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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes nuevas sanciones a dos de las farmacéuticas ligadas a Carlos Lomelí, exdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí.

La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP resolvió inhabilitaciones y multas a: Lomedic, S.A. de C.V. y Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V. (Abisalud).

Se detalló que Lomedic recibió una multa superior a un millón pesos, así como una inhabilitación por dos años y seis meses, debido a que proporcionó información falsa en diversos procedimientos de contratación convocados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por su parte, Abisalud fue sancionada por su participación en una licitación pública para adquirir medicamentos y material de curación convocada por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y en el que de igual manera proporcionó información falsa por lo que se le asignó una multa de un millón 51 mil 500 pesos y una inhabilitación por dos años y seis meses.

Según lo indicado por Carlos Lomelí, Abisalud no es una de sus empresas. Sin embargo, se ha detallado que la farmacéutica fue fundada por José Hiram Torres Salcedo, operador político y exsecretario particular de Lomelí.

Abisalud recibió en marzo pasado un nuevo contrato, de adjudicación directa, por más de 7 millones de pesos con el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, que depende de la Secretaría de Salud federal, por el servicio integral de dispensación de medicamentos y distribución de material de curación; en ese momento, la Secretaría de la Función Pública aseguró que, pese a que en ese momento estaba siendo investigada, la empresa podía seguir vendiendo a la administración federal.

En septiembre del año pasado, la SFP publicó  dos circulares por las que se comunicó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresa Lomedic, S.A. de C.V. y Laboratorios Solfrán, S.A, otra de las empresas de Lomelí, y la cual sí reconoce como suya.

La dependencia señaló que la sanción para ambas empresas, era una inhabilitación por un plazo de 2  años y 6 meses. Adicional, la circular hace mención de una multa impuesta a las empresas, cada una por más de un millón de pesos.

«Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público», dijo la SFP en ese momento, en referencia al exsuperdelegado.

Investigaciones periodísticas revelaron que las empresas, propiedad del exfuncionario federal, pretendía participar en la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de 2019 del gobierno federal; y aunque Lomelí Bolaños negó la información, la presión y polémica lo llevó a renunciar.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene un nuevo blanco en la mira. Investiga por «inconsistencias» en su patrimonio al actual coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

Según reporta el diario Reforma, la dependecia a cargo de Irma Eréndira Sandoval revisa la evolución patrimonial de Osorio y su familia; para ello analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia de recursos; busca cotejar si su patrimonio coincide con sus ingresos.

En respuesta, el también exsecretario de Gobernación presentó la semana un amparo para impugnar las conclusiones de la investigación, ya que indicó que la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y se involucró a su familia.

«La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto», dijo el senador en entrevista con Reforma.

De acuerdo a lo relatado por el diario, la indagatoria se habría iniciado en torno a un inmueble ubicado en Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

En mayo de 2014, Laura Vargas, esposa de Osorio Chong, dio aviso ante un notario en Hidalgo, de la compraventa del inmueble a través de un crédito hipotecario; sin embargo, la pareja indica que la operación se canceló y terminaron rentando la casa.

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentó una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el retraso en la publicación de la reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba indicó que la denuncia se presentó en contra de AMLO, del secretario de Salud y del titular del Insabi, y exigieron a la Secretaría de la Función Pública a investigar a los funcionarios por dichas fallas.

“Exigimos a la doctora Irma Eréndira Sandoval su urgente intervención para que se aplique la ley”, señaló la bancada panista.

Explicó que la denuncia se sustenta en que dichas omisiones vulneran los derechos de 60 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que están en serio riesgo frente a la pandemia de coronavirus.

“Debe obligárseles a trabajar en atender las necesidades del sistema de salud que hoy están en incertidumbre, expedirse los reglamentos, reglas claras para el uso de los fondos, clarificar los procedimientos para la entrega de recursos a las entidades federativas y ampliar la cobertura de enfermedades que provocan gastos catastróficos, de lo contrario habrá más sufrimiento y muertes”, dijo Ramírez Barba.

El diputado dijo que el Gobierno Federal actuó sin una planeación adecuada y hoy está rebasado, además de que lamentó que haya un desprecio hacia la población que se atendía en el Seguro Popular, “nula voluntad» de coordinación con los estados y una «franca ignorancia e incompetencia» en Juan Ferrer Aguilar, titular del Insabi.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que inhabilitó a la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por 24 y 27 meses respectivamente, para no realizar operaciones con ninguna entidad gubernamental.

Adicional, la dependencia indicó que se le impusieron a la empresa dos multas, que suman más de dos millones de pesos, por haber lucrado indebidamente con la emergencia sanitaria derivada del Covid-19.

Y es que el pasado 17 de abril, la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa un contrato para la compra de 20 ventiladores respiratorios, pese a que a la empresa no produce insumos médicos. Sin embargo, tras ser denunciada dicha adjudicación, se reveló que la contratación se sustentó en falsedades.

Entre las anomalías detectadas, se encontró que el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Además, se concluyó que la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación.

La SFP señaló que las investigaciones realizadas demostraron que la empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados, pues los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación.

Adicional, precisó que ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Confirmó que se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado, 11 estaban rotos y totalmente inservibles.

«Durante el viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos, inmorales y evidentes, como el icónico FOBAPROA, que mermó la riqueza de la nación por generaciones y que incluso hoy seguimos pagando. Hoy, en estricto apego a la legalidad y garantizando el debido proceso para todos los involucrados, el gobierno actúa y sanciona todas las infracciones cometidas, incluso sin que se hubiera consumado ningún daño al erario», precisó la SFP a través de un comunicado.

Además de las sanciones a Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., la dependencia informó que se investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición, por lo que se ordenó como medida cautelar la suspensión de cuatro servidores públicos investigados, adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que no se tolerará la corrupción ni se permitirá la impunidad o el influyentismo; recordó que en la actual administración «no hay intocables ni perseguidos”.

Finalmente, la Secretaría de la Función Pública indicó que desde el 27 de febrero, que se confirmó el primer caso positivo de Covid-19, a recibido 722 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades administrativas en instituciones sanitarias, y precisó que a lo largo de la pandemia se han supervisado más de dos mil procesos de contratación en el sector Salud, para asegurar que la emergencia no sea utilizada como «pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, que arroja información referente a la satisfacción con servicios públicos básicos y bajo demanda, así como las experiencias en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contactos con autoridades.

En las experiencias relacionadas con la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otros contactos con servidores públicos realizados personalmente, en 79.3% de los casos los usuarios manifestaron sentirse satisfechos en términos generales.

Durante 2019, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1% en 2017, a 87% en 2019.

Sin embargo, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2017, a 15,732 en 2019; al igual que la tasa de incidencia, la cual pasó de 25,541 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes en 2017 a 30,456 en 2019.

Por otro lado, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 25%.

El costo total en 2019 a consecuencia de la corrupción en la realización de trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con la autoridad fue de $12,770 millones, equivalente a $3,822 por persona afectada; el mayor costo provino de trámites educativos.

La información dada a conocer por el INEGI sirvió para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) asegurara que la percepción de confianza de la población en el Gobierno Federal se duplicó en 2019 con respecto a dos años antes.

«Este cambio es histórico», expresó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien destacó que de acuerdo con la encuesta, el Gobierno Federal es el más honesto de los tres órdenes de gobierno.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros celebró que los datos de la ENCIG «demostraran» que se logró duplicar la población que confía en el gobierno federal, pasando de 25.5% en 2017 a 51.2% en 2019.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, presentó este miércoles ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia contra León Manuel Bartlett Álvarez, Manuel Bartlett Díaz y Zoé Robledo Aburto por presunta utilización indebida de información privilegiada, conflicto de interés y tráfico de influencias.

En un comunicado, la bancada perredista informó que la denuncia fue presentada por el contrato que la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo asignó a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de Bartlett lvarez, por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios.

Lo anterior, debido a que cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19, y a raíz de que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, convalidó la adquisición.

Según la legisladora, León Manuel Bartlett lvarez, además de ser beneficiado con el contrato aludido, recibió de distintas dependencias del gobierno federal otros seis contratos, todos por adjudicación directa excepto uno. «El monto de recursos públicos implicados alcanza en total 162 millones 240 mil pesos».

Juárez Piña añadió que se vislumbra una utilización indebida de información privilegiada, actuación bajo conflicto de interés y tráfico de influencias, todas ellas infracciones graves contempladas por la ley.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que realiza una investigación por la compra de ventiladores pulmonares que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

La investigación se desprende de la investigación que presentó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la semana pasada, sobre que la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios para atender la pandemia por Covid 19.

Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos,  el precio más alto pagado por el gobierno federal desde que se declaró la emergencia sanitaria, de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por MCCI.

Tras la publicación del reportaje, Bartlett Álvarez dijo en la red social Twitter que el proceso de compra fue legal, transparente y cumpliendo con la normativa establecida, y  señaló que el Gobierno de la Ciudad de México compró ventiladores 72 por ciento más caros que los de él.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública informó que desde el día de la publicación del reportaje el órgano interno de control del IMSS abrió un expediente de investigación por la adquisición de ventiladores pulmonares por parte de la delegación del IMSS en el Estado de Hidalgo.

«Durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia secretaria (Irma Eréndira) Sandoval Ballesteros giró un oficio al Director General del instituto para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad», dijo la ependencia.

Afirmó que no sólo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción.

La SFP manifestó que para hacer más eficaz el gasto público, han puesto énfasis en las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, su transparencia y que se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.

«Durante la actual contingencia, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana», señaló la dependencia en un comunicado.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que su gobierno, a través de la Secretaría de la Función Pública, investigaría la asignación del contrato a la empresa de Bartlett Álvarez.

«Quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad».

La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que este viernes 1 de mayo inició el periodo para que las más de 1.6 millones de servidores públicos del Gobierno federal presenten su Declaración Patrimonial y de Intereses, tal y como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval señaló que “consolidar un modelo de transparencia democrática-expansiva y de verdadera rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales del gobierno de la Cuarta Transformación»

La funcionaria convocó a los servidores públicos a cumplir con su responsabilidad a la brevedad, no sólo por ser una obligación legal, sino con la finalidad de sumarse a la lucha para erradicar la corrupción y la impunidad.

Precisó que por primera vez, todas las personas servidoras públicas del gobierno federal, de todos los niveles que desempeñen un empleo, cargo o comisión deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses.

Con la entrada en vigor de la obligación establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Función Pública pasará de recibir 350 mil declaraciones a más de 1 millón 600 mil, lo que representa un aumento de 457% con respecto al año anterior, de los cuales más de 1.2 millones, con el nivel de enlaces y operativos, la presentarán por primera ocasión.

Recordó que el plazo para cumplir con la presentación de declaraciones se extiende hasta julio de 2020; sin embargo, Sandoval Ballesteros exhortó a los integrantes del Gabinete legal y ampliado del Gobierno federal a hacer su declaración de situación patrimonial y de intereses en el mes de mayo.

El ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que será investigada y en su caso sancionada, la filtración de una lista de personas, entre las que figura la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que se realizaron la prueba del Covid-19 y que resultaron positivos.

Ayer, Ciro Gómez Leyva difundió un documento en el que aparecía que la funcionaria federal fue sometida a la prueba en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el pasado 20 de abril bajo el número de folio 93790637939013.

Junto a ella, aparecen los nombres de otras personas, de las cuales no se tiene certeza si forman parte del círculo cercano a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

«Esta foto y esta información, por cierto, en particular la información que se filtró, representan una grave violación a la ética del servicio público y estamos investigando quién filtró la tabla de los datos de las personas involucradas con sus nombres, y eso es una grave violación que sin duda cuando investigamos quién fue quién filtró tendrá una sanción muy importante», advirtió López-Gatell.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario detalló que de acuerdo con el análisis de contactos, se descartó que familiares y amigos de Irma Eréndira Sandoval estén infectados.

Aunque el funcionario federal especificó que este estudio aún no concluye entre sus colegas, todo parece indicar que no hay riesgo para ellos.

“La secretaria está en perfectas condiciones, tuvo Covid-19 leve y se aplicó el protocolo normal que se hace en todas las personas y contactos, todos están bien y no están infectados», aclaró el subsecretario de Salud.

Recordemos que ayer, en una tarjeta informativa, la SFP expuso que Irma Eréndira Sandoval resultó positiva a la prueba del coronavirus; sin embargo, se destacó que su salud es buena y que está aislada para prevenir contagios.

La empresa Abisalud, que el exdelegado Carlos Lomelí Bolaños no reconoce como suya, recibió en marzo pasado un nuevo contrato, de adjudicación directa, por más de 7 millones de pesos.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) asegura que, pese a estar investigada, la empresa puede seguir vendiendo a la administración federal.

Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) recibió un contrato por adjudicación directa con el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, que depende de la Secretaría de Salud federal, y es para el servicio integral de dispensación de medicamentos y distribución de material de curación.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien publicó el año pasado que el entonces funcionario de la Secretaría de Bienestar era el centro de una red farmacéutica conformada por al menos nueve empresas, una de ellas Abisalud, que de 2013 a 2019, recibió al menos 150 contratos públicos por 2 mil 188 millones de pesos.

Aunque Lomelí negó cualquier relación con Abisalud, MCCI mostró que el exsuperdelegado contó con autorización en Banorte para retirar fondos de la cuenta bancaria de esa farmacéutica, según documentos contenidos en un expediente judicial donde la empresa es acusada de fraude al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

En julio del año pasado la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que existían siete investigaciones en contra de Lomelí, quien renunció a su cargo casi dos meses después de darse a conocer las investigaciones en su contra.

Con respecto al nuevo contrato, Raymundo Alva, director general de comunicación social de la SFP, dijo que en tanto hay procesos en curso, no pueden dar más información sobre si existe una investigación contra Abisalud;  más tarde Rodolfo Hernández, director de información de la dependencia, informó vía telefónica que mientras no exista una sanción en firme (como no ha ocurrido) la compañía puede seguir recibiendo contratos y participando en licitaciones públicas.

Consultar completa la investigación en MCCI

Tal como lo había advertido, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca apretar más el cinturón al gobierno, con el fin de obtener mayores recursos para enfrentar la crisis que está ocasionando la pandemia del Covid-19 en el país.

De acuerdo a un oficio emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), con fecha del 8 de abril, por instrucciones del presidente se ordena a las dependencias de gobierno hacer un recorte de al menos 50% al gasto asignado a los servicios generales y gastos de operación.

En el documento que se giró a los integrantes del gabinete legal y ampliado, la SFP refiere que las áreas de administración y finanzas no deberán realizar pagos por conceptos «no contratados», ni comprometan recursos adicionales, argumentando la «situación excepcional» por la que atraviesa el país.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, señala que dicha instrucción se da de acuerdo con la política de Austeridad Republicana y de conformidad con las fracciones I, II y III del artículo 7 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

El oficio señala que para lograr la reducción de gasto, se toma en cuenta que el gobierno ha reducido la ocupación de oficinas y el uso de insumos,.

Sandoval Ballesteros enfatizó que en caso de que no se atienda la instrucción, se estaría incurriendo en una falta administrativa sancionable por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval aplaudió el decreto emitido por el ´presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mediante el cual se eliminan fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que, a más tardar el 15 de abril, se reintegren a la Tesorería de la Federación todos los recursos públicos federales que formen parte de ellos y se destinen a hacer frente a la contingencia sanitaria.

Sandoval Ballesteros consideró que con la extinción de los fideicomisos se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción que prevaleció en gobiernos anteriores.

Expresó su compromiso por la correcta aplicación de la medida y anunció que los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal asegurarán que dichos instrumentos se extingan y los recursos con los que cuenten sean correctamente transferidos.

Y es que el decreto publicado por el Presidente establece que la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaboren en la aplicación de la medida.

Recordó que desde la publicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, ambas dependencias iniciaron un estudio de los fideicomisos públicos federales, su normatividad, estructura, patrimonio, objeto, eficiencia y eficacia.

«La secretaria de la Función Pública espera que esta histórica acción del Presidente de la República sea emulada por las entidades federativas, por los órganos autónomos y por el Poder Judicial de la Federación», indicó la dependencia a través de un comunicado.

La Secretaria de la Función Pública (SFP) emitió los lineamientos para el manejo de los recursos humanos, es decir, los trabajadores, que como medida de prevención ante la transmisión del coronavirus Covid-19, se aplicarán en el gobierno federal.

Con la publicación se cumplen las facultades de la Función Pública de organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de la Administración Pública Federal (APF) y de emitir las normas para que los recursos humanos sean gestionados con los criterios de eficacia, legalidad y eficiencia.

El acuerdo a lo estipulado, las instituciones de la APF pueden permitir el trabajo en casa para las y los servidores públicos en mayor riesgo, como son los mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas.

Se señala que el periodo de implementación de dichas medidas será del 23 de marzo al 17 de abril de 2020.

Asimismo, se permiten los días de trabajo alternados para las y los servidores públicos con hijos o hijas menores de 12 años y horarios escalonados de lunes a viernes, considerando ocho horas efectivas diarias de jornada de trabajo.

Adicional, se determina que en el caso de incapacidades y de la justificación de inasistencias por síntomas de enfermedades respiratorias, se podrán aceptar las constancias electrónicas emitidas por las instancias de Seguridad Social.

La SFP aclaró que los criterios no implican la autorización de vacaciones, viáticos, pasajes u otro tipo de erogación adicional; y para su aplicación las personas servidoras públicas deberán observar los principios y valores de «honestidad, cautela, respeto, responsabilidad y proporcionalidad»:

Se señaló que es imperativo asegurar el correcto cumplimiento de programas y objetivos institucionales, así como la prestación de bienes y servicios públicos indispensables para la ciudadanía, por lo que las entidades de la APF deberán continuar con su operación.

Los lineamientos son obligatorios para las dependencias de la APF, los órganos desconcentrados, los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Oficina de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y las entidades paraestatales.

Será la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas los responsables de la aplicación de los criterios y tomarán las medidas necesarias para su implementación.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) realizará una investigación para sancionar a los servidores públicos federales que, saltándose los protocolos, permitieron que la menor Fátima se encontrara en una situación de vulnerabilidad.

Así lo informó la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, quien indicó que, además, se llevará a cabo un análisis del desempeño de la autoridad educativa en este caso, a fin de deslindar responsabilidades a la brevedad.

Al firmar un convenio de colaboración con la CNDH con el fin de erradicar la corrupción, la funcionaria aseguró que ha llegado la hora de abordar seriamente el problema de la responsabilidad del Estado ante los derechos humanos. «Se dice con frecuencia que la corrupción mata y en efecto así lo hace, porque la corrupción si se entiende como corrupción estructural es en esencia un abuso de poder», dijo.

Sandoval Ballesteros expuso que en el centro de cualquier lucha anticorrupción tienen que estar las víctimas, ya que la corrupción perjudica a personas, comunidades y a toda la sociedad en su conjunto, pero se ensaña especialmente con los grupos históricamente más vulnerables.

Recordó que la corrupción genera desigualdad social, preserva y aumenta la pobreza, reduce la calidad de los servicios públicos, impide la impartición de justicia, fomenta la violencia y el crimen.

«La corrupción, en todas sus formas, es un obstáculo al desarrollo: ya sea por la mala administración de los recursos públicos o por la falta de cumplimiento de la ley. Se traduce en persecución de activistas y periodistas, feminicidios y desapariciones sin respuesta», agregó.

La secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, informó que después de realizar siete auditorías a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) se encontraron 22 observaciones, de las cuales 16 ya fueron solventadas y seis no, estas últimas referentes al fideicomiso Fodepar.

«Las irregularidades en la documentación entregada por parte de Conade tienen un potencial daño patrimonial por más de 14 millones de pesos», refirió la funcionaria federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que las seis observaciones que la Conade no ha podido solventar se refieren a diferentes hechos como la detección de miembros de la Comisión Deportiva que no cumplían con los requisitos para ocupar los puestos, por lo que fueron separados de los cargos.

«Celebramos que la CONADE ya haya tomado medidas para separar de su cargo a los 8 miembros que no cumplían con el perfil. Hoy tienen ya una comisión que cumple cabalmente con lo señalado por la ley», dijo Sandoval.

Añadió que se observaron pagos indebidos a entrenadores por poco más de 71 mil pesos, los cuales ya fueron reintegrados a la Conade.

También se detectó a 21 entrenadores de alto rendimiento que no contaban con la experiencia para el perfil, de acuerdo con lo expuesto por la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Otras de las observaciones fueron el uso indebido de instalaciones por parte de cuatro entrenadores y daño patrimonial de 33 mil pesos, así como irregularidades en la comprobación en los apoyos a deportistas y en la comprobación de gastos en eventos.

Precisó que hay irregularidades serias en la documentación entregada para comprobar gastos ejercidos para eventos y adquisición de materiales, por parte de las Asociaciones Deportivas Nacionales, mejor conocidas como Federaciones.

La secretaria comentó que aún no se encuentra en condiciones de presentar alguna denuncia procesal contra algún funcionario y tampoco determinar si la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, podría ser sancionada o no debido a las observaciones.

«Esta es la primera vez que se fiscaliza con tanto detalle el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento», remató la titular de la SFP.

Un total de 10 entidades, entre ellas el IMSS, el ISSTE y la SEP, son las que acumulan más denuncias por posibles actos de corrupción de servidores públicos que investiga la Secretaria de la Función Pública (SFP) de las 34 mil que ha recibido la institución.

Así lo dio a conocer la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se explicó que, de entre las 10 entidades, las del sector salud son las que concentran más denuncias.

Además de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), también se indagan acusaciones contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Policía Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sandoval Ballesteros refirió que las denuncias se concentran en el área de salud, por lo que es tan relevante todo el trabajo que el presidente encabeza junto con los secretarios y subsecretarios de Salud, en todas las dependencias que tienen interacción cotidiana con la ciudadanía.

La funcionaria federal también explicó que incluso en una sola institución de salud se detectaron presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 millones de pesos, aunque no reveló el nombre.

Lo que si dijo es que se indaga un daño patrimonial que asciende a 7 mil 800 millones de pesos que se habría cometido mediante el desaparecido Seguro Popular.

Detalló que se investiga del periodo de 2007 a 2016, es decir del segundo año de la presidencia de Felipe Calderón hasta su conclusión y del inicio de Enrique Peña Nieto hasta su cuarto año de gobierno.

“Estamos investigando durante el periodo de 2007 a 2016 más de siete mil 800 millones de pesos no comprobados y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular. Aquí ya estamos trabajando con los Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud y del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) para preparar las denuncias penales por el daño patrimonial tan fuerte», afirmó Sandoval.

La titular de la SFP destacó que también se indaga que en 2018 se utilizaron indebidamente más de 6 mil 200 millones de pesos en unidades médicas “no acreditadas» dentro de la figura jurídica del Seguro Popular.

Por el momento la dependencia federal detalló que a la par que se realiza la investigación administrativa también se hace el proceso judicial. Además dijo que 5 empresas farmacéuticas están bajo investigación por violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ese sentido dijo que se han sancionado a 60 empresas en el sector salud de las cuales destaca el caso de Grupos Fármacos Especializados, a quienes multaron con 905 mil 880 pesos e inhabilitación por 2 años.

Finalmente dijo, hasta ahora se han recibido 102 denuncias contra Delegados y ex delegados de Bienestar.