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La Secretaría de la Función Pública (SFP) otorgó una suspensión definitiva a la inhabilitación que había impuesto con anterioridad a la empresa farmacéutica Laboratorios PiSA, por un periodo de 30 meses.

«Se decreta la suspensión definitiva de la ejecución de la inhabilitación de treinta meses para participar en algún procedimiento de contratación, toda vez que se actualiza la apariencia del buen derecho y se atiende al interés social y al orden público», publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la SFP.

En la circular emitida, la dependencia señaló que únicamente se «paralizaba temporalmente» la ejecución de dicho acto, sin que ello implique que con la suspensión de mérito se impida a la autoridad demandada hacer efectiva su sanción, en caso de que la sentencia definitiva no sea favorable a la accionante.

Recordemos que el 21 de octubre del año pasado se dio a conocer la sanción a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Laboratorios Pisa con una inhabilitación de 30 meses y una multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una, por proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

Y aunque fue la propia SFP quien emitió la circular en la que emitió la suspensión, en una nota informativa aclaró que dicho acto deriva de una resolución de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

Advirtió que a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos, continuarán defendiendo la legalidad de la sanción impuesta a la empresa farmacéutica.

«De ningún modo la medida cautelar otorgada por el Tribunal significa que se haya resuelto el fondo del asunto y, por ende, que se haya declarado nula la resolución por la que se inhabilitó y sancionó a la empresa», dijo la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que tras la denuncia que presentó, un juez de control vinculó a proceso a tres personas por su presunta responsabilidad en el robo del expediente del caso conocido como la “Casa Blanca” de los archivos de la dependencia.

Fue en 2019 cuando la SFP presentó una denuncia penal por la sustracción del expediente sobre el posible conflicto de interés del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con Grupo Higa.

Durante la entrega recepción con el cambio de administración, ex funcionarios señalaron que previo a dicho proceso, se habría sustituido el expediente original por una copia de la versión pública, que presuntamente omitía diversas evidencias de la investigación.

La SFP, ya con Irma Eréndira Sandoval al frente, alertó que el expediente de la llamada “Casa Blanca” no fue archivado de conformidad con la ley, por lo que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el posible delito de ejercicio ilícito de servicio público por tres personas que ocuparon los cargos de Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de Director General de Denuncias e Investigaciones y de Director General Adjunto de Investigaciones, a finales de la anterior administración.

Sandoval Ballesteros indicó que la vinculación a proceso de los tres exfuncionarios es un paso más para erradicar la impunidad y garantizar una administración honesta, legal y ética.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre sanciones de inhabilitación y multas resarcitorias por casi 86 millones de pesos en conjunto a dos ex servidores públicos y uno más en funciones, a quien se destituyó, del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los tres funcionarios fueron señalados de omisión y deficiencia en su desempeño, lo cual llevó a que no se pudieran cobrar créditos fiscales, ocasionando daños al erario público.

En ese sentido, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que se trabaja de manera conjunta y coordinada con el SAT para prevenir y castigar ineficiencias y posibles actos de corrupción en los que pudieran estar involucrados funcionarios públicos.

La dependencia informó que tras una cuidadosa investigación y procedimientos responsabilidades, el Órgano Interno de Control (OIC) en el SAT sancionó con inhabilitación por 10 años y multa total por 56 millones 938 mil 364 pesos a un Subadministrador Local Jurídico, quien también fue destituido, y a una ex Jefa de Departamento de lo Contencioso, adscritos a la ahora Administración Desconcentrada Jurídica de Zapopan, Jalisco.

Al dar seguimiento a una denuncia presentada por la Administración Central de Impuestos Internos del SAT, el OIC determinó que luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la deuda de una persona física, los funcionarios no realizaron las gestiones necesarias para emitir un crédito fiscal, lo que resultó en daño al erario al no poderse recuperar el monto millonario equivalente a la multa impuesta.

En otro caso, luego de una denuncia presentada por la Administración General de Evaluación del SAT, el OIC en el organismo sancionó con inhabilitación por 10 años y multa económica por 28 millones 774 mil 125.18 pesos a un ex Abogado Tributario adscrito a la ahora Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua. Se determinó que, faltando a sus responsabilidades, el exfuncionario público realizó una indebida notificación a una empresa, lo que ocasionó que ya no se le pudiera cobrar un crédito fiscal por la cantidad señalada.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este jueves de tres inhabilitaciones en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por seis meses a dos servidores públicos y a un exfuncionario, quienes incurrieron en irregularidades en el ejercicio y comprobación de recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) en el ejercicio 2019.

«Las tres sanciones derivan de las auditorías que realizamos entre 2019 y 2020, a raíz de denuncias ciudadanas y de la instrucción que nos dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar a detalle el ejercicio de dichos recursos», indicó la dependencia.

La SFP indicó que cada sanción es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidad administrativa, además de que se impusieron considerando la reincidencia y el nivel jerárquico de los funcionarios.

Las sanciones son para Israel Benítez, quien en agosto pasado recibió la sanción de destitución por la Función Pública, ya que omitió supervisar la correcta comprobación de los gastos para los deportistas de alto rendimiento, incumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades

La segunda persona sancionada es Arturo Contreras, exdirector de Alto Rendimiento quien en julio pasado había sido suspendido indefinidamente por las irregularidades encontradas en una auditoria, en donde fue señalado en cinco de las seis observaciones detectadas en el desvío de 50.8 millones de pesos del Fondo. Se determinó que ahora autorizó de forma irregular la liberación de recursos públicos del Fodepar, destinados a cubrir las necesidades de los atletas.

Finalmente, Tania Ibeth Sierra González, jefa del Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria fu sancionada por aprobar y autorizar de manera indebida el reintegro al Fodepar, con documentación incompleta y que no cumplía con las disposiciones oficiales

La dependencia recordó que a la fecha, en la presente administración, la Función Pública ha sancionado a una decena de servidores públicos de la Conade.

Detalló que de las investigaciones realizadas por el OIC en la Conade se desprenden también presuntas faltas tipificadas como graves relacionadas con la entrega indebida de recursos, por tal motivo el expediente del caso ya fue enviado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que corresponderá en su caso sancionar, conforme a la legislación vigente.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aseguró que la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, es muestra de que el gobierno federal se encuentra en una tendencia de mejora en uno de sus principales objetivos, acabar con la corrupción.

Sandoval Ballesteros aplaudió que, por segundo año consecutivo, México avanzó en el IPC dos puntos más que en la edición anterior, obteniendo 31 puntos de 100 posibles. Dijo que desde la edición 2019 el actual gobierno ya había detenido la caída que registraba en dicho ranking.

«México ha acumulado, en tan solo dos años de nuestro gobierno, tres puntos de mejora y ha avanzado 14 posiciones en el IPC, lo que contrasta con la caída de seis puntos y 33 lugares que lamentablemente se registró entre los años 2012 y 2018», señaló la dependencia en un comunicado.

La SFP enlistó algunas acciones se concretaron en 2020, tales como la aplicación de los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses, o bien que en el marco de la contingencia sanitaria por la Covid-19, instruyó a que se focalizara la vigilancia de las compras públicas y recepción de denuncias.

Resaltó que se emprendieron acciones para acabar con la impunidad, al emitir sanciones a exfuncionarios del más alto nivel, entre las que destacan un extitular de la Comisión Reguladora de Energía y una exsecretaria de Cultura.

Finalmente, la Función Pública dijo que los resultados de Transparencia Internacional coincidían con otros estudios como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la que aseguró que se confirma que el actual gobierno federal «ha logrado constituirse como el más honesto en la historia de México», y ha duplicado la población que confía en él y en las políticas anticorrupción de la Función Pública, pasando de 25.5% en 2017 a 51.2% en 2019.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este martes que tras un «exhaustivo» procedimiento de responsabilidades se determinó imponer una inhabilitación por un periodo de 10 años, al exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo Cervantes.

La inhabilitación impedirá que Catillo Cervantes desempeñe empleos, cargos o comisiones en el servicio público,

Al indicar que la dependencia tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, Irma Eréndira Sandoval señaló que se detectaron omisiones del exfuncionario en sus declaraciones patrimoniales presentadas.

Se indicó que la sanción, que le fue notificada a Castillo Cervantes, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fungió como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Por ello, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

«Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial».

La SFP aseguró que durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia del extitular de la Conade, y garantizó su derecho de audiencia.

La dependencia indicó que actualmente da seguimiento a 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa, de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

Este lunes se filtró la solicitud que la Secretaría de la Función Pública (SFP) hiciera al Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de investigar una denuncia recibida el pasado 6 de diciembre, en el que se alerta sobre una “vacunación clandestina” contra el Covid-19, entre el personal de la cancillería.

De acuerdo con un oficio con fecha del 18 de diciembre de 2020, la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la SFP informa que recibió una denuncia en la que se señala a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, y a Javier Jileta, ex director general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, de dar acceso a la vacuna contra el Covid-19 de la empresa china CanSino Biologics, a funcionarios de la dependencia.

La denuncia refiere que la vacunación clandestina se ha realizado desde mediados de noviembre pasado a personal de la SRE, bajo la figura de «voluntario del ensayo clínico», mismo que se realiza en nuestro país.

Se detalla que la vacunación se ha llevado a cabo en las oficinas de la empresa Epic Research, ubicada en la colonia Ciudad Jardín, y quien es la responsable del proyecto de la firma china en México.

“Además, señalan que Martha Delgado, subsecretaria en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Javier Jileta han incurrido en cohecho, utilización indebida de información, abuso de funciones, etc. Al dar acceso a vacunas (no placebo) no autorizadas por Cofepris a diversos funcionarios dentro de la administración pública y convertir ese predio en centro de vacunación no autorizado», se lee en el oficio girado por el subsecretario Roberto Salcedo.

Se indica que al ser un asunto en el que se presumen faltas administrativas de servidores, se notificó de la denuncia al titular del OIC, Octavio Díaz García de León, para que proceda a investigar los hechos expuestos en la denuncia.

Al respecto, la subsecretaria Martha Delgado, al igual que la propia cancillería, emitieron un posicionamiento, en el que rechazaron las acusaciones, y recordaron que el papel de la SRE ha estado enfocado en la obtención de vacunas, así como en facilitar la realización de estudios clínicos fase III de diversas farmacéuticas en nuestro país.

«Es importante reiterar que una vez que las vacunas tocan suelo mexicano, la Cancillería no tiene injerencia alguna sobre el manejo de las mismas», aclara la dependencia.

Relatan que como parte de los estudios clínicos fase III que realiza CanSino Biologics en México, desde principios de noviembre pasado se lanzó una campaña para reclutar a 15,000 voluntarios, a fin de probar la vacuna. Precisaron que la convocatoria fue pública, por lo que empleados de distintas dependencias de la administración pública federal, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, se inscribieron en los ensayos.

La dependencia recordó que el propio canciller utilizó sus redes sociales para compartir los datos de los centros de inscripción para el ensayo clínico.

La subsecretaria Delgado solicitó se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer las acusaciones en su contra, además de que pidió transparentar el manejo de las vacunas de CanSino Bio que se utilizan para la realización de la Fase III en México,

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que en lo que va de noviembre ha sancionado a nueve empresas contratistas del sector Salud con inhabilitaciones de más de tres años y multas económicas por un monto global de 18 millones 527 mil 670 pesos.

Las acciones contra las empresas del sector salud son resultado de investigaciones donde se comprobó que se falseó información o bien se constató el incumplimiento de contratos.

“Estamos poniendo un alto al abuso de contratistas y proveedores que abusaron de los recursos públicos durante el régimen neoliberal, cuando la salud se veía como un negocio y no como un derecho humano fundamental”, afirmó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

“La Función Pública se ha propuesto romper esa alianza que se dio entre contratistas y proveedores con servidores públicos para abusar del sistema de Salud”, añadió la colaboradora del gobierno de la 4T.

Las empresas sancionadas son Multicorporación Brexot, Cohmedic, Degasa, Insumos Médicos Geva, Kingsmac, Dibiter, Med Prime, Grupo Constructor Vadonne y Clayton de México, proveedores de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Detalló los casos de cada empresa: Multicorporación Brexot, inhabilitada por 45 meses y multada con 1 millón 954 mil 800 pesos incumplió con la entrega completa, en el lugar pactado y en los plazos estipulados, de 250 ventiladores mecánicos, por lo que el ISSSTE tuvo que erogar gastos extras, lo que provocó un daño al erario. El corporativo Cohmedic, inhabilitado por 45 meses y multado con 1 millón 901 mil 25 pesos incumplió con la entrega total de 490 mil pares de botas quirúrgicas, lo que afectó gravemente la atención a los derechohabientes durante la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa México.

La empresa Degasa recibió una doble sanción por el incumplimiento de dos contratos celebrados con el ISSSTE para la entrega de distintos envases; por cada uno se le aplicó una inhabilitación de 45 meses y una multa por 1 millón 901 mil 25 pesos, que en conjunto asciende a 3 millones 803 mil pesos. En el caso de Insumos Médicos Geva, la sanción aplicada consiste en 45 meses de inhabilitación y multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir la entrega al ISSSTE de más de 6 mil equipos médico.

La empresa Kingsmac no entregó al ISSSTE 135 mil piezas de Mascarilla N95 Certificación Niosh, por lo que fue objeto de una inhabilitación de 45 meses y una sanción económica por 1 millón 954 mil 800 pesos.

A Dibiter se le impuso una inhabilitación por un término de dos años y una multa por 538 mil 656 pesos por incumplir contratos con el IMSS y el ISSSTE, mientras que Med Prime fue sancionada con dos multas por un monto total de 2 millones 673 mil 264 pesos y 2 inhabilitaciones por tres años cada una por haber presentado información falsa durante procesos de adjudicaciones.

Finalmente, la empresa Grupo Constructor Vadonne fue sancionada con una inhabilitación por 45 meses, y con multa por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir un contrato al realizar obras de remodelación fuera de especificación y defectuosas en el Hospital de Alta Especialidad “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, mientras que Clayton de México fue inhabilitada por 45 meses y una multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos al incumplir un contrato con el ISSSTE para la instalación y puesta en operación de 30 generadores de vapor para diferentes unidades médicas a nivel nacional.

“Sancionamos ya a quienes, individualmente o en grupo, habían monopolizado los servicios y la venta de insumos médicos y medicamentos a nuestros sistemas públicos de salud, y ahora estamos haciendo justicia administrativa y poniendo un alto a contratistas, proveedores y empresarios que se resisten a aceptar que esto ya cambió”, remató la titular de la Función Pública.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, anunció una sanción de 10 años de inhabilitación al extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, al acreditarse que incurrió en conflicto de interés durante su desempeño al frente de la Comisión.

«Para la Función Pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada Reforma Energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos», indicó la dependencia en un comunicaco.

Explicaron que la sanción al titular de la CRE es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo.

Precisó que al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos. Esta disposición, desde luego, aplicaba para todas las personas que se desempeñaban en la Administración Pública Federal, incluidos los órganos reguladores de energía.

La SFP indicó que a lo largo de todo el procedimiento, García Alcocer tuvo derecho a una defensa adecuada, al tener la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.

En línea con el discurso que ha sostenido el presidente López Obrador, Sandoval Ballesteros aseguró que en el periodo neoliberal, instituciones como la CRE fueron usadas para privatizar las industrias del sector y debilitar a las empresas públicas, lo que puso en riesgo la soberanía energética de la nación.

Recordemos que durante sus primeros meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que existía un probable conflicto de intereses con García Alcocer, debido a que algunos de sus familiares trabajaban en el sector energético.

El 18 de febrero de 2019, Irma Eréndira Sandoval expuso que García Alcocer había reconocido un probable conflicto de intereses respecto a su cuñado Mario Barreiro y un primo-hermano de su esposa Santiago García, quienes trabajan para dos empresas: Eólica Vestas y  Santa Fe Natural Gas, respectivamente, esta última filial de Fermaca, empresa permisionada de la CRE.

Se informó que tras una revisión, se encontró un permiso para transporte de gas natural otorgado a Fermaca, vinculada al entonces titular de la CRE. El 3 de junio de 2019, Guillermo García Alcocer presentó su renuncia.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó este lunes a María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Además de la inhabilitación, se le impuso una multa millonaria, por irregularidades en un proyecto museístico, informó la dependencia en un comunicado.

García Cepeda estuvo en el cargo desde enero de 2017 hasta noviembre de 2018, periodo en el que otorgó recursos al proyecto «Museo de Museos» que nunca se concretó, por lo que estará inhabilitada 10 años y tendrá que pagar una multa de cerca de 20 millones de pesos.

Como ella, dos funcionarios: el exoficial mayor y la exdirectora general de administración de la dicha dependencia, recibirán la misma sanción.

De acuerdo al comunicado, el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Cultura determinó que los exservidores públicos sancionados «incumplieron con sus responsabilidades al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del proyecto ‘Museo de Museos’, sin tener la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)».

Informaron que nunca se concretó la realización del museo a pesar de la entrega de dos donativos sin considerar las normas aplicables, uno de 50 millones de pesos en marzo de 2017, y otro de 9.3 millones en julio de 2018.

El procedimiento sancionatorio inició después de que en una reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional en noviembre de 2018, el OIC percibió posibles irregularidades en el otorgamiento de los donativos.

La extitular de la Secretaría de Cultura es la segunda secretaria de Estado de la administración de Peña Nieto en ser sancionada por la actual Función Pública: la primera fue la extitular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles quien fue inhabilitada en septiembre de 2019 por un periodo de 10 años por falta de veracidad en su declaración patrimonial.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspendió este martes la sanción que el gobierno federal había impuesto a la revista Nexos, por supuestamente incurrir en el uso de «información falsa».

El tribunal otorgó medidas cautelares a Nexos para protegerla de una multa de casi 1 millón de pesos, y de la inhabilitación con la que el gobierno le impedía participar en contratos públicos por dos años.

«La suspensión de las sanciones habilita nuevamente a Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura para celebrar contratos con dependencias que utilizan recursos federales. Se suspende también, provisionalmente, la multa», informó la revista a través de un comunicado.

Adicional, la Secretaría de la Función Pública debe retirar a Nexos de su portal de proveedores inhabilitados.

Recordemos que la sanción que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) se trató de un procedimiento administrativo iniciado en 2018 contra la revista fundada en 1978, cuyo director es el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, crítico del presidente López Obrador.

La SFP acusó al medio de proporcionar información falsa para lograr un contrato por adjudicación directa en la campaña institucional del Instituto Mexicano para el Seguro Social (IMSS) para promover la salud pública del país llamada «Chécate-mídete-muévete».

Y aunque la dependencia detalló la investigación, la sanción despertó la preocupación de diversos sectores, especialmente la de los analistas e intelectuales, quienes se refirieron a dicha acción como una represalia a las críticas hacia el gobierno.

Ante el falló de hoy, miembros del comité editorial de Nexos celebraron la decisión del Tribunal como una muestra de la independencia judicial.  «Afortunadamente todavía hay instituciones en el Estado mexicano dispuestas a frenar los abusos del gobierno», comentó el periodista Leo Zuckermann.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones internacionales han calificado la sanción impuesta a Nexos como otro de los intentos del presidente López Obrador de estigmatizar la prensa en uno de los países más peligrosos para el periodismo.

Al menos nueve comunicadores mexicanos han sido asesinados este año, según el recuento más reciente de la SIP.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer esta tarde una sancionó a una distribuidora de medicamentos y a un laboratorio farmacéutico por falsear información en contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval detalló que la sanción es contra las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa), y Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., a quienes inhabilitó por 30 meses e impuso una multa de un millón 170 mil 095 pesos a cada una.

De acuerdo con lo informado, las empresas infringieron el artículo 60, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, «al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato» con el IMSS.

La investigación, que data de 2017, encontró que durante el proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en ese año, las empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato.

«Sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS», afirma el escrito.

La sanción impuesta se deriva de un procedimiento administrativo iniciado desde 2017, a raíz de una denuncia presentada por otra empresa del sector Salud ante el Órgano Interno de Control en el IMSS.

Sandoval Ballesteros indicó a través de un comunicado que “la Función Pública trabaja con transparencia y legalidad para mantener una estricta vigilancia que asegure los adecuados servicios de salud para la ciudadanía. No permitimos la impunidad ante hechos que infringen la ley en materia de compras y contrataciones públicas”.

Este no es el primer caso de sanciones a empresas relacionadas con el IMSS. Recordemos que en agosto pasado, el gobierno federal sancionó e inhabilitó a la empresa del hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por el caso de 20 ventiladores vendidos a la delegación del IMSS Hidalgo.

Al respecto Laboratorios PiSA emitió un posicionamiento en el que aclaró que la sanción se vincula con un proceso de adjudicación de Servicio Integral de Anestesia (SIA) para el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se llevó a cabo en el año 2017.

Reconoció que el motivo de la sanción se deriva de la presentación de documentación con la que las empresas aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir el contrato; sin embargo, durante la investigación las autoridades consideraron que dicha información no respaldaba plenamente la oferta, teniendo como consecuencia la sanción consistente en la inhabilitación antes referida.
Aclara que el alcance de la inhabilitación es exclusivo para las entidades federativas, municipios y alcadías de la Ciudad de México, cuando las adquisiciones se realicen con cargo total o parcial a fondos federales., mientras que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados y vigentes con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no quedan comprendidos en esta inhabilitación.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una modificación al Acuerdo que establece los criterios para el manejo de los recursos humanos en la Administración Pública Federal, ante la contingencia sanitaria del COVID 19.

En dicho acuerdo se indica que como una medida en favor de la salud de la población, se amplía hasta el 4 de enero de 2021 el esquema de trabajo desde casa y con horarios escalonados para los trabajadores del Estado.

La SFP dijo que con el objetivo de reducir la transmisión del COVID-19 en el personal de todo el Gobierno federal, los titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las unidades de Administración y Finanzas de la APF podrán autorizar a las personas servidoras públicas trabajar desde casa, en los casos que sea posible, sin alterar el cumplimiento de sus funciones.

Recordemos que la medida fue adoptada en un primer acuerdo emitido el 23 de marzo y ampliada por otro del 31 de julio.

Aclaró que siguen excluidas de esta medida las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, el Servicio de Protección Federal y la Guardia Nacional, el Servicio Exterior Mexicano y los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Asimismo, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad y demás instituciones que prestan o están relacionados con los servicios de salud, protección civil y los que realicen actividades esenciales.

Adicional señala que los servidores públicos mayores de 60 años, con discapacidad o con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de Salud y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, deben seguir realizando trabajo a distancia.

Finalmente indicó que las entidades del gobierno federal podrán organizar días de trabajo alternados y horarios escalonados, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación para la realización de reuniones de trabajo y capacitación.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes nuevas sanciones a dos de las farmacéuticas ligadas a Carlos Lomelí, exdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí.

La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP resolvió inhabilitaciones y multas a: Lomedic, S.A. de C.V. y Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V. (Abisalud).

Se detalló que Lomedic recibió una multa superior a un millón pesos, así como una inhabilitación por dos años y seis meses, debido a que proporcionó información falsa en diversos procedimientos de contratación convocados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por su parte, Abisalud fue sancionada por su participación en una licitación pública para adquirir medicamentos y material de curación convocada por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y en el que de igual manera proporcionó información falsa por lo que se le asignó una multa de un millón 51 mil 500 pesos y una inhabilitación por dos años y seis meses.

Según lo indicado por Carlos Lomelí, Abisalud no es una de sus empresas. Sin embargo, se ha detallado que la farmacéutica fue fundada por José Hiram Torres Salcedo, operador político y exsecretario particular de Lomelí.

Abisalud recibió en marzo pasado un nuevo contrato, de adjudicación directa, por más de 7 millones de pesos con el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, que depende de la Secretaría de Salud federal, por el servicio integral de dispensación de medicamentos y distribución de material de curación; en ese momento, la Secretaría de la Función Pública aseguró que, pese a que en ese momento estaba siendo investigada, la empresa podía seguir vendiendo a la administración federal.

En septiembre del año pasado, la SFP publicó  dos circulares por las que se comunicó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresa Lomedic, S.A. de C.V. y Laboratorios Solfrán, S.A, otra de las empresas de Lomelí, y la cual sí reconoce como suya.

La dependencia señaló que la sanción para ambas empresas, era una inhabilitación por un plazo de 2  años y 6 meses. Adicional, la circular hace mención de una multa impuesta a las empresas, cada una por más de un millón de pesos.

«Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público», dijo la SFP en ese momento, en referencia al exsuperdelegado.

Investigaciones periodísticas revelaron que las empresas, propiedad del exfuncionario federal, pretendía participar en la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de 2019 del gobierno federal; y aunque Lomelí Bolaños negó la información, la presión y polémica lo llevó a renunciar.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene un nuevo blanco en la mira. Investiga por «inconsistencias» en su patrimonio al actual coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

Según reporta el diario Reforma, la dependecia a cargo de Irma Eréndira Sandoval revisa la evolución patrimonial de Osorio y su familia; para ello analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia de recursos; busca cotejar si su patrimonio coincide con sus ingresos.

En respuesta, el también exsecretario de Gobernación presentó la semana un amparo para impugnar las conclusiones de la investigación, ya que indicó que la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y se involucró a su familia.

«La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto», dijo el senador en entrevista con Reforma.

De acuerdo a lo relatado por el diario, la indagatoria se habría iniciado en torno a un inmueble ubicado en Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

En mayo de 2014, Laura Vargas, esposa de Osorio Chong, dio aviso ante un notario en Hidalgo, de la compraventa del inmueble a través de un crédito hipotecario; sin embargo, la pareja indica que la operación se canceló y terminaron rentando la casa.

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentó una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el retraso en la publicación de la reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba indicó que la denuncia se presentó en contra de AMLO, del secretario de Salud y del titular del Insabi, y exigieron a la Secretaría de la Función Pública a investigar a los funcionarios por dichas fallas.

“Exigimos a la doctora Irma Eréndira Sandoval su urgente intervención para que se aplique la ley”, señaló la bancada panista.

Explicó que la denuncia se sustenta en que dichas omisiones vulneran los derechos de 60 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que están en serio riesgo frente a la pandemia de coronavirus.

“Debe obligárseles a trabajar en atender las necesidades del sistema de salud que hoy están en incertidumbre, expedirse los reglamentos, reglas claras para el uso de los fondos, clarificar los procedimientos para la entrega de recursos a las entidades federativas y ampliar la cobertura de enfermedades que provocan gastos catastróficos, de lo contrario habrá más sufrimiento y muertes”, dijo Ramírez Barba.

El diputado dijo que el Gobierno Federal actuó sin una planeación adecuada y hoy está rebasado, además de que lamentó que haya un desprecio hacia la población que se atendía en el Seguro Popular, “nula voluntad» de coordinación con los estados y una «franca ignorancia e incompetencia» en Juan Ferrer Aguilar, titular del Insabi.