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El gobierno federal anunció este lunes que no retirará su título universitario a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), nominada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis de licenciatura.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazará la petición de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió Esquivel, para resolver el caso de la jueza.

“La Secretaría de Educación Pública enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio, en el sentido que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título”, comentó López Hernández en la conferencia de prensa de Palacio Nacional.

Las declaraciones surgen después de que la UNAM determinó el miércoles pasado que la tesis que Esquivel presentó en 1987 «es copia sustancial» de la que entregó en 1986 el entonces estudiante Edgar Ulises Báez de la Facultad de Derecho.

Y aunque la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM admitió que se copió la tesis, trasladó la decisión final sobre retirarle o no su título universitario a la ministra a la SEP.

Pero el secretario de Gobernación contestó este lunes que la SEP solo podría cancelar el registro, pero tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, «cosa que no ha cumplimentado la UNAM».

López Hernández consideró que el consejo universitario y el tribunal universitario de la UNAM es la instancia de que debe decidir.

«Se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evada la responsabilidad que tiene, sino que emitan ellos una resolución», manifestó el titular de Segob.

La polémica de la tesis de Esquivel, señalada como cercana al gobierno federal, estalló en diciembre pasado durante su candidatura para encabezar la Suprema Corte, que el 2 de enero eligió a la ministra Norma Piña como su nueva presidenta.

Esquivel, propuesta en 2019 por López Obrador, ha sido controversial por ser esposa de uno de los contratistas predilectos del gobierno, José María Riobóo, y por votar a favor de temas propuestos por el mandatario, como la consulta para enjuiciar a expresidentes y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo esta mañana que hay una campaña por parte del bloque conservador en contra del gobierno federal, por lo que ahora toman el tema de la ministra. «Están tan desesperados que inventan, mienten como respiran».

Negó que se haya reunido en los últimos días con la ministra o con su esposo, el ingeniero Riobóo, como lo aseguraron diversos medios de comunicación.

Al acusar que en la UNAM hay grupos que defienden los intereses políticos y económicos de las minorías, dijo que el rector emitió un comunicado «mal aconsejado» sobre el caso de la ministra, pues dijo, a quien le corresponde resolver sobre si es legal o no el título de la ministra es a ellos. «El rector se lava las manos como Poncio Pilatos».

AMLO presentó un video de Eduardo Andrade Sanchez, exabogado general de la UNAM, que describe el proceso que habría que seguir en relación al título de la ministra.

«Es una situación de la élite básicamente, porque ni modo que sea tan interesante para la mayoría del pueblo», dijo el mandatario, cuestionando cuándo la Suprema Corte ha hecho algún beneficio del pueblo, de los más necesitados; dijo que el tema tiene que ver con los despachos de abogados dónde se llevan los litigios millonarios y la defensa de la política neoliberal.

«Sencillo corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial y anule la licenciatura de la ministra Yasmín (Esquivel). Tiene en la UNAM que presentar una denuncia, primero agotar las instancias internas, y si hay constancia de qué hubo plagio y que eso es motivo para anular el título profesional, tiene que presentar la denuncia ante el ministerio público», sostuvo AMLO.

López Obrador dijo que da pena ajena el que la UNAM actúen de la manera en que lo ha venido haciendo, y por ello dijo que el gobierno federal no se va a someter. Y a quienes hablan de cuestiones morales en la permanencia de Yasmín Esquivel en la Corte, el presidente dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto Lopez, visitó este medio día el Senado de la República, donde se reunió con se reúne el presidente de la Jucopo, el morenista Ricardo Monreal, así como con algunos senadores.

Monreal dijo que Adán Augusto manifestó el interés que tiene el ejecutivo federal de que el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral salga adelante.

«En este esfuerzo de colaboración y de coordinación entre los poderes el secretario de Gobernación vino a expresar con los legisladores el interés del Ejecutivo para que esta reforma prospere», indicó.

En una breve reunión con los medios de comunicación, Ricardo Monreal dijo que planteó al titular de Segob, 21  bloques de  inconstitucionalidad, que a su vez contemplan diversos artículos modificados por parte de los Diputados.
Monreal Ávila dijo que de los 21 bloques de inconstitucionalidades presentados, el secretario de Gobernación solo aceptó seis, por lo que 15 están pendientes de analizarse. Dijo que el funcionario federal se los ‘llevó’ para revisarlos.

Adán Augusto López ofreció revisar el resto de bloques que le fueron planteados, pese a que, dijo Monreal, esa es una tarea del Congreso.

«El secretario de gobernación ofreció revisar el resto de los paquetes. Aunque esto es facultad del Senado, tampoco somos entes aislados y reconocemos que este sistema de colaboración debe de prevalecer», añadió.

El senador afirmó que el titular de Gobernación fue amable y respetuoso en todo momento, y «simplemente escucho y se llevó» los planteamiento hechos.

Enlistó los planteamientos hechos, mencionado tres: los 21 bloque de inconstitucionales, el vicio en el procedimiento legislativo que hubo en la Cámara de Diputados, y el contenido de las normas que más preocupan y se deben corregir.

En ese sentido señaló que si en el Congreso no se subsanan dichos errores, se le darán elementos a la Suprema Corte para que pueda ser revisado el actuar del poder legislativo e incluso echar abajo los cambios que se buscan con la reforma electoral.

«Lo que yo le dije fue que si no cuidamos el contenido de las normas que estamos ahora intentando aprobar, se va a judicializar y la Corte nos puede enmendar la plana. Mejor nosotros hagamos con seriedad nuestro trabajo», sostuvo Monreal.

Adelantó que puede ser el próximo miércoles cuando el dictamen suba al Pleno, siempre y cuando en estos días las comisiones dictaminen y aprueben el proyecto.

Sobre si el PT, PVEM y PES apoyarían los cambios que se plantearon al secretario de Gobernación, Monreal Ávila dijo que su sus partidos aliados afirmaron que respaldarían y serían respetuosos de la nueva propuesta.

Luego de la reunión, las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, encargadas de dictaminar el ‘Plan B’, entraron en actividades, sin embargo, esta última no reunión el quórum necesario para sesionar.

Sin embargo, eso no impidió que la comisión de Gobernación sesionara y en solo 30 minutos aprobaran el segundo dictamen. Se contó con 10 votos unánimes del oficialismo: 8 de Morena, 1 del PVEM y 1 del PES.

Pese a que fue aprobado en esta comisión, el dictamen no podrá pasar al Pleno del Senado hasta que sea avalado en la comisión de Estudios Legislativos Segunda.

De visita en el Senado, donde se revisó la agenda legislativa de Morena y partidos aliados, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió a los legisladores «no titubear» y apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su iniciativa de pasar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El funcionario acudió al Senado luego de que los “plantó” durante la reunión plenaria de la bancada, lo cual se tomó como un distanciamiento o fractura en torno al gobierno federal y al grupo parlamentario que coordina Ricardo Monreal Ávila, con quien se especula, hay una ruptura desde Palacio Nacional.

Sobre el tema, López Hernández aclaró que la reunión de hoy respondía a una «operación cicatriz» como ha trascendido, pues «no hay cicatriz donde nunca existieron heridas», desmintiendo así cualquier fractura con la bancada de Morena.

De acuerdo a lo informado por los propios morenistas, quienes rechazaron activar el ‘fast track’ para aprobar la minuta en materia de Guardia Nacional, se tiene contemplado que sea mañana cuando la minuta se someta a votación.

De cara a la votación, Adán Augusto López pidió a los morenistas mantener la unidad y no distraerse en batallas estériles.

“Pedirles que apoyen la iniciativa, ahora ya es minuta (…) aunque pueda sonar autoritario o impositivo y se los digo así con franqueza, el proyecto de Nación no admite titubeos, un proyecto de Nación como el que encabeza Andrés Manuel López Obrador requiere de la unidad y el compromiso de todos de quienes estamos en puestos o en tareas de Gobierno, pero sobre todo de quienes no se presentan en el poder legislativo”, dijo en conferencia de prensa.

Al senador Ricardo Monreal se refirió como «amigo» y «compañero», aunque entre risas dijo que a veces es «rebelde».

“Pero también a mí me gusta reconocer cuando nos hemos equivocado o cuando nuestro interlocutor no tiene la razón, también, con toda la franqueza lo decimos, y en caso del Senado de la República, pues sí hay una comunicación institucional y fluida, lo hay con Ricardo, que es no nada más nuestro amigo, y compañero, a veces es como el compañero rebelde, eso es a veces, nada más”, agregó.

Al estar abordando el tema de la Guardia Nacional, el titular de Gobernación reconoció que el gobierno federal, en pasadas administraciones, había venido perdiendo la batalla contra la inseguridad.

“Desgraciadamente, hemos de reconocer, que hemos ido perdiendo la batalla contra la inseguridad, porque no fuimos capaces, en su época, no nosotros, los gobiernos que antecedieron, de fortalecer y profesionalizar a las policías”, dijo el funcionario.

Con eso, defendió a la Guardia Nacional, que dijo, es la institución más confiable y más honesta, añadiendo que el Ejército de hoy ya “no es el Ejército de hace 10 o 20 años”.

Finalmente, el titular de SEGOB rechazó que haya un acuerdo entre el gobierno federal y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para que apoyen la reforma constitucional que busca mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, lo que iría en línea con la estrategia de la 4T, a cambio de frenar su desafuero en San Lázaro y cualquier señalamiento a su persona.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, tomó protesta a la nueva presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Claudia Olivia Morales Reza, representante de la comunidad wixárika de Jalisco.

Con la desginación hecha, Morales Reza se convierte en la primera mujer indígena en ocupar la titularidad del organismo.

Al encabezar el evento, el subsecretario de Gobernación destacó que «hoy empieza una nueva etapa para el Conapred al superar los obstáculos institucionales» que enfrentaba, y aprovechó para reconocer la labor del personal de dicha institución.

En su intervención, la nueva presidenta del Consejo dijo que “las voces de quienes hemos enfrentado la discriminación se deben escuchar en un país que se reconfigura en el aspecto social para llegar a la construcción y consolidación de la justicia social, tan buscada y que se está construyendo en nuestro amado México”.

Claudia Olivia Morales Reza es originaria de la comunidad de San Andrés Cohamiata ‘TaetiKie’ del municipio de Mezquitic, en Jalisco. Actualmente estudia Ciencias Políticas y Administración Pública y cursó una carrera técnica profesional en Educación Artística.

Al hacer el anuncio, SEGOB destacó que Morales Reza cuenta con 16 años de experiencia en la docencia en los niveles básico y medio superior, así como una destacada presencia en la lucha social y actividad comunitaria permanente.

Sus tareas de promoción del análisis colectivo en diferentes temas comunitarios, le permitió ocupar diversos cargos, primero como consejera de las autoridades y después como presidenta del Consejo de Vigilancia de la autoridad agraria.

Respecto al ámbito cultural, Morales Reza ha realizado diversas mayordomías y, desde entonces, es vocera de su comunidad y del pueblo Wixárika.

También ha participado en la lucha por la defensa de los derechos humanos, el respeto y promoción de la identidad cultural, el reconocimiento del territorio y sitios sagrados, la preservación de la cultura, la educación, la igualdad de género, los derechos de las mujeres y las infancias.

Recordemos que en la terna para la presidencia del Consejo, también figuraba la representante cucapá, Mónica Paulina González Portillo, quien se informó colaborará con Morales Reza «para construir una sociedad más inclusiva y con justicia social a favor de las personas históricamente discriminadas. La tercera postulante fue la representante o’dam, Olga Santillán Rodríguez, quien fue nombrada encargada de la oficina de representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el estado de Durango.

En el evento de la toma de protesta estuvieron presentes, las otras postulantes para expresar su apoyo a Claudia Olivia Morales Rezaen su nuevo encargo en el Conapred.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó este lunes que su titular, Adán Augusto López Hernández, dio positivo a COVID-19, por lo que seguirá los protocolos sanitarios y se aislará.

Aunque no se precisó su estado de salud, la dependencia aseguró que permanecerá pendiente de los asuntos de su competencia a distancia.

La confirmación del contagio del titular de Segob se da luego de que el pasado fin de semana, participara en los eventos que tuvieron lugar en Tabasco, con la inauguración de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, y del informe trimestral que el mandatario ofreció en torno al cuarto aniversario de su triunfo.

Según los registros fotográficos de la propia presidencia, Adán Augusto López estuvo en el presídium donde se rubricó la carta de intención con New Fortress Energy para el proyecto de Lakach en Veracruz, así como con la empresa ICA Fluor, que participará en la construcción de la coquizadora de Salina Cruz, Oaxaca.

Se puede ver a Adán Augusto a pocos centímetros detrás de Carlos Merino Campos, gobernador de Tabasco, platicando con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien recientemente salió de su contagio por COVID.

Así, Adán Augusto habría estado en contacto directo con figuras como la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller; los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, así como integrantes del gabinete Legal y Ampliado, y representantes de la Iniciativa Privada.

Todos ellos, se dejaron ver y estuvieron conviviendo sin cubrebocas, lo que podría propiciar una ola de contagios entre el circulo cercano del presidente. Recordemos que según expertos, para que una persona inicie con síntomas y dé positivo en una prueba, se tendría que haber contagiado en los 5 días previos, lo que coincidiría con el evento en Tabasco.

Una de las figuras incondicionales del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien había permanecido  en una oficina de la Presidencia de la República, sin mucha relevancia en lo que va del sexenio, César Yáñez, fue designado como nuevo Subsecretario de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación.

Fue de titular de Gobernación, Adán Augusto López, quien dio a conocer que el presidente López Obrador hizo el enroque de Yáñez y Rabindranath Salazar, quien ahora pasará a la coordinación general de Política y Gobierno de la Presidencia.

«Por instrucciones del jefe del Ejecutivo federal, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión del cargo a ambos servidores públicos», señaló SEGOB en un comunicado.

Yáñez ha sido una de las figuras más cercanas a López Obrador desde 1997, cuando ambos militaban en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En el año 2000, con López Obrador como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, César Yáñez se convirtió en director general de Comunicación Social, es decir, vocero de AMLO. Posteriormente, ya con Morena fundado, se desempeñó como secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de 2015 a 2020.

En la contienda presidencial que llevó a López Obrador al poder, Yáñez se desempeñó como vocero de la campaña, y de su relación con los medios, aunque estas funciones ya las había hecho en 2012.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Gobernación (Segob), emitieron este jueves una «alerta sanitaria máxima» contra los vapeadores y los cigarros electrónicos ante los riegos a la salud que representan.

La Cofepris declaró la alerta por «los carcinógenos y sustancias tóxicas que representan un grave riesgo a la salud de personas consumidoras», por lo que avisó que se fortalece la vigilancia sanitaria y el aseguramiento de dispositivos en los órdenes federal y estatal.

En un comunicado conjunto, la Cofepris y la Segob invitaron a la población a realizar denuncias sanitarias a través de internet en contra de la venta de los dispositivos.

Las dependencias rechazaron que los cigarros electrónicos y los productos de tabaco calentado se promuevan como una alternativa para dejar de fumar.

«Sin embargo, su eficacia no ha sido comprobada. En cambio, sus derivados de compuestos carcinógenos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol representan un grave riesgo para quienes los consumen», argumentaron en el boletín.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha criticado de manera pública a los vapeadores, por lo que el gobierno se ha centrado en su prohibición. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró en octubre de 2021 inconstitucional la prohibición absoluta de los cigarrillos electrónicos con el argumento de que «vulnera la libertad de comercio».

La Cofepris ya había emitido, en noviembre pasado, una alerta en la que advertía que estos productos son «altamente adictivos y ocasionan graves daños a la salud».

Ahora la elevó a su máximo nivel al argumentar que han encontrado en los dispositivos acetato de vitamina E, que representa «un riesgo alto para la salud al tratarse de una sustancia tóxica que puede ocasionar enfermedades respiratorias agudas e incluso la muerte».

México solo ha liberado 167 reos mediante la Ley de Amnistía, aprobada hace dos años impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de que apenas ha sesionado la comisión encargada de revisar estos casos, denunció este viernes la ONG EQUIS Justicia para las Mujeres.

«La Comisión (de Amnistía) encargada de revisar las solicitudes de las personas privadas de la libertad, presidida por la Secretaría de Gobernación, ha sesionado tan solo 6 veces», advirtió la organización.

La asociación hizo referencia a un comunicado del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, que dio estas cifras a principios de abril.

«Vemos con preocupación que esta cifra sea tan baja, sobre todo cuando la población penitenciaria, lejos de reducirse, ha ido al alza. La situación para las mujeres es particularmente grave, ya que, tal como lo ha demostrado la organización Intersecta, la mayoría de las mujeres en prisión ni siquiera han sido reconocidas culpables», afirmó la ONG.

El seguimiento a la implementación de la Ley de Amnistía, que EQUIS Justicia para las Mujeres ha realizado desde el 2020, así como el acompañamiento legal a los casos de dos mujeres indígenas que «permanecen injustamente en prisión» permitió a esta ONG «advertir las fallas en el trámite y la necesidad de contar con más y mejor información sobre la actuación de la Comisión de Amnistía».

Además, la Segob modificó sus lineamientos para atender las solicitudes de amnistía, explicó la ONG, que se mostró «preocupada» porque considera que falta información durante los trámites y además la burocracia existente ralentiza el proceso.

«Por lo anterior, desde EQUIS apelamos a que los criterios de decisión y actuación de la Comisión de Amnistía se rijan por la transparencia y los más altos estándares de derechos humanos para acelerar la implementación de la ley», concluyó.

En abril de 2020, el gobierno del presidente López Obrador promulgó la Ley de Amnistía con la intención de liberar, según esas estimaciones iniciales, a unas 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas, ello con el fin de despresurizar las cárceles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este lunes al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien fue señalado este fin de semana por violar la veda electoral al promover la consulta de Revocación de Mandato.

“(Adán Augusto) está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad no para promover la consulta, no va a mítines”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

Sin embargo, el fin de semana, el titular de la Secretaría de Gobernación creó polémica porque durante una visita a Torreón, Coahuila, hizo un llamado a participar en la consulta de Revocación de Mandato de López Obrador el próximo 10 de abril, según videos filtrados a medios.

La promoción a la consulta se dio en medio de la veda electoral que prohíbe a los servidores públicos la promoción de este ejercicio participativo. En el evento, López aseguró no tener temor de la sanción del Instituto Nacional Electoral (INE) o de ser despedido como secretario de Gobernación.

“Pero la verdad, es que no voy a hablar de la reforma eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente en la historia moderna del México”, dijo en el evento en Sonora.

Ahí, indicó que el presidente López Obrador le advirtió que tuviese cuidado, no vaya a ser que lo “corran los del INE”. «Le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir que es un honor que me corran por apoyar a Obrador”, dijo en alusión al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien también estuvo presente en la actividad.

Al respecto, y pese a los videos de dichas declaraciones, el presidente reiteró que el funcionario solo está cumpliendo con sus labores como secretario, saliendo así en defensa de su paisano. Aseguró que el titular de la Segob solo está ayudándole en su proceso de transformación del país.

“Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda, que tiene que ver con el interés público, con la defensa, protección y beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México», destacó.

Ante la pregunta sobre si López era candidato a contender por la Presidencia en 2024, si estaba dentro de las «corcholatas» que él ha revelado, el presidente negó que el funcionario esté haciendo acciones políticas anticipadas como precandidato presidencial.

«Él, para que se tranquilicen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia (…) Porque me está ayudando a la transformación del país; no se confundan, no es candidato, no está actuando de esa forma”, señaló.

Las autoridades interceptaron a 1,266 migrantes de 33 países diferentes en diversos operativos en un lapso de apenas 24 horas, informó este jueves el Instituto Nacional de Migración (INM).

Entre los migrantes, que «transitaban de manera irregular por 22 entidades del país, había 203 menores de edad, de los que 165 viajaban no acompañados, detalló en un comunicado el INM.

Los migrantes eran en su mayoría de cinco países: 303 de Colombia, 268 de Honduras, 181 de Guatemala, 143 de Cuba y 100 de El Salvador. El resto provenían de naciones como Somalia, Canadá, Rusia, Pakistán, Suiza, Etiopía, Afganistán, China, Turquía, Ghana, Italia y Armenia, entre otros.

Las autoridades interceptaron a la mayor cantidad de migrantes en la Ciudad de México (258), seguido de Chiapas (246) y Tabasco  (167), además de Baja California (96) y Nuevo León (88).

El INM también «destacó la atención a 120 personas extranjeras en un autobús de turismo en Acajete, Puebla; más de 100, sin agua ni alimento, en la caja de un camión tipo torton abandonado en la autopista Córdoba-Minatitlán, Veracruz, y 59 en Allende, Nuevo León, escondidos en compartimentos».

Las detenciones, que el INM llama «rescates», son reflejo del flujo migratorio récord que vive la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Recordemos que México deportó a más de 114,000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131,448 solicitudes de refugio en 2021. De estos, más de 51,000 fueron haitianos.

El gobierno federal inicio un proceso de revisión de los mecanismos para la protección de periodistas y luchadores sociales, según reveló este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Hay un proceso de revisión de estos mecanismos para la protección de periodistas y luchadores sociales», indicó el mandatario.

Afirmó que se buscará un acuerdo con los gobiernos estatales para profundizar en «este tema tan importante» y aseguró que gracias a este mecanismo, ayer se evitó el asesinato de un periodista en Oaxaca, que fue atacado por un grupo armado. «Estamos trabajando en eso», dijo López Obrador.

El presidente se refirió al caso del periodista y director del portal de noticias «Pluma Digital», José Ignacio Santiago Martínez, quien sufrió ayer un atentado del que salió ileso. La agresión al periodista de Oaxaca ocurrió tres días después de que la periodista mexicana Lourdes Maldonado López fuese asesinada en la ciudad de Tijuana, y una semana después de que fuera asesinado, también en Tijuana, el periodista Margarito Martínez Esquivel.

En este contexto, el mandatario aseguró que se mejorará «todo lo que es la protección a periodistas» y que el encargado del tema es el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas.

La Secretaría de Gobernación informó también ayer que al menos 495 periodistas, 155 mujeres y 360 hombres, están actualmente bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Se detalló que las personas defensoras de derechos humanos incorporadas al Mecanismo se concentran en siete entidades: Cuidad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca; mientras que  la mayoría de los periodistas beneficiarios del Mecanismo son de Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz.

El titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos, señaló que la impunidad superior a 90% en los casos de agresiones, es el gran problema en la agenda nacional de derechos humanos.

Precisó que de diciembre de 2018 a la fecha se tiene contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos, y detalló que entre 405 y 45% de las agresiones que recibe el gremio periodístico provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazara el plan de austeridad que el gobierno federal presentó para generar ahorros al interior del Instituto, alegando que quien lo generó desconocía el funcionamiento del  órgano electoral, su funcionamiento, e incluso lo considera «poco serio», este viernes el secretario de Gobernación insistió en que no hay margan para cumplir con la solicitud del INE.

«Desde luego que nosotros ayer mismo indicamos que era un trabajo a profundidad que se había realizado, se revisó todos los rubros del Presupuesto de Egresos 2022 y elevamos esa propuesta, ese análisis para que ellos pudiesen revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales, que son los que permitirían casi tres mil millones de pesos, digamos, conformarían esa bolsa, dinero suficiente para llevar a cabo la revocación del mandato, que es una obligación constitucional que reconoció incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación», respondió durante la mañanera Adán Augusto López.

El funcionario reiteró que tal como las autoridades hacendarias, la oficial mayor y el equipo de trabajo y el secretario de la Función Pública, lo informaron ayer en la mañanera, no hay margen en el presupuesto público para cumplir con la petición que presentó el INE, por más de mil 700 millones de pesos.

«Está muy acotado» el presupuesto, enfatizó el titular de SEGOB. Añadió que presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales, y dijo que no es posible pensar que se vaya a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega de las pensiones a los adultos mayores para responder a las demandas del INE.

Además, volvió a señalar que no hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) avanza favorablemente en su recuperación tras dar positivo a covid-19 el pasado lunes, y solo presenta síntomas leves, indicó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Está estable, continúa su recuperación hasta ahora el estado de su salud es óptimo”, aclaró el funcionario durante la conferencia de prensa de Palacio Nacional, que encabeza en lugar de López Obrador.

La actualización de su estado de salud llega luego de que ayer el mandatario se dejara ver en un video, donde se tomó la temperatura y el nivel de oxigenación, con el fin de mostrar que se encontraba bien de salud; aseguró que sus síntomas eran leves y que los ha tratado con paracetamol.

“Estoy ronco, afónico (…) este mensaje es para informar cómo me encuentro y también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos”, dijo López Obrador en su intervención a distancia.

Aunque todavía no es definitivo, el titular de Gobernación estimó que el presidente regresará a sus actividades presenciales el próximo lunes, es decir, una semana después de su diagnóstico.

Recordemos que López Obrador se presentó el lunes a la conferencia, pese a que ya tenía síntomas como gripe y ronquera, como él mismo lo reconoció al ser cuestionado sobre el tema.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer esta tarde nuevos cambios dentro de su gabinete, que involucra a las secretarías de Bienestar, Turismo y Transportes, esto mientras se encuentra bajo cuarentena tras
haber dado positivo a COVID-19.

Entre los nuevos nombramientos destaca el de Ariadna Montiel Reyes, que será la titular de Bienestar; se venía desempeñando como subsecretaria de la dependencia.  En tanto Javier May Rodríguez, hasta hoy titular de Bienestar, pasará a dirigir el Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), dependiente de la Secretaría de Turismo.

La vacante que dejó Montiel Reyes, será ocupado por el María del Rocío García Pérez, quien hasta hoy estaba al frente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

El otro cambio es el de Rogelio Jiménez Pons, quien dirigía Fonatur y ahora pasará a ser el subsecretario de Transportes en de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Carlos Morán, quien ocupaba dicha posición, será el nuevo director general del Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de Ciudad de México

La presidencia precisó que fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dio posesión a los cargos.

Recordemos que apenas en diciembre pasado, luego de cumplir los 3 años al frente del gobierno federal, López Obrador había descartado realizar más cambios en su gabinete, asegurando que los cambios necesarios ya se habían realizado.

México exigirán visa de entrada al país a los ciudadanos procedentes de Venezuela a partir del 21 de enero en el marco de una serie de medidas para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos.

«Se ha identificado un incremento sustancial de nacionales de la República Bolivariana de Venezuela que ingresan al territorio nacional con supresión de visado con una finalidad distinta a la permitida, como el tránsito irregular hacia un tercer país», señala un documento publicado este viernes por el Diario Oficial (DOF).

Las autoridades han recalcado que durante los últimos años se ha producido un fuerte incremento de las llegadas de venezolanos al país, desde donde la mayoría pretende llegar a territorio estadounidense.

El gobierno federal alertó que también han aumentado las declaraciones falsas sobre sus motivos de viaje, la diversificación de rutas de tránsito y la identificación de algunos delitos asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes.

«México ha determinado de manera unilateral la aplicación de visados en pasaportes ordinarios a los venezolanos que pretendan ingresar al país como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, lo que hace necesario dar a conocer la medida y señalar los trámites vigentes que deberán realizar dichas personas para su ingreso al territorio nacional», añade el texto.

Y es que de acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y noviembre pasado ingresaron a través de los aeropuertos mexicanos 160,379 venezolanos, cifra que supera en más del quíntuple el registro del mismo período del 2020, que fue de 29,789.

La organización Amnistía Internacional expresó en diciembre su preocupación por la decisión de México de exigir visa a los venezolanos, y dijo en una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que la mayoría de los venezolanos que huyen de su país «son personas refugiadas y tienen derecho a protección internacional».

En los últimos años más de seis millones de personas han salido de Venezuela, huyendo de la compleja crisis social y económica que golpea a la nación sudamericana, según cifras de las Naciones Unidas.

La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados lanzaron en diciembre pasado un plan regional por 1.790 millones de dólares en apoyo a las crecientes necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela, y las comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe.

Representantes de la caravana migrante, que recorre México con rumbo a Estados Unidos, llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para regularizar a sus cerca de 500 integrantes y permitir el paso hacia el norte a quienes deseen continuar su ruta.

«Nuestras exigencias se han cumplido al 100%», señaló Irineo Mujica, activista de Pueblos Sin Fronteras que acompaña a la caravana y quien estuvo presente en la reunión.

En declaraciones a la prensa, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría Gobernación, Rabindranath Salazar, indicó que ahora toca a todos cumplir el acuerdo que está «basado en la ley».

“Ahora toca a todos hacer realidad el acuerdo de ese documento, es a lo que nos estamos comprometiendo y, en el caso de Gobernación, a ser garante de que todas las partes cumplan lo que a cada quien corresponde. Es un buen acuerdo y, sobre todo, está basado en la ley”, afirmó Salazar Solorio.

Con eso, el gobierno federal enviará una comitiva para hacer un censo en la Casa del Peregrino, en la Ciudad de México, donde se encuentran los migrantes desde que llegaron a la capital el pasado domingo.

Según los participantes, se atenderá individualmente las necesidades de cada persona y le darán prioridad a los casi 100 niños que están en el albergue.

Además, las autoridades se han comprometido a reunirse nuevamente con la caravana el 17 de enero para supervisar el cumplimiento de los acuerdos.

La caravana, en su mayoría de personas provenientes de Centroamérica y Haití, llegó a las instalaciones de Segob  después de hacer una parada en Palacio Nacional y el Senado. Los integrantes han pedido constantemente que se les otorguen residencias permanentes y que se permita el paso a quienes deseen continuar su ruta hacia Estados Unidos.

El grupo partió el pasado 23 de octubre desde Tapachula, Chiapas, frontera con Guatemala. Cuando salieron de la localidad, la caravana se contaba en miles. Sin embargo, conforme fueron pasando los días el número se fue reduciendo.

Los agentes migratorios se han acercado durante las últimas semanas para ofrecer visados humanitarios, algo que ha hecho que muchos abandonaran la ruta.

Desde su arribo a Ciudad de México, la actividad de la caravana ha sido intensa. El pasado miércoles se reunieron con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra.