Tag

sfp

Browsing

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que realiza una investigación por la compra de ventiladores pulmonares que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

La investigación se desprende de la investigación que presentó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la semana pasada, sobre que la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios para atender la pandemia por Covid 19.

Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos,  el precio más alto pagado por el gobierno federal desde que se declaró la emergencia sanitaria, de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por MCCI.

Tras la publicación del reportaje, Bartlett Álvarez dijo en la red social Twitter que el proceso de compra fue legal, transparente y cumpliendo con la normativa establecida, y  señaló que el Gobierno de la Ciudad de México compró ventiladores 72 por ciento más caros que los de él.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública informó que desde el día de la publicación del reportaje el órgano interno de control del IMSS abrió un expediente de investigación por la adquisición de ventiladores pulmonares por parte de la delegación del IMSS en el Estado de Hidalgo.

“Durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia secretaria (Irma Eréndira) Sandoval Ballesteros giró un oficio al Director General del instituto para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad”, dijo la ependencia.

Afirmó que no sólo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción.

La SFP manifestó que para hacer más eficaz el gasto público, han puesto énfasis en las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, su transparencia y que se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.

“Durante la actual contingencia, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana”, señaló la dependencia en un comunicado.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que su gobierno, a través de la Secretaría de la Función Pública, investigaría la asignación del contrato a la empresa de Bartlett Álvarez.

“Quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad”.

La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que este viernes 1 de mayo inició el periodo para que las más de 1.6 millones de servidores públicos del Gobierno federal presenten su Declaración Patrimonial y de Intereses, tal y como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval señaló que “consolidar un modelo de transparencia democrática-expansiva y de verdadera rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales del gobierno de la Cuarta Transformación”

La funcionaria convocó a los servidores públicos a cumplir con su responsabilidad a la brevedad, no sólo por ser una obligación legal, sino con la finalidad de sumarse a la lucha para erradicar la corrupción y la impunidad.

Precisó que por primera vez, todas las personas servidoras públicas del gobierno federal, de todos los niveles que desempeñen un empleo, cargo o comisión deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses.

Con la entrada en vigor de la obligación establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Función Pública pasará de recibir 350 mil declaraciones a más de 1 millón 600 mil, lo que representa un aumento de 457% con respecto al año anterior, de los cuales más de 1.2 millones, con el nivel de enlaces y operativos, la presentarán por primera ocasión.

Recordó que el plazo para cumplir con la presentación de declaraciones se extiende hasta julio de 2020; sin embargo, Sandoval Ballesteros exhortó a los integrantes del Gabinete legal y ampliado del Gobierno federal a hacer su declaración de situación patrimonial y de intereses en el mes de mayo.

El ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que será investigada y en su caso sancionada, la filtración de una lista de personas, entre las que figura la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que se realizaron la prueba del Covid-19 y que resultaron positivos.

Ayer, Ciro Gómez Leyva difundió un documento en el que aparecía que la funcionaria federal fue sometida a la prueba en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el pasado 20 de abril bajo el número de folio 93790637939013.

Junto a ella, aparecen los nombres de otras personas, de las cuales no se tiene certeza si forman parte del círculo cercano a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Esta foto y esta información, por cierto, en particular la información que se filtró, representan una grave violación a la ética del servicio público y estamos investigando quién filtró la tabla de los datos de las personas involucradas con sus nombres, y eso es una grave violación que sin duda cuando investigamos quién fue quién filtró tendrá una sanción muy importante”, advirtió López-Gatell.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario detalló que de acuerdo con el análisis de contactos, se descartó que familiares y amigos de Irma Eréndira Sandoval estén infectados.

Aunque el funcionario federal especificó que este estudio aún no concluye entre sus colegas, todo parece indicar que no hay riesgo para ellos.

“La secretaria está en perfectas condiciones, tuvo Covid-19 leve y se aplicó el protocolo normal que se hace en todas las personas y contactos, todos están bien y no están infectados”, aclaró el subsecretario de Salud.

Recordemos que ayer, en una tarjeta informativa, la SFP expuso que Irma Eréndira Sandoval resultó positiva a la prueba del coronavirus; sin embargo, se destacó que su salud es buena y que está aislada para prevenir contagios.

La empresa Abisalud, que el exdelegado Carlos Lomelí Bolaños no reconoce como suya, recibió en marzo pasado un nuevo contrato, de adjudicación directa, por más de 7 millones de pesos.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) asegura que, pese a estar investigada, la empresa puede seguir vendiendo a la administración federal.

Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) recibió un contrato por adjudicación directa con el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, que depende de la Secretaría de Salud federal, y es para el servicio integral de dispensación de medicamentos y distribución de material de curación.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien publicó el año pasado que el entonces funcionario de la Secretaría de Bienestar era el centro de una red farmacéutica conformada por al menos nueve empresas, una de ellas Abisalud, que de 2013 a 2019, recibió al menos 150 contratos públicos por 2 mil 188 millones de pesos.

Aunque Lomelí negó cualquier relación con Abisalud, MCCI mostró que el exsuperdelegado contó con autorización en Banorte para retirar fondos de la cuenta bancaria de esa farmacéutica, según documentos contenidos en un expediente judicial donde la empresa es acusada de fraude al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

En julio del año pasado la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que existían siete investigaciones en contra de Lomelí, quien renunció a su cargo casi dos meses después de darse a conocer las investigaciones en su contra.

Con respecto al nuevo contrato, Raymundo Alva, director general de comunicación social de la SFP, dijo que en tanto hay procesos en curso, no pueden dar más información sobre si existe una investigación contra Abisalud;  más tarde Rodolfo Hernández, director de información de la dependencia, informó vía telefónica que mientras no exista una sanción en firme (como no ha ocurrido) la compañía puede seguir recibiendo contratos y participando en licitaciones públicas.

Consultar completa la investigación en MCCI

Tal como lo había advertido, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca apretar más el cinturón al gobierno, con el fin de obtener mayores recursos para enfrentar la crisis que está ocasionando la pandemia del Covid-19 en el país.

De acuerdo a un oficio emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), con fecha del 8 de abril, por instrucciones del presidente se ordena a las dependencias de gobierno hacer un recorte de al menos 50% al gasto asignado a los servicios generales y gastos de operación.

En el documento que se giró a los integrantes del gabinete legal y ampliado, la SFP refiere que las áreas de administración y finanzas no deberán realizar pagos por conceptos “no contratados”, ni comprometan recursos adicionales, argumentando la “situación excepcional” por la que atraviesa el país.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, señala que dicha instrucción se da de acuerdo con la política de Austeridad Republicana y de conformidad con las fracciones I, II y III del artículo 7 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

El oficio señala que para lograr la reducción de gasto, se toma en cuenta que el gobierno ha reducido la ocupación de oficinas y el uso de insumos,.

Sandoval Ballesteros enfatizó que en caso de que no se atienda la instrucción, se estaría incurriendo en una falta administrativa sancionable por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval aplaudió el decreto emitido por el ´presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mediante el cual se eliminan fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que, a más tardar el 15 de abril, se reintegren a la Tesorería de la Federación todos los recursos públicos federales que formen parte de ellos y se destinen a hacer frente a la contingencia sanitaria.

Sandoval Ballesteros consideró que con la extinción de los fideicomisos se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción que prevaleció en gobiernos anteriores.

Expresó su compromiso por la correcta aplicación de la medida y anunció que los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal asegurarán que dichos instrumentos se extingan y los recursos con los que cuenten sean correctamente transferidos.

Y es que el decreto publicado por el Presidente establece que la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaboren en la aplicación de la medida.

Recordó que desde la publicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, ambas dependencias iniciaron un estudio de los fideicomisos públicos federales, su normatividad, estructura, patrimonio, objeto, eficiencia y eficacia.

“La secretaria de la Función Pública espera que esta histórica acción del Presidente de la República sea emulada por las entidades federativas, por los órganos autónomos y por el Poder Judicial de la Federación”, indicó la dependencia a través de un comunicado.

La Secretaria de la Función Pública (SFP) emitió los lineamientos para el manejo de los recursos humanos, es decir, los trabajadores, que como medida de prevención ante la transmisión del coronavirus Covid-19, se aplicarán en el gobierno federal.

Con la publicación se cumplen las facultades de la Función Pública de organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de la Administración Pública Federal (APF) y de emitir las normas para que los recursos humanos sean gestionados con los criterios de eficacia, legalidad y eficiencia.

El acuerdo a lo estipulado, las instituciones de la APF pueden permitir el trabajo en casa para las y los servidores públicos en mayor riesgo, como son los mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas.

Se señala que el periodo de implementación de dichas medidas será del 23 de marzo al 17 de abril de 2020.

Asimismo, se permiten los días de trabajo alternados para las y los servidores públicos con hijos o hijas menores de 12 años y horarios escalonados de lunes a viernes, considerando ocho horas efectivas diarias de jornada de trabajo.

Adicional, se determina que en el caso de incapacidades y de la justificación de inasistencias por síntomas de enfermedades respiratorias, se podrán aceptar las constancias electrónicas emitidas por las instancias de Seguridad Social.

La SFP aclaró que los criterios no implican la autorización de vacaciones, viáticos, pasajes u otro tipo de erogación adicional; y para su aplicación las personas servidoras públicas deberán observar los principios y valores de “honestidad, cautela, respeto, responsabilidad y proporcionalidad”:

Se señaló que es imperativo asegurar el correcto cumplimiento de programas y objetivos institucionales, así como la prestación de bienes y servicios públicos indispensables para la ciudadanía, por lo que las entidades de la APF deberán continuar con su operación.

Los lineamientos son obligatorios para las dependencias de la APF, los órganos desconcentrados, los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Oficina de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y las entidades paraestatales.

Será la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas los responsables de la aplicación de los criterios y tomarán las medidas necesarias para su implementación.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) realizará una investigación para sancionar a los servidores públicos federales que, saltándose los protocolos, permitieron que la menor Fátima se encontrara en una situación de vulnerabilidad.

Así lo informó la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, quien indicó que, además, se llevará a cabo un análisis del desempeño de la autoridad educativa en este caso, a fin de deslindar responsabilidades a la brevedad.

Al firmar un convenio de colaboración con la CNDH con el fin de erradicar la corrupción, la funcionaria aseguró que ha llegado la hora de abordar seriamente el problema de la responsabilidad del Estado ante los derechos humanos. “Se dice con frecuencia que la corrupción mata y en efecto así lo hace, porque la corrupción si se entiende como corrupción estructural es en esencia un abuso de poder”, dijo.

Sandoval Ballesteros expuso que en el centro de cualquier lucha anticorrupción tienen que estar las víctimas, ya que la corrupción perjudica a personas, comunidades y a toda la sociedad en su conjunto, pero se ensaña especialmente con los grupos históricamente más vulnerables.

Recordó que la corrupción genera desigualdad social, preserva y aumenta la pobreza, reduce la calidad de los servicios públicos, impide la impartición de justicia, fomenta la violencia y el crimen.

“La corrupción, en todas sus formas, es un obstáculo al desarrollo: ya sea por la mala administración de los recursos públicos o por la falta de cumplimiento de la ley. Se traduce en persecución de activistas y periodistas, feminicidios y desapariciones sin respuesta”, agregó.

La secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, informó que después de realizar siete auditorías a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) se encontraron 22 observaciones, de las cuales 16 ya fueron solventadas y seis no, estas últimas referentes al fideicomiso Fodepar.

“Las irregularidades en la documentación entregada por parte de Conade tienen un potencial daño patrimonial por más de 14 millones de pesos”, refirió la funcionaria federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que las seis observaciones que la Conade no ha podido solventar se refieren a diferentes hechos como la detección de miembros de la Comisión Deportiva que no cumplían con los requisitos para ocupar los puestos, por lo que fueron separados de los cargos.

“Celebramos que la CONADE ya haya tomado medidas para separar de su cargo a los 8 miembros que no cumplían con el perfil. Hoy tienen ya una comisión que cumple cabalmente con lo señalado por la ley”, dijo Sandoval.

Añadió que se observaron pagos indebidos a entrenadores por poco más de 71 mil pesos, los cuales ya fueron reintegrados a la Conade.

También se detectó a 21 entrenadores de alto rendimiento que no contaban con la experiencia para el perfil, de acuerdo con lo expuesto por la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Otras de las observaciones fueron el uso indebido de instalaciones por parte de cuatro entrenadores y daño patrimonial de 33 mil pesos, así como irregularidades en la comprobación en los apoyos a deportistas y en la comprobación de gastos en eventos.

Precisó que hay irregularidades serias en la documentación entregada para comprobar gastos ejercidos para eventos y adquisición de materiales, por parte de las Asociaciones Deportivas Nacionales, mejor conocidas como Federaciones.

La secretaria comentó que aún no se encuentra en condiciones de presentar alguna denuncia procesal contra algún funcionario y tampoco determinar si la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, podría ser sancionada o no debido a las observaciones.

“Esta es la primera vez que se fiscaliza con tanto detalle el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento”, remató la titular de la SFP.

Un total de 10 entidades, entre ellas el IMSS, el ISSTE y la SEP, son las que acumulan más denuncias por posibles actos de corrupción de servidores públicos que investiga la Secretaria de la Función Pública (SFP) de las 34 mil que ha recibido la institución.

Así lo dio a conocer la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se explicó que, de entre las 10 entidades, las del sector salud son las que concentran más denuncias.

Además de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), también se indagan acusaciones contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Policía Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sandoval Ballesteros refirió que las denuncias se concentran en el área de salud, por lo que es tan relevante todo el trabajo que el presidente encabeza junto con los secretarios y subsecretarios de Salud, en todas las dependencias que tienen interacción cotidiana con la ciudadanía.

La funcionaria federal también explicó que incluso en una sola institución de salud se detectaron presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 millones de pesos, aunque no reveló el nombre.

Lo que si dijo es que se indaga un daño patrimonial que asciende a 7 mil 800 millones de pesos que se habría cometido mediante el desaparecido Seguro Popular.

Detalló que se investiga del periodo de 2007 a 2016, es decir del segundo año de la presidencia de Felipe Calderón hasta su conclusión y del inicio de Enrique Peña Nieto hasta su cuarto año de gobierno.

“Estamos investigando durante el periodo de 2007 a 2016 más de siete mil 800 millones de pesos no comprobados y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular. Aquí ya estamos trabajando con los Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud y del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) para preparar las denuncias penales por el daño patrimonial tan fuerte”, afirmó Sandoval.

La titular de la SFP destacó que también se indaga que en 2018 se utilizaron indebidamente más de 6 mil 200 millones de pesos en unidades médicas “no acreditadas” dentro de la figura jurídica del Seguro Popular.

Por el momento la dependencia federal detalló que a la par que se realiza la investigación administrativa también se hace el proceso judicial. Además dijo que 5 empresas farmacéuticas están bajo investigación por violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ese sentido dijo que se han sancionado a 60 empresas en el sector salud de las cuales destaca el caso de Grupos Fármacos Especializados, a quienes multaron con 905 mil 880 pesos e inhabilitación por 2 años.

Finalmente dijo, hasta ahora se han recibido 102 denuncias contra Delegados y ex delegados de Bienestar.

Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) informara que no encontró evidencias de conflicto de interés o corrupción por parte del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que “no se puede acusar sin pruebas”.

“Entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió”, dijo AMLO respecto al dictamen de la SFP.

Añadió que además reiteraba el criterio que siempre ha tenido para este tipo de casos: no se puede acusar sin pruebas, “yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé”.

Tras mencionar que antes en la CFE los contratos se hacían por influencia, el mandatario federal sostuvo que si se tiene que juzgar lo hecho en tiempos pasados por el ahora titular de esta Comisión, “bueno eso se juzga y pues cada quien tiene que responder”.

AMLO recordó el caso del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien amenazó con demandarlo cuando él reveló la lista de los beneficiados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

“Hice la denuncia y la lista de todos los beneficiarios y salió a decir que me iba a demandar un dirigente que luego fue presidente de la República, no voy a mencionar su nombre”, finalizó al reiterar que no lo han demandado por calumnia.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, presentó esta tarde los resultados de la investigación iniciada en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel  Bartlett, sobre quien se concluyó que no incurrió en ningún conflicto de interés.

La funcionaria señaló que se recibieron diversas denunciar por posibles faltas administrativas sancionables atribuibles a Bartlett Díaz, tales como: conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto u ocultamiento del conflicto de interés.

Sandoval enfatizó que la dependencia a su cargo unicamente tiene facultades para investigar al Director General de la CFE, a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando asumió el cargo.

Indicó que los particulares sólo pueden ser investigados en virtud de su vinculación con servidores públicos a quienes se le atribuyan faltas administrativas graves y con relación a los hechos que presuntamente constituyen estas faltas, durante el periodo comprendido desde el nombramiento del servidor público y hasta la presentación de la denuncia.

Adicional, señaló que la pareja sentimental del director de la CFE, Julia Abdalá Lemus, no se encuentra en los supuestos jurídicos de cónyuge, ni concubina en términos de las disposiciones civiles aplicables, aunado a que ni ella ni sus respectivos hijos son dependientes económicos y por consecuencia no está obligado a proporcionar información de ellos en su declaración patrimonial.

Irma Eréndira detalló que en los tres meses que duró la investigación, se realizaron alrededor de media centena de diligencias ante 15 instancias públicas y privadas de los órdenes federal y estatal con el fin de obtener la información necesaria para completar la carpeta.

Sostuvo que la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la SFP solicitó la copia certificada de las declaraciones patrimoniales de Bartlett correspondiente al periodo 2018-2019, aunado a que requirió a la Contraloría
Interna del Senado la copia certificada de las declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo 2014-2018, a fin de establecer una línea base para el análisis de situación patrimonial.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que también se recabó información fiscal y patrimonial de los allegados a Bartlett, a fin de confirmar o descartar posibles irregularidades; en ese sentido, se requirieron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) las declaraciones fiscales del investigado, su pareja y sus respectivos hijos.

También se realizaron requerimientos de información sobre participación en sociedades mercantiles y propiedades inmobiliarias a los registros públicos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Tabasco, que son las entidades en las que Bartlett ha tenido alguna presencia profesional, familiar o comercial.

Entre los elementos que permitieron establecer que no se incurrió en conflicto de interés, la SFP señaló que el artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal establece que el concubinato se actualiza con la unión de dos personas, que han establecido una vida en común de forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años o bien, que procrearon juntos un hijo; al investigar este hecho, no encontraron pruebas de que Barlett y Abdalá haya cohabitaron u ostentado en algún momento un mismo domicilio particular con el propósito de establecer una vida en común.

“Sobre la participación de Manuel Bartlett Díaz en sociedades mercantiles, esta autoridad tuvo a bien verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por el servidor público ante la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se comprobó que no existen indicios de que sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, sean dependientes económicos; mientras que la señora Julia Elena Abdala Lemus, si bien es su pareja sentimental, entre ambos no existe un vínculo legal de matrimonio o concubinato”, indicó la SFP.

La dependencia precisó que Manuel Bartlett proporcionó información verídica sobre su patrimonio, al declarar ser titular de cuatro cuentas bancarias cuyo activo suma 51.1 millones de pesos, además de ser propietario de cinco inmuebles con valor total de compra de 8 millones de pesos.

A la acusación de que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, Manuel Bartlett se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con valor aproximado de más de 800 millones de pesos, la dependencia concluyó que “el investigado no tiene injerencia como propietario en los inmuebles de su pareja ni de sus respectivos hijos. Por lo que sería falsa la afirmación de que el servidor público acumula un patrimonio de 800 millones de pesos en inmuebles”.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó a la Cámara de Diputados que 10 delegados estatales de la Secretaría de Bienestar, los llamados superdelegados, están siendo investigados por el presunto uso indebido de programas sociales.

Los delegados investigados son de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, junto con el de Jalisco, que fue separado de su cargo, indicó la secretaria federal.

“Estamos procesando 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo. Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”, expuso.

Sandoval Ballesteros recordó que la utilización indebida de los programas sociales ya es delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa.

Comentó que la SFP también ha realizado auditorías a los programas sociales, pues recordó que desde principios de la administración firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional Electoral, para dar transparencia a toda la utilización de los programas sociales.

Durante su comparecencia ante los legisladores con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, Sandoval Ballesteros sostuvo que la SFP está combatiendo la impunidad sin filias ni fobias, y aseguró que “no hay intocables ni perseguidos”.

“Investigamos lo mismo a servidores públicos de la administración actual, destacados servidores públicos de la administración actual, que servidores públicos que tenían procesos abiertos en las administraciones anteriores y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”.

La funcionaria enfatizó que la dependencia a su cargo, entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, ha impuesto casi 3 mil sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.

Sandoval Ballesteros indicó que del 1 de diciembre de 2018 al 15 de octubre de 2019, la SFP ha recibido 30 mil 605 denuncias ciudadanas que han dado lugar a más de 25 mil investigaciones, de las cuales 5 mil 510 ya están concluidas.

La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que han recibido 21 denuncias sobre las presuntas irregularidades en la declaración patrimonial del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

Esa fue la respuesta a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, durante su comparecencia ante la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y participación Ciudadana del Senado, la tarde-noche de ayer.

La legisladora panista preguntó: ¿Cómo va la investigación?, ¿se obligará a Bartlett a que declare lo que omitió?, ¿se le sancionará?.

Al responder, la funcionaria federal agradeció a la senadora que hubiera interpuesto su queja ante la Función Pública, y le reiteró el compromiso de la dependencia de atender todas y cada una de las investigaciones que se le solicitan.

“Le agradezco mucho que, con su investidura de senadora, se haya tomado la molestia de venir, incluso en bicicleta, a poner la denuncia, pero es una investigación que acumula 21 denuncias, la más reciente se presentó el 30 de septiembre pasado, precisó Sandoval Ballesteros.

Sostuvo que no van a defraudar la confianza de la ciudadanía, y que van a llegar “hasta las últimas consecuencias” en esa investigación ya que, reiteró, la Secretaría de la función Pública (SFP) tiene como uno de los ejes la apertura total de las investigaciones para acercarse a los ciudadanos.

“Como lo mandata la ley, hay que ser muy prudente, pues se tiene que respetar la presunción de inocencia, que corresponde a todos y cada uno de los servidores públicos; también exigentes, autoexigentes, para no dejar sin asignación una responsabilidad que merezca sanción, como una violación o un acto de corrupción”, indicó la funcionaria.

Durante la comparecencia, la titular de la SFP aseguró que la prioridad del nuevo gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad, lo que se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo y el trabajo de la Secretaría. Señaló que lo que buscan es instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público con “honestidad, eficacia, profesionalización y transparencia”.

Sandoval Ballesteros reveló que recibió una secretaría que no funcionaba. “La primera misión fue reanimar, relanzar, revivir y fortalecer la Función Pública para que utilizara todas sus facultades”, apuntó.

Detalló que hay alrededor de 28 mil investigaciones en proceso por presuntas irregularidades de servidores públicos, de éstas, han concluido alrededor de 5 mil 480, un 30% más que en el gobierno anterior. “En la Función Pública ya no hay intocables ni siguen existiendo perseguidos políticos”, sentenció.

Irma Eréndira Sandoval reveló que debido a la transformación de la visión de la auditoría, de la fiscalización y de la examinación, han resuelto que los gobiernos estatales tienen pendiente la justificación o devolución a la Federación, de 46 mil 121 millones de pesos, lo que representa 50 veces el presupuesto de la Función Pública en este año.

Además, agregó, tienen observaciones en auditorías de obra pública por un monto de 17 mil 319 millones de pesos, más de 16 mil millones de éstos, vinculados al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco.

En materia de combate a la impunidad, informó que han impuesto 2 mil 791 sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 875 inhabilitaciones y 237 sanciones económicas resarcitorias, por más de 3 mil 596 millones de pesos, sin contar las que continúan en litigio.

De acuerdo a la más reciente encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), el 92.4% de los mexicanos consideran que se debe iniciar una investigación en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, en relación a las presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimonial y de intereses.

Sólo un 4.8% está en desacuerdo en iniciar una investigación, un 1.9% no sabe, el 0.6% indicó que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Al plantearle a los encuestados su opinión sobre los presuntos bienes que el funcionario ocultó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y que en realidad su fortuna supera los 51 millones de pesos que él asegura tener, el 76.4% de las personas consideró que la declaración patrimonial de Bartlett es falsa.

En días recientes se ha publicado en diversos medios información, a partir de una investigación de Arelí Quintero, que vincula al director de la CFE y a sus familiares con 12 empresas y 23 casas, propiedades que el mismo funcionario ha negado tener y que sumaría una fortuna de 800 millones de pesos en bienes raíces.

Al respecto, este viernes, Manuel Bartlett confirmó su relación sentimental con Julia Abdala, esto luego de que ayer indicara que el patrimonio de la señora Abdala y el suyo eran totalmente independientes.

“No existe dependencia económica alguna entre ella y un servidor. No vivimos bajo el mismo techo, eso es del dominio público”, dijo la tarde de ayer el director de CFE.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue consultado sobre el contrato que ganó la empresa BioPappel Scribe en la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual es dirigida por su compadre, Miguel Rincón.

Y es que se dio a conocer que BioPappel obtuvo un contrato por 142.8 millones de pesos con fecha del 6 de septiembre, y el cual es por concepto de recolección del cartón y papel de desecho y su permuta por papel nuevo.

“¿Cómo va a resolver ese dilema, le va a quitar todos los contratos por ser su compadre o lo va a beneficiar siendo contratista del gobierno?”, se le cuestionó a AMLO. El mandatario respondió que será un tema que tendrá que ver la Secretaría de la Función Pública (SFP).

López Obrador pidió que sea la SFP quien emita un dictamen para que no haya sospecha alguna en la adjudicación de dicho contrato.

“Que se aclare todo, todo, todo, trátese de quien se trate y que la Función Pública emita un dictamen”, dijo el presidente.

Al ser consultado sobre si había hablado con su compadre sobre el tema, AMLO dijo que no, y que no sabía de dicho contrato; afirmó que se iba enterando de los hechos en la mañanera.

Finalizó el tema asegurando que en su gobierno no se permitirá corrupción, impunidad, e hizo un llamado a todos los mexicanos a “portarse bien”.