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A través de un carta que leyó su hija Marian Moguel en las inmediaciones del penal de Santa Martha Acatitla, la exsecretaria federal Rosario Robles, emitió un posicionamiento respecto a la sanción que le fue impuesta por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Robles Berlanga indicó que se enteró a través de los medios de comunicación de la inhabilitación de 10 años antes de ser notificada oficialmente por la dependencia.

Lamentó que la SFP haya considerado una sanción de tal magnitud por un “préstamo sí declarado y una cuenta que ni siquiera tenía en el radar, porque jamás se utilizó”, pero le parezca que no hay problema que un funcionario del gabinete actual, Manuel Bartlett, no declarara propiedades por millones de pesos.

En la carta, recordó que tiene ya más de un mes, desde que el juez Delgadillo Padierna le declarara prisión preventiva por un delito no grave basándose en una licencia que se acreditó no es la suya.

“Han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme de rehén violando mi presunción de inocencia y el debido proceso. Nunca se tomó en cuenta que me presente voluntariamente al citatorio judicial aún cuando muchos amigos, amigas, y familiares me aconsejaron no lo hiciera por que seguramente se trataba de una “trampa”. Lo fue”, dijo Rosario Robles.

Señala que el proceso en su contra se trata de una confabulación en la que instituciones del estado han violentado la legalidad, pues dijo, no han podido demostrar que ella tenga un peso que no sea producto de su trabajo o que alguna autoridad la declare culpable de nada en el ámbito penal.

Cuestionó la actuación del juez que dijo, tiene un evidente conflicto de interés; enfatizó que jamás en los seis años de sui gestión como secretaria de estado la ASF presentó denuncias ni acusaciones en su contra.

Fue en ese punto donde se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “Exijo un juicio justo. En lugar de eso me enfrento a una ofensiva por parte de funcionarios de su gobierno. ¿Por qué esa saña? Yo misma he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar mi inocencia, pero al igual que todos los que hoy se defienden frente a estas falsas acusaciones, yo también tengo derecho a hacerlo en libertad”.

Cuestionó si no tiene el mismo derecho que una ciudadana francesa (en referencia a Florence Cassez) al debido proceso, o si tienen más derechos las personas vinculadas al caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 normalistas.

El equipo legal que representa a Rosario Robles indicó que la sanción dada a conocer ayer por la Secretaría de la Función Pública (SFP), confirma la persecución política a la que está siendo sometida la ex secretaria de Estado.

La defensa de la excolaboradora del sexenio pasado, señaló que sin mayor fundamento administrativo y legal, la dependencia federal resolvió inhabilitar por 10 años a Robles por la presunta omisión de declarar la existencia de una cuenta bancaria con $2,887.86 pesos en su declaración patrimonial.

Lamentaron que dicha sanción nazca de la omisión de una cuenta que “contrasta con verdaderas omisiones de funcionarios públicos que actualmente están en servicio y que escondieron fortunas por más de 800 millones de pesos en bienes inmuebles sin recibir sanción alguna”, lo que apunta al escándalo que en días recientes envolvió a Manuel Bartlett, director de CFE.

Los abogados indicaron que se demuestra que en el Gobierno Federal la justicia se pretende aplicar por consigna, con displicencia y parcialidad.

Acusaron que Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, miente al afirmar que la resolución fue una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues dijeron estar convencidos de que el Ejecutivo Federal sería incapaz de solicitar que se cometa en su nombre una “tropelía tan injusta y absurda”.

Relataron que la cuenta que desencadenó la sanción, no  es reconocida por Robles, que además no tuvo movimientos en toda su existencia y de la que su clienta jamás dispuso; enfatizaron que al tener la cuenta un saldo inferior a los 3 mil pesos, no contribuye en nada a “acabar con la corrupción y la impunidad” como señaló la SFP.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este miércoles sobre una sanción a Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la pasada administración.

La ex funcionaria fue notificada de la resolución que la inhabilita por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, como sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial.

“Con esta sanción se impulsa el principio de honradez que rige al servicio público, en busca de una nueva Ética Pública en el Gobierno de México, y se refrenda el compromiso de realizar acciones imparciales en el combate a la corrupción y a la impunidad”, indicó Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia.

El informe sobre Rosario Robles sirvió para que la SFP recordara que tiene más de 19 mil investigaciones en curso y ha sancionado a 2 mil 434 funcionarios, a quienes ha impuesto sanciones consistentes en 732 inhabilitaciones, 135 destituciones y 217 multas económicas por un monto de más de 4 mil 500 millones de pesos.

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, reiteró esta mañana durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que es falsa la información que se publicó en un reportaje que lo involucra en corrupción al presuntamente ocultar gran parte de su patrimonio.

“Tengo toda una vida en el servicio al gobierno mexicano. Tengo todo el patrimonio perfectamente definido en mis declaraciones y jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años. He manejado muchos recursos y todo está en declaraciones”, señaló.

Al respecto, agradeció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo investigue pues dijo, todo su patrimonio es transparente.

“Aprecio que la Función Pública inicie la investigación porque mis datos son correctos, el reportaje es falso. Se me atribuyen propiedades que no son mías”, expresó el funcionario.

Por su parte el presidente López Obrador agradeció a Bartlett su ayuda para limpiar de corrupción a la CFE y reiteró que los ataques en su contra provienen de los conservadores que ya no pueden saquear como lo hacían antes.

Dijo que los reportajes como el publicado en contra de Bartlett “tienen que ver con los grupos de intereses creados, que lucraron durante los 36 años de la política neoliberal (…). Es lógico que no les gusta a los conservadores porque se habían dedicado a robar a saquear, ese es el fondo de esta oposición”.

El mandatario reiteró que está muy contento con el trabajo que Bartlett ha hecho al frente de la Comisión, e incluso le agradeció sus esfuerzos para limpiar de corrupción a la CFE.

AMLO acusó que sus adversarios que se dedicaron a saquear al país, ahora están tratando de confundir para enrarecer el ambiente.

En medio de la polémica que han generado las declaraciones patrimoniales y de interés del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para presentar una denuncia contra el funcionario.

Y es que el pasado domingo, la senadora indicó a través de sus redes sociales, que si de verdad había un compromiso con la honestidad por parte del gobierno federal, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval debía solicitar la declaración patrimonial de Bartlett .

La titular de la SFP respondió asegurando que no existía denuncia alguna en contra de las declaraciones del director de CFE, por lo que la invitó a que si tenía información sobre irregularidades cometidas, era ella quien debería presentar la denuncia.

Gálvez Ruiz indicó que presentaría la denuncia este martes, hecho que quedó documentado en un video que compartió en sus redes sociales.

“Tal como se lo ofrecí a la Secretaria de la Función Pública estoy presentando una denuncia para que sean investigada la declaración patrimonial y de conflicto de interés  del director de la CFE”, señaló la legisladora.

Indicó que en la denuncia presentada, había una argumentación jurídica de porqué de acuerdo a la ley, Irma Erédira Sandoval pudo haber iniciado por oficio una investigación y las razones que llevaban a Manuel Bartlett a presentar en su declaración los bienes de esposa, concubina, pareja e hijos.

Tras entregar su denuncia en la oficialía de partes, la senadora indicó que en menos de 5 minutos pudo presentar el documento, por lo que dijo, es muy sencillo para quien quiera denunciar.

El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, sostuvo que presentará toda la documentación e información que las autoridades requieran, esto luego de que se confirmara que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación sobre su declaración patrimonial y su declaración de intereses.

A través de su cuenta de Twitter, Bartlett insistió en que es falsa la información que días atrás publicó el periodista Carlos Loret de Mola respecto a inmuebles que supuestamente son de su propiedad y que omitió de sus declaraciones.

El colaborador del presidente López Obrador recordó que su declaración patrimonial está en regla. En ese sentido, acusó, Loret de Mola y la reportera que firmó la nota “han montado un sainete en radio con mentiras y afirmaciones que rechazo categóricamente”. Calificó su trabajo como “periodismo venal”.

Y es que recordemos que la noche de ayer, la Secretaría de la Función Pública confirmó que abrió un expediente de investigación en torno a las declaraciones de Bartlett tras recibir una denuncia ciudadana anónima a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

La dependencia federal detalló que la denuncia será atendida “de forma rigurosa, imparcial y apegada a la legalidad”.

La Secretaría de la Función Pública informó este jueves que inició un expediente de investigación en torno a la declaración patrimonial y de intereses del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

“La apertura del expediente concuerda con la convicción de la secretaria (de la Función Pública, Irma Eréndira) Sandoval Ballesteros de -como ha sostenido previamente- no hacer un uso faccioso de la institución y que no se investiga por consigna, sino siempre en respeto a la legalidad”, indicó la dependencia en un comunicado publicado en su página de internet.

La dependencia indicó que recibió una denuncia ciudadana anónima a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

Este jueves la secretaria de la Función Pública informó que aumentó en 40 por ciento las denuncias de corrupción presentadas ante la dependencia en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se impusieron sanciones que buscan recuperar 5 mil millones de pesos.

Después de firmar un Convenio de Colaboración en la Cámara de Diputados, para que legisladores y servidores públicos puedan presentar en línea, a través del DeclaranetPlus y del Sistema de Entrega Recepción y Rendición de Cuentas, su declaración patrimonial y de intereses, la secretaria Irma Eréndira Sandoval hizo un balance previo al primer Informe de Gobierno y precisó que son 18 mil las investigaciones iniciadas por actos de corrupción.

Además señaló que las denuncias se han realizado por medio del portal electrónico, y que está en marcha un proyecto piloto de Protección y Estímulo a Informantes y Alertadores Internos de la Corrupción.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, informó este lunes que, de diciembre a julio, se han destituido a más de 100 funcionarios públicos tras diversas denuncias por actos de corrupción.

“Hemos inhabilitado, sobre todo a directores, jefes de altos mandos, directores generales y tratando de no afectar los derechos fundamentales de los funcionarios operativos y de base, pero evidentemente haciendo investigaciones muy cercanas, para que todos estén muy conscientes de que la Secretaría de la Función Pública hoy sí hace su trabajo”, dijo Sandoval durante la firma de un convenio de la Secretaría de la Función Pública con la Cámara de Diputados.

Apuntó que en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han incrementado en un 40 por ciento las denuncias por corrupción, con respecto al último año del sexenio anterior.

También indicó que la dependencia recibió ya 23 mil denuncias de la ciudadanía, de las que existen 18 mil investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción.

Luego de firmar el convenio “para impulsar la rendición de cuentas, la transparencia, honestidad y la ética” de los legisladores, la funcionaria federal expuso que llevan ya cerca de 2 mil sanciones impuestas a más de mil 400 servidores públicos, “y nos hemos concentrado, como nos ha instruido el señor Presidente, en barrer las escaleras de arriba para abajo”.

“Contamos con más de 100 destituciones, 183 sanciones económicas con carácter resarcitorio que ya suman 5 mil millones de pesos”, informó.

La funcionaria explicó que también cuentan con procedimientos de responsabilidades administrativas “en un número superior a los 7 mil procedimientos de asignaciones, que van desde inhabilitaciones hasta otro tipo de sanciones”. Además, dijo que ya se han resuelto muchas controversias .

La secretaria argumentó que el cúmulo de denuncias se debe a que se han ganado la confianza de los ciudadanos en muy pocos meses.

Grupo Vitalmex aclaró que el procedimiento administrativo impuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la empresa Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. no recae en ellos, pues no guardan ninguna relación con la sancionada.

“Rechazamos categóricamente que la empresa sancionada sea matriz, filial o subsidiaria de Grupo Vitalmex. De las estructuas corporativas y de capitales de las sociedades que integran Grupo Vitalmex, no existen ni se derivan vínculos o relaciones que pudieran ejercer un control directo o indirecto en la toma de decisiones de la empresa Aplicaciones Médicas Integrales S.A. de C.V.”, indicó el Grupo a través de un comunicado.

Señaló que Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. es una organización independiente con quien Grupo Vitalmex no comparte accionistas, representantes o equipo administrativo.

Y es que la tarde de ayer, se informó que la SFP prohibió a las dependencias de la actual administración, tanto federales como locales, celebrar contratos con la empresa Aplicaciones Médicas Integrales, la cual se dijo en su momento que era filial de Vitalmex.

La sanción impuesta a la empresa fue de un año y seis meses, aunque se aclaró que los contratos que tuvieran vigencia serían respetados.

Grupo Vitalmex reiteró su esfuerzo por fortalecer el sector salud en México a través de la prestación de servicios bajo los más altos principios de profesionalismo, ética y transparencia.

Este miércoles, la Secretaría de la Función Pública ordenó a las dependencias de la actual administración, no celebrar contratos con la empresa, Aplicaciones Médicas Integrales, compañía filial de Vitalmex, por un año y medio.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que los contratos que aún esten vigentes serán respetados.

Además detalló que la compañía sancionada, podrá volver a participar en acuerdos y licitaciones del la administración después del plazo establecido, siempre y cuando pague una multa impuesta por resolución de mérito.

La empresa bajo la titularidad de Jaime Cervantes Covarrubias había ganado la licitación LA-019GYN005-E73-2017 para proveer de anestesia durante tres años (2017 al 2019) al ISSSTE, a través de un contrato de 717 millones de pesos.

En la licitación, otorgada en octubre de 2017, planteaba que la empresa debía proporcionar equipo médico, accesorios e insumos de anestesia general para 53 unidades médicas de la Institución.

El proceso incluyó el Servicio Integral de Anestesia o de Dosificación de Gases, para la cual otras seis empresas habían presentado paquetes de licitación.

No obstante, la partida número 1 que se le otorgó a Aplicaciones Médicas Integrales fue la más grande, pues el resto de los paquetes implicaban contratos por 261 y 553 millones de pesos.

Aplicaciones Médicas Integrales ofertaba equipo médico y mobiliario, insumos, instrumental, personal médico y técnico, capacitación, y mantenimiento para hospitales tanto públicos como privados.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) negó los señalamientos hacia su titular, Irma Eréndira Sandoval, respecto a que se encuentra percibiendo un sueldo de 57 mil pesos como investigadora titular B de tiempo completo en la UNAM.

La dependencia indicó que Sandoval Ballesteros tiene a partir del 1 de diciembre de 2018 una licencia académica sin goce de sueldo en la institución académica.

“Son falsas las versiones de que estaría recibiendo un ingreso de la UNAM durante su actual encargo”, expuso.

Además, la SFP señaló que, de la lista de servidores públicos de apellidos Sandoval Ballesteros que aparecen en el Portal Nómina Transparente, sólo Pablo Amilcar es familiar de su titular, ostentando el cargo de Delegado de los Programas de Bienestar en Guerrero.

La aclaración fue compartida también por la Máxima Casa de Estudios a través de sus redes sociales, a lo que la funcionara respondió: “Gracias a la UNAM por la pertinente aclaración ante la andanada de mentiras en mi contra. La transparencia y el combate a la corrupción avanza en el país”.

Y es que en recientes días comenzaron a circular en redes sociales, diversas notas en que se acusaba a la funcionaria de recibir un sueldo, a la par del que percibe por sus funciones en la administración pública.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presentaron el programa de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.

El presidente indicó que con la intención de seguir limpiando de corrupción al gobierno, se necesita del apoyo de todos los ciudadanos, pues se requiere que no se quede sólo en la obligación que tienen los servidores públicos, sino que sean los ciudadanos quienes ayuden para desterrar el gran problema de México.

“No es simulación, como era antes, que se inventaban programas sólo para cubrir el expediente, sólo para fingir que se estaba combatiendo la corrupción cuando en realidad la corrupción estaba permitida, tolerada desde arriba. Entonces, esto es distinto”, dijo AMLO.

Señaló que para “sacudir, zarandear” a algunos servidores, es necesaria la participación de los ciudadanos; que les quede claro que ya no son los tiempos en que imperaba la corrupción en el país. Ahora, dijo, será la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno.

Por su parte, Sandoval Ballesteros dijo que el programa de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, tendrá disponible una plataforma para hacer las denuncias correspodientes: alertadores.funciónpública.gob.mx

Señaló que el programa busca garantizar la protección a los derechos de todo tipo, en especial los derechos laborales, pues explicó que normalmente quienes denunciaban actos de corrupción perdían su empleo.

El programa está basado en tres ejes:

  • Garantizar la confidencialidad. Explicó que no se busca fomentar el anonimato por sí mismo, aunque cuando se necesite el anonimato se podría considerar; sin embargo, lo que se pretende es confidencialidad en las denuncias.
  • El acompañamiento en cada una de las diligencias. La funcionaria indicó que habrá acompañamiento a los ciudadanos en cada una de las dependencias que están involucradas con la denuncia que se interpongan.
  • La sanción. Se busca garantizar que la denuncia no quede en “una botella lanzada al mar” con la esperanza de que se cumpla con la investigación, sino que se lleve a buen puerto la denuncia, y haya una  sanción.

Detalló que los actos que se pueden alertar y denunciar a través de la plataforma son actos graves de corrupción, aunque se está dando un énfasis especial al tema del hostigamiento y el acoso sexual.

Adelantó que a 12 días de haber presentado el proyecto en la Función Pública, ya se tienen 172 alertas.

José Manuel Carrera, exdirectivo de Pemex, fue sancionado este martes por la Secretaría de la Funsión Pública con 200 millones de dólares y 10 años de inhabilitación por un caso de corrupción.

A través de un comunicado, la SFP informó de las sanciones a Manuel Carrera, exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, y que también dirigió la filial PMI Comercio Internacional.

Según este departamento, el sancionado provocó daños al erario público al comprar en 2013 la planta Agronitrogenados por tres veces su valor de mercado y con maquinaria obsoleta que llevaba 14 años sin operarse. Esa información se ocultó y permitió que en 2016 se realizará una inversión en dicha planta por valor de 760 millones de dólares.

Todas las irregularidades tuvieron lugar cuando Emilio Lozoya era titular de Pemex, de 2012 a 2016, el mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto.

Al margen de las sanciones internas, la Fiscalía federal lleva meses investigando a varios altos cargos de la energética, empezando por Lozoya, y contra quien este año, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se emitieron varias órdenes de aprehensión.

Una de ellas está relacionada con los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó a numerosos funcionarios de varios países de América Latina para garantizarse contratos y otra es por una venta en 2015 de una planta de fertilizantes a Pemex a un precio inflado.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por dos años a Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V, empresa que, de acuerdo con el gobierno en turno, fue favorecida durante el sexenio anterior en la compra de medicamentos y material de curación.

En un comunicado, la dependencia detalló que la sanción también incluye una multa de 905 mil 880 pesos, por irregularidades en una contratación pública celebrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2017.

Según investigaciones de la SFP, Grupo Fármacos Especializados manifestó, bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes ofertados de un medicamento serían fabricados en México, “cuando en realidad una de las marcas que ofreció era de origen extranjero”.

No obstante, la dependencia aclaró que dicha sanción puede ser impugnada por la persona moral en ejercicio de sus derechos dentro de los términos legales correspondientes.

La Secretaría de la Función Pública informó esta tarde que abrió, en recientes días, tres expedientes de investigación por presuntos hechos de corrupción que se habrían venido realizando desde administraciones anteriores por parte de servidores públicos de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

El Órgano Interno de Control (OIC) en Notimex inició las investigaciones por presunto uso indebido de recursos públicos, probable conflicto de interés y posible tráfico de influencias, que habrían sido cometidos por servidores públicos de la agencia informativa.

“En apego a las facultades de investigación y autonomía de gestión que tienen los OICs, los expedientes fueron abiertos a partir de información publicada en distintos medios de comunicación”, informó la SFP.

Añadió que una vez concluida la etapa de rigurosa investigación, el OIC podrá determinar si es posible fincar responsabilidades en contra de los servidores públicos presuntamente involucrados, y será cundo la dependencia esté en posibilidades de dar a conocer los resultados obtenidos.

La dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval, indicó que dichas investigaciones se siguen en cumplimiento al compromiso del residente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de acabar con la corrupción y la impunidad, así como de transparentar la vida pública.

El anuncio se da, cuando se tiene contemplado que la nueva directora de Notimex, Sanjuana Martinez, acuda a la conferencia de prensa matutina del presidente , para responder sobre los despidos y ajustes que se han hecho en la agencia. Previamente López Obrador anunció que la funcionaria acudiría entre “jueves y viernes”.