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La Secretaría de la Función Pública (SFP) indicó este lunes que en lo que va de la presente administración, ha presentado 757 denuncias penales ante diversas fiscalías y, actualmente, por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ), da seguimiento y coadyuva con el ministerio público en 315 carpetas de investigación, incluidas las pendientes de sexenios anteriores.

Detalló que a través de la UAJ, ha presentado 198 denuncias penales, 165 de ellas radicadas en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, 114 de ellas por los delitos de enriquecimiento ilícito, 34 por uso ilícito de atribuciones y facultades, 21 por ejercicio ilícito del servicio público, 10 por peculado, cinco por falsificación de documentos y 14 más por otros delitos.

En total, han sido denunciadas 341 personas servidoras y ex servidoras públicas.

Mediante los Órganos Internos de Control (OIC) y las Unidades de Responsabilidades (UR) de las empresas productivas del Estado se han presentado 559 denuncias, la mayoría de éstas por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilícito o indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho y peculado.

La SFP, que dirige Roberto Salcedo Aquino, durante la actual administración la SFP ha impuesto 8 mil 228 sanciones a 7 mil 34 personas servidoras públicas por conductas que constituyen faltas administrativas.

De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados, las sanciones impuestas se dividen en amonestación privada (mil 126), amonestación pública (mil 321), destitución (478), inhabilitación (3 mil 108), sanción económica (594) y suspensión (mil 601).

La dependencia aclaró que a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en el Registro de Servidores Públicos Sancionados únicamente pueden publicarse las sanciones de inhabilitación que se encuentran firmes y vigentes. En el registro no se publican las resoluciones de las personas que no han sido inhabilitados o cuyas inhabilitaciones no se han establecido como firmes.

Por último, se indicó que la SFP ha remitido mil 95 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por posibles faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas, que deberá emitir, en su caso, la sanción correspondiente; 80 han sido enviadas por las oficinas centrales y mil 15 por los OIC y las UR.

Pese a la sanción que le impusieron hace dos años de las compras públicas, Laboratorios Solfrán, empresa del ex superdelegado, Carlos Lomelí, le siguió vendiendo al gobierno federal mediante una red de distribuidores.

En una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se identificó que Solfrán utilizó una red de intermediarias para eludir la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en septiembre de 2019, que le impedía vender sus productos por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.

Tan sólo 7 de sus distribuidores obtuvieron 57 contratos posteriores a la sanción, por 11.5 millones de pesos, para vender los fármacos fabricados por Solfrán al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sólo uno de esos contratos se dio por licitación, los otros 56 fueron adjudicaciones directas.

A los pocos días de que la SFP anunció la sanción, el laboratorio propiedad del excandidato a gobernador de Jalisco por Morena emitió oficios de respaldo a dos de sus distribuidores, para que enviaran cotizaciones al IMSS de sus productos. De esa forma, pudo seguir vendiendo su producto, pese a la inhabilitación.

Esto podría constituir una participación ilícita, según establece el artículo 67 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que dice textual: “se considera participación ilícita en procedimientos administrativos cuando un particular intervenga en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar”.

En 2019, nueve empresas farmacéuticas vinculadas con el entonces delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, habían obtenido en 7 años más de 2 mil 263 millones de pesos en contratos gubernamentales. De las nueve empresas, sólo cuatro fueron reconocidas por Lomelí como propias, una de ellas Laboratorios Solfrán.

La SFP inició una investigación sobre los contratos y el 13 de septiembre de 2019 publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución en la que ordenó a cualquier dependencia gubernamental abstenerse de contratar a Solfrán por un plazo de 2 años y medio.

Ese mismo día, la SFP precisó en un comunicado que se había castigado a Solfrán por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.

Investigación completa en MCCI

El investigador y académico John Ackerman, esposo de la ahora extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aseguró que la salida de Irma Eréndira Sandoval del gabinete federal no fue por «grillas» al interior de Morena, o por un «castigo» por haber metido las manos en el proceso electoral de Guerrero.

Ackerman aseguró que contrario a lo que se ha especulado, y que ha sido asegurado por diversos líderes de opinión, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le había ofrecido una «amplia gama de cargos alternativos» a Sandoval Ballesteros.

Menciona que entre los ofrecimientos estuvo una embajada de México en el exterior, una diputación federal, o ser propuesta como miembro de la Junta de Gobierno de un organismo autónomo.

«Ella rechazó estas generosas ofertas bajo el principio de que jamás ha buscado puestos sino sólo servir a la patria desde sus conocimientos y trayectoria profesional», defiende el esposo de la exfuncionaria.

Ackerman acusó que la “opinión pública” ha hecho creer que la decisión de AMLO fue un “castigo” a Sandoval por su supuesta “traición, protagonismo y ambición”. Lamentó que diversos caricaturistas hayan reproducido imágenes denigrantes y sexistas avalando una supuesta expulsión de Sandoval Ballesteros a «punta del pie presidencial».   

Afirmó que su esposa tuvo logros históricos al frente de la SFP, dependencia que «revivió» por completo luego de haber sido pisoteada, marginada y hasta desaparecida durante las administraciones pasadas.

Sobre las acusaciones de que Irma Eréndira intervino en el proceso electoral en Guerrero, mediante el apoyo y operación para que su hermano Pablo Amílcar fuera el abanderado de Morena a la gubernatura, Ackerman dijo que era «totalmente falsa» dicha afirmación.

«A pesar del evidente fraude cometido por la dirigencia de Morena en contra de su hermano, Pablo Amílcar, y la abierta violación de los estatutos del partido para imponer a un candidato indeseable, Sandoval siempre guardó absoluto decoro y jamás se metió a la contienda».

La Secretaría de la Función Pública (SFP), con Irma Eréndira al frente, compró pruebas rápidas para detectar COVID-19 a un precio 3 veces más caro de lo que cotizaron el IMSS y otras dependencias federales por pruebas de características idénticas.

De acuerdo con una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las pruebas se compraron a una empresa que tiene su domicilio en la parte superior de una tienda de abarrotes, que no tiene empleados y que no cuenta con experiencia en el ramo.

La SFP pagó por 90 kits, cada uno con 25 pruebas, un millón 046 mil 250 pesos a la empresa Grupo Val Integra SA de CV.

Cada paquete fue pagado en 11 mil 625 pesos (sin IVA) mientras que en dos estudios de mercado elaborados por el IMSS en diciembre de 2020 y enero de 2021 se identificó que los proveedores Productos Roche, Abalat y Fármacos Dinsa vendían un kit similar en un rango de 3 mil 100 y 3 mil 250 pesos.

Las diferencias en los precios se debieron a que la empresa contratada ofreció el servicio de toma de muestras en las instalaciones de la SFP, justificó Víctor Omar Pérez, socio y administrador de Grupo Val Integra, aunque él mismo reconoció que carece de empleados.

MCCI indicó que el mismo argumento lo dio un vocero de la Función Pública, al ser cuestionado.

El contrato para la adquisición de pruebas lo firmó el 24 de diciembre de 2020 el director de seguridad de la SFP, Álvaro García Galindo, a quien además se le encomendó la responsabilidad de administrar y vigilar su cumplimiento.

Antes de ingresar a la SFP, García Galindo había trabajado 20 años como policía y agente en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría de Desarrollo Social y en el Ejército, según detalló él mismo en su declaración patrimonial.

El procedimiento para la asignación del contrato tuvo el aval de la titular de la unidad de administración de la SFP, Ana Liza Gómez, y de la directora de recursos materiales, María de la Luz Padilla Díaz.

La información surge a un día de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunciara la salida de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, limitándose a decir que se emprendería una nueva etapa en el combate a la corrupción y a reforzar la austeridad en la administración pública.

“Tomé la decisión de sustituir a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros por Roberto Salcedo Aquino en el cargo de secretario de la Función Pública. Se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo”, escribió el mandatario.

En el videomensaje que ofreció en compañía del presidente, Sandoval Ballesteros destacaba que gracias a las acciones que emprendió, se habían logrado ahorros por mas de 200 mil millones de pesos, aunque lo revelado por MCCI demuestran que los ahorros no se cumplieron en todos los casos, y menos al interior de la SFP.

También destacó que durante su gestión en la dependencia, se contribuyó a poner punto final a la corrupción que imperaba en contratistas, licitantes. «Estos contratistas que llegaron a abusar realmente de nuestro gobierno, y finalmente del dinero de todo el pueblo».

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La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, demandó a las instancias correspondientes investigar todas las irregularidades cometidas por Irma Eréndira Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues dijo, no se le puede ni debe sustituir sin más para que goce de completa impunidad.

Acusó que la exfuncionaria incumplió todas las obligaciones previstas para la dependencia en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como la de inspeccionar el buen ejercicio del gasto público, y en cambio se dedicó a encubrir la corrupción en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Verónica Juárez Piña sostuvo que la exfuncionaria y su familia habrían sido partícipes de esa corrupción, como lo señalan diversa notas publicadas recientemente en medios de comunicación, que apunta a una acumulación inexplicable de bienes raíces en los últimos años

«Irma Eréndira Sandoval literalmente hizo nada para prevenir y evitar cualquier malversación de fondos en las compras y contrataciones de bienes y servicios por parte del gobierno y, por el contrario, cerró los ojos ante las adjudicaciones directas de más del 80% que se realizaron en los dos años y medio que lleva la actual gestión», aseveró la perredista.

A reserva de formalizar su solicitud, Juárez Piña exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a revisar exhaustivamente la gestión de Sandoval, en tanto a las nuevas autoridades de la SFP y a las instancias hacendarias y ministeriales les pidió investigar su declaración patrimonial.

«Sandoval Ballesteros deja la SFP habiendo incumplido claramente los principios de legalidad, transparencia y debida rendición de cuentas a los que estaba obligada a promover como parte del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización», insistió.

Por su parte la senadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, indicó que con más pena que gloria se va Sandoval Ballesteros de la Secretaría de la Función Pública, pues contrario a realizar su tarea de combatir la corrupción solapó casos entro e la 4T que aún siguen impunes.

“Casos como los de Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara o la entrega de contratos millonarios a familiares y amigos de funcionarios federales han quedado sin castigo alguno, sin ninguna sanción”, señaló la legisladora.

Gálvez Ruiz aclaró que a pesar de que la transparencia fue una de las principales promesas de este gobierno, existe una gran opacidad en la actual administración, pues coincidió con lo expuesto por la perredista al recordar que cerca del 80% de los contratos que se han asignado, han sido por invitación restringida o asignación directa.

«No, señor Presidente, Irma Eréndira no cumplió cabalmente. No señora Irma Eréndira, no se vaya contenta, será recordada como la secretaria que exculpó a Manuel Bartlett de posibles fraudes», aseveró.

La senadora panista recordó que durante estos años, ha presentado diversas denuncias ante la Función Pública sin que éstas hayan sido atendidas, pues no ha recibido ningún respuesta; en ese sentido, hizo votos porque el nuevo titular, Roberto Salcedo Aquino, atienda sus denuncias.

Xóchitl Gálvez pidió al nuevo titular de la SFP mano dura para castigar la corrupción, “aunque se trate de la de casa”.

Esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer un nuevo cambio en su gabinete, el segundo movimiento importante luego de que la jornada electoral del pasado 6 de junio.

Irma Eréndira Sandoval, actual titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) dejará el cargo para regresar a la academia, es decir, no tendrá ninguna otra responsabilidad al interior del gobierno federal.

En su lugar quedará Roberto Salcedo Aquino, quien al día de hoy se desempeñaba como Subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la SFP.

«He tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en al SFP. Va a dejarla la secretaría Irma Eréndira Saldoval y va a ocupar la secretaría Roberto Salcedo (…) Se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo», indicó el presidente en redes sociales, donde compartió un videomensaje en el que se encontraba acompañado por Sandoval Ballesteros y Salcedo Aquino.

Agradeció a Sandoval Ballesteros el apoyo que dio a su gobierno, y se refirió a ella como una «mujer de lucha por la justicia, por la democracia»; indicó que fue muy importante su colaboración en el inicio del gobierno, principalmente en el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana de Estado, que dijo AMLO, fue lo que se le encomendó y «cumplió cabalmente».

López Obrador señaló que el gobierno de la 4T está entrando a una etapa nueva, en la que se llevarán a cabo nuevas reformas, entre ellas mencionó la administrativa, además de que se profundizará el combate a la corrupción y se trabajará en seguir hacer un gobierno austero, basado en el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

En su oportunidad. Irma Eréndira agradeció a López Obrador por haberla convocado a su gobierno, y formar parte del primer gabinete paritario de la historia del país; se dijo honrada de haber recibido el encargo de desarrollar las tareas «más relevantes del gabinete»: el combate a la corrupción, el auspicio de la austeridad.

Indicó que regresará al Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en la UNAM. Dijo que siempre recibió el respaldo del mandatario, quien le dio libertad plena para combatir la corrupción estructural.

Destacó que «revivimos de raíz» a la SFP, en donde dijo, entregó buenas cuentas, mencionando la ley de austeridad; los ahorros en la administración federal; multas resarcitorias; la mejoría de 14 posiciones en el Índice Global de Percepción de la Transparencia; la inhabilitación de exfuncionarios, entre otras medidas.

Destacó que al frete de la SFP combatió la impunidad, no solo de funcionarios del pasado, sino que no les «tembló la mano contra quienes han fallado en este gobierno».

AMLO reconoció a Roberto Salcedo Aquino como un hombre profesional, íntegro y honesto, quien a su vez manifestó su disposición por desempeñar la encomienda con eficacia y fomentando en la población confianza en las instituciones.

«Es un cambio para bien y agradecerle a Irma Eréndira y a Roberto por aceptar el cargo y el encargo. La tarea, el propósito, es seguir combatiendo la corrupción, desterrarla de nuestro país y seguir haciendo un gobierno austero (…) que se entienda que el poder es humildad, que no es prepotencia, lujos, fantocherías, extravagancias. Debe uno ser, no funcionario público, sino servidor público», remató López Obrador.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que inhabilitó por 20 años a cuatro exdirectivos de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), entre ellos un exdirector general, por causar un daño al erario superior a los 26.5 millones de pesos.

La pérdida se generó al haber suscrito y pagado indebidamente dos contratos para el desarrollo de un evento internacional de astronáutica en 2016.

Las personas inhabilitadas son, según ha trascendido, el exdirector general Francisco Javier Mendieta, dos excoordinadores generales y un exjefe de área.

La Secretaría de la Función Pública señaló que, «de acuerdo con una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la AEM, durante la organización del Congreso Internacional de Astronáutica 2016 en Guadalajara, Jalisco, la agencia, creada en 2011, pagó dos veces por la contratación de la sede en la que se realizó el evento».

Esta doble contratación, detalló la dependencia, ocasionó un daño al erario público de 11,423,346 pesos.

Por otra parte, también se determinó que «en el contrato para la prestación del servicio de audio y video para el evento se incumplió con la normatividad, lo que también ocasionó un daño al erario por 15,113,271 pesos.

«Tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades» del OIC en la AEM «determinó imponer la sanción de inhabilitación por 20 años a un exdirector general, además de multa por 3.8 millones de pesos, puntualizó la titular de la Secretaría, Irma Eréndira Sandoval.

Además, dijo que se sancionó al excoordinador general de financiamiento y gestión de la información en materia espacial y al exdirector de financiamiento, con una multa de 3.8 millones pesos a cada uno; mientras que al excoordinador de investigación científica y desarrollo tecnológico espacial se le aplicó una multa por 15.1 millones de pesos.

Entre los cuatro exfuncionarios sancionados se acumuló una multa de 26.5 millones de pesos; la inhabilitación es para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público por 20 años.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer este martes una inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, luego de que acreditara la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos.

La dependencia aclaró que aunque el exfuncionario, ahora catedrático del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT),  fue notificado desde el pasado 11 de mayo, la información se hace pública ahora debido a la veda electoral que hubo por las elecciones del fin de semana.

La SFP, que dirige Irma Eréndira Sandoval, detalló que fue en junio de 2019 cuando se ordenó el inicio de una investigación patrimonial a Luis Videgaray, quien estuvo al frente de la SHCP de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, esto en relación con su posible participación en la compra de AgroNitrogenados.

«La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades», indicó la secretaría.

Tras los revelado por la Función Pública, el también exsecretario de Relaciones Exteriores emitió un posicionamiento en el que aclaró que las declaraciones patrimoniales a las que hizo referencia la SFP fueron «veraces» pues no sé ocultaron pasivos, además de que no hubo intención de ocultar información patrimonial.

Explicó que las cuentas bancarias apuntadas por la SFP fueron en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha del reporte de cada declaración, por lo que no fueron incluidas en el apartado de pasivos pues no tenía saldo deudor; sin embargo señaló que sí fueron mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones.

Videgaray enfatizó que en el oficio mediante el cual fue notificado de la sanción, la propia Secretaría de la Función Pública reconoció que no tuvo ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones, además de que no se generó ningún daño o perjuicio económico.

Al asegurar que todos los mexicanos deben apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), adelantó que él impugnará la resolución por la vía institucional. Remató indicando que no litigar al asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales.

Víctor Hugo Borja Aburto, quien en marzo de 2020 validó una asignación directa por 93 millones de dólares a Levanting Global Servicios LLC, para la contratación de 2,500 ventiladores respiratorios a un proveedor acusado de fraude y corrupción, fue ascendido por orden presidencial a un cargo directivo al interior del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Recordemos que en un oficio fechado el 30 de marzo de 2020, Borja Aburto, entonces director de prestaciones del IMSS, justificó la asignación directa a Levanting Global, con el argumento de que su propuesta contenía datos objetivos que garantizaban la entrega de los 2,500 ventiladores en menos de un mes. Sin embargo, la empresa no entregó ni un solo equipo y para obtener el contrato millonario aportó datos falsos, según determinó la propia Secretaría de la Función Pública (SFP).

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló en abril de 2020 que el dueño de la empresa, Baldemar Pérez Ríos, había sido sancionado en Estados Unidos por presunto fraude bursátil, además de que en sexenios anteriores fue acusado por la SFP de haber tejido una red de compañías fantasma que simulaban competencia y sobornaba a funcionarios para obtener contratos millonarios en Pemex.

Tras ser revelado el caso, Borja Aburto salió del IMSS a inicios de año, a punto de cumplir 20 años de servicio ininterrumpido dentro del organismo de salud. Ahora despacha como titular de la Unidad de Coordinación Nacional Médica del INSABI, por “invitación” presidencial.

“Por su desempeño profesional en el IMSS como director de Prestaciones Médicas, el doctor Víctor Hugo Borja atenderá un llamado presidencial para asumir nuevas responsabilidades en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)”, reportó el IMSS en febrero del 2021.

Investigación completa en MCCI

La Secretaría de la Función Pública (SFP) otorgó una suspensión definitiva a la inhabilitación que había impuesto con anterioridad a la empresa farmacéutica Laboratorios PiSA, por un periodo de 30 meses.

«Se decreta la suspensión definitiva de la ejecución de la inhabilitación de treinta meses para participar en algún procedimiento de contratación, toda vez que se actualiza la apariencia del buen derecho y se atiende al interés social y al orden público», publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la SFP.

En la circular emitida, la dependencia señaló que únicamente se «paralizaba temporalmente» la ejecución de dicho acto, sin que ello implique que con la suspensión de mérito se impida a la autoridad demandada hacer efectiva su sanción, en caso de que la sentencia definitiva no sea favorable a la accionante.

Recordemos que el 21 de octubre del año pasado se dio a conocer la sanción a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Laboratorios Pisa con una inhabilitación de 30 meses y una multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una, por proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

Y aunque fue la propia SFP quien emitió la circular en la que emitió la suspensión, en una nota informativa aclaró que dicho acto deriva de una resolución de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

Advirtió que a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos, continuarán defendiendo la legalidad de la sanción impuesta a la empresa farmacéutica.

«De ningún modo la medida cautelar otorgada por el Tribunal significa que se haya resuelto el fondo del asunto y, por ende, que se haya declarado nula la resolución por la que se inhabilitó y sancionó a la empresa», dijo la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que tras la denuncia que presentó, un juez de control vinculó a proceso a tres personas por su presunta responsabilidad en el robo del expediente del caso conocido como la “Casa Blanca” de los archivos de la dependencia.

Fue en 2019 cuando la SFP presentó una denuncia penal por la sustracción del expediente sobre el posible conflicto de interés del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con Grupo Higa.

Durante la entrega recepción con el cambio de administración, ex funcionarios señalaron que previo a dicho proceso, se habría sustituido el expediente original por una copia de la versión pública, que presuntamente omitía diversas evidencias de la investigación.

La SFP, ya con Irma Eréndira Sandoval al frente, alertó que el expediente de la llamada “Casa Blanca” no fue archivado de conformidad con la ley, por lo que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el posible delito de ejercicio ilícito de servicio público por tres personas que ocuparon los cargos de Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de Director General de Denuncias e Investigaciones y de Director General Adjunto de Investigaciones, a finales de la anterior administración.

Sandoval Ballesteros indicó que la vinculación a proceso de los tres exfuncionarios es un paso más para erradicar la impunidad y garantizar una administración honesta, legal y ética.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre sanciones de inhabilitación y multas resarcitorias por casi 86 millones de pesos en conjunto a dos ex servidores públicos y uno más en funciones, a quien se destituyó, del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los tres funcionarios fueron señalados de omisión y deficiencia en su desempeño, lo cual llevó a que no se pudieran cobrar créditos fiscales, ocasionando daños al erario público.

En ese sentido, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que se trabaja de manera conjunta y coordinada con el SAT para prevenir y castigar ineficiencias y posibles actos de corrupción en los que pudieran estar involucrados funcionarios públicos.

La dependencia informó que tras una cuidadosa investigación y procedimientos responsabilidades, el Órgano Interno de Control (OIC) en el SAT sancionó con inhabilitación por 10 años y multa total por 56 millones 938 mil 364 pesos a un Subadministrador Local Jurídico, quien también fue destituido, y a una ex Jefa de Departamento de lo Contencioso, adscritos a la ahora Administración Desconcentrada Jurídica de Zapopan, Jalisco.

Al dar seguimiento a una denuncia presentada por la Administración Central de Impuestos Internos del SAT, el OIC determinó que luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la deuda de una persona física, los funcionarios no realizaron las gestiones necesarias para emitir un crédito fiscal, lo que resultó en daño al erario al no poderse recuperar el monto millonario equivalente a la multa impuesta.

En otro caso, luego de una denuncia presentada por la Administración General de Evaluación del SAT, el OIC en el organismo sancionó con inhabilitación por 10 años y multa económica por 28 millones 774 mil 125.18 pesos a un ex Abogado Tributario adscrito a la ahora Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua. Se determinó que, faltando a sus responsabilidades, el exfuncionario público realizó una indebida notificación a una empresa, lo que ocasionó que ya no se le pudiera cobrar un crédito fiscal por la cantidad señalada.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este jueves de tres inhabilitaciones en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por seis meses a dos servidores públicos y a un exfuncionario, quienes incurrieron en irregularidades en el ejercicio y comprobación de recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) en el ejercicio 2019.

«Las tres sanciones derivan de las auditorías que realizamos entre 2019 y 2020, a raíz de denuncias ciudadanas y de la instrucción que nos dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar a detalle el ejercicio de dichos recursos», indicó la dependencia.

La SFP indicó que cada sanción es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidad administrativa, además de que se impusieron considerando la reincidencia y el nivel jerárquico de los funcionarios.

Las sanciones son para Israel Benítez, quien en agosto pasado recibió la sanción de destitución por la Función Pública, ya que omitió supervisar la correcta comprobación de los gastos para los deportistas de alto rendimiento, incumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades

La segunda persona sancionada es Arturo Contreras, exdirector de Alto Rendimiento quien en julio pasado había sido suspendido indefinidamente por las irregularidades encontradas en una auditoria, en donde fue señalado en cinco de las seis observaciones detectadas en el desvío de 50.8 millones de pesos del Fondo. Se determinó que ahora autorizó de forma irregular la liberación de recursos públicos del Fodepar, destinados a cubrir las necesidades de los atletas.

Finalmente, Tania Ibeth Sierra González, jefa del Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria fu sancionada por aprobar y autorizar de manera indebida el reintegro al Fodepar, con documentación incompleta y que no cumplía con las disposiciones oficiales

La dependencia recordó que a la fecha, en la presente administración, la Función Pública ha sancionado a una decena de servidores públicos de la Conade.

Detalló que de las investigaciones realizadas por el OIC en la Conade se desprenden también presuntas faltas tipificadas como graves relacionadas con la entrega indebida de recursos, por tal motivo el expediente del caso ya fue enviado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que corresponderá en su caso sancionar, conforme a la legislación vigente.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aseguró que la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, es muestra de que el gobierno federal se encuentra en una tendencia de mejora en uno de sus principales objetivos, acabar con la corrupción.

Sandoval Ballesteros aplaudió que, por segundo año consecutivo, México avanzó en el IPC dos puntos más que en la edición anterior, obteniendo 31 puntos de 100 posibles. Dijo que desde la edición 2019 el actual gobierno ya había detenido la caída que registraba en dicho ranking.

«México ha acumulado, en tan solo dos años de nuestro gobierno, tres puntos de mejora y ha avanzado 14 posiciones en el IPC, lo que contrasta con la caída de seis puntos y 33 lugares que lamentablemente se registró entre los años 2012 y 2018», señaló la dependencia en un comunicado.

La SFP enlistó algunas acciones se concretaron en 2020, tales como la aplicación de los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses, o bien que en el marco de la contingencia sanitaria por la Covid-19, instruyó a que se focalizara la vigilancia de las compras públicas y recepción de denuncias.

Resaltó que se emprendieron acciones para acabar con la impunidad, al emitir sanciones a exfuncionarios del más alto nivel, entre las que destacan un extitular de la Comisión Reguladora de Energía y una exsecretaria de Cultura.

Finalmente, la Función Pública dijo que los resultados de Transparencia Internacional coincidían con otros estudios como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la que aseguró que se confirma que el actual gobierno federal «ha logrado constituirse como el más honesto en la historia de México», y ha duplicado la población que confía en él y en las políticas anticorrupción de la Función Pública, pasando de 25.5% en 2017 a 51.2% en 2019.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este martes que tras un «exhaustivo» procedimiento de responsabilidades se determinó imponer una inhabilitación por un periodo de 10 años, al exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo Cervantes.

La inhabilitación impedirá que Catillo Cervantes desempeñe empleos, cargos o comisiones en el servicio público,

Al indicar que la dependencia tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, Irma Eréndira Sandoval señaló que se detectaron omisiones del exfuncionario en sus declaraciones patrimoniales presentadas.

Se indicó que la sanción, que le fue notificada a Castillo Cervantes, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fungió como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Por ello, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

«Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial».

La SFP aseguró que durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia del extitular de la Conade, y garantizó su derecho de audiencia.

La dependencia indicó que actualmente da seguimiento a 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa, de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

Este lunes se filtró la solicitud que la Secretaría de la Función Pública (SFP) hiciera al Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de investigar una denuncia recibida el pasado 6 de diciembre, en el que se alerta sobre una “vacunación clandestina” contra el Covid-19, entre el personal de la cancillería.

De acuerdo con un oficio con fecha del 18 de diciembre de 2020, la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la SFP informa que recibió una denuncia en la que se señala a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, y a Javier Jileta, ex director general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, de dar acceso a la vacuna contra el Covid-19 de la empresa china CanSino Biologics, a funcionarios de la dependencia.

La denuncia refiere que la vacunación clandestina se ha realizado desde mediados de noviembre pasado a personal de la SRE, bajo la figura de «voluntario del ensayo clínico», mismo que se realiza en nuestro país.

Se detalla que la vacunación se ha llevado a cabo en las oficinas de la empresa Epic Research, ubicada en la colonia Ciudad Jardín, y quien es la responsable del proyecto de la firma china en México.

“Además, señalan que Martha Delgado, subsecretaria en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Javier Jileta han incurrido en cohecho, utilización indebida de información, abuso de funciones, etc. Al dar acceso a vacunas (no placebo) no autorizadas por Cofepris a diversos funcionarios dentro de la administración pública y convertir ese predio en centro de vacunación no autorizado», se lee en el oficio girado por el subsecretario Roberto Salcedo.

Se indica que al ser un asunto en el que se presumen faltas administrativas de servidores, se notificó de la denuncia al titular del OIC, Octavio Díaz García de León, para que proceda a investigar los hechos expuestos en la denuncia.

Al respecto, la subsecretaria Martha Delgado, al igual que la propia cancillería, emitieron un posicionamiento, en el que rechazaron las acusaciones, y recordaron que el papel de la SRE ha estado enfocado en la obtención de vacunas, así como en facilitar la realización de estudios clínicos fase III de diversas farmacéuticas en nuestro país.

«Es importante reiterar que una vez que las vacunas tocan suelo mexicano, la Cancillería no tiene injerencia alguna sobre el manejo de las mismas», aclara la dependencia.

Relatan que como parte de los estudios clínicos fase III que realiza CanSino Biologics en México, desde principios de noviembre pasado se lanzó una campaña para reclutar a 15,000 voluntarios, a fin de probar la vacuna. Precisaron que la convocatoria fue pública, por lo que empleados de distintas dependencias de la administración pública federal, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, se inscribieron en los ensayos.

La dependencia recordó que el propio canciller utilizó sus redes sociales para compartir los datos de los centros de inscripción para el ensayo clínico.

La subsecretaria Delgado solicitó se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer las acusaciones en su contra, además de que pidió transparentar el manejo de las vacunas de CanSino Bio que se utilizan para la realización de la Fase III en México,