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Los estragos económicos provocados por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 podrían provocar estallidos sociales, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) al recordar manifestaciones como las ocurridas en Chile, Ecuador o Francia en los últimos años.

El FMI advirtió que “algunos países siguen siendo vulnerables a que haya nuevas protestas (particularmente si las políticas para mitigar la crisis por el Covid 19 son percibidas como insuficientes o como injustas) más orientadas hacia las grandes corporaciones que hacia las personas”.

El martes pasado en Sudáfrica, la policía disparó balas de caucho y gas lacrimógeno contra manifestantes en los arrabales de Ciudad del Cabo que protestaban por la falta de comida por el confinamiento. Cientos de personas expresaron su indignación frente a la Policía, lanzando piedras y levantando barricadas con neumáticos para protestar por raciones de comida que nunca llegaron.

En su informe semestral, el FMI señaló que las protestas son “más probables en países con un historial de corrupción generalizada, falta de transparencia en las políticas públicas y con pobres prestaciones de servicios”.

Indicó que incluso los gobiernos con las mejores intenciones de aliviar el daño económico causado por la crisis pueden verse enfrentados a estallidos sociales. “Los manifestantes no son necesariamente los más pobres”, precisó.

“Un creciente número de protestas han surgido en los dos últimos años en varios lugares del mundo, desafiando a los gobiernos y a los responsables de las políticas públicas a entender o a poder entender las raíces del descontento”, señaló.

El informe señala como ejemplo una ola de protestas que comenzó con manifestaciones por un alza de los precios de algún producto o servicio y se convirtió en movimientos más amplios como ocurrió en octubre en Ecuador, donde una subida de la gasolina provocó un alzamiento que paralizó el país.

El FMI citó también ejemplos como el de Chile, donde un alza del billete de metro derivó en un movimiento masivo contra la desigualdad que logró que se convocara un plebiscito para cambiar la Constitución, o el de la crisis de los chalecos amarillos en Francia.

Los autores del informe instaron a los gobiernos a tomar medidas para reducir las posibilidades de que surjan estas protestas. Esto incluye una comunicación sobre sus políticas que sea clara y emitida con antelación.

La mañana de este miércoles, un grupo de taxistas se manifiesta en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en la zona poniente de la Ciudad de México, en rechazo a las aplicaciones de transporte privado.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local, mientras que el grupo de inconformes se mantiene en la Glorieta del Ángel y aseveraron que no se moverán del lugar en tres días.

Ello a pesar de que ayer, tras llegar a un acuerdo con autoridades, se canceló la mega marcha de transportistas, que se tenía programada para este día y que partiría de diversos puntos de la capital del país con rumbo al Zócalo.

Otros grupo de taxistas se movilizan por distintos puntos de la capital. Según reportes de la Secretaría de Seguridad capitalina, un contingente avanza sobre Av. Insurgentes a la altura del Metrobús La Raza con dirección al Sur.

Otro se desplaza sobre Calz. México-Tacuba y Circuito Interior con dirección al Oriente. Adicional, se registran afectaciones en Av. Álvaro Obregón desde Yucatán hasta Medellín.

Al respecto, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) informó que después de poco más de tres horas de negociaciones en la segunda mesa de negociaciones celebrada ayer, alrededor de las 22:15 horas, acordaron con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México desactivar la megamarcha anunciada para hoy.
Nicolás Vázquez, vocero de los transportistas declaró que hubo un acuerdo que será redactado y se firmará hoy, mismo que en los siguientes días se dará a conocer en una rueda de prensa conjunta.

Luego del reciente feminicidio de Ingrid Escamilla y la filtración de fotos de su cuerpo tras ser asesinada, diversas organizaciones feministas protestan esta mañana afuera de Palacio Nacional en contra de la violencia de género.

Durante la conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó que está en contra del machismo y el feminicidio, y aseveró que las mujeres tienen todo el derecho de protestar.

Al preguntarle si tenía una postura concreta en contra de la violencia hacia las mujeres, el mandatario federal ofreció una especie de decálogo: “Estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones; Se debe proteger la vida de hombres y mujeres; Es una cobardía agredir a la mujer; Es un anacronismo, un acto de brutalidad el machismo”.

Indicó que se tiene que respetar a las mujeres, por lo que hizo un llamado a no agredir a las mujeres, “no a crímenes de odio contra mujeres; castigo a los responsables de violencia contra mujeres”.

En ese sentido, dijo que el gobierno que representa se va a ocupar siempre a garantizar la seguridad de las mujeres.

Por su parte, las mujeres, varias de ellas encapuchadas, se mantienen afuera, en todos los accesos del recinto, exigiendo una reunión con el mandatario para que aborden el tema del feminicidio.

Al respecto, autoridades capitalinas informaron que fue cerrada la circulación en el circuito del Zócalo capitalino, debido a la presencia de las manifestantes.

El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México indicó que se implementó carril reversible en Plaza de la Constitución desde la avenida 20 de Noviembre hacia Tacuba.

Se indicó que el cierre al tránsito de vehículos es de Corregidora a Moneda, por lo que sugirió usar como alternativa para circular el Eje Central, Isabel la Católica, Eje 1 Norte y Circunvalación.

Foto: Twitter @liz_pf

Avanza en Bolivia un acuerdo político para convocar nuevas elecciones que no contempla la participación del expresidente Evo Morales, quien tras autoproclamarse ganador de los comicios de octubre desencadenó una convulsión social en el país.

“Hemos avanzado un 95% del acuerdo y estamos haciendo un gran esfuerzo de avanzar lo más rápido posible con todas las fuerzas políticas para llamar a elecciones”, dijo el senador Omar Aguilar del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

Desde la oposición, la senadora Shirley Franco explicó a la prensa que se definió que Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera no están habilitados para participar ya que se hará respetar el resultado del referendo de 2016 en el que exgobernante perdió la posibilidad de reformular la constitución para postularse a un cuarto mandato.

Aguilar prefirió no referirse sobre el tema en nombre de su partido, pero dijo a título personal que Morales no debería participar. Su colega del MAS, Efraín Chambi, expresó “que se deberá hacer cumplir la constitución” y que no se debe politizar el tema para que la negociación pueda llegar a un acuerdo definitivo.

“Espero que de una vez haya un consenso para darle certidumbre al país y que se pacifique y podamos llamar a alecciones lo antes posible”, dijo por su parte la presidente interina Jeanine Áñez.

Áñez explicó que sus 10 días en el gobierno han sido muy difíciles por las fuertes protestas con bloqueos que provocaron escasez de alimentos y combustible sobre todo en La Paz, donde está la sede del gobierno. “Les pido por favor permitan que bajen el combustible, los alimentos. La Paz no se merece esto”, agregó. Poco después pidió ayuda a la comunidad internacional para garantizar la pacificación del país.

Las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia católica han hecho un llamado al acercamiento de todas las partes.

En un mes de conflicto han muerto 30 personas, entre ellas dos policías.

Recordemos que Morales renunció el 10 de noviembre alegando un golpe de Estado tras quedar cercado por las protestas contra un supuesto fraude electoral y perder el apoyo de la policía y los militares. Actualmente está asilado en nuestro país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que fue un acto de provocación los hechos de violencia registrados ayer entre policías federales y policías capitalinos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por donde arribó al país el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Incluso, opinó que “no es una casualidad” que justo el día que llegaba Morales a México para recibir asilo político, los inconformes se hayan organizado para protestar, “ahí hay alguien que está meciendo la cuna, ya nada más es decir de parte de quién, pero es evidente que es un acto de provocación”.

Al preguntarle su opinión sobre la protesta de policías federales en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, indicó que ya dio la instrucción para que haya diálogo con los inconformes y se atiendan las peticiones, a fin de que a quien no quiera estar en la corporación se liquide conforme a la ley y no se despida a nadie.

López Obrador aprovechó para reconocer los resultados de Evo Morales como presidente Bolivia; reiteró que fue una buena decisión concederle asilo en México y no descartó reunirse con él “si es necesario”.

“Cumplimos con un deber político y moral. Hicimos lo que consideramos justo y humano, no tengo nada qué ocultar respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales”, señaló AMLO.

Dijo que lo consideraba un buen gobernante, aunque eso no fue lo que los llevó a la decisión de concederle asilo político; indicó que se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente.

López Obrador resaltó que “el presidente indígena dejó muy buenos resultados y ojalá se conozca cómo se comportó la economía, cómo sacó a Bolivia de ser un pueblo con mucha pobreza y marginación, como lo sacó adelante”.

Finalmente, confirmó que Morales habita en un inmueble que pertenece al gobierno federal, aunque no reveló su ubicación exacta por motivos de seguridad.

“Está en un lugar, una vivienda que se le proporciona el Gobierno Federal para su estancia y también con la protección necesaria. No puedo por razones obvias comentarle, pero sí está con nosotros, está muy bien, le mando un abrazo desde aquí”, remató.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, afirmó que no dimitirá pese a las masivas protestas antigubernamentales que se han distinguido por la violencia que sacuden a su país, aunque reconoció “parte” de responsabilidad en la crisis.

Las manifestaciones, que comenzaron contra el aumento de las tarifas del metro para pasar después a un amplio abanico de reivindicaciones sociales, se encuentran ya en su tercera semana y no parecen estar cerca de su fin.

El gobierno aparece impotente pese a haber declarado el estado de emergencia y sacado al principio a los militares a patrullar las calles junto a la policía.

“Hay llamados a que dimita”, le dijo a Piñera la periodista Katy Watson de la cadena BBC “¿Lo va a hacer?”. “No”, contestó tajantemente el conservador multimillonario que pocos días después del estallido de las protestas cambió a ocho de sus ministros, incluido el cuestionado titular del Interior, Andrés Chadwick.

Piñera paga sus errores en la gestión de la crisis con una caída estrepitosa de popularidad: con 13% de aprobación, es el jefe de Estado con las cifras más bajas desde el regreso a la democracia en Chile en 1990.

Los manifestantes exigen una mejor distribución de la riqueza, el aumento de las pensiones más bajas y reducción en las tarifas de servicios básicos.

“Estos problemas se han ido acumulando en los últimos 30 años, soy responsable de parte de ello y asumo mi responsabilidad pero no soy el único”, afirmó.

Piñera se declaró obligado como presidente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y defendió que en las tres décadas desde el retorno de la democracia la pobreza se redujo de 65% a 8% en Chile.

Activistas, encabezados por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, emplazaron al presidente a frenar lo que denuncian como “graves y sistemáticas” violaciones de los derechos humanos para reprimir las protestas.

Una misión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició este jueves la auditoría de las cuestionadas elecciones en Bolivia, que dieron un nuevo mandato al presidente Evo Morales, informó el canciller boliviano, Diego Pary.

“El día de hoy inicia esta auditoría, se tiene previsto desarrollar en un tiempo aproximado de dos semanas”, dijo Pary acompañado del jefe de la misión, Arturo Espinoza, quien expresó que el grupo hará un trabajo “eminentemente técnico y profesional”.

La revisión de las elecciones del 20 de octubre fue acordada entre el gobierno boliviano y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero la oposición la califica de inconsulta y exige la anulación de la votación.

La misión la integran 30 personas, algunas de las cuales irán llegando en los próximos días y las próximas horas, dijo Pary.

La OEA indicó que el trabajo del equipo se basará en la verificación de cómputos, lo cual incluye actas, papeletas, votos; la verificación del proceso, lo cual incluye, entre otros, aspectos informáticos; el componente estadístico y de proyecciones, así como el componente de cadena de custodia de las urnas.

Subrayó que dichos puntos fueron expresados en conversación telefónica con el ex Presidente Carlos Mesa, quien había expresado su acuerdo respecto a los mismos.

Sin embargo, la auditoría se realizará en medio de protestas y choques en las calles entre oficialistas y opositores por la cuestionada reelección de Morales, que han dejado hasta ahora dos muertos y más de 130 heridos.

Ambos bandos se culpan mutuamente por la violencia desatada al día siguiente de los comicios.

El rival de Morales, el expresidente Carlos Mesa declaró este jueves que “esta movilización debe continuar” hasta doblegar al mandatario izquierdista, pero pidió a sus seguidores tomar más resguardos tras las muertes, el miércoles en la noche, de dos manifestantes opositores en un pueblo cercano a la ciudad oriental de Santa Cruz, bastión opositor.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció este miércoles su decisión de cancelar la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), a celebrarse en noviembre y diciembre próximo en Chile, debido a la tensión social y política en su país.

“Esta es una decisión muy difícil, que nos ha causado mucho dolor. Hemos basado nuestra decisión en un sabio principio de sentido común, declaró Piñera en conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda, acompañado por el canciller Teodoro Ribera y la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

El mandatario chileno justificó su determinación al señalar que la prioridad de su gobierno en este momento es “restablecer el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social, así como solucionar las demandas sociales que se han producido en el país en las últimas semanas.

Indicó que las autoridades internacionales relacionadas a ambos eventos ya fueron informadas de la decisión, la que fue calificada por el mandatario como “difícil que nos causa mucho dolor”.

Recordemos que desde hace casi dos semanas, Chile está envuelta en una profunda crisis social y política, con manifestaciones multitudinarias casi diarias, así como escenas de violencia, vandalismo y saqueos.

Al respecto, de acuerdo con un balance publicado hoy por Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un total de 20 muertos, mil 233 heridos y tres mil 712 detenidos es el saldo que han dejado las manifestaciones.

Entre las personas lesionadas, 343 recibieron disparos de perdigones de las fuerzas policiales, 282 por arma de fuego no identificada y 26 resultaron lesionadas con balines de goma, entre ellas un observador del INDH que la víspera sufrió siete impactos en su cuerpo.

Mientras de los detenidos, 404 son menores de edad, 597 mujeres y dos mil 555 hombres, según el INDH, cuyas cifras fueron recopiladas directamente a partir de sus observaciones en las propias manifestaciones, comisarías de la policía y en los centros de salud.

El presidente de Chile, Sebastian Piñera, removió este lunes a ocho de sus ministros, incluido su cuestionado jefe de gabinete Andrés Chadwick, y nombró al economista liberal Ignacio Briones como ministro de Hacienda, en un intento de hacer frente al estallido social.

En medio de manifestaciones frente al palacio presidencial de La Moneda en el momento en que se realizaban los anuncios, el mandatario derechista confirmó la salida de ocho ministros y ratificó en sus cargos a los otros 16, entre ellos el canciller Teodoro Ribera.

Los nombramientos incluyen a Gonzalo Blumel como nuevo jefe de gabinete, quien ejercía como ministro secretario general de Presidencia, y era uno de los ministros más carismáticos, además de ser el más joven, con 41 años.

En Hacienda estará Briones, exdecano de la escuela de gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que a sus 46 años reemplaza a Felipe Larraín, fuertemente cuestionado por su recomendación “a los románticos” de comprar flores al anunciar en septiembre que Chile no había registrado inflación, y que incluso el valor de las flores había bajado.

La exintendenta de Santiago, la médica Karla Rubilar, con una alabada participación en las últimas protestas ciudadanas, asumió como vocera del Ejecutivo, en reemplazo de Cecilia Pérez, quien pasó al ministerio del Deporte.

El exlíder del movimiento estudiantil “pingüino de 2006”, Julio Isamit, asumió como nuevo ministro de Bienes Nacionales, mientras que la exsubcretaria de Previsión Social María José Zaldívar toma las riendas del ministerio del Trabajo.

El exsubsecretario de obras públicas Lucas Palacio asumió la cartera de Economía, en reemplazo de Andrés Fontaine, criticado por pedir a la población “levantarse más temprano” para enfrentar al alza en la tarifa del metro en la horas de mayor flujo de pasajeros.

Esta alza en la red de transporte público más utilizada por los santiaguinos detonó las protestas sociales que hoy mantienen en jaque al gobierno de Piñera, a 20 meses de haber asumido su segundo mandato.

El exministro de Bienes Nacionales Felipe Ward asume como ministro secretario de la Presidencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado esta mañana a los elementos de la Policía Federal a que no se dejen manipular y que se informen sobre las opciones que hay para su incorporación, de manera voluntaria, a la Guardia Nacional o su reacomodo en alguna de las otras opciones que tienen.

Comentó que si por cuestiones de edad, enfermedad o situación física, no están aptos para formar parte de la Guardia Nacional, los elementos de la Policía Federal tienen otras alternativas.

Enfatizó que “no hay persecución, acoso” hacia los elementos inconformes, además de que “no se va a cometer ninguna injusticia”. Reiteró que se respetarán los derechos laborales de los elementos de la Policía Federal que se incorporen a otras corporaciones o instancias.

Sin embargo, calificó de “indebidas” las acciones que han emprendido, como el cierre de vialidades,  pues los afectados son los ciudadanos. Dijo que ante dichas medidas, su gobierno está actuando con tolerancia pues “los pueden estar hasta utilizando para provocar y de esa manera sentirse víctimas si aparecen en las investigaciones casos de corrupción”.

Y es que reveló que ordenó una investigación sobre todas las irregularidades que se han encontrado en la corporación, la cual insistió: “se echó a perder”. Dijo que los abusos no fueron por parte de los policías, sino de los jefes.

AMLO dijo que la corrupción no se va a permitir, “trátese de quien se trate” y subrayó que aunque cierren todas las calles y paren todas las carreteras de México, el gobierno no va a detener el combate a la corrupción.

“Que no los usen, que no tengan problema, que busquen la forma de recibir más información, están las puertas abiertas, no es despido masivo”, dijo AMLO.

Recomendó a los elementos de la Policía Federal que no se dejen manipular y que acudan a realizar sus trámites solos, sin necesidad de recurrir a un abogado, de lo contrario, tendrán que pagarle por sus servicios.

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México criticó el vandalismo registrado ayer en la marcha con motivo de los cinco años de la desaparición de los 43 normalistas,  y lamentó la inacción del gobierno capitalino ante la destrucción del patrimonio de los mexicanos.

“En el PAN de la Ciudad de México reprobamos los hechos violentos registrados la tarde de ayer y pedimos a las autoridades no eludir su responsabilidad. Una cosa es el derecho a la libre expresión y manifestación y otra, muy distinta, alterar el orden público poniendo en riesgo la integridad de las y los capitalinos”, sostuvo el partido.

El presidente local del instituto político, Andrés Atayde, dijo mediante un comunicado que las autoridades capitalinas se limitaron a observar y no cumplieron con su obligación de restablecer el orden público y proteger el patrimonio histórico y a los comercios.

Enfatizó que el gobierno debe reconocer los errores y tomar decisiones efectivas, con estrategia y no solo acciones reactivas “que poco o en nada ayudan a solucionar la crisis de seguridad que se vive a diario en la capital.

Por su parte la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que buscará una mayor presencia policíaca en este tipo de protestas aunque aclaró que no habrá represión.

“Nuestra posición siempre va a ser en principio como lo hemos hecho siempre; diálogo, diálogo, diálogo, enfatizó la mandataria capitalina para luego reiterar que “no hay represión”.

En conferencia de prensa, destacó que a fin de proteger a los manifestantes y a la ciudadana se pretende generar un protocolo con mayor presencia policial para las próximas marchas y protestas, incluida la del 2 de octubre en memoria del movimiento estudiantil de 1968.

Sheinbaum Pardo coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al calificar a los grupos que vandalizaron la marcha de ayer como “conservadores, término que en su opinión obedece a la regresión y a personas que no quieren cambios.

“Y que no se avance en la democracia que es finalmente lo que pidió la ciudadanía con su voto en el 2018; mayor avance en la libertad, en la democracia, en la justicia y pues el conservadurismo pues lo que busca es que estos cambios no se den”, explicó.

La mandataria capitalina destacó que la Procuraduría de Justicia capitalina hará su trabajo de investigación, mientras que al Gobierno de la Ciudad de México le corresponderá la seguridad de la ciudadanía y atender a los negocios afectados.

Foto: Twitter @marianagc

Después de la violentas protestas del fin de semana en varias zonas de Hong Kong, el uso de gases lacrimógenos, cañonazos de agua y los primeros disparos policiales para contener a los manifestantes, el gobierno admitió este lunes que el territorio está al borde de una situación “muy peligrosa”.

“La violencia ilegal está empujando a Hong Kong a un gran peligro… Los crecientes actos ilegales y violentos de los manifestantes radicales no solo son indignantes, sino que también empujan a Hong Kong al borde de una situación muy peligrosa”, indicó el gobierno hongkonés.

En un comunicado, la administración de la jefa ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), Carrie Lam, condenó los actos de violencia registrados en las protestas del sábado y domingo en varios distritos del territorio autónomo chino, que concluyeron con el arresto de 86 personas.

Activistas arrojaron el sábado bombas de gasolina y ladrillos a policías en distrito industrial de Kwun Tong, al este de la península de Kowloon, mientras que al día siguientes seis oficiales fueron atacados por manifestantes violentos con palos y varillas metálicas en la frontera con la ciudad china de Shenzhen.

La confrontación, la más violenta en tres meses de protestas antigubernamentales, llevó a los uniformados a disparar al aire por primera vez y a detener a decenas de provocadores, entre ellas un niño de 12 años, según reporte del sitio Chanel News Asia.

La Policía de Hong Kong confirmó este lunes que 86 personas, entre los 12 y 86 años de edad, siguen bajo arresto, sospechosas de varios delitos, como actos ilegales de reunión, posesión de armas ofensivas y agresión a agentes policiales, incluidos 21, que resultaron con lesiones graves.

“El gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) pide al pueblo que luche contra la violencia, salvaguarde el estado de derecho y restablezca el orden social lo antes posible”, subrayó el comunicado.

El centro financiero chino se ha visto afectado desde hace más de tres meses por manifestaciones masivas, en contra a un proyecto de ley de extradición propuesto a China, aunque ahora se han convertido en un movimiento en favor de democracia.

La situación ha sumergido a Hong Kong en una crisis política sin precedentes desde que el territorio fue regresado a China por Reino Unido en 1997, tras la firma de un acuerdo, en el que China accedió a mantener ciertas libertades de los hongkoneses.

Este lunes, Twitter y Facebook acusaron que habían desmantelado una operación de información respaldada por el Estado que se originó en China continental y que buscaba menoscabar las protestas en Hong Kong.

Twitter comentó que suspendió 936 cuentas y que las operaciones parecían ser un esfuerzo coordinado y respaldado por el gobierno de China.

“Con base en nuestras intensas investigaciones, tenemos evidencia confiable para respaldar que esta es una operación coordinada respaldada por el estado”, dijo Twitter en su blog. “En general, estas cuentas estaban intentando deliberada y específicamente sembrar la discordia política en Hong Kong, incluso socavando la legitimidad y las posiciones políticas del movimiento de protesta en terreno”.

Facebook llegó a la misma conclusión. “Aunque las personas detrás de esta actividad intentaron ocultar sus identidades, nuestra investigación encontró vínculos con individuos asociados al gobierno chino”, dijo la compañía, también en su blog.

Las protestas en Hong Kong, que han supuesto uno de los mayores retos para el presidente chino Xi Jinping, comenzaron en junio con la oposición a un proyecto de ley ahora suspendido que hubiese permitido que sospechosos fueran extraditados a China continental para ser juzgados.

Desde entonces las manifestaciones han crecido, con un llamado más amplio a favor de la democracia.

Twitter informó que las cuentas socavaron la legitimidad y las posiciones políticas del movimiento de protesta en Hong Kong y dijo también que estaba actualizando su política de publicidad y que no aceptaría avisos de entidades de medios de comunicación controlados por el Estado en el futuro.

Facebook destacó que eliminó cuentas y páginas de una pequeña red, y que su investigación encontró vínculos con personas asociadas con el Gobierno chino.

Tras la manifestación de distintos colectivos de mujeres en contra de los policías señalados por agresión sexual, Claudia Seinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró esta tarde que “no habrá impunidad ni fabricación de culpables”.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno aseguró que lo de hoy, “no fue una protesta fue una provocación (…) Querían que contestáramos con violencia, pero nosotros no somos así, pero tampoco hay impunidad, hay justicia (…) No se pueden fabricar culpables”

En conferencia de prensa, la mandataria local aseguró que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México realiza una investigación de los hechos para no inventar culpables y no basarse “solo en una versión”.

Destacó que el Gobierno capitalino trabaja con una estrategia que contempla a la Secretaría de Mujeres y el Instituto Nacional de la Mujer para ofrecer seguridad a este sector de la población.

Durante las protestas en las instalaciones de la SSC, el secretario de Seguridad capitalino, Jesús Orta Martínez, salió a la calle para iniciar un diálogo con las mujeres, a lo que ellas se negaron y respondieron rociando pintura rosa y diamantina al cuerpo del funcionario.

Con 24 votos a favor y uno en contra el Congreso de Tabasco aprobó en lo general y en lo particular reformas al Código Penal que contemplan la incorporación del nuevo delito de “impedimento de ejecución de trabajos y obras”, con lo que castigará hasta con 20 años de cárcel el bloqueo de obras públicas o privadas y cierres carreteros con fines de extorsión.

La mayor pena planteada por los legisladores de hasta 20 años de cárcel, está dirigida a quienes impidan la ejecución de obras exigiendo “dádivas, cuotas o la obtención de un empleo” y además ejerzan violencia o utilicen a menores de edad en sus movilizaciones.

Durante la sesión se modificó el artículo que contemplaba la sanción a cualquier movilización que impidiera el libre tránsito y afectara las vías de comunicación, aprobado en comisiones el fin de semana, y los legisladores acordaron especificar que las penas sólo son para quienes lucren con sus manifestaciones.

El congreso de Tabasco de mayoría morenista defendió estos cambios propuestos por el gobernador Adán Augusto López Hernández, al señalar que de esta manera se pondrá un freno a los pseudosindicatos que bloquean accesos petroleros o interfieren con el trabajo de empresas en municipios como Cárdenas o Paraíso, donde se construirá la nueva refinería.

La modificación establece ahora que “al que extorsione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a 13 años”.

La pena se incrementará en una mitad más cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia.