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Pemex planea un fuerte recorte en el número de equipos de perforación de compañías privadas utilizados este año y previstos para el próximo, de acuerdo a un documento de planeación interna al que la agencia Reuters accedió.

El documento «Movimiento de Equipos, Programa Operativo Trimestral», detalla 76 suspensiones de plataformas este año, 14 planeadas para el campo más productivo de la empresa, Ku Maloob Zaap (KMZ), responsable de cerca de la mitad de la actual producción de petróleo de Pemex.

Las medidas de reducción de costos detalladas en el plan reflejan los recortes hechos por otros productores mundiales tras el colapso de la demanda y la caída de los precios este año, pero van en contra de la reiterada promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de aumentar, no de recortar, la producción de crudo.

El programa afectaría directamente a 10 compañías privadas de servicios petroleros que Pemex contrata para el uso de sus plataformas en tierra y mar.

Dicho plan dejaría ver que Pemex está buscando ejecutar un recorte de 40,000 millones de pesos, anunciado a finales de abril, alrededor del 15% de su presupuesto de inversión de este año.

La propuesta detalla además una reducción de plataformas de perforación marinas de 42 actuales a 20 en diciembre, mientras que los equipos en tierra bajarían de 43 a 29. Las reducciones propuestas para el próximo año son más pronunciadas, ya que las plataformas en el mar se reducirán a 14 y en tierra a sólo una para finales de 2021.

Entre las empresas mencionadas están la británica Seadrill así como importantes proveedores de servicios mexicanos Grupo R, propiedad del millonario Ramiro Garza, y Perforadora México, de la minera y ferroviaria Grupo México. Ninguna de estas empresas respondió inmediatamente a solicitudes de comentarios.

Las suspensiones de plataformas en KMZ eliminarían la perforación de nuevos pozos y la reparación de existentes el resto de este año, lo que probablemente reduciría la producción y costaría unos 5,000 empleos entre contratistas, según una fuente con conocimiento de la propuesta que pidió el anonimato.

China pidió este viernes a los miembros de la ONU cumplir «plenamente sus obligaciones financieras» con la organización, según un comunicado de su misión ante el organismo, donde subraya una deuda de más de 2,000 millones de dólares que le corresponden a Estados Unidos.

«Al 14 de mayo, las contribuciones adeudadas para el presupuesto regular de la ONU y el presupuesto para las misiones de paz representan 1,630 millones y 2,140 millones de dólares respectivamente», indicó el documento, que está fundamentado en un informe reciente de la secretaría de la ONU y una reunión de este jueves.

Tomando en cuenta partidas impagas de varios años anteriores, «Estados Unidos es el principal deudor», con pendientes de 1,165 millones de dólares para el presupuesto de funcionamiento y 1,332 millones de dólares para financiar los operativos de paz, según el comunicado.

Estados Unidos, asimismo, es el primer contribuyente de la ONU, responsable de 22% del presupuesto anual de funcionamiento, que suma cerca de 3,000 millones de dólares, y de 25% del presupuesto anual de las fuerzas de paz, que cuestan alrededor de 6,000 millones de dólares por año.

El gobierno de Trump debería pagar 27.89% del presupuesto de paz, pero por una decisión del Congreso que aplica desde 2017, el país solo aporta el 25%, acumulando cada año una deuda equivalente a cerca de 200 millones de dólares.

Además, el año fiscal que se aplica en Estados Unidos, de octubre a octubre, hace que en ciertas épocas del año la deuda de ese país parezca mayor de lo que realmente es.

El pago de los países miembros de las contribuciones a las misiones de paz tiene una incidencia directa sobre los reembolsos que la ONU realiza a la quincena de países que aportan sus tropas para las misiones de los cascos azules en todo el mundo.

JORGE SUÁREZ-VÉLEZ

REFORMA

López Obrador no pierde oportunidad de perder una oportunidad. No es el genio de la política que muchos colegas en la comentocracia describen. Una y otra vez se le han presentado valiosas oportunidades que, de haberlas aprovechado, lo harían invencible. No lo ha hecho. Al Presidente le importa más exhibir su resentimiento y probar que está al mando, a costa de debilitar su proyecto en forma permanente o, peor aún, de cancelar cualquier posibilidad de desarrollo para México.

La primera oportunidad se le presentó con el Nuevo Aeropuerto, AMLO hubiera puesto en un brete a sus detractores de haber apoyado el proyecto. Tenía la narrativa perfecta, negándose a desperdiciar recursos al cancelarlo. Después de ese punto, lo que saliera mal sería imputable a gobiernos previos, y él hubiera inaugurado la obra pública más grande de América Latina. En vez de eso, la canceló. Nos quedamos sin un aeropuerto que generaría miles de millones de dólares de inversión privadas complementaria en un momento clave y, por si fuera poco, pegamos íntegramente por un aeropuerto que no tendremos, sumando enorme desprestigio internacional, dada la evidente irracionalidad de su decisión.

Las protestas contra los feminicidios le presentaron otra oportunidad. López Obrador pudo hacer suya la causa: marchando con las mujeres, manifestando su oposición a la violencia detonada por malas decisiones en sexenios previos, y solidarizándose con la causa feminista- Habría acumulado vasto capital político. En vez de eso, descalificó al movimiento y a las manifestantes, causando innecesaria división alrededor de un tema que tenía respaldo popular.

Pudo haber hecho caravana con sombrero ajeno con el acuerdo entre BID Invest y las cúpulas empresariales. Nuevamente, tenía una narrativa óptima, subrayando que éste demostró que no era necesario endeudarse o presionar al erario para proveer alivia a pequeñas y medianas empresas. En vez de eso, muestra su intransigencia frente a todos lo que no provenga de él y critica «los moditos» de los empresarios. En un momento en el cual México requiere urgentemente de inversión privada, les recuerda por qué jamás ofrecerá un entorno confiable. Su coraje contra ellos es más fuerte que la apremiante necesidad de sus recursos.

La interrupción de cadenas de suministros provocada por la pandemia le dio al gobierno de López Obrador otra oportunidad insuperable. Habiendo logrado la ratificación del T-MEC, México podría atraer mucha de la capacidad industrial que busca reubicarse en territorio estadounidense, o cerca de él. En medio de esa transición, convocó a una consulta popular ilegal para cerrar una planta productora de cerveza de 1,400 millones de dólares (ya en construcción), propiedad de Constellation Brands en Mexicali. Les reiteró a los inversionistas internacionales que en México él está por encima de la ley.

La obsesión de López Obrador por tomar crédito por todo lo que ocurra en el país lo hace irremediablemente dueño de la peor caída en la economía mexicana desde 1932. La culpa será íntegramente suya, porque él así lo quiere. Insiste en ser el pararrayos en la peor tormenta que haya azotado a México desde la Gran Depresión.

La terrible pandemia subraya las limitaciones del proyecto de lopez-obradorista. No es lo mismo ver los toros desde la barrera, despotricar contra la mafia en el poder, criticar el bajo crecimiento y prometer acabar con la corrupción, que tener que dar resultados, teniendo que convocar al país que él mismo dividió a enfrentar juntos la tremenda crisis. No sabe por dónde empezar.

En vez de ganar capital político con astucia, aprovechando las oportunidades que se presentan, AMLO prefiere apostarle a arraigar su proyecto populista autoritario. Sabe que Morena perderá la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021, y por eso ha decidido devastar el carácter de contrapeso que la Constitución le otorga a la Cámara, quitándole control sobre el presupuesto en un país que claramente se gobierno con éste.

El desastre que viene es única y exclusivamente su culpa.

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados realizó su reunión plenaria virtual, en la que analizaron los cambios a la iniciativa que envió el presidente López Obrador para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En un comunicado, la bancada aseguró que preparará iniciativas adicionales a la presentada por el Ejecutivo Federal, con el fin de fortalecer el marco jurídico, acabar con la simulación y que la Cámara de Diputados ejerza su facultad constitucional de decidir el destino de los recursos públicos.

Aseguraron que trabajarán e insistirán para dejar en claro la división de poderes y se terminaría con la discrecionalidad.

Sobre la iniciativa del presidente, los morenistas destacaron el parlamento abierto que se llevó a cabo el jueves 30 de abril, donde participaron expertos y juristas como el doctor Diego Valadés Ríos; Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mariana Campos, investigadora de México Evalúa; y Héctor Juan Villarreal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

Coincidieron en la necesidad de modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues aseguraron que fue uno de los instrumentos fundamentales en el uso de los recursos «aprovechado por el régimen de corrupción y opacidad de las anteriores administraciones».

Señalaron que la ley, como está actualmente, permite una gran discrecionalidad en la reasignación de partidas presupuestales, ya que prácticamente no hay límites.

Por eso se pronunciaron para que en esta nueva reforma que se plantea, se establezca con claridad el momento y quiénes deberán ser los responsables de valorar que el país está en emergencia económica.

También consideraron indispensable preservar un contrapeso constitucional y la división de poderes, para que la Cámara de Diputados siga siendo quien tenga el control y destino del gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados confiaba en reunir los votos necesarios para convocar a un periodo extraordinario, y así analizar y eventualmente aprobar la iniciativa de reforma que envío el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en materia presupuestaria.

Sin embargo, los grupos de oposición que integran la Comisión Permanente del Congreso, cerraron filas para no facilitar la intención de Morena y sus aliados.

Ante dicha situación, y al no reconocer la falta de apoyo, Mario Delgado anunció que por recomendación de las autoridades sanitarias, en el marco de la contingencia sanitaria por Covid-19, no habría sesiones extraordinarias.

Los líderes parlamentarios del grupo de contención aseguraron que a Morena no le quedó otra que aceptar que no podrían sesionar. «Un triunfo de la oposición unida!, dijo la líder del PRD en la Cámara de Diputados.

Por su parte la fracción parlamentaria del PAN aseguró que gracias al rechazo de la sociedad civil y de la oposición, se impidió que el presidente se apoderara del presupuesto. «Gracias a estos esfuerzos (…) No hay que bajar la guardia, la lucha por conservar la democracia es permanente»

Por si parte, el líder de la banca de Morena, Mario Delgado, llamó a la oposición a abordar con «responsabilidad» la reforma a Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y acotar la discrecionalidad con la que se manejaban anteriormente los recursos públicos.

Aseguró que ante la situación inédita que enfrenta el país, existe la necesidad de ajustar el presupuesto a la nueva realidad económica o a las nuevas prioridades

El líder parlamentario planteó los ejes en torno a los cuales debería girar la discusión: definir cuándo hay una emergencia económica; que la Cámara de Diputados pueda aprobar, a solicitud del Ejecutivo, el llamado a la emergencia económica; que se pongan reglas claras para la reasignación de presupuesto, incluyendo el que un cambio mayor tenga que regresar a la Cámara para ser nuevamente discutido y aprobado; y que se preserve el orden constitucional, la división de poderes y la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de decidir el destino del gasto público.

Recordó que el predictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública contempla que si hay cambios en el presupuesto mayores al 10 por ciento, el Ejecutivo tendría que enviar un proyecto de presupuesto a la Cámara para que éste sea aprobado.

Las legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios autodenominados de «contención» (PAN, PRI, MC y PRD) que integran la Comisión Permanente, informaron este jueves que no apoyarán la celebración de sesiones extraordinarias que tengan como objetivo la aprobación de la iniciativa a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y que Morena y aliados pretenden sacar adelante, pese a la violación a la Constitución que representa.

Recordaron que el proyecto de iniciativa enviada la semana pasada a la Cámara de Diputados propone:

a) Autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en caso de una emergencia económica, pueda reorientar los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a fin de “destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”.

b) Reorientar los recursos asignados al Fondo Metropolitano (3,300 millones de pesos aprobados en el PEF 2020) para destinarlos a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad, con base en las decisiones de servidores públicos del gobierno federal.

Al respecto, los legisladores de oposición señalaron que la iniciativa es innecesaria, pues las disposiciones vigentes en dicha Ley contienen la posibilidad de la adecuación del PEF ante el escenario de una disminución de los ingresos fiscales aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación.

Además denunciaron que la iniciativa de AMLO busca legitimar acciones inconstitucionales, pues la propuesta busca dar sustento al Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el propio 23 de abril de este año, por el cual «unilateralmente» se establecieron determinaciones sobre el ejercicio del PEF 2020 que violan la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Alertaron que la iniciativa también promueve la opacidad, pues el Decreto que le da origen no establece la naturaleza y características de la emergencia económica derivada de la pandemia y sus efectos en las finanzas públicas, el sustento para la determinación de las actividades y los programas prioritarios o los criterios para la reorientación del gasto público para la atención de lo prioritario.

Indicaron que tampoco establece un límite a los recursos que se pueden reasignar.

Señalaron que también se pretende desaparecer el Fondo Metropolitano para el año 2020, recursos destinados para inversión pública que ahora pretenden orientar a la discrecionalidad del gobierno central.

«La propuesta legislativa atenta contra una de las facultades legislativas más importantes: la de decidir y supervisar, como representantes de la ciudadanía, la asignación y el ejercicio del presupuesto de la Nación. Además, no propone
ninguna medida dirigida a contener la grave caída de los ingresos presupuestarios, los cuales podrían disminuir por  más de 700 mil millones de pesos», se lee en el posicionamiento conjunto que emitieron las bancadas de oposición.

Los legisladores sostuvieron que aprobar la iniciativa del presidente representaría un claro retroceso en el orden jurídico, y significaría regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho.

«Reiteramos el llamado a actuar con responsabilidad y dejar a un lado los cálculos políticos y los intereses particulares, apegados al orden constitucional que nos rige», remataron los cordinadores parlamentarios, tanto de Diputados como en el Senado: Juan Carlos Romero Hicks y Mauricio Kuri González del PAN;  René Juárez Cisneros y Miguel Ángel Osorio Chong del PRI;  Tonatiuh Bravo Padilla y Dante Delgado de MC, y Verónica Juárez Piña y Miguel Ángel Mancera del PRD.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que está preparado para enfrentar cualquier desafío que se presente, ya que lleva años lidiando con adversidades.

Al asegurar que la pandemia del Covid-19 no es la gran prueba de su carrera política, el mandatario federal aclaró que la lucha contra la corrupción en Mexico es el mayor reto que enfrenta en la actualidad.

Afirmó que desterrará la corrupción, la que calificó de peste, de la vida pública. «Enfrenté esa peste y la voy a desterrar de México, imagínense si no voy a enfrentar, con el pueblo que tenemos no hay nada imposible. Lo difícil lo vamos a lograr, lo imposible lo intentaremos, estoy optimista, vamos a salir adelante».

López Obrador consideró que el enojo de los grupos conservadores hacia su administración es porque ya no se permite el saqueo del presupuesto.

Sostuvo que el enojo que contra su gobierno es porque ya no pueden robar a sus anchas, como antes se hacía. «No voy a permitir que nadie se robe dinero del presupuesto».

En ese sentido, dijo que los conservadores están detrás de las noticias falsas, que por ejemplo, ahora alertan sobre una supuesta falta de camas para atender los casos de Covid-19 en el país.

Señaló que los grupos que se oponen a su gobierno tienen una gran maquinaria a su servicio para desinformar a la población y crear pánico en un momento como el que vive México y el mundo.

Lamentó que medios de comunicación y la oposición a su gobierno utilicen esta coyuntura delicada para atacar su proyecto de nación.

Al preguntarle si esa información es producida por sus opositores, respondió: “Sí, o sea yo nunca he repartido despensas ni he hecho un fraude electoral, ni he pagado para que hablen bien de mí, ni tengo ‘bots’. Lo lamentable es que en estos tiempos esto suceda. Tenemos diferencias, claro que tenemos diferencias, pero no se vale que se utilice el dolor de la gente, eso es de ‘chombos’”.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió a la ciudadanía no hacer caso a las «campañas mentirosas» de la derecha que pretenden confundir sobe la iniciativa que el presidente López Obrador envío para modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Delgado dijo que ante la emergencia sanitaria, el gobierno tiene que ajustar su presupuesto a la nueva realidad y a las nuevas prioridades, por lo que el presidente tenía que elegir entre dos caminos:

  • Aprovechar la flexibilidad que existe en la ley, y hacer cambios, ajustes y reasignaciones en el presupuesto. «Hacer lo que hubiera querido, simplemente informarlo a la Cámara, y el año que entra conoceríamos los detalles en la Cuenta Pública; así le hicieron todo el tiempo los gobiernos anteriores. Entre lo que aprobaba la Cámara y lo que finalmente se ejercía había enormes diferencias».
  • Legislar en la materia. Indicó que al haber enviado su iniciativa, los legisladores tienen que definir en la ley cómo tratar una emergencia como la que estamos viviendo; definir cuándo se dan las condiciones de una emergencia económica, basado en parámetros del Banco de México o del INEGI para que pueda ser declarada la emergencia.

Mario Delgado explicó que será labor de los diputados delimitar los cambios que pueda hacer el Ejecutivo en el presupuesto. Detalló que actualmente, en cambios mayores al 5%, el presidente informa la Cámara y la Cámara, simplemente, manifiesta una opinión.

Sin embargo, dijo que ahora, ante cambios mayores, el Ejecutivo tendrá que enviarlo nuevamente a la Cámara para que la Cámara lo apruebe, pues reconoció que es la única facultada, según la Constitución, para aprobar el Presupuesto de Egresos; además de que es una facultad muy importante en la división de poderes.

«Qué bueno que el presidente eligió esta segunda opción (legislar) y nos mandó la iniciativa y no actuó discrecionalmente (…) no hagas caso de las campañas mentirosas de la derecha».

Por otro lado, la oposición ha mantenido su rechazo a dicha iniciativa; el PAN hizo un llamado a las fuerzas políticas de oposición en el Congreso de la Unión a formar un bloque que se oponga a la iniciativa del Ejecutivo, pues acusó que la propuesta vulnera la separación de poderes, es anticonstitucional y poco necesaria. 

Indicó que en los términos en qué fue enviada la iniciativa, no puede seguir su curso legislativo. Mauricio Kuri, coordinador del PAN en el Senado, cuestionó la actuación de los legisladores de Morena al querer aprobar esta iniciativa que calificó como un “atropello constitucional”, ya que no se puede convocar a un periodo extraordinario de sesiones para abordarla, dado que no hay materia, es decir, no existe dictamen.

“El Presidente quiere la sumisión absoluta del Legislativo y ese modito en el PAN no nos gusta. Puede llevar al país a las ruinas, por eso no estamos de acuerdo”, dijo Marko Cortes, líder nacional del blanquiazul.

Por su parte el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) consideró que la propuesta del presidente no resuelve de fondo la crisis sanitaria ni económica que enfrenta el país ante al Covid-19.

La iniciativa presidencial, señalaron, violenta las disposiciones contenidas en el artículo 74 Constitucional al pretender arrebatarle al Poder Legislativo sus facultades en materia presupuestal, pretendiendo hacer un cambio en la ley cuya aplicación sería discrecional.

Indicaron que otorga al presidente la posibilidad de hacer uso arbitrario de los recursos públicos con el pretexto de atender emergencias. «Con esta atribución, el jefe del Ejecutivo atenta contra el equilibrio y el respeto entre Poderes, lo que sería un duro golpe al sistema democrático de pesos y contrapesos en nuestro país y a los principios elementales de transparencia y rendición de cuentas».

Los diputados de MC aseguraron que la iniciativa enviada solo pone de manifiesto que al presidente solo le interesa mantener a flote los proyectos que ha hecho propios, como son el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Además precisaron que la reforma es innecesaria, porque el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ya establece los supuestos para que el Presidente pueda realizar reasignaciones.

Finalmente, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, René Juárez Cisneros, dijo que en los términos en los que está la iniciativa enviada por el presidente, el tricolor no estaría en posibilidades de poder avalarla. 

Señaló que así como lo han expresado otros coordinadores parlamentarios, se tienen que cuidar que no se vulneren las funciones fundamentales de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dio a conocer que se acordó dictaminar esta semana en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Asimismo, comentó que una vez que se cuente con el dictamen correspondiente se convocaría a un periodo extraordinario.

Mario Delgado comentó que también se acordó instalar la Comisión Permanente el próximo jueves a la 1 de la tarde en el Senado de la República.

Al respecto, el grupo parlamentario de Morena acordó respaldar la iniciativa. «Se declararon listos para sesionar y darle al Ejecutivo los instrumentos necesarios para afrontar los efectos de la pandemia del coronavirus».

Los legisladores de Morena afirmaron que cuidarán la constitucionalidad de la reforma para garantizar la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo señalaron que buscarán otorgarle al Ejecutivo Federal flexibilidad en la reasignación del presupuesto cuando ocurran emergencias como la que vive el país actualmente.

PABLO HIRIART

EL FINANCIERO

 

 

El jueves de la semana pasada llegó a la Cámara de Diputados un misil de tonelaje. Se trata de un proyecto de reformas que, de prosperar, dejará como adorno al Poder Legislativo.

¿Lo presentó algún acelerado de Morena, como ha venido ocurriendo?

No. Trae la firma del presidente de la República.

Gane o pierda las elecciones del próximo año, él tendrá el control del Presupuesto de manera absoluta.

No habrá contrapeso en el Legislativo, como es la apuesta de los demócratas que ven derrumbarse la economía y aplastar a millones de mexicanos, por las obsesiones ideológicas anquilosadas del Presidente.

Y en este año, evitará el bochornoso proceso de discutir con la oposición lo que le venga en gana cambiar en el gasto público.

Así sucede en las dictaduras y regímenes autoritarios.

La crisis, como ha dicho López Obrador, le vino como anillo al dedo a su proyecto. Ahora mandó el anillo, para su aprobación, a la Cámara de Diputados.

Con el pretexto de la crisis va a asestar un golpe al Congreso para quedarse con todo el poder en sus manos.

La iniciativa que AMLO envió el pasado jueves 23 busca reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que su artículo 21 quede de la siguiente manera:

“En caso de que se presenten emergencias económicas la Secretaría (de Hacienda) podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal”.

Con eso anula las facultades de la Cámara de Diputados en materia presupuestal. Nada menos.

Previsor, antes de que su partido y aliados pierdan el control absoluto de la Cámara en las elecciones del próximo año, AMLO quiere cambiar las reglas del juego.

El Presidente podrá cambiar el Presupuesto sin la aprobación de la Cámara. En pocas palabras, no importa lo que diputados discutan, acuerden y voten.

El Ejecutivo asume la función del Poder Legislativo.

Lo anterior se llama golpe de un poder a otro, cuyas tareas asume en el renglón clave del Presupuesto.

López Obrador va a decidir los cambios aprobados soberanamente por otro poder.

Va a concentrar en su persona las facultades que la democracia había separado.

Todo el destino de los recursos públicos se decidirá en Palacio Nacional.

Un paso más hacia la dictadura, que se tratará de concretar esta semana, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones –el día último de este mes.

Con ello López Obrador concentrará el poder Ejecutivo, el Legislativo en la asignación del gasto, y el Judicial, donde cuenta ya con la subordinación de buena parte de los integrantes de ese poder.

Olvidemos un poco en qué va a querer usar AMLO el dinero que no le autoriza el Congreso, otro tren, otra refinería, más gasto clientelar en año electoral, en desmedro de la promoción del desarrollo económico y la atención a la salud pública, por ejemplo.

El punto está en que ya son varias las iniciativas del gobierno y su partido que nos revelan la tiranía que tienen en mente.

La plana mayor del gobierno federal, encabezada por la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República, llevó al Senado un paquete de reformas constitucionales que proponía encarcelar a cualquier persona por la acusación de delito, sin juicio previo.

Bastaba con que el gobierno considerara sospechosa a una persona para imponerle arraigo.

Proponía encarcelar de tres a seis años a quien difunda información que agravie a una persona, sea ésta verdadera o falsa. Adiós a la prensa libre.

En esa ocasión el propio coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, les pidió que ni le dejaran ese paquete de iniciativas porque eran impasables.

Pero eso tenía el gobierno en la mente y en casi mil cuartillas que llevaban bajo el brazo.

Validaba las pruebas que el gobierno obtuviera de manera ilícita, y el espionaje telefónico a contribuyentes y partidos políticos.

Hace dos semanas un diputado de Morena presentó una iniciativa de ley para estatizar el manejo de los recursos que hay en las Afore.

El coordinador morenista Mario Delgado tranquilizó las aguas al decir que su grupo parlamentario no avalaba esa propuesta. Pero la sonda la lanzaron para medir el ambiente.

Hace unos días, otro legislador de Morena propuso una ley para que los coordinadores parlamentarios pudieran aprobar la suspensión de garantías individuales, a propuesta del presidente de la República.

De nuevo salió Delgado a señalar que era una propuesta individual y no de la bancada de Morena. Se frenó, por ahora.

Sin embargo esta iniciativa, que anula al Legislativo y entrega sus facultades presupuestales al Ejecutivo, viene con la firma del Presidente.

No la va a parar Mario Delgado. Decirle no a AMLO les aterra y actúan incluso contra su conciencia para evitar su ira.

Así es que muy probablemente esta semana presenciemos un fuerte golpe a la democracia y seamos testigos de cómo un solo hombre acumula poder y más poder.

Las elecciones del año próximo, si las pierde, le harán “lo que el viento a Juárez”.

De manual lo que estamos viendo. Y como la ranita de la fábula, nos seguimos cociendo por dentro hasta que ya estemos sin posibilidad de salvarnos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado a las autoridades sanitarias mexicanas a poner en marcha protocolos de actuación más estrictos, e implementar las medidas pertinentes, para contener el reciente arribo del coronavirus Covid-19 a nuestro país.

Recordó que desde que el nuevo coronavirus fue identificado, ha cobrado la vida de casi 2 mil 800 personas y contagiado a más de 81 mil en 48 países de todo el mundo.

Señalaron que en 2009, se enfrentó una seria pandemia de AH1N1, pero se salió adelante gracias a la actuación de las autoridades. Sin embargo, «hoy nos encontramos con que, desde entonces, las instituciones de salud pública se encuentran debilitadas en materia presupuestaria».

Acusaron que con los recortes presupuestales que el gobierno del presidente Andrés Manuel López (AMLO) ha hecho, el sistema de salud se encuentra débil y menos preparado, pues se han hecho recortes en varias dependencias, incluyendo en la Dirección General de Epidemiología, encargada de la vigilancia y las medidas preventivas ante brotes infecciosos.

Indicaron que en plena contingencia mundial por el nuevo coronavirus, dicha dirección opera con menos recursos que el año pasado. Puntualizó que para 2020, la dependencia sufrió un recorte de casi 57 millones de pesos en su presupuesto, al contar sólo con 544 millones 193 mil 400 pesos, en comparación con los 601 millones 118 mil 669 pesos con los que contó en el 2019.

Descontando el gasto administrativo, la Dirección General de Epidemiología cuenta con un gasto de operación de únicamente 75 millones 924 mil 546 pesos, cuando en el 2019, su gasto de operación fue de 199 millones 82 mil 530 pesos.

«Esta Dirección es de suma importancia, ya que es el responsable de la vigilancia epidemiológica y tiene a su cargo al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), el cual procesa actualmente los casos sospechosos de coronavirus que aparezcan en el país».

Y aunque la mayoría de los pacientes infectados por el coronavirus podrán ser atendidos en hospitales de primer y segundo nivel de atención, los casos más graves tendrán que ser atendidos en los hospitales de tercer nivel de atención, de los cuales, 18 de ellos también tuvieron un recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y cuentan con 4 mil 066 millones 423 mil 095 pesos menos en comparación con 2019.

«En la Coparmex hacemos un llamado al Gobierno Federal para establecer las acciones, asignaciones de presupuesto y protocolos necesarios, que nos permitan enfrentar con responsabilidad la llegada del virus a nuestro país, y a velar por la salud de los mexicanos», concluyó la Confederación.

El presidente Donald Trump presentó este lunes un presupuesto de 4.8 billones de dólares que vuelve a intentar cortar programas sociales, a pesar de que ello ha sido rechazado anteriormente por el Congreso.

El plan de gastos 2021 promete saldar las cuentas públicas en 15 años sin afectar programas como la Seguridad Social y el Medicare.

El documento presenta que el déficit superará el billón de dólares sólo en el año fiscal actual y que luego irá disminuyendo gradualmente hasta alcanzar proporciones manejables, pero para ello se basa en pronósticos económicos optimistas, bajas tasas de interés, una reducción de la presencia militar estadounidense en el extranjero y recortes a agencias de gobierno que serían contrarios a los dos presupuestos anteriores aprobados por Trump.

El presupuesto «fija el camino para la continuación del dominio y la prosperidad de Estados Unidos», afirmó Trump en un mensaje escrito anexo al documento.

El presupuesto no tiene probabilidades reales de ser aprobado por el Congreso y ni siquiera las tenía antes del amargo debate en Washington por el juicio político al mandatario, acusado de abuso de poder y obstruir la investigación Congreso.

La presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, lamentó que «una vez más el presidente demuestra cuán poco le importan la salud, las finanzas y el bienestar de las familias trabajadoras de Estados Unidos».

El presupuesto repite ideas intentadas antes, de eximir a programas que benefician a los ancianos como Medicare y Seguridad Social pero corta programas de ayuda a los pobres, de energía limpia y de subsidios a estudiantes endeudados. Nuevamente, estipula enormes recortes a las misiones militares en el extranjero con el fin de ahorrar 567,000 millones de dólares en 10 años, pero agrega un desembolso de 1.5 billones de dólares en ese mismo lapso para hacer que sus reducciones de impuestos se conviertan en ley permanente.

Según el plan, se reducirían 465,000 millones de dólares a entidades vinculadas con el Medicare como hospitales, lo que inmediatamente despertó quejas y denuncias de la oposición demócrata.

El borrador de presupuesto fue rechazado el lunes por los demócratas en el Congreso estadounidense, que dijeron que el plan traiciona la promesa del mandatario de proteger los programas de salud y de seguridad social.

El presupuesto financiaría las principales prioridades del presidente republicano, entre ellas la construcción de un muro en la frontera con México, al tiempo que recortaría miles de millones de dólares de los programas de redes asistenciales.

El presupuesto es en gran parte un documento político que sirve como punto de partida en las negociaciones con el Congreso. Con el objetivo de reducir la deuda y el déficit, Trump propuso una vez más recortes abruptos a programas inmobiliarios, de medio ambiente y transporte, entre otros.

«Vamos a seguir proponiendo este tipo de presupuestos y esperamos que en algún momento el Congreso tenga cierta sensatez fiscal y se una a nosotros en los intentos por hacer frente a nuestra deuda y déficit», dijo a periodistas Russ Vought, director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto de La Casa Blanca.

Russell Vought, dijo el lunes que la propuesta incluye más de 740,000 millones para gastos de defensa, un aumento del 20%.

Nuevo estados son los que no se adhirieron al nuevo sistema de salud federal mediante el Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI), informó esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

De las nueve entidades, Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León no cuentan con el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar); mientras que otras cuatro entidades, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas, sí cuentan con el servicio de IMSS-Bienestar.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de la Secretaría de Salud explicó que la adhesión consiste en el compromiso de trabajar juntos en un mismo sistema que se comprometa con la gratuidad para personas no aseguradas.

“El resultado que tenemos ahorita, posiblemente sea el final, es que 23 estados, 23 gobiernos estatales se comprometieron con este nuevo esquema y se adhirieron al Instituto de la Salud para el Bienestar y otros nueve estados no lo hicieron, decidieron no unirse a este nuevo esquema que busca la gratuidad en los servicios de salud», enfatizó López-Gatell.

Por lo tanto, los 23 estados que si se unieron a la nueva política de salud propuesta por el gobierno de López Obrador son: Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El subsecretario de Salud proyectó que los cinco estados que no se unieron al INSABI y tampoco cuentan con el IMSS-Bienestar no podrían garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos a su población.

Sobre la no adhesión de los estados al INSABI, el presidente López Obrador indicó que seguirán recibiendo los recursos y serán las propias autoridades estatales las responsables de la atención médica y medicamentos para la población.

“Van a recibir lo que por ley les corresponde, no se les va a quitar presupuesto, se les van a entregar sus recursos (…) el compromiso del gobierno federal es que no falte presupuesto. Nunca va a faltar dinero», indicó el mandatario federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que 300 hospitales están abandonados en el país, ya sea porque no los concluyeron o porque no les dotaron del personal necesario para operarlos.

“Hay 300 hospitales abandonados, a veces se terminaban, pero no había presupuesto para equiparlos, ni para operarlos con médicos, con medicamentos. Y un hospital en términos generales significa que en la obra se requieren 500 millones, otros 500 para operar por año”, explicó.

Al realizar un recuento de las instituciones hospitalarias que no fueron puestas a funcionar en sexenios anteriores por falta de equipamiento, personal o terminación de obras, el mandatario acusó que esas irregularidades se deben a la corrupción en la asignación de contratos.

Al anunciar que cada martes se dará a conocer el Quién es quién en salud, el presidente López Obrador dijo que la salud para todos “es un compromiso que se tiene que cumplir”.

“Pueden decir algunos que no se va a lograr, que es la utopía, la utopía nos hace caminar hacia los ideales. Ya se inició este proceso”, aseguró esta mañana.

El mandatario federal apuntó que los 80 hospitales del sistema IMSS-Bienestar estarán bajo el escrutinio en su funcionamiento.

En ese sentido, AMLO confió en que a más tardar el 1 de diciembre de este año quedará consolidado el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

López Obrador reiteró que este año se tienen presupuestados 40 mil millones de pesos para echar a andar el nuevo sistema de salud.

“Van a contar con atención médica y medicamentos gratuitos, se les va a garantizar ese derecho por eso se creó el Instituto Nacional para el Bienestar. Esperamos que se convierta en realidad a más tardar el 1 de diciembre de este año. Tenemos presupuesto”, dijo.

Acompañado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el jefe del Ejecutivo federal expuso que la meta de los sistemas de salud es ofrecer atención gratuita en todos los niveles.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ajustes a su presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2020, luego del recorte de 1,071.5 millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados.

“A diferencia de lo ocurrido en 2019, no vamos a solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, porque esto mandaría un mal mensaje de que un órgano autónomo del Estado mexicano depende de instancias gubernamentales para cumplir adecuadamente sus funciones”, afirmó el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova.

En sesión extraordinaria, explicó que los ajustes no afectan ninguno de los proyectos que contribuyen a dar certeza a las elecciones, pero serán insuficientes porque alcanzan 787 millones de pesos del gasto originalmente programado por el INE.

Lorenzo Córdova garantizó que el INE hará todo lo posible por no reducir la calidad de la organización de las elecciones y no afectar los derechos laborales de las y los trabajadores del Instituto.

El presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, Benito Nacif, detalló que el Instituto tomará medidas dirigidas a suspender proyectos de inversión y posponer, dentro de los plazos que permite la ley, actividades que son parte del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y los 32 procesos locales coincidentes, a fin de poder absorber el recorte impuesto.

“Con esta propuesta de ajuste, el INE busca conservar la suficiencia de recursos para garantizar, como siempre lo ha hecho, la organización de las elecciones con los estándares establecidos en la ley y exigidos por la ciudadanía”.

El Consejero Nacif definió los ajustes que se tomarán en siete temas

  • Postergación de la renovación de equipo y software del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo.
  • Aplazamiento de la construcción de la sede de la Junta Local en Aguascalientes y, a fin de cumplir con las recomendaciones de protección civil, iniciar la construcción de la sede de la Junta Local en Nuevo León con recursos del fideicomiso inmobiliario y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
  • Aplazamiento de la modernización del equipo y mobiliario de los Módulos de Atención Ciudadana.
  • Cancelación de inversiones para renovar mobiliario y equipo de juntas distritales.
  • Aplazamiento en un mes de la instalación y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales.
  • Reducción de la provisión de alimentos para personal del Instituto que realiza actividades en horas extra y días inhábiles.
  • Cancelación de los talleres regionales para medios de comunicación.

Estos ajustes, explicó Nacif Hernández, suman en total de 787 millones de pesos y, con ello, el INE iniciará el 2020 con un déficit de 284.5 millones de pesos que se irán cubriendo con medidas adicionales que se implementarán a lo largo del año.

La Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) someterá a la consideración del Consejo General el próximo 11 de diciembre ajustes al presupuesto para el ejercicio 2020, luego de que la Cámara de Diputados aprobara un recorte de 1,071.5 millones de pesos al presupuesto del Instituto para 2020.

Con la propuesta de ajuste, enfatizó el INE, se busca mantener la suficiencia de recursos para garantizar la organización de las elecciones con los estándares establecidos en la ley, mantener el servicio de expedición de credenciales para votar con fotografía y respetar las condiciones generales de trabajo de las y los empleados del Instituto.

La propuesta de ajuste al presupuesto del INE consiste en la suspensión de proyectos de inversión y la posposición, hasta el límite establecido por la ley, del inicio de actividades del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y los 32 procesos electorales locales coincidentes. Estas medidas incluyen:

  1. $300.8 mdp: Postergación de la renovación de equipo y software del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo. Los equipos cumplieron cinco años de antigüedad, por lo que es necesario renovarlos para evitar que se vuelvan obsoletos y garantizar la administración adecuada de los tiempos de radio y televisión en 2 mil 200 señales.
  2. $235 mdp: Aplazamiento de la construcción de la sede de la Junta Local en Aguascalientes; mientras que, para cumplir con las recomendaciones de protección civil, en el caso de la Junta Local en Nuevo León se iniciarán los trabajos de construcción con recursos del fideicomiso inmobiliario y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
  3. $97 mdp: Aplazamiento de la modernización del equipo y mobiliario de los Módulos de Atención Ciudadana. Los servicios seguirán prestándose, pero la renovación de su infraestructura se postergará para el próximo ejercicio presupuestal.
  4. $88.3 mdp: Cancelación de inversiones para renovar mobiliario y equipo de juntas distritales. Se aplazan inversiones en mejoras y adecuaciones de salas de Consejos Locales y Distritales, bodegas, así como la renovación de mobiliario y equipo de Juntas Distritales en preparación para las elecciones de 2021.
  5. $54.1 mdp: Aplazamiento un mes de la instalación y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales y reducción del gasto de órganos delegacionales y subdelegacionales. Con esta acción se reduce el periodo para dietas y apoyo financiero de los órganos temporales y permanentes del Instituto dentro del plazo previsto en la ley.
  6. $5 mdp: Reducción de la provisión de alimentos para personal del Instituto que realiza actividades en horas extra y días inhábiles.
  7. $3.4 mdp: Cancelación de los talleres regionales para medios de comunicación en las cinco circunscripciones del país para ampliar la explicación y entendimiento de los procesos electorales y tener un acercamiento directo con los medios más importantes de los estados.

Pese a la cancelación de los proyectos mencionados, enfatizaron que el INE iniciará el año con un déficit de 284.5 millones de pesos, mismo que tratará de cubrir con medidas adicionales que se implementarán a lo largo de 2020. Éstas incluyen el aplazamiento de contrataciones de plazas vacantes hasta el límite previsto por la ley, el aprovechamiento de ahorros por licitaciones, la implementación de medidas de austeridad adicionales que propongan la Junta General Ejecutiva y el Consejo General, y la transferencia del costo de servicios proporcionados a otras instituciones mediante convenios.