Karla Quintana, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) hasta agosto pasado, reveló que renunció a su cargo porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tenía una intención “muy clara, y es lamentable: reducir la cifra de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno”.
Las declaraciones de Quintana durante su participación en un seminario del Colegio de México (Colmex) suponen la primera explicación pública sobre su dimisión, la cual tuvo lugar después de que el presidente anunció un nuevo censo de personas desaparecidas al considerar que el registro oficial era demasiado elevado.
Según la base de datos, hay más de 112,000 desaparecidos en México, y aunque en este gobierno se establecieron organismos para su búsqueda, como la Comisión y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense que pretende poner nombre a los más de 50,000 restos que hay en fosas y morgues del país, la tasa de personas desaparecidas, y de quienes buscan a sus seres familiares, continuó en aumento.
“Nadie está en contra de que haya un proceso de actualización de un registro”, explicó Quintana. “Lo que queremos, es tener el mejor registro posible para tener mayores posibilidades de encontrar a alguien, sea mayor o menor el número”.
El problema, explicó, es que se quería emplear a personas no especializadas para llevar a cabo la depuración de la base de datos, y sin la intención de “actualizar un registro para tener la mejor información posible para poder encontrar más personas” sino, simplemente, para reducir su número, señaló.
Tras la salida de Quintana, el cargo quedó en manos de Teresa Guadalupe Reyes, una funcionaria con experiencia en áreas como educación, bienestar, finanzas y en organización política de Morena, cuya designación ha sido objeto de críticas de activistas e incluso de la oficina de la ONU en el país.
El proceso de designación de Reyes Sahagún “no contó con los niveles de consulta, participación, transparencia y escrutinio deseables y a los que alentaron algunas víctimas y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos”, acusó en su momento la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El tema de los desaparecidos es una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno federal, sobre todo en regiones de gran actividad del crimen organizado.
