Pese a la sanción que le impusieron hace dos años de las compras públicas, Laboratorios Solfrán, empresa del ex superdelegado, Carlos Lomelí, le siguió vendiendo al gobierno federal mediante una red de distribuidores.
En una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se identificó que Solfrán utilizó una red de intermediarias para eludir la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en septiembre de 2019, que le impedía vender sus productos por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.
Tan sólo 7 de sus distribuidores obtuvieron 57 contratos posteriores a la sanción, por 11.5 millones de pesos, para vender los fármacos fabricados por Solfrán al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sólo uno de esos contratos se dio por licitación, los otros 56 fueron adjudicaciones directas.
A los pocos días de que la SFP anunció la sanción, el laboratorio propiedad del excandidato a gobernador de Jalisco por Morena emitió oficios de respaldo a dos de sus distribuidores, para que enviaran cotizaciones al IMSS de sus productos. De esa forma, pudo seguir vendiendo su producto, pese a la inhabilitación.
Esto podría constituir una participación ilícita, según establece el artículo 67 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que dice textual: “se considera participación ilícita en procedimientos administrativos cuando un particular intervenga en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar”.
En 2019, nueve empresas farmacéuticas vinculadas con el entonces delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, habían obtenido en 7 años más de 2 mil 263 millones de pesos en contratos gubernamentales. De las nueve empresas, sólo cuatro fueron reconocidas por Lomelí como propias, una de ellas Laboratorios Solfrán.
La SFP inició una investigación sobre los contratos y el 13 de septiembre de 2019 publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución en la que ordenó a cualquier dependencia gubernamental abstenerse de contratar a Solfrán por un plazo de 2 años y medio.
Ese mismo día, la SFP precisó en un comunicado que se había castigado a Solfrán por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.
Investigación completa en MCCI
