El equipo legal que representa a Rosario Robles indicó que la sanción dada a conocer ayer por la Secretaría de la Función Pública (SFP), confirma la persecución política a la que está siendo sometida la ex secretaria de Estado.
La defensa de la excolaboradora del sexenio pasado, señaló que sin mayor fundamento administrativo y legal, la dependencia federal resolvió inhabilitar por 10 años a Robles por la presunta omisión de declarar la existencia de una cuenta bancaria con $2,887.86 pesos en su declaración patrimonial.
Lamentaron que dicha sanción nazca de la omisión de una cuenta que “contrasta con verdaderas omisiones de funcionarios públicos que actualmente están en servicio y que escondieron fortunas por más de 800 millones de pesos en bienes inmuebles sin recibir sanción alguna”, lo que apunta al escándalo que en días recientes envolvió a Manuel Bartlett, director de CFE.
Los abogados indicaron que se demuestra que en el Gobierno Federal la justicia se pretende aplicar por consigna, con displicencia y parcialidad.
Acusaron que Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, miente al afirmar que la resolución fue una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues dijeron estar convencidos de que el Ejecutivo Federal sería incapaz de solicitar que se cometa en su nombre una “tropelía tan injusta y absurda”.
Relataron que la cuenta que desencadenó la sanción, no es reconocida por Robles, que además no tuvo movimientos en toda su existencia y de la que su clienta jamás dispuso; enfatizaron que al tener la cuenta un saldo inferior a los 3 mil pesos, no contribuye en nada a “acabar con la corrupción y la impunidad” como señaló la SFP.
