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Después de las elecciones del 6 de junio, comenzó a correr un periodo de 40 días en que el Instituto Nacional Electoral (INE) revisó los reportes de ingresos y gastos que por ley todos los candidatos tuvieron que haber presentado.

Ayer jueves 22 de julio concluyó dicho periodo y, durante la sesión extraordinaria, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, reveló que como resultado de la revisión que realizó, se aprobaron sanciones por más de 1,203 millones de pesos ante las diversas irregularidades detectadas.

Al dar cuenta del tamaño del trabajo realizado a 49 días de concluidas las campañas, Córdova Vianello destacó la revisión y fiscalización de 39 mil 448 informes correspondientes a 29 mil 612 candidaturas a las que se auditaron 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos.

También, dijo Córdova, se revisaron aleatoriamente 1 millón 406 mil 126 eventos proselitistas; 754 mil 910 registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización y 24 mil 319 cuentas bancarias, además de que se atendieron 748 quejas vinculadas con las campañas.

Recordemos que la fiscalización parte de los reportes que los propios candidatos y sus partidos presentaron “en tiempo real” durante las campañas electorales, así como los reportes finales después de la elección.

El INE revisa y contrasta esta información con diversas fuentes, como reportes de las instituciones bancarias, solicitudes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o el seguimiento de los eventos y publicidad de los candidatos.

El partido político con más sanciones como producto de la fiscalización de las campañas de 2021 fue Morena, que tendrá que pagar multas equivalentes al 17% de su financiamiento público federal de este año, es decir, 373 millones de pesos.

Le siguen los partidos Redes Sociales Progresistas, con multas por 103 millones de pesos, y Fuerza por México, con 101 millones, en cuyos casos perdieron su registro.

El INE señaló que durante la revisión contable se advirtieron 60 tipos de irregularidades que cometieron los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. En ocho de estas conductas se concentra el 73.10% de las sanciones impuestas, entre las cuales destacan los egresos no reportados.

La mayor parte de las multas son producto de dos conductas por parte de los candidatos: la ausencia de reporte de gastos y el hallazgo por parte del INE de gastos de campaña en donde los candidatos no tuvieron comprobantes para demostrarlos. En el primer caso, la autoridad electoral identificó gastos no reportados por 80 millones de pesos en las campañas federales y 268 millones en las campañas locales. En segundo lugar, los gastos que los candidatos no pudieron acreditar fueron por 48 millones en las campañas federales y 161 millones en las campañas locales.

La administración del presidente Joe Biden anunció este jueves sanciones contra un funcionario y una entidad gubernamental de Cuba involucrados en abusos de derechos humanos cuando el gobierno tomó medidas severas contra las protestas en la Isla.

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó a Álvaro López Miera, un militar y líder político cubano, y a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, en la lista más reciente de sancionados.

El Tesoro dijo en un comunicado que López Miera «ha jugado un papel integral en la represión de las protestas en curso en Cuba».

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, encabezado por López Miera, y otros servicios de seguridad del gobierno cubano han atacado a manifestantes y detuvieron o desaparecieron a más de 100 en un intento por reprimir estas protestas, según el departamento estadounidense.

La Brigada Especial Nacional fue sancionada en enero por el gobierno del presidente Donald Trump, que también sancionó a todo el ministerio del Interior y a su titular Lázaro Alberto Álvarez Casas.

«Condeno inequívocamente las detenciones masivas y los juicios simulados que están sentenciando injustamente a prisión a quienes se atrevieron a hablar, en un esfuerzo por intimidar y amenazar con silenciar al pueblo cubano», dijo el presidente Biden en un comunicado. «El pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica que todas las personas».

A principios de la semana, La Casa Blanca anunció a que Biden ordenó a su administración tomar varias medidas para aumentar la presión contra el régimen comunista luego de que miles de cubanos salieran a las calles de La Habana y otras ciudades en la Isla, para protestar por la escasez de comida y los precios elevados durante la crisis de coronavirus.

Biden aseguró que las sanciones impuestas este jueves son «solo el comienzo», y que seguirá aplicando restricciones por la «opresión del pueblo cubano».

«Estados Unidos seguirá sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano», subrayó Biden. «Este es solo el comienzo: Estados Unidos seguirá sancionando a individuos responsables de la opresión del pueblo de Cuba».

Las sanciones parecieron marcar un endurecimiento de la posición hacia la Isla de Biden, quien recordó una serie de medidas que su Administración está evaluando respecto a La Habana.

Entre ellas mencionó que están trabajando con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado «para proporcionar al pueblo cubano un acceso a internet que evada los esfuerzos de censura» del gobierno del país caribeño.

Además, apuntó que están revisando la política de remesas para «maximizar el apoyo al pueblo cubano» y aseguró que se han comprometido a reponer el personal en la Embajada estadounidense en La Habana.

El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionará al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con una multa de 40 millones de pesos,  además de que no podrá transmitir spots en radio y televisión por un plazo de un año, tras haber incurrido en delitos electorales.

De acuerdo con un proyecto de la Comisión de Fiscalización del INE, se determinó que el PVEM pagó unos 20 millones de pesos a casi un centenar de «influencers» para que promovieran el voto a su favor días antes de las elecciones del pasado 6 de junio.

Debido a ello, la Comisión determinó el castigo, el cual deberá ser avalado el próximo jueves por el Consejo General y en caso de haber impugnaciones, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Y es que tras más de un mes de investigación se concluyó que el Partido Verde incurrió en un delito grave al pedir a 95 personas que hablaran a favor del partido a cambio de un monto económico que habría ido desde los 15,000 pesos, hasta los 100 mil pesos.

Recordemos que el 6 de junio, día de la elección, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a 30 «influencers» retirar de sus perfiles de Instagram mensajes a favor del partido.

Entre personalidades que se vieron involucradas están personajes de televisión como Raúl Araiza, Bárbara de Regil, Ivonne Montero, Lambda García, Brandon Peniche, Raquel Bigorra, Laura G, Eleazar Gómez y Gabriel Soto, y cantantes como Karla Díaz y Regina Murguía. También se identificó a personajes que se dedican de forma particular a la creación de contenidos en YouTube, Instagram, TikTok u otras redes, como Alex Strecci, Fernanda Moreno, Pamela Voguel y Alan Sandoval.

Adicional, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, anunció el 10 de junio que los llamados «influencers» serían investigados por difundir de manera ilegal propaganda.

Además de esta sanción, el Partido Verde tiene abierta en su contra una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral por supuestamente usar empresas fantasma para financiar actividades y costear actos de campaña.

El PAN presentó ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) una ampliación de denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que presentó en días pasados por hacer propaganda gubernamental y expresiones político-electorales durante sus conferencias mañaneras.

Acción Nacional dijo que dichas acciones del presidente son muestra clara de la intervención que el mandatario ha tenido en el actual proceso electoral, así como una transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad, certeza y legalidad.

El pasado 19 de mayo, el PAN solicitó la suspensión definitiva de las conferencias mañaneras por la reincidencia en los ataques a la oposición y la propaganda gubernamental en pleno proceso electoral por parte del mandatario; en esta ocasión, se amplío la información específicamente por lo expresado el 20 de mayo, donde AMLO dijo que la oposición está buscando en las elecciones obtener la mayoría en la Cámara de Diputados para poder “repartirse y robarse” el presupuesto público.

En la ampliación de denuncia, Acción Nacional pide a la autoridad electoral instaurar el procedimiento sancionador correspondiente por la violación reiterada a la normatividad constitucional y electoral, que se dicten las medidas cautelares necesarias y las sanciones que en derecho correspondan.

Solicitaron que se suspendan de forma inmediata los ataques a los partidos de oposición y la difusión de propaganda gubernamental dentro del periodo de las campañas federales y locales.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, advirtió que no dejarán pasar una mentira más del presidente ni que se siga entrometiendo en las elecciones y, para ello, a cada mentira habrá una denuncia pública y a cada transgresión a la ley habrá una acción legal.

“Señor Presidente, deje de mentir a los mexicanos, con la nueva mayoría en la Cámara de Diputados no vamos a quitar ningún programa social, sino todo lo contrario, nosotros queremos mejorarlos para que lleguen puntuales, completos y parejos para quienes realmente lo necesitan, además queremos recuperar los programas y fondos que usted eliminó por capricho como el Seguro Popular, las Estancias Infantiles, Prospera y Procampo”, señaló el dirigente nacional.

Aseguró que el PAN no malgastan el presupuesto tal como AMLO lo está haciendo destinando los recursos públicos en proyectos personales que técnicamente son inviables y sin futuro. “Usted sí está tirando el dinero de los mexicanos a la basura”, subrayó.

Cortes Mendoza finalizó indicando que lo que se busca es recuperar los equilibrios y contrapesos que México necesita.

Rusia pidió a 10 diplomáticos de Estados Unidos que abandonen el país en represalia por la expulsión del mismo número de funcionarios de su embajada en Washington, que fueron acusados de actividades maliciosas, anunció este viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

Estados Unidos impuso el jueves varias sanciones contra Moscú, que incluyen prohibir a bancos estadounidenses la compra de bonos soberanos del banco central, del fondo soberano estatal y del Ministerio de Finanzas, por la interferencia en las elecciones de noviembre, la intrusión informática y el acoso a Ucrania.

Lavrov, en una conferencia de prensa con su par serbio, expuso la respuesta de Rusia.

Además de expulsar a 10 diplomáticos estadounidenses, dijo que Moscú incluirá a ocho funcionarios estadounidenses en una lista de sanciones y pondría fin a la actividad en Rusia de fondos y ONG estadounidenses que, a su juicio, interfieren en los asuntos internos del país.

El diplomático dijo que Rusia también estaba considerando posibles medidas «dolorosas» dirigidas a los negocios estadounidenses en Rusia.

El Kremlin había dicho antes que las potencias están muy distanciadas en la cuestión de las sanciones, aunque Moscú, al igual que Washington, está interesado en cooperar.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha propuesto que él y Putin se reúnan para celebrar una cumbre, pidió ayer bajar la tensión tras el anuncio de las sanciones, y dijo que era vital que La Casa Blanca y el Kremlin mantuvieran abiertas las líneas de comunicación.

«(Putin) ha dicho en repetidas ocasiones que estamos dispuestos a desarrollar el diálogo en la medida en que nuestras contrapartes estén dispuestas a hacerlo. En este sentido, es probablemente positivo que los puntos de vista de los dos jefes de Estado coincidan», dijo el portavoz del gobierno ruso Dmitri Peskov a los periodistas.

«Sus puntos de vista no coinciden categóricamente cuando se trata de crear relaciones mutuamente beneficiosas y de tener en cuenta los intereses del otro», añadió sobre las sanciones.

El temor a las sanciones de Estados Unidos ha provocado volatilidad en los mercados rusos durante semanas y ha hecho que el rublo caiga con fuerza esta semana. Sin embargo, la moneda nacional recuperaba terreno cuando se hizo evidente que las sanciones no llegaban a ser medidas paralizantes o frenaban la capacidad de Moscú de emitir deuda estatal.

El Kremlin dijo que Putin aún no había decidido si participaría en una cumbre sobre el clima liderada por Estados Unidos.

Estados Unidos impuso este jueves sanciones a Rusia por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y su supuesto papel en el ciberataque masivo de SolarWinds, además de que impuso castigos relacionados con las acciones rusas en Ucrania y Afganistán.

El gobierno del presidente Joe Biden anunció además la expulsión de Estados Unidos de diez miembros de la misión diplomática rusa en Washington, incluidos integrantes de los servicios de Inteligencia.

La Casa Blanca acusó formalmente al Servicio de Espionaje Exterior de Rusia (SVR) de haber «perpetrado» el ciberataque masivo que comenzó presuntamente en 2019 y penetró en los sistemas del gobierno estadounidense y grandes compañías mediante un programa de la empresa SolarWinds.

Hasta ahora, Washington solo había hablado de sus sospechas de que Moscú estuvo detrás de ese jaqueo, pero este jueves aseguró que la comunidad de inteligencia está «completamente segura» de que se trató del SVR.

«Al comprometer la cadena de suministro del software de SolarWinds, SVR pudo espiar o alterar potencialmente más de 16,000 sistemas informáticos en todo el mundo», indicó La Casa Blanca.

En total, Washington sancionó a 6 compañías rusas por sus actividades de ciberespionaje, a 32 organizaciones y personas rusas por injerencia electoral; y a 8 individuos y entidades por la ocupación rusa de la península ucraniana de Crimea.

Además, el Departamento del Tesoro emitió una orden que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses participar en el mercado principal de bonos emitidos a partir del próximo 14 de junio por el banco central ruso y otras instituciones del país, en un intento de coartar su venta de deuda soberana.

Las sanciones a Rusia responden a «acciones que ha tomado su gobierno y sus servicios de inteligencia contra la soberanía y los intereses de Estados Unidos». Entre ellas se citan las supuestas recompensas que Rusia ofreció en 2019 a las milicias afganas por la muerte de soldados estadounidenses, reveladas el año pasado por el diario The New York Times.

Biden concluyó que todas esas acciones de Rusia suponen una «emergencia nacional» para Estados Unidos, una declaración que activa poderes para imponer una amplia gama de sanciones contra Moscú, ahora y en el futuro.

La Casa Blanca afirmó que, a pesar de las sanciones, no quiere continuar en una «trayectoria negativa» con Rusia, por lo que Biden ha propuesto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que mantengan pronto una cumbre bilateral en un tercer país.

Al respecto, Rusia prometió una respuesta «inevitable» a las sanciones impuestas, además de que llamó al embajador estadounidense en Moscú para una «conversación difícil».

«Estados Unidos no está listo a aceptar la realidad objetiva de un mundo multipolar, sin hegemonía estadounidense (…). Un comportamiento agresivo de este tipo recibirá una fuerte respuesta. La respuesta a la sanciones será inevitable», declaró la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova.

Indicó que Washington debe entender que tendrá que «pagar el precio del deterioro de las relaciones bilaterales», y aseguró que la responsabilidad de lo que está sucediendo recae enteramente en Estados Unidos.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que las sanciones «no ayudarán» a la organización de una cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin, tal como se lo propuso Biden en días pasado.

Estados Unidos anunció este miércoles que impuso sanciones a Myanmar, luego de que las fuerzas armadas de ese país tomaron el poder mediante un golpe de Estado y detuvieron a varios líderes políticos, entre ellos la gobernante de facto Aung San Suu Kyi.

El presidente Joe Biden anunció que había emitido una orden ejecutiva que impedirá a los generales de Myanmar tener acceso a activos por valor de 1,000 millones de dólares en Estados Unidos, y añadió que habrá otras medidas.

«Las fuerzas armadas deben ceder el poder que tomaron y demostrar respeto a la voluntad del pueblo de Birmania», indicó el mandatario estadounidense.

Biden aseguró que las sanciones congelaron las cuentas de líderes militares de Myanmar, pero que no afectarán la entrega de ayuda para programas de salud, de sociedad civil y otras áreas en beneficio del pueblo. Añadió que su administración identificará los objetivos específicos de las sanciones en los próximos días.

«Estamos dispuestos a tomar medidas adicionales y seguiremos colaborando con nuestros socios internacionales para exhortar a otras naciones a que se nos unan en estas gestiones», agregó.

Antes del anuncio de Biden, estallaron nuevas protestas multitudinarias en las calles de Myanmar en contra del golpe de Estado, incluso después de que las fuerzas de seguridad intensificaron sus medidas represivas y allanaron la sede del partido de Suu Kyi.

El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, partidario de Suu Kyi, declaró que aprecia la política de Biden «de buscar ayuda del Congreso para tomar medidas rápidas y prácticas para restaurar la democracia en Birmania. Espero que todas las naciones que respeten la democracia y el Estado de derecho se unan a Estados Unidos en imponer penalidades a la junta militar».

Desde el golpe de Estado, al menos 190 personas han sido detenidas y 19 de ellas fueron liberadas más tarde, informó este miércoles la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.

En un discurso a la nación la noche del lunes, el general Min Aung Hlaing alegó un fraude masivo en las elecciones del 8 de noviembre como argumento para justificar la toma del poder.

Foto: OIT

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones económicas contra Carrie Lam, jefa del Gobierno de Hong Kong, y contra otros diez altos cargos de la excolonia británica.

La sanción, indicó la dependencia, es por «socavar la autonomía» de la ciudad y «restringir la libertad de expresión y reunión de sus ciudadanos».

Entre los sancionados, además de Lam, se encuentra el jefe de la Policía, Chris Tang, y su predecesor, Stephen Lo; el
secretario de Seguridad de la ciudad, John Lee Ka-chiu, y la de Justicia, Teresa Cheng.

«Estados Unidos defiende al pueblo de Hong Kong y usaremos nuestras herramientas y autoridad para perseguir a aquellos que socavan su autonomía», dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EUA.

El Tesoro acusó a Lam de ser directamente responsable de implementar las políticas de Pekín de supresión de las libertades y procesos democráticos.

«No nos haremos a un lado mientras la gente de Hong Kong sufre la opresión brutal a manos del Partido Comunista Chino o sus facilitadores», afirmó en paralelo el secretario de Estado, Mike Pompeo.

También son señalados altos cargos en el Gobierno central chino, como Xia Baolong, director de Asuntos de Kong Kong del Consejo de Estado; y su adjunto, Zhang Xiaoming.

Como consecuencia de las sanciones, quedan bloqueados los activos que pudiesen tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe cualquier transacción financiera con entidades estadounidenses.

El anuncio del gobierno del presidente Donald Trump se produce en plena ofensiva económica de Estados Unidos contra China apenas un día después de que firmase órdenes sin precedentes contra TikTok y WeChat para que ambas aplicaciones se desvinculen de su matriz china antes de 45 días.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes nuevas sanciones a dos de las farmacéuticas ligadas a Carlos Lomelí, exdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí.

La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP resolvió inhabilitaciones y multas a: Lomedic, S.A. de C.V. y Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V. (Abisalud).

Se detalló que Lomedic recibió una multa superior a un millón pesos, así como una inhabilitación por dos años y seis meses, debido a que proporcionó información falsa en diversos procedimientos de contratación convocados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por su parte, Abisalud fue sancionada por su participación en una licitación pública para adquirir medicamentos y material de curación convocada por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y en el que de igual manera proporcionó información falsa por lo que se le asignó una multa de un millón 51 mil 500 pesos y una inhabilitación por dos años y seis meses.

Según lo indicado por Carlos Lomelí, Abisalud no es una de sus empresas. Sin embargo, se ha detallado que la farmacéutica fue fundada por José Hiram Torres Salcedo, operador político y exsecretario particular de Lomelí.

Abisalud recibió en marzo pasado un nuevo contrato, de adjudicación directa, por más de 7 millones de pesos con el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, que depende de la Secretaría de Salud federal, por el servicio integral de dispensación de medicamentos y distribución de material de curación; en ese momento, la Secretaría de la Función Pública aseguró que, pese a que en ese momento estaba siendo investigada, la empresa podía seguir vendiendo a la administración federal.

En septiembre del año pasado, la SFP publicó  dos circulares por las que se comunicó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresa Lomedic, S.A. de C.V. y Laboratorios Solfrán, S.A, otra de las empresas de Lomelí, y la cual sí reconoce como suya.

La dependencia señaló que la sanción para ambas empresas, era una inhabilitación por un plazo de 2  años y 6 meses. Adicional, la circular hace mención de una multa impuesta a las empresas, cada una por más de un millón de pesos.

«Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público», dijo la SFP en ese momento, en referencia al exsuperdelegado.

Investigaciones periodísticas revelaron que las empresas, propiedad del exfuncionario federal, pretendía participar en la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de 2019 del gobierno federal; y aunque Lomelí Bolaños negó la información, la presión y polémica lo llevó a renunciar.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una ley que impone sanciones a las empresas chinas que amenacen la autonomía de Hong Kong y a quienes hagan negocio con estas organizaciones en respuesta a la imposición china de la ley de seguridad nacional.

«El Congreso de los Estados Unidos, en una dinámica bipartidista, ha estado unido durante mucho tiempo para hacer a Pekín responsable de su brutal campaña contra aquellos que pacíficamente demandan sus derechos y libertades, incluyendo Hong Kong», expuso la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, durante el pleno en que fue aprobado el texto.

Pelosi añadió que estas sanciones son una respuesta necesitada con urgencia a la «cobardía del Gobierno de China» al aplicar la autodenominada ‘Ley de Seguridad Nacional’ que pretende acabar con la premisa de ‘un país, dos sistemas’ prometida hace exactamente 23 años.

Al texto aprobado, se le añadió esta mañana una carta del Departamento de Estado en la que este avisa a las empresas estadounidenses de que se pueden enfrentar a problemas «de reputación, económicos y legales» si hacen negocios con compañías basadas en la región china de Xinjiang.

La ley china de seguridad nacional para Hong Kong, que contempla penas de cadena perpetua, entró en vigor el pasado martes tras ser aprobada por el Legislativo chino y ratificada por el presidente del país, Xi Jinping; una medida que ha provocado multitudinarias protestas entre los habitantes de Hong Kong.

Pekín apuesta así por la mano dura para poner fin a las protestas antigubernamentales que el movimiento prodemocrático de la ciudad ha venido organizando desde mediados del año pasado, en las que el régimen chino ve una ‘mano negra’ extranjera, apuntando a Washington.

Entre los detalles de los 66 artículos que componen esta ley, destacan los delitos específicos que se perseguirán: secesión, subversión del poder estatal, acusación usada frecuentemente por Pekín contra activistas y disidentes, actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional.

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo este viernes que fueron congeladas las cuentas de las personas y empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos, tras ser acusadas de ayudar a Caracas a evadir sanciones mediante el comercio de petróleo venezolano.

Nieto Castillo no dio detalles del número de cuentas bancarias ni montos, pero afirmó que están congeladas las de «todos los listados por OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros)».

En su primera medida contra entidades mexicanas ligadas al comercio de crudo venezolano, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó ayer que impuso sanciones a tres individuos, ocho firmas extranjeras y dos embarcaciones por actividades relacionadas con una red que intentaba eludir las sanciones, con las que Washington busca presionar al presidente Nicolás Maduro.

En la lista negra figuran la empresa mexicana Libre Abordo y su relacionada Schlager Business Group, así como sus copropietarios, la mexicana Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García.

También incluyó la Tesorería a Joaquín Leal Jiménez, a quien Estados Unidos acusó de haber trabajado con el empresario Alex Saab, Libre Abordo y Schlager Business Group para negociar la reventa de millones de barriles de crudo venezolano.

Libre Abordo y Schlager comenzaron a recibir crudo venezolano para su reventa en los mercados asiáticos a finales del año pasado tras firmar dos acuerdos de «petróleo por alimentos» con el gobierno de Maduro que aseguran están exento de las sanciones de Estados Unidos.

Las empresas mexicanas acordaron suministrar a Venezuela 210,000 toneladas de maíz blanco y 1,000 camiones cisterna para agua, de las cuales han llegado a Caracas alrededor de la mitad. El maíz no fue provisto debido a cambios en el cronograma de entregas, según Libre Abordo.

Hasta finales de mayo, Libre Abordo y Schlager recibieron unos 30 millones de barriles de petróleo venezolano, según documentos de exportación de PDVSA.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes que estaría dispuesto a vender a Venezuela gasolina y otros combustibles por razones humanitarias pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos a varios funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, así como a la petrolera estatal.

Sin embargo, López Obrador aclaró que no ha recibido ninguna solicitud en ese sentido por parte del gobierno venezolano.

«No nos ha hecho ninguna solicitud. En el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos», dijo desde Xalapa, donde hoy realizó su conferencia matutina.

Al ser cuestionado sobre las medidas que Washington tiene sobre Venezuela y algunos de sus funcionarios, el mandatario sostuvo que México es un país independiente y soberano, por lo que toma sus propias decisiones; indicó que México no se mete con las políticas de otros países.

«Nadie tiene derecho a oprimir a otros, ninguna hegemonía puede aplastar a ningún país», añadió.

Venezuela, en medio una severa crisis económica e hiperinflación, enfrenta además una grave escasez de gasolina debido a la casi total parálisis de su red de refinerías.

Irán envió una flotilla de cinco tanqueros con combustible a su aliado entre mayo y junio. Teherán dijo que continuará con los cargamentos si Caracas pide más, pese a las críticas de Estados Unidos al comercio entre las naciones, ambas bajo el régimen de sanciones de Washington.

El gobierno del presidente Donald Trump está evaluando la imposición de castigos a decenas de petroleros extranjeros por hacer negocios con Venezuela, dijo un funcionario estadounidense.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) hizo un llamado a la población a no desperdiciar agua con motivo del Sábado de Gloria, pues indicó, podría haber sanciones equivalentes a horas de trabajo o bien a horas de arresto.

Las autoridades capitalinas precisaron que en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus Covid-19, el líquido que se tira es agua que se podría suministrar en otra partes de la ciudad donde hay escaces.

Reiteraron el llamado redoblar esfuerzos en medidas como el constante lavado de manos, duchas y limpieza de superficies ante la propagación del virus.

«Entre las tradiciones más reconocidas en la CDMX se encuentra el sábado de gloria, actividad en la que se desperdicia volúmenes significativos de agua, toda vez que, entre los ciudadanos a manera de juego se mojan usando cubetas, mangueras, recipientes y globos llenos con agua», señaló el SACMEX.

Indicó que se tienen cálculos de que quienes desperdician agua, lo hacen en un promedio de 100 litros por persona, equivalente al doble del volumen mínimo que requiere una persona para cubrir sus necesidades básicas al día, que es de 50 litros por habitante al día de acuerdo con la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante dicha situación reiteraron que de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el desperdiciar el agua se clasifica como infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad de México.

Por desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban tener acceso a ella en tuberías, tanques o tinacos almacenadores, así́ como utilizar indebidamente los hidrantes públicos, obstruirlos o impedir su uso se podrá sancionara con un arresto de 20 a 36 horas o bien con 10 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad.

De acuerdo a una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el dueño de la empresa que fue contratada por el IMSS para surtir 2,500 ventiladores, es de un mexicano residente en Houston, que fue sentenciado en julio de 2017 por haber servido de supuesto testaferro en el fraude millonario de una compañía “fantasma” que engañó a inversionistas estadounidenses e intentó estafar a Pemex,

El pasado 3 de abril, MCCI informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social había contratado a la empresa Levanting Global Servicios SA LLC para surtir miles de ventiladores con los que se atenderá a los enfermos de Covid-19.

Con el argumento de que se vive una emergencia de salud, se realizó una adjudicación directa por un monto de 93 millones de dólares, equivalente a unos 2 mil 223 millones de pesos.

La empresa, que ahora proveerá equipo médico, es una empresa de servicios petroleros que fue constituida el 24 de febrero de 2015 en Missouri City, en la zona conurbada de Houston.

En los registros hasta 2018 de la oficina texana de finanzas aparece como director de la empresa Baldemar Pérez Ríos (también mencionado como Baldemar Ríos), un ingeniero químico que en su currículum asegura que durante varios años trabajó para Petróleos Mexicano, aunque según los registros públicos en nuestro país, no se tiene registro de relaciones comerciales.

Además de Levanting Global, Baldemar Ríos tiene registradas en Texas al menos otras seis empresas de servicios petroleros, la mayoría de las cuales han tenido como domicilio su propia casa en la calle Cedar Creek, en un barrio residencial de Houston.

Una de las empresas ligadas a Baldemar fue inhabilitada en México en 2010 acusada de haber falsificado documentación para obtener un contrato millonario en Pemex.

El 10 de octubre de 2012, Baldemar fue nombrado director ejecutivo de Chimera Energy Corp., la cual resultó ser una empresa presuntamente “fantasma” que había sido creada en Texas para engañar a inversionistas con la mentira de que la compañía estaba cerca de desarrollar una revolucionaria tecnología de extracción de petróleo, según se asienta en la acusación que sobre el caso formuló la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

De acuerdo con la acusación de la SEC, Chimera Energy tenía como único dueño a un empresario de nombre Andrew I. Farmer, quien obtuvo en secreto el control de todas las acciones emitidas en una oferta pública a fines de 2011, luego de lo cual lanzó una agresiva campaña a mediados de 2012 en la que aseguraba que la nueva tecnología permitiría extraer petróleo mediante la tecnología fracking, pero sin dañar el ambiente ni desperdiciar agua.

Esa campaña buscaba elevar el valor de las acciones y, por tanto, sus ganancias.

Según el expediente del caso, Chimera emitió alrededor de tres docenas de comunicados de prensa en un período de dos meses sobre el supuesto desarrollo de la nueva tecnología. Eso permitió que se elevara el valor de las acciones y que Farmer obtuviera ganancias ilícitas por más de 4.5 millones de dólares, refieren los documentos del caso.

Baldemar jugó un papel clave en este fraude. Cuando fue nombrado director ejecutivo de Chimera Energy, en octubre de 2012, aseguró que en los últimos meses había trabajado como consultor de la empresa “para promover nuestra tecnología exclusiva de extracción no hidráulica”.

En uno de los comunicados de prensa, Baldemar dijo que tenía 30 años de experiencia en la industria petrolera, “incluidos varios años como ingeniero químico en Pemex”, y que ya había hecho contactos para aplicar la nueva tecnología en México.

Pemex desmintió los comunicados de Baldemar y negó que estuviera en negociación con Chimera Energy. Con ello, la petrolera mexicana contribuyó en poner al descubierto el engaño. La SEC intervino a finales de 2012 para suspender la negociación de acciones de Chimera e inició una investigación contra el dueño y sus directivos por presunto fraude.

“Charles E. Grob Jr. (uno de los ex directivos) y Baldemar Ríos aprobaron los comunicados de prensa engañosos y operaron Chimera Energy al nivel mínimo necesario para otorgarle a la compañía una apariencia de legitimidad y ocultar la participación de Farmer por completo”, menciona la acusación formulada por la SEC en agosto de 2014 ante una corte federal en Houston.

El 24 de julio de 2017, la SEC informó que el juez del tribunal del distrito sur de Texas había sentenciado a los involucrados en este fraude. Al dueño de Chimera lo condenó a pagar 9 millones de dólares en multas y reparación del daño. Por haber servido como testaferro en Chimera, a Baldemar lo sentenciaron con la prohibición de no volver a desempeñarse como funcionario o director de cualquier empresa emisora de valores.

En México, en otro litigio, la empresa Multiva demandó a Centex Global Energy, por una deuda. En el expediente de este caso de 2012, Baldemar Pérez Ríos aparece como representante legal de esa empresa texana.

En otro procedimiento legal, la empresa Projects and Industrial Products LLC, también dirigida por Baldemar, fue requerida en enero de 2010 a pagar 46 mil 219 dólares por el incumplimiento en que incurrió en la entrega de bienes de un contrato que le había asignado Pemex.

Pese a los antecedentes, el IMSS asignó el contrato a la empresa de Baldemar Pérez, Levanting Global Servicios SA LLC.

“El IMSS los contactó porque ellos (Levanting Global) son representantes de la empresa china Aeonmed”, explicó Carlos Olmos Tomasini, vocero de la empresa y quien fue titular de Comunicación en la Secretaría de Salud en 2009, cuando ocurrió la pandemia de la influenza H1N1.

Beijing Aeonmed Co. es el nombre completo del proveedor chino, uno de los principales fabricantes de ventiladores de uso médico a nivel mundial.

¿Por qué eligieron a Levanting Global si su especialidad son los servicios petroleros?, se le preguntó a Baldemar, a lo que su vocero respondió: “No fue el tema de que sean petroleros, sino que se dio la coyuntura de que ellos trabajan como representantes de empresas chinas, y tenían los contactos para conseguir los ventiladores”.

Aseguró que ya están en proceso de la firma de fianzas y garantías, para que los ventiladores sean entregados a partir de la próxima semana.

“El viernes llega el primer embarque, la próxima semana mil y la próxima mil (más)”, dijo Olmos. “El retraso es porque el IMSS no ha dado el anticipo, porque las afianzadoras están en cuarentena y no hay registro público para las garantías”.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) realizará una investigación para sancionar a los servidores públicos federales que, saltándose los protocolos, permitieron que la menor Fátima se encontrara en una situación de vulnerabilidad.

Así lo informó la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, quien indicó que, además, se llevará a cabo un análisis del desempeño de la autoridad educativa en este caso, a fin de deslindar responsabilidades a la brevedad.

Al firmar un convenio de colaboración con la CNDH con el fin de erradicar la corrupción, la funcionaria aseguró que ha llegado la hora de abordar seriamente el problema de la responsabilidad del Estado ante los derechos humanos. «Se dice con frecuencia que la corrupción mata y en efecto así lo hace, porque la corrupción si se entiende como corrupción estructural es en esencia un abuso de poder», dijo.

Sandoval Ballesteros expuso que en el centro de cualquier lucha anticorrupción tienen que estar las víctimas, ya que la corrupción perjudica a personas, comunidades y a toda la sociedad en su conjunto, pero se ensaña especialmente con los grupos históricamente más vulnerables.

Recordó que la corrupción genera desigualdad social, preserva y aumenta la pobreza, reduce la calidad de los servicios públicos, impide la impartición de justicia, fomenta la violencia y el crimen.

«La corrupción, en todas sus formas, es un obstáculo al desarrollo: ya sea por la mala administración de los recursos públicos o por la falta de cumplimiento de la ley. Se traduce en persecución de activistas y periodistas, feminicidios y desapariciones sin respuesta», agregó.

Después de que se difundieran imágenes y videos de algunos integrantes de la Guardia Nacional (GN) que usaron la fuerza para frenar el ingreso de migrantes centroamericanos a territorio nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que habrá sanciones contra los oficiales que violen los derechos humanos.

En su conferencia matutina, al mandatario federal fue cuestionado sobre el actuar de elementos de la Guardia en la frontera sur de México, a donde están llegando caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y dijo que se revisarán la forma en que han reaccionado.

“¿Habrá sanciones?, se le preguntó. «Desde luego que sí, y si hay recomendaciones de Derechos Humanos se van a atender. (Habrá sanciones) al militar o a la Guardia Nacional», enfatizó.

Al momento en que López Obrador respondía, la vocería de Presidencia proyectó un mensaje que la Guardia Nacional difundió a través de sus redes sociales, en el que se informaba que habrían sanciones disciplinarias a uno de sus elementos que amagó con lanzar gas a los migrantes.

“Con relación a un video que circula en redes, en donde un elemento de la Guardia Nacional menciona que usará gas en contra de una persona extranjera en Chiapas, se informa que este nunca tuvo gas en su poder ni lo ejerció en contra de persona alguna», dice el mensaje que se difundió.

La Guardia Nacional añadió que se reprobaba la actitud poco profesional del elemento que aparece en el video, por lo que tomarán las sanciones disciplinarias correspondientes.

El presidente López Obrador aseguró que pidió a las autoridades que están en la frontera sur, actuar de manera adecuada pues reafirmó que en su gobierno no se violan los derechos humanos; además relató que les pidió cuidado máximo a los migrantes que han solicitado el regreso asistido a sus países de origen.

Ante los múltiples videos y críticas que circulan en las redes sociales, el presidente defendió la actuación de la Guardia Nacional.

“Muy bien la Guardia Nacional resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando, yo no las he visto (imágenes de los guardias), no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo. En algunos casos, el primer día hubo un hecho aislado», sostuvo el mandatario.

Al respecto, los representantes de los medios de comunicación le replicaron indicando que ayer se volvieron a producir agresiones. AMLO respondió: «puede ser, pero es mínimo. No hemos tenido afortunadamente, lesionados, se les ha dado refugio, se les ha dado atención médica. Tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien».

FOTO: Twitter @albertopradilla para Animal Político