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La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, aseguró que el Tribunal tiene absoluta autonomía e independencia, esto de cara a la jornada electoral de 2 de junio.

Recordó que la ciudadanía habrá de renovar con su voto a más de 20 mil cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, ocho gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además de más de 19 mil cargos locales.

“Este ejercicio democrático no es menor y el papel que juega el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como última instancia en esta pirámide electoral, es vital, y aquí quiero refrendarles que el Tribunal tiene absoluta autonomía e independencia”

Mónica Soto sostuvo que el Tribunal siempre ha cumplido con su trabajo, lo cual seguirá haciendo este año y en esta elección, basados en lo que mandata la Constitución: “apegados a los principios generales de la misma y los principios especializados que rigen la función electoral”.

Las declaraciones de la magistrada presidenta llegan después de un transcendido que apuntaba a supuestas presiones de Morena al Tribunal Electoral, para no discutir y resolver una multa que el INE impuso a Morena por las irregularidades detectadas en el financiamiento del proceso interno que llevó a cabo para elegir a su corcholata presidencial.

Y es que recordemos que el Consejo General del INE confirmó cuatro multas al partido fundado por el presidente López Obrador, tras la revisión que hizo a los informes de ingresos y gastos del proceso interno en el que participó Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Las multas impuestas ascienden a poco más de 61 millones de pesos. De este monto, 20 millones corresponden a gastos que Morena omitió reportar a la autoridad por concepto de eventos y propaganda localizada en las visitas de verificación. 37 millones más son por la omisión gastos por concepto de propaganda colocada en vía pública, los espectaculares que inundaron todo el país. Un millón de pesos más por la omisión de reportar gastos realizados por concepto de transporte. Y tres millones más por no presentar la documentación o evidencia que justifique el gasto realizado por concepto de bitácoras de gastos menores.

El transcendido, publicado por Reforma en su columna Templo Mayor, apuntaba a que Morena habría pedido al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, retirar del orden del día dicho proyecto, pues no resultaba conveniente que el asunto se discutiera previo al cierre de precampaña de la morenista, que se llevó la tarde de ayer en el Monumento a la Revolución.

El asunto estaba listado para para su análisis y discusión el pasado miércoles; sin embargo, de manera sorpresiva, fue retirado por el magistrado ponente. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón cuestionó lo sucedido y alertó que de ser cierto, los temas del Tribunal se podrían estar administrando con intervenciones externas, lo cual dijo, podría cuestionar la imparcialidad de la autoridad electoral.

En respuesta, la magistrada presidenta del Tribunal, Mónica Soto, a quien se le ha señalado de ser cercana al presidente y Morena, defendió la acción y dijo que el retiro de proyectos es algo que ha sucedido siempre y que es normal. Dijo que todos los magistrados lo han hecho.

En su oportunidad, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, responsable del proyecto, indicó que su decisión se debió a una solicitud que recibió de parte de Morena para una audiencia, recurso que no había agotado, misma que aceptó y programó para el próximo lunes, razón por la cual, retiró el asunto del orden del día.

Y aunque insistió en que no hubo las presiones que el diario aseguró, sí se lanzó contra el medio, que dijo, no es la primera vez que obtiene filtraciones relativas al Tribunal.

Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México señaló que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cometió un “error” al revelar antes que el Banxico la subida de la tasa de interés, aunque negó una violación a la ley.

“Fue una situación, digamos, un incidente desafortunado de comunicación, pero lo bueno fue que el propio presidente ayer aclaró la situación, explicó cómo ocurrió el comentario de la información que aún no era pública”, declaró Esquivel cuestionado por la prensa en el marco de la Convención Bancaria de Acapulco que hoy llegó a su fin.

El subgobernador, quien llegó al cargo nombrado por López Obrador, respondió a los cuestionamientos de la prensa, luego de que ayer el presidente ofreciera una disculpa a la Junta de Gobierno de Banxico por adelantarse; justificó que se confundió.

Analistas y opositores acusaron al presidente de vulnerar la autonomía de Banxico y violar la confidencialidad que exige la Ley General del Banco de México sobre sus decisiones porque en su conferencia matutina del jueves el mandatario desveló que la tasa de interés subiría 50 puntos, a 6.50%.

En este sentido, Esquivel desmintió una filtración y negó una violación a la ley.

“El presidente tiene derecho a estar enterado de las decisiones de esta naturaleza y entonces no es una filtración, y eso es importante señalarlo, que no es algo que en ese sentido deba considerarse como ilegal, ni mucho menor. Fue un error, como ya se aclaró”, argumentó el subgobernador.

El funcionario, quien fue asesor externo de López Obrador en su campaña presidencial, aseveró que pese a la controversia “no hay una vulneración a la autonomía de la institución”.

También defendió el proceso de decisión de Banxico para realizar el séptimo aumento consecutivo de la tasa de interés ante una inflación de 7.29% anual en la primera quincena de marzo, en niveles máximos de dos décadas.

”Lo más importante creo que es señalar que la decisión del aumento de la tasa de interés que se había celebrado el día previo fue una decisión que se tomó en plena libertad y en ejercicio de la autonomía que nos confiere la Constitución”, insistió.

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados propuso convertir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el Instituto de la Función Pública, a fin de garantizar en este órgano plena autonomía técnica, de gestión y presupuestal.

La bancada blanquiazul indicó que el objetivo es que la Función Pública pueda cumplir sin complicidades con su responsabilidad de prevenir, vigilar e investigar todas las faltas administrativas, así como la de sancionar las graves y no graves cometidas por servidores públicos federales.

Esta propuesta se da en el marco del paquete de iniciativas, con las que anunciaron los diputados panistas, buscan defender a México del autoritarismo.

El coordinador de la bancada, Jorge Romero Herrera, señaló que el actual mecanismo del titular de la Función Pública no garantiza autonomía de ejercicio y queda demostrado que bajo las reglas vigentes dicha dependencia está sometida a la voluntad del presidente López Obrador.

Lo anterior, dijo, “contraviniendo el espíritu del combate a la corrupción en todas sus esferas, por eso se pretende generar un contrapeso institucional, siguiendo los principios por los cuales se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”.

En ese sentido, la bancada del PAN también planteó una serie de mecanismos que blinden los órganos autónomos y al Poder judicial con más y mejores requisitos, que son fundamentales para que las y los titulares de estas instituciones estén a la altura de su mandato constitucional.

Con la propuesta, explicó, se busca que las personas que aspiran a los cargos de instituciones autónomas, cumplan con la probidad, experiencia, independencia y el profesionalismo necesarios para llevar a cabo sus funciones. Además de los requisitos que ya se contemplan, se plantea que se solicite no haber sido militante de algún partido político en los últimos 12 años anteriores al día de su nombramiento o ratificación; no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular federal o local en los últimos 12 años anteriores al día de su nombramiento o ratificación; no tener o haber tenido algún interés o beneficio económico o privado con quien ejerza la titularidad del Ejecutivo Federal, además de que los nombramientos en los cargos directivos de los órganos autónomos deben estar alejados de las filias respecto al titular del Ejecutivo.

El Grupo Parlamentario comentó que la reforma pretende dotar a los órganos autónomos del Estado y a los miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) como son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal, así como al Tribunal Federal Electoral, de la independencia necesaria para cumplir con sus objetivos.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, impuso estar tarde la toga magisterial e hizo entrega de la credencial y del distintivo correspondiente a la nueva ministra, Loretta Ortiz Ahlf, con lo que el Pleno contará por primera vez, desde la Reforma Constitucional de 1994, con cuatro mujeres ministras.

“Ministra Loretta Ortiz Ahlf, la recibe a usted la Corte de la autonomía personal, la igualdad material y la justicia de género, la Corte del combate a la discriminación histórica y sistemática, la Corte que deconstruye los estereotipos explícitos e implícitos basados en cualquier forma de marginación o exclusión, la Corte protectora de los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes, la Corte que resguarda la libertad de expresión y la diversidad
cultural que conforma este país, la Corte que ha reconocido la autonomía de las personas con discapacidad y de las personas, pueblos y comunidades indígenas, la Corte que escucha los reclamos sobre el deterioro medioambiental, una Corte que apuesta por los derechos humanos aún en escenarios de contienda y tensión social”, dijo el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a nombre del Tribunal Pleno.

Por su parte el ministro presidente afirmó que hoy fue un día histórico, porque se incorpora a la Corte una cuarta Ministra; lo que dijo, coloca a la SCJN en un camino hacia la paridad que confió, se alcance con los próximos nombramientos.

El ministro Zaldívar destacó la formación de la Ministra Ortiz Ahlf, su vocación de servicio y su compromiso con los derechos humanos y aseguró que su integración al Tribunal redundará para beneficio a la justicia.

Al pronunciar su mensaje la ministra Ortiz Ahlf reiteró su compromiso de ejercer su función con empatía a las necesidades contemporáneas de la sociedad y con cercanía a la ciudadanía.

“Encontrarán en mí una voz propositiva, congruente y siempre motivada por la genuina aspiración de convertir en realidad los derechos humanos consagrados en nuestro orden constitucional. Una voz que, desde una visión de justicia deliberativa, propia de un tribunal constitucional, aporte al objetivo común de consolidar una impartición de justicia efectiva, abierta y cercana a la sociedad, que en última instancia contribuya a reivindicar la legitimidad del Máximo Tribunal frente a la ciudadanía”, dijo la nueva integrante del Pleno de la SCJN.

La nueva ministra dijo que se desempeñará en todo momento con independencia, imparcialidad y autonomía, criterios que dijo resultan esenciales para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional.

Indicó que tal como se comprometió públicamente cuando presentó su intención de integrarse a la Suprema Corte, reafirmó que ejercerá su función con empatía a las necesidades contemporáneas de la sociedad mexicana y con
cercanía a la ciudadanía.

“Resolver los asuntos desde una visión global e innovadora del papel que tiene la función judicial en el fortalecimiento del estado de derecho; responder desde este Máximo Tribunal, a la legítima demanda social de contar con un aparato de justicia abierto, imparcial y transparente, así como promover acciones transversales que reduzcan las brechas de desigualdad e impunidad en nuestro país”, añadió.

El Pleno del Alto Tribunal Constitucional aprobó por unanimidad de los integrantes que la ministra Loretta Ortiz quede adscrita a la Segunda Sala.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que “está de acuerdo” con que el Banco de México (Banxico) suba las tasas de interés para contener la inflación, aunque criticó al organismo por no enfocarse en el crecimiento.

“Como ahora ha habido un incremento en inflación, ellos están tomando como medida aumentar la tasa de interés, esto lo están llevando a cabo y yo respeto esa decisión que toman, porque se tiene que tener control de la inflación”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Sus declaraciones se producen después de que el banco central elevara la semana pasada la tasa de interés en 25 puntos base, para ubicarse en 4.5%, segundo aumento consecutivo.

La Junta de Gobierno de Banxico coincidió en presiones en la inflación general y subyacente, que en julio registraron tasas anuales de 5.81% y 4.66%, respectivamente, muy por encima del objetivo del 3% que tiene Banxico. La votación fue dividida, con las opiniones en contra del aumento de los subgobernadores Galia Borja y Gerardo Esquivel, ambos nombrados por López Obrador.

Sin embargo, AMLO dijo que desde su punto de vista, el Banco de México debería estar atento a la inflación y al crecimiento, a las dos cosas, pues acusó que desde hace mucho tiempo solo atienden lo de la inflación y no voltean a ver lo del crecimiento.

López Obrador sostuvo que su gobierno actúa en materia económica, sobre todo en el control de los precios de los energéticos. Presumió de que durante su administración se ha incrementado casi en un 50 % real el salario mínimo, que ahora es de 141.7 pesos diarios.

“Todo lo que sean bienes, que podamos garantizar nosotros que no aumenten los precios, lo vamos a hacer”, dijo.

Y aunque el mandatario se dijo “respetuoso” de la autonomía del Banco de México, también criticó a algunos de los miembros de su Junta de Gobierno, por oponerse a usar el crédito de 12,200 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgará a México, para pagar deuda.

Recordemos que el presidente había anunciado la semana pasada su intención de usar el monto que le corresponde a México por la nueva asignación de derechos especiales de giro (DEG) del FMI para pagar deuda pública, aunque los miembros de Banxico respondieron que no era posible.

“No lo deben olvidar los que trabajan en el Banco de México porque son servidores públicos, no empleados de los financieros, eso que se atesora en el Banco de México es dinero del pueblo y de la nación”, sentenció.

Así, el presidente López Obrador informó que enviará un planteamiento formal al Banxico para usar los recursos que entregará el FMI. Insistió en que sí se puede usar.

“Que se use ese dinero para pagar deuda; se va a hacer el planteamiento formal al Banco de México para que se beneficie la Hacienda pública, se beneficie al pueblo”. Consideró que con el uso de estos recursos la Hacienda pública podría disminuir el pago de intereses de la deuda externa, mientras que al ser colocados en el mercado financiero nacional, únicamente generarían 1% de interés.

“Si llegan 12 mil millones de dólares más al Banco de México y resulta que se van a colocar el mercado financiero y vamos a recibir uno por ciento por el manejo de dinero y la Hacienda pública tiene que pagar intereses por su deuda, del 4 por ciento, por qué no se utiliza ese dinero para pagar deuda y nos ahorramos intereses”, afirmó.

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, negó que haya habido “interferencias” del gobierno federal a su autonomía pese a las críticas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su contra.

“Ha habido respeto a la autonomía, eso no significa que los temas no se discutan o debatan”, dijo Díaz de León durante un breve encuentro con los medios de comunicación, luego de presentar el primer informe trimestral del 2021.

“No ha habido interferencias por decisiones que he tenido que tomar como miembro de la Junta de Gobierno”, añadió el funcionario.

Recordemos que la semana pasada, López Obrador anunció que en diciembre próximo no renovará a Díaz de León al frente de Banxico por ser un técnico del “período neoliberal” y por el contrario, aseguró que propondrá ante el Senado un perfil “con dimensión social” y “partidario de la economía moral”.

Cuestionado sobre esto, Díaz de León apuntó que “es una atribución plena del presidente de la República designar a todos y cada uno” de los miembros de la Junta de Gobierno del banco.

Díaz de León, designado en 2017 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, explicó que en 1991 comenzó a trabajar en el Banco de México, una institución que se ha convertido en un elemento clave en su formación profesional.

“Ha sido un gusto enorme, es una gran institución que sirve a todo México y lo seguirá haciendo”, expresó Díaz de León con cierto tono de despedida.

En la misma rueda de prensa, Gerardo Esquivel, uno de los cinco miembros de la Junta, se descartó como sustituto de Díaz de León tras los rumores que lo señalaban como próximo gobernador del banco. “En el terreno personal, yo escribí un tuit hace unos días diciendo que me descartaba en el proceso. Lo reitero por razones personales y familiares”, expresó Esquivel.

Además, el economista consideró “desafortunado” estar discutiendo el cambio de gobernador con tanta anticipación, puesto que ello agrega una incertidumbre innecesaria a la estabilidad económica y financiera del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continúo este lunes con sus críticas al gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, que insistió, forma parte de los técnicos del periodo neoliberal que causaron “mucho daño al país”.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que Díaz de León no puede continuar un periodo más como gobernador del banco central, luego de que su período en Banxico concluye en diciembre.

Reiteró que su gobierno no va a intervenir en la política de Banxico, pues respeta la autonomía de la institución, aunque dejó en claro que “ya concluye el periodo del gobernador y se tiene que llevar a cabo el cambio, no puede seguir él, independientemente de la cuestión legal, necesitamos la renovación”.

Afirmó que no está de acuerdo con muchos técnicos del gobierno pasado y del periodo neoliberal porque tanto daño causaron al país.

Incluyó en este grupo a Díaz de León, pues recordó que fue él quien aprobó un crédito para la adquisición de una planta de fertilizantes en 2015 con sobreprecio que presuntamente dañó las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Por esa operación el país hoy tiene una deuda de 1,000 millones de dólares. Si fuesen buenos técnicos no hubieran llevado a cabo esas operaciones. ¿Cómo se justifica eso?”, cuestionóLópez Obrador.

Afirmó que a Díaz de León le tocó firmar el acuerdo, y puntualizó que, de haber sido un técnico “bueno y honesto”, hubiese revisado la compra o el contrato de compraventa y se hubiese dado cuenta de que era un contrato contrario al interés público, que era una mala operación, y haberse negado a firmar el contrato.

Recordemos que la semana pasada, López Obrador sorprendió a los mercados internacionales cuando adelantó que ante el próximo fin del periodo Díaz de León como gobernador Banxico, enviaría al Senado de la República el nombre de su reemplazo y no optaría por reelegirlo.

Especialistas advirtieron de riesgos para el peso mexicano, que el viernes se depreció 0.3% hasta 19.96 unidades por dólar tras la noticia de que el presidente busca “un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral”.

El mandatario dijo este lunes que en su momento dará a conocer al Senado quién sería su propuesta para gobernador pero reiteró que el elegido será un “economista con experiencia en el manejo de la economía de las finanzas, una gente seria, responsable, que va a saber conducir el Banco de México”.

Y aseveró que el próximo nombramiento del nuevo gobernador no causará desestabilización en los mercados. “No va a ser un gran viraje para que todo mundo esté tranquilo”, apuntó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó este jueves al Banco de México (Banxico) que detalle qué hace con sus reservas, después de que la institución descartara entregar este año remanentes al gobierno.

“Debemos respetar la autonomía del Banco de México, sin que esto signifique que sean una especie de casta divina. Sí hay una falta de información al pueblo de lo que hace el Banco de México”, señaló el mandatario.

López Obrador explicó que el Banxico cuenta con reservas por un total de 190,000 millones de dólares y opinó que sería importante saber “quién maneja esas reservas y cuánto cobran por manejarlas”.

El presidente sugirió que los consejeros del Banco de México pudieron destinar una parte del remanente a ayudar para comprar vacunas, aunque señaló que el gobierno no requiere ese dinero.

“Afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas y no necesitamos del Banco de México y no le vamos a pedir que nos den de las reservas, si acaso que informen los cómo manejan estos fondos”, expresó el presidente.

López Obrador aprovechó el tema para señalar que los consejeros de Banxico no “ven con buenos ojos” a su gobierno y se lanzó en contra del gobernador de la institución, Alejandro Díaz de León, a quien acusó de ser “muy cercano” a gobiernos pasados y a exfuncionarios como José Antonio Meade y a Luis Videgaray, ambos secretarios de Hacienda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Aun así, dijo que respeta a la junta de gobierno del Banco de México y que seguirá respetando la autonomía de la institución “porque conviene al país”.

Recordemos que ayer AMLO criticó al banco central porque tuvo “ganancias” pero “no hubo remanentes”, en referencia a los recursos que se entregan anualmente al gobierno federal. “Tendrían ellos que explicar, en términos respetuosos y fraternos, por qué en otros sexenios sí había remanentes y ahora no”, reclamó.

El Pleno del Senado aprobó esta tarde, en lo general, el dictamen por el que se crea crea la Ley de la Fiscalía General de la República, el cual busca fortalecer su autonomía y los instrumentos del Ministerio Público. La nueva ley no excluye al Ministerio Público de órganos sobre desaparecidos, prevención a la violencia de género y protección de derechos humanos.

Con 119 votos a favor y uno en contra, los senadores aprobaron la iniciativa, que deberá ser ratificada próximamente por la Cámara de Diputados.

La nueva legislación, que sustituye la anterior Ley Orgánica de la Fiscalía de 2018, reestructura el organigrama y las funciones de la institución, apenas dos años después de su creación.

Reafirma la independencia de la Fiscalía respecto al gobierno, crea un plan estratégico y establece mecanismos de evaluación.

Esta reforma había generado polémica porque en un inicio buscaba dotar de más autonomía a la Fiscalía excluyéndola del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

También quedaba fuera del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata.

Sin embargo, de último minuto, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tramitó un anexo para frenar la salida del Ministerio Público de estos organismos. Durante el debate, Monreal dijo que la modificación “deja claro que la Fiscalía seguirá participando activamente” en los sistemas nacionales sobre derechos humanos.

“Yo celebro que hayamos logrado un consenso entre todos porque por supuesto que no se vulnera la autonomía de ningún órgano por pertenecer en sistemas nacionales de coordinación”, expresó el senador Damián Zepeda del PAN.

La inclusión del Ministerio Público dentro de estos organismos, conformados por el gobierno y la sociedad civil, se logró en 2018 por la demanda de activistas que impulsaron la campaña #UnaFiscalíaQueSirva. En diciembre de ese mismo año se aprobó la creación de una Fiscalía independiente en sustitución de la hasta entonces Procuraría General de la República, la cual formaba parte del gabinete del gobierno federal.

Días después, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue elegido en el Senado el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien se ha mostrado a favor de salir del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Los legisladores se encuentran ahora en la discusión de las reservas que se presentaron al proyecto de decreto.

Adicional, se informó que el Senado de la República recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal que contiene la legislación secundaria con la que se regulará el funcionamiento, estructura, organización y atribuciones de las diversas instancias que conforman al Poder Judicial de la Federación.

En el documento se señala que esta propuesta recoge la propuesta planteada por el Poder Judicial, en congruencia con la reforma constitucional aprobada por el Legislativo. Además, reúne los cambios al orden jurídico nacional efectuados en las últimas dos décadas, a fin de consolidar los avances que, en materia de impartición de justicia, demanda la sociedad.

La iniciativa plantea la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual consolida el entramado normativo para llevar “a buen puerto el proceso de cambio iniciado al interior del Poder Judicial de la Federación”.

Dicho ordenamiento contiene un esquema sancionatorio del nepotismo y establece como causa de responsabilidad administrativa expresa “para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo”.

Asimismo, sugiere sancionar con responsabilidad administrativa los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.

La propuesta también establece las contralorías para cada uno de los órganos de este Poder, las cuales implementarán los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Estos organismos, plantea el proyecto, fungirán como autoridades sustanciadoras de los procedimientos de responsabilidad administrativas, llevarán el registro y darán seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y de su declaración de intereses.

Asimismo, actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de “tan deplorable conducta”.

Otro de los aspectos de la iniciativa es la actualización de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; incluye como atribuciones de este órgano la revisión, por oficio, de la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal, durante la restricción o suspensión de derechos y garantías, de las consultas populares, así como resolver el recurso de revisión especial en materia de seguridad nacional para efectos de acceso a la información pública.

Por otro parte, faculta al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda concentrar, en uno o más órganos jurisdiccionales, asuntos vinculados con hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos.

Luego de la carta que revelara esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la que solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revisar la competencia del juez Juan Pablo Gómez Fierro quien concedió amparos a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, fue el ministro Arturo Zaldívar quien respondió al mandatario.

A través de una carta que se compartió en redes sociales, Zaldívar Lelo de Larrea confirmó la recepción de la carta en la que AMLO presentó una queja en contra del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

El Ministro le señaló a López Obrador que, como se hace con todas las quejas que se reciben, sería canalizada al área correspondiente para que, de existir elementos, se inicie la investigación que en su caso proceda, respetando la autonomía e independencia de la función jurisdiccional.

Sin embargo, Arturo Zaldívar le recordó al presidente que los jueces y juezas en México actúan en un marco de autonomía e independencia, para lo que el CJF vela para que puedan hacerlo con libertad.

Añadió que es facultad de dicho órgano vigilar que los juzgadores se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad.

Y es que AMLO le hizo llegar una comunicación a Zaldívar en la que le instaba a que se lleve a cabo una investigación para determinar e informar si al juez Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, le correspondía aplicar o la dicha suspensión a la Ley Eléctrica.

“Desde luego, se respeta el derecho de amparo, la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial; la libertad de los ciudadanos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo, nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general porque estos grupos solo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público”, recriminó AMLO.

En su maratónica sesión de ayer, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto para reformar la Ley del Banco de México (Banxico), que según señala el texto, busca fortalece la economía de los mexicanos que migraron a Estados Unidos, de las familias que reciben remesas en efectivo, así como de quienes dependen de la actividad turística y del comercio de bienes en la frontera.

El dictamen se avaló en lo general con 67 votos a favor 23 en contra y 10 abstenciones.

Las modificaciones otorgan la certeza jurídica de que los dólares siempre se podrán canjear por pesos en los bancos de una forma legal y segura, obteniendo por ellos la mejor paridad del mercado. Además, evitan que se recurra al mercado negro de divisas, en donde se obtienen menos pesos por los dólares y se fortalecen las estructuras del crimen organizado y los flujos de dólares irrastreables por la autoridad fiscal.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó que el Estado está obligado a modificar su marco normativo para que los millones de mexicanos que regresan a nuestro país encuentren condiciones adecuadas en el tipo de cambio y obtengan “el valor exacto de su esfuerzo” al intercambiar sus dólares.

Las reformas, enfatizó, “no promueve el lavado de dinero”, sino que favorece a los trabajadores migrantes que en la contingencia sanitaria enviaron casi 10% más de remesas para pagar la atención médica de sus familiares.

Sin embargo, la oposición acusó que era falsa la intención expuesta por los legisladores afines a la 4T sobre las modificaciones a la Ley.  Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que se estaba vulnerando la autonomía del Banco de México, imponiéndole obligaciones de las instituciones bancarias comerciales, entre ellas, el congelamiento de operaciones internacionales por lavado de dinero.

El senador Emilio Álvarez Icaza alertó que con la aprobación de la iniciativa se estaba convirtiendo a Banxico en una “lavadora de dinero del narcotráfico”. Dijo que, si el problema son las remesas que envían los migrantes, la alternativa era crear mecanismos para protegerlas con instituciones financieras.

La reforma precisa que las divisas que podrán formar parte de la reserva, a juicio del Banco de México, son únicamente los billetes y monedas extranjeras, captados por las instituciones de crédito en los términos, montos y modalidades que determine la Ley de Instituciones de Crédito, que no puedan ser repatriados a su país de origen.

Dispone que los billetes y monedas extranjeras excedentes que capten las instituciones de crédito serán repatriadas a su país de origen conforme al contrato de corresponsalía que tengan firmado.

La asamblea aceptó la reserva que aclara que los montos que no se puedan repatriar serán comprados por el Banco de México, para lo cual éste, escuchando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, regulará el procedimiento de compra al tipo de cambio vigente. El procedimiento de compra de divisas incluirá la obligación de las instituciones de crédito para contar con procesos, sistemas y personal adecuados para recabar, verificar y conservar la información de identificación de sus clientes o que permita evaluar el riesgo que pueden representar en la materia.

Además, de procesos que deberán seguir, así como personal adecuado, para monitorear las operaciones a través de los sistemas automatizados con que cuente, con el fin de detectar operaciones inusuales.

Se indica que se podrá elaborar y documentar las políticas y procedimientos para evaluar y mitigar los riesgos que la institución de crédito asuma ante la realización de operaciones con divisas relacionadas con actos presuntamente ilícitos o con recursos de origen indeterminado.

Sobre las modificaciones aprobada por el Senado, el Banco de México emitió un posicionamiento el que dijo que a pesar de las modificaciones hechas al proyecto de decreto, considera que en las reformas aprobadas persisten los riesgos a las operaciones del Banco Central que ya se habían advertido.

Aclaró que aunque Banxico participó en el grupo de trabajo convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, las consideraciones sobre los temas fundamentales y alternativas de solución que presentaron  no fueron incluidas en el proyecto aprobado.

Al indicar que el proyecto pretende beneficiar a la población que recibe billetes y monedas extranjeros. Entre dichos beneficiarios, destacan principalmente quienes se dedican a actividades turísticas y aquellos que reciben remesas en efectivo, los cuales representan el 1% del total de las remesas enviadas al país, lamentó que el proyecto proponga imponer al Banco de México la obligación de comprar dichos billetes y monedas captados por la banca y que no puedan ser repatriados.

“El Banco de México destaca que los impactos del proyecto ocasionarían afectaciones y riesgos substanciales sin cumplir el objeto que dicho proyecto busca lograr. Adicionalmente, las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de dinero coinciden en las afectaciones que el proyecto ocasionaría en los estándares que el sistema financiero debe establecer al operar con billetes y monedas extranjeros, que son considerados de alto riesgo, así como el contagio de dicho riesgo al Banco Central”, expuso Banxico.

Añadió que también se podría dar lugar a que autoridades extranjeras impongan restricciones a las entidades financieras de su país y que ofrecen servicios de corresponsalía a las instituciones mexicanas para procesar la moneda extranjera que estas últimas capten, así como limitaciones a las operaciones y acuerdos celebrados con el Banco de México.

Banxico insistió en la vulneración que las normas previstas en el proyecto de decreto ocasionarían a su autonomía para el ejercicio de sus funciones, debido a la determinación en ley de operaciones activas que el Banco Central quedaría obligado a realizar.

Enfatizó que el proyecto de decreto obligaría al Banco Central a realizar operaciones activas de alto riesgo que pueden comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva y el cumplimiento del mandato constitucional de preservar el valor adquisitivo de la moneda nacional.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la reforma a la ley del Banco de México debe ser respetada.

“Si se aprobaron en el Senado, por el Congreso, pues son reformas que deben de acatarse, que deben de respetarse”, dijo el mandatario brevemente en su conferencia de prensa matutina.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones económicas contra Carrie Lam, jefa del Gobierno de Hong Kong, y contra otros diez altos cargos de la excolonia británica.

La sanción, indicó la dependencia, es por “socavar la autonomía” de la ciudad y “restringir la libertad de expresión y reunión de sus ciudadanos”.

Entre los sancionados, además de Lam, se encuentra el jefe de la Policía, Chris Tang, y su predecesor, Stephen Lo; el
secretario de Seguridad de la ciudad, John Lee Ka-chiu, y la de Justicia, Teresa Cheng.

“Estados Unidos defiende al pueblo de Hong Kong y usaremos nuestras herramientas y autoridad para perseguir a aquellos que socavan su autonomía”, dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EUA.

El Tesoro acusó a Lam de ser directamente responsable de implementar las políticas de Pekín de supresión de las libertades y procesos democráticos.

“No nos haremos a un lado mientras la gente de Hong Kong sufre la opresión brutal a manos del Partido Comunista Chino o sus facilitadores”, afirmó en paralelo el secretario de Estado, Mike Pompeo.

También son señalados altos cargos en el Gobierno central chino, como Xia Baolong, director de Asuntos de Kong Kong del Consejo de Estado; y su adjunto, Zhang Xiaoming.

Como consecuencia de las sanciones, quedan bloqueados los activos que pudiesen tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe cualquier transacción financiera con entidades estadounidenses.

El anuncio del gobierno del presidente Donald Trump se produce en plena ofensiva económica de Estados Unidos contra China apenas un día después de que firmase órdenes sin precedentes contra TikTok y WeChat para que ambas aplicaciones se desvinculen de su matriz china antes de 45 días.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una ley que impone sanciones a las empresas chinas que amenacen la autonomía de Hong Kong y a quienes hagan negocio con estas organizaciones en respuesta a la imposición china de la ley de seguridad nacional.

“El Congreso de los Estados Unidos, en una dinámica bipartidista, ha estado unido durante mucho tiempo para hacer a Pekín responsable de su brutal campaña contra aquellos que pacíficamente demandan sus derechos y libertades, incluyendo Hong Kong”, expuso la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, durante el pleno en que fue aprobado el texto.

Pelosi añadió que estas sanciones son una respuesta necesitada con urgencia a la “cobardía del Gobierno de China” al aplicar la autodenominada ‘Ley de Seguridad Nacional’ que pretende acabar con la premisa de ‘un país, dos sistemas’ prometida hace exactamente 23 años.

Al texto aprobado, se le añadió esta mañana una carta del Departamento de Estado en la que este avisa a las empresas estadounidenses de que se pueden enfrentar a problemas “de reputación, económicos y legales” si hacen negocios con compañías basadas en la región china de Xinjiang.

La ley china de seguridad nacional para Hong Kong, que contempla penas de cadena perpetua, entró en vigor el pasado martes tras ser aprobada por el Legislativo chino y ratificada por el presidente del país, Xi Jinping; una medida que ha provocado multitudinarias protestas entre los habitantes de Hong Kong.

Pekín apuesta así por la mano dura para poner fin a las protestas antigubernamentales que el movimiento prodemocrático de la ciudad ha venido organizando desde mediados del año pasado, en las que el régimen chino ve una ‘mano negra’ extranjera, apuntando a Washington.

Entre los detalles de los 66 artículos que componen esta ley, destacan los delitos específicos que se perseguirán: secesión, subversión del poder estatal, acusación usada frecuentemente por Pekín contra activistas y disidentes, actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional.

El gobierno de Donald Trump anunció este viernes que restringirá la entrada de algunos funcionarios chinos acusados de amenazar la autonomía de Hong Kong, medida que coincide con que el Congreso de Estados Unidos busca endurecer las sanciones contra el país.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, informó que se restringirán las visas para los funcionarios chinos que sean responsables de “menoscabar las libertades de Hong Kong”. Las familias de los funcionarios que sean designados también se verán afectados por las restricciones.

Además acusó a Pekín de incumplir los compromisos adquiridos cuando este territorio colonial británico pasó a formar parte de China en 1997.

“Estados Unidos insta a China a honrar sus compromisos y obligaciones, según la declaración conjunta chino-británica”, señaló Pompeo urgiendo a Pekín a proteger la “libertad de expresión y de reunión pacífica”.

Este anuncio se produce en un momento en que China busca aprobar una ley de seguridad para endurecer los castigos por actividades que se consideren subversivas, después de que el año pasado Hong Kong viviera multitudinarias movilizaciones en contra del poder de Pekín.

Según varios activistas, esta ley terminaría con las libertades que hacen de Hong Kong uno de los principales centros financieros del mundo.

El anuncio de Pompeo se produce un día después de que el Senado de Estados Unidos aprobara una ley para sancionar a funcionarios chinos que socaven la autonomía de Hong Kong. Este proyecto, que debe ser votado por la Cámara de Representantes, permite sanciones en Estados Unidos contra funcionarios chinos y la policía de Hong Kong, así como contra los bancos que realizan transacciones con ellos.

En los últimos meses Washington ha criticado a China por su gestión de la pandemia del coronavirus, que fue detectado por primera vez en Wuhan en diciembre del año pasado.

El pasado 22 de mayo de 2020, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019 que se refiere a los Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos específicos para la aplicación de la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 a organizaciones electorales en todos los niveles de gobierno.

A raíz de su publicación, se ha señalado que la dependencia busca regular a las organizaciones electorales de todos los niveles de gobierno a través de una Norma Oficial.

Al respecto, la SE explicó que dicho proyecto de norma mexicana fue elaborado, emitido y desarrollado exclusivamente por el Organismo Nacional de Normalización denominado Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), sin que la dependencia haya tenido participación alguna en su desarrollo o contenido.

Sin embargo aclaró, es obligación de la Secretaría de Economía gestionar y obtener la publicación de los proyectos de normas mexicanas elaborados por los Organismos Nacionales de Normalización ante el DOF, a fin de que, bajo los principios de transparencia y máxima publicidad, se sometan a consulta pública para que cualquier interesado presente sus comentarios ante ellos.

“Es el IMNC el único responsable del contenido y alcance de dicha iniciativa”, indicó en un comunicado

Al recordar que las normas mexicanas son de aplicación voluntaria y tienen como propósito establecer estándares de calidad en los procesos de diversas materias, aclaró que la norma propuesta no “busca interferir en las atribuciones del INE ni de los Organismos Públicos Locales Electorales cuya autonomía está garantizada en nuestra Carta Magna”.

“La Secretaría de Economía reconoce y respeta íntegramente el sistema electoral previsto en la Constitución y en las diferentes leyes de la materia, así como las atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE)”.

Por su parte el INE se dijo “sorprendido” de la publicación de la norma para hacer una consulta pública sobre procedimientos electorales, cuando son materia del Congreso de la Unión.

“Cualquier intención de instaurar normas distintas a las establecidas en la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), es violatorio de las atribuciones que tiene el INE. Consideramos que este proyecto de Norma Mexicana atenta contra el orden político electoral establecido”, dijo el Instituto.

Remató afirmando que defenderá sus atribuciones legales y las reglas que los actores políticos se han dado constitucional y legalmente, para organizar los procesos electorales a través de los cuales la ciudadanía elige en libertad a sus autoridades.

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El diputado de Morena, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, solicitó este martes a la Mesa Directiva el retiro de su iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su propuesta, presentada la semana pasada, y que generó una gran polémica, planteaba que la designación del rector y otras autoridades de la universidad se hiciera mediante elecciones universales, entre otros puntos.

El pasado jueves, en rueda de prensa, el legislador anunció que hoy retiraría su iniciativa para escuchar las diferentes opiniones de diputados, de la UNAM y de la sociedad en general, y para no abonar a la tergiversación del tema.

Asimismo, llamó al rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y a la comunidad universitaria a debatir los temas de gobierno de la máxima casa de estudios, en parlamento abierto, en la Cámara de Diputados, a fin de “construir los mejores acuerdos para que la Universidad Nacional siga siendo la mejor de México y de América Latina”.

Al respecto, la semana pasada, la UNAM emitió un comunicado en el que manifestó su “sorpresa e indignación”, a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de nuestra Universidad, suscrita por el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca.

“Deseo hacer del conocimiento de todas y todos ustedes mi rechazo absoluto a este intento de intromisión en la vida universitaria, en donde a espaldas de las y los universitarios se pretende incidir en la normatividad que nos rige y que nos hemos autoimpuesto a lo largo de muchos años”, dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue.

Acusó que dicha iniciativa se suma a otras que han sido presentadas ante las legislaturas estatales por representantes de distintos partidos políticos, en lo que parece constituir una escalada contra la autonomía de las Universidades, principio básico e irrenunciable.

“El hecho de presentar una iniciativa como ésta, solo puede ser interpretado como un intento de desestabilizar la vida universitaria, en momentos en que la UNAM lleva a cabo los cambios pertinentes a su normatividad para que las y los universitarios convivan en un ambiente de respeto, paz y seguridad”, añadió el rector.