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La titular de la Secretaría de Economía (SE), Raquel Buenrostro, informó que México concluyó sus diferencias con Estados Unidos en materia energética desde octubre del año pasado, por lo que solo está a la espera de un memorándum de entendimiento para oficializar el retiro de la consulta bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La funcionaria confió en que el retraso de la revisión por parte de las autoridades estadounidenses no se preste para que esto pueda utilizarse como una presión política previo a las elecciones presidenciales de noviembre próximo en Estados Unidos.

“Se elaboró un borrador de memorándum de entendimiento, lo tienen ellos (EUA) y desde octubre no hemos recibido comentarios y no nos han pedido ni nos han dado reunión para darle seguimiento. Nosotros (México) estamos en ‘stand by’, esperemos que lo regresen y esperemos que no sea otra de las cosas que salgan cerca de las elecciones”, dijo Buenrostro en conferencia de prensa.

La titular de la Secretaría de Economía detalló que dicho memorándum de entendimiento consistía en asegurar a Estados Unidos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cumpliría con los tiempos y formas para destrabar permisos de generación eléctrica.

Se justificó que los tiempos de rezago denunciados por las autoridades estadounidenses estaban motivados por las afectaciones por la pandemia de COVID-19 y no por falta de voluntad administrativa.

También indicó que el regulador se comprometería a establecer un sistema informativo digital para que las empresas que inicien un proceso puedan dar seguimiento en línea, así como para dar cuenta de los tiempos de resolución por ley y mecanismos alternos para la solución de inconvenientes.

“Pero la verdad es que nosotros ya dimos por concluido ese tema”, aseguró Raquel Buenrostro.

Explicó que las inquietudes sobre la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (CFE) del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disminuyó cuando se explicó que la iniciativa había sido congelada en tribunales judiciales y que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había fallado en su contra.

Buenrostro señaló que las quejas en hidrocarburos, parte también de la consulta en materia energética, eran “absurdas” porque las empresas implicadas se encontraban en el supuesto de un contrabando técnico.

Ello, porque declaraban ingresar un tipo de aceite, cuando en realidad eran gasolinas, motivo por el que se les decomisó y retuvo el contrabando por la Fiscalía General de la República (FGR) hasta que concluyera un proceso penal por este posible delito.

El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha pedido a las empresas energéticas estadounidenses que preparen declaraciones juradas que documenten cómo las políticas proteccionistas de México dificultaron sus inversiones.

Fue la agencia Reuters quien adelantó esta información, que llega justo cuando Washington se prepara para continuar con la disputa comercial que solicitó semanas atrás de manera formal.

La solicitud de declaraciones juradas a las principales compañías petroleras y de energía renovable de Estados Unidos representa la última y más clara señal de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) planea buscar un panel independiente de solución de controversias en el marco del pacto comercial Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC).

Y es que Estados Unidos y Canadá señalan que las medidas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para revertir las reformas destinadas a abrir los mercados de energía y petróleo de México a los competidores extranjeros, desencadenaron en última instancia la disputa comercial.

Las empresas estadounidenses de energía y electricidad, como Chevron y Marathon Petroleum, que pretendían expandirse en México, se han quejado de que se les han denegado permisos y solicitudes sencillos en decisiones que favorecían a Pemex y a la CFE.

Reuters adelanta que es probable que Estados Unidos recurra a un grupo especial de solución de diferencias antes de fin de año si las conversaciones siguen estancadas, y las declaraciones juradas representan pruebas que se incluirían en la solicitud del grupo especial, dijeron las fuentes consultadas.

Si el panel falla en contra de México y éste no toma medidas correctivas, Washington podría finalmente imponer miles de millones de dólares en aranceles de represalia a los productos mexicanos.

No es la única disputa entre ambos países. En agosto, el USTR solicitó la intervención de un panel de solución de controversias en torno a las restricciones de México a las importaciones de maíz genéticamente modificado.

Al igual que en el caso de las políticas energéticas, Washington argumenta que prohibir el maíz transgénico para consumo humano y animal viola las obligaciones de México en virtud del acuerdo comercial.

De acuerdo con varios especialistas, elevar las apuestas en la disputa conlleva un riesgo significativo para el presidente Biden, quien enfrentará críticas republicanas por su manejo de los flujos migratorios y el narcotráfico, en su búsqueda de la reelección en 2024.

Canadá indicó este viernes que comparte la preocupación de Estados Unidos acerca de que la postura de México de prohibir el maíz transgénico para consumo humano no está basada en ciencia, y adelantó que acompañará, como tercera parte, el panel de solución de controversias solicitado por Washington.

Tras meses de consultas formales sin éxito en el marco del acuerdo comercial de América del Norte, el T-MEC, Estados Unidos llevó la semana pasada la disputa sobre el maíz genéticamente modificado (GMO) a un siguiente nivel solicitando el panel, que deberá resolver sobre el tema durante el primer trimestre del 2024.

Washington alega que el decreto de México que prohíbe el maíz transgénico para el consumo humano no se basa en ciencia y viola sus compromisos en el T-MEC, en marcha desde 2020.

La ministra de Comercio, Mary Ng, y el ministro de Agricultura, Lawrence MacAulay, dijeron en un comunicado que Canadá “comparte las preocupaciones de Estados Unidos de que México no cumple con las obligaciones científicas y de análisis de riesgos” bajo el capítulo de medidas fitosanitarias del tratado comercial.

“Canadá cree que estas medidas no cuentan con respaldo científico y tienen el potencial de perturbar innecesariamente el comercio en el mercado norteamericano”, añadió el documento.

Ahora con Canadá en la disputada, México sigue sosteniendo que su política está basada en la ciencia. La secretaria de Economía, Raquel Buerostro, dijo esta semana que se descartaban modificaciones al decreto, tras las realizadas a mediados de febrero pasado. En dicho decreto se permitió el uso de maíz GMO para consumo animal.

Y es que recordemos que México compra anualmente cerca de 5,000 millones de dólares a Estados Unidos, la mayor parte grano amarillo transgénico para alimento de ganado.

El Gobierno federal negó este martes una solicitud de Washington para revisar un conflicto laboral en una mina de la empresa Grupo México ubicada en Zacatecas bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Secretaría de Economía (SE) argumentó en un comunicado que el conflicto denunciado en junio pasado por Estados Unidos empezó en julio de 2007, por lo que no aplica el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) que establece el T-MEC, en vigor desde julio de 2020.

Asimismo, la dependencia afirmó que no hay evidencia de que dicha mina exporte mercancías a Estados Unidos.

“De esta manera, el Gobierno de México concluye que el conflicto en la mina San Martín en Sombrerete, Zacatecas, está próximo a una resolución final en instancias judiciales mexicanas al encontrarse fuera del ámbito de aplicación al MLRR del T-MEC”, indicó la dependencia que encabeza Raquel Buenrostro.

La Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) había pedido al Gobierno de nuestro país, el 16 de junio pasado, revisar si a los mineros de San Martín les estaban denegando sus derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva.

Según indicó entonces la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, la USTR recibió una queja de la federación AFL-CIO, la mayor central obrera de Estados Unidos y Canadá, y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Los Mineros).

La petición alegaba que Grupo México había retomado su actividad en San Martín aunque sus trabajadores estaban en huelga y que negoció con un grupo de trabajadores pese a que la potestad de representarlos a nivel colectivo está en manos de Los Mineros.

Pero la Secretaría de Economía afirmó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolvió el juicio de imputabilidad de la huelga el 14 de junio pasado con un laudo en favor del Sindicato Minero.

Además, la JFCA declaró a Grupo México como responsable de causar la huelga y lo condenó a pagar salarios caídos y prestaciones.

“El conflicto de huelga inició en 2007 y los demás hechos que el Sindicato Minero señala como causas de denegación de derechos sucedieron antes de la entrada en vigor del T-MEC”, insistió la SE.

Recordemos que desde la entrada en vigor del T-MEC, Estados Unidos ha pedido más de 10 veces activar el mecanismo laboral de respuesta rápida.

Apenas este lunes, México y Estados Unidos acordaron un plan de reparación tras el reporte de violaciones de los derechos laborales de los trabajadores de la planta automotriz Draxton en Irapuato, Guanajuato.

Las reuniones que semana  sostendrán representantes de Estados Unidos, Canadá y México, no profundizarán en las principales disputas sobre las políticas de nuestro país relativas al maíz biotecnológico y energía, ni en el acceso de Canadá a los productos lácteos, dijo este miércoles un funcionario de alto rango de la USTR.

La reunión anual del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, T-MEC, tendrá lugar mañana y el viernes en Cancún, Quintana Roo.

Estarán encabezadas por la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y la ministra canadiense de Comercio Internacional, Mary Ng.

La reunión es un requerimiento dentro las reglas del T-MEC, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020, para que los socios discutan asuntos relacionados con el acuerdo comercial.

Un funcionario de alto rango estadounidense dijo a periodistas bajo condición de anonimato que los problemas comerciales de América del Norte que son objeto de consultas o arbitraje, y que en última instancia podrían dar lugar a derechos de importación punitivos de Estados Unidos, se están manejando a través de canales separados.

El “lugar principal” para discutir estos temas son las consultas específicas iniciadas bajo las reglas de solución de controversias del T-MEC, agregó.

El funcionario señaló que las tres representantes discutirán la aplicación en curso del T-MEC, que está programado para una revisión importante y posibles actualizaciones en 2026.

Un nuevo subcomité creado el año pasado sobre competitividad y cadenas de suministro también se reunirá para poner al día a los funcionarios sobre el trabajo para facilitar los flujos comerciales durante situaciones de crisis y evitar interrupciones, añadió el funcionario del USTR.

La reunión de Cancún también incluirá debates sobre el “mecanismo de respuesta rápida” del T-MEC para violaciones de los derechos laborales en fábricas específicas. Estados Unidos ha invocado 11 casos bajo el mecanismo desde que se lanzó el acuerdo, incluyendo una investigación en una planta de Goodyear Tire & Rubber Co en México que es la sexta este año.

En medio de la controversia de México tiene con Estados Unidos y Canadá por el maíz modificado genéticamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amenazó este lunes con imponer aranceles al maíz blanco para que sólo se compre este tipo de grano a productores nacionales.

En su conferencia matutina, López Obrador señaló que esa medida sería complementaria a un acuerdo que prevé tener listo esta semana para que las tortillerías de todo el país “solo use maíz blanco y no transgénico”.

Y es que alertó que el maíz blanco importado, aunque más barato, generalmente está modificado genéticamente.

Una eventual imposición de aranceles podría chocar con el Tratado de Libre Comercio que los tres países renovaron en 2018, el T-MEC, aunque tendría escaso impacto ya que México importa muy poco maíz de este tipo y las principales importaciones son del llamado maíz amarillo o forrajero, el que se utiliza para consumo animal y en el que nuestro país es deficitario.

Y es que el gobierno federal quiere restringir el maíz transgénico para el consumo humano y, a la larga, vetarlo también para la alimentación animal, algo que sus dos socios señalan y acusan que dañaría el comercio.

Estados Unidos y Canadá consideran, además, que violaría los acuerdos que determinan que cualquier norma de salud o seguridad se base en evidencia científica. Ambos países consideran que los miedos mexicanos a los peligros de ese maíz no están sustentados por la ciencia.

Washington decidió el pasado 2 de junio recurrir a la vía de las consultas, prevista en el T-MEC, después de que las conversaciones técnicas con el gobierno mexicano no dieran resultados.

Los agricultores estadounidenses están preocupados por la posible pérdida del mayor mercado de exportación de su maíz, ya que México lleva años importando maíz transgénico de Estados Unidos por un monto de unos 3,000 millones de dólares anuales.

López Obrador afirmó que “no hay que tenerle miedo a las controversias”, y aseguró que estas medidas tendrán como objetivo “poner orden” en el sector para evitar los productos modificados genéticamente.

Añadió que la producción nacional del maíz criollo está creciendo gracias a las ayudas que se está dando a los productores nacionales.

Una comisión integrada por especialistas de México, Estados Unidos y Canadá, bajo el tratado comercial de los tres países, el T-MEC, recomendó abrir una investigación sobre el impacto ambiental del proyecto ferroviario de López Obrador, el Tren Maya.

La petición se produjo tras las denuncias de ambientalistas que sostienen que el proyecto amenaza las selvas y las cenotes.

La construcción del tren avanza a toda prisa. El Tren Maya es el proyecto del presidente, quien aseguró que quiere que la obra esté terminada antes de que deje el gobierno en 2024. Lo ha prometido para diciembre de este año.

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) fue establecida por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá en 1994, está facultada para elaborar informes que podrían utilizarse en litigios comerciales y opera bajo el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN).

El órgano sólo puede iniciar una investigación si dos de los tres socios del bloque comercial T-MEC lo autorizan.

El ACAAN prevé que los países miembros deben cumplir sus leyes ambientales y que, en caso contrario, podrían ser sancionados con aranceles u otras medidas.

La CCA indicó en un comunicado que la investigación analizará “el procedimiento de evaluación del impacto ambiental” del Tren Maya y la “autorización de cambio de uso del suelo”.

La comisión dijo que notificó al gobierno de nuestro país sobre la investigación debido a que la información que proporcionó no esclareció las dudas sobre la obra.

El costo del proyecto, que contempla 1,500 kilómetros de extensión, era originalmente de alrededor de 8,000 millones de dólares, pero conforme avanzan los trabajos se ha incrementado a entre 11,000 y 15,000 millones.

Y es que mientras algunos tramos corren junto a carreteras ya existentes, otros se están construyendo a través de la selva, algo que ha causado el rechazo de grupos ambientales en el país. Activistas sostienen que tendrá un impacto ambiental adverso debido a que la pesada estructura del tren de alta velocidad fragmentará la selva costera y correrá sobre los techos de los cenotes.

Las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que pretenden restringir las concesiones en la industria minera son contrarias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió este miércoles el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el T-MEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”, expuso el CCE en un comunicado.

El Consejo consideró que tanto la reforma minera como la de distintas leyes en materia administrativa sobre las contrataciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, ambas en proceso legislativo en el Congreso, están vinculadas directamente con el desarrollo del país.

“Esta reforma va en sentido contrario a lo que se requiere para impulsar el mayor desarrollo de la industria minera y de la infraestructura pública, en perjuicio del país”, expuso la cúpula empresarial.

Esta valoración se sustenta, aseguró el comunicado, en análisis jurídicos y técnicos de especialistas del organismo y de su experiencia en la minería, que representa el 2.5% de la economía nacional, y la infraestructura.

Por su “intensa actividad en ambos temas” y “la relevancia de los mismos para el desarrollo del país y para la certeza de la inversión”, el CCE solicitó que se abra en el Congreso una discusión al respecto en el que esté incluido.

Y es que la reforma de la Ley Minera, presentada por López Obrador el pasado 28 de marzo, propone otorgar concesiones de minas solo mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de acortar la duración de los permisos de los 50 años actuales a 15 con posibilidad de una sola prórroga.

Los riesgos que el presidente niega han sido señalados no solo por la CCE, sino también por la Cámara Minera de México (Camimex), que argumentó que la reforma afectaría a un sector que invierte más de 4,000 millones de dólares al año con 406,000 empleos directos.

“Si se aprueban como están propuestos, los cambios serán negativos a nivel crediticio para el sector minero, lo que incrementaría la carga regulatoria de los productores y elevaría el riesgo de la terminación temprana de sus actuales concesiones”, expuso por su parte un reporte de la agencia Moody’s Investors Service.

Al respeto, esta mañana el presidente López Obrador negó que existan riesgos para la inversión por la reforma que propone para restringir los permisos para la minería.

“No hay ningún problema, es buscar que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las nuevas generaciones, no se trata de destruir el territorio, (sino de) cuidar el medio ambiente, pero de manera auténtica, no de forma simulada”, expuso en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario insistió en que “no hay ningún riesgo, no existe ningún problema con las mineras”.

“Vamos a suponer que con esta iniciativa se fueran la mitad de los concesionarios que hay en la industria minera, o para decirlo de otra manera, que se cancelaran la mitad de las concesiones, con esa mitad alcanzaría para explotar la industria minera más de 1,000 años”, añadió AMLO..

Fiel a su discurso, denunció que durante el periodo neoliberal entregaron concesiones a diestra y siniestra para la explotación minera.

Señaló que, durante un momento, el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas, estaba concesionado para alguna actividad extractiva.

“Con esas concesiones no invertían nada, ni exploraban nada, ni explotaban nada, especulaban, como no pagaban impuestos porque Salinas les quitó el impuesto de extracción de mineral, algo que no pasaba en ningún país del mundo”, reclamó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que el gobierno federal mantendrá las consultas con Washington en relación a la imposición de límites al maíz transgénico, e indicó que, de no llegar a un acuerdo, no dudarán en ir a un panel de controversias en el marco del T-MEC.

Durante la conferencia matutina, López Obrador dijo que se trata de un “asunto para nosotros muy importante, es la salud de nuestro pueblo”.

El mandatario insistió en que el decreto firmado no representa una violación al T-MEC, e incluso dijo que “ningún tratado comercial en el mundo permite que se compren mercancías dañinas para la salud”.

También recordó que hay cláusulas en el tratado comercial que protegen a los consumidores.

La declaración del mandatario se produjo un día después de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmara la solicitud de consultas técnicas con México sobre las reglas que prohibirían el maíz transgénico.

Aunque el decreto solo lo prohíbe para consumo humano, el gobierno ha dicho que no se descarta también prohibirlo para consumo animal.

En ese sentido, la USTR señaló que la prohibición podría “amenazar con afectar miles de millones de dólares en comercio agrícola”.

Y es que México es el principal importador de maíz estadounidense, la mayoría del cual es genéticamente modificado. Casi todo se usa para la alimentación de animales, y que nuestro país no produce maíz suficiente para abastecer este rubro.

El gobierno de la 4T sostiene que el maíz transgénico podría tener efectos negativos sobre la salud, incluso cuando se utiliza para forraje, aunque no ha presentado evidencias que lo avalen.

En respuesta, la Secretaría de Economía expresó ayer en un comunicado que el tema aún no es una disputa comercial, aunque las consultas son el primer paso en ese proceso, y expresó su confianza en que las diferencias puedan resolverse.

Estados Unidos anunció este lunes el inicio de consultas técnicas con México para resolver una disputa comercial sobre biotecnología agrícola dentro del nuevo tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC).

La Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, advirtió en un comunicado de que tomará medidas contra México para hacer cumplir el tratado si no se resuelve la disputa.

“Las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola y con dañar la innovación necesaria para enfrentar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria”, criticó Tai.

El T-MEC, puesto en marcha en 2020 por Estados Unidos, México y Canadá, establece que un país puede iniciar consultas técnicas con otro cuando considere que sus políticas están afectando negativamente al libre comercio.

En caso de que ambas partes no logren un acuerdo, el T-MEC prevé la apertura de un panel de controversias y un arbitraje independiente.

“Si estos problemas no se resuelven, consideraremos todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir los derechos de Estados Unidos en virtud del T-MEC”, aseguró la oficina comercial.

El motivo de la controversia se debe a “ciertas medidas mexicanas relativas a productos de biotecnología agrícola”, sobre las cuales Estados Unidos “ha expresado serias preocupaciones en repetidas ocasiones”, recoge el comunicado.

Y es que el gobierno de Joe Biden envió el pasado 30 de enero una solicitud formal a México para obtener una explicación sobre sus políticas relativas a productos biotecnológicos y a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó el pasado 14 de febrero.

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, expresó su deseo de “fortalecer” los lazos comerciales con México, pero opinó que las políticas del país vecino “no se basan en la ciencia, que es la base del T-MEC”.

“La intención del gobierno de Estados Unidos es que a través de este proceso podamos alcanzar un resultado que respete la soberanía de cada país y beneficie a Estados Unidos, a México y a nuestros agricultores”, afirmó la oficina comercial.

Recordemos que desde la puesta en marcha del T-MEC, se han abierto al menos 17 disputas comerciales.

Estados Unidos y Canadá se unieron para abrir una ronda de consultas para determinar si la política energética de México es discriminatoria con las empresas estadounidenses y canadienses.

Paralelamente, Estados Unidos y México están buscando algún tipo de acuerdo sobre el intento de López Obrador de prohibir la importación de maíz transgénico estadounidense para consumo humano.

Al respecto, el gobierno de nuestro país defendió su decreto que impide la importación de maíz transgénico para consumo humano.

La Secretaría de Economía (SE) avisó en un comunicado que “México aprovechará este mecanismo previsto en el T-MEC para demostrar con datos y con evidencia que no ha habido afectación comercial y que, por el contrario, el decreto es consistente con el propio tratado”.

“Esta solicitud, por tanto, no es de carácter contencioso, sino una etapa previa en la cual se busca encontrar una solución de manera cooperativa”, afirmó la SE.

La Secretaría de Economía reiteró que el objetivo del decreto, publicado el 13 de febrero, “es preservar que la tortilla sea elaborada con maíz nativo, asegurando así, la conservación de la biodiversidad de las más de 64 razas de maíz que hay en el país, de las cuales 59 son endémicas”.

“La secretaria (de Economía de México) Raquel Buenrostro Sánchez; la titular de la USTR, embajadora Katherine Tai, y sus equipos han venido sosteniendo diálogos de carácter constructivo con miras a encontrar soluciones que brinden certidumbre a las partes interesadas”, añadió la SE.

La respuesta de México estará a cargo de la Secretaría de Economía, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y “otras autoridades relevantes” para “encontrar una solución mutuamente satisfactoria”.

Si vemos las variables económicas de México, llama la atención lo bien que están tomando en cuenta el panorama político nacional polarizado; el ataque desde el poder a la democracia; y la visión estatista anclada en los 70s del gobierno actual.

Aun así, el tipo de cambio no solo ha estado estable, sino que el peso se ha fortalecido frente al dólar. Las reservas internacionales están en más de 200 mil millones de dólares gracias a un crecimiento acumulado a lo largo del 2022. El crecimiento reportado para el año que acaba de concluir fue mejor de lo esperado. Las finanzas públicas se vieron favorecidas por un precio elevado del petróleo y ni qué decir de las carretadas de dinero que entran al país producto de las remesas.

En el mundo la situación ha sido menos grave de lo que las estimaciones económicas apuntaban. Ahora que estuve en el Foro Económico Mundial de Davos, no puedo decir que hubo optimismo per se, pero sí una visión mucho menos pesimista de la que esperaba. La palabra temida, recesión, fue abordada con mejores ojos de los que anticipé. Los datos de inflación, sobre todo en Estados Unidos, mostraron desde diciembre señales de mejoría. El desempleo no se disparó. Con ello la visión de los economistas presentes en los Alpes Suizos fue mucho mejor de lo previsto.

Estamos pues ante un panorama menos pesimista en las principales economías del mundo y en especial en Estados Unidos. Esto en un momento en que el comercio con países amigos se ha vuelto primordial. De ahí la constante referencia al ‘friendshoring’ y ‘nearshoring’ del cuál el principal beneficiado podría ser nuestro país. Hay una oportunidad magnífica para México. Además, si volteamos a ver las economías de otros países latinoamericanos, nuestro país se ve como la mejor opción para el capital y la inversión. ¿Van a preferir Perú y su inestabilidad política? ¿Brasil que quiere una moneda común con ¡Argentina!? ¿Venezuela; El Salvador; Nicaragua? México brilla si lo comparamos con cualquiera de estas opciones.

México podría ser en este momento un alacrán con alas. Tenemos todas las oportunidades posibles jugando a nuestro favor. Pero…como dice el dicho: “Dios no da alas a los alacranes”.

Y las alas se las está cortando a México el presidente López Obrador con sus decisiones estatistas y erradas. Una vez más, se desaprovecha esta oportunidad de crecimiento que traería enormes beneficios para los mexicanos.

La mejor apuesta que podríamos hacer como país es asociarnos en materia energética con nuestros vecinos del TMEC para que ellos arriesguen su dinero en México y todos ganemos en los proyectos que resulten productivos.

México ha sido una potencia en la producción de autos. El mercado está girando hacia los vehículos eléctricos. Justo ahora es cuando México debería subirse en esa ola. Pero tenemos un presidente que prefiere legalizar los autos chocolate.

López Obrador presume constantemente los ríos de remesas que entran al país. ¿Por qué no piensa en un programa gubernamental para que éstas puedan invertirse en proyectos productivos? Entran y entran remesas y ¿a dónde se van? Hoy solamente tenemos al presidente aplaudiendo las remesas pero desaprovechando la oportunidad de que éstas se traduzcan en proyectos que sumen al presente y futuro de México.

México podría ser un alacrán con alas pero es, simplemente, un alacrán.

Apostilla: AMLO es un populista sin un plan. Esta fue la mejor descripción que escuché sobre el presidente de México en Davos.

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este martes en que no permitirá la importación de maíz amarillo o transgénico para consumo humano, lo cual expresó en su reunión con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack.

“Estuvimos ayer con el secretario de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos, platicamos bien, se dio toda la información, se está buscando una salida, nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que se sostiene es transgénico”, indicó López Obrador.

El mandatario se refirió al encuentro que tuvo ayer con Vilsack en el Palacio Nacional, donde abordó la inflación en alimentos, la preparación de la Cumbre de Líderes de América del Norte que ocurrirá en México en enero y la negativa de importar maíz transgénico estadounidense.

La polémica del maíz transgénico provocó hace dos semanas que senadores republicanos enviaran una carta a la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, para iniciar consultas dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al respecto, López Obrador aseveró que “se avanzó” porque “el señor secretario de Agricultura es una gente consciente”.

“Nos entendió, hay también mecanismos para dirimir estas controversias en el tratado, pero nosotros tenemos elementos para defender el porqué no se permite el maíz transgénico. Vamos a esperar a ver si hay un acuerdo”, manifestó.

Aun así, AMLO pidió “no alarmarse” si el desacuerdo escala a un panel de resolución de controversias dentro del T-MEC.

“Esperemos llegar a un acuerdo, pero si no se llega a ese acuerdo, hay paneles. Y no (hay que) alarmarnos, que se acuda a un tribunal y que decidan, pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud”, insistió.

El presidente argumentó que México es autosuficiente en el consumo de maíz blanco para seres humanos, aunque reconoció que necesita más variedad amarilla para alimentar al ganado. Por ello, indicó que extenderá por dos años el plazo para revisar la importación de maíz amarillo, pero solo para forraje.

“O sea, se puede importar, pero no para consumo humano, no aceptamos maíz transgénico para consumo humano, y estamos buscando la forma de que ellos entiendan que una cosa es lo mercantil, la ciencia que permite mayor productividad, y otra cosa es la salud”, expuso.

López Obrador propuso que las agencias de salud y alimentos de Estados Unidos investiguen junto a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) los riesgos que represente el maíz transgénico para las personas.

“No estamos en una postura cerrada, incluso darnos tiempo, pero si no abrir la entrada de maíz transgénico o no seguro para consumo humano”, señaló.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró este lunes que se mantienen las consultas con México bajo el marco del Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), esto luego de que el presidente López Obrador anunciara la pasada semana que Washington había desistido pasado a un panel.

“El proceso sigue, eso no ha cambiado. Es consulta. El T-MEC es un marco legal entre los tres países, y se tiene que dar seguimiento”, afirmó Salazar en conferencia de prensa desde la embajada en la Ciudad de México.

El diplomático se refirió así a la solicitud de consultas planteada por la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos en julio pasado, bajo el argumento de que las regulaciones de nuestro país en el sector energético discriminaban a las empresas privadas y violaban el acuerdo comercial.

El viernes pasado, el presidente López Obrador dijo Estados Unidos “ha decido no dar el paso hacia un panel de mediación” en torno a las controversias sobre energía, esto en el marco de cambios en la Secretaría de Economía, dependencia que encabeza la defensa de México en las consultas.

En tanto, Ken Salazar descartó que la reciente renuncia de Tatiana Clouthier modifique las conversaciones comerciales entre ambos países.

“Trabajamos muy bien, nosotros con ella (Clouthier) y son decisiones del gobierno de México y seguiremos trabajando con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, con el acuerdo más fundamental, que es el reconocimiento de que México, Estados Unidos y Canadá son la fuerza (económica) más poderosa del mundo”, afirmó.

Asimismo, Salazar insistió en que Estados Unidos y México siguen colaborando “estrechamente” para romper las cadenas de bandas de criminales trasnacionales que trafican con migrantes desde Suramérica y Centroamérica hacia la Unión Americana.

El T-MEC y la migración serán dos de los ejes de la próxima cumbre trilateral que acogerá México el próximo mes y a la que asistirán el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de “majadera, soberbia y prepotente” la consulta solicitada por Estados Unidos sobre la política energética de México, y criticó a la representante comercial del país Katherine Tai, por hablar del tema.

“Viene la consulta y totalmente majadera, en un tono soberbio de prepotencia haciendo referencia de que la reforma energética que se había llevado a cabo en el país era la panacea cuando nosotros sostenemos lo opuesto”, dijo el presidente al ser consultado sobre el tema en su conferencia matutina.

López Obrador recordó que sostuvo reuniones con empresarios estadounidenses del sector, en las que participó el embajador Ken Salazar, en donde se atendió “caso por caso” las controversias o dudas contra la política energética de su gobierno.

“No se debió solicitar la consulta, no había motivo, no sé informó bien al gobierno de Estados Unidos”, reclamó el presidente.

López Obrador criticó además a Katherine Tai por considerar que hubo un intervencionismo con la intención de obligar a México a modificar sus propias leyes y defender la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto que abrió el sector a la inversión privada.

“Entonces ahí, la señora encargada del comercio en Estados Unidos (estuvo) diciendo que era muy buena la reforma (de 2013) y que además lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal al reformar la ley eléctrica”, criticó López Obrador.

AMLO aclaró que no está contemplada una reunión con al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien visitará nuestro país para continuar con el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), en el que él no participará, aunque dijo que si él lo solicita, está dispuesto a recibir al secretario estadounidense.

“En caso de que se diese la reunión aprovecharía para decirle, comunicarle, lo que nosotros sostenemos y vamos a seguir sosteniendo pero esto no es ruptura, es argumentar y defender a México”, dijo.

López Obrador insistió en que las relaciones con Estados Unidos son buenas, con lo que descartó que México vaya a salirse del T-MEC o que haya una ruptura en las relaciones comerciales o políticas con el país vecino.

“Nos necesitamos mutuamente, sería muy difícil que funcionara la economía estadounidense sin la participación de México, así como nos importa mucho la relación con Estados Unidos, a ellos también”, sostuvo.

Y expresó su confianza de que el gobierno estadounidense cambie de parecer “porque aunque se vaya un panel (de controversia) donde sea, pues no hay razón”.

Finalmente, manifestó su confianza de que la inversión extranjera seguirá llegando a México pese a las declaraciones de la semana pasada del embajador estadounidense en su país, Ken Salazar, quien aseveró que por situaciones como la violencia la inversión “se enfría”.

Los gobiernos de México y Canadá lanzaron este lunes el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), que busca fortalecer la ventaja competitiva de las naciones, apoyar el crecimiento equitativo y comercio bilateral, además de robustecer el clima de negocios e inversión.

“Esta mesa de trabajo nos permitirá escuchar inquietudes e impulsar proyectos y prioridades de inversión en cada uno de nuestros países”, mencionó la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

En una reunión virtual, Clouthier afirmó que el DEAN entre ambas naciones, socias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), permitirá reforzar la asociación bilateral y el compromiso para apuntalar la competitividad regional.

La funcionaria recordó que Canadá es el quinto socio comercial de México, con un comercio superior a los 24,300 millones de dólares en 2021, mientras que en el primer trimestre de 2022 se incrementó un 16% interanual.

Clouthier Carrillo también comentó que México valora la inversión canadiense porque representa la tercera mayor fuente de inversión extranjera directa en México, con un acumulado de 48,900 millones desde que iniciaron los negocios bilaterales hasta marzo de 2022, y 2,419 millones de dólares tan solo en 2021.

En tanto, la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, señaló que su gobierno está dispuesto a colaborar en el marco del T-MEC a pesar de las diferencias que se han presentado en materia energética, laboral y en torno a permisos reglamentarios.

En una declaración conjunta, los representantes de ambos países señalaron que a través del DEAN. ambas naciones reafirmaban su compromiso por lograr una América del Norte más próspera, incluyente e integrada. “El mecanismo fortalecerá nuestra asociación para asegurar que nuestros países enfrenten mejor los retos de los tiempos actuales”.

La ministra canadiense recordó que México es su tercer socio comercial más importante y uno de los 10 principales destinos para la inversión directa de Canadá en el extranjero, incluso “en sectores mexicanos de energía limpia y tecnología”.

La instalación del DEAN llega luego de que Canadá y Estados Unidos manifestaron su preocupación por las políticas regulatorias y de energía que ha implementado el gobierno de López Obrador, por lo que iniciaron consultas para resolver sus diferencias bajo el T-MEC.

La ministra Ng también manifestó que la cooperación es relevante para resolver la disrupción de las cadenas globales de suministro que se están regionalizando y se han agravado por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

“El panorama del comercio mundial se enfrenta a perturbaciones sin precedentes provocadas por la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia”, detalló.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que este martes se envió la carta a su par estadounidense, Joe Biden,  para expresarle su disposición a mantener una buena relación, pese a los señalamientos en su país a la política energética de México.

El anuncio se produjo dos semanas después de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá activaran el mecanismo de solución de controversias establecido en el tratado de libre comercio entre los tres países, el T-MEC, que podría derivar en la aplicación de sanciones comerciales contra México.

Al referirse al contenido de la carta, López Obrador dijo en su conferencia matutina que le manifestó a Biden que “nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía, en un pie de igualdad y que vamos a buscar siempre una buena vecindad”.

“Tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia”, afirmó AMLO tras asegurar que la controversia comercial responde a una “diferencia por la interpretación sobre nuestra la soberanía energética de México.

Y es que Washington sostiene que las políticas energéticas impulsadas por el gobierno de López Obrador favorecen injustamente a las compañías mexicanas, como la CFE y Pemex, frente a competidores estadounidenses y proveedores de energía limpia.

Ayer, el canciller Marcelo Ebrard descartó la posibilidad de que México pueda salir del T-MEC y en un video que difundió en su cuenta de Twitter afirmó que una diferencia con Estados Unidos respecto de un tema “no quiere decir ni que se va a colapsar la relación bilateral ni que vamos a dejar de estar en el tratado”.

La Secretaría de Economía de México anunció el mes pasado que buscará mantener un proceso coordinado con ambos socios del T-MEC para discutir el alcance de sus solicitudes y alcanzar una solución mutuamente satisfactoria durante la etapa de consultas.

Si los países no llegan a un acuerdo después de 75 días de consultas, Estados Unidos y Canadá pueden solicitar la intervención de un panel de resolución de controversias.

Desde que entró en vigor el T-MEC hace dos años se ha activado en cuatro oportunidades el mecanismo de solución de controversias.