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La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AMLO) admitió esta tarde a trámite la demanda que presentó el Congreso de Tamaulipas, por el que impugnó la resolución de la Cámara de Diputados que aprobó el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Por mayoría de votos, los ministros avalaron el proyecto a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández para dar la razón a la Fiscalía General de la República (FGR), que pidió a la Corte pronunciarse sobre la inmunidad constitucional del gobernador.

“Es fundado el agravio de la Fiscalía en cuanto a que la improcedencia de la controversia no es ni notoria ni manifiesta, por lo que se revoca el auto recurrido y se ordena al Ministro instructor admitir la demanda de controversia constitucional, salvo que advirtiere un diverso motivo de improcedencia notorio y manifiesto”, concluye.

Recordemos que la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas fue desechada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, bajo el argumento de que el gobernador goza de fuero y que su competencia no fue invadida por la Cámara de Diputados.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación, en el que sostuvo que el ministro se entrometió y extralimitó al hacer un análisis anticipado de la investigación abierta contra el gobernador de Tamaulipas.

En más sobre Cabeza de Vaca, se informó que el juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas ordenó mantener, por tiempo indefinido, congeladas las cuentas bancarias del gobernador.

La decisión del juez llegó luego de que concluyera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acreditó que el bloqueo derivó de una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Se advierte que el bloqueo de las cuentas bancarias de la quejosa, deriva de una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera, de 4 de mayo de 2021”, resolvió el juez, por lo que liberar la cuentas contravendría disposiciones de orden público, pues el bloqueo deriva de una obligación contraída por México con un gobierno extranjero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este martes que aunque respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien la tarde de ayer anuló la prohibición del uso lúdico de la marihuana, se analizarán los “efectos” de dicha decisión y en caso de que sean negativos se “actuara” al respecto.

“Vamos a respetar lo que ha decidido (la SCJN) y vamos a evaluar, ver qué efectos tiene, si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, entonces actuaríamos”, sostuvo AMLO.

Y es que la SCJN aprobó un fallo histórico que levanta la prohibición del autoconsumo lúdico de marihuana en nuestro país, aunque dicha decisión no avaló su comercialización.

El presidente señaló que a su llegada al poder en diciembre de 2018, el proceso legislativo sobre el uso y consumo de la marihuana ya estaba en marcha y, reveló que aunque se decidió llevar a cabo una revisión en el gabinete de seguridad, no se logró llegar a un consenso.

“En el gobierno hay opiniones distintas y se decidió no intervenir y esperar a la SCJN que resolviera porque correspondía al Poder Judicial resolver” el asunto, refirió el mandatario.

López Obrador señaló que esta diversidad de opiniones que se dio en el gobierno, se da también en la población, por lo que se deberá “recoger” los sentimientos de la gente “y ver cómo se va desenvolviendo esta medida”.

“Si vemos que perjudica, plantearíamos un cambio y buscaría yo, de acuerdo a mis facultades, una iniciativa de ley” para revertir la medida, afirmó AMLO.

El presidente se lanzó contra quienes piensan en el tema como un negocio, o quienes han llegado a plantear  que con su regulación se van a obtener impuestos con los que se fortalecería la hacienda pública; “esto hasta me molesta porque no se puede traficar con la salud del pueblo”, subrayó. Puntualizó que es inmoral traficar con al vida de los seres humanos.

Esas fueron las causas, dijo, de que no hubiera ningún acuerdo al interior del gobierno y por eso se respetó la decisión, que le correspondía a la Suprema Corte resolver. Añadió que ahora que la Corte resolvió, la Cofepris se deberá preparar y cumplir con lo que se le ordena legalmente.

Según un informe de Endeavor, México es el segundo productor mundial de cannabis, con hasta 27,000 toneladas anuales, mientras que la Alianza Latinoamericana del Cannabis (Alcan) calcula que la industria medicinal y lúdica de la planta generaría más de 22,000 millones de dólares en cuatro años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de marihuana en nuestro país, luego de que el Congreso no lograra aprobar una ley para regular el cannabis recreativo.

La declaración de inconstitucionalidad fue apoyada por ocho de los once magistrados de la Suprema Corte en lo general y por nueve en las especificaciones, con lo que se alcanzó en ambos casos la mayoría calificada suficiente para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico.

Y es que el pasado 30 de abril venció por tercera vez el plazo que la Corte había puesto al Congreso para que regulara el consumo lúdico de marihuana en el país, pero los legisladores no alcanzaron ningún acuerdo para legalizarlo en dicho plazo.

Con el levantamiento de la prohibición por parte de la Corte, los mexicanos podrán solicitar permisos para consumir, portar y consumir marihuana a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo de la Secretaría de Salud.

La magistrada Norma Lucía Piña, ponente del proyecto, aclaró que “no se autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar” marihuana, con lo que no se creará por ahora un mercado de cannabis recreativo. Subrayó que el consumo no podrá afectar a terceros ni llevarse a cabo en espacios públicos ni tampoco frente a menores de edad.

Estas directrices estarán vigentes desde que se publique la declaración de inconstitucionalidad en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y mientras el Congreso no legisle al respecto.

Piña consideró que con esta declaración “se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC (Tetrahidrocannabinol) con fines recreativos respetando el libre desarrollo de la personalidad”.

Tras varios amparos de consumidores, la Suprema Corte consideró inconstitucional el consumo recreativo por violar “el libre desarrollo de la personalidad” y ordenó en 2019 a los legisladores regular el consumo recreativo.

Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado el 19 de noviembre del año pasado, pero el 10 de marzo fue modificada por la Cámara de Diputados, mismo que regresó de nuevo al Senado, instancia en donde se dejó vencer el plazo definitivo del 30 de abril sin ratificarla.

El dictamen buscaba convertir a México en el tercer país de América en legalizar a nivel nacional la marihuana recreativa, tras Uruguay y Canadá. Permitía portar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis y preveía un sistema de licencias para cultivar hasta ocho plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial.

Sin embargo, asociaciones de consumidores criticaron que el texto seguía criminalizando el consumo al establecer multas a quienes portaran entre 28 y 200 gramos y penas de cárcel a quienes superaran los 200 gramos.

Aunque la sesión de los magistrados fue vía remota, integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano se plantaron frente a la Suprema Corte para pedir el fin de la prohibición tras un año y medio acampados ante el Senado.

El colectivo #SeguridadSinGuerra criticó el anunció del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre su intención de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), bajo el argumento de que si queda en manos de otra dependencia, se ‘echará a perder’, tal como ocurrió con la Policía Federal.

Recordaron que cuando López obrador propuso la creación de la Guardia Nacional, no quería una corporación civil, quería una institución militar a cargo de los militares, que permitirán su uso irrestricto en tareas de seguridad pública; sin embargo, destacaron que en ese momento la oposición en el Congreso no lo permitió, y por el contrario, dieron voz a los colectivos de víctimas, y organizaciones que expusieron los riesgos de tener una organización militar a cargo de la seguridad pública.

Destacaron que la Guardia Nacional nació como una corporación de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo cual evitó que tuviera fuero militar.

Señalaron que la reforma de 2019 contempló un plan de desmilitarización para que las fuerzas armadas, es decir el Ejército y la Marina, continuaran haciendo labores de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, aunque de forma extraordinaria, acotada, fiscalizada y subordinada al poder civil.

Con el paso de los meses, señalan que López Obrador ha ignorado la Constitución y las obligaciones internacionales, al grado de que hoy la Guardia Nacional está formada en 80% por soldados y marinos, además de que más del 90% de los elementos desplegados en el país no están certificados como policías. Lamentaron que la capacitación, reclutamiento y mando de la Guardia Nacional están a cargo de la Sedena.

Enfatizaron que con el anuncio del pasado martes, López Obrador dejó claro que buscará una reforma constitucional que le permita concretar su plan original: entregar el control de la Guardia Nacional a la Sedena, y con ello la seguridad pública.

Ante sus intenciones, exigieron a AMLO respetar la Constitución, y le recordaron que las leyes no pueden modificarse a discreción bajo una lógica reduccionista de construcción de mayorías, y con ello pasar por encima de los principios y obligaciones internacionales de que la seguridad pública debe estar en manos de civiles.

Pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver a la brevedad las acciones de inconstitucionalidad y las controversias relacionadas con la participación militar en ámbitos que no les corresponden. Acotaron que se debe escuchar la voz de víctimas, organizaciones y expertos.

Finalmente, solicitaron a los líderes de los partidos políticos suscribir una “boleta civil de seguridad” para rechazar cualquier intento de reformar la Constitución. Les exigieron el cumplimiento de lo establecido en la reforma vigente de 2019, que señala un uso acotado de las fuerzas armadas, la construcción de una Guardia Nacional civil, y de cuerpos de seguridad locales civiles.

“Tanto quienes prometieron transformación, como quienes prometieron ser un freno de lo autoritario, tiene la oportunidad de demostrar que no todo eran promesas de campaña. El presidente ha mostrando su desprecio por la constitución, las víctimas y la evidencia”.

Advirtieron que si la seguridad pública queda, desde la Constitución, en manos de militares, no habrá retorno en la vía civil: habrá fuero militar, opacidad y cuerpos militares que operen más allá del poder civil.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Nación (SCJN) admitió la consulta extraordinaria presentada por el ministro presidente, Arturo Zaldívar, para analizar y definir si se extiende dos años su periodo en la presidencia.

Zaldívar anunció ayer por la mañana que había presentado por escrito la solicitud de consulta al pleno, y por la tarde ya había sido admitido el trámite que, en condiciones normales, tarda varios días en realizarse.

“Radíquese este asunto en el Pleno de la Suprema Corte y túrnese al Ministro José Fernando Franco González Salas, a quien le corresponde por decanato, según el turno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, a fin de que formule el proyecto de resolución correspondiente y dé cuenta con éste al propio Pleno”, se apuntó en el acuerdo.

Recordemos que Zaldívar anunció que se activó el proceso para que el pleno del organismo analice la ampliación de su mandato; en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, Zaldívar recordó que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial “más importantes en los últimos 25 años”.

Dijo que esta reforma fue posible gracias a un “esfuerzo inédito” de los distintos poderes y recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.

“Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía” del Poder Judicial, admitió. Por todo ello consideró que el pleno debe fijar “una postura a la brevedad posible”.

Al ser cuestionado este lunes sobre la publicación de Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le reiteró su apoyo y confianza y lo calificó como un hombre “íntegro y honesto”.

Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura “es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial” y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría. Aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024.

Recordemos que originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, ya que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció este lunes que activó el proceso para que el pleno de la Corte se pronuncie sobre la reforma que extiende dos años, tal como lo sugirió Morena y sus aliados, y aprobado por el Senado.

“Comparto escrito por el que activo el procedimiento para que el pleno de la SCJN se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial”, informó Zaldívar a través de sus redes sociales.

Zaldívar recordó en su escrito que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial “más importantes en los últimos 25 años”, las cuales señaló, fueron posible gracias a un “esfuerzo inédito” de los distintos poderes; recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.

“Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía” del Poder Judicial, admitió Zaldívar.

Por todo ello consideró que el pleno debe fijar “una postura a la brevedad posible”. Como presidente de la Suprema Corte, sometió a consideración del tribunal esta consulta, que contempla varias preguntas sobre la posible inconstitucionalidad de ese artículo, el choque con otras leyes y el papel que debe tener el Supremo en esta controversia.

Zaldívar explicó que para “dirimir” estas controversias instruirá “la formación del expediente y su turno a la ministra o ministro que corresponda para la elaboración de un proyecto que dé respuesta a todos los temas planteados, a fin de que, con celeridad, se salvaguarde la autonomía e independencia del Poder Judicial”.

Al ser cuestionado este lunes sobre la publicación de Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su apoyo y confianza al ministro presidente, a quien calificó como un hombre “íntegro y honesto”.

Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura “es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial” y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría. Aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024.

López Obrador dijo que es necesario que los otros ministros de la Corte apoyen la reforma, aunque dudó que consiga su respaldo ya que ellos fueron designados en anteriores gobiernos.

Recordemos que la polémica reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación en la se incluye la extensión de la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024 fue publicada hace una semana por el gobierno federal.

El artículo polémico establece que la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, puesto que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.

Luego de que ayer fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial de la Federación, en las que se amplía de 4 a 6 años el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte, fue el Ministro presidente quien se posicionó esta mañana.

Calificó las reformas como las más importantes de los últimos 25 años, fruto del esfuerzo de colaboración entre los Poderes de la Unión en el marco de la división de poderes. Explicó que se sientan las bases para un Poder Judicial Federal más honesto, profesional y cercano a la ciudadanía, con mejores herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo.

Tal como lo ha dicho en otras ocasiones, Zaldívar señaló que en el debate legislativos de las reformas se incluyó el polémico artículo transitorio que prórroga su presidencia de la Corte, lo cual reconoció, se encuentra generando un ambiente de desconfianza que “injustamente pone en entredicho la labor cotidiana de toda la Judicatura y que siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes”.

“A fin de no prolongar una situación de incertidumbre que dañan la legitimidad del poder judicial Federal se hace necesario buscar una salida inmediata que permite retomar el foco de la implementación de la reforma”, dijo Zaldívar en un comunicado publicado esta mañana en sus redes sociales.

Detalló que con fundamento en el Artículo 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentará el pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria sobre la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder en relación con el artículo transitorio.

“En una democracia constitucional los conflictos se dirimen a través de los mecanismos que la propia Constitución establece para su defensa los cuales deben interpretarse acuerdo a las circunstancias de manera que se maximicen las posibilidades de control constitucional. Tenemos un Tribunal constitucional autónomo e independiente que estará a la altura de esta responsabilidad”, precisó.

Aprovechó para afirmar que a lo largo de su trayectoria ha defendido la Constitución y los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración, lo cual queda demostrado en sus proyectos, sentencias y votos.

Finalizó indicando que el poder judicial seguirá actuando con plena imparcialidad, autonomía e independencia, tal como ha ocurrido durante su administración.

El gobierno federal publicó este lunes, tras la jornada electoral de ayer, la polémica reforma que extiende dos años el periodo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Arturo Zaldívar, quien en los últimos meses ha sido señalado de ser cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Diario Oficial de la Federación (DOF) promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que incluye un artículo transitorio que extiende la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024.

“La persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”, establece el decreto.

La reforma judicial, presentada por López Obrador y Zaldívar en 2020, se considera la más trascendental desde 1994 porque busca “combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial”.

Recordemos que durante su discusión y aprobación en el Congreso en abril pasado, los partidos aliados de López Obrador introdujeron de último momento un artículo transitorio para ampliar la gestión de Zaldívar “con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial”.

La reforma ha despertado alertas en organismos como Human Rights Watch (HRW), que han alertado de riesgos a la independencia judicial. “México: mientras siguen contando los votos, el gobierno promulgó la #LeyZaldívar, un atentado frontal contra el Estado de derecho”, tuiteó este lunes José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para las Américas.

La oposición y los críticos han cuestionado al Gobierno por publicar la reforma después de las históricas elecciones de este 6 junio.

De hecho, durante la jornada electoral, se viralizó un video en el que Zaldívar acude a votar en Ciudad de México y ciudadanos lo increpan al salir de la casilla. “Le debería dar pena andar con López Obrador de la manita” y “respete la Constitución”, le exclaman los votantes en el vídeo, mientras él camina sin confrontarlos.

Apenas se publicó la reforma, los legisladores de oposición anunciaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley porque el Artículo 97 establece que la presidencia de la SCJN durará cuatro años sin reelección. Sin embargo, serán los propios ministros de la Suprema Corte los encargados de emitir el fallo, que debe reunir 8 de 11 votos para determinar la inconstitucionalidad.

Un juez suspendió de manera provisional la orden de captura que se encontraba vigente en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que es acusado de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, notificó el lunes el juez octavo de distrito de Tamaulipas.

Y es que el pasado 19 de mayo, un juez emitió una orden de captura en contra de García Cabeza de Vaca, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) lanzó una alerta migratoria para dar con el paradero del gobernador.

Y aunque había señalamientos de que García Cabeza de Vaca estuviera ya en Estados Unidos, ayer reapareció en una reunión de trabajo con su gabinete en la sede del gobierno de Tamaulipas.

Ante el amparo interpuesto por el gobernador, el juez estimó que García Cabeza de Vaca mantiene “la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución Política del Estado de Tamaulipas le otorga”. Para que entre en vigor la suspensión temporal de la orden de captura, el juez fijó una fianza de 100,000 pesos al gobernador.

También convocó a una nueva audiencia para el 7 de junio en la que se decidirá si se suspende la orden de captura de manera definitiva.

La Cámara de Diputados aprobó en días pasados levantar la inmunidad judicial del gobernador para permitir que fuera procesado, pero el Congreso de Tamaulipas votó a favor de mantener su fuero. Sin que la Suprema Corte de Justicia aclarara la situación jurídica en la que quedó García Cabeza de Vaca, la Fiscalía obtuvo la orden de captura de parte de un juez.

El gobernador denunció que dicha orden de captura obedece a “motivos políticos” y que “se tomó en Palacio Nacional”, apuntando así al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante la orden de aprehensión en contra del Gobernador de Tamaulipas, el Congreso del Estado interpuso una controversia Constitucional contra la Fiscalía General de la República (FGR) y del Juez de Distrito que la concedió.

El Congreso local manifestó que se trata de un acto que afecta la esfera constitucional del Poder Legislativo local.

La orden de aprehensión, dijeron los legisladores, afecta la esfera constitucional del Congreso y contraviene a la Constitución Política Mexicana, respecto a la resolución que con base en el párrafo quinto del artículo 111 Constitucional se emitió el pasado 14 de mayo por el ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá.

El Congreso recordó que se determinó en su momento, no homologar la declaración de procedencia aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Con dicha decisión, se determinaba que el Gobernador del Estado mantenía su fuero y por lo tanto no se podía girar, ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el Congreso estatal, donde el PAN, partido del mandatario estatal tiene mayoría, determinó que no procedía la homologación de la declaración de procedencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los legisladores del estado ‘protegieron’ al gobernador.

El Congreso de Tamaulipas indicó el viernes pasado que García Cabeza de Vaca, en su calidad de gobernador constitucional, debía seguir fungiendo en el cargo público para el que fue electo en 2016, por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de la entidad.

“Según estas disposiciones, cuando se trate de servidores públicos del ámbito local, corresponde en última instancia al Congreso del estado determinar si procede la homologación de la declaración de procedencia realizada por la Cámara y, en su caso, el retiro del fuero, ya que la declaratoria federal tiene un efecto puramente declarativo”, justificaron los legisladores locales.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien deberá resolver el desafuero del gobernador.

“No tiene fuero, pero el Congreso de Tamaulipas lo protegió, es un proceso legal, yo creo que va a ser resuelto por la Corte, van a decidir cuál es el procedimiento adecuado, correcto y no nos adelantemos, ni en favor de una opción o de otra”, dijo AMLO al ser cuestionado sobre el tema..

Tras lo expresado por el mandatario, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, consideró de igual forma que el gobernador ya no tiene protección legal. “La Cámara de Diputados ya votó la declaración de procedencia, por lo tanto en mi opinión efectivamente ya no tiene fuero”, afirmó este lunes Sánchez Cordero.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Pero el caso ha tomado notoriedad debido a que falta poco más de un mes para las elecciones del próximo 6 de junio.

El PAN, principal opositor del gobierno federal, y el propio García Cabeza de Vaca, han insistido en calificar los hechos como una persecución política.

Ayer, el panista publicó en sus redes sociales un video en el que muestra el certificado fiscal que expidió un notario público con su declaración patrimonial y el pago de los impuestos correspondientes, esto ante las acusaciones de la UIF en relación a la compra-venta de un inmueble en la Ciudad de México.

“Ante las falsas acusaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en relación a la compra-venta de un departamento en la CDMX”, dijo García Cabeza de Vaca en su mensaje, quien aseguró que declaró y pagó los impuestos correspondientes a dicha transacción.

En el video se observa un documento, mientras una voz explica que, “aquí se muestra el certificado fiscal emitido por el notario público, de la compra-venta del departamento, donde se reporta el pago de los impuestos correspondiente.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, en lo general y en lo particular, las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, en la que se incluye el artículo transitorio que amplía por dos años el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Los diputados aprobaron la reforma en lo general por 260 votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones, apoyada por el bloque de la Cuarta Transformación (Morena, PT, PES y PVEM). En lo particular fue aprobada con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones.

El dictamen aprobado señala que la finalidad de los cambios es que en el Poder Judicial de la Federación se comiencen a adoptar políticas internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotismo, fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación de personal, así como mejoramiento del servicio de defensoría pública, con el objetivo de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todos los mexicanos.

El Artículo Décimo Tercero Transitorio, que es el que ha causado toda la polémica y rechazo, indica que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo de 2021, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.

El pasado 16 de abril, el presidente López Obrador dijo estar de acuerdo con la reforma al señalar que hay “vicios y nepotismo” en el Poder Judicial y que Zaldívar es un hombre “íntegro”. “Pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores”, dijo entonces el mandatario.

Sin embargo, el cambio a la ley generó un amplio rechazo entre especialistas jurídicos, analistas e incluso entre miembros del partido gobernante, Morena.

Consideremos que el artículo 97 de la Constitución establece que la presidencia de la SCJN durará cuatro años sin reelección.

“El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, no puede guardar silencio frente a una violación patética de la Constitución que lleva su nombre para la historia”, dijo en Twitter Porfirio Muñoz Ledo. “Está obligado a deslindarse ya del Ejecutivo que lo declara como un juez a modo e infama a todos los miembros de la corte calificándolos de incompetentes”, agregó.

Zaldívar no se ha pronunciado al respecto, aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dijo en un comunicado que el artículo que amplía el mandato del ministro no fue solicitado por el Poder Judicial. El CJF dijo que esperaría a que concluyera el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para pronunciarse al respecto.

El ministro presidente llegó a la Suprema Corte en 2009, nombrado por el entonces presidente Felipe Calderón, rival político de López Obrador, pero ahora se ha mostrado cercano al actual presidente, a quien incluso ha acompañado en eventos de obras públicas.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) han advertido de riesgos para la independencia del poder judicial en México. Lo mismo han hecho cámaras empresariales y asociaciones de jueces.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los señalamientos que se le han hecho sobre si la intención de ampliar el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte es una especie de ensayo para que llegado el momento, mediante un cambio constitucional, él pueda reelegirme y permanecer en el poder.

Dijo que ya tenía conocimiento de lo que indican sus detractores sobre que esto es “un ensayo general o un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección. No, yo no soy como ellos, como los que sí han acariciado siempre ese propósito de reelegirse”.

Así, AMLO una vez más aseguró que en 2024, cuando termine su mandato, que recordó tendrá una duración de dos meses menos que sus antecesores,  a finales de septiembre se retirará por completo de la actividad política, y se irá a Palenque, Chiapas, donde se dedicará a escribir su libro sobre el pensamiento conservador.

Aprovechó para decir que vivirá de la pensión que le corresponde del ISSSTE, por los años que lleva trabajando en el sector público , además de lo que recibirá de la pensión de adulto mayor que por ley se le asignará, “pero nada absolutamente de política”.

“Por eso estoy trabajando intensamente, porque espero cumplir mi misión, mi tarea, a finales de septiembre del 24 y estoy seguro de que voy a contribuir, como está sucediendo, con la participación de millones de mexicanos a la transformación de México, estoy seguro de eso”.

Sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, López Obrador aseguró que el consejero jurídico de Presidencia sostiene que no dicho cambio no es inconstitucional, por lo que se mantiene en su postura de que es muy importante que continúe Zaldívar al frente, pues “es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad, y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte (…) Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial”.

Incluso dijo que a quienes le preguntan que si no hay alguien más que pudiera encabezar dicha renovación, su respuesta sería que no, pues la mayoría de los ministros en la Suprema Corte vienen del antiguo régimen.

Al respecto, los diputados de las bancadas de oposición, PAN, PRI, MC y PRD anticiparon que sus grupos parlamentarios votarán en contra de la minuta que recibieron del Senado, mediante el cual se amplía dos años el periodo del ministro presidente de la SCJN. Aseguraron que la modificación es inconstitucional y constituye un golpe contra la independencia del Poder Judicial y la división de poderes.

La diputada del PAN, Laura Rojas, cuestionó que el proceso legislativo en la Cámara de Senadores se haya realizado por la “puerta de atrás” e incluir una disposición para ampliar el periodo del ministro Zaldívar y otros miembros del Consejo de la Judicatura.

Indicó que las declaraciones del Presidente de la República de que el ministro presidente de la SCJN es afín a su proyecto de nación son muy graves para una república democrática como México.

En tanto, la diputada del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, llamó a cerrar filas y defender con todos los argumentos posibles, pero también con todos los recursos legales a nivel nacional e internacional la independencia del Poder Judicial, el Estado de derecho, la Constitución Política del país.

El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una “amenaza” para la independencia judicial en el país por su intento de “asalto al a justicia”, esto en relación a lo aprobado por Morena en Senado respecto a la reforma al Poder Judicial, y la ampliación del periodo del ministro presidente Arturo Zaldívar.

“AMLO amenaza la independencia judicial en México. El jueves senadores del partido oficialista Morena aprobaron un proyecto de ley para extender por dos años el mandato del presidente de la Corte Suprema. El proyecto, que aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, viola el Artículo 97 párrafo 4 de la Constitución”, señaló Vivanco en una serie de mensajes a través de Twitter.

El responsable de HRW para las Américas indicó que al extenderle el mandato del presidente de la Suprema Corte, López Obrador, quien tiene mayoría en el Senado, se asegura una mayoría de 4 de los 7 miembros del Consejo de la Judicatura.

Explicó que la situación resulta preocupante pues con 4 votos se pueden tomar algunas decisiones trascendentales, tales como aprobar el retiro forzoso de jueces. “Con un voto más, AMLO tendría una mayoría calificada de 5 jueces que le permitirá nombrar, sancionar y remover jueces”, advirtió.

Recordó que en recientes semanas, AMLO intentó sancionar a un juez por fallar en su contra, en referencia al caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió la reforma eléctrica que el propio López Obrador impulsó.

Al respecto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su rechazo a la ampliación del periodo de Zaldívar al frente de la SCJN, que a su vez también implica permanecer al frente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Quien también se pronunció al respecto fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); expresó su preocupación por el artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que aprobaron los Senadores, pues dijo, al ampliar el mandato del actual presidente de la SCJN y de los Consejeros del CJF, se viola el plazo constitucional que se marca para dichos encargos.

“La CIDH llama a México a garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la SCJN y la CJF se ajusten a los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos”.

El coordinador de proceso parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, también se posicionó al respecto; en un mensaje de Twitter aseguró que la ampliación de dos años del ministro presidente de la Suprema Corte “no podrá transitar” ni aunque fuera aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el presidente López Obrador.

 

El Partido Acción Nacional, tanto su dirigencia nacional, la Asociación de Gobernadores (GOAN), la Coordinación Nacional de Alcaldes, la de Diputados Locales, los Grupos Parlamentarios en el Senado y Diputados y la Comisión Política, rechazaron la ampliación de la presidencia de la Suprema Corte Justicia de la Nación, al señalar que es inconstitucional y porque representa un golpe al orden constitucional.

“Es un atropello a las leyes mexicanas, a la Constitución y al propio Estado lo que está ocurriendo en México, pues Morena está utilizando el poder para modificar a su beneficio las legislaciones, sin mirar los intereses del país”, detalló el PAN.

Reiteraron la denuncia que ayer hicieran los senadores panistas sobre que Morena, de manera sorpresiva e ilegal, aprobó un artículo que busca que el Ejecutivo controle el Poder Judicial.

“No vamos a tolerar ningún atentado contra las instituciones mexicanas y el equilibrio de poderes. En Acción Nacional le manifestamos a Morena y al gobierno de la República nuestro total rechazo y demandamos que frene sus planes autoritarios y dictatoriales”, dijo la dirigencia del partido.

Destacaron que la Constitución establece la permanencia de cuatro años en el cargo y no hay reelección, por lo que por ningún motivo se puede extender el periodo del titular de la SCJN y del CJF en una ley secundaria. Hicieron un llamado a que el Ministro presidente de la Corte, por decoro y legalidad, debería de excusarse, porque involucra un interés personal.

En tanto, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que es inadmisible que el Senado aprobara ampliar por dos años la gestión del presidente de la Suprema Corte; acusó que Morena está pisoteando la Constitución.

“Morena y el Presidente están dinamitando la estructura de la democracia republicana y el equilibrio de poderes, y no lo podemos permitir”, añadió el líder del partido del Sol Azteca.

Zambrano Grijalva señaló que las advertencias de centralizar el poder en  una sola persona hoy son una realidad.

Acusó que López Obrador está actuando sin máscaras, como un tirano, como un dictador, queriendo acabar con cualquier oposición. Dijo que es evidente que está tratando de desmantelar la democracia para abrir camino a un proyecto personal transexenal y autoritario.

Por parte de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado rechazó la reforma al Poder Judicial pues dijo, permite la concentración del poder en el presidente de la Judicatura, es decir, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Esa concentración del poder en la figura del presidente de la Corte, afecta la independencia de jueces y magistrados, al interior del Poder Judicial, sobre todo, como se ha demostrado en los hechos, frente a un titular del Poder Ejecutivo que interviene en decisiones, no sólo borrando a las secretarías de Estado, sino queriendo intervenir de manera directa en otros poderes”, sostuvo Delgado.

Luego de que el Senado aprobara ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por dos años, como parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, fue la el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) quien se desmarcó de dicho cambio.

“El artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”, explicó el CJF en un boletín.

Y es que el artículo transitorio del dictamen, presentado por el senador Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM, fue aprobado con 85 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones.

“La persona que, a la entrada en vigor de esta reforma, ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durará en el cargo hasta el 30 de noviembre del 2024”, se lee en el artículo.

De esta manera, la presidencia de Zaldívar que tenía que concluir en 2022 su mandata, finalizará en 2024 al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La permanencia de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal también se amplía.

Ante la acción, los senadores de oposición dijeron que en los hechos es “un golpe de Estado al Poder Judicial”.

El CJF explicó que los proyectos de leyes que implementen la reforma constitucional del 11 de marzo fueron elaboradas al interior del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es público desde febrero de 2020.

Aclaró que las iniciativas fueron modificada y enriquecidas a través del diálogo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, las cuales se hicieron llegar al Senado de manera pública y “gozaron de la aceptación de las y los legisladores”.

Indicó que debido a que dicha reforma pasa a la Cámara de Diputados, el artículo transitorio podrá ser eventualmente modificado.

“Nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, que consoliden su autonomía e independencia”, concluyó el CJF.

Al respecto, esta mañana fue cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que estaría de acuerdo con ampliar el periodo de Zaldívar, siempre y cuando eso ayude a que se consolide la reforma al Poder Judicial.

“Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es número determinado de leyes para reformar, yo estoy de acuerdo. Sobre la ampliación del periodo de dos años… se llevó acabo en el Senado, pero si eso garantiza que va a ver la reforma, yo estoy de acuerdo”, respondió el mandatario.

Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación de Poder Judicial porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces y magistrados y ministros; urge una reforma al interior del Poder Judicial.

Aprovechó para manifestar su confianza al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a quien calificó como un hombre íntegro.

“Pienso que si se amplió el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo; pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores, pero para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura: estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte”, reiteró.

Coincidió en que es necesario que se amplíe la permanencia de Zaldívar sobre todo al frente del Consejo de la Judicatura, ya que es el órgano que puede llevar a cabo los cambios que se requieren, pues es quien tiene que ver con las normas para la elección de jueces, magistrados y ministros.

AMLO concluyó asegurando que es una decisión que tomaron los Senadores, y ahora corresponderá a los Diputados discutirla y en su caso aprobarla.