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Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado de nueva cuenta sobre el caso del ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien renunció el pasado viernes, y ahora es investigado en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Le recordaron al presidente el compromiso que hizo sobre supervisar detalladamente la entrega de contratos a particulares. Le indicaron que, si se hubiera revisado la entrega de los contratos, quizá no hubiera sido necesaria la separación del cargo de Lomelí y la investigación que ahora se sigue.

“Es que hay que ver bien la investigación, también para no hacer juicios sumarios, porque no es ajustícialo, condénalo y luego averiguas. No es así. Es que se haga la investigación y que sin influyentismo, sin impunidad, se castigue a los responsables, pero no adelantar vísperas, hay que esperar a que se haga la investigación”, expuso el presidente.

Añadió que la SFP está trabajando sobre el tema, y aseguró que la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, es una persona recta que no va a dejar pasar nada a nadie.

Fue en ese punto donde dijo que, quienes se quedaron con las malas costumbres y permanezcan en el gobierno, mejor se vayan y busquen “otra opción”. Reconoció que no se ha podido limpiar todo el gobierno de funcionarios que preferían la corrupción o el beneficio propio.

“En honor a la honestidad, a la congruencia, si no están de acuerdo con la política económica que estamos aplicando y con la política en general, es mejor que digan: voy a buscar otra opción, otra alternativa, o sea, no estar laborando en contra de la forma en que uno piensa o, mejor dicho, no estar en un gobierno que tiene una política distinta a la manera de pensar del servidor público”, expuso AMLO.

Aseguró que, aunque no es regla, lo que suele pasar es que quienes no están de acuerdo con los cambios, es por qué estaban acostumbrados a las prebendas y al lucro.

Acusó que los conservadores son muy corruptos, solo que, al ser también muy hipócritas, se dicen hasta gentes de bien. Señaló que cuando ha habido más saqueo ha sido en los periodos de gobiernos conservadores; “Son muy ladrones”.

Luego de la conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, ofreció un mensaje sobre las investigaciones que se siguen respecto al presunto conflicto de interés en que habría incurrido Carlos Lomelí.

La funcionaria indicó que tan pronto lo ordenó el presidente López Obrador, la dependencia comenzó, a través de sus diversas áreas, las investigaciones correspondientes.

Sandoval Ballesteros dijo que al abordar el caso Lomelí, se dejaba en claro que con el gobierno que encabeza AMLO, hay un antes y un después en la aplicación de la justicia administrativa y la construcción la nueva ética pública.

Enfatizó que en la 4T no hay cabida para privilegios y para todo caso de conflicto de interés.

La titular de la SFP citó el Artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que indica que para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e Intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de Interés conforme a lo establecido en lo Ley General de Responsabilidades Administrativas. Adicional señala que los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de los cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.

Luego de hacer referencia al artículo, Irma Eréndira Sandoval detalló los avances de la investigación.

  • Se tienen en curso siete investigaciones que arrojan posibles conductas irregulares por parte de Carlos Lomelí.
  • De las siete, cuatro se realizan sobre empresas relacionadas con Carlos Lomelí, y tres más se realizan sobre las conductas de Lomelí.
  • Se ha informado permanentemente al presidente.
  • El 8 de julio, se informó a Gabriel García, coordinador de Programas Integrales de Desarrollo de Bienestar, de la “necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas” para permitir el curso de las investigaciones, es decir, la separación del cargo de Lomelí.

Sandoval Ballesteros indicó que, tras los avances y acciones relacionadas con la investigación, recibieron con “beneplácito” la carta de renuncia de Lomelí.

Finalizó indicando que se llevarán las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, ya que el gobierno de la 4T no se tolerarán los conflictos de interés, y que quien los tenga, no podrá trabajar en el gobierno.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que cualquiera que esté involucrado en conflictos de interés no debe ni puede trabajar en el Gobierno.

La SFP compartió el mensaje en su cuenta de Twitter minutos después de que se diera a conocer la renuncia de Carlos Lomelí, delegado del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Jalisco.

El funcionario había sido señalado por supuesto conflicto de interés en licitaciones gubernamentales de medicamentos.

“En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la 4T. Los trabajos del equipo liderado por la Secretaria Irma Eréndira Sandoval dan otro fruto rumbo a la nueva ética pública”, escribió Función Pública en Twitter.

En mayo pasado un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que empresas ligadas a familiares y colaboradores de Lomelí forman parte de una red de empresas que venden medicamentos al Gobierno.

El pasado 10 de julio, MCCI reportó que el exdelegado de Jalisco ha tenido acceso al manejo de una de las cuentas bancarias de la farmacéutica que siempre negó como suya (Abisalud), empresa a la que el actual gobierno federal ha otorgado contratos por más de 164 millones de pesos.

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, informó este lunes a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados que en diciembre de 2018, tan pronto llegó al organismo, se detectaron irregularidades en la entrega de becas a deportistas.

“Se detectaron 18 pagos sin expedientes no autorizados, que ascendían a un monto de 668 mil pesos; cinco apoyos duplicados entre becas de la Conade y apoyos ordinarios del Fodepar (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento) con un monto de 104 mil pesos, y con un daño al erario de 772 mil 300 pesos”, precisó en su comparecencia.

Guevara Espinoza señaló que en el régimen anterior se creó una clasificación de becas Conade, denominadas por Perspectiva, que “se caracterizaban por asignar montos entre los tres mil pesos hasta siete mil pesos, en función de la subjetividad de los entonces metodólogos”.

Detalló que cuando tomó posesión del cargo, se revisaron mil 669 expedientes recibidos por la Subdirección de Becas, que entregaba sus funciones, donde encontraron un total 348 deportistas becados por Perspectiva, los cuales “no tienen resultados deportivos, ni se justificaba tampoco su permanencia”.

Agregó que el monto de estos deportistas becados asciende a un millón 393 mil 500 pesos mensuales, lo que se traduce en el año a 16 millones 722 mil pesos.

La funcionaria consideró que la Conade deberá implementar mecanismos de control para disponer de los expedientes de los beneficiarios de las unidades de becas.

La titular de la Conade refirió que el otorgamiento de becas, no puede ser a discreción. “Hay reglas de operación y tenemos que acatar lo que dice la ley, las reglas de operación y la normatividad interna”.

La funcionaria también se refirió al tema de los presuntos recortes de becas señalados por algunos atletas, entre ellos, Nabor Castillo (Judo); Alely Hernández (Esgrima); Cristopher Tronco (Natación/Deporte Adaptado) y Sergio Guzmán (Clavados).

“Derivado de esto, hago hincapié: no han sido reducciones, han sido ajustes”, dijo la también ex medallista, y aclaró a los diputados de la Comisión que dichas investigaciones le impedían hablar sobre el presunto caso de corrupción en el Fodepar.

“Estas cuatro investigaciones me impiden hablar y profundizar hacia el tema del Fodepar, dado que éste (la Cámara de Diputados) es un poder más de nuestro sistema y cualquier argumentación o dichos de mi persona podrían tomarse como parte de la investigación, por lo tanto, me veré impedida para poder profundizar en el tema”, respondió la funcionaria.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, defendió las políticas de austeridad del actual gobierno, que dijo, buscan impulsar una nueva ética pública en el país.

“En el momento que vivimos se exigen ajustes estructurales. Estamos dando los ajustes presupuestales, por lo tanto, y reorientaciones de nuestro más importante capital, el humano, para combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad”, sostuvo la funcionaria.

La colaboradora del presidente López Obrador aseguró que es necesario reducir el conflicto de interés, fortalecer el acceso a la información pública y la participación ciudadana, así como promover un uso más eficiente de los recursos públicos a través de la responsabilidad y la profesionalización de los funcionarios.

Sandoval Ballesteros resaltó que la austeridad republicana que se está llevando a cabo en el gobierno federal es una herramienta para impulsar una nueva ética pública, pues honra los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Como ejemplo de las acciones que se han implementado como parte de la austeridad republicana, mencionó la reducción de los sueldos “exorbitantes” y la anulación de las reservas de las declaraciones patrimoniales.

Al participar en el primer seminario Franco-Mexicano “Deontología y Transparencia al Servicio del Interés General”, añadió que los resultados contra la corrupción también se han visto en temas como la inhabilitación de Odebrecht; la reapertura del caso de la llamada “estafa maestra” y la imposición de multas por el caso de la plata de fertilizantes Fertinal.

Aprovechó para adelantar que en las próximas semanas se darán a conocer más sanciones económicas por casos de corrupción.

“Hemos aplicado cientos de sanciones económicas que suman más de 700 millones de pesos y se encuentran en trámite medio centenar más”, declaró.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que, con base en denuncias ciudadanas, entre abril y junio inició cuatro expedientes de investigación por supuestos actos de corrupción cometidos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La dependencia señaló que los cuatro expedientes se encuentran en etapa de investigación y debe mantener el respeto al secreto procesal para su buen desarrollo, sin embargo, una vez concluido este proceso, podrá dar a conocer los resultados de las indagatorias.

Ello, en cumplimiento con el compromiso presidencial de acabar con la corrupción y la impunidad, así como de transparentar la vida pública.

En un comunicado, la SFP refirió que ha dado puntual seguimiento a las denuncias que recibe y desde abril comenzó las investigaciones en el caso de la Conade.

Detalló que el primer expediente de investigación se abrió el 26 de abril por probables actos de corrupción en la operación del Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Posteriormente, el 16 de mayo se inició un segundo expediente por presunta usurpación de funciones de personas que se habrían ostentado como servidoras públicas sin tener esa calidad.

De igual forma, el 28 de mayo comenzaron la investigación con el tercer expediente por probable conflicto de interés entre funcionarios de la Conade.

El cuarto expediente de investigación se inició el 4 de junio, por una presunta colusión entre servidores públicos de la Conade y dos empresas que supuestamente fueron beneficiadas en forma indebida con recursos del Fodepar.

Al recordarle que uno de sus compromisos más importantes al llegar a la Presidencia fue combatir la corrupción, y en especial el nepotismo que se vivía en el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el caso de la secretaria de la Función Pública.

En la conferencia matutina, se le preguntó al mandatario si Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) no incurría en nepotismo ya que su hermano Pablo Amílcar Sandoval es delegado del gobierno federal en el estado de Guerrero.

“Bueno, en este caso no creo yo que haya nepotismo, porque son funciones distintas; de todas maneras, hay que verlo de conformidad con la ley. Según mi criterio no existe nepotismo”, sostuvo el presidente.

En ese sentido, informó que su colaboradora tiene un escrito que él mismo le hizo llegar en el que se le ordenaba “excusarse sobre cualquier investigación que deba hacerse si su hermano comete un acto de corrupción”.

Indicó que dicho escrito es para que en caso de alguna irregularidad en el actuar del delegado federal, ella no pueda intervenir en ninguna investigación.

Finalizó señalando que pedirá le informen si dos hermanos en áreas distintas del gobierno pueden trabajar o no, pues sostuvo que no tenía clara dicha información. Se comprometió a comunicar la respuesta en la conferencia de mañana miércoles.

La Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Tania de la Paz Pérez Farca, dio a conocer que las medidas de austeridad impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acabaron con los “lujos” de 113 mil empleados de gobierno.

La funcionaria dijo que la “Austeridad Republicana” es una nueva visión con la que el Gobierno de México utiliza el erario, y que busca erradicar los derroches y redirigir los recursos públicos a las personas más necesitadas.

Ante señalamientos e información incorrecta que ha circulado en medios, Pérez Farca subrayó que ninguna de las medidas de austeridad han afectado la operación sustantiva de las instituciones del Estado, ni la provisión de servicios públicos como educación y salud, ni los programas integrales de bienestar que el Gobierno de México está impulsando.

Se trata dijo, de “medidas focalizadas para atacar dispendios, promover el ahorro en las oficinas gubernamentales, poner fin a estructuras duplicadas, así como a gastos ineficientes y onerosos, derroches, privilegios, remuneraciones y prestaciones excesivas que hacían de muchas instituciones públicas, organismos costosos y poco efectivos”.

Señaló que la intención no es cerrar instituciones académicas y centros de investigación, ni de eliminar programas integrales de bienestar, ni de despedir injustificadamente servidores públicos, sino evitar la duplicidad de funciones, y ahorrar en prestaciones que no corresponden con la nueva ética del servicio público.

Detalló que la Administración Pública Federal (APF) se encuentra integrada por un millón 320 mil 175 puestos, de los que el 92.4% no son sujetos a ninguna medida de austeridad por ser personal de base y operativo. Recordó que cerca del 8% de los servidores públicos de la APF, que corresponden al personal de confianza de mando y enlace , es decir 113 mil, fueron sujetos a la aplicación de un nuevo tabulador y esquema de prestaciones que eliminó los seguros de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado y prestaciones para la compra de automóvil, en el caso de los altos mandos.

Se indicó que al 15 de mayo de 2019, se había reducido en 34% el número de personas contratadas en plazas eventuales, pasando de 14 mil 807 el 31 de agosto de 2018, a 9 mil 726 en el corte más reciente.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, afirmó que el gobierno anterior entregó un Estado en llamas, no solamente por el mal uso de los recursos públicos a nivel de la administración pública, sino también por el ‘huachicoleo’ a recursos financieros, recursos materiales y los recursos humanos.

Sobre el trabajo que ha venido realizando la dependencia,  reconoció que las auditorías han empezado a mover la estructura burocrática, y como ejemplo mencionó la inhabilitación de funcionarios de Pemex del sexenio pasado, entre ellos Emilio Lozoya. Sin embargo, adelantó que en los próximos días habrá más resultados.

“Como sabes, ya hemos inhabilitado a Odebrecht; estamos muy cerca de anunciar inhabilitaciones a funcionarios públicos de alto nivel de esta empresa productiva del Estado que es Pemex, del más alto nivel, junto con funcionarios de muy alto rango del gobierno pasado. Entonces, sí estamos trabajando para cerrar los casos que estaban abiertos, siempre y cuando, obviamente nos apeguemos a los procedimientos sancionadores”, adelantó la funcionaria.

Sandoval Ballesteros indicó que los mexicanos están esperando el combate a la impunidad, por lo que negó las acusaciones que se han hecho a la SFP sobre que los investigados son exclusivamente los “enemigos” políticos.

“Aquí no hay venganzas, no hay vendetas, no hay componendas y no hay ajustes de cuentas políticos. No va a haber una utilización facciosa de la ley y simplemente sí va a haber mucha pulcritud y disciplina en aplicar las normas que ya tenemos, más apostar por nuevas herramientas”, añadió.

Remató diciendo que el reto más grande que tiene el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es ganarse la confianza de los ciudadanos. Confió en que lograrán cumplir con la tarea y  generar una nueva ética pública en la administración del gobierno.

De acuerdo a información publicada en el diario El Financiero, es Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, uno de los dos “altos funcionarios” inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Hoy fue notificado; el asunto fue que no declaró que su mamá abrió una cuenta de inversiones”, indicó Javier Coello, abogado de Lozoya, en entrevista con el diario.

El abogado adelantó que solicitarán un recurso de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, pues consideran que hubo inconsistencias en la elaboración del dictamen.

Lozoya fue el funcionario castigado por un periodo de 10 años, pues de acuerdo a lo informado por la SFP, se detectó que el exfuncionario proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial. “En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”.

El segundo exfuncionario sancionado, de quien hasta ahora se desconoce su identidad, es señalado de irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal, ya que después de una investigación, se demostró que el funcionario hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que dos “altos mandos” de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron inhabilitados como servidores públicos por un periodo de 10 y 15 años, respectivamente.

Adicional, la dependencia impuso sanciones económicas por casi 620 millones de pesos a uno de ellos.

Una de las inhabilitaciones, por 10 años, derivó de un procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que el funcionario proporcionó información falsa en la declaración de su situación patrimonial, pues detalló, en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.

La otra sanción se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal; tras una investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario.

La dependencia prefirió no revelar los nombres de los funcionarios sancionados.

La SFP indicó que desde el pasado 1 de diciembre, hasta la fecha, se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales.

Añadió que se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, firmó este martes un Memorándum de Entendimiento con el Director de la División de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), John Brandolino, para combatir la corrupción en nuestro país.

En el marco de la segunda reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACGW) del G20, que comenzó hoy en la Ciudad de México, la funcionaria señaló que “con la firma de este Memorándum, el primero de esta naturaleza suscrito por México, se establece un marco de cooperación en el diseño y desarrollo de proyectos en nuestras áreas estratégicas; en la prevención de conflictos de interés y la creación de un distintivo de integridad empresarial”.

El convenio firmado contempla el relanzamiento del servicio profesional de carrera e integridad en el servicio público con enfoque de género; la eliminación del conflictos de interés en la administración pública; la ciudadanización del combate a la corrupción y la impunidad; crear sistemas de protección de alertadores internos sobre actos de corrupción; vigilancia, inspección y supervisión de los procedimientos de contrataciones públicas, y un Mecanismo nacional de aplicación a los sistemas locales anticorrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Sandoval Ballesteros destacó el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para iniciar en nuestro país una profunda transformación de “dimensiones inéditas no vistas en México desde hace un siglo”.

La titular de la SFP subrayó que el Gobierno de México tiene como estandarte la integridad en la vida pública como ruta para construir un país con un pleno Estado de derecho, mayor desarrollo económico y justicia social.

Indicó que para el gobierno de México la corrupción no es un problema exclusivamente económico, político o cultural, sino un fenómeno estructural en el que confluyen un diferencial de poder que permite el abuso por parte de servidores públicos o élites del sector privado; la impunidad que prevalece entre quienes participan en actos de corrupción, y la falta de participación ciudadana en el monitoreo y la vigilancia de la vida pública.

La colaboradora de AMLO alertó que más de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) Global y casi 10% del de México se pierden por la corrupción al amparo de la impunidad, por que son necesarias acciones contundentes para atacar el problema.

Este lunes, la Secretaría de la Función Pública informó que como parte de una serie de investigaciones ante la posibilidad de un conflicto de interés por parte del titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, fue encontrado un contrato de transporte de gas natural para una empresa en la que labora un familiar del funcionario.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, señaló que se encontró un contrato de la Comisión Reguladora de Energía otorgado en junio de 2017 a la empresa Fermaca -vinculada a la familia del funcionario- para el transporte de gas natural.

El contrato G20175/TRA/2017 no fue informado por García Alcocer en su momento, lo que ofició una investigación al respecto. Más adelante, dijo, se informará si este es el único contrato no declarado o si existen otros en los que exista interés personal y familiar por parte del titular de la CRE.

Santiago García Castellanos, director de Fermaca, es primo hermano de la esposa de García Alcocer.

Además, Sandoval dijo que previamente el funcionario había admitido que el hermano de su cónyuge, Mario Barreido, labora en la empresa danesa Vestas desde abril de 2015; sin embargo, el titular de la comisión dijo que no hay conflicto de interés, argumentando que dicha empresa no está regulada por la CRE.

Posteriormente, la SFP indicó en la conferencia que el familiar de García Alcocer trabaja para la filial mexicana de Vestas, que sí es regulada por la CRE.

La SFP informó que el hermano de la cónyuge declaró ingresos por 12 millones 500 mil pesos entre 2013 y 2017 y retenciones por terceros de 9 millones 300 mil pesos.

La dependencia destacó también que Barreido es representante legal de tres empresas relacionadas con hidrocarburos, petróleo y gas.

La semana pasada, el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía aseguró en entrevista radiofónica que “no tiene nada que ocultar”.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente de la República, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que ninguno de los 19 miembros del gabinete tienen algún tipo de reserva respecto a sus declaraciones patrimoniales.

“Queremos dejar ahí por sentado que esta es una fotografía del inicio de los tres gobiernos anteriores, y en el inicio de los tres gobiernos anteriores somos el gobierno que ha dado el 100 por ciento de publicidad total de los datos patrimoniales del gobierno de la nueva administración”, destacó la funcionaria.

Enfatizó que a dos meses del inicio del nuevo gobierno, la administración cuenta con una transparencia del 100 por ciento respecto a las anteriores administraciones.

Aclaró que dentro de esta relación de transparencia, están incluidos los delegados del gobierno federal. “Anoche hicimos el cumplimiento total, todas las declaraciones de los delegados del gobierno federal, de los coordinadores de los programas sociales y delegados únicos de cada entidad federativa”.

Fue en ese punto donde reconoció que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sí reservó la información sobre su departamento en Houston. “Es un departamento que tiene en copropiedad y que, efectivamente ella había, en utilización de su prerrogativa, de su derecho a ciertas reservas, reservado, precisamente por eso, para proteger datos de terceros”.

Ante la declaración, Sandoval aclaró que ya tienen firmada la autorización de Sánchez Cordero, quien acepta la publicidad absoluta y total de su patrimonio.

“El tema que me comprometo, a nivel personal, yo como secretaria de la Función Pública, es hacer un sistema en donde haya publicidad absoluta o en el caso de la reserva para quien desee esto, pero ya no vamos a tener estas confusiones de reservas a medias, de publicidad a medias, va haber publicidad o reserva”, remató.

 

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), se reunió este viernes con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y compartió una foto de la hoja del registro que hizo de un penthouse en Houston, Texas, como parte de su declaración patrimonial.

En medio del escándalo por la omisión de dicho bien dentro de la versión pública de su declaración difundida en el portal Declaranet, cuyo funcionamiento es responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Sánchez Cordero compartió el documento que acreditaría que sí reveló poseer dicho inmueble en copropiedad con su esposo.

Además, la responsable de la política interior publicó una foto junto a la titular de SFP y dijo que fue un “gusto” recibirla en las oficinas de la dependencia a su cargo.

Luego de revelarse la existencia del apartamento, la secretaria de Gobernación atribuyó el “error” a Fernando Martínez García, titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP.

Sin embargo, la propia Sandoval aclaró que el departamento de Texas no fue considerado debido a que forma parte del patrimonio del esposo de la funcionaria federal y los bienes de cónyuges no están contemplados dentro de las declaraciones patrimoniales, a menos que así lo desee la parte declarante.

Luego de la polémica que se generó por la omisión de una propiedad de la secretaria de Gobernación en su declaración patrimonial, la Secretaría de la Función Pública (SFP) defendió la forma en que se publican las declaraciones de los servidores públicos federales a través del sistema DeclaraNet.

La SFP indicó que cada servidor público es responsable del ingreso preciso de sus datos y de decidir hacer públicas o reservadas sus declaraciones.

“La plataforma DeclaraNet sólo hace públicos los datos del declarante. Si se opta por hacer pública la declaración patrimonial, el sistema no publica información del cónyuge, concubina o concubinario o dependientes económicos para proteger los datos personales de terceros”, aclaró la dependencia.

Señaló que una vez presentada la declaración patrimonial no se pueden hacer modificaciones directas a lo asentado en el formato. Sólo pueden hacerse las precisiones pertinentes a través de la opción de Nota Aclaratoria, la cual no es pública, a menos que el declarante lo solicite en la propia nota.

Finalmente indicó que si se solicita que se publiciten los datos de terceros, es indispensable manifestar que es de mutuo acuerdo y que haya una aceptación expresa del tercero involucrado.