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La diputada federal del PRI, Lorena Piñón Rivera, anunció que presentará una iniciativa de ley con el objetivo de regular a las empresas que se dedican a realizar encuestas electorales.

La priista indicó que la propuesta surge en el contexto de las campañas en donde las estimaciones presentadas por diferentes encuestadoras han mostrado variaciones extremas, desde diferencias de 40 puntos porcentuales hasta empates técnicos entre las dos candidatas presidenciales: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Piñón Rivera señaló que, una vez concluidos los comicios, se evidenciarán dos tipos de encuestadores: aquellos cuyas proyecciones resulten precisas y aquellos que quedarán al descubierto como propagandistas, debido a que sus estimaciones estarán muy alejadas de los resultados reales.

La legisladora enfatizó que esta situación no solo genera desinformación, sino que también busca manipular a los ciudadanos.

“Es indispensable que exista un marco regulatorio que sancione a las encuestadoras que, de manera deliberada, proporcionen estimaciones manipuladas. Independientemente del descrédito que sufrirán los encuestadores que fallen de manera garrafal en sus vaticinios, propondré sanciones específicas para aquellos que incurran en hechos verificables de desinformación”.

Explicó que la iniciativa buscará establecer normas claras y precisas para la realización de encuestas electorales, garantizando la transparencia y la veracidad de la información proporcionada a la ciudadanía.

La ‘encuesta de encuestas’ de Oraculus, que analiza y promedia los resultados de los ejercicios que se han publicado hasta ahora, señala que Claudia Sheinbaum llega a la recta final del proceso electoral con 55% de preferencias, seguida de Xóchitl Gálvez con el 33%, es decir, 22 puntos de diferencia. Jorge Álvarez Máynez se ubica en un lejano tercer lugar, quien registra 12%.

Hoy se publicaron además, las últimas encuestas previo a la veda electoral. Reforma reporta un 55% de las preferencias para Claudia Sheinbaum; Xóchitl Gálvez 35% y Jorge Álvarez Máynez con 10%. La morenista mantiene 20 puntos de diferencia, lo que va el línea con el resto de los ejercicios que se publicaron ayer.

La Crónica, que publica el ejercicio de Indemerc, le da un 57% de la intención de voto a Claudia Sheinbaum, mientras que a Xóchitl Gálvez le asigna el 37%. El emecista registra 6%.

Finalmente, El Financiero publica su última medición, en donde en la intención del voto en lo general, la morenista registra 52% del apoyo, la abanderada del bloque opositor un 38% y Álvarez Máynez un 10%.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas a los partidos políticos, en conjunto, por 51 millones 144 mil 365 pesos por irregularidades en ingresos y gastos de precampaña en los cargos de presidencia, diputados y senadores, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Llama la atención el monto de la sanción global, pues la Unidad de Fiscalización del INE proponía que este ascendiera a 67 millones de pesos.

El INE señaló que entre las conductas más relevantes durante los procesos fiscalizados, se detectaron “los egresos no reportados, la falta de comprobación de gastos por propaganda contratada en internet, el reporte de eventos de manera posterior a su realización y la presentación de informes de precampaña fuera de los mecanismos establecidos”.

De acuerdo con el consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización, el dictamen consolidado “da cuenta de la presentación de 818 informes de precampaña para los cargos federales, en los que la Unidad Técnica de Fiscalización determinó que los partidos políticos reportaron ingresos por 212 millones 152 mil 49 pesos y egresos por 213 millones 582 mil 624 pesos.

Agregó que, en el marco de las actividades de campo, se realizaron 1,992 monitoreos de propaganda colocada en vía pública y se recopilaron 29,746 testigos, además de detectarse otros 448 derivados del monitoreo de medios impresos en periódicos y revistas de circulación nacional, así como la verificación de 4,374 detectados en el monitoreo realizado en internet.

El consejo aprobó una multa por 38.05 millones de pesos para Morena, equivalente al 74% de las sanciones generales. Al PRI se le impuso una sanción de 3.1 millones de pesos, seguido de Movimiento Ciudadano con 3.3 millones; el PAN con 2.5 millones; el PT con 2.1 millones; el PVEM 1.7 millones y el PRD con 166 mil pesos.

Así, Morena, pagará 38 millones de pesos en lugar de los 53.7 que se proponían, lo que ha generado diversos señalamientos sobre la ayuda que el partido recibió por parte de los consejeros del INE. Como ejemplo, de los 22 mil 172 espectaculares que Morena no reportó, aunado a las bardas, pintas y mantas, Morena solo pagara 19 millones.

El periodo fiscalizado fue del 20 de noviembre al 18 de enero, en la etapa de precampañas.

El Consejo General del INE también aprobó el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos en el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de tres aspirantes a candidaturas independientes a presidencia municipal.

Impuso sanciones de 34 mil 337 pesos a los tres aspirantes a la presidencia municipal de Guanajuato, considerando su capacidad económica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este lunes a YouTube de estar tomado por un grupo de “conservadores” después de que la plataforma borró su conferencia de prensa del 22 de febrero por difundir el teléfono de la corresponsal de The New York Times (NYT) en México, Natalie Kitroeff.

“YouTube me cepilló, a varios. Tengo información, a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para pedirles que investiguen porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a un partido” de oposición, dijo en su mañanera.

El mandatario calificó los hechos como “censura” y acusó al gigante tecnológico de tener una “actitud prepotente y autoritaria”. Apuntó que la libertad “es sublime” y que no los “consultaron cuando se aprobaron esas normas”.

“No es un asunto solo técnico, es un asunto político, porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios, si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y el otro también”, enfatizó.

El mandatario criticó que a The New York Times no lo han tocado “ni con el pétalo de una rosa” tras sus investigaciones.

“Ahí tienen a (Julian) Assange (fundador de Wikileaks) injustamente detenido ¿Y dónde está la libertad de expresión? Por eso digo que la Estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo vacío. Al principio pensé que la regresaran a Francia, pero mejor que nos la manden acá”, manifestó.

López Obrador también reveló que un miembro de la oficina de la Presidencia conversó con YouTube para volver a colocar el video, pero refirió que él se negó porque la condición era retirar el número telefónico mostrado.

“Cuando yo me enteré le dije respetuosamente: no, no, porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús (Ramírez), para que vean el tono, el modito”, sostuvo; acto seguido pidió que volvieran a proyectar la carta, esto a pesar de las advertencias que los periodistas presentes le hacían sobre nuevas sanciones.

Pese a ello, López Obrador volvió a leer la carta que envió Kitroeff a la Presidencia, aunque ahora sin el número, pero insistió en defender su actuar de la semana pasada, al señalar que el teléfono de la comunicadora es “institucional” y “público”.

Pidió verificar la prepotencia con la que la periodista se dirigió al vocero y a él, con las respuestas al cuestionario que hizo llegar.

Al hablar sobre el hecho que se desató, con la filtración del numero de la periodistas, y que llevó a que se filtraran los números de diversos políticos, incluidas las candidatas de Morena y de la oposición, López Obrador sorprendió al reconocer que “a lo mejor no hago lo políticamente correcto, pero esto que hacemos, nos ayuda”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes que Washington decretará más de 500 nuevas sanciones contra Rusia, en un intento de aumentar la presión sobre Moscú con motivo del segundo aniversario de su guerra en Ucrania.

Estados Unidos también impondrá nuevas restricciones a la exportación a casi 100 entidades por prestar apoyo a Rusia y tomará medidas para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia, dijo Biden.

Las medidas buscan responsabilizar a Rusia por la guerra y la muerte del líder opositor Alexéi Navalni, dijo Biden, en momentos en que Washington busca seguir apoyando a Ucrania aun cuando enfrenta una aguda escasez de municiones y la ayuda militar estadounidense se ha demorado durante meses en el Congreso.

Las medidas irán dirigidas contra personas relacionadas con el encarcelamiento de Navalni, así como contra el sector financiero ruso, la base industrial de defensa, las redes de adquisiciones y los evasores de sanciones en varios continentes.

Las sanciones se suman a otras medidas de Estados Unidos y sus aliados por la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, que ha causado decenas de miles de muertos y destruido ciudades.

“Dos años después del inicio de esta guerra, el pueblo de Ucrania sigue luchando con tremendo coraje. Pero se están quedando sin municiones. Ucrania necesita más suministros de Estados Unidos para mantener la línea contra los implacables ataques de Rusia, que son facilitados por armas y municiones de Irán y Corea del Norte”, dijo Biden.

Biden sostuvo que las nuevas sanciones buscan garantizar que Putin pague un precio aún más elevado por la agresión a Ucrania y la represión en su país.

“Si Putin no paga el precio de la muerte y destrucción que provoca, continuará” actuando, advirtió Biden.

Según Biden, el presidente ruso “creía que podía fácilmente doblegar la voluntad y quebrar el coraje de un pueblo libre. Que podía invadir una nación soberana y el mundo le daría la espalda. Que podía sacudir los cimientos de la seguridad en Europa y en otros lugares”.

“Años después, es aún más evidente que el primer día: Putin cometió un grave error de cálculo”, dijo el demócrata.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes que está considerando imponer nuevas sanciones a Rusia por la muerte del líder opositor Alexéi Navalni, de la que ha responsabilizado al presidente ruso, Vladímir Putin.

“Ya tenemos sanciones (sobre Rusia), pero estamos considerando sanciones adicionales, sí”, respondió Biden a un grupo de periodistas al llegar a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en Delaware.

Además, el líder demócrata dijo que espera que la muerte de Navalni empuje a los republicanos a levantar el bloqueo que mantienen en el Congreso a la aprobación de nueva ayuda militar para Ucrania.

Biden criticó que la oposición republicana se esté “alejando” de la OTAN y de los “compromisos internacionales” que tiene Estados Unidos. “Es simplemente impactante, nunca se había visto nada igual”, enfatizó.

Recordemos que el presidente estadounidense responsabilizó el viernes pasado a Putin por la muerte de Navalni y anunció que estaba evaluando varias opciones para responder a este suceso.

Biden ya había advertido en 2021 después de reunirse con Putin en Ginebra que habría “consecuencias devastadoras” para Rusia si Navalni moría en prisión.

Según los servicios penitenciarios rusos, Navalni, de 47 años, falleció después de sentirse mal tras dar un paseo en la cárcel donde estaba recluido y, aunque los servicios médicos intentaron reanimarlo “durante más de media hora”, acabó perdiendo la vida.

Navalni había sobrevivido en 2020 a un intento de envenenamiento con el agente químico Novichok y su salud había sido motivo de creciente preocupación después de que se declarara en huelga de hambre entre marzo y abril de 2021, semanas en las que perdió mucho peso.

Los investigadores rusos comunicaron este lunes a la familia del líder opositor ruso que no pueden entregar su cuerpo hasta dentro de otros 14 días debido a un “examen químico” que se le realizará.

“Los investigadores les dijeron a los abogados y la madre de Alexéi que no les darán el cuerpo, pues necesitan otros 14 días para practicarle un examen químico”, escribió en X la portavoz del fallecido opositor, Kira Yarmish.

Según Yarmish, se trata de una “mentira” y una “burla”, y por el contrario, acusó que los investigadores no entregan el cuerpo para “esconder” las posibles pruebas del asesinato de Navalni.

La viuda de Navalni, Yulia, afirmó hoy que continuará la lucha de su marido contra el Kremlin, al que culpó de su asesinato.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, visitó Tijuana para tratar asuntos medioambientales y de migración con las autoridades estatales, desde donde dijo que se deben fortalecer las sanciones para los migrantes que ingresen de forma irregular a su país, como una medida para frenar la crisis que se vive.

Salazar fue recibido por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en las inmediaciones de la Planta de Aguas Negras Punta Bandera, donde se colocó la primera piedra de lo que serán unas obras para evitar la descarga de residuos contaminantes directamente al mar.

El diplomático estadounidense se hizo acompañar de otros funcionarios de su país, con quienes aprovechó también para compartir con autoridades locales algunos otros aspectos que tienen que ver con la relación binacional que atañe a ambos países, como lo es la migración y los constantes cruces irregulares que se dan por esta parte de la frontera.

Salazar señaló que, luego de la reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diciembre pasado para tratar asuntos de migración, se le dará seguimiento y el próximo 19 de enero estarán “con el mismo equipo en Washington DC para retroalimentar lo convenido”.

Ante la pregunta de la prensa sobre los resultados que ha arrojado la aplicación CBP-One a un año de haber sido instaurada, el embajador resaltó que esta herramienta es solo una parte de lo que se está haciendo y lo que se debe hacer en materia de migración.

“Hay muchas otras cosas qué hacer en la migración y vamos en un trabajo muy de la mano con el Gobierno de México, porque sabemos y estamos viendo números de migrantes que nunca se habían visto en la historia de México y Estados Unidos, sobre todo aquí en la frontera con Tijuana”, dijo.

Ante la insistencia de los medios de comunicación por conocer más sobre los acuerdos convenidos y las futuras acciones del Gobierno de EUA en la frontera, Salazar argumentó que “no se debe hacer política de la realidad y del dolor de los migrantes”; sin embargo, reparó en la cantidad de personas que han llegado tratando de cruzar hacia Estados Unidos.

“Nosotros hemos visto arriba de 20 millones de migrantes solamente en el hemisferio oeste y el compromiso de Estados Unidos y México es el de trabajar y ver de qué manera podemos llegar a una solución”, refirió.

Agregó que para ello él ve tres formas para cómo solucionarlo y detalló que “la primera es que se tienen que atender las raíces de la migración y que un migrante que va a camino de la migración tenga la posibilidad de quedarse en su lugar de origen”.

En segundo lugar, dijo, “es la de organizar legalmente la manera en que alguien que quiera trabajo pueda ir por el camino legal para llegar a estos trabajos y otros derechos legales (que concede el gobierno estadounidense)”, expuso.

Lo tercero, añadió, es que debe haber mayores consecuencias para los migrantes que llegan a la frontera o ingresan a los Estados Unidos, a quienes se les debe aplicar la ley para evitar que sigan llegando muchos más.

“Tiene que haber consecuencias y por eso nosotros en el gobierno estadounidense estamos haciendo un esfuerzo para que eso pase, solamente en las últimas dos semanas hemos mandado arriba de 40 aviones llenos de migrantes hacia sus países de origen, eso va a seguir pasando porque tenemos que crear un sistema de ley que trabajen”, expuso.

Sin mayores detalles, Ken Salazar reiteró que estas son las tres soluciones concretas en las que se estarán enfocando y en las que el gobierno mexicano estará colaborando con ellos desde lo que a su territorio le corresponde.

Estados Unidos sancionó este jueves a la organización ‘Malas Mañas’, un grupo satélite del cártel de Sinaloa, y a dos personas vinculadas, a las que acusa de tráfico de drogas y de migrantes.

El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que redes como esa colocan las ganancias por encima de la vida humana, ponen en peligro las vidas de los inmigrantes y socavan el sistema de asilo de Estados Unidos.

Además del tráfico de personas, ‘Malas Mañas’ trafica con drogas como el fentanilo y la metanfetamina, “amenazando así la seguridad nacional de Estados Unidos y México”.

La sanción se aplica después del reciente viaje de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen a México, donde estuvo entre los pasados 5 y 7 de diciembre.

La representante estadounidense apuntó este jueves que el veto de hoy se enmarca en los esfuerzos de la Administración de Joe Biden contra los traficantes de personas y drogas que operan en la frontera sur de Estados Unidos.

El Gobierno estadounidense acusa a ‘Malas Mañas’ de cruzar a ciudadanos indocumentados, a menudo de Guatemala y El Salvador, desde Sonora a Estados Unidos.

Sus integrantes son conocidos por llevar ropa con las siglas SQLD (Solo lo que dudes), y entre sus miembros hay sicarios que trabajan para el liderazgo de la banda.

El Tesoro apunta que su fundador, Román Figueroa, trabaja estrechamente con Sergio Valenzuela, presunto jefe del poderoso cártel de Sinaloa. Ambos fueron sancionados por Estados Unidos en septiembre de 2021.

Los dos individuos sancionados hoy son Luis Eduardo Román Flores y Joel Alexandro Salazar Ballesteros, de quienes se dice que han trabajado de forma directa o indirecta para ‘Malas Mañas’.

Como resultado de las sanciones decretadas, las propiedades y activos en Estados Unidos o bajo control de estadounidenses de las personas y entidades afectadas quedan bloqueadas.

Estados Unidos anunció la noche de ayer que levantó las sanciones que pesaban sobre el Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio de Seguridad Pública de China, en un intento de que el gigante asiático coopere en la lucha contra el fentanilo, un potente opioide que se cobra la vida de casi 200 estadounidenses al día.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matt Miller, informó que se había tomado la decisión de sacar a ese instituto de una lista de sanciones comerciales para favorecer la cooperación entre las dos potencias.

“La permanencia del Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio de Seguridad Pública de China en la lista de entes comerciales era una obstáculo para lograr la cooperación en el control a los químicos que sirven para producir el fentanilo”, explicó el portavoz.

El anuncio se produce después de que la Casa Blanca anunciara el miércoles que los presidentes de Joe Biden, y Xi Jinping, habían llegado a un acuerdo para que China controle la salida de su territorio de precursores químicos que supuestamente carteles del narcotráfico utilizan para fabricar el fentanilo y venderlo ilegalmente en Estados Unidos.

El Gobierno chino no especificó que se hubiera alcanzado un acuerdo sobre el fentanilo, pero sí indicó que se había llegado a un entendimiento para crear un “grupo de trabajo” sobre narcóticos.

Recordemos que Pekín llevaba meses pidiendo a Washington que retirara las sanciones que pesan sobre el Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio de Seguridad Pública de China, dedicado a investigaciones criminales que incluyen la lucha antidroga, para que pudiera colaborar en la lucha contra el fentanilo.

La entidad fue sancionada durante el Gobierno de Donald Trump por abusos a las minorías musulmanas en la región noroccidental china de Xinjiang, algo que Pekín niega.

El levantamiento de las sanciones llega a la par de que China alertara a las empresas dedicadas a la producción, el comercio o el transporte de sustancias que pueden ser utilizadas para fabricar drogas de que eviten incurrir en “actividades ilegales o criminales”.

La Comisión Nacional de Control de Narcóticos de China publicó una circular en la que recuerda las “disposiciones legales vigentes en China sobre el control de las sustancias precursoras de drogas” y la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

El comunicado fue publicado en la agencia estatal Xinhua y en otros organismos oficiales y advierte a las empresas de que “algunos países y regiones han ampliado el alcance de la fiscalización de las sustancias precursoras de drogas” y de que “agencias de aplicación de la ley extranjeras pueden perseguir” a quienes consideren infractores.

La circular pide a las compañías que “verifiquen la identidad y las intenciones” de los compradores, que “mantengan registros completos y precisos de las transacciones” y que “informen de inmediato a las autoridades competentes de cualquier actividad sospechosa”.

La institución recomienda además a las empresas productoras de sustancias sometidas a control por Washington que “sean cautelosas con los pedidos procedentes de Estados Unidos y México”.

Estados Unidos impuso sanciones monetarias al jefe del Clan del Golfo, que controla la producción de cocaína en Colombia, y a nueve colaboradores de la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel Sinaloa, informó este martes el departamento del Tesoro.

Las 334 oficinas de la agencia antidrogas estadounidense en 169 países, además de las de Estados Unidos, “reman en la misma dirección” por una “máxima prioridad”: detener el fentanilo” derrotando a dos cárteles mexicanos: el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, afirmó este martes la directora de la DEA, Anne Milgram.

Eso implica trabajar “como una red”, dijo la funcionaria en Washington, durante la segunda cumbre con familias sobre el fentanilo, un opioide sintético que causó buena parte de las casi 110,000 muertes por sobredosis que se registraron en 2022.

Dentro de este esfuerzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, sancionó al colombiano Jobanis de Jesús Vila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, el actual líder del Clan del Golfo.

En un comunicado el Departamento del Tesoro le acusa de “suministrar cocaína a las principales organizaciones de narcotráfico, incluido el Cartel de Sinaloa”.

En 2022 “Chiquito Malo” desató un estallido de violencia en Colombia al enterarse de la extradición a Estados Unidos de su predecesor, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”.

En Estados Unidos “Chiquito Malo” es acusado de tráfico de cocaína y de haber participado en planes para asesinar a narcotraficantes rivales.

Las sanciones de la OFAC contra él coinciden con una reunión en Bogotá del Grupo de trabajo antinarcóticos Estados Unidos-Colombia.

La OFAC sancionó asimismo a “nueve personas con base en México responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas en nombre de Los Chapitos y el Cartel de Sinaloa”, señala el comunicado.

Se trata de Jorge Humberto Figueroa Benítez, Leobardo García Corrales, Martín García Corrales, Liborio Núñez Aguirre, Samuel León Alvarado. , Carlos Mario Limón Vázquez y Mario Alberto Jiménez Castro.

Jorge Humberto Figueroa Benítez dirige un grupo de sicarios de ‘Los Chapitos’, como se llama a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y los hermanos García Corrales negocian la venta de fentanilo y compran armas con las ganancias que obtienen.

Liborio Núñez, Samuel León y Carlos Mario Limón operan una red de laboratorios de fentanilo y Mario Alberto Jiménez se ocupa del lavado de dinero, mediante moneda virtual y transferencias bancarias.

Además la OFAC designó a Julio César Domínguez Hernández y a Jesús Miguel Vibanco García, por trafico de cocaína y metanfetamina.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este miércoles a tres ciudadanos mexicanos por su presunta participación en la producción y el tráfico de fentanilo.

Es la segunda ronda de sanciones en dos meses contra traficantes de fentanilo vinculados al Cártel de Sinaloa.

Los tres hombres sancionados trabajaban en Tijuana, y presuntamente introdujeron grandes cantidades de fentanilo a Estados Unidos.

Ahora, las sanciones bloquean cualquier activo que tengan en ese país y prohíbe a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos.

El Departamento del Tesoro señaló que dos de los hombres, Alfonso Arzate García, y su hermano, René Arzate García, fungían como “jefes de plaza” del Cártel de Sinaloa en Tijuana. Siguen prófugos.

El otro hombre es Rafael Guadalupe Félix Núñez, mejor conocido como “El Changuito Ántrax”. Comenzó su carrera como sicario a principios en los años 2000 y posteriormente se incorporó a una pandilla de sicarios, todos los cuales adoptaron la palabra “Ántrax” como apellido. Fue detenido en 2014 y se escapó de prisión en 2017.

Recordemos que el mes pasado, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a 10 mexicanos más, incluido al cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por su presunta participación en la producción y tráfico de fentanilo.

El tráfico de fentanilo y la migración son los asuntos principales que abordarán el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y la canciller Alicia Bárcena, en su primer encuentro oficial.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que sustituyó en junio en el cargo aMarcelo Ebrard, viaja este miércoles a Washington para su primera visita oficial en Estados Unidos.

Durante su estancia en la capital estadounidense, Bárcena se entrevistará con Blinken, con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y miembros de la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazó a México con posibles sanciones comerciales si no hay resultados dentro de un año en relación a la conservación de la vaquita marina y la totoaba, López Obrador celebró esta mañana que no se impongan sanciones por el momento.

En una carta dirigida al Congreso, Biden explicó que ha ordenado a diversas agencias federales mantener una reunión de alto nivel con el Gobierno de nuestro país para “abordar los pasos a seguir para reducir el tráfico ilegal de totoaba y asegurar la conservación de la vaquita”.

En dicho encuentro, Washington exhortará a México a “fortalecer la implementación” de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y establecerá un calendario para revisar los avances en la protección de ambas especies.

En la misiva, Biden explicó que de momento no se impondrán sanciones comerciales a México por este tema, pero ha instruido a su Ejecutivo a que le presente en julio de 2024 un informe de la situación para decidir qué represalias tomar.

“El informe se utilizará como base para evaluar si son necesarias medidas adicionales, incluidas posibles restricciones comerciales”, afirmó el presidente Biden.

Sin embargo, esta mañana en su conferencia de prensa, López Obrador celebró que el presidente Biden resolviera no imponer medidas contra México.

“Se está cuidando a la vaquita marina. La secretaría de Marina y otras autoridades, están protegiendo la zona, el Mar de Cortés, donde existen estas especies que están en peligro de extinción. Hay constancia de que se conserva, incluso que se están reproduciendo en los últimos tiempos”, dijo el mandatario.

AMLO omitió así mencionar sobre la advertencia que se incluyó en la carta del presidente Biden.

En ese sentido, el embajador de México en Estados Unidos, Esteba Moctezuma, señaló en Twitter que la carta de Biden respondía a la presión de ONG’s, y aseguró que México trabajará con EUA para preservar la vida de estos animales.

El mensaje de Biden, escribió el diplomático, es un “reconocimiento de los logros de México en la conservación y de la drástica disminución de la pesca ilegal de totoaba”.

Si bien Biden reconoció que el gobierno de López Obrador ha tomado algunas acciones, opinó que “tiene que hacer más” para proteger ambas especies o de lo contrario “la población de totoaba seguirá reduciéndose y la vaquita se extinguirá pronto”.

Estados Unidos ya había alertado en febrero pasado que México estaba vulnerando el capítulo medioambiental del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Justo la semana la semana pasado el gobierno federal lanzó una campaña para difundir las acciones para prevenir la pesca y el comercio ilegal de la totoaba y proteger a la vaquita marina.

Tanto la totoaba como la vaquita marina son especies en peligro de extinción que viven en el Golfo de California, en un espacio marino entre México y Estados Unidos. La organización Sea Shepherd registró a inicios del pasado junio la existencia de entre 10 y 13 especímenes de vaquita marina.

La bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para sancionar quienes que no cumplan con su obligación de votar en elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato.

El documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Reforma Política-Electoral para opinión, adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política, que dice:

“La infracción a lo dispuesto en la presente fracción sin causa justificada se sancionará con la suspensión por un año de los efectos de la credencial para votar como medio de identificación personal o multa equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

La propuesta sugiere que, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, en caso de ser aprobado, el Congreso deberá hacer las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria correspondiente a la justificación que en derecho se defina para la omisión del sufragio.

En voz de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, se señaló que el ejercicio del voto en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, además de ser un derecho, es también una obligación de las y los ciudadanos del país, según lo establece el artículo 36 fracción III de la Constitución.

“A pesar de que desde hace años se han emprendido diferentes campañas de concientización por parte de las autoridades electorales federales y locales, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales, aún falta mucho por hacer para elevar el porcentaje de electores que acuden a las urnas a cumplir con su obligación de votar”, precisó Pinete Vargas.

La iniciativa precisa que, si bien en la democracia un solo voto de diferencia es suficiente para ganar una elección, los datos en los comicios de 2022 y de 2023 muestran la renuencia de más de la mitad de las y los ciudadanos convocados a las urnas para ejercer lo que se considera en la Constitución como un derecho de la ciudadanía.

Menciona que en la actualidad se tienen contabilizados 27 países en los que, además de considerarse el voto como obligatorio, se cuenta con sanciones aparejadas a su inobservancia.

La diputada del PVEM destacó que el fortalecimiento continuo del régimen democrático en México, de la rendición de cuentas y de los mecanismos para dotar de mayor legitimidad a quienes resultan electos por el voto popular como gobernantes o representantes, transita por combatir el abstencionismo y elevar los niveles de participación ciudadana en las elecciones.

Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este miércoles un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el undécimo desde que invadió Ucrania, enfocado en evitar la elusión a través de terceros países de medidas restrictivas ya impuestas.

Además, incluye más sanciones contra personas a título individual. Los embajadores de los Veintisiete ante la UE, reunidos en Bruselas, tomaron la decisión por unanimidad.

“Celebro el acuerdo político sobre nuestro undécimo paquete de sanciones”, señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de un mensaje en Twitter.

En opinión de la política alemana, “asestará un nuevo golpe a la maquinaria bélica de (el presidente ruso, Vladímir) Putin con restricciones más estrictas a la exportación, dirigidas a las entidades que apoyan al Kremlin”.

Von der Leyen añadió que la herramienta “antielusión” de la UE “impedirá que Rusia se haga con los bienes sancionados”.

Para minimizar el riesgo de eludir las medidas restrictivas, el paquete introduce prohibiciones al tránsito por territorio ruso de bienes y tecnología que puedan contribuir a la mejora militar y tecnológica de Rusia o al desarrollo de su sector de defensa y seguridad.

Además, se incluye la posibilidad de adoptar nuevas medidas excepcionales de “último recurso” que restrinjan la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de bienes y tecnología sensibles de doble uso, civil y militar, a terceros países cuya jurisdicción “se demuestre que corre un riesgo continuo y especialmente elevado de ser utilizada para la elusión”.

El nuevo paquete amplía además la lista de bienes restringidos que contribuyen a la mejora militar y tecnológica de Rusia o al desarrollo de su sector de defensa y seguridad.

Y amplía la suspensión de las licencias de emisión en la Unión de cinco medios de comunicación rusos “bajo control permanente de los dirigentes rusos”, y la prohibición de emitir sus contenidos.

Otra medida acordada es la prohibición de acceder a los puertos y esclusas del territorio de la Unión a los barcos que participen en trasbordos entre buques, cuando las autoridades competentes tengan “motivos razonables” para sospechar que están infringiendo la prohibición de importar petróleo crudo y productos petrolíferos rusos por vía marítima a la Unión.

También si se sospecha que están transportando petróleo crudo o productos petrolíferos rusos adquiridos por encima del precio máximo acordado por la coalición internacional (compuesta por la UE, Australia, Canadá, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos) que ha fijado límites al importe de esos artículos.

Por lo que se refiere a las sanciones individuales, se amplía la lista negra a otras 71 personas y 33 entidades como respuesta, indicaron fuentes comunitarias, a la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.

Estas personas no podrán entrar en la UE y se congelarán los bienes que pudieran tener en territorio de la Unión.

Los líderes de las democracias más ricas del mundo acordaron el viernes endurecer las sanciones contra Rusia, mientras que un borrador de comunicado que se publicará tras sus conversaciones en la ciudad japonesa de Hiroshima subrayó la necesidad de reducir la dependencia del comercio con China.

Los líderes del Grupo de los Siete (G7), a los que se unirá este fin de semana el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se comprometieron a restringir cualquier exportación a Rusia que pueda ayudarla en su guerra de 15 meses contra Ucrania.

“Esto incluye las exportaciones de maquinaria industrial, herramientas y otras tecnologías que Rusia usa para reconstruir su maquinaria bélica”, afirmaron en una declaración conjunta hecha pública este viernes, en la que añadieron que buscarían medidas para restringir los ingresos por metales y diamantes.

En cuanto a China, a la que las potencias del G7 ven cada vez más como una amenaza para la seguridad económica, debían acordar que su condición de segunda economía mundial significaba que no había otra alternativa que buscar la cooperación.

También reafirmaba la necesidad de paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán e instaba a China a presionar a Rusia para que ponga fin a su agresión militar a Ucrania.

Los miembros del G7: Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Canadá e Italia, aprovecharán la reunión de tres días para debatir la estrategia a seguir en un conflicto ucraniano que no da señales de remitir.

Los países del G7 reafirmaron su condena de la agresión rusa y prometieron más apoyo a Ucrania, en términos de ayuda militar y financiera para su economía destrozada por la guerra este año y el próximo.

Zelenski asistirá el domingo, dijeron dos funcionarios implicados en la cumbre del G7, que pidieron no ser mencionados debido a lo delicado del asunto.

Por su parte, Estados Unidos impuso este viernes una nueva batería de sanciones por la guerra en Ucrania que afecta a más de 200 entidades, personas, barcos y aviones que están colaborando con Rusia en su ofensiva.

El secretario de Estado, Antony Blinken, detalló en un comunicado que los nuevos vetos, decididos en el marco de la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, cubren el sector energético, defensivo, minero o tecnológico y a personas que están ayudando a Rusia a aumentar su producción y capacidad energética.

Las acciones forman parte de la última ronda de sanciones y controles a las exportaciones por parte de Estados Unidos y otros países en respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania.

Están diseñadas para degradar la base industrial de Rusia y su capacidad para mantener la guerra.

Estados Unidos y una coalición de otros 37 países han impuesto a Rusia controles a la exportación sin precedentes desde su ataque no provocado a Ucrania en febrero de 2022.

En marco de la cumbre, los líderes del G7 expresaron su inquietud por la acumulación de arsenal nuclear “sin diálogo” por parte de China, que dijeron supone “una preocupación para la estabilidad mundial y regional”.

El Grupo de los Siete desveló esa posición en un comunicado conjunto al término de una cena de trabajo a puerta cerrada sobre diplomacia y seguridad, que se celebró en el primer día de la cumbre de mandatarios en Hiroshima.

Hiroshima, la primera ciudad en ser bombardeada con un arma nuclear el 6 de agosto de 1945, es la sede de la 49 reunión del Grupo de los Siete, donde los líderes buscarían mandar un fuerte mensaje por la paz y en contra de las armas nucleares en el contexto de la guerra de Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó este viernes las enmiendas al Código Penal que introducen la cadena perpetua para el delito de alta traición y aumenta la pena para actos de terrorismo de 15 a 20 años.

Previamente, la norma recibió el visto bueno de ambas cámaras del Parlamento ruso.

Las enmiendas fueron presentadas en noviembre de 2022 a la Duma por el gobierno ruso en el contexto de la campaña militar en Ucrania por considerar que era necesario reforzar el Código Penal para endurecer los delitos por terrorismo y contra los fundamentos del orden constitucional y la seguridad del Estado.

Los cambios promulgados por Putin modifican el artículo sobre “traición a la patria” al establecer la cadena perpetua por este delito en lugar de los 20 años que se imponían hasta ahora.

En la última semana, las fuerzas de seguridad rusas han informado de cinco detenciones por sospecha de “alta traición”.

Bajo el artículo “acto terrorista” del Código Penal se aumenta la pena máxima de 15 a 20 años de prisión.

Si se trata de terrorismo internacional, la condena puede ir desde los 12 años de cárcel a cadena perpetua; hoy en día las penas son de 10 a 20 años de cárcel o cadena perpetua.

La pena mínima por reclutamiento o participación en delitos de terrorismo aumentará de 5 a 7 años, y la que un juez podrá imponer por complicidad de 10 a 12 años.

A su vez, el artículo “organización de un grupo terrorista y participación en él” será , a partir de la firma de Putin de las enmiendas, de entre 10 y 15 años de prisión; ahora son entre 5 y 10 años.

Rusia también endurece las penas para el delito de sabotaje cuando se cometan acciones encaminadas a dañar la infraestructura de transporte y el sustento vital de la población, así como para causar daños a la salud de las personas con el fin de socavar la seguridad económica y la defensa del país.

Por estos delitos un acusado puede afrontar hasta 20 años de prisión frente a los 15 años actuales.

En tanto, ayer Estados Unidos anunció nuevas sanciones en contra de la la Guardia Revolucionaria de Irán y a la agencia de inteligencia FSB de Rusia, a quienes acusa de tomar como rehenes a estadounidenses, entre los que menciona al corresponsal del Wall Street Journal, Evan Gershkovich.

Estados Unidos señaló que no es aceptable el comportamiento despreciable que ha sido el utilizar a personas como monedas de cambio; además de que indicó que las sanciones eran una advertencia clara y directa de posibles represalias contra todos aquellos que busquen tomar las mismas decisiones.

Al menos tres estadounidenses de origen iraní están detenidos en Irán, incluido el empresario Siamak Namazi, que se encuentra en prisión desde 2015. Del lado ruso, Washington busca la liberación de Paul Whelan, un exmarine estadounidense arrestado en 2018 y condenado a prisión dos años después por presunto espionaje.

El otro caso al que le da seguimiento Estados Unidos es a la liberación de Evan Gershkovich, detenido a finales del mes pasado, a quien autoridades de Moscú arrestaron al acusarlo de espionaje. En Broojula, te presentamos una actualización sobre este caso, con el comentario de David Luhnow, jefe de la oficina en Reino Unido de The Wall Street Journal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes que propondrá una reforma al artículo 33 de la Constitución, que permite la expulsión de extranjeros por “inmiscuirse” en política y que en años recientes ha causado polémica.

“Ya nosotros estamos hoy o mañana por enviar una iniciativa de modificación a la Constitución sobre el artículo 33 porque antes el que se consideraba extranjero pernicioso porque hacía un cuestionamiento al gobierno se le deportaba, eso lo vamos a quitar”, indicó en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario se refirió al artículo constitucional que faculta al Ejecutivo a “expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley” y a que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

La cláusula ha despertado controversia en años recientes, como en diciembre pasado, cuando el expresidente Felipe Calderón pidió usar el artículo contra el español Abraham Mendieta, asesor y simpatizante del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ese mismo mes, la Secretaría de Gobernación (Segob) eliminó de la lista de personas non gratas al cantante español Manu Chao, quien en 2009 criticó al gobierno de Calderón, por la represión de las protestas en San Salvador Atenco en 2006.

Mientras que en 2021, simpatizantes de Morena pidieron aplicar el artículo 33 a los líderes de Vox que acudieron al Congreso a presentar la Carta Madrid, algo a lo que López Obrador se negó.

Por otro lado, el Tribunal Federal Electoral decretó en 2018 que la cantante Belinda, quien tiene nacionalidad española pese a vivir en México, “vulneró” la Constitución y la ley electoral por participar en actos políticos de Morena.

Y en 2014 hubo una controversia con Chile por el arresto del músico chileno Lawrence Maxwell Ilabaca durante una protesta tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de ese año.

“No debe haber nada que limite la libertad y todos esos supuestos delitos que tienen que ver con insultos a la autoridad deben eliminarse”, consideró López Obrador.

El presidente argumentó que la cláusula viene desde la Constitución de 1836, pero prometió que su gobierno trabaja por la libertad al eliminar también las sanciones previstas por “injurias al presidente”.