 2021 que llevó al poder al profesor rural y exdirigente sindical Castillo.

Boluarte es la sexta presidenta desde el 2016. En el 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia minutos antes de una votación de destitución que tenía perdida, mientras que Martín Vizcarra fue destituido en noviembre del 2020 en una votación en el Parlamento, entre otros mandatarios de transición o que no lograron terminar su mandato.

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Sindicatos informan que 3.5 millones participaron en manifestantes en Francia

El gobierno francés indicó que poco más de un millón de personas salieron a las calles este jueves en distintas ciudades del país, para protestar contra la aprobada reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron.

Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT), indicó que la cifra de inconformes fue de 3.5 millones.

El Ministerio del Interior informó 1.09 millones de personas participaron en la gran jornada de huelga que ha paralizado el sector del transporte, con trenes, aviones y carreteras afectadas, así como la educación o la sanidad, mientras continúan los paros y bloqueos en refinerías y recolectores de basura.

En la capital, París, al menos 880,000 tomaron las calles, una cifra que ha sido rebajada a 119,000 por el Ministerio del Interior durante una jornada en la que cerca de 5,000 policías montaron un operativo de seguridad.

Por el momento, las fuerzas de seguridad, que lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud en distintos distritos de la capital, han detenido a 80 personas, aunque se espera que la cifra crezca.

Las protestas, que todavía continúan, están siendo especialmente tensas en la Plaza de la Ópera, donde los manifestantes han prendido fuego a un puesto y han lanzado fuegos artificiales. Asimismo, un grupo de personas ha asaltado un banco de BNP Paribas de la zona.

El enfrentamiento entre manifestantes y policías se replicó en otras ciudades francesas, como Nantes, Burdeos, Rennes y Lorient, donde se han producido saqueos a tiendas y daños a ventanas en distintos edificios.

Ante el éxito de la convocatoria, los principales sindicatos franceses han decidido convocar a un décimo día de huelga general para el próximo martes, jornada que estará precedida por mítines sindicales durante este fin de semana.

Poco antes de que empezase la marcha en París, el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, ha asegurado en entrevista con la cadena BFMTV, que las recientes palabras del presidente Macron, quien condenó la violencia en las protestas recordando los asaltos a las instituciones de Estados Unidos y Brasil, son una “provocación”.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) ha intentado aliviar las tensiones y ha condenado la violencia de las manifestaciones, a la par que ha hecho un llamado a la calma.

En este sentido, se ha mostrado a favor de un proyecto de ley que pide un referéndum de iniciativa compartida (RIP) y que fue presentado a principios de semana en el Consejo Constitucional. Para salir adelante, necesitará el apoyo de 4.87 millones de personas, firmas que tendrán que ser recogidas en un plazo de nueve meses.

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Macron le dice no a manifestaciones con violencia. Recuerda asalto al Capitolio y toma en Brasil

El presidente Emmanuel Macron aseguró este miércoles que quiere ver en vigor su impopular reforma de las pensiones “para finales de año” y calificó de “sediciosos” a los manifestantes que endurecieron las protestas desde su adopción por decreto.

“Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Hubiera preferido no hacerla”, aseguró el mandatario francés en una entrevista en las principales cadenas de televisión, la privada TF1 y la pública France 2, asumiendo la “impopularidad” de la medida.

Francia vive un contexto social muy tenso con una ola de protestas marcadas por la violencia desde la semana pasada.

Sus declaraciones son “un desprecio para las millones de personas que manifiestan”, dijo Philippe Martinez, líder del sindicato CGT. Macron “ha echado más brasas a un asador bien prendido”, estimó por su parte el jefe del Partido Socialista, Olivier Faure.

El gobierno enfrenta desde enero un fuerte rechazo a su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.

Pero la tensión explotó el jueves cuando Macron y su primera ministra Élisabeth Borne anunciaron su adopción por decreto, ya que temían perder la votación en la Asamblea Nacional, incluso con el apoyo de la oposición de derecha.

Desde ese día, París y otras ciudades registran cada noche protestas, en las que manifestantes, en su mayoría jóvenes, queman contenedores y otros elementos.

“No toleraremos ningún desbordamiento”, advirtió Macron que calificó de “sediciosos” a estos manifestantes y los comparó con quienes asaltaron el Capitolio en Estados Unidos en 2021 y las instituciones en Brasil en enero.

“Somos una gran nación y un viejo pueblo que vota a sus responsables y les da legitimidad. Los sindicatos tienen la suya y cuando se manifiestan los respeto, es un derecho protegido por la Constitución”, aseguró Macron en una de sus entrevista.

“Pero cuando hay grupos que utilizan la violencia extrema para atacar a representantes democráticos, cuando usan la violencia sin reglas porque no están contentos, eso no es democracia”, agregó.

En una reunión con los legisladores oficialistas, el mandatario ya había advertido que la “muchedumbre” y los “disturbios” no tenían “legitimidad” sobre los representantes del pueblo, unas declaraciones criticadas incluso por sus aliados.

Las fuerzas de seguridad se encuentran no obstante en el punto de mira por los cientos de detenciones practicadas desde el jueves pasado, que en la gran mayoría de los casos saldan con una liberación sin cargos, y por los métodos usados para controlar las protestas.

Amnistía Internacional alertó este miércoles del “uso excesivo de la fuerza de forma generalizada” y de “las detenciones arbitrarias”, preocupaciones ya expresadas por la oposición de izquierdas, abogados, magistrados e incluso la defensora del pueblo.

Más allá de la reforma, Emmanuel Macron se juega poder aplicar el programa de su segundo mandato, por lo que su entrevista fue muy seguida para conocer sus intenciones y ver si admite algún error, como esperan los analistas.

El jefe de Estado reconoció que su único error fue “no conseguir convencer” sobre la reforma.

Macron fue reelegido hace casi un año, contra su rival ultraderechista Marine Le Pen, con un programa reformista y liberal.

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Gobierno francés activa procedimiento para adoptar reforma a las pensiones

El gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, activó este jueves un polémico procedimiento para adoptar su impopular reforma de pensiones, evitando así el voto de los diputados, en medio de una sesión caótica en la Asamblea Nacional.

“No podemos hacer apuestas sobre el futuro de nuestras pensiones”, dijo la primera ministra, Élisabeth Borne, al activar en la cámara baja el artículo 49.3 de la Constitución.

Rápidamente, varios diputados anunciaron la presentación de una moción de censura contra el gobierno, la única forma ahora de impedir la aplicación de la reforma.

El presidente Macron activó el polémico procedimiento para adoptar su impopular reforma de las pensiones sin el voto de los diputados, luego de que fracasara en su intento de asegurarse la mayoría necesaria.

La activación de esa herramienta legal, podría recrudecer la tensión con los sindicatos, que este jueves habían llamado a impedir esta reforma y que ya organizaron protestas masivas durante los últimos meses.

Apenas el pasado 7 de marzo, salieron a las calles cerca de 3.5 millones de personas, en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.

Recordemos que Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42 como hasta ahora, para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos.

Más allá del proyecto, el mandatario de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar la segunda economía de la Unión Europea (UE), se juega poder aplicar su programa durante su segundo mandato y amenazó con disolver la Asamblea en caso de revés.

A juicio del diario liberal L’Opinion, recurrir al artículo 49.3 “reforzaría la imagen de ‘brutalidad’ de su poder y alimentaría la crisis social”.

Los principales líderes sindicales se reunirán de nuevo tras el trámite parlamentario para analizar los próximos pasos.

En caso de adopción de la reforma, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.

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Nuevo sismo en Turquía a la par de protestas contra respuesta del gobierno

Más de 100 personas han sido detenidas este lunes en la capital de Turquía, Estambul, durante unas manifestaciones en protesta por la respuesta del gobierno a los terremotos registrados el pasad 6 de febrero, que han dejado más de 50,000 muertos en territorio turco y sirio.

Más de 160,000 edificios con 520,000 apartamentos se derrumbaron o sufrieron graves daños en Turquía por la catástrofe, la peor de la historia moderna del país.

La protesta, organizada por la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK) y la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (KESK), se llevó a cabo con la intención de denunciar los recientes “informes de corrupción” a raíz de la ayuda humanitaria.

La prensa local ha informado que el secretario general de la DISK, Fahrettin Engin Erdogan, se encuentra entre los más de 100 detenidos.

“La represión violenta de una manifestación sindical pacífica en Turquía es completamente inaceptable”, señaló la secretaria de la Confederación Europea de Sindicatos en un comunicado, Esther Lynch, refiriéndose como “represión” a la respuesta a la protesta pacífica.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido este mismo lunes perdón a la población de la provincia de Adiyaman, en el sureste del país, por el retraso registrado en la entrega de ayuda tras los terremotos del 6 de febrero.

La movilización se registró cuando un sismo sacudió el sureste de Turquía, dejando un muerto, 69 heridos y el derrumbe de 29 edificios, según las autoridades turcas. La última réplica, con una magnitud de 5.6 y una profundidad de 6.15 km.

Yunus Sezer, jefe de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD), declaró en una rueda de prensa que se habían desplegado equipos de búsqueda y rescate en cinco edificios.

Se han producido cuatro nuevos sismos en la región en las últimas tres semanas, así como 45 réplicas con magnitudes de entre cinco y seis, dijo el director general de terremotos y reducción de riesgos de la AFAD, Orhan Tatar.

Los sismos se han producido meses antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para junio, que suponen el mayor desafío político para el presidente Tayyip Erdogan en sus dos décadas de gobierno.

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