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El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, denunció la irrupción en el Capitolio de simpatizantes del presidente Donald Trump, al que ha pedido que “defienda la Constitución” y pida “el fin del asedio”.

“No es una protesta. Es una insurrección”, afirmó Biden en un mensaje esta tarde, en el que ha instado a Trump a “dar la cara” en televisión y “pedir el fin de este asedio” protagonizado por la “turba” de sus seguidores. Estas acciones “rayan en la sedición” y “deben terminar ya”.

“Pido al presidente Trump que salga ahora mismo en la televisión nacional y cumpla con su juramento y defienda la Constitución y exija el fin de este asedio (…). El mundo está observando”, advirtió Biden.

“En este momento nuestra democracia está sufriendo un ataque sin precedentes, como ninguno que hayamos visto en los tiempos modernos”, añadió.

El demócrata reprochó a los asaltantes este “ataque al estado de derecho” perpetrado en Washington, “bastión de la libertad”. “Basta”, ha remachado Biden. “Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan a los auténticos Estados Unidos. No representan lo que somos. Lo que vemos es a un pequeño grupo de extremistas entregados a la ilegalidad”.

La irrupción de los seguidores de Trump se ha producido en medio de la certificación de los votos del Colegio Electoral que iba a dar la victoria definitiva a Biden. “La certificación del Colegio Electoral  debería ser un ritual sagrado en el que afirmamos la majestad de la democracia estadounidense”, dijo Biden.

El futuro presidente de los Estados Unidos concluyó su mensaje indicando que a pesar de lo que se ha visto hoy en la capital del papis, “sigo siendo optimista sobre las increíbles oportunidades” que tiene el país.

Foto: Twitter @igorbobic

El ingeniero y legislador centrista Francisco Sagasti fue elegido el lunes por el Congreso como mandatario interino de Perú, en busca de calmar una crisis política desatada por fuertes protestas y la salida de dos presidentes en una semana.

Sagasti, parlamentario del Partido Morado, recibió 97 votos de apoyo y 26 en contra para encabezar una nueva junta directiva del Congreso unicameral, lo que constitucionalmente significa que asumirá la presidencia del país.

La elección se realizó un día después de la renuncia del mandatario encargado Manuel Merino y en medio de una ola de protestas que dejó dos muertos y decenas de heridos, luego de la impopular decisión del Congreso de destituir hace una semana a Martín Vizcarra por denuncias de corrupción.

“Hoy no es un día de celebración”, dijo Sagasti, en sus primeras palabras en el Congreso, en relación a las dos muertes y heridos en la protesta. “No podemos retroceder, volverlos a la vida, pero si podemos desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tomar acciones para que esto no vuelva a suceder”, manifestó.

Sagasti, de 76 años y exfuncionario del Banco Mundial, deberá completar el mandato gubernamental que culmina en julio del 2021 y que incluirá la celebración de elecciones presidenciales y del Congreso el 11 de abril.

El político se convierte en el cuarto presidente de Perú en menos de tres años, tras la renuncia de Merino y la destitución de Vizcarra (los dos en una semana) y de la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, por acusaciones de corrupción.

La designación de Sagasti apunta a calmar las protestas lideradas en su mayoría por jóvenes cansados de los políticos tradicionales, pero también a los mercados financieros.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, saludó por Twitter la designación de Sagasti y dijo que confía en su capacidad para conducir al país y realizar los próximos comicios.

Recordemos que la crisis en el país comenzó cuando Vizcarra fue acusado de recibir cerca de 640,000 dólares en sobornos de dos empresas que ganaron obras cuando fue un gobernador hace siete años. Tras un segundo juicio político en dos meses, Vizcarra fue expulsado por el Congreso dominado por la oposición. Pero Merino, que reemplazó a Vizcarra porque era el jefe del Congreso, se vio asediado por las protestas y renunció.

Perú, que atraviesa una profunda crisis económica por la pandemia, ha transitado por constantes escándalos de corrupción que han llevado a tres expresidentes a prisión preventiva y otro al suicidio en las últimas dos décadas.

El presidente Donald Trump amenazó este martes con hasta 10 años de prisión para aquellos que vandalicen monumentos y estatuas históricas mediante la aplicación de leyes federales, y que considera apliquen de manera retroactiva.

“He autorizado al Gobierno Federal para que arreste a cualquiera que vandalice o destruya cualquier monumento, estatua u otra propiedad federal en Estados Unidos. con hasta 10 años de prisión, a través de la Ley de Preservación de Memoriales de Veteranos o cualquier otra legislación que pueda ser pertinente”, escribió esta mañana el mandatario en su cuenta de Twitter.

Precisó que esta acción, que llevará a cabo mediante una orden ejecutiva que dijo que firmará en breve, tendrá un efecto retroactivo, por lo que aquellos que hayan cometido este tipo de acciones con anterioridad serán también castigados.

Esta decisión llega después de que, en el contexto de las protestas raciales de las últimas semanas, numerosas estatuas de personajes históricos han sido destruidas o afectadas.

Trump calificó hoy a estos manifestantes de “anarquistas y otras cosas” antes de salir de La Casa Blanca en dirección a Arizona para visitar la frontera con México; dijo que “si los estados no pueden controlarlos”, está dispuesto a ayudar.

Ayer, a pocos metros de La Casa Blanca, policías federales evitaron que un grupo de manifestantes derribara la estatua en la que aparece el expresidente Andrew Jackson montado en un caballo que se alza sobre sus dos patas traseras, en el Parque Lafayette, situado frente a la entrada principal de la residencia presidencial.

Los manifestantes habían colocado ya cuerdas y cadenas en la estatua ecuestre cuando los policías dispersaron la protesta haciendo uso de gases lacrimógenos.

La estatua de Jackson se erige en el parque Lafayette, que ha sido epicentro de las protestas raciales en Washington por su ubicación, justo enfrente de la residencia del presidente.

La aprobación del presidente de Donald Trump se situó en junio en el 39%, 10 puntos menos respecto al récord que el mandatario registró en mayo (49 %), según la encuesta mensual de Gallup difundida este miércoles.

El dato vuelve así a ser el mismo que el registrado en octubre pasado, poco tiempo después de que la Cámara de Representantes iniciara la investigación para el juicio político contra el gobernante por presuntas presiones al presidente Ucraniano, Volodimir Zelensky.

El trabajo del mandatario en La Casa Blanca perdió adeptos entre todas las ideologías políticas, pues bajó en 9 puntos entre los republicanos, hasta el 85%, e independientes, entre los que el apoyo descendió hasta el 39%, y en 5 puntos entre los demócratas, de los que solo un 5% dijo aprobar la gestión de Trump.

Sin embargo, el dato más relevante es el nivel de aprobación que los estadounidenses dan a la gestión económica del mandatario, pues alcanzó solo un 47%, su segundo peor registro, por lo que por primera vez en más de dos años se encuentra por debajo del 50%.

El sondeo fue realizado entre el 28 de mayo y el 4 de junio, en el marco de las protestas contra la brutalidad policial hacia la comunidad negra del país tras la muerte en Mineápolis de George Floyd a manos de la policía, ante lo que Trump ofreció una respuesta de mano dura que ha sido reprobada por numerosas personalidades y políticos, incluidos algunos de su propio partido.

A estas manifestaciones se le suman además la creciente tasa de desempleo y la contracción de la economía debido a la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, sobre la gestión de la crisis del Covid-19, solo el 42% de los encuestados creen que el presidente ha hecho un buen trabajo, lejos del 60% que lo opinaba lo mismo en marzo, cuando los casos apenas comenzaban a crecer en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump anució este miércoles que reanudará próximamente los mitines de su campaña por la reelección en los estados de Florida, Arizona, Caroline del Norte y Oklahoma.

Su equipo no ha indicado aún cuáles serán las exigencias sanitarias bajo las que se celebrarán estas grandes aglomeraciones, suspendidas desde marzo debida a la pandemia del nuevo coronavirus.

ARTURO SARUKHÁN

EL UNIVERSAL

 

Cuando se escriba la historia de la Administración Trump (espero más temprano que tarde), el caos y la  confrontación de la semana pasada en la plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca, será uno de sus momentos palmarios. Estados Unidos ha perdido ya a 105,000 personas por el COVID-19; poco más de 40 millones están desempleados con la economía en caída libre. De costa a costa, las ciudades se han convertido en zonas de protesta y confrontación, en un amplísimo espasmo de dolor y rabia por la violencia policiaca contra minorías de color que no
cesa. El país no había sido sacudido por tantas crisis políticas, económicas y sociales simultáneas y graves desde la guerra de Vietnam. ¿Y qué hace el presidente mientras todo esto ocurre? Tuitea, básicamente, cuando no anda de pirómano.

Después de un FIn de semana de protestas en la emblemática plaza -sitio histórico y tradicional de manifestación y disenso- que propiciaron que su equipo lo trasladara brevemente al búnker debajo de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump llegó el lunes 1 de junio a la Oficina Oval cilindrado por las imágenes de televisión y cabreado de que se pensara que él se había escondido. Su reacción inmediata esa mañana fue querer mandar al ejército a las ciudades, recurriendo al Acta de Insurrección de 1807, una idea que primero provocó una acalorada discusión entre sus asesores y luego con varios gobernadores que se opusieron al despliegue de tropas en sus estados para confrontar a los manifestantes.

Pero al final del día, inducido por su hija, se le ocurrió una forma “más personal” y electoreramente redituable de demostrar dureza: cruzaría a pie la plaza Lafayette hacia una iglesia que había sufrido daños la noche anterior por un grupo de vándalos infiltrados en la manifestación. El único inconveniente era que para ello habría que expandir el perímetro de seguridad alrededor de la Casa Blanca. Mientras se preparaba para ir hacia la iglesia, Trump primero se autoproclamó ante las cámaras en los jardines de la casa presidencial como el “presidente de la ley y el orden” (al igual que Richard Nixon en su campaña de 1968 durante otro momento de convulsión social y política), a la par de que el procurador general William Barr daba la orden de sacar a los manifestantes que todavía estaban protestando en el extremo norte de la plaza. Lo que le siguió para que el presidente pudiese caminar doscientos metros para tomarse su foto fue un estallido de violencia como no se había visto a la sombra de la Casa Blanca en generaciones.

La clave para entender la decisión de cargar con macanazos y gas pimienta contra manifestantes pacíficos es ver estas imágenes a través de la lente de un “reality show”. Trump quiere que los estadounidenses crean que la Casa Blanca está amenazada por “terroristas” domésticos, incendiarios, matones, saqueadores y asesinos, palabras que ha usado con frecuencia en los últimos días. La estabilidad de la nación está bajo amenaza, afirma, y el bienestar del presidente y de los estadounidenses respetuosos de la ley está amenazado por los extremistas en las calles. Esa es la esencia del mensaje de Trump. Pero para un hombre forjado por la televisión, requería el complemento de un telón de fondo visual. De ahí la puesta en escena de la opera bufa que todos atestiguamos el lunes pasado: su discurso a la par del desalojo de la plaza con lujo de fuerza, para luego ir a posar frente a la iglesia, tomar una biblia en mano, levantarla y pontificar ante los medios repitiendo sin ton ni son, “es un biblia”. Los cuestionamientos y las críticas al mandatario por el uso político de las fuerzas armadas no se dejaron esperar, particularmente de militares en retiro como cuatro ex jefes del estado mayor conjunto e incluso de su propio ex secretario de Defensa, Jim Mattis, a quien Trump le propinó como respuesta su predecible invectiva ad hominem tuitera.

Como habitualmente sucede con Trump, hay un intenso elemento mussolinesco de farsa mezclado con fanfarronada y diatriba. En muchos sentidos, el truco de espejos y humo que se aventó el presidente -y de monumentos emblemáticos de las libertades de los estadounidense y la lucha por la igualdad en ese país rodeados por la Guarda Nacional- no fue más que el alcahueteo tribal con la derecha religiosa y su base de voto duro. Pero planeando sobre este execrable simulacro Potemkin de fuerza bruta, están los números a la baja para Trump en todas las encuestas y el triple cóctel de una pandemia mal gestionada, la peor contracción económica desde la Gran Depresión y la incapacidad para calmar la ira legítima detrás de las manifestaciones en Estados Unidos por el asesinato de otro afroamericano más a manos de la policía.

En medio de los peores disturbios civiles en una generación, una expresión de empatía o una exhortación a la unidad y la calma podrían ayudar a paliar el estado de ánimo nacional. Un presidente normal reconocería el horror de la muerte de George Floyd y todo lo que representa. Sin embargo, incluso estos pasos tan básicos parecen ser completamente ajenos a Trump. Y la noción -propalada por él y por sus sicofantes- de que respeta la protesta pacífica pero se opone a la violencia es ridícula. Cuando no está insinuando que los soldados podrían fusilar a manifestantes, está normalizando a grupos neonazis y supremacistas blancos, como en Charlottesville en 2017, u hostigando a deportistas que protestan la brutalidad policiaca hincándose en una rodilla cuando se entona el himno nacional.

Rara vez en la historia de Estados Unidos un presidente ha sido tan inadecuado ante una coyuntura tan difícil como la actual o tan decisivamente superado por los acontecimientos. En una crisis que exige resolución y competencia, y en momentos en que se necesita empatía desde la Oficina Oval, solo hay un comandante en jefe que se aplatana en su sofá y se dedica a echarle gasolina al fuego vía su teléfono móvil, de paso ofreciéndole a los autócratas del mundo
un regalo envuelto y con gran moño rojo por la manera en la cual el líder de una de las principales democracias responde a un país sacudido por el dolor y la rabia. Como afirmó el periodista estadounidense Nick Confessore, “un presidente que arrancó su campaña presidencial prometiendo construir un muro para proteger a los estadounidenses del mundo acabó construyendo uno alrededor suyo para protegerse de los estadounidenses”. Es una metáfora potente, pero también una vergüenza nacional y debiera ser sujeto del oprobio internacional.

Miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia han sido diagnosticados con Covid-19 tras las multitudinarias protestas que se registraron en la capital de Estados Unidos la semana pasada, informó esta tarde la teniente coronel Brooke Davis, portavoz de la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional no dará a conocer el total de elementos que arrojaron positivo, señaló Davis, pero funcionarios federales indicaron que creen que no son muchos, al menos hasta ahora.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a difundir la información al público. Los exámenes de diagnóstico positivos fueron reportados en primera instancia por McClatchy.

Aunque algunos de los elementos de la Guardia Nacional que respondieron a las manifestaciones utilizaban equipo protector, la mayoría de ellos no portaba mascarillas y era prácticamente imposible mantener el distanciamiento social.

A través de un comunicado, Davis dijo que los comandantes de unidad eran responsables de garantizar que sus tropas se apegaran a las directrices que indican que los miembros de la Guardia Nacional deben utilizar equipo de protección y mantener el distanciamiento social donde sea posible.

La vocera dijo que se les practicaron pruebas de diagnóstico a las tropas antes de su llegada, y se les realizarán nuevos análisis antes de que se vayan.

Según las autoridades, se desplegaron unos 5,000 elementos de la Guardia Nacional para enfrentar las movilizaciones civiles, incluyendo unos 1,200 efectivos de la Guardia Nacional de D.C. El resto provienen de otros 11 estados: Florida, Idaho, Indiana, Maryland, Missouri, Mississippi, Nueva Jersey, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee y Utah.

Según los funcionarios, los miembros de la Guardia que regresan a sus estados de origen deben permanecer en activo y se les seguirá pagando por dos semanas adicionales para que puedan estar en cuarentena en caso de haber estado en riesgo de contraer el coronavirus.

El informe de la Guardia Nacional coincide con la insinuación del presidente Donald Trump, de que el manifestante de 75 años herido grave tras ser agredido por la policía durante las protestas raciales en Buffalo (Nueva York) podría ser un “provocador” del movimiento de corte anarquista Antifa, en línea con una teoría conspiratoria difundida por un medio de ultraderecha.

“El manifestante de Buffalo empujado por la Policía podría ser un provocador de Antifa. Martin de Gugino, de 75 años, fue empujado después de que pareciera que estaba examinando las comunicaciones de la policía para bloquear su equipo”, dijo Trump en Twitter.

La agresión al hombre, que resultó herido grave, fue grabada en vídeo y se viralizó en la última semana en las redes sociales y medios de comunicación.

La Policía disparó hoy gases lacrimógenos para dispersar a los cientos de hongkoneses que se concentraron en el centro de la ciudad para conmemorar el primer aniversario del inicio de las protestas, pese a la prohibición de reunirse más de ocho personas por la pandemia de coronavirus.

Centenares de personas comenzaron a congregarse a última hora de la tarde local en el distrito de Central el día que se cumplió un año de la primera gran manifestación contra el proyecto de ley de extradición, ahora retirado, y que se convirtió en un punto decisivo del movimiento antigubernamental durante meses el año pasado.

Las protestas de conmemoración se iniciaron al mediodía, cuando cientos de personas se concentraron en centros comerciales durante la hora del almuerzo, mientras coreaban consignas antigubernamentales y desplegaban pancartas.

La Policía instó a los residentes a no participar en reuniones no autorizadas, ya que las normas de distanciamiento social a causa de la pandemia de coronavirus siguen vigentes y limitan las congregaciones a un máximo de ocho personas.

Por la tarde, un centenar de personas se concentró en el Chater Garden en el distrito de Central, desde donde marcharon a lo largo de las calles Queen’s y Des Voeux, en las que se fue uniendo más gente y donde los manifestantes cortaron el tráfico.

Los participantes atendieron las llamadas de redes sociales para reunirse en varios distritos de la ciudad, aunque los lugares exactos fueron anunciados sólo una hora antes de las acciones previstas para evitar el control policial.

En un comunicado, la Policía hongkonesa advirtió hoy de que las concentraciones serían declaradas ilegales por tratarse de asambleas no autorizadas.

Hace un año, cientos de miles de ciudadanos con camisetas blancas, el color que inicialmente definió el movimiento, antes de ser sustituido por el negro, salieron a las calles Causeway, Wan Chai y el Almirantazgo para oponerse al proyecto de ley propuesto por el Gobierno local; una semana después, el 16 de junio, se celebró una manifestación todavía mayor que congregó a cerca de un millón de asistentes e hizo historia en las movilizaciones en la ciudad desde que fue devuelta por el Reino Unido a China en 1997.

Por su parte la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, aseguró hoy que “no puede permitirse tolerar más el caos que ha asolado la ciudad en los últimos doce meses, con protestas antigubernamentales que han sumido a la ciudad en la confusión”.

Afirmó que los residentes necesitan “probar que son ciudadanos razonables y sensatos de la República Popular China, si quieren que sus libertades y autonomía continúen”.

El principal órgano legislativo de China, la Asamblea Nacional Popular (ANP), aprobó por abrumadora mayoría una ley de seguridad nacional para Hong Kong, que ha sido entendida por abogados y activistas locales como una amenaza a las libertades de la ciudad.

La ley prohibirá “cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión” contra el Gobierno central, además del “robo de secretos de Estado y la organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras”, términos que el Ejecutivo chino ha utilizado anteriormente para frenar a la disidencia.

Según la prensa local, entre junio de 2019 y el 29 de mayo de este año la Policía arrestó a 8,981 personas de entre 11 y 84 años.  Al menos trece de ellas han sido encarceladas entre siete días y cuatro años por delitos que van desde la posesión de armas en un lugar público hasta daños a la propiedad y disturbios.

La pandemia de coronavirus está empeorando en el mundo, aseguró este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Aunque la situación en Europa está mejorando, a nivel mundial está empeorando”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una videoconferencia de prensa desde Ginebra.

El nuevo coronavirus ha cobrado la vida de más de 403,000 personas y ha infectado al menos a 7 millones desde que apareció en China el pasado diciembre.

Después del este de Asia, Europa se convirtió en el epicentro de la pandemia, pero ahora este se encuentra en América.

“En nueve de los últimos 10 días se reportaron más de 100,000 casos. Ayer se notificaron más de 136,000 casos, el máximo en un solo día”, agregó Adhanom Ghebreyesus.

Según el jefe de la OMS, casi el 75% de los casos registrados el domingo se reportaron en 10 países, la mayor parte de América y el sur de Asia.

Advirtió que en los países en los que la situación está mejorando, “la mayor amenaza es la autocomplacencia”, y añadió que “globalmente, la mayoría de la gente sigue siendo susceptible de infectarse”.

En relación con la ola de manifestaciones convocadas tras la muerte del estadounidense George Floyd, asfixiado por un policía blanco en Minneapolis el 25 de mayo, el jefe de la OMS pidió que se aumente la vigilancia para evitar que se disparen los contagios, especialmente en las concentraciones masivas.

“La OMS apoya completamente la igualdad y el movimiento global contra el racismo. Rechazamos cualquier tipo de discriminación”, afirmó. “Animamos a todos los que se manifiestan en todo el mundo a hacerlo de forma segura”, indicó.

Indicó que en la medida de lo posible, las personas se deben de mantener al menos a un metro de distancia de otras personas, lavarse las manos, taparse la boca al toser y usar cubrebocas en todas las manifestaciones.

Por su parte, el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, apuntó que en concentraciones masivas, las autoridades locales de salud pública deben exhortar a la población a que guarden cuarentena después de haber participado en protestas o que se sometan a una prueba de Covid-19.

Por segunda ocasión, un grupo de personas vestidas de negro y con el rostro cubierto, salieron a las calles del centro de la Ciudad de México en contra del abuso policial.

El grupo partió del Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma con rumbo al Zócalo; y lo que comenzó como un acto de protesta por la agresión de la joven Melanie, quien el viernes pasado resultó agredida por elementos de la policía capitalina, terminó en actos vandálicos.

Durante el recorrido se reportan daños y pintas a estaciones del Metrobús Línea 7, mobiliario público y establecimientos comerciales; algunas vallas que habían sido colocadas para resguardar los comercios, fueron derribadas e incluso utilizadas como armas para seguir ocasionando daños.

Y aunque elementos de la policía capitalina avanzaban a la par del contingente, no intervinieron ni detuvieron los destrozos que hicieron.

Debido al paso del contingente, varias estaciones del Metrobús y del Metro tuvieron que cerrar.

A su paso por Bellas Artes, los encapuchados siguieron con las pintas, en las que exigían justicia para el caso de la menor, así como por la muerte de Giovanni López en Jalisco.

Una vez que se perfilaron para entrar al Zócalo, en la calle 5 de mayo, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, lograron entrar a una tienda deportiva y saquearla. Quebraron cristales de los establecimientos, arrancaron cámara de seguridad y pintaron las fachadas.

Adicional se registraron diversos ataques a los representantes de los medios de comunicación, quienes cubrían su marcha. Exigían no ser grabados.

Finalmente, una parte del contingente llegó al Zócalo capitalino, donde se manifiestan frente a las oficina de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Otro grupo, se dirigió a la Fiscalía General de Justicia capitalina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contestó esta mañana a los señalamientos que hiciera en su contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de estar detrás de las protestas y violencia que se registró ayer en Guadalajara por la muerte de Giovanni López.

El mandatario lamentó la muerte de Giovanni y negó que tenga intereses políticos en la entidad tal y como lo aseguró Alfaro en un videomensaje. Indicó que aunque tiene diferencias políticas con el gobernador, no se inmiscuye en temas locales, y prefiere actuar con responsabilidad.

“Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actuó con responsabilidad y no me inmiscuyo y participo en cuestiones partidistas. No tengo yo propósito de afectar a autoridades locales”, respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema,

Lamentó los hechos pues dijo, siempre se ha manifestado a favor de resolver los problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza.

AMLO pidió al gobernador Enrique Alfaro que si tiene pruebas de sus acusaciones, las dé a conocer; dijo que el que acusa tiene que probar para actuar de manera responsable.

Y es que las manifestaciones en Guadalajara se dieron luego de la muerte de Giovanni López, quien fue detenido por policías locales en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, presuntamente por no portar cubrebocas. La autoridades de Jalisco, e incluso el gobernador han dicho que esa no fue la causa de su detención, por lo que se investigan los verdaderos motivos y causa de muerte.

“Espero que se aclaren las cosas, pienso que no debe de haber acciones autoritarias”, dijo AMLO.

Cuestionado sobre si la Federación comenzaría una investigación sobre este tema, López Obrador rechazó que vaya a promoverse una acción judicial, para evitar provocaciones, sin embargo, dijo que corresponderá a las autoridades locales asumir su responsabilidad por estos hechos.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo este jueves que intereses extranjeros y “agitadores extremistas” vinculados a organizaciones radicales como Antifa (antifascistas) están tratando de profundizar las divisiones en la sociedad estadounidense tras la muerte de un hombre negro a manos de un policía blanco.

“Hemos visto evidencia de que (la organización radical) Antifa y otros grupos extremistas similares, así como actores de una variedad de orientaciones políticas, han estado involucrados en instigar y participar en actividades violentas”, dijo Barr en una conferencia de prensa.

“También estamos viendo actores extranjeros influyendo en las partes”, añadió.

Barr dijo que, hasta el momento, agentes federales han realizado 51 arrestos por cargos relacionados con actividades violentas. Afirmó que 114 efectivos han resultado heridos en las protestas en Washington y que 22 fueron hospitalizados.

Por su parte el secretario de Defensa estadounidense,

Sobre el tema, la jefa de gobierno alemán Angela Merkel se pronunció este jueves. Calificó como “terrible” el “asesinato” de George Floyd

“El asesinato de George Floyd es algo terrible. El racismo es algo terrible. La sociedad estadounidense está muy polarizada”, dijo Merkel durante una entrevista el jueves con la cadena televisiva estatal ZDF.

“El racismo siempre ha existido. Y desgraciadamente, también es el caso aquí (en Alemania)”, agregó Merkel, quien dijo “esperar” que las manifestaciones sean “pacíficas” en Estados Unidos.

Interrogada sobre Donald Trump, Merkel opinó que el estilo político del presidente estadounidense es muy “controvertido”.

Los comentarios de Barr y de Merkel llegan luego de que la fiscalía de Minnesota elevara a asesinato en segundo grado la acusación contra Derek Chauvin, el oficial que puso su rodilla sobre el cuello de George Floyd, y presentó cargos de complicidad e instigación contra los otros tres exagentes que estaban en la escena.

El ahora exoficial había sido acusado inicialmente de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, también presentó cargos contra Thomas Lane y J. Alexander Kueng, quienes participaron en la detención de Floyd el 25 de mayo pasado. Finalmente, también se presentaron cargos contra Tou Thao, quien también estuvo presente en la escena.

A los tres agentes se les fijó una fianza de 750,000 dólares luego de su primera comparecencia en la corte de distrito del condado Hennepin.

George Floyd, el hombre afromericano cuya muerte a manos de un policía blanco detonó las fuertes protestas de la última semana en Estados Unidos, dio positivo a Covid-19 el 3 de abril, casi dos meses antes de fallecer ya sin síntomas, según nuevos datos de la autopsia.

Sin embargo, esa enfermedad no estuvo entre los factores que causaron su muerte, de acuerdo con el informe completo de su autopsia, difundido por la oficina del forense del condado de Hennepin, Andrew Baker.

La muerte de Floyd, ocurrida el pasado 25 de mayo, fue causada por un “paro cardiorrespiratorio” ocurrido mientras le inmovilizaban varios agentes de policía, indica el informe de Baker.

Este hombre de 46 años “era positivo para el SARS-CoV-2 a fecha del 3 de abril de 2020”, y el resultado de la autopsia probablemente refleje una positividad “asintomática pero persistente por infección previa”, precisa el documento.

El hecho de que en la autopsia se detectara la patología tiene que ver seguramente con que “la positividad (por Covid-19) puede persistir durante semanas tras la contracción y resolución de la enfermedad clínica”, explica el informe.

Entre las “lesiones por fuerza contundente” mencionadas en la autopsia se incluyen cutáneas en la frente, la cara y el labio superior, así como en la mucosa de los labios, de los hombros, manos, codos y piernas, al igual que presentaba contusiones en las muñecas.

Y como condiciones subyacentes descubiertas, el informe detalla una enfermedad cardíaca arteriosclerótica, una enfermedad cardíaca hipertensiva y un tumor pélvico.

La autopsia ordenada por la familia de Floyd señaló que falleció por “asfixia debido a una presión sostenida”. De acuerdo con ese informe médico, “hubo una compresión del cuello y de la espalda que llevaron a una falta de riego sanguíneo al cerebro” de Floyd, anunció el abogado de la familia de la víctima, Benjamin Crump, en una rueda de prensa.

Los forenses agregan en su informe que “el peso sobre la espalda, las esposas y la postura fueron factores que contribuyeron porque paralizaron la capacidad del diafragma del señor Floyd de funcionar”.

Este miércoles, el fiscal general del estado de Minesota (EE.UU.), Keith Ellison, endureció los cargos contra ese policía, identificado como Derek Chauvin, que ahora enfrenta el cargo de asesinato en segundo grado, tras haber sido imputado el pasado 29 de mayo de asesinato en tercer grado y de homicidio imprudente.

Mientras, los oficiales Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane, presentes durante la detención de Floyd, fueron acusados de ayudar e instigar el asesinato en segundo grado.

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, dijo este miércoles que se opone al uso de una ley que permite movilizar a los militares para frenar la ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial que se viven en el país.

“No apoyo que se use la Ley de Insurrección”, indicó Esper en una rueda de prensa, dos días después de que el presidente Donald Trump indicara que podría desplegar a los militares para controlar las movilizaciones.

El jefe del Pentágono indicó que el uso de fuerzas militares en activo sólo deberían ser usadas como un último recurso y sólo en las situaciones más urgentes y graves.

“Siempre he creído y sigo creyendo que la Guardia Nacional es más adecuada para prestar apoyo interno a las autoridades civiles en estas situaciones”, dijo el secretario de Defensa.

Casi diez días después de la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano que fue asfixiado por un policía blanco en Minneapolis, las movilizaciones continúan en las grandes ciudades como Washington, Nueva York, Houston y Los Ángeles, entre otras, pese al toque de queda decretado después de los disturbios del fin de semana.

Estas movilizaciones alcanzaron una dimensión no vista desde la década de 1960 durante las protestas por los derechos civiles.

El presidente Donald Trump negó este miércoles la información difundida que aseguraba que fue llevado por su seguridad al búnker de La Casa Blanca, el pasado viernes, por temor ante las protestas que se llevaban a cabo  en las inmediaciones.

El republicano aseguró que acudió al lugar solo para una inspección. “Fue un informe falso”, dijo Trump a Fox News, antes de explicar que sí entró al área segura, pero solo por un “breve periodo de tiempo”.

Según The New York Times, citando a una fuente no identificada, los guardaespaldas del Servicio Secreto llevaron a Trump al búnker el viernes por la noche.

Según Fox News, Trump fue llevado al búnker el domingo. El mandatario dijo que había bajado durante el día, no a la noche, como se informó, y que lo hizo en parte para llevar a cabo una “inspección”.

“Vas allí, algún día puedes necesitarlo. Vas allí, bajé, lo miré. Fue durante el día, no fue un problema”, sostuvo el mandatario. “Leí sobre eso, como si fuera una gran cosa. Nunca hubo un problema, nunca tuvimos un problema, nadie estuvo cerca de darnos un problema. El Servicio Secreto hace un trabajo increíble para mantener el control de la Casa Blanca”, agregó.

El parlamento chino adoptó este jueves la polémica ley sobre la seguridad nacional en Hong Kong, como respuesta a las grandes manifestaciones prodemocracia que se vivieron el año pasado en la excolonia británica, y pese a las amenazas de sanciones de Estados Unidos.

Como se esperaba, los casi 3,000 diputados de la Asamblea Nacional Popular (ANP) china adoptaron esta medida que ha reactivado las protestas en Hong Kong. Solo un diputado votó en contra y seis se abstuvieron.

El anuncio del resultado de la votación fue celebrado con un largo y fuerte aplauso en el marco solemne del Palacio del Pueblo en Pekín, ante la presencia del presidente Xi Jinping.

En Hong Kong, los opositores demócratas a la influencia del gobierno central afirman que la medida abre el camino a un retroceso sin precedentes de las libertades en la metrópolis financiera de siete millones de habitantes.

“Es el fin de Hong Kong”, declaró Claudia Mo, diputada prodemocracia en el Consejo Legislativo hongkonés. “A partir de ahora, Hong Kong será una ciudad china como las otras”.

Joshua Wong, una de las figuras más destacadas de la oposición, estimó que la ley iba a “matar los movimientos democráticos” en el territorio autónomo.

En el bando pro-Pekín, la jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, aplaudió la votación en el Parlamento nacional. Como lo exige el proyecto de ley, la dirigente prometió “reforzar la aplicación de la ley y la educación para defender la seguridad nacional”.

En los últimos meses, las movilizaciones se había interrumpido debido a las medidas sanitarias para frenar la pandemia del Covid-19, pero miles de manifestantes salieron el domingo pasado a las calles para protestar contra el proyecto de ley, anunciado solo tres días antes.

El voto otorga mandato al comité permanente de la ANP para redactar un proyecto de ley que será incorporado a la pequeña Constitución de Hong Kong, evitando así la opinión del Consejo Legislativo local.

Esta ley deberá “impedir, detener y reprimir toda acción que amenace de manera grave la seguridad nacional, como el separatismo, la subversión, la preparación o la ejecución de actividades terroristas, así como las actividades de fuerzas extranjeras que constituyen una injerencia en los asuntos” de Hong Kong, según un proyecto que había sido sometido a la ANP.

El régimen comunista ha acusado en múltiples ocasiones a las “fuerzas extranjeras”, especialmente a Estados Unidos, de fomentar las protestas en Hong Kong. También ha acusado a los manifestantes radicales de librarse a actividades “terroristas”.

El Comité Permanente de la ANP podría examinar el texto a partir de junio y el proyecto de ley sería adoptado a finales de agosto, según la web NPC Observer, especialista en temas legislativos chinos.

El texto también prevé autorizar a los organismos que dependen del gobierno central a abrir en Hong Kong oficinas con autoridad en materia de seguridad nacional.

Según sus detractores, la medida supone el fin del principio “un país, dos sistemas”, que rige las relaciones entre Hong Kong y Pekín desde que el territorio fue devuelto por el Reino Unido a China en 1997.

La policía de Hong Kong anuncio este lunes la detención de 230 personas, entre ellas un niño de 12 años, durante el fin de semana, que se vivieron las primeras manifestaciones políticas en el territorio desde que empezó la pandemia de coronavirus.

La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, favorable al poder de Pekín, anunció este lunes una reforma educativa porque considera que el sistema actual contribuye a alimentar el movimiento prodemocracia, que el año pasado sacudió el territorio.

“En lo que concierne la manera, en el futuro, de abordar las clases de ‘liberal studies’ [una clase de cultura general para desarrollar el espíritu crítico] vamos a clarificar las cosas antes de que termine el año”, declaró en una entrevista publicada el lunes por el periódico Ta Kung Pao, favorable a Pékin.

El domingo, dos días después de que se levantara entre otras medidas la prohibición de reunirse por el coronavirus, la policía antidisturbios dispersó a los manifestantes que se juntaron en varios centros comerciales del distrito de Mong Kok, usando gas pimienta y porras.

Según los responsables hospitalarios, 18 personas resultaron heridas.

En medio de nuevas tensiones políticas, las declaraciones de Lam podrían desatar el enojo de los militantes prodemocracia de Hong Kong, que temen que Pekín reduzca las libertades que tiene el territorio.

Con el apoyo de Pekín, el gobierno de Lam también intenta aprobar un proyecto de ley para sancionar las ofensas al himno nacional chino. Varias personalidades cercanas al poder piden por su parte una ley contra la sedición.

La nueva legislación tiene el objetivo de frenar el movimiento, cada más amplio, en particular entre los jóvenes, a favor de la democracia y pidiendo más autonomía a China. La oposición cree que estas leyes reducirán la libertad de expresión.

Las escuelas y universidades de Hong Kong están entre las mejores de Asia y la educación tiene una libertad que no existe en la China continental.

Los cursos de cultura general fueron introducidos en 2009 y las escuelas pueden elegir la manera de enseñarlos. Por eso se han convertido en objeto de las críticas de los medios oficiales chinos y de los políticos pro-Pekín, que reclaman una educación más patriótica.

En la entrevista, Lam asegura que esas clases permiten a los profesores promover sus posiciones políticas y que tienen que estar más vigiladas por el gobierno.

Entre junio y diciembre de 2019, Hong Kong vivió grandes manifestaciones, acompañadas de enfrentamientos entre radicales y policías para denunciar la influencia de Pekín.

Foto: Twitter

Los estragos económicos provocados por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 podrían provocar estallidos sociales, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) al recordar manifestaciones como las ocurridas en Chile, Ecuador o Francia en los últimos años.

El FMI advirtió que “algunos países siguen siendo vulnerables a que haya nuevas protestas (particularmente si las políticas para mitigar la crisis por el Covid 19 son percibidas como insuficientes o como injustas) más orientadas hacia las grandes corporaciones que hacia las personas”.

El martes pasado en Sudáfrica, la policía disparó balas de caucho y gas lacrimógeno contra manifestantes en los arrabales de Ciudad del Cabo que protestaban por la falta de comida por el confinamiento. Cientos de personas expresaron su indignación frente a la Policía, lanzando piedras y levantando barricadas con neumáticos para protestar por raciones de comida que nunca llegaron.

En su informe semestral, el FMI señaló que las protestas son “más probables en países con un historial de corrupción generalizada, falta de transparencia en las políticas públicas y con pobres prestaciones de servicios”.

Indicó que incluso los gobiernos con las mejores intenciones de aliviar el daño económico causado por la crisis pueden verse enfrentados a estallidos sociales. “Los manifestantes no son necesariamente los más pobres”, precisó.

“Un creciente número de protestas han surgido en los dos últimos años en varios lugares del mundo, desafiando a los gobiernos y a los responsables de las políticas públicas a entender o a poder entender las raíces del descontento”, señaló.

El informe señala como ejemplo una ola de protestas que comenzó con manifestaciones por un alza de los precios de algún producto o servicio y se convirtió en movimientos más amplios como ocurrió en octubre en Ecuador, donde una subida de la gasolina provocó un alzamiento que paralizó el país.

El FMI citó también ejemplos como el de Chile, donde un alza del billete de metro derivó en un movimiento masivo contra la desigualdad que logró que se convocara un plebiscito para cambiar la Constitución, o el de la crisis de los chalecos amarillos en Francia.

Los autores del informe instaron a los gobiernos a tomar medidas para reducir las posibilidades de que surjan estas protestas. Esto incluye una comunicación sobre sus políticas que sea clara y emitida con antelación.