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La Fiscalía General de la República (FGR) imputó de nuevo al exprocurador Jesús Murillo Karam, en esta ocasión por un supuesto delito de torturas en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, integrante de Guerreros Unidos, quien participó en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Recordemos que Murillo Karam se encuentra detenido desde agosto de 2022. Se trata del primer político de alto nivel apresado e imputado por la desaparición en 2014 de los estudiantes.

Ayer, en la audiencia inicial que tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Murillo Karam compareció por videoconferencia desde el Reclusorio Norte, donde se encuentra recluido.

Murillo Karam fue imputado por los delitos de tortura, desaparición forzosa y coalición de servidores públicos, en los que habría incurrido para fabricar la conocida “Verdad histórica”, versión del gobierno para ocultar la participación de varias estructuras del Estado en los hechos.

En el caso de ‘El Cepillo’, la Fiscalía sostiene que fue torturado durante los interrogatorios para que corroborara la versión oficial y prueba de ello es una grabación en la que el sicario aparece en un cuarto esposado y encapuchado, siendo amenazado por el antiguo director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo de la justicia.

La defensa legal de Murillo Karam solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia donde el juez decidirá si se le vincula a proceso, se retomará el próximo viernes.

A inicios de mes, los abogados del ex funcionario alertaron que el estado de salud de su cliente era delicado, por su enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.

Debido a estos padecimientos, Murillo Karam ha tenido que ser trasladado en diversas ocasiones a centros hospitalarios; sin embargo, ha tenido que regresar al reclusorio donde también recibe atención médica.

El papa Francisco presidió este viernes una oración junto a migrantes en una iglesia de Nicosia, en Chipre, durante la cual condenó la esclavitud y tortura que sufren, tras una misa celebrada en el estadio de la capital ante miles de personas.

El Pontífice llegó a la dividida isla mediterránea ayer, en un viaje de cinco días que incluirá también a Grecia.

Con este viaje, el número 35 desde su elección en 2013, el papa argentino quiere atraer la atención sobre el tema migratorio, un problema mayor en Chipre y en la zona, puerta de entrada a la Unión Europea.

Según las autoridades chipriotas, el Pontífice llevará consigo a Italia a 50 inmigrantes, 10 de ellos se encuentran detenidos.

Decenas de personas, la mayoría de ellas extranjeras, se agolparon frente a la iglesia de la Santa Cruz de Nicosia, situada a pocos metros de la zona de distensión administrada por Naciones Unidas. Algunas de las personas presentes esperaban formar parte de este grupo.

El papa Francisco pidió “abrir los ojos” frente a la esclavitud y la tortura que sufren los migrantes, especialmente en los campos, haciendo un paralelo con la segunda guerra mundial.

“Nos recuerda la historia del siglo pasado, de los nazis, de Stalin, y nos preguntamos cómo pudo ocurrir. Pero lo que ocurrió en el pasado está ocurriendo hoy en las costas vecinas (…) Hay lugares de tortura, gente que se vende”, dijo el Papa durante la oración con los migrantes.

Y es que el flujo migratorio ha tomado relevancia no solo en países como Chipre, sino en todo el mundo, especialmente en algunos lugares de Europa y América. México ha venido enfrentando este problema en los últimos años de manera importante con las llamada caravanas migrantes que salen de países de Centroamérica.

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que el joven José Ravelo, presuntamente abusado y asesinado por policías de Mérida, Yucatán, fuera violado por policías y detalló que falleció debido a una neumonía.

“La investigación de los hechos confirmó que no existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”, indicó la FGR en un boletín.

Ravelo fue detenido el 21 de julio por policías de Yucatán y, tras el arresto, pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en el ano, según denunció entonces su madre, María Ravelo.

Por dichos hecho, cuatro agentes fueron arrestados; sin embargo, el 13 de agosto quedaron libres porque el juez afirmó que no había pruebas suficientes. Fue en ese momento que la FGR atrajo el caso.

La FGR compartió que el 18 de agosto de 2021 la madre del joven presentó una denuncia ante dicha institución y se inició la investigación por la probable comisión del delito de tortura.

“A partir de ese momento, la Fiscalía recabó más de 50 testimoniales; también realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y vídeo, e informática, entre otros); más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM), y tres inspecciones ministeriales”, detalló el organismo.

Afirmó que también se analizaron las grabaciones en video de los hechos, desde la detención hasta la llegada a la cárcel y su estancia en el penal.

“Del análisis de todos los videos, no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Solo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto”, detalló la Fiscalía.

Recordemos que a finales de agosto se realizó la exhumación del cadáver y la necropsia, en la que se concluyó que Ravelo “falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”. Aún así, la FGR detalló que sí existió “falsedad en dictámenes ministeriales”.

“Por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales”, continuó la Fiscalía.

Por último, la FGR explicó que continuarán las investigaciones respecto a una posible negligencia médica, por parte de médicos responsables del Hospital General del Estado.

A la brevedad del informe de la FGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) expresó su “extrañamiento ante las declaraciones conclusivas” hechas por la Fiscalía sobre el caso, ya que la investigación se encuentra en una fase preliminar no conclusiva.

La CEAV reclamó la falta de sensibilidad y el no haber avisado previamente a la familia, que aseguró haberse enterado a través de medios de comunicación.

“La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso”, expuso la CEAV.

Por último, la CEAV exhortó a la Fiscalía a detallar las acciones penales que realizará en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales.

Tan pronto se conoció el informe de la FGR, las redes sociales explotaron en contra del Fiscal, Alejandro Gertz Manero, a quien acusan de no hacer bien su trabajo. Se ha insistido en la renuncia de titular de la FGR.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció esta mañana protección del Estado a Mario Aburto, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, ante las presuntas denuncias de tortura.

“Si él puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería”, respondió López Obrador al ser consultado sobre el tema.

Sus declaraciones llegan luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que Aburto sufrió tortura y “violaciones graves a los derechos humanos”.

Ante esa situación, la CNDH pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima, detenida el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, donde sucedió el asesinato.

“A nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue una vileza lo que le hicieron”, dijo López Obrador, quien calificó de un asunto de justicia y de Estado el caso de Aburto.

“Si él estuviese dispuesto a contar su versión, se le brindaría toda la protección a él, a su familia, si tiene algo que aportar”, añadió López Obrador. Aclaró que si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que el gobierno está “obligado” a hacer es que no se le violen sus derechos humanos.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, negó que durante el sexenio de López Obrador se hayan violado los derechos de Aburto.

“Al momento no está incomunicado, absolutamente, está en buen estado de salud y estamos revisando con los jurídicos del órgano administrativo y con los jurídicos de la secretaría cuál será la respuesta a la recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, aseveró.

Recordemos que Aburto denunció desde febrero pasado ante la CNDH que desde que su detención “es víctima de tratos crueles, inhumanos y de tortura”. En ese momento, pidió “la reapertura de su caso, toda vez que considera necesario que se le dé a conocer toda la verdad del mismo a la sociedad”.

Un juez ordenó este lunes procesar por el delito de tortura a Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de la ahora extinta Policía Federal, y cercano a Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), logró que se decretara auto de formal prisión en contra de Luis ‘C’, por su probable participación en la comisión del delito de tortura”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un boletín.

El exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal fue detenido el pasado 5 de julio, y es acusado de presuntamente estar implicado en el delito de tortura en agravio de cuatro presuntos integrantes de la banda de Los Zodiacos en 2012, relacionado con el caso de la francesa Florence Cassez.

De acuerdo con la Fiscalía, el ministerio público federal aportó los medios de prueba para que el juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente determinara dicho auto de formal prisión.

Con este dictamen, Cárdenas Palomino se mantendrá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, a donde fue llevado desde el momento de su detención, debido a que el delito por el que se le señala está tipificado como grave.

Recordemos que en julio del año pasado, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, exfuncionarios en materia de seguridad, fueron acusados en una corte federal en Nueva York de tres cargos de conspirar para el tráfico de cocaína, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Días después, el gobierno de la 4T congeló las cuentas de ambos, según informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana sobre la detención de Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de seguridad, estrechamente vinculado a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, y hoy preso en Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico.

Cárdenas Palomino es acusado de tortura en el caso Florence Cassez, y fue detenido en un fraccionamiento de Naucalpan, en el Estado de México.

“Este día se cumplimentó orden de aprehensión por el delito de tortura en contra de Luis ‘C’, en la Ciudad de México, con el apoyo de la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y el Centro Nacional de Inteligencia”, informó la Fiscalía en un mensaje de Twitter.

Además, también se habría ordenado la detención de otros exfuncionarios de la hoy extinta Policía Federal por las torturas cometidas contra supuestos integrantes de la banda de Los Zodiaco en 2012.

Recordemos que Israel Vallarta y su novia de entonces, la francesa Florence Cassez, fueron arrestados en diciembre de 2005 en una finca a las afueras de la Ciudad de México acusados de liderar la banda de secuestradores de Los Zodiaco. Tras un conflicto diplomático entre Francia y México, Cassez fue liberada en 2013 por violación de sus derechos, pero Vallarta no corrió la misma suerte y permanece en prisión sin juicio a 15 años de los hechos.

Adempas, en julio de 2020, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García fueron acusados en una corte federal en Nueva York de tres cargos de conspirar para el tráfico de cocaína, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Días después, las autoridades mexicanas congelaron las cuentas de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, según informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Cuestionado sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que con detenciones como la de Cárdenas Palomino, a quien señaló como “el segundo” de Genaro García Luna, se prueba que en el país “ya no hay impunidad”.

Y es que Cárdenas Palomino fue uno de los hombres más cercanos de Genaro García Luna. Fue director de Seguridad Regional de la Policía Federal.

Foto: Twitter @JJesusEsquivel

La organización Artículo 19, que conduce la defensa de la escritora Lydia Cacho, informó este miércoles que luego de 15 años de lucha, la noche de ayer, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, notificó el auto de formal prisión dictado en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, señalado como autor intelectual en el delito de tortura en contra de la periodista.

La decisión del juzgado significa, según Artículo 19, que existen elementos probatorios de la probable responsabilidad del exgobernador en la comisión del crimen. La orden de auto de formal prisión es por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista

Recordemos que Marín fue detenido el pasado 3 de febrero en Acapulco, Guerrero.

La organización adelantó que continuarán con el robustecimiento de las pruebas que han sido recabadas y presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con la intención de obtener la máxima pena en contra del exgobernador, que es de 12 años de prisión por el delito de tortura, conforme a la ley vigente en el momento de los hechos.

Destacaron que el auto de formal prisión contra Marín, es el primer caso en el que se procesa a una figura política de alto nivel “en ser detenido y procesado por violaciones” derechos humanos y “en menoscabo de la libertad de expresión”.

Señalaron que la justicia no será plena hasta que sea condenado el exgobernador y junto con él, todos los responsables, además de que se tiene que cumplir con la reparación integral del daño para Cacho y su familia, así como garantizar las medidas de no repetición.

“Esperamos un proceso feroz, pero estamos preparadas. Hicieron funcionar una maquinaria muy grande y nosotros también tuvimos que hacerlo, porque nos fueron bloqueados todos los recursos aquí en México”, declaró esta mañana Araceli Andrade, defensora y representante de Lydia Cacho en una conferencia de prensa.

El exgobernador del Puebla, Mario Marín, detenido ayer en Acapulco, Guerrero, por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, solicitó este jueves al juez continuar su proceso en arraigo domiciliario, pero la petición le fue negada.

De acuerdo con la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y que ejerce de defensa de Cacho, el político “solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimiento en el riñón, peligro de contagio de Covid-19 al interior del Cereso y su edad avanzada”.

Marín, de 66 años, ingresó al penal de Cancún, Quintana Roo, en las primeras horas de este jueves, señalado como presunto responsable del delito de tortura en contra de Cacho.

Además, la organización señaló que el exgobernador “se reservó su derecho a declarar y solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica”.

Según lo expuesto por el equipo legal de la asociación, Marín podría enfrentar hasta 12 años de prisión por el delito de tortura que se le imputa.

El director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, dijo que el proceso contra Marín apenas empieza y es un primer paso muy importante, pero todavía no es definitivo.

“Vienen 72 horas que se pueden duplicar a 144 para determinar si se dicta formal prisión o se le libera (…) se debe poner atención a lo que determine el juez federal en Cancún, sobre si hay elementos para procesar a Marín en prisión preventiva”, apuntó Maldonado.

Al respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió “un proceso justo” para el exgobernador.

Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza del estado de Quintana Roo emitiera una orden de captura en su contra por presuntamente torturar a la periodista y activista Lydia Cacho en 2005.

Ese año, tras destapar una red de pornografía infantil en su libro “Los demonios del Edén”, Cacho fue secuestrada y llevada en coche desde Cancún a Puebla en un viaje de 20 horas en el que fue torturada y amenazada. En 2006,el audio de una llamada entre el empresario José Kamel Nacif, implicado en la trama, y Marín desveló que el entonces gobernador había ordenado dar un “coscorrón” a Cacho.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se comprometió esta mañana a investigar las torturas denunciadas desde la cárcel por Israel Vallarta, quien lleva quince años en prisión por su supuesta participación en el polémico caso de Florence Cassez.

“Vamos a atender este asunto en especial, se va a investigar lo del director del penal. Ese es mi compromiso, vamos a tener información”, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador instruyó al subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, a que esta misma semana “atienda este asunto”, esto luego de ser cuestionado por las torturas que Vallarta dice haber recibido por parte del director del Centro Federal de Readaptación Social número 17, en Michoacán.

Una reportera reprodujo durante la rueda de prensa un supuesto audio de Vallarta dirigido al presidente en el que denuncia que sufre un “régimen de detención degradante”, que en ocasiones lo han dejado sin comer porque hay “funcionarios que todavía creen que las personas privadas de libertad no tenemos derechos”.

Además, Vallarta exhortó a López Obrador a modificar la “reglamentación a modo que permite abusar y actuar impunemente a los corruptos” que dirigen las cárceles del país, instaurada por las administraciones anteriores.

Recordemos que Florence Cassez y su entonces pareja, Israel Vallarta, fueron arrestados el 8 de diciembre de 2005 en la capital acusados de liderar una red de secuestros. Ambos fueron detenidos en un macrooperativo policial que fue televisado, y que semanas más tarde se confirmó que fue un montaje.

El caso terminó desencadenando un conflicto diplomático entre Francia y México, y aunque la joven francesa fue liberada y absuelta por vicios en el proceso en 2013, Vallarta sigue detenido y a la espera de sentencia.

La actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien siendo magistrada de la Suprema Corte, votó a favor de liberar a Cassez por las irregularidades en el arresto, aseguró el año pasado que el caso de Vallarta es “una violación flagrante a sus derechos humanos” y pidió su liberación.

“Estamos procurando que se haga realidad la justicia en el país, no hay impunidad para nadie”, aseveró este lunes López Obrador, quien dijo tener confianza tanto en el Consejo de la Judicatura como de la Suprema Corte de que van a limpiar el Poder Judicial.

Entre mayo y junio de 2013, un grupo de comerciantes, pequeños restauranteros, vendedores de flotadores para nadar y ambulantes que ofrecen comida al turismo a lo largo de los 2 kilómetros de playa en Guayabitos, en el municipio de Compostela, fueron a Tepic, la capital, a manifestar su descontento con la situación que se vivía en el estado.

Era insoportable, los pagos por derecho de piso, los secuestros, las amenazas de muerte y los asesinatos los estaban ahogando a los empresarios. Se enfrentaron a Édgar Veytia, un hombre duro quien apenas unas semanas atrás, en febrero de ese mismo año, había sido nombrado Fiscal pero que desde hacía tiempo era quien estaba al mando de la policía.

Entre los comerciantes que visitaron la oficina de Veytia en la Fiscalía del Estado estaban los dueños de modestos hoteles a quienes un grupo de hombres con armas largas los sacaron a empujones de sus casas para que firmaran contratos de venta sobre sus negocios con una empresa constructora llamada DUVASA.

“Tienes que cooperar para la causa”, le exigían unos policías al empresario Gerardo Montoya mientras lo torturaban para que entregara su casa.

El exfiscal Édgar Veytia ordenaría a nombre de quien quedaría la propiedad. Esto es parte de uno de los 2 mil testimonios que muestran un mecanismo para apoderarse de casas, terrenos, comercios y negocios en el que aparecieron involucrados el exgobernador Roberto Sandoval y el propio Veytia, detenido en Estados Unidos y quien, ahora se supo, trabajó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscando espacios para almacenar drogas.

Todos sabían que, bajo sus órdenes, operaba un grupo de encapuchados, armados y a bordo de camionetas sin placas. Se trataba de policías que habían sembrado el terror en Nayarit desde que Sandoval asumió el cargo de gobernador, según consta en los testimonios obtenidos por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Alguien grabó el encuentro dentro de la oficina de Veytia. A lo largo de 54 minutos, en medio de la discusión, se escuchan gritos de una mujer. En al menos cinco ocasiones se oyen nítidamente los alaridos de alguien que sufre profundo dolor físico. Pide que paren, que se detengan.

MCCI obtuvo una copia de la grabación que, desde hace tiempo, circula entre los vecinos de Guayabitos. Algunos de ellos han entregado a otros periodistas este material, sin embargo, hasta el momento nunca se había hecho público. La organización comprobó con fuentes ajenas a la comunidad de Guayabitos que sí se trata de la voz del exfiscal quien ahora está detenido en Estados Unidos y al borde de una condena tras confesar que protegió al narcotráfico.

Los nombres de esas fuentes no pueden darse a conocer por razones de seguridad ya que la mayor parte de los policías, comandantes, testaferros y cómplices del exfiscal todavía viven y operan Nayarit.

 

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Por actos de tortura cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) contra dos personas de nacionalidad hondureña alojadas en la Estación Migratoria de Tlaxcala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular del INM, Francisco Garduño, y a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tlaxcala, Maday Capilla Piedras.

La CNDH explicó que su personal tuvo conocimiento que el 5 de junio de 2018, en la estancia de varones de dicha Estación Migratoria, mientras entregaban alimentos a las personas alojadas, un agente federal solicitó al adolescente de 17 años de edad tirar una bolsa de basura, y ante su negativa, el personal migratorio no le proporcionó los alimentos, por lo que su padre regresó los que él tenía como acto de protesta, los cuales accidentalmente cayeron al piso.

Tras el incidente, el citado agente realizó una llamada y 30 minutos después, llegaron tres agentes federales de migración quienes trasladaron a los migrantes a un cuarto aislado donde fueron golpeados y amenazados con desaparecerlos si denunciaban los hechos.

Ante tal situación, el Organismo Nacional solicitó medidas cautelares al INM y a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala (PPNNA-Tlaxcala) con la finalidad de que los migrantes fueran trasladados de manera inmediata a un Centro de Asistencia Social y garantizarles su integridad física, psicológica, así como se determinara el interés superior del adolescente para brindarle la protección integral que correspondiera.

La CNDH detectó inconsistencias en los señalamientos vertidos por el INM, ya que, en las videograbaciones de seguridad, no se observó que los agraviados hubiesen agredido al personal migratorio.

En la integración del expediente, se reveló que la persona menor de edad presentó lesiones físicas y afectaciones psicológicas concordantes con tortura, en tanto, su padre tuvo secuelas psicológicas que acreditaron tratos crueles.

Ante las conclusiones alcanzadas, la CNDH recomendó al Comisionado del INM, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente los daños a los agraviados, les brinde atención psicológica y los inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, así como colabore en la denuncia que la CNDH presente ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra las personas servidoras públicas.

Adicional recomendó capacitar al personal de la Estación Migratoria de Tlaxcala sobre los derechos a la integridad personal, a la seguridad jurídica y al interés superior de la niñez migrante en los procedimientos migratorios.

Carlos Gómez Arrieta, quien se desempeñaba como subsecretario de Seguridad en Michoacán, renunció a su cargo después de ser señalado de haber torturado a un detenido por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó este sábado la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

“Ante los hechos públicos denunciados en medios de comunicación, Carlos Gómez Arrieta decidió separarse del cargo de Subsecretario de esta dependencia, a fin de facilitar y atender las investigaciones que se deriven”, dijo la dependencia en Twitter.

La secretaría enfatizó su disposición a ayudar a las autoridades correspondientes con la indagatoria, relacionada con la desaparición de los estudiantes ocurrida en 2014 en Iguala, Guerrero.

La dependencia puntualizó que su compromiso es “seguir trabajando con plena transparencia, institucionalidad, responsabilidad y congruencia”.

Y es que un video publicado en YouTube, el cual se ha viralizado en las últimas horas reveló actos de tortura contra uno de los detenidos por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Este sábado, el diario El País informó que la comisión presidencial que investiga el caso de Ayotzinapa realizó un peritaje de la voz que aparece en el video. El análisis concluyó que esa pertenece a Gómez Arrieta.

Un video que recientemente se ha viralizado expone la posible tortura a la que sometieron elementos de la PGR a los detenidos por el caso Ayotzinapa.

La grabación muestra cómo un hombre que está sentado, vendado de los ojos y maniatado, es interrogado con violencia por presuntos miembros de la entonces Procuraduría General de la República.

A base de insultos, le preguntan a dónde trasladaron a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Ya en marzo de 2018, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que al menos 34 de los más de 100 detenidos por el caso Ayotzinapa sufrieron tortura con violencia.

El video, originalmente compartido el 7 de junio pasado a través de YouTube pretende mostrar “la verdad” detrás de “Carlos Gómez Arrieta” (extitular de la Policía Federal Ministerial de la PGR y ahora subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán).

El hombre interrogado presuntamente se llama Carlos Canto Salgado. Fue detenido el 22 de octubre de 2014 por su supuesta responsabilidad en la desaparición de los normalistas.

“¿A dónde crees que se los llevaron, cuántos dices que se llevaron ahí?”, le preguntan. ‘Fácil se llevaron a 12 o 13. Iban sentados en camionetas’, responde Canto Salgado.

Durante la tortura de presuntos elementos de la PGR a Carlos, a quien acusan de haber participado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, le ponen una bolsa en la cabeza para asfixiarlo.

Tras la difusión del video, la FGR reabrió la investigación.

Juan Sánchez Moreno, exdirector de Mandamientos Judiciales de Puebla, fue detenido por su implicación en el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado, en el que precisó que la detención fue en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

La detención de Sánchez, quien ocupó dicho cargo durante el gobierno de Mario Marín (2005-2011), responde a la orden que fue girada el pasado 11 de abril por el Primer Tribunal Unitario de Cancún.

“La orden de aprehensión deriva de la consignación hecha por el Ministerio Público Federal especializado en la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, quien presentó evidencia suficiente para determinar la probable responsabilidad de Juan ‘S’ en la comisión del delito referido”, indicó la FGR.

De acuerdo con la dependencia, Sánchez será traslado al Centro de Reinserción Social de Cancún, en Quintana Roo.

En esa entidad, hace 14 años, Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente por policías de Puebla a raíz de una demanda presentada por el empresario Kamel Nacif.

Por estos hechos, aún quedan pendientes las aprehensiones del exgobernador Marín, de Nacif y de Hugo Adolfo Karam Beltrán, exjefe de la Policía Judicial de Puebla.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la falta de apoyo que ha recibido la activista Lucy Díaz del Colectivo Solecito, que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas.

El mandatario giró instrucciones para que el caso fuera atendido personalmente por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Fue en ese punto donde aclaró que ahora la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene como función principal la protección de los derechos humanos.

“Anteriormente la Secretaría de Gobernación era la encargada del orden en el país, la política interior, y durante mucho tiempo fue la encargada de coordinar la persecución, llevar a cabo actos autoritarios del Estado mexicano”, dijo AMLO.

Afirmó que en el país las cosas han cambiado y garantiza protección a todas las personas, e insistió en que el Estado mexicano no será violador de los derechos humanos “por excelencia”.

Sostuvo que durante su gobierno no habrá persecución, espionaje o tortura.

 

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó la creación de una Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa.

Los magistrados determinaron ordenar la creación de la comisión al considerar que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, además de que se podía presumir que las confesiones e imputaciones en contra de inculpados fueron obtenidas mediante tortura.

La decisión llegó luego de la revisión de los amparos relacionados con el caso, interpuestos por Gildardo López Astudillo “El Gil”, Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, Miguel Ángel Landa Bahena “El Chequel” y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos, a quienes se les tendrá que reponer el procedimiento, y demostrar que sus procesos cumplieron con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma el fallo,”consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público”, indicó el falló de los magistrados.

La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación a seguir y las pruebas a desahogar.

Por su parte los familiares de los 43 normalistas desaparecidos emitieron un pronunciamiento en el que indicaron que saludaban la resolución del Tribunal como un importante aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso.

Recordaron que ante los múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Gobierno federal indicó que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria.

“Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”, destacaron los familiares.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO