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El Tren Maya, uno de los proyectos más polémicos de la actual administración, podría costar a los mexicanos una cifra considerablemente mayor a la estimada originalmente, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De acuerdo con un análisis realizado, y considerando el avance del 58.4% que lleva hasta ahora el proyecto, se advierte que el Tren Maya podría terminar el 2023 con un gasto total de 373 mil 699 millones de pesos.

Este monto representa más del doble del presupuesto original, que se fijó en 156 mil millones de pesos.

De acuerdo con el presidente López Obrador y distintos funcionarios federales y estatales, el Tren Maya tendría que estar listo en diciembre de este año, una promesa que hizo el mandatario cuando llegó al poder.

El Tren Maya conectará a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a través de una línea ferroviaria de mil 440 kilómetros. Sin embargo, el proyecto se ha visto envuelto en múltiples escándalos, amparos y denuncias de ambientalistas.

También se indicó que el presupuesto aprobado, ejercido y acumulado destinado al Tren Maya al primer trimestre de 2023 es de 143 mil 073 millones de pesos y 142 mil 938 millones de pesos, respectivamente.

El IMCO advirtió que las razones del sobrecosto son desconocidas, pues la información sobre el proyecto estrella del gobierno de la 4T, se reservó por tratarse de una “obra de seguridad nacional”.

Sin embargo, el monto que calcula el IMCO se desprende al revisar el presupuesto aprobado, el ejercido y el acumulado.

En 2020, año en que dio inicio el proyecto, el Tren Maya ejerció 8 mil 917 millones de pesos. Un año después, se le aprobaron 40 mil 332 millones y ejerció 35 mil 561 millones.

El año pasado, en 2022, se le aprobaron 64 mil 956 millones, aunque ejerció 186 mil 282 millones en total. Para este 2023, el proyecto tiene aprobados 143 mil 973 millones, de los cuales, al primer trimestre del 2023,se han ejercido 142 mil 938 millones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció esta mañana a los diputados el haber aprobado el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

El documento se avaló el viernes pasado, en lo particular, con 270 votos a favor, 219 en contra y una abstención, con lo que quedó aprobado en lo general y en lo particular. Se remitió al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Recordemos que la sesión donde se analizó y discutieron más de 2 mil reservas presentadas, en su mayoría por la oposición, inició el 8 de noviembre y concluyó el 11 de noviembre; tuvo una duración total de 40 horas en donde 386 oradores subieron a la tribuna.

El PEF 2023 prevé un gasto neto total de 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, lo que representa un incremento del 11.6% con respecto al aprobado en 2022, y contempla un déficit presupuestario de un billón 134 mil 140.7 millones de pesos.

Pese a que se presentaron 2 mil 264 reservas, el Pleno aceptó solo cuatro modificaciones, todas provenientes de la bancada de Morena y su partido aliado, el PT.

Pese a que la oposición denunció que los legisladores de Morena y partidos aliados tenían la ‘instrucción’ de no cambiar ni una sola coma al PEF 2023, el dictamen tuvo mínimas modificaciones respecto a lo que envió el presidente López Obrador.

Se adicionó el artículo transitorio Décimo Cuarto que otorga mil millones de pesos para el fortalecimiento de policías municipales y estatales, con el fin de cumplir con las disposiciones derivadas por la reforma que amplia la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028.

Sin embargo, para poder destinar dichos recursos, se aplicó un recorte adicional al Poder Judicial, pese a que en la Comisión de Presupuesto ya le habían reducido mil 425 millones de pesos. Concretamente se recortó el presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal, quien enfrentará una disminución total de 2 mil 286 millones de pesos.

Esto va en línea con el recorte con el que había avanzado el dictamen a órganos autónomos de 6 mil 437.5 millones de pesos, siendo el más afectado el INE con un recorte de 4 mil 475.5 millones de pesos.

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró que las y los legisladores de la coalición “Juntos Hacemos Historia” concluyeron con la conciencia tranquila y el orgullo de haber defendido con todo y contra todo el PEF 2023.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que se logró un presupuesto realista, congruente, responsable, social y promotor del desarrollo.

Felicitó a las y los legisladores por haber resistido los embates de la derecha que buscaba recuperar sus privilegios, revivir los moches y tener recursos para el despilfarro.

Apuntó que en otros tiempos el presupuesto se había utilizado para favorecer a un régimen de cuotas y de cuates. Ahora, añadió, se tiene un presupuesto dirigido a la clase social más lastimada de nuestro país.

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados acusó sobre la firma de un documento por parte de las y los legisladores de Morena y partidos aliados, donde se comprometen a “defender el Presupuesto enviado por el Ejecutivo”, respetando los término en que fue presentado.

El partido del Sol Azteca dijo que el oficialismo actúa como oficialía de partes, con tal de defender la continuidad de la autodenominada “Cuarta Transformación”, aún si esto implica la pérdida de vidas y mayor pobreza para la población por falta de dinero para medicamentos, infraestructura, empleos, educación y bienestar.

La diputada Gabriela Sodi Miranda del PRD recordó que una diputada de Morena por el estado de Puebla amenazó a varios presidentes de comisiones si es que se atrevían a mover algo o reasignar algún componente de la propuesta hecha por la Secretaría de Hacienda.

“Sabían que no le cambiarían nada, que ese era el acuerdo que firmaron y, aun así, montaron un escenario de mentira que los retrata de cuerpo entero, como lo que son: una gran farsa”, dijo la perredista sobre la presentación de reservas al dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

“En estos días escuchamos a las y los diputados de ‘la mayoría’ decir ‘que este presupuesto es histórico, que nunca antes se había visto algo así’, y sí, es cierto, nunca se había visto tanto cinismo, tanto descaro, tanta demagogia y tanta desvergüenza (…) sabíamos que no le iban a mover una sola coma a este presupuesto infame, una engañifa más que retrata de cuerpo entero a la Cuarta Transformación”, reclamó la legisladora.

Alertó que el “Presupuesto del Bienestar”, donde más de 33 mil 595 millones de pesos no tienen destinatario, se deba que ya se planea su subejercicio para ejecutar este dinero en otro lugar, desviarlo hacia Palacio Nacional. Como ejemplo, señaló, se pretende aprobar tres veces más lo requerido para la operatividad de los “Siervos de la Nación” y su promoción al voto.

Por su parte el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, aseguró que el PEF 2023 es irreal, no es federalista y tampoco ataca de fondo la pobreza ni genera acciones para disminuir la inflación.

Dijo que el PEF 2023 no da solución a los problemas más sensibles del país, por ejemplo, el rubro de salud, educación, el caso de niños y niñas con cáncer, entre otros.

Y es que este viernes, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, reanudó la sesión ordinaria, en modalidad semipresencial para continuar con la discusión en lo particular del dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto 2023.

La sesión se reanudó poco después de las 10:00 de la mañana, y hay que considerar que hasta el día de ayer jueves, se habían desahogado un total de 528 reservas, quedando por presentarse mil 737.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2023, cuyo gasto neto total previsto asciende a 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, un aumento en términos reales de 11.6% respecto a 2022.

El documento fue aprobado por 273 votos a favor, 222 en contra y cero abstenciones, en lo general y en lo particular de los artículos y anexos no reservados; prevé un déficit presupuestario de un billón 134 mil 140.7 millones de pesos y considera aumentos a los subsidios gubernamentales y mega obras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

También, estima un incremento en el gasto programable pagado de 8.2% en términos reales respecto del monto aprobado para el ejercicio fiscal 2022. Propone un aumento real anual en la inversión física de 21.7% respecto a lo aprobado en 2022, y en cuanto al gasto federalizado, un aumento de 9.9% real respecto al monto previsto en 2022.

“La política de gasto del Proyecto de Presupuesto 2023 está encaminada a rubros que estimulen un mayor desarrollo de todos los sectores de la población y plantea un aumento real anual en la inversión física respecto a lo aprobado en 2022”, defendieron los diputados de Morena y partidos aliados.

Tal como se preveía, luego de la aprobación en comisiones, el PEF 2023 hace recortes a los presupuesto de órganos autónomos, por más de 6 mil millones de pesos, siendo el INE el más afectado con un recorte del 24% respecto a lo solicitado.

Sin embargo, los diputados defendieron que dichos recortes no afectan el desarrollo de las actividades esenciales de dichos órganos, sino que van en concordancia con la política determinada por el Congreso de la Unión en el conjunto de leyes que aprobó y que conforman el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023.

Los recortes aprobados son: Legislativo (466 millones de pesos); Judicial (mil 425 millones de pesos);, Instituto Nacional Electoral (4 mil 475 millones de pesos); Comisión Federal de Competencia Económica (33 millones de pesos menos); Instituto Federal de Telecomunicaciones (17 millones de pesos); Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (19 millones de pesos).

Por sectores económicos, el PEF 2023 estima recursos por 111,911 millones de pesos para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); 99,028 millones de pesos para Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); 209,616 millones de pesos para la Secretaría de Salud; 402,276 millones de pesos para la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se estima un gasto de 77,411 millones de pesos, que en su mayoría se destinarán al desarrollo del Tren Maya, otro de los proyectos estrella del presidente.

Esta mañana están citados los Diputados para comenzar con la discusión de las más de 2,000 reservas que se presentaron al PEF 2023, principalmente por los partidos de oposición. Se prevé que la discusión pueda alargarse hasta el fin de semana.

Los tiempos legales marcan que el PEF 2023 debe estar aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre para ser publicado de forma oficial por el gobierno en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a los 20 días naturales posteriores a su aprobación en el Congreso.

En el dictamen Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 se perfilan recortes a órganos autónomos, siendo la mayor reducción el contemplado para el Instituto Nacional Electoral (INE), al que se proyecta quitar 4 mil 475 millones 501 mil 178 pesos.

De acuerdo al dictamen que comenzó a circular el pasado fin de semana, el recorte, que equivale al 24% del dinero que solicitó el Instituto, con lo que pasaría de 24 mil 696 millones de pesos a 20 mil 221 millones.

En total, los recortes a órganos autónomos asciende a poco más de 6 mil millones de pesos, recursos que serán destinados a la Secretaría del Bienestar para los diferentes programas sociales.

A la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se le recortarían 33 millones de pesos menos; al INAI 18 millones de pesos y al IFT 17 millones de pesos, por mencionar algunos,

El Poder Judicial también tendría una reducción de mil 425 millones de pesos, mientras que al Poder Legislativo se le estaría recortando el presunto en 466 millones de pesos.

Ante los embates que libra, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, hizo un llamado a la defensa de las instituciones democráticas, que dijo, son producto de luchas colectivas.

“Todos juntos defendamos una institución que es un patrimonio de las y los mexicanos y, con autocrítica, propongamos mejoras, pero no permitamos que esta institución que tanto nos costó construir caiga en manos de una facción política que es legítima y que llegó al poder por la vía de las urnas gracias al trabajo que ha desarrollado”, dijo Córdova Vianello en una sesión de la Junta General Ejecutiva.

El Córdova Vianello consideró que es claro que, en varios países del mundo, hay una embestida en contra de las autoridades electorales, caracterizada por la desinformación, los ataques personales e institucionales y la asfixia presupuestal.

Sostuvo que en el INE son guardianes de la democracia, pero también son responsables del mantenimiento del orden constitucional, que acusó, “hoy ha sido vulnerado por otra institución”.

Lorenzo Córdova revindicó su responsabilidad constitucional, como Presidente del INE, de defender a la institución frente a mentiras que se difunden desde otras instituciones y poderes; por ejemplo, que el INE es la institución electoral más cara del mundo o que en México las elecciones son las más costosas del orbe.

“Dejemos el discurso de los fraudes y la descalificación de la autoridad electoral y cuidemos una institución que es de todas y todos los mexicanos”, invitó.

El gobierno federal reportó este jueves que 260 periodistas han sido asesinados en los últimos tres sexenios, con 63 de ellos en lo que va de a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, Alejandro Encinas, encargado de presentar el informe, reconoció 13 asesinatos de comunicadores en lo que va del año, aunque la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones registra 18.

Además, el funcionario citó que en el sexenio de Felipe Calderón hubo 101 homicidios de periodistas, mientras que en el de Enrique Peña Nieto se registraron 96.

“Hemos registrado cómo prevalecen un conjunto de agresiones particularmente vinculadas con el crimen organizado, la corrupción y colusión de autoridades municipales y grupos delictivos, (representan) cerca del 40% de las agresiones, que van desde las amenazas, los golpes, los robos, etcétera”, dijo Encinas.

El subsecretario defendió el combate a la impunidad, al sostener que de los 13 casos que el gobierno reconoce este año, suman 32 personas detenidas, de las que 21 están procesadas y tres más están sentenciadas.

“Nos estamos enfrentando, encarando la impunidad que se venía registrando en la comisión de estos homicidios, donde por ejemplo, hasta el año 2021 solamente se habían emitido seis sentencias contra los perpetradores”, defendió Alejandro Encinas.

Además, el subsecretario reportó la existencia de 1,768 personas beneficiarias por el Mecanismo de Protección a Periodistas, mientras que en 2018 solo había 789.

A la fecha, aseveró, este gobierno ha destinado más de 1,800 millones de pesos en medidas de protección, mientras que en todo el sexenio anterior solo se erogaron 782 millones.

Adelantó que para 2023, hay un presupuesto previsto de 569 millones de pesos, un aumento anual de 46%, acompañado de un aumento aprobado este año del 70% en las plazas para pertenecer al mecanismo.

 

Alejandro Encinas también aprovechó para informar que desde el inicio de la gestión de López Obrador, se ha denunciado la desaparición de 103,833 personas, pero de ese total se han hallado a 59,709, por lo que 44,124 permanecen desaparecidas.

“Si bien el número de personas desaparecidas sigue un registro importante de crecimiento, es mayor ya afortunadamente el número de personas localizadas”, sostuvo el funcionario.

El registro oficial del gobierno reporta 106,780 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 a la fecha, según citó el subsecretario, después de que México rebasó la cifra de más 100,000 desaparecidos en mayo pasado.

De ese total, más del 40%, 44,124 desapariciones, corresponden al sexenio de López Obrador, comparado con las 36,725 personas no localizadas del sexenio de Enrique Peña Nieto y las 17,425 de la administración de Felipe Calderón.

Encinas argumentó que en los sexenios anteriores, “el Estado fue omiso en su responsabilidad en la búsqueda de personas y en la protección de derechos humanos elementales”.

El subsecretario defendió que este gobierno ha implementado el “Programa nacional de derechos humanos”, reinstauró el Sistema Nacional de Búsqueda e instaló comisiones estatales de búsqueda que han recibido en todo el sexenio 1,800 millones de pesos.

Añadió que el gobierno ha realizado en 3,356 jornadas de búsqueda, en 28 estados y más de 400 municipios, y creó un registro de fosas clandestinas y cuerpos exhumado que ha reportado 2,386 pozos y 4,180 cadáveres.

Un informe de México Evalúa alertó que el presupuesto que presentó el gobierno federal para 2023 “tiene miras electorales rumbo a la campaña y elección presidencial de 2024 al contemplar un aumento anual de 15% en subsidios.

“En la propuesta de Paquete Económico 2023 que el Legislativo se dispone a aprobar el gasto tiene miras electorales, no de verdadero beneficio para la población; los servicios de salud para las personas sin seguridad social se deja del lado (con la muerte anunciada del Fonsabi, el fondo que cubre enfermedades de alto costo), y los recursos enfocados exclusivamente a garantizar e impulsar los derechos de las mujeres están estancados”, señaló la organización.

El presupuesto, que debe ser aprobado para el 15 de noviembre, contempla 951,000 millones de pesos en subsidios, señaló el estudio “Diez riesgos y desventuras del Paquete Económico 2023”, que implica un aumento de 15% con respecto al PEF 2022.

Dentro de estos subsidios, las pensiones de adultos mayores representan el 68% del incremento, con lo que llegarán a 335,000 millones de pesos, lo que implica un aumento anual de 34% y el 35% del gasto total en transferencias.

De aprobarse como está el PPEF 2023, de 2018 a 2023 las Pensiones de Adultos Mayores habrán crecido 629% (289 mmdp).

Además, México Evalúa detectó que la proporción de recursos sin clasificación geográfica o localizados en Ciudad de México será del 87%, el mayor porcentaje de la década.

“Este vacío de información facilita el uso discrecional y electoral de los recursos”, comentó Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público de México Evalúa, al presentar el estudio.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso el presupuesto al Congreso en septiembre, cuando planteó un aumento del gasto neto total a 8.3 billones de pesos, un alza de 11.6% frente al de 2022, año en el que el gasto fue de 7.4 billones de pesos.

Recordemos que la Cámara de Diputados debe discutir y aprobar el presupuesto de 2023, año en el que iniciarán las precampañas rumbo a la elección presidencial de 2024, en la que López Obrador buscará impulsar a un sucesor, a una de las bautizadas por él como “corcholatas”.

“Es inevitable: la carrera por las elecciones presidenciales de 2024 se acelerará el próximo año. Por ello, el gobierno busca contar con un presupuesto generoso para ‘quedar bien’ con la mayoría de actores, por lo menos en el papel”, señala el informe de México Evalúa.

Mientras los gastos en programas sociales suben, la organización detectó una reducción de 4% en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el IMSS-Bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social, encargados de atender a la población sin seguro social.

Además, se propone liquidar la reserva del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), que cubre las enfermedades de alto costo como cáncer o VIH, según el documento.

El estudio reconoció un incremento de 21.7% en inversión pública hasta los 1.1 billones de pesos, el monto más alto de la década. Sin embargo, el 55% del aumento se concentra en solo cuatro estados: Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, estados del sureste del país donde se construye el Tren Maya, obra emblemática de López Obrador.

La austeridad no dio para tanto. Estamos en el cuarto año de gobierno y ni recortando sueldos y prestaciones; ni apropiándose del dinero de los fideicomisos; ni extorsionando empresarios, logra este gobierno los recursos que quiere para comprar simpatías.

El presupuesto de este año de 8 mil millones de pesos no tiene precedentes.

¿Qué va a pasar cuando a AMLO se le acabe el dinero?

Ya lo dijo claramente en su mañanera del miércoles 28 de septiembre. Si los empresarios que deben millones al fisco no pagan, entonces vendrá un aumento de impuesto y se endeudará (más) el gobierno.

Concretamente el presidente dijo que antes de él, no pagaban impuestos “los grandes contribuyentes”, pero que ahora sí todos están pagando. Todos, menos unos 20 o 30 empresarios que son rezagos del pasado porque no aceptan, según el presidente, la nueva realidad en la cual la defraudación fiscal es un delito penal.

Y entonces vino la advertencia: “Necesitamos finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, no endeudar al país”.

Así queda claro que cuando deje de haber dinero para lo que el presidente quiera, quedando aún poco menos de dos años de su gobierno, le aventará la culpa a los empresarios para justificar un aumento en los impuestos y en la deuda del país. Será culpa de los empresarios por no haber pagado sus impuestos.

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Ayer en el senado quedó de manifiesto que la cola larga de nuestros políticos es la más poderosa herramienta del actual gobierno. Para lograr los votos que avalaran que el ejército permanezca cuatro años más en las calles en labores de seguridad pública solamente hizo falta tiempo.

Los senadores del PRI acabaron dándole al gobierno los votos necesarios para que esto fuera posible. Salvo contadas excepciones, como la muy destacable y valiente postura de la senadora Claudia Ruiz Massieu, sus colegas de partido se doblegaron.

Justificaron su voto en que se logró mayor presupuesto y supervisión para que los militares ejerzan trabajos de seguridad pública. También en la idea de que vendrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Y que la verdadera militarización no está en darles más tiempo a los militares en las calles sino en que la Guardia Nacional pase a manos de la SEDENA y que ahí va a haber un alto mucho más riguroso.

Lo que vivimos hoy en México es realmente preocupante. Es ceder todo el poder al ejército. Queda muy claro que el país no padeció los regímenes militares-autoritarios de otros países de la región. No tuvimos al ejército al frente del gobierno como sucedió en Brasil; Chile y gran parte de América Latina. Pero eso no significa que el ejército va a permanecer al margen por siempre en México. Increíble que el presidente que prometió acabar con la militarización del país sea el que les esté dando hasta el poder de manejar el turismo en México. Dar poder es fácil. Quitarlo, no es tan sencillo.

Columna completa en El Universal

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados realizará 300 asambleas en todo el país, para dar a conocer “el deficiente Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2023” que envió el gobierno Federal, así como las alternativas que proponen para combatirlo.

El grupo parlamentario dijo que en dichas asambleas los priistas presentarán un proyecto fiscal y presupuestario alterno que denominarán: Programa para la Defensa de la Economía Familiar y el Empleo.

Esta propuesta alterna tiene, entre otros aspectos, propuestas como aumentar el presupuesto al campo; aumentar el gasto en medicinas e infraestructura hospitalaria; aumentar los presupuestos para el servicio de agua potable; aumentar los subsidios a Universidades públicas; invertir en la construcción y mantenimiento de carreteras; más recursos para estados y municipios en materia de seguridad, pueblos mágicos y medio ambiente.

Precisaron que en cada asamblea, estará presente una comitiva de diputados federales del PRI, que acompañen la discusión y análisis que se haga, con sus respectivas propuestas.

“No solo vamos a explicar los problemas del país, también escucharemos a la gente, les llevaremos propuestas y les vamos a plantear una ruta para protestar”, dijo Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI.

En tanto el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, adelantó que su bancada elaborará un presupuesto alterno que “sí atienda lo que la ciudadanía exige”, ya que acusó que en el proyecto enviado por el Ejecutivo, esto no está siendo cumplido.

“El tema del presupuesto será nuestra mayor ocupación en los próximos meses. Al ser un tópico de tal relevancia, es necesario que sea discutido con la seriedad que requiere y que el oficialismo no pretenda hacer su paso por la Cámara un simple trámite, como si se tratara de una oficialía de partes”, dijo el panista.

Sostuvo que el presupuesto debe ser ciudadano y democrático, por lo que se está elaborando una herramienta digital que será presentada en los próximos días para que la gente pueda expresar sus prioridades y decidir en qué se gastará su dinero.

El diputado añadió que su partido no dejará de insistir en recuperar programas que sí servían y que el gobierno eliminó de un plumazo, pero, además, presentarán propuestas que atiendan otros rubros, como el seguro de desempleo y las energías limpias.

“Como Grupo Parlamentario no quitaremos el dedo del renglón en hacer que regresen programas como las Estancias Infantiles, que daban un alivio a las madres trabajadoras, o el Seguro Popular que proporcionaba atención y abasto de medicamentos para quien los necesitaba”, finalizó el diputado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió este martes un presupuesto austero y equilibrado para 2023, sin aumento de impuestos, y enfocado en sus proyectos y programas sociales prioritarios.

“Va muy bien el paquete (económico 2023), equilibrado en cuanto a ingresos, en cuanto al financiamiento de todos los programas del bienestar”, resaltó el mandatario en su conferencia matutina al ser consultado sobre el tema.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el paquete económico 2023, que incluye el proyecto de presupuesto de egresos, así como los criterios generales de política económica para el año entrante, será entregado el próximo jueves, el último día por ley para enviarlo al Congreso.

López Obrador insistió en que el próximo año continuará la austeridad y los ahorros, con el fin de mantenerse sin endeudamientos y seguir con el impulso a sus obras de desarrollo y a los programas sociales.

Agregó que el gobierno federal considera incrementos al presupuesto en los programas del bienestar, que implican transferencias directas de recursos económicos, y detalló que en el caso de las pensiones a adultos mayores se prevé un aumento de poco más del 25%.

“Vamos a seguir con la austeridad, ahorrando, ahorrando, para poder financiar el desarrollo sin deuda, sin endeudamiento”, expresó López Obrador.

Así, confirmó que mantendrá como prioridades los desarrollos del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, la construcción de plantas termoeléctricas en Yucatán, 34 proyectos eléctricos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de los cuales 16 tienen que ver con hidroeléctricas; así como proyectos del Corredor del Istmo de Tehuantepec.

También insistió en que “no hay aumento en nada” al interior del paquete económico, así como que no habrá despidos por motivo de la austeridad.

“No hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas, vamos a poder financiar todos los programas prioritarios, tanto los orientados o destinados al bienestar de la gente”, aseguró.

López Obrador pidió la colaboración de todos los actores de la economía, ya que reiteró que no habrá apoyos fiscales para nadie.

El paquete económico tendrá que recibir el aval de la Cámara de Senadores y Diputados en el caso de algunos cambios a la las leyes de Ingresos de la Federación, del Código Fiscal federal, y para los criterios de política económica y fiscal.

En tanto, será responsabilidad exclusiva de la Cámara Baja aprobar el presupuesto de gastos del gobierno para 2023 a más tardar el próximo 15 de noviembre, como marcan los tiempos.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la invalidez del presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE), para el ejercicio fiscal 2022, tras advertir que la Cámara de Diputados no motivó adecuadamente la modificación que hizo al anteproyecto que dicho Instituto presentó.

Los ministros de la Corte consideraron que el ajuste que se hizo al presupuesto compromete las funciones de ese organismo constitucional autónomo, lo que podría traducirse en una violación de los derechos fundamentales de carácter político-electoral.

La Corte analizó la controversia constitucional que promovió el INE en contra de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo Federal, en la que demandó la invalidez de diversos artículos y anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado el 29 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al resolver el asunto, la Primera Sala advirtió que la Cámara de Diputados redujo en más de 26% el presupuesto solicitado por el INE, sin motivar la disminución referida.

En este sentido, el Alto Tribunal sostuvo que, si bien la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de modificar la cantidad originalmente solicitada por el INE, ésta debía ejercerse mediante la aplicación de un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y justificadas para realizar una reducción.

De esta manera, la Primera Sala concluyó que la reducción que realizó la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2022 careció de una motivación en la que se demostrara que los recursos asignados al INE eran, en principio, suficientes para pagar los gastos generados en cumplimiento de las obligaciones constitucionales de ese Instituto.

A partir de estas consideraciones, la Sala declaró la invalidez del Presupuesto de Egresos 2022, en lo relativo a los recursos asignados al INE, e instruyó a la Cámara de Diputados para que analice y determine en sesión pública lo que corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto presentado por la autoridad electoral.

Indicó que de estimar procedente la autorización de recursos adicionales, se deberán adoptar las medidas necesarias para que se haga la transferencia efectiva de los recursos al Instituto, o bien, en caso de que la decisión sea negativa, presente una motivación reforzada y con rigor técnico de su decisión.

Finalmente, la Primera Sala precisó que aunque haya concluido el proceso de Revocación de Mandato del Presidente López Obrador, cuyos recursos para su ejercicio fueron previstos en el anteproyecto de presupuesto 2022, no puede ser motivo suficiente para que la Cámara de Diputados decida negar los recursos originalmente solicitados por el INE.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aprovechó sus redes sociales para indicar que “por mas estridencia tuitera que hagan”, Morena ocupará su mayoría para optar por la opción de motivar reforzada y técnicamente la decisión de recortar el presupuesto al INE.

“El recorte prevalecerá y los recursos ahorrados se destinarán a necesidades más importantes que los sueldos estratosféricos de Lorenzo y Ciro”, sostuvo el morenista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este miércoles que el costo de construcción de la refinería Olmeca, de Dos Bocas, Tabasco, se elevó respecto a lo presupuestado inicialmente, es decir, costará más de los 8 mil millones dólares que se proyectaban.

“Dijimos 8 mil millones de dólares, nos va a salir un poco más cerca de 9 mil millones de dólares”, dijo el mandatario por la mañana al hablar de

Sin embargo, recordó que cuando hicieron la licitación para la refinería, una de las empresa, la  “más importante”, ofrecía un proyecto por 12 mil millones de dólares, además de que implicaba que estaría terminada hasta 2026. “Dijimos, no, vamos a hacerla nosotros”.

El pasado 12 de abril, en entrevista con El Universal, la secretaría de Energía, Rocío Nahle, reveló que la nueva refinería costará 9 mil 800 millones de dólares, en lugar de los 8 mil 900 millones estimados al inicio, pues hubo una ampliación del proyecto.

Recordemos que se tiene programada la inauguración del complejo para el próximo 2 de julio, y será la primera refinería del país en cuatro décadas.

En otro tema, el presidente López Obrador, reiteró su “apoyo” a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, esto luego de que se revelara una investigación judicial abierta en su contra por acusaciones de corrupción.

“La traen en contra de Cuauhtémoc Blanco y no dejan de atacarlo, pero yo lo apoyo”, manifestó el mandatario al ser consultado sobre el tema.

Y es que ayer trascendió que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos pidió un juicio de procedencia (desafuero) contra Blanco por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad de declaraciones, falsificación de documentos y ejercicio ilícito de funciones.

“Sí (sigue siendo una persona de confianza), y lo que hay detrás, para decirlo amablemente, sutilmente, es politiquería”, sostuvo López Obrador.

Recordemos que López Obrador ha acusado reiteradamente a los funcionarios del gobierno anterior, del PRD, de permitir que en Morelos hubiera una asociación delictuosa. Ha dicho que “en Morelos se alimentaban y se nutrían mutuamente el poder político y la delincuencia”.

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados propuso convertir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el Instituto de la Función Pública, a fin de garantizar en este órgano plena autonomía técnica, de gestión y presupuestal.

La bancada blanquiazul indicó que el objetivo es que la Función Pública pueda cumplir sin complicidades con su responsabilidad de prevenir, vigilar e investigar todas las faltas administrativas, así como la de sancionar las graves y no graves cometidas por servidores públicos federales.

Esta propuesta se da en el marco del paquete de iniciativas, con las que anunciaron los diputados panistas, buscan defender a México del autoritarismo.

El coordinador de la bancada, Jorge Romero Herrera, señaló que el actual mecanismo del titular de la Función Pública no garantiza autonomía de ejercicio y queda demostrado que bajo las reglas vigentes dicha dependencia está sometida a la voluntad del presidente López Obrador.

Lo anterior, dijo, “contraviniendo el espíritu del combate a la corrupción en todas sus esferas, por eso se pretende generar un contrapeso institucional, siguiendo los principios por los cuales se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”.

En ese sentido, la bancada del PAN también planteó una serie de mecanismos que blinden los órganos autónomos y al Poder judicial con más y mejores requisitos, que son fundamentales para que las y los titulares de estas instituciones estén a la altura de su mandato constitucional.

Con la propuesta, explicó, se busca que las personas que aspiran a los cargos de instituciones autónomas, cumplan con la probidad, experiencia, independencia y el profesionalismo necesarios para llevar a cabo sus funciones. Además de los requisitos que ya se contemplan, se plantea que se solicite no haber sido militante de algún partido político en los últimos 12 años anteriores al día de su nombramiento o ratificación; no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular federal o local en los últimos 12 años anteriores al día de su nombramiento o ratificación; no tener o haber tenido algún interés o beneficio económico o privado con quien ejerza la titularidad del Ejecutivo Federal, además de que los nombramientos en los cargos directivos de los órganos autónomos deben estar alejados de las filias respecto al titular del Ejecutivo.

El Grupo Parlamentario comentó que la reforma pretende dotar a los órganos autónomos del Estado y a los miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) como son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal, así como al Tribunal Federal Electoral, de la independencia necesaria para cumplir con sus objetivos.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazara el plan de austeridad que el gobierno federal presentó para generar ahorros al interior del Instituto, alegando que quien lo generó desconocía el funcionamiento del  órgano electoral, su funcionamiento, e incluso lo considera “poco serio”, este viernes el secretario de Gobernación insistió en que no hay margan para cumplir con la solicitud del INE.

“Desde luego que nosotros ayer mismo indicamos que era un trabajo a profundidad que se había realizado, se revisó todos los rubros del Presupuesto de Egresos 2022 y elevamos esa propuesta, ese análisis para que ellos pudiesen revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales, que son los que permitirían casi tres mil millones de pesos, digamos, conformarían esa bolsa, dinero suficiente para llevar a cabo la revocación del mandato, que es una obligación constitucional que reconoció incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, respondió durante la mañanera Adán Augusto López.

El funcionario reiteró que tal como las autoridades hacendarias, la oficial mayor y el equipo de trabajo y el secretario de la Función Pública, lo informaron ayer en la mañanera, no hay margen en el presupuesto público para cumplir con la petición que presentó el INE, por más de mil 700 millones de pesos.

“Está muy acotado” el presupuesto, enfatizó el titular de SEGOB. Añadió que presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales, y dijo que no es posible pensar que se vaya a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega de las pensiones a los adultos mayores para responder a las demandas del INE.

Además, volvió a señalar que no hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral de México (INE) acordó este miércoles solicitar una partida presupuestal especial a la  Secretaría de Hacienda, con la que busca cumplir con la realización de la consulta de la Revocación de Mandato.

El instituto definió en 1,738 millones de pesos el monto solicitado al gobierno federal para organizar la consulta, la cual está prevista para realizarse el 10 de abril.

“Nadie en su sano juicio podrá acusar a la autoridad electoral de no haber hecho todo lo que está a su alcance para cumplir puntualmente con su mandato legal”, dijo el presidente del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante una sesión realizada este miércoles. “Estaremos atentos a la respuesta de la secretaría de Hacienda”, agregó.

La decisión del INE viene luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenara hacer ajustes presupuestarios o solicitar una ampliación de recursos a Hacienda para realizar el ejercicio, esto luego de que en diciembre pasado, el INE decidiera posponer el proceso para la consulta de la revocación de mandato argumentando falta de recursos.

Recordemos que el presidente López Obrador fue quien impulsó la consulta para que la ciudadanía decida si concluye o no su mandato hasta 2024. Y aunque el mandatario asegura que se trata de un ejercicio democrático, sus detractores señalan que se trata de un ejercicio político con miras a fortalecer su posición a la mitad de su gobierno.

Por ley, para que el INE realice la consulta se requiere la firma del 3% del padrón electoral, esto es, unos 2.7 millones de apoyos. Al respecto, esta tarde el consejero presidente calificó como “inminente” que dicho número se vaya a cumplir.

Será este viernes cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aborde y en su caso apruebe, el proyecto que presentó el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, el cual propone “posponer de manera temporal” la consulta de Revocación de Mandato, por falta de recursos.

“(A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, ante la insuficiencia presupuestal (…) se determina posponer temporalmente la realización del proceso de Revocación de Mandato 2021-2022”, se lee en el documento que fue circulado.

El aplazamiento se daría hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia que el INE promovió, “o cuando la autoridad competente le genere a este instituto las suficiencias presupuestarias solicitadas” para la Revocación de Mandato.

La sesión del Consejo General está programada para hoy viernes a las 10:00 horas, y se discutirán diversos asuntos.

Recordemos que la Cámara de Diputados aplicó al INE un recorte de poco más de 4 mil millones de pesos, por lo que el Instituto ha señalado que no cuenta con las capacidades económicas necesarias para realizar este ejercicio.

El INE solicitaba un presupuesto para 2022 de 24 mil millones de pesos solicitados, de los cuales 5 mil millones son para prerrogativas de partidos; se consideraban 3 mil 830 millones 448 mil 91 pesos para realizar la Revocación, y se dijo que en caso de que el ejercicio no se llevara a cabo, el dinero se devolvería a la Tesorería de la Federación.

El proyecto señala que en caso de ser aprobado, se suspenderían todas las actividades relacionadas con la organización del proceso, excepto con la verificación de las firmas de apoyo y la entrega del informe del resultado de la verificación.

Rápidamente, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó la propuesta del consejero presidente del INE como un “golpe a la democracia”.

Delgado dijo que el INE pretende suspender el proceso de Revocación de Mandato, justo cuando se había rebasado el número de firmas necesarias para convocar el ejercicio.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió esperar el resultado de la votación que se de la sesión del INE,  aunque dijo, lo que se resuelva es “secundario” pues todavía quedan instancias como el Tribunal Electoral o la Suprema Corte, quien dijo, ya se pronunció de manera provisional a favor de que se lleve a cabo la consulta.

“Si tienen dinero no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas; aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico, lo quieran o no lo quieran, de que el pueblo va a ejercer su derecho a la Revocación de Mandato. El pueblo que es soberano pone y quita”, sostuvo el mandatario.

López Obrador reiteró con la Revocación de Mandato, nadie se podrá sentir absoluto, y sea el pueblo el que tenga las riendas del poder.

Sin embargo, criticó que el INE debería de estar promoviendo el ejercicio de Revocación de Mandato y no estar buscando aplazarlo. “Son muy conservadores los que están en el INE”; incluso dijo que está muy difícil que sorprendan con la votación de hoy.

“Son chicanadas, son tácticas dilatorias, parecen abogados huizacheros. Pero el fondo ya está resuelto”, remató el mandatario.