El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados propuso convertir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el Instituto de la Función Pública, a fin de garantizar en este órgano plena autonomía técnica, de gestión y presupuestal.
La bancada blanquiazul indicó que el objetivo es que la Función Pública pueda cumplir sin complicidades con su responsabilidad de prevenir, vigilar e investigar todas las faltas administrativas, así como la de sancionar las graves y no graves cometidas por servidores públicos federales.
Esta propuesta se da en el marco del paquete de iniciativas, con las que anunciaron los diputados panistas, buscan defender a México del autoritarismo.
El coordinador de la bancada, Jorge Romero Herrera, señaló que el actual mecanismo del titular de la Función Pública no garantiza autonomía de ejercicio y queda demostrado que bajo las reglas vigentes dicha dependencia está sometida a la voluntad del presidente López Obrador.
Lo anterior, dijo, “contraviniendo el espíritu del combate a la corrupción en todas sus esferas, por eso se pretende generar un contrapeso institucional, siguiendo los principios por los cuales se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”.
En ese sentido, la bancada del PAN también planteó una serie de mecanismos que blinden los órganos autónomos y al Poder judicial con más y mejores requisitos, que son fundamentales para que las y los titulares de estas instituciones estén a la altura de su mandato constitucional.
Con la propuesta, explicó, se busca que las personas que aspiran a los cargos de instituciones autónomas, cumplan con la probidad, experiencia, independencia y el profesionalismo necesarios para llevar a cabo sus funciones. Además de los requisitos que ya se contemplan, se plantea que se solicite no haber sido militante de algún partido político en los últimos 12 años anteriores al día de su nombramiento o ratificación; no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular federal o local en los últimos 12 años anteriores al día de su nombramiento o ratificación; no tener o haber tenido algún interés o beneficio económico o privado con quien ejerza la titularidad del Ejecutivo Federal, además de que los nombramientos en los cargos directivos de los órganos autónomos deben estar alejados de las filias respecto al titular del Ejecutivo.
El Grupo Parlamentario comentó que la reforma pretende dotar a los órganos autónomos del Estado y a los miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) como son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal, así como al Tribunal Federal Electoral, de la independencia necesaria para cumplir con sus objetivos.
